Intendentes, dirigentes y representantes de Hacemos Unidos por Córdoba (HUPC) de 38 localidades del departamento San Justo mantuvieron una reunión de trabajo en La Francia, con el objetivo de analizar la situación de los municipios y comunas, evaluar las gestiones locales y avanzar en la organización del espacio político de cara a las elecciones de 2027.

Durante el encuentro, los participantes plantearon como objetivos electorales conservar los gobiernos municipales y comunales que actualmente conduce HUPC y ampliar su representación en aquellas localidades donde el espacio no gobierna.

La reunión también estuvo centrada en el acompañamiento al proyecto provincial encabezado por el gobernador Martín Llaryora. Según se informó, representantes de las distintas localidades expusieron sus avances de gestión, las necesidades de sus comunidades y los desafíos previstos para los próximos años.

El secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, Augusto Pastore, se refirió al vínculo entre las administraciones municipales y el Gobierno provincial. “San Justo es el ejemplo del municipalismo que defiende el gobernador Martín Llaryora. Acá no hay intendentes de primera y de segunda. Hay intendentes y dirigentes de pueblos y ciudades que tiran todos para el mismo lado, porque cada intendente sabe lo que necesita su vecino y la Provincia está para acompañar, no para imponer”, expresó.

Pastore también sostuvo que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno permite atender las demandas de las comunidades. “En este Departamento queda demostrado que cuando la Provincia y los municipios trabajan juntos, los que ganan son los vecinos”, afirmó.

En relación con las obras de infraestructura, mencionó la finalización de la autopista de la Ruta Nacional 19, el desarrollo de la Universidad Provincial en San Francisco, Morteros, Arroyito y Las Varillas, la pavimentación entre El Fuertecito y Colonia Las Pichanas y la última etapa de pavimentación de la costanera de Miramar.

El funcionario consideró que estas intervenciones contribuyen al desarrollo regional y generan oportunidades de estudio y trabajo para los habitantes del departamento.

Por su parte, el diputado nacional Ignacio García Aresca hizo referencia a la situación económica y productiva de Córdoba y al papel del Congreso Nacional. “Con los intendentes del departamento San Justo ratificamos que la prioridad de Córdoba es el desarrollo. Como sostiene nuestro Gobernador, gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no concebimos un país que ignore la creación de empleo de calidad para sus familias”, manifestó.

El legislador sostuvo que el interior productivo cumple un papel central en la economía argentina y señaló que continuará impulsando desde el Congreso iniciativas vinculadas con la producción, la educación y la ciencia. Asimismo, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sus efectos sobre distintos sectores.

“Defender nuestra agroindustria, la ciencia, la tecnología y las universidades públicas es defender la dignidad de nuestra gente. No vamos a permitir que el ajuste del Gobierno Nacional castigue el esfuerzo de los cordobeses ni abandone a los sectores más vulnerables”, expresó.

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, también participó del encuentro y destacó la posibilidad de intercambiar experiencias entre los representantes de las distintas localidades. “Hemos tenido una reunión muy positiva, que genera entusiasmo entre los intendentes, dirigentes y representantes de todas las localidades del Departamento San Justo de Hacemos Unidos por Córdoba”, señaló. El mandatario municipal explicó que la reunión permitió evaluar las acciones desarrolladas por las administraciones locales y el Gobierno provincial.

“Esta reunión nos permitió hacer un balance de todo lo positivo que hemos logrado hacer en este tiempo de gestión, tanto en el Gobierno de la Provincia como en las municipalidades y comunas. Con satisfacción podemos decir que venimos cumpliendo con las demandas de la sociedad de nuestras localidades”, afirmó.

Bernarte también destacó la administración de los recursos públicos y sostuvo que el equilibrio de las cuentas municipales permitió afrontar las dificultades económicas. En ese marco, cuestionó decisiones adoptadas por el Gobierno nacional desde 2023, particularmente en materia de salud, obra pública y transporte público, y vinculó esas políticas con consecuencias sobre las economías locales y el empleo. A pesar de ese escenario, aseguró que los municipios continúan sosteniendo los servicios y trabajando de manera conjunta con la administración provincial.

El legislador departamental Gustavo Tévez también intervino durante la reunión y destacó las obras que el Gobierno de Córdoba desarrolla en distintas localidades. “En el departamento San Justo, la Provincia sigue presente con obras que transforman nuestras localidades y mejoran la vida de los vecinos”, expresó. Además, señaló que la administración de Martín Llaryora mantiene su acompañamiento a municipios, instituciones y comunidades mediante inversiones en infraestructura.

Según se informó, estuvieron representadas las siguientes localidades del departamento San Justo:

Alicia, Altos de Chipión, Arroyito, Balnearia, Brinkmann, Colonia Anita, Colonia Iturraspe, Colonia Las Pichanas, Colonia Marina, Colonia Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia Valtelina, Colonia Vignaud, Devoto, El Arañado, El Fortín, El Tío, Freyre, La Francia, La Paquita, La Tordilla, Las Varas, Las Varillas, Marull, Miramar, Morteros, Plaza Luxardo, Porteña, Quebracho Herrado, Sacanta, San Francisco, Saturnino María Laspiur, Seeber, Toro Pujio, Tránsito, Villa Concepción del Tío y Villa San Esteban.

El Concejo Deliberante de San Francisco tratará en la sesión de este jueves la prórroga del recorte salarial del 20% aplicado a la planta política municipal, una medida que se encuentra vigente desde marzo de 2025 y que ahora se propone extender por seis meses más.

La decisión se enmarca en el Decreto N.º 059/26, firmado por el intendente Damián Bernarte, que dispone prolongar la reducción de su salario básico y el de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026. La medida alcanza a secretarios, directores generales, directores, coordinadores y demás integrantes de la planta política.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el recorte salarial aplicado durante 2025 permitió generar un ahorro cercano a 30 millones de pesos mensuales para el municipio.

Desde el bloque Hacemos Unidos por Córdoba señalaron que la iniciativa busca sostener una política de austeridad en el actual contexto económico. En ese sentido, sostuvieron que “entendemos oportuno y necesario acompañar la decisión adoptada, en consonancia con los fundamentos expuestos en el citado decreto, en el marco de la compleja coyuntura económica que atraviesa el país”.

En el mismo documento, los concejales oficialistas remarcaron que la situación económica nacional impacta en las administraciones locales, que deben afrontar mayores demandas mientras garantizan la continuidad de los servicios públicos. Por ello, consideraron que la medida representa “un gesto de responsabilidad institucional y política en la gestión de los recursos públicos”.

Asimismo, indicaron que la prórroga del recorte salarial reafirma el compromiso de la gestión municipal con “la administración prudente y eficiente del presupuesto”, priorizando el sostenimiento de las prestaciones esenciales para los vecinos.

Teniendo en cuenta los antecedentes de votaciones anteriores sobre la misma medida, se espera que la iniciativa cuente con el acompañamiento de todos los bloques del cuerpo legislativo. De confirmarse esa tendencia, la prórroga del recorte salarial sería aprobada por unanimidad durante la sesión.

El bloque de concejales de Hacemos Unidos por Córdoba de San Francisco manifestó su rechazo al reciente veto presidencial sobre la Ley de Protección Integral para Personas con Discapacidad, una medida que generó fuertes repercusiones a nivel nacional. En un comunicado difundido este miércoles, los ediles expresaron su “profunda disconformidad” por lo que consideran un retroceso en materia de derechos e inclusión.

"Esta medida desconoce los avances y consensos alcanzados en favor de una sociedad más justa e inclusiva", afirmaron los concejales. Además, aseguraron que seguirán acompañando toda iniciativa que promueva la igualdad de oportunidades y exhortaron a los legisladores nacionales a priorizar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, “garantizando su plena participación en todos los ámbitos de la vida social”.

La postura de los concejales se encuentra en sintonía con lo expresado por el gobernador Martín Llaryora, quien días atrás criticó duramente la decisión del Ejecutivo nacional. “La ley de discapacidad no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Vetarla es un retroceso ideológico”, había señalado el mandatario cordobés, en declaraciones a medios provinciales.

El rechazo al veto también fue compartido por instituciones, profesionales, familiares y personas con discapacidad en distintas provincias, quienes consideran que la norma representaba un paso clave en la consolidación de derechos largamente postergados.

Desde el oficialismo local, remarcaron que la inclusión no puede ser una variable de ajuste y destacaron que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones necesarias para que todas

Este viernes por la tarde el bloque de legisladores de “Hacemos Unidos por Córdoba” de la Legislatura provincial emitió un comunicado para rechazar a la intención del Gobierno Nacional de incluir un cargo fijo en las facturas de electricidad de todo el país para financiar obras de infraestructura eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue confirmada por la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, en un evento específico del sector energético organizado en Buenos Aires. Tettamanti justifció la decisión por la necesidad de “ampliar la capacidad de transporte de alta tensión en el país”.

Hace un mes, el propio Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, intimó a empresas y cooperativas para que se sacaran los cargos extra en todas las boletas de las distribuidoras de luz, gas y agua potable del país argumentando que distorsionan el valor real de servicio que se brinda.  Si bien no fue mencionado por Tettamanti, el cargo fijo tendría un impacto de entre el 1% y el 3% de las facturas finales de los usuarios.

Ante esto, el bloque de representantes oficialistas indicó en su misiva difundida en redes sociales que “los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba manifestamos nuestro rechazo a la intención del Gobierno Nacional de incluir un nuevo cargo fijo en las facturas de electricidad de todos los usuarios del país, destinado a financiar, exclusivamente, obras en la infraestructura en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“La decisión recarga injustamente a los usuarios del interior y se contradice con la política del Gobierno de interrumpir las transferencias a las provincias, lo que demuestra una vez más la ausencia de un verdadero federalismo. En lugar de favorecer la equidad entre regiones, el Gobierno Nacional sigue favoreciendo a la Capital y al AMBA en detrimento del resto del país”, señalaron.

Para concluir señalando que es necesaria una revisión con una instancia de diálogo “Esperamos una revisión de la medida y el llamado a un debate amplio sobre cómo financiar proyectos de infraestructura sin perjudicar a los ciudadanos de las distintas regiones”.

Actualmente y con mandato hasta 2027, el bloque se compone por los legisladores María Del Rosario Acevedo, Karen Acuña, Juan José Blangino, Victoria Busso, Mariano Ceballos Recalde, Matías Chamorro, Marcelo Eslava, Raúl Figueroa, Ernesto Flores, Cristian Frías, Abrham Galo, Jorge Heredia, Silvina Jurich, Bernardo Knipscheer Reyna, Luis Limia, Carlos Lorenzo, Verónica Navarro Alegre, Pablo Ovejeros, Cristina Pereyra, Ileana Quaglino, Natalia Quiñonez, Enrique Rebora, Julieta Rinaldi, Delia Romero, Rodrigo Rufeil, Antonio Russo, Ricardo Sosa, Carmen Suárez, Gustavo Tevez, Milena Rosso, Ruiz Alejandro, Walter Saieg, Adrián Scorza, Patrico Serrano, Carmen Suárez, Matías Viola y Ricardo Zorrilla. 

Francisco Colombatti, con apenas 25 años, consiguió en poco tiempo destacarse en el ámbito político de San Francisco como el concejal más joven de la historia. Su trayectoria política comenzó en la universidad, donde se involucró en la política estudiantil y posteriormente en la política partidaria. Desde su ingreso a la agrupación Hacemos Unidos por Córdoba, ha trabajado activamente en la comunidad y ha enfrentado desafíos significativos, desde la pandemia, pasando por la Tecnoteca, la creación del Área de Juventud y su asunción como concejal.

Colombatti repasó sobre su experiencia en la política local e hizo hincapié –con notable pasión- de la relevancia del Modelo de la ONU, que se celebrará entre el 23 y el 25 de agosto en el colegio Fasta. Este evento no solo busca educar a los jóvenes sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas, sino también fomentar habilidades de liderazgo y negociación.

Sobre sus inicios en la política, Colombatti expresó a LA VOZ DE SAN JUSTO: “Es un orgullo para mí formar parte de una agrupación tan significativa para la ciudad y para la política local como Hacemos Unidos por Córdoba. Esta fuerza ha logrado imponer un gobernador y ha demostrado una gran influencia. Para mí, siendo joven y formando parte de un espacio con muchos otros jóvenes comprometidos, es muy importante”. 

Colombatti recordó su transición a la política partidaria desde la política estudiantil: “Siempre me interesó la política, pero fue desde 2017, cuando comencé a estudiar en la UTN, que me involucré en la política universitaria. Ahí me formé en responsabilidades y representación. Luego, durante la pandemia, tuve la oportunidad de involucrarme activamente con el equipo de Damián Bernarte, y esa experiencia fue crucial para mi desarrollo en la política”.

Refiriéndose a su primera participación formal, relató: “Cuando Damián asumió, el sistema de testeos estaba colapsado debido a un brote de Covid. Fue un caos, con largas filas y condiciones extremas. Nos encargaron entregar agua a las personas en espera y, finalmente, nos asignaron a la tarea de anotar a los positivos. Esa experiencia de trabajo voluntario fue mi primer contacto significativo con la política partidaria.”

Sobre el Modelo de la ONU, Colombatti explicó su origen y su relevancia: “El Modelo de la ONU en San Francisco se originó hace más de 20 años con la ayuda de la asociación Conciencia. Después de una pausa por la pandemia, en 2023 volvimos a retomar el modelo con gran éxito. Este año, se realizará nuevamente con el objetivo de educar y empoderar a los jóvenes a través de una simulación de las Naciones Unidas”.

El edil destacó la importancia del evento para los jóvenes: “El Modelo de la ONU permite a los estudiantes asumir el rol de delegados de diferentes países, participando en simulaciones de la ONU real. Aprenden habilidades de oratoria, negociación y preparación de discursos. Este tipo de eventos no solo son educativos, sino que también fomentan la participación y el consenso entre los jóvenes”.

En cuanto a la organización del evento, agregó: “Este año, el Modelo de la ONU se llevará a cabo en el colegio Fasta debido a la necesidad de un espacio más grande para acomodar a los 600 participantes. Cambiar de sede fue necesario para asegurar que todos los grupos puedan trabajar sin interferencias”.

“El éxito y la participación masiva en el Modelo de la ONU reflejan que estamos haciendo las cosas bien. La participación activa de los jóvenes en estas actividades demuestra que estamos logrando nuestro objetivo de fomentar el compromiso cívico y ofrecer oportunidades valiosas para su desarrollo”, concluyó Colombatti. 

El gobernador Martín Llaryora concretó la incorporación en bloque de intendentes y jefes comunales de la oposición a la coalición oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba: sumó a una decena de dirigentes del interior al frente de administraciones locales que fueron elegidos el año pasado como representantes de Juntos por el Cambio o por la lista 3 del radicalismo.

Se trata de 10 jefes locales –seis intendentes y cuatro titulares de comunas– que se impusieron en los últimos comicios. En la mayoría de los casos, enfrentaron a candidatos del peronismo provincial.

Leopoldo Grumpstrup, intendente de Pilar, de origen radical. Grumpstrup fue reelecto el año pasado en la localidad del departamento Río Segundo a la cabeza de la alianza Pilar Avanza. 

Otro correligionario que dio el salto al oficialismo provincial es Emiliano Paredes, al frente de la municipalidad de Tanti, en Punilla. 

Lo propio hizo Lucas Lerda, intendente de la Sebastián Elcano, en Río Seco. Al igual que Germán Corazza, de Huerta Grande, que ganó los comicios en 2023 liderando la propuesta de Juntos por el Cambio.

La decena de flamantes incorporados la completan el intendente Francisco Iser, de General Roca; José Mecchia, de Sacanta; Luis Ludueña, La Rinconada; Rodolfo Ganz, Puesto de Castro; Diego Rojas, Santa Elena y Walter Ferreyra, Las Rabonas. En todos estos casos se trata de intendentes y jefes comunales que ganaron sus elecciones como candidatos de Juntos por el Cambio.

“Son intendentes que han interpretado nuestra propuesta de gestión, que es amplia y que no se fija en el color de partido político. Esta es una primera tanda, pero habrá más”, aseguraron desde el Centro Cívico, para confirmar el pase al oficialismo de los administradores locales.

Desde la campaña a gobernador de 2023, Llaryora se trazó como objetivo político hacer crecer lo que denomina el “partido cordobés”, una construcción política y electoral que incluye a dirigentes del radicalismo, del PRO y del vecinalismo y que tiene como columna vertebral al peronismo provincial.

El año pasado, esa mirada frentista y de apertura tuvo como punta de lanza a la radical Myrian Prunotto como compañera de fórmula para la gobernación, y en la Capital a Javier Pretto –hasta el momento del pase presidente del PRO– como dupla de fórmula junto con Daniel Passerini. El gobernador había dicho que buscaría sumar dirigentes del interior a su proyecto. El pase de estos 10 jefes municipales va en esa línea.

Con una foto tomada a finales de la semana pasada en el Panal, en la que se sumaron los legisladores departamentales por San Justo, Gustavo Tevez; por San Alberto, Mariano Ceballos y por Río Seco Ramón Flores, Llaryora se mostró junto a los recién incorporados al oficialismo. “Nos acompañan porque están pensando en la gestión como nosotros. Están cansados de las peleas, quieren llevar soluciones a sus localidades”, resaltaron desde el Centro Cívico, luego de una reunión. 

La mayoría de estos jefes municipales adhirió a la nueva ley de Seguridad y firmó el “pacto educativo” que impulsa el mandatario provincial.

Desde que Llaryora ganó los comicios provinciales el año pasado busca engordar las filas del “partido cordobés”. Y hay especial atención por sumar dirigentes del interior provincial. Fue fuera de la Capital cordobesa donde el peronismo sufrió en las elecciones de 2023. De allí el esfuerzo por reforzar ese frente.

El ministro de Gobierno y ex vicegobernador, Manuel Calvo, es una pieza clave del armado que Llaryora buscará seguir ampliando. Calvo es por definición el funcionario encargado del relacionamiento con los intendentes. En su estructura trabaja también el radical Orlando Arduh, hoy secretario de Cooperación Institucional, quien fuera –junto con Prunotto– de los primeros dirigentes radicales que se sumaron al llaryorismo.

En el Centro Cívico destacan el trabajo de Calvo y la articulación con Prunotto y Arduh para sumar a este primer grupo de intendentes al oficialismo provincial.

El bloque Hacemos Unidos por Córdoba ratificó su rechazo a la quita del subsidio al transporte público de pasajeros. 

Lo hizo a través de un proyecto de resolución presentado el pasado viernes 16 de febrero en el Concejo Deliberante de San Francisco. A través del mismo, el bloque oficialista declaró su “rechazo y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior que subsidia el Transporte Público de Pasajeros, creado por Ley Nº 27.467”.

El Gobierno “ha decidido eliminar el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del interior del país y en razón de ello, los municipios, como el nuestro, para sostener la prestación del servicio público de transporte deberán afrontar la mayor carga que dicha quita importa, o bien trasladar el mayor costo a los vecinos y usuarios del sistema, generando una nueva tasa o validando un aumento de tarifa que compense la eliminación del aludido Fondo”, dijo sobre el presidente del bloque, Matías Beccaría. 

Cabe recordar que desde el 1 de febrero pasado, el servicio de transporte urbano de pasajeros en San Francisco duplicó su valor, pasando de $50 a $100. 

“La medida que rechazamos, sin dudas, afecta mayormente a los estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores de la ciudad, que a diario utilizan el servicio como principal medio de transporte para sus actividades, y que podrían verse privados del mismo en caso de que resulte imposible para el municipio garantizar su continuidad”, agregó Beccaría.

El proyecto alude además a “la falta de federalismo y a lo inapropiado temporalmente de la medida impulsada por Gobierno nacional, por un lado porque se torna aún más insoportable si reparamos que la eliminación afecta solo al interior del país, manteniéndose dicho Fondo para el Amba, en un claro desprecio, otro más, al federalismo que reza nuestra Constitución Nacional”, siguió Beccaría. 

En referencia a lo segundo, recordó que “habían sido aprobados previamente los presupuestos anuales de provincias y municipios, y tras la frustración legislativa del Gobierno nacional de no obtener las mayorías necesarias para la aprobación de algunos artículos de la denominada `ley ómnibus´”, añadió.

“El centralismo y el revanchismo, ni los agravios, conducen a solucionar los problemas”, subrayó Beccaría, destacando que “el camino es el diálogo, el consenso y el respeto por las autonomías locales. Procuraremos hasta el cansancio que se revea la medida y se restablezca el Fondo Compensador del Interior. Decisiones como ésta no consideran las necesidades reales de la mayoría de los argentinos. La verdadera libertad es la igualdad de oportunidades, que con estas medidas de ajuste, injustas e inconsultas, se desvanece día a día”, concluyó.