La provincia de Córdoba contabilizó 16 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2026, el registro más bajo de los últimos años, de acuerdo al informe trimestral del Observatorio de Seguridad y Convivencia.

El dato se inscribe en una tendencia descendente sostenida, luego de los 37 casos registrados en 2023, 31 en 2024 y 26 en 2025, lo que consolida una reducción progresiva de la violencia letal en el territorio provincial.

El informe releva un total de 43.577 hechos presuntamente delictivos en el primer trimestre, con una fuerte predominancia de los delitos contra la propiedad, que concentran más del 60% del total.

En este sentido, también se registra una mejora en los delitos más frecuentes:

-18.795 robos y hurtos, con una caída significativa respecto a años anteriores.

-Tendencia descendente sostenida desde 2023.

-El 90,5% de los hechos se cometen sin armas.

Este comportamiento evidencia una reducción del delito común, especialmente en los hechos que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos.

La baja en homicidios y en delitos contra la propiedad refleja el impacto de un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad, con mayor presencia territorial, prevención y articulación operativa en toda la provincia.

Los datos muestran que los homicidios se mantienen en niveles acotados, con oscilaciones mensuales bajas (entre 4 y 6 casos) y sin picos abruptos, lo que indica un escenario de mayor control sobre los delitos más graves.

Asimismo, la caracterización de los hechos evidencia que gran parte de los homicidios responde a conflictos interpersonales, lo que refuerza la necesidad de seguir profundizando políticas de prevención y convivencia.

En contraste, el informe advierte que las muertes por siniestros viales no muestran una mejora sostenida:

Se registraron 96 víctimas fatales en el trimestre.

Niveles similares a los últimos años.

La mayoría de las víctimas son hombres y conductores, con fuerte incidencia de motociclistas, lo que posiciona a la seguridad vial como uno de los principales desafíos en materia de políticas públicas.

En síntesis, el primer trimestre de 2026 muestra un escenario en el que bajan los homicidios y el delito común, en el marco de un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad, mientras que las muertes viales se mantienen como el principal foco de preocupación por su impacto en la cantidad de víctimas fatales.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que durante el primer cuatrimestre del año se registraron 48 homicidios dolosos, la cifra más baja en dos décadas. Desde la gestión provincial destacaron que la disminución responde a una política sostenida en materia de seguridad.

“Es el resultado de un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, afirmó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes. En ese sentido, también remarcó que en el mismo período de 2023 se habían contabilizado 156 homicidios, lo que marca una fuerte reducción y “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”.

Las estadísticas históricas reflejan que los picos más altos se dieron en 2014, con 172 homicidios, y en 2023. A partir de allí, los registros comenzaron a descender: 84 en 2024 y 80 en 2025, hasta llegar al actual mínimo.

En el desglose territorial, Rosario concentró 31 homicidios en los primeros cuatro meses del año, 19 menos que en igual período de 2025. En tanto, la ciudad de Santa Fe registró 10 casos, ocho menos que el año anterior.

Sin embargo, fuera de los grandes centros urbanos, persisten focos de alta conflictividad. La localidad de Frontera, en el departamento Castellanos y lindante con San Francisco (Córdoba) aparece como uno de los puntos más sensibles. Con poco más de 10.000 habitantes, registró 7 homicidios en 2025 y presenta una de las tasas más elevadas en relación a su población, además de un alto número de búnkers de droga desarticulados.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que en el último año se reforzó la presencia policial en la zona, con mayor despliegue de patrullajes y la intervención de fuerzas como la Policía de Acción Táctica, la Guardia Provincial y la Guardia Rural Los Pumas. También se ampliaron las capacidades del Ministerio Público de la Acusación, con la radicación del fiscal Pedro Machado.

Aunque el último homicidio registrado en Frontera data del 22 de octubre del año pasado, las autoridades advierten que no hay margen para relajar las políticas de seguridad debido a las condiciones estructurales que sostienen el delito.

En ese contexto, en febrero de este año se produjo un hecho que derivó en la muerte de un joven de 20 años tras recibir un disparo en la cabeza. El episodio, ocurrido en el marco de una reunión de adolescentes, es investigado por la Justicia para determinar si se trató de una manipulación imprudente de un arma de fuego. La causa continúa en curso, con distintas medidas probatorias para esclarecer lo sucedido.

José Luis Zárate, un jubilado de 84 años, fue asesinado a golpes este jueves en su domicilio de Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, luego de recibir la visita de su nieto, que tras el crimen confesó haber protagonizado el hecho de violencia.

Según las primeras investigaciones, alrededor de las 16, Zárate se encontraba en su domicilio de la calle Vicente Forestieri al 4889, cuando su nieto, de 25 años de edad, tocó la puerta de entrada.

Los pesquisas sostienen que la visita comenzó a entablar una fuerte discusión con el dueño de casa. Al cabo de algunos minutos, el victimario habría tomado una silla para golpear en la cabeza a su pariente.

Ensangrentado, el joven caminó por las calles de la barriada hasta llegar al hospital Príncipe de Asturias, de Villa El Libertador, según fuentes oficiales. Allí pidió asistencia médica.

La sorpresa de los médicos no tardó en llegar: “Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”, habría mencionado.

La confesión derivó en la intervención y la constatación del hecho por parte de la Policía, que se trasladó hasta la vivienda de Zárate y halló el cuerpo sin vida del jubilado.

El joven (se reserva su identidad) fue imputado por el fiscal de la causa, Victor Hugo Chiapero, por el presunto delito de homicidio simple. Permanecerá detenido y podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas.

No obstante, en Tribunales 2 se habla de “un caso complejo” y no se descarta que el ataque pueda haber derivado de una cadena de actos violentos entre ambas partes.

Zárate no vivía con su nieto. Tampoco esperaba —según los primeros indicios que acumula la causa— su visita.

De acuerdo a la reconstrucción que realizaron los pesquisas a partir de testimonios, el joven llegó encolerizado hasta la vivienda donde se consumó el horror. “Golpeó fuerte la puerta. Venía a los gritos”, comentaron fuentes del caso.

El jubilado abrió la puerta e hizo pasar a su nieto. Los gritos se aplacaron.

Según la información proveniente de fuentes investigativas, el joven padecería algún tipo de condición psiquiátrica. “Estaba atravesando un brote de furia”, explican los comisionados.

Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió dentro de la vivienda.

Pasó una hora, aproximadamente, hasta que el presunto victimario se presentó en la sala de espera del hospital ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho. El reloj marcaba las 17.30.

Los médicos habrían observado en el joven heridas evidentes. “Había sangre en su cuerpo y mostraba signos de dolor, aunque no se sabe aún si fueron autoinfligidas”, agregaron los pesquisas.

Cuando el joven rompió el silencio y dijo que había matado a su pariente, todo se precipitó y dejó de ser un simple paciente para ser un detenido, tras la intervención de Chiapero.

Si bien el fiscal mantiene un estricto silencio ante el caso, trascendió que a las pocas horas se dictaminó la imputación que derivó en la detención del sospechoso.

No se encuentra, al menos hasta ahora, un antecedente de violencia que haya sido efectivamente denunciado ante las autoridades: ni contra el joven, ni contra el jubilado.

Pero los investigadores ya trabajan sobre algunas líneas que, invariablemente, dejan al trasluz una potencial seguidilla de hechos violentos que podrían haber derivado en este este funesto desenlace.

Si bien aún todo es materia de investigación, abundan por esta hora testimonios sombríos sobre cómo habría sido la relación vincular entre el abuelo, su nieto y algunos otros miembros de la misma familia. Así lo aseguran fuentes investigativas.

Incluso los mismos pesquisas ya encendieron algunas alarmas vinculadas a potenciales actos de abuso sexual intrafamiliar, presunciones que fueron tajantemente rechazados desde el entorno más próximo de la víctima.

No obstante, en la fiscalía no descartan ninguna hipótesis.

En el domicilio del jubilado reina el dolor y el desconcierto. En las últimas horas, su círculo familiar más íntimo se encontraba esperando la entrega de los restos para poder continuar con el duelo.

Zárate vivía acompañado de la esposa, quien había festejado el cumpleaños el miércoles por la noche en la vivienda familiar. El matrimonio residía en ese mismo domicilio hace por lo menos cinco décadas.

Sin embargo, fuentes con acceso a la causa explicaron que dentro del círculo familiar había disidencias. La mamá del joven acusado ahora de haber matado al abuelo, era la hija de la víctima y había fallecido hace más de un año.

Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué se encontraban distanciados, la facción de la cual es pariente directo el victimario no tiene vínculo frecuente con Zárate ni su esposa.

“Algo sucedió entre ellos y será materia de investigación”, detallaron los investigadores.

Un episodio de extrema violencia sacude a la provincia de Santa Fe tras confirmarse un ataque fatal dentro de una institución educativa. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en la ciudad de San Cristóbal, en el centro-norte provincial.

De acuerdo con la información oficial, un estudiante ingresó armado al establecimiento secundario y efectuó disparos contra sus compañeros en el inicio de la jornada escolar. Como consecuencia, un alumno de 13 años falleció y otros resultaron heridos.

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz.

El ataque se produjo alrededor de las 7.15, cuando los estudiantes se encontraban en un patio interno esperando el izamiento de la bandera. Según los primeros datos de la investigación, el autor sería un alumno de primer año que, por motivos aún no esclarecidos, abrió fuego dentro del edificio.

Tras los disparos, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Personal de salud y fuerzas de seguridad acudieron de inmediato para asistir a estudiantes y docentes. “Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al ver que todos salían corriendo del colegio”, explicó Muñoz, quien agregó que el atacante habría utilizado una escopeta.

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Varios alumnos fueron trasladados al hospital local, aunque hasta el momento no se precisó si presentaban heridas físicas o cuadros de crisis nerviosas.

La noticia generó una fuerte conmoción en la ciudad. Padres y familiares se acercaron rápidamente al establecimiento en medio de escenas de angustia y desesperación, mientras se organizaba un cordón de seguridad para resguardar el lugar y contener a los presentes.

En tanto, las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del caso. La identidad de la víctima aún no fue confirmada oficialmente y la investigación se encuentra en curso bajo secreto de sumario.

Peritos y efectivos continúan trabajando dentro del edificio con el objetivo de preservar la escena y recolectar pruebas clave. Entre los principales interrogantes figura cómo el estudiante logró ingresar con un arma de fuego a la escuela.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas precisiones sobre las circunstancias del hecho, que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Un hombre identificado como Julio César Antonio Unrein, de 44 años, fue condenado por la Justicia santafesina por haber cometido un robo en una vivienda de la localidad de Santa Clara de Saguier, departamento santafesino Castellanos, mientras se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional. Se trata de un homicida, condenado originalmente por un doble asesinato, cuya nueva pena fue unificada con la anterior, alcanzando una sentencia definitiva de 27 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia.

La condena fue resuelta en el marco de un juicio oral que concluyó el lunes al mediodía en los tribunales de la ciudad de Rafaela. Tras conocerse el veredicto, la fiscal Bertero manifestó que, si bien aún no se cuenta con los fundamentos completos del fallo, la Fiscalía se mostró conforme con la resolución. En ese sentido, señaló que la sentencia fue “condenatoria y acorde a lo solicitado”, y aclaró que aguardarán la notificación formal para realizar el análisis detallado de los fundamentos.

Según explicó la fiscal durante el juicio, el hecho por el cual Unrein fue juzgado ocurrió en las primeras horas del 8 de marzo de 2021, en una vivienda de Santa Clara de Saguier. De acuerdo a la acusación, el imputado ingresó de manera furtiva al domicilio mientras sus moradores dormían, tras forzar una puerta ventana de aluminio y vidrio.

Una vez dentro de la casa, sustrajo dinero en efectivo, un atado de cigarrillos y una billetera de cuero que se encontraban en la cocina. En ese momento, fue sorprendido por el propietario de la vivienda, a quien amenazó de muerte para poder concretar el robo, y luego se dio a la fuga con los elementos sustraídos.

Al momento de cometer el hecho, Unrein se encontraba en libertad condicional, beneficio que le había sido otorgado en el marco de una condena previa a prisión perpetua, la cual había sido conmutada a 25 años de prisión efectiva.

Esa condena anterior había sido impuesta en el año 2005, por un doble homicidio cometido con arma de fuego, calificado por alevosía y por robo. Atento a estos antecedentes, desde el Ministerio Público de la Acusación se solicitó la unificación de ambas penas y la declaración de reincidencia, pedidos que fueron admitidos por el tribunal.

Finalmente, Julio César Antonio Unrein fue condenado a la pena única de 27 años y 6 meses de prisión efectiva, quedando además declarada su reincidencia, en virtud de sus antecedentes penales y del delito cometido mientras se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.

Argentina alcanzó en 2025 un hito histórico en materia de seguridad, al registrar la tasa de homicidios dolosos más baja de su serie estadística oficial. Según el último informe de estadísticas preliminares difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional, el índice de criminalidad letal descendió a 3,7 por cada 100.000 habitantes, consolidando una tendencia a la baja por segundo año consecutivo.

Los datos revelan que, en los primeros dos años de la gestión actual, el número de víctimas de homicidio se redujo en un 17% a nivel nacional. Mientras que en el año 2023 se contabilizaron 2.047 víctimas, el registro provisorio del 2025 arroja un total de 1.705 casos, lo que representa una disminución interanual del 5,6% respecto al período anterior.

Este descenso posiciona a la República Argentina como el país menos violento de Latinoamérica y el Caribe. Al analizar la serie histórica desde el año 2000, se observa una caída drástica desde los picos de 9,5 registrados en 2002, logrando perforar por primera vez el piso de los 4 puntos en los últimos dos años (3,8 en 2024 y 3,7 en 2025).

Un factor determinante en este resultado ha sido la implementación del "Plan 90-10". Según el documento oficial, el 70% de la reducción de homicidios en todo el territorio nacional se concentró en las provincias donde se aplica este programa. El plan ha logrado reducir el área crítica donde se concentra el 90% de los delitos letales a tan solo el 0,8% del territorio nacional.

Asimismo, la focalización territorial permitió reducir la cantidad de municipios con alta incidencia criminal. El informe destaca que el número de municipios afectados pasó de 193 en el año 2023 a 180 en el 2025, demostrando una mayor eficacia en el control del territorio.

En la ciudad de Rosario, el "Plan Bandera" mostró resultados significativos mediante el despliegue de Fuerzas Federales. En las zonas de intervención, se registró una reducción del 22% en comparación con 2024. En términos globales, la ciudad pasó de 65 homicidios en 2023 a 21 en 2025, lo que representa una baja del 70% en el bienio.

En lo que respecta a los delitos contra la propiedad, el año 2025 marcó un quiebre en la tendencia de robos (tanto simples como agravados). La tasa de robos por cada 100.000 habitantes sufrió una caída interanual del 20,8%, pasando de un índice de 1.007 en 2024 a 798 en el presente año.

Este nuevo índice de robos se constituye como el nivel más bajo de toda la serie histórica de estadísticas oficiales. El informe subraya que las cifras actuales de inseguridad ciudadana son comparables a los niveles registrados en 2020, período en el que la actividad delictiva se vio artificialmente reducida por el confinamiento estricto de la pandemia.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad Nacional enfatizó que estos datos son de carácter provisorio y provienen de sus propios relevamientos internos. 

La provincia de Córdoba cerró 2025 con 90 homicidios dolosos, una tasa de 2,28 cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo de los últimos 25 años según el Sistema Nacional de Información Criminal. El registro implica una caída interanual del 23% respecto de 2024 y, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, se explica principalmente por la fuerte reducción de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas, robos y femicidios. El ministro Juan Pablo Quinteros atribuyó los resultados a una estrategia sostenida de prevención, con énfasis en el Plan 90/10 encarado en conjunto con el gobierno nacional, operativos interfuerzas, mapas de calor del delito y seguimiento de bandas criminales.

La comparación histórica refleja que, en los primeros años de la serie, Córdoba superaba los 200 homicidios anuales, con un pico en 2000 (211 casos, tasa 6,83), mientras que los niveles más bajos se registraron en 2021 y 2025, ambos con 90 homicidios y tasas cercanas a 2,3. Entre esos extremos, la provincia atravesó etapas de mayor incidencia, como 2014, con 148 casos, y períodos de descenso gradual en la última década. Para el Ministerio de Seguridad, la combinación de menos bandas operando, más armas secuestradas y un alto nivel de esclarecimiento judicial -con autores identificados en el 99% de los casos- resulta clave para explicar el mínimo histórico alcanzado.

El reporte brinda datos auspiciosos en relación con la disminución de hechos graves de violencia y afirma que estos sucesos han sido esclarecidos en su gran mayoría. Esto supone una tarea más eficiente que en el pasado, pero que debe seguir consolidándose. Porque la percepción social todavía siente que la inseguridad y la violencia están presentes y que no pasan solamente por la reducción de la tasa de homicidios.

En este sentido, el informe oficial advierte que la baja de los homicidios no se traduce automáticamente en un descenso general de la violencia. Pese a la reducción de los hechos letales, aumentaron los homicidios ocurridos en contextos de violencia urbana y violencia familiar, una tendencia que las autoridades asocian al deterioro del tejido social. En ese marco, durante 2025 se registraron más de 1.300 personas heridas por armas de fuego y armas blancas, mayoritariamente varones jóvenes, con alta concentración en la ciudad de Córdoba, lo que refuerza la lectura de un escenario menos letal pero aún conflictivo.

La violencia en los hogares, especialmente los más vulnerables en materia socioeconómica, los entornos familiares disfuncionales y la degradación de los estándares educativos y culturales son variables de imprescindible atención para continuar en el camino de atenuar la violencia social a niveles tolerables. Y también se hace necesario acrecentar  la vigilancia y la represión del accionar de delincuentes que asaltan y golpean a cualquier hora y la actividad del narcotráfico capaz de erosionar gravemente los cimientos del ya dañado tejido social.

Sin embargo, no deja de ser positivo que los homicidios hayan descendido en nuestra provincia. Es un buen síntoma que debe ser acompañado por la mejora de las estadísticas relacionadas con otros delitos que sufre la ciudadanía y que son materia corriente de las crónicas policiales.

La provincia de Córdoba finalizó el año 2025 con 90 homicidios dolosos, lo que representa una tasa de 2,28 homicidios cada 100 mil habitantes, el registro más bajo de los últimos 25 años, según la serie histórica del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

En términos interanuales, la cifra implica una reducción del 23% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 117 homicidios en todo el territorio provincial.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad, la disminución registrada entre 2025 y 2024 se explica principalmente por una fuerte baja en los homicidios vinculados a:

En contrapartida, el informe advierte incrementos en los homicidios ocurridos en contextos de violencia urbana (+42%) y violencia familiar (+9%). 

El perfil de las víctimas continúa siendo mayoritariamente el de varones jóvenes y jóvenes adultos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que los resultados “no son fruto de la casualidad” y responden a una estrategia sostenida de prevención y control del delito.

“Los números reflejan una disminución de los homicidios que denominamos prevenibles —como los ocurridos en ocasión de robo o por ajustes entre bandas— y un incremento de hechos asociados a un clima de época marcado por el deterioro del tejido social, como la violencia urbana y familiar”, señaló el funcionario.

Quinteros subrayó además que fueron determinantes la implementación del Plan 90/10, el refuerzo de los operativos preventivos en la vía pública, la elaboración de mapas de calor del delito, el seguimiento de bandas criminales y la articulación territorial con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

El Plan 90/10 fue lanzado en diciembre de 2024 junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de reducir homicidios y delitos violentos en los principales conglomerados urbanos del país.

En Córdoba, el programa se tradujo en operativos interfuerzas entre la Policía provincial y fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Desde su implementación, se realizaron 103 operativos en la ciudad de Córdoba y 173 en el interior provincial, especialmente en Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

Desde fines de 2024, el Ministerio de Seguridad provincial incorporó el seguimiento sistemático de personas heridas por arma de fuego y arma blanca como indicadores clave del fenómeno criminal.

Durante 2025 se registraron:

En el caso de los heridos por arma de fuego, el 74% de los hechos ocurrió en la ciudad de Córdoba, principalmente en contextos de violencia urbana. Las víctimas fueron mayoritariamente varones (93%) y menores de 40 años (82%).

A lo largo del año, las áreas de Investigaciones Criminales, Seguridad Capital y las departamentales Norte y Sur trabajaron en el seguimiento y desarticulación de organizaciones delictivas.

Como resultado de estos operativos, en 2025 se secuestraron:

“Menos bandas operando y menos armas en circulación reducen claramente el riesgo de violencia letal”, sostuvo el ministro.

Según datos de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC), en el 99% de los homicidios registrados en 2025 la investigación policial logró aportar a la Justicia elementos suficientes para identificar a presuntos autores, aunque ello no implique necesariamente sentencia firme.

Actualmente, el 46% de los casos ya cuenta con sentencia judicial. La única causa que continúa sin autores identificados es el homicidio de Camila Merlo, ocurrido a fines de noviembre de 2025 en barrio General Urquiza.

Para Quinteros, el alto nivel de esclarecimiento tiene un fuerte efecto disuasivo y afirmó: “Es un mensaje claro de que la impunidad es la excepción y la solidez de las investigaciones se refleja en un aumento de los juicios abreviados”.

 Un joven de 22 años que tenía un pedido de captura vigente emitido por la provincia de Santa Fe fue detenido anoche en barrio Maipú de San Francisco. El requerimiento judicial estaba vinculado a un homicidio doloso calificado por la muerte de Martín Sommariva, ocurrida el 25 de agosto en barrio Acapulco, localidad de Josefina.

 Según informaron fuentes policiales, personal del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM) intentó detener la marcha de dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave en la intersección de Ramón Mestre y Elisa Damar. Los sujetos intentaron escapar y, a pocas cuadras, perdieron el control del rodado y cayeron sobre la vereda.

 Al ser identificados, se constató que uno de ellos, de 22 años, tenía vigente el pedido de captura por el hecho ocurrido en Josefina. El segundo ocupante, de 21 años, también fue aprehendido.

 Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

Un jurado popular encontró culpable al ex policía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio David Díaz durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en Lomas del Mirador tras una discusión por la música fuerte.

Este lunes en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), el jurado popular responsabilizó al jubilado de 75 años del homicidio culposo de Díaz y la tenencia ilegal armas, según confirmó el defensor, Francisco Oneto, a la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, el abogado subrayó que los integrantes dieron veredicto de culpabilidad por homicidio culposo y no agravado, delito con el que Moreno había llegado acusado al juicio.

Oneto explicó que el jurado escogió la instrucción de que el ex policía “fue a hacer un reclamo y por no ser cuidadoso con el manejo de su arma terminó matando a Díaz”.

“No sabría decirte si estamos conformes, pero sí que Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado”, expuso.

A su vez, otro punto que se supo pasadas las 22.00 del lunes tras el dictamen en la Sala de Juicios de la UNLAM, es que las partes tendrán cinco días para ofrecer la prueba y luego se dará lugar a la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena. Se espera que allí el defensor solicite la prisión domiciliaria para su cliente.

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensas que sos?”.

Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.

La policía detuvo en la madrugada de hoy a dos hombres en el barrio Roca, tras frustrar un robo. Uno de los aprehendidos portaba un arma de fuego y contaba con un pedido de detención vigente por un homicidio ocurrido en Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las primeras horas de la mañana, cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y de División Infantería fueron alertados sobre dos sujetos que descendían de los techos en la intersección de J.J. Paso y Ramón y Cajal.

Tras un rápido operativo cerrojo, los efectivos lograron la aprehensión de los dos hombres. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego, prendas de vestir y un teléfono celular que había sido sustraído a un hombre mayor de edad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el hecho de robo calificado y el cumplimiento del pedido de detención vigente.

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la región conocida como “la triple frontera”. El cuerpo de Martín Emanuel Sommariva, de 33 años, fue hallado sin vida con un disparo en el rostro en un sector rural cercano al barrio Acapulco de Josefina. Según fuentes de la investigación, el hombre había sido perseguido previamente por un grupo de personas armadas.

Los testimonios indican que la persecución comenzó en la zona urbana y terminó en un descampado, donde Sommariva cayó abatido. Su cuerpo apareció boca abajo, con el torso descubierto, y presentaba una herida de arma de fuego que le provocó la muerte en el acto.

Los investigadores sostienen que los atacantes estarían identificados y relacionan el episodio con las disputas entre bandas narco que operan en la zona. El hecho se conecta además con un antecedente cercano: la balacera del 9 de julio que dejó como víctima fatal a Zamir Torres, el niño de 4 años alcanzado por los disparos.

Sommariva, domiciliado en barrio Parque de San Francisco, no tenía antecedentes en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, del lado cordobés pesaba sobre él un pedido de detención, lo que suma otro elemento a la compleja trama de vínculos y violencia que rodea a la región.

El caso refuerza las preocupaciones sobre la inseguridad y la presencia del narcotráfico en Acapulco, convertido en epicentro de disputas armadas que ya dejaron múltiples víctimas.

 El fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Santa Fe, Carlos María Vottero, tiene bajo su mando a fiscales con competencia en varias localidades. Desde esa estructura dirige la investigación penal del crimen que conmovió a toda la región: el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera el pasado 9 de julio cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez, presunto blanco de los sicarios.

 La brutalidad del hecho obligó a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a firmar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar el narcotráfico y la violencia armada en la frontera interprovincial. Pero Vottero aclara: la única investigación la lleva adelante la fiscalía bajo su mando, y ninguna autoridad cordobesa intervino en el caso.

 En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vottero, uno de los que más conoce el paño judicial, se refirió a declaraciones de funcionarios de Córdoba, dejó en claro que aún no existe un autor intelectual individualizado por el crimen de Zamir y remarcó que mientras en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron, en el departamento Castellanos aumentaron. Aseguró que es prioridad en la agenda judicial la lucha contra el microtráfico de drogas en la llamada “la otra triple frontera” –San Francisco, barrio Acapulco (Josefina) y Frontera– que, según sus palabras, “son una sola cosa”.

—¿Cómo evalúa la situación actual del narcotráfico en Santa Fe y en particular en Frontera, donde la violencia impera?

 Frontera y Josefina tienen una problemática social delictiva muy particular vinculada al consumo y la comercialización de estupefacientes que genera violencias altamente lesivas, cometidas muchas veces con armas de fuego. A nivel provincial, desde hace más de un año tenemos competencia en materia de microtráfico. No investigamos macrotráfico, sino la venta y comercialización minorista. Desde 2014, cuando se reformó el Código de Procedimiento Penal en Santa Fe, venimos trabajando en Frontera. Lo hacían fiscales de Rafaela porque allí no había un fiscal designado de manera permanente. Ahora, con la llegada de nuevos fiscales, uno será asignado a la Fiscalía de Frontera. Eso nos permitirá mayor cercanía con el territorio.

 Ya se hicieron cuatro demoliciones de búnkeres de drogas y un tapialamiento en otra vivienda (de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión). Cada procedimiento arrojó resultados: secuestro de estupefacientes, balanzas de precisión, máquinas de contar dinero y personas detenidas, muchas de ellas con domicilio en San Francisco pero operando en Frontera. Por eso insisto: San Francisco, Frontera y Acapulco forman un mismo conglomerado, son una sola cosa.

-           ¿El microtráfico es un fenómeno en expansión o está estabilizado?

Va en aumento. Es una problemática mundial, muy instalada, que atraviesa otros delitos. Genera violencia altamente lesiva y homicidios. Según números del Ministerio de Seguridad de la Santa Fe, en los departamentos Rosario y La Capital los homicidios bajaron, pero en el departamento Castellanos aumentaron. Esa diferencia tiene que ver con la alta conflictividad derivada de la comercialización de estupefacientes.

-           ¿Qué cambios detectaron en las modalidades de las bandas? ¿El sicariato se volvió recurrente?

 El caso Zamir es un ejemplo. La mecánica indica que se trató de una emboscada planificada: cruzaron un auto para interceptar a otro y dispararon sin importar la presencia de un niño. Eso es sicariato. Todo confirma que es la forma en que se manejan estos delincuentes. Si bien estos hechos ocurren más en Frontera que en San Francisco, la realidad es que están involucradas personas de uno y otro lugar.

-           ¿Quiénes son las personas, en su mayoría jóvenes, que terminan integrando estas redes como sicarios?

 Son personas atravesadas por el consumo problemático. Las adicciones los empujan a ingresar en estas estructuras. En los primeros eslabones son usados como mano ejecutora por quienes ocupan lugares jerárquicos más altos.

“La mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI (…) La investigación siempre fue nuestra. Nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco, salvo a requerimiento de esta fiscalía y con fines de colaboración en cuanto a las diligencias investigativas llevadas adelante por la policía de Santa Fe (…) Me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar”.

—¿Qué peso tiene la disputa territorial y qué peso el ajuste de cuentas?

 Ambos factores conviven. Muchas veces las disputas por territorio derivan en represalias y muertes, que generan nuevas respuestas. Casi indefectiblemente, la respuesta del otro lado va a venir. Es un círculo vicioso. Frente a esto, el abordaje represivo o punitivo es necesario pero no suficiente. Se requieren políticas preventivas en educación, salud y asistencia en adicciones que ataquen estructuralmente toda esta problemática. La prevención solamente con presencia policial, tampoco alcanza.

—Si crece el microtráfico, también crece el consumo…

 Exacto, y cada vez a más temprana edad. Vemos niños de 15 o 16 años, incluso más chicos, que ya consumen. Al ser inimputables, no ingresan en el sistema penal. Deben ser abordados desde las áreas sociales y de niñez. Si no, su futuro es terminar presos o muertos. El Estado debe abordarlos desde una mirada social también.

 —En la sociedad existe la percepción de que en algunos lugares hay “zonas liberadas” y cierta complicidad policial. ¿Con qué obstáculos concretos se encuentran los fiscales al investigar el microtráfico?

 Desde la Fiscalía Regional abordamos todas las investigaciones por igual. Si se advierten situaciones como las mencionadas, el personal policial no está exento de responsabilidad penal y se actúa en consecuencia. En 2014 imputamos, detuvimos y logramos condenas de policías de la Comisaría 6ª de Frontera por uso excesivo de la fuerza, apremios ilegales y torturas contra detenidos, entre otros cargos. El caso más mediático fue el del hombre “crucificado”. En causas complejas, trabajamos con la Policía de Investigaciones (PDI) y también con fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería. Es importante la presencia de esas fuerzas puntualmente en este territorio.

–¿Por qué persiste la percepción social de que la Policía solo aparece cuando ocurre un hecho grave y luego se ausenta del territorio?

 Eso está ligado a la faz preventiva, es decir, la presencia policial para evitar que el delito ocurra. Esa decisión corresponde a la Policía y a los ministerios de Seguridad. El sistema judicial no puede solo, se requiere coordinación. Reitero, muchos hechos se dan cruzando el límite interprovincial: aunque ocurran en Frontera, varios de los delincuentes son de San Francisco. El abordaje en conjunto,  siempre pidiendo colaboración de una provincia a la otra, es importante y fundamental. Cruzan una calle, como es la 1, el camino interprovincial, y delinquen de un lado o del otro.

–¿Considera que existe una estigmatización delictiva asociada a Frontera? Aunque es una realidad el avance de la violencia armada en esa ciudad.

 En este punto hay un análisis lógico que hacer: San Francisco tiene mucha más población que Frontera y barrio Acapulco. Si seguimos esa lógica, incluso podría decir que hay más delincuentes o personas que cometen hechos delictivos en San Francisco que en Frontera, porque simplemente hay una mayor cantidad de habitantes. Quiero dejar en claro que estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre ambas localidades y que los hechos no deben analizarse de manera aislada, ya que muchas veces lo que sucede en un lugar tiene vinculación directa con lo que ocurre en el otro.

–De hecho, los detenidos por el crimen de Zamir son de San Francisco.

 Es cierto que la mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI. Cuando la detención debe hacerse en Córdoba, pedimos colaboración a su policía, porque la de Santa Fe no tiene competencia territorial, pero la investigación siempre fue nuestra. En el caso Zamir actuó la fiscal Fabiana Bertero con la PDI. Quiero remarcarlo: nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco; el personal policial de Córdoba efectivizó las detenciones por un tema de jurisdicción. El hecho ocurrió en Frontera y la competencia es de Santa Fe. Por eso me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar, instalando una idea falsa sobre quién investiga. Eso solo confunde a la sociedad en un caso de enorme repercusión.

– ¿Cómo está hoy la causa Zamir? ¿Hubo más avances en los últimos días?

Hasta el momento hay tres personas detenidas con prisión preventiva -Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29)-. Además, se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo, y existen otros pedidos de captura en curso contra posibles implicados. Hubo un avance rápido en la primera etapa y ahora se continúa con esas capturas pendientes y con pericias fundamentales. Esperamos resultados que aporten información valiosa para definir nuevas líneas de investigación. Los tiempos periciales no dependen de la fiscalía, pero de esas pruebas surgirán elementos centrales para la causa.

“Hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir”.

–Los tres jóvenes imputados estuvieron a bordo del Fiat Cronos gris que emboscó y atacó a tiros al auto de Braian Martínez, pero ¿se investiga a un presunto autor intelectual? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló a un integrante de una familia narcocriminal preso en Cruz del Eje, y hasta pidió su traslado a un penal federal…

 Desde esta fiscalía no ha salido esa información ni esa versión. En nuestra investigación, de la evidencia obtenida hasta ahora, no surge la autoría intelectual de nadie. Quienes hacen esas manifestaciones públicas, no sé a qué investigación se refieren, si son funcionarios de Córdoba, ciudadanos o si hablan de causas distintas. Lo cierto es que no aportaron nada a la fiscal a cargo del caso. Quiero dejar claro que la investigación es nuestra, de la Fiscalía Regional Nº 5 y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. De esta diligencia investigativa podrán surgir autorías materiales o intelectuales, pero hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir.

-           ¿Qué mensaje le daría a la sociedad que percibe que la Justicia no alcanza a estas bandas?

Se trabaja mucho en esta Fiscalía Regional en el abordaje del microtráfico de droga y los delitos de derivan de éste, sobre todo, en la zona de Frontera y Josefina, y con muy buenos resultados y respuestas visibles, aunque parezca que es una gota dentro de un océano. Es un delito ya arraigado pero estamos dando la batalla que corresponde y forma parte de las prioridades de nuestra fiscalía. A la bravedad se designará un fiscal propio. El mensaje a la sociedad es que seguiremos trabajando en la misma línea, hay una firme decisión de seguir priorizando estas investigaciones.

Una mujer fue arrestada con prisión domiciliaria tras matar de un escopetazo a su pareja en el pecho en Mar del Plata. La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelación y Garantías, que habilitó que la acusada permanezca en un domicilio de Balcarce, donde ocurrieron los hechos.

Según el medio 0223, el crimen ocurrió el 26 de abril en una quinta de esa ciudad, luego de una discusión entre ella y su pareja, Juan Félix Melucci. Según la acusada, la situación se dio en un contexto de violencia de género y se trató de un acto de legítima defensa.

En su ampliación de declaración, la mujer sostuvo que la había golpeado y que logró enviar audios a una amiga antes del disparo. Aseguró que no quiso matarlo, sino escapar del ataque.

La defensa, a cargo de la abogada Luz Alonso Proto, había solicitado la prisión domiciliaria al considerar que el hecho debía analizarse con perspectiva de género. Alegó que Melucci ejercía violencia física, psicológica y simbólica desde hacía años, y que esa noche también la golpeó y la hizo sangrar.

Como pruebas, presentó los audios enviados por Ibarra durante la agresión, pericias químicas que detectaron sangre propia en sus prendas y lesiones constatadas en su cuerpo. Además, señaló que no había indicios de dolo homicida, y cuestionó que el fiscal Rodolfo Moure mantuviera la calificación de homicidio agravado por el vínculo.

En la resolución, el juez Gastón De Marco consideró que no hay riesgo procesal si la mujer permanece en su domicilio bajo vigilancia electrónica.

Finalmente, el cuerpo de Melucci fue encontrado junto a un vehículo Peugeot 206 con una escopeta en el asiento. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911, que alertó sobre un disparo en la zona de la quinta "Los Abuelos".

Con la muerte del niño, Frontera suma su tercer crimen en lo que va de 2025 y vuelve a quedar expuesta como epicentro de una escalada de violencia que ni los refuerzos policiales ni las promesas oficiales logran detener. La zona, golpeada por el narcomenudeo, concentra más de la mitad de los asesinatos del departamento Castellanos.

Con apenas 4 años, Z.T. fue la víctima más reciente y también la más dolorosa de una ola de crímenes que parece no tener fin en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El ataque que lo mató y dejó herido de gravedad a su padre -Brian Martínez (31), alias “Peladito”-, ocurrió es miércoles 9 de julio pasado en barrio Puzzi de Frontera. Cuatro hombres, identificados pero aún prófugos, lo acribillaron a balazos en lo que se presume fue un ajuste de cuentas narco. El niño recibió al menos cuatro impactos y murió en brazos de su madre, que presenció todo.

Aunque no hay cifras oficiales exactas, LA VOZ DE SAN JUSTO concluyó, en base a información, que este último hecho  elevó a 7 el número de homicidios cometidos en el conglomerado Frontera-Josefina en menos de un año. En tanto, de los 11 crímenes registrados en todo el departamento Castellanos el año pasado, seis ocurrieron en ese sector que, entre ambas localidades, apenas suma 16 mil habitantes.

Entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron cuatro homicidios violentos en Frontera y barrio Acapulco, Josefina. El 8 de septiembre, una mujer y un joven murieron en distintos ataques con armas de fuego. El 6 de octubre, otro hombre fue baleado y falleció por las heridas. El 6 de diciembre, un hombre recibió 15 disparos y murió un mes después. 

La comparación duele más cuando se observa que en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron en el último año, según estadísticas del gobierno provincial. Sin embargo, en Castellanos, se duplicaron. En parte, el problema radica en un dato estructural: ni Frontera ni Josefina cuentan con un fiscal del Ministerio Público de la Acusación local. Desde que Nicolás Stegmayer fue designado juez en 2021, nunca se nombró un reemplazante.

Mientras tanto, la violencia se profundiza. En enero de este año, Pablo Daniel López fue asesinado a tiros frente a su casa. En mayo, David “Totín” Martínez (21), tío del niño asesinado esta semana, murió tras días de agonía luego de recibir múltiples disparos. A eso se suman los casos de 2024, con víctimas baleadas en los barrios más vulnerables y sin avances significativos en las investigaciones.

El problema tiene raíces complejas. “Toda esa zona tiene una característica muy compleja, ya que hay una problemática relacionada con el carácter fronterizo. Hay grupos de personas que se desplazan, cruzan la calle y ya están en otra provincia”, había señalado el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni.

Según Cococcioni, “hay puestos de microtráfico donde se producen hechos de violencia entre personas vinculadas al negocio y, en algún caso, también compradores”. El ministro prometió hace meses que esta zona sería prioritaria en materia de seguridad, pero los crímenes no se detienen. Los vecinos, entre el miedo y la resignación, ya no creen en soluciones inmediatas. “Todos saben quiénes son, pero nadie dice nada, porque después vienen y te matan”, expresó un hombre en voz baja cuando LA VOZ DE SAN JUSTO recorrió el lugar del fatal ataque del miércoles.

El crimen del pequeño Z.T. conmocionó como pocos. El Fiat Cronos de los agresores lo emboscó en plena calle, bloqueó el paso del vehículo familiar y descargó más de 15 balas. Tras el ataque, el auto fue hallado incendiado en Josefina, lo que confirma la planificación del hecho. La madre del niño, testigo del horror, bajó a su hijo en un intento desesperado por salvarlo.

Pese al hermetismo en la investigación, este diario pudo saber que los cuatro sospechosos ya fueron identificados, pero hasta el momento no hay detenidos. La causa avanza con análisis de cámaras y peritajes, pero en un entorno marcado por la falta de fiscales y el temor generalizado, pocos se animan a colaborar.

La violencia en Frontera y Josefina es hoy una postal de un territorio sin ley, donde los crímenes se repiten, las promesas se diluyen y la justicia llega tarde, si llega.

En 2024 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia del país, según confirmó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de una conferencia de prensa. A su vez, habló sobre el índice de robos, femicidios, narcotráfico y trata de personas.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del ministerio a la Agencia Noticias Argentinas, el año pasado el país alcanzó “el índice más bajo de homicidios dolosos de la historia y de toda Sudamérica”.

A través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que recolecta información sobre los hechos presuntamente delictuosos registrados, se pudo anunciar que en 2023 la tasa de homicidios dolosos fue del 4,4%, mientras que en 2024 fue del 3.8%.

“Es muy importante lo que se ha logrado en este trimestre. La baja de homicidios en el año 2024, la más baja que se registra desde que tenemos estadísticas, una tasa de 3,8, la mejor de América Latina, la más baja”, expresó la ministra.

Asimismo, a la par de que reforzó el número obtenido el año pasado a nivel nacional, Bullrich también hizo hincapié en los datos reclutados en los primeros tres meses del 2025.

Durante la presentación, acentuó que en enero, febrero y marzo de este año se registraron 507 homicidios, frente a los 561 del trimestre anterior, lo que representa una reducción del 9,6%.

“Seguimos en esta tendencia, a partir de los planes que estamos llevando adelante. Por un lado, las policías provinciales, y por el otro lado, el Plan 90-10. El resultado es alentador”, sostuvo.

Uno de los datos más relevantes señalados por Bullrich fue la baja del 14,3% en homicidios de mujeres. En 2023 hubo 362 crímenes, mientras que en 2024 fueron 313: “Es realmente importantísimo e histórico”.

Desde un comienzo de la gestión llevaron a cabo diversas medidas contra la trata de personas y en este marco subrayó que hubo una reducción del 35,9% en delitos de esta índole.

En relación al narcotráfico, Bullrich informó una baja del 14% en la confabulación, producción, organización y financiación de estas organizaciones criminales.

En cuanto al contrabando, se registró una aminoración del 7% en todas sus modalidades.

Sobre el delito de robo, uno de los mayores delitos denunciados, la ministra indicó que se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,5%.

Pese a que no es una noticia alentadora, Bullrich explicó: “Este es un delito que sucede en los 24 distritos. El robo de celulares, el robo digital, el motochorro. Vamos a discutirlo con las policías y los ministerios de seguridad de todo el país”.

A veces, las grandes pasiones nacen en silencio, sin fuegos artificiales, en la intimidad de una búsqueda personal. Así comenzó la historia de Luis Emilio Benavento, un joven de 15 años que, lejos de las inquietudes habituales de su edad, dedica sus días a desentrañar los crímenes que sacudieron a San Francisco y sus alrededores. Su proyecto no es menor: está escribiendo un libro de investigación criminal que recorre hechos trágicos, algunos del pasado reciente, otros que ocurrieron incluso antes de su nacimiento, pero todos con un denominador común: marcaron profundamente a la sociedad.

Estudiante de cuarto año en el Ipem 145 “Dr. Francisco Ravetti”, Luis Emilio confiesa con naturalidad su fascinación por el derecho penal, vocación que asoma con fuerza en cada palabra. “Desde chico me gusta investigar. Veía programas del periodista Ricardo Canaletti y me llamaban mucho la atención. El primer homicidio que investigué fue el de Natalia Vercesi”, recuerda, haciendo referencia a uno de los crímenes más conmocionantes de 2009, cuando Vercesi fue asesinada por su esposo Alejandro Bertotti, con la complicidad de Leonardo Forti.

Ese primer caso fue el punto de partida. Desde entonces, Luis Emilio no paró: bucea en archivos periodísticos, revisa expedientes judiciales y realiza entrevistas a protagonistas directos de las causas. Entre ellos, el exfiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, el médico forense Mario Vignolo y el abogado penalista Mario Ruiz. “Accedí primero a noticias por internet, luego fui recolectando contactos. Me ayudaron mucho con documentos, sentencias, análisis de los casos. Fue clave el apoyo de quienes aceptaron hablar conmigo”, relata a Posta / LA VOZ DE SAN JUSTO.

Con su libro, al que analiza titular “Las otras caras de San Francisco”, el joven autor tiene claro que quiere dejar una huella. “Sería un honor que Alberione escribiera el prólogo”, afirma con una mezcla de admiración y entusiasmo. La profesora Carolina Astegiano lo está guiando en el proceso de edición y será quien publique el libro a través de su editorial.

El enfoque de Luis Emilio es serio, meticuloso y respetuoso. Lejos del morbo o la espectacularización de la violencia, su intención es ofrecer una mirada técnica y objetiva. “No opino, no incluyo impresiones personales. Es un trabajo de análisis judicial y forense. No es literatura ni ficción, y tampoco busco impactar con el dolor, sino entender y recordar”, aclara.

En su investigación se encuentran casos de enorme repercusión como el de Marita Lanzetti, víctima de femicidio hace poco más de una década; el del ginecólogo Daniel Casermeiro, asesinado en circunstancias que aún despiertan preguntas; el misterioso crimen cometido por el veterinario  Hernán Vietti Colomé, con un trasfondo de herencias, sicarios y traiciones familiares; y los asesinatos de Mónica Parolini y Victoria Juncos, que también conmocionaron a la ciudad. Incluso incluye un caso del año 1933, para el cual entrevistó al historiador Arturo Bienedell, del Archivo Gráfico y Museo Histórico.

“Me motiva pensar que estos hechos no deben quedar en el olvido. Recordar es también una forma de concientizar sobre la violencia”

“Mi objetivo es ver desde lo técnico qué pasó, qué elementos se analizaron en las escenas del crimen, cómo actuó la Justicia. Algunos casos ocurrieron cuando yo ni había nacido, pero eso no me impidió interesarme”, explica con claridad. La curiosidad y la vocación son sus motores. “No hay costo emocional en este trabajo, al contrario, me motiva pensar que estos hechos no deben quedar en el olvido. Recordar es también una forma de concientizar sobre la violencia”.

Aunque no entrevistó a familiares de las víctimas, el joven autor asegura que trata cada caso con el máximo respeto. “No quiero afectar a nadie. Espero que si leen mi libro, puedan ver que lo hago desde un lugar sincero, de memoria y aprendizaje”, subraya.

“Espero tenerlo terminado para finales de este año. Me encantaría verlo en una Feria del Libro o en librerías. Ojalá eso pase”

Luis Emilio vive en el barrio Dos Hermanos y, aunque sus familiares y amigos inicialmente vieron su proyecto como algo inusual para su edad, hoy lo acompañan con orgullo. “Me apoyan. Al principio lo vieron como raro, pero entendieron que esto es lo que me gusta”, dice con una sonrisa tímida.

El libro también tendrá un componente visual: contará con ilustraciones de Bruno Reyna, otro talento joven de la ciudad. “Espero tenerlo terminado para finales de este año. Me encantaría verlo en una Feria del Libro o en librerías. Ojalá eso pase”, sueña en voz alta.

Pero más allá de la publicación, hay una semilla que ya ha germinado: Luis Emilio se proyecta en el futuro como abogado penalista, y este primer trabajo ya lo ubica en el camino. “Me gustaría dedicarme al derecho penal. Esta experiencia me está ayudando a ver si de verdad es lo mío… y creo que sí lo es”.

Mientras tanto, sigue escribiendo, investigando, entrevistando. A sus 15 años, no quiere cambiar el mundo de golpe, pero sí aportar su grano de arena. “Me gustaría que este libro sirviera para reflexionar, para pensar, para recordar. Porque hoy sigue habiendo homicidios, femicidios. La violencia está todos los días en la calle. Y si algo de lo que escribo ayuda a que tomemos conciencia, entonces valdrá la pena”.

Una trágica muerte conmocionó a la provincia de La Rioja en la madrugada del sábado, cuando una recién nacida falleció en el Hospital de la Madre y el Niño. La madre de la pequeña, una mujer de 29 años identificada como E.M.O., oriunda de Santa Fe, había ingresado al centro de salud con evidentes signos de intoxicación y posteriormente dio positivo en los análisis toxicológicos por consumo de cocaína y alcohol. La Justicia ha caratulado el caso como posible homicidio agravado por el vínculo y ordenó la detención de la mujer y de su pareja.

Según la información recabada, E.M.O. llegó al hospital el viernes por la mañana, con un embarazo de 39 semanas, tras comunicarse con el servicio de emergencias debido a un malestar. Fue trasladada en ambulancia y acompañada por un hombre de 45 años, J.D.C., quien sería su pareja, aunque éste negó ser el padre biológico de la bebé. El personal médico que los recibió constató que ambos presentaban signos de intoxicación, lo que activó el protocolo correspondiente.

El parto se llevó a cabo mediante una cesárea y la niña nació durante el mediodía. Debido a su delicado estado de salud, la recién nacida fue ingresada de inmediato en el área de neonatología, donde su pronóstico era reservado. Paralelamente, se realizaron análisis toxicológicos a la madre, los cuales confirmaron la presencia de cocaína y alcohol en su organismo. Los resultados fueron comunicados a la Unidad de Asuntos Juveniles.

Lamentablemente, horas después, cerca de la medianoche, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. Tras el deceso, la carátula de la causa se modificó a homicidio agravado por el vínculo, quedando a cargo de la jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2.

La magistrada confirmó a medios locales la aprehensión de la madre, quien permanece internada bajo custodia policial, y la del hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a la alcaidía. Además, reveló antecedentes preocupantes detectados en el hospital: "Tenían un registro de un aborto anterior, se dice que en similares características, en cuanto a que ella habría llegado en un estado similar".

La jueza Flamini calificó la situación como "doblemente alarmante" y señaló que la actitud de la mujer durante la internación no fue colaborativa, sin mostrar señales de conmoción. "Entiendo que puede ser por su situación de adicciones", razonó.

"Ella, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar la integridad de su hija, incluso en los momentos en que no estaba bien. Ella misma se colocó en ese estado", explicó la jueza sobre la situación judicial de la madre, remarcando que el consumo problemático no exime de responsabilidad penal y que se solicitará una pericia psicológica para determinar su estado mental.

En las últimas horas, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Argentino. Durante el operativo, se encontraron envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

Las autoridades también investigan si la pareja estuvo en otro domicilio en los días previos, por lo que no se descartan nuevos allanamientos.

Hasta la noche del sábado, el cuerpo de la bebé permanecía en la morgue judicial sin que ningún familiar se hiciera cargo. La madre manifestó tener una hermana que no desea tener contacto con ella ni hacerse cargo de la niña. Por parte del hombre detenido, sus familiares niegan que sea el padre, lo cual será determinado mediante una prueba de ADN.

El Gobierno Nacional aprobó, a través de la Resolución 448/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Plan 90/10 con la idea de bajar los homicidios en el país. Este programa explica que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país.

El escrito oficial firmado por la ministra Patricia Bullrich, indica que el Plan 90/10 tiene como objetivos específicos “desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal en los territorios seleccionados; recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad donde el Estado ha perdido presencia frente a actores violentos; fortalecer las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el sistema de justicia para mejorar la tasa de esclarecimiento y sanción de los homicidios intencionales; disminuir la circulación y uso ilegal de armas de fuego; reducir los factores de riesgo que generan violencia letal, desarrollar políticas de prevención y aumentar los niveles de confianza y cooperación entre la comunidad y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

Se detalló que las primeras jurisdicciones que tendrán partida con este plan son Rosario, Santa Fe y San Miguel de Tucumán; los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y General Pueyrredón; sumado a los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras en la provincia de Mendoza, además de la ciudad de Córdoba.

En la Resolución, el Gobierno Nacional remarcó que, aunque en términos generales, “la tasa de homicidios en Argentina se mantiene en niveles relativamente moderados comparada con otros países de la región”, pero todavía “persisten focos críticos en ciertas áreas urbanas y territorios con alta vulnerabilidad social”.

En este marco, describen que “el fenómeno de los homicidios presenta una distribución geográfica desigual, con tasas más altas, donde la combinación de factores como la narcocriminalidad y la marginalidad social favorecen el control territorial por parte de los grupos criminales”.

“Los homicidios suelen estar asociados a otras formas de violencia, como la violencia intrafamiliar y/o la violencia juvenil. Esta violencia, a su vez, retroalimentan un ciclo que aumenta la probabilidad de incidentes letales, por lo que es fundamental abordar estas dinámicas para tener un impacto sostenible en la reducción de homicidios”, destacaron.

Frente a este escenario, sostienen que el Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada, más conocido como Plan 90/10, tiene como objetivo reducir de manera significativa los niveles de homicidios intencionales y la violencia relacionada en los territorios prioritarios, mediante una intervención integral que articule políticas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional.

“Dicho Plan se erige como una respuesta integral, basada en evidencia para reducir no solo las tasas de homicidios intencionales, sino también los factores asociados a la violencia en los territorios más afectados, sin dejar de atender demandas específicas de inclusión realizadas por los gobernadores provinciales a partir de evidencia empírica que surgen de fuentes de datos provinciales”, concluye el escrito.

El Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) informa que en el primer bimestre del corriente año los homicidios en Córdoba se redujeron en un 37,5% respecto al mismo período del año anterior.

En efecto, en los meses de enero y febrero del año pasado se produjeron 24 asesinatos, 12 homicidios en cada mes.

En los dos primeros meses del corriente año se produjeron 15 homicidios, 5 en enero y 10 en febrero.

Los datos presentados provienen de denuncias registradas por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía provincial al sistema Nacional de Información Criminal.

En enero de 2024, se registraron 12 homicidios dolosos, de los cuales 6 (50%) fueron con arma de fuego; 3 (25%) con arma blanca; 1 (8,33%) por arrollamiento y 2 (16,67%) por golpes de puño.

En febrero de 2024, se registraron 12 homicidios doloso, de los cuales 8 (66%) fueron con armas de fuego; 3 (25%) con arma blanca y 1 (8,33) con una piedra.

En enero de 2025, se registraron 5 homicidios, de los cuales 3 (60%) fueron con armas de fuego y 2 (40%) fueron con arma blanca.

En febrero de 2025, se contabilizaron en la provincia 10 homicidios dolosos, de los cuales dos (20%) fueron con armas de fuego; 1 (10%) con arma blanca; 1 (10%) con quemaduras; 1 (10%) por golpes de puño; 1 (10%) con el uso de un objeto contundente y 4 (40%) aún no se determinó.