La dirigencia del cordobesismo participó de la movilización realizada en Córdoba en defensa del financiamiento universitario y en reclamo de mayores recursos para las universidades públicas.

La senadora nacional Alejandra Vigo estuvo acompañada por el diputado nacional Ignacio García Aresca y el presidente provisorio de la Legislatura provincial, Facundo Torres, junto a un nutrido grupo de dirigentes del peronismo local.

Una publicación compartida de Ignacio García Aresca (@ignaciogarciaaresca)

En el marco de la marcha, Vigo manifestó: “Apoyamos el reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno nacional”.

Por su parte, García Aresca sostuvo: “Frente a la negativa del Gobierno Nacional por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, nos toca defender en la calle lo que ya defendimos en el Congreso”.

Además, agregó: “La educación pública, las universidades, la ciencia y la formación técnica son un pilar fundamental del progreso de Córdoba y el país. Desfinanciarlas y ajustarlas es poner en riesgo nuestro futuro”.El diputado nacional dijo: “Defender nuestras universidades es defender nuestra soberanía”.

La controversia por el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores sumó un nuevo capítulo en los últimas horas, luego de que publicaciones incluyeran al diputado de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca, entre los dirigentes que habrían accedido a financiamiento.

Frente a estas versiones, el legislador oriundo de San Francisco salió a aclarar su situación y rechazó las interpretaciones que lo vinculan con posibles beneficios irregulares. En ese sentido, remarcó que los préstamos obtenidos no corresponden a líneas hipotecarias y que, en su mayoría, fueron otorgados por entidades privadas.

“Quiero aclarar que los créditos que obtuve nunca fueron hipotecarios, sí son prendarios, para capital de trabajo ligados a la actividad agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas”, sostuvo García Aresca en su cuenta de X. En la misma línea, agregó que “la información que brinda el Banco Central no discrimina la cualidad de los créditos”, lo que —según explicó— puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Quiero aclarar que los créditos que obtuve NUNCA fueron hipotecarios, si son PRENDARIOS, para capital de trabajo ligados a la act. agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas.La info que brinda BCRA, no discrimina la cualidad de los créditos.

El diputado también detalló el destino de los financiamientos, vinculándolos directamente con su actividad productiva. “Con John Deere por un tractor y una pulverizadora, reitero prendario; con banco Nación un crédito prendario adjudicado hace años para la compra de una fertilizadora”, precisó.

"En la actualidad, el sector agropecuario se encuentra en constante transformación gracias al avance tecnológico y la incorporación de maquinaria cada vez más eficiente. Esta evolución es indispensable para mejorar la productividad, optimizar el uso de los recursos y sostener la competitividad en un contexto cada vez más exigente. En este sentido, el acceso al crédito prendario se vuelve una herramienta clave para los productores - sostuvo García Aresca-. La posibilidad de financiar maquinaria, equipos e innovaciones tecnológicas permite acompañar este proceso de modernización, asegurando la continuidad y el crecimiento de la actividad".

"Dichos créditos son accesibles gracias al cumplimiento y al historial crediticio construido a lo largo del tiempo, lo que refleja responsabilidad financiera y compromiso con las obligaciones asumidas. Por lo tanto, la toma de créditos prendarios no constituye un endeudamiento aislado, sino una inversión estratégica orientada a fortalecer la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, en beneficio, no solo del productor, sino también de la economía nacional en su conjunto", siguió.

"Continuaré recurriendo a este tipo de financiamiento como una herramienta necesaria para seguir incorporando tecnología, mejorar las condiciones de producción y sostener un proceso de crecimiento continuo dentro de la actividad", afirmó por último.

La polémica se da en un contexto más amplio, a partir de una denuncia presentada por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien solicitó a la Justicia que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios y legisladores del oficialismo.

En su presentación, Frade advirtió sobre “la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos” respecto de créditos otorgados por el Banco Nación, que “podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas”. Por ello, pidió que se impulse una investigación penal para determinar si existieron beneficios indebidos o conflictos de interés.

/ Acceso al crédito como motor del desarrollo agropecuario / pic.twitter.com/uccL5jiX54

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran funcionarios y legisladores que, según la información difundida, habrían recibido montos que oscilan entre los 100 y los 500 millones de pesos. Sin embargo, algunos de los involucrados, como los diputados Mario Campero y Alejandro Bongiovanni, rechazaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a los créditos, negando haber recibido trato preferencial.

Además, Frade solicitó que se requiera al Banco Nación la totalidad de los legajos crediticios de los involucrados, así como las actas de directorio en las que se aprobaron las operaciones. También pidió la intervención de peritos contadores para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad y si se respetaron las normativas vigentes.

En ese marco, la discusión continúa abierta mientras avanza el pedido de investigación, con el foco puesto en esclarecer las condiciones en que se otorgaron los créditos y descartar posibles irregularidades en el sistema financiero público.

En la sesión de la Cámara de Diputados que se realiza este jueves para avanzar con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tres legisladores del sector político vinculado al gobernador de Córdoba Martín Llaryora no están presentes, según fuentes parlamentarias.

Entre los ausentes figuraron Juan Schiaretti, quien había asumido recientemente su banca, el sanfrancisqueño Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.

Según las versiones recogidas en el Congreso, la ausencia de los tres diputados resultó estratégica en un contexto en el que el oficialismo necesitaba alcanzar el quórum mínimo para habilitar la sesión. La falta de estos representantes alivió los números para el oficialismo, que consiguió los apoyos necesarios para abrir el debate y avanzar en el tratamiento del proyecto legislativo.

Sobre las razones de las ausencias, se consignó que Torres se encontraba en España por un compromiso vinculado a una ONG, mientras que Schiaretti habría alegado problemas de movilidad debido al paro de aviones en el marco de la huelga de CGT. Por su parte, desde el entorno de García Aresca, hasta el momento, no se informó oficialmente el motivo de su ausencia.

Garcia Aresca ya había faltado el miércoles al plenario de comisiones en el que se emitieron los despachos para la sesión de este jueves. Así, la representación del oficialismo provincial en Diputados quedó reducida a la mitad: Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge sí ocuparon sus bancas.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tras la media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional por Córdoba Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), que votó a favor, defendió la iniciativa pero puso el foco en un punto clave: sin financiamiento y políticas de contención social, la reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Además, en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO se refirió al escenario que se abre en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, un tema que promete un nuevo y fuerte cruce político.

—Usted votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué lo llevó a acompañar esa medida?

Lo debatimos mucho dentro del bloque. Nuestra mirada fue fijar la edad en 14 años. El Gobierno nacional planteaba 13, pero había un consenso amplio en que fueran 14. Incluso lo hablamos con distintos sectores, como la Iglesia. La clave es que no sea una imputabilidad igual a la de un adulto: un chico de 14 años no puede ser tratado como alguien de 25 o 30.

—¿Qué plantearon concretamente en ese sentido?

Procesos judiciales diferenciados. Nosotros propusimos que la pena sea progresiva según la edad. Para los 14 años, el 50% de la condena; a los 15, dos tercios; y recién a los 16 y 17, un esquema similar al de los mayores. La idea es que no se aplique automáticamente la pena máxima del Código Penal de adultos.

—Desde sectores críticos sostienen que criminalizar más temprano no resuelve el problema de fondo.

El problema es mucho más profundo. Hoy vemos situaciones sociales muy complejas, sobre todo en las grandes ciudades. Chicos de 10, 11 o 12 años que están en la calle, sin contención del Estado. Cuando el Estado se retira, estas realidades se agravan. Por eso la ley no puede ser solo punitiva: tiene que ir acompañada de políticas sociales, educativas y de contención.

—Usted advirtió especialmente sobre el financiamiento.

Ese es el punto central. Esta es una ley nacional, pero la implementación queda en manos de las provincias. Hablamos de juzgados especializados, establecimientos adecuados, más personal, psicólogos, docentes. Todo eso cuesta dinero. Si Nación impulsa la ley pero se desentiende del financiamiento, el problema se traslada a las provincias.

—Córdoba ya está avanzando en infraestructura.

Sí, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento moderno para jóvenes con medidas privativas de la libertad. Solo la obra ronda los 18 mil millones de pesos, sin contar equipamiento ni personal. Para todo el país se hablaba de 23 mil millones: claramente no alcanza. Por eso decimos que hay que hacer las cosas bien, respetando estándares internacionales y pensando en la reinserción social.

—     Otro debate llega ahora a Diputados: la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto?

La reforma laboral hay que discutirla artículo por artículo. Creemos que hacen falta cambios, pero sin tocar derechos adquiridos. Nadie va a perder derechos. El desafío es adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar previsibilidad, especialmente a las pymes. Hay puntos con los que no estamos de acuerdo y que vamos a plantear en el recinto.

—¿Puede generar más empleo?

—No es mágica. Una reforma laboral por sí sola no va a bajar de golpe la informalidad. El empleo va a crecer cuando mejore la situación económica general. La reforma es una herramienta más, no la solución única.

—¿Se viene un año de tensiones con Nación?

Córdoba siempre recamará lo que le corresponde. No pide de más, pide lo que le corresponde. Subsidios al transporte, fondos para rutas, recursos coparticipables, la deuda con la Caja de Jubilaciones. Aportamos muchísimo y recibimos muy poco. Ese va a ser un eje permanente en el Congreso. Va a ser un año de debates fuertes. Pero nuestra postura es clara: defender a Córdoba y a los cordobeses. No resignar lo que es nuestro y discutir cada ley con responsabilidad, mirando el impacto real en la gente. Entre los principales puntos aparece la deuda previsional con la Caja, que el Estado nacional mantiene desde hace años por el incumplimiento de los acuerdos firmados para cubrir el déficit del sistema. A ese planteo se suma la discusión por los recursos que provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que grava, entre otros productos, el precio de la nafta. Una porción de ese tributo tiene asignación específica y debería volver a las provincias para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y políticas de transporte, pero esos fondos no están llegando en la magnitud prevista o directamente no se ejecutan. El impuesto a los combustibles impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, pero también es una fuente clave de financiamiento federal. La Nación sigue percibiendo el tributo mientras transfiere menos recursos, trasladando a las provincias el costo político y económico del deterioro de la infraestructura y del transporte. El ajuste fiscal nacional no puede sostenerse a partir de retenciones encubiertas sobre

mpuestos coparticipables.

Ignacio García Aresca renovó este miércoles su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, en un contexto político marcado por cambios dentro del Gobierno de Córdoba. La reconfiguración del gabinete provincial quedó sellada en las últimas horas con la confirmación de que Miguel Siciliano será el nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional . El dirigente, electo diputado nacional por Provincias Unidas en octubre, finalmente no asumirá su banca, la cual quedará en manos de García Aresca.

En la sesión preparatoria, además, prestaron juramento ocho legisladores por Córdoba. Por Provincias Unidas lo hicieron, además de García Aresca, Carolina Basualdo. Juan Schiaretti estuvo ausente, ya que se recupeta de la cirugía. En representación de La Libertad Avanza juraron Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. También lo hizo Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba, luego de haber sido reelegida en los últimos comicios.

Tras oficializar su continuidad en el Congreso, García Aresca manifestó públicamente su compromiso de "seguir representando la voz de los cordobeses". Sostuvo que su labor en la Cámara continuará alineada al proyecto político y de gestión que encabeza Martín Llaryora, centrado —según expresó en sus redes— en "el trabajo, la previsibilidad y el sentido común como bases para consolidar el desarrollo provincial".

El legislador remarcó que su tarea desde el bloque Provincias Unidas se orientará a llevar al Congreso "la mirada de las provincias productoras, aquellas que generan empleo y sostienen el motor económico del país". En esa línea, señaló que seguirá defendiendo "los intereses de los sectores productivos y de las economías regionales", así como "el federalismo como condición indispensable para lograr un país más equilibrado".

Una publicación compartida de Ignacio García Aresca (@ignaciogarciaaresca)

La reconfiguración del gabinete provincial quedó sellada en las últimas horas con la confirmación de que Miguel Siciliano será el nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba. El dirigente, electo diputado nacional por Provincias Unidas en octubre, no asumirá finalmente su banca, que quedará en manos de Ignacio García Aresca, tal como había trascendido la semana pasada.

“El gobernador Martín Llaryora me pidió que lo acompañe en la gestión para tratar que el gobierno logre una mejor vinculación con la vida institucional en la provincia”, expresó Siciliano este martes al oficializarse su designación. Consultado por su función, aclaró: “No sé si la palabra es vocero. Es un rol que estoy acostumbrado a ocupar. Siento que cuando sos parte de un Gobierno tenés que hablar de los temas. A veces son buenos y a veces son complicados”.

La decisión de Llaryora de crear el Ministerio de Comunicaciones llegó acompañada por una serie de cambios que buscan mantener equilibrado el organigrama estatal. En ese marco, el mandatario definió la fusión de dos carteras: Sergio Busso, actual ministro de Bioagroindustria, absorberá también el Ministerio de Producción. Su titular, Pedro Dellarossa, pasará al directorio del Banco de Córdoba.

Mientras tanto, las sillas que deja vacías Siciliano dentro del esquema legislativo ya tienen nuevos ocupantes. La presidencia del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba quedará en manos de Facundo Torres, quien actualmente se desempeña como presidente provisorio de la Unicameral. En consecuencia, la tercera autoridad provincial será Juan Manuel Llamosas, que asumirá el lugar que Torres deja en la Legislatura.

Este domingo 26 de octubre Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, y San Francisco tendrá una presencia inédita: seis dirigentes locales integran distintas listas que buscan representación en el Congreso. Sin embargo, según las principales encuestas, las chances de que alguno de ellos logre ingresar son reducidas.

Los sanfrancisqueños que compiten son Ignacio García Aresca  (Provincias Unidas), Camila Sol Pérez (Pro), Pablo Martelli (Partido Demócrata), Germán Cassinerio (Partido Libertario), Guillermo Quiroga (La Libertad Avanza) y Norma Ghione (UCR). La diversidad de espacios refleja la dispersión política local, aunque también marca un escenario donde las posibilidades concretas de acceder a una banca son limitadas.

De todos ellos, García Aresca —actual diputado que concluye su mandato en diciembre— es quien figura en una posición con alguna expectativa. Ocupa el quinto lugar en la lista de Provincias Unidas encabezada por Juan Schiaretti, pero su continuidad dependerá de un resultado extraordinario: la fuerza debería imponerse con una amplia diferencia y superar el 30% de los votos a nivel provincial para lograr un quinto escaño, algo que hoy las encuestas no anticipan.En el caso del Pro, Camila Sol Pérez ocupa el segundo lugar en una boleta que, de acuerdo con los sondeos, no alcanzaría los votos necesarios para obtener representación. Algo similar ocurre con Pablo Martelli, primero en el Partido Demócrata, y Germán Cassinerio, tercero en el Partido Libertario, cuyas fuerzas figuran con bajos porcentajes en la intención de voto provincial.

Norma Ghione, cuarta en la lista de la Unión Cívica Radical, también enfrenta un panorama complejo. Desde el propio espacio radical reconocen que el objetivo principal es mantener una sola banca, por lo que la dirigente sanfrancisqueña se encuentra fuera de toda posibilidad concreta.

Por su parte, Guillermo Quiroga ocupa el noveno puesto en La Libertad Avanza, espacio que encabeza Javier Milei a nivel nacional y que se ubica entre las fuerzas con mejor intención de voto. Sin embargo, ese lugar en la lista está muy lejos de los posibles ingresos, de modo que su participación se limita a un acompañamiento político dentro del armado libertario.Aunque el escenario electoral no les resulte favorable, la presencia de seis dirigentes locales en listas nacionales es un hecho inédito que demuestra la creciente inserción política de San Francisco en la vida partidaria provincial.

Más de 900 personas colmaron el pasado domingo el salón de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco para participar de un té-bingo organizado por la agrupación Provincias Unidas San Francisco. El evento contó con la presencia del intendente Damián Bernarte y del candidato a diputado nacional Ignacio García Aresca, y fue interpretado por los organizadores como una contundente muestra de respaldo a la gestión local y a las propuestas políticas de cara a los próximos comicios.

 Durante su discurso, Bernarte agradeció la participación y destacó la relevancia del compromiso cívico: “Ver este salón lleno nos da una fuerza increíble. Por eso es fundamental que este apoyo se traslade a las urnas. Tenemos que votar por Córdoba, por nuestros candidatos que son los que realmente nos van a defender y trabajarán por los intereses de nuestra gente”, expresó el mandatario.

 Por su parte, García Aresca reforzó la idea de unidad y la importancia de la participación ciudadana, y aseguró que la masiva convocatoria reflejaba la valoración de la comunidad hacia su propuesta: “Esta increíble convocatoria es la prueba de que estamos en el camino correcto y de que la gente valora el trabajo y el compromiso. Llevaremos la voz de cada uno de ustedes para gestionar y defender lo que a San Francisco y a nuestra provincia le corresponde”, señaló.

 El evento, además de su carácter recreativo y comunitario, se consolidó como un acto de respaldo político a la gestión de Bernarte y a la candidatura de García Aresca, generando un fuerte impulso en la previa de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

“Esta obra significa una alegría para nosotros. A mí también me ha tocado ser intendente. Y también la cantidad de viajes que hacía Córdoba y transitaba esta ruta. Para mí es una alegría muy grande poder dar inicio para terminar la ruta”, expresó el diputado nacional Ignacio García Aresca durante el acto de inicio de los trabajos de los dos tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19, que une San Francisco con Córdoba.

 El proyecto, que había sido abandonado por el Gobierno Nacional, será finalizado con recursos propios de la Provincia de Córdoba, según se anunció oficialmente. La decisión fue celebrada por García Aresca, quien subrayó la importancia estratégica de la obra para la región y la producción.

 En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el legislador cuestionó con firmeza el modelo del presidente Javier Milei, a quien acusó de haber abandonado la obra pública como política de Estado. “Un gobierno que realmente se desentendió totalmente de la obra pública. Nosotros en la Cámara de Diputados lo habíamos presentado como presupuesto la finalización de esta autopista. Y realmente en dos años no tuvimos presupuesto. El Presidente en todas las declaraciones dijo que la obra pública no era prioridad para este gobierno”, sostuvo.

 En ese sentido, destacó el contraste con la política provincial: “Para nosotros, como gobierno provincial, más allá del equilibrio fiscal —que lo tenemos en Córdoba—, nuestra prioridad es trabajar por el interior del interior”, afirmó García Aresca.

El diputado también hizo hincapié en la inequidad fiscal que, a su entender, afecta a la provincia. “Los recursos que aporta Córdoba tendrían que volver en obras, y no vuelven. Así que el compromiso nuestro es seguir trabajando para que ese recurso vuelva”, señaló.

 Finalmente, reiteró que la provincia apuesta a la infraestructura y al desarrollo como ejes de crecimiento: “En Córdoba apostamos a la infraestructura y desarrollo. Y queremos que el Gobierno Nacional devuelva en obras públicas a los ciudadanos lo que pagan con los impuestos. Este modelo de Gobierno es inentendible”, expresó.

 Y concluyó con un reclamo enfático: “También lo que los productores agropecuarios y el transporte aportan en concepto de retenciones o con cada litro de nafta o gasoil… cero pesos vienen desde la Nación”.

En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Ignacio García Aresca puso de relieve su alineamiento político con Juan Schiaretti y Martín Llaryora. El dirigente sanfrancisqueño, exintendente y actual diputado nacional, aseguró que el exgobernador “es quien mejor puede trasladar lo que hizo en Córdoba al plano nacional”.

“No hay mejor verdad que una realidad y la realidad es que Juan Schiaretti es quien mejor va a poder llevar lo que hizo en Córdoba al plano nacional. El modelo Córdoba, esto de trabajar, de abrir, de escuchar a los distintos sectores, él lo va a poder plasmar en el Congreso, que de diciembre en adelante será una Cámara de Diputados donde también se necesitarán consensos”, expresó Aresca en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El legislador recordó que ningún espacio tendrá mayoría absoluta en la próxima conformación de Diputados y que allí “será clave la figura de Schiaretti, alguien que ha demostrado capacidad de gestión y de consenso, no solo para Córdoba sino para todos los gobernadores”.

Aresca ocupa el quinto lugar en la lista de Provincias Unidas, una coalición integrada por 14 partidos y encabezada por Schiaretti con el sello de Martín Llaryora. “Estoy muy contento”, aseguró sobre su posición en la boleta. “Juan lo demostró con los cordobeses. Hoy va a trascender, va a tener una visión nacional y la posibilidad de que Argentina tenga a una persona que demuestre lo que se hizo en Córdoba y que se puede trasladar a la Argentina. Eso es muy bueno”, insistió.

“Los extremos no conducen a nada”

El diputado planteó una visión crítica sobre la polarización política: “Antes era el kirchnerismo, ahora el péndulo va de un lado a otro y no es bueno. Los que más sufren son los ciudadanos. Nosotros creemos que se puede ir por el centro: escuchar, proponer y dialogar. Eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

Agregó que apoyar la institucionalidad no significa avalar todas las medidas de un gobierno. “Vamos a seguir defendiendo lo que hicimos en nuestra provincia. No tiene nada de malo que opinemos distinto. Nosotros decimos que tiene que haber superávit, y lo demostramos en Córdoba y en San Francisco. Pero no podemos pensar que por buscar el superávit dejemos afuera cuestiones como la discapacidad o la situación de los jubilados”, señaló.

Aresca remarcó que es necesario tener “criterio” a la hora de definir prioridades fiscales. “¿A qué costo? ¿La discapacidad? Estamos hablando de un 0,02% del PBI. No podemos dejar de atender esa emergencia. Tampoco a los jubilados, que perdieron un 7% en su momento. Tenemos que darles ese aumento y acompañar con un bono. El equilibrio fiscal debe ir de la mano de la inclusión”, subrayó.

Consultado sobre la decisión de su compañera de bloque, Natalia de la Sota, de competir por fuera con su lista Defendamos Córdoba, el diputado admitió: “Me sorprendió. Creo que no será fácil, porque fue parte de un gobierno durante todo el tiempo y hoy está afuera. Es su decisión, y el tiempo dirá si le dio la razón o no”.

Aunque se descuenta que tras diciembre tendrá un rol en la gestión provincial de Martín Llaryora, Aresca no adelantó definiciones: “Soy parte de un proyecto. Después de la elección veremos cómo termina todo y ahí me pondré a trabajar con Juan, Martín y todos los intendentes de la provincia. Lo importante es seguir sumando para los cordobeses”.

“Desde nuestro espacio sostenemos que la defensa de la educación pública es una bandera innegociable”, expresó el diputado nacional Ignacio García Aresca (Encuentro Federal) tras la tensa sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que terminó en escándalo y empujones entre legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP).

En ese marco, los bloques opositores, junto a aliados de LLA y parte del radicalismo, lograron aprobar los emplazamientos a comisiones para que se dictaminen la próxima semana los proyectos de financiamiento para universidades y la declaración de emergencia del hospital Garrahan.

García Aresca celebró el avance parlamentario pero lanzó una chicana directa a Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical: “@rodrigodeloredo, otra vez dice una cosa y hace otra”, escribió en redes. La crítica apuntó a la postura ambigua de algunos legisladores radicales, que rechazaron el tratamiento sobre tablas pero luego apoyaron los emplazamientos.

La sesión se tensó desde el inicio y terminó levantándose tras un enfrentamiento físico. Aresca remarcó que “no tener ley de financiamiento universitario es desconocer el valor que las universidades aportan en cada comunidad”. La oposición logró 168 votos para avanzar con el tema, mientras el oficialismo perdió el control del debate.

En un contexto de creciente tensión por el anuncio del Gobierno nacional de restituir los niveles de retenciones a la exportación de productos agrícolas, el diputado nacional Ignacio García Aresca volvió a bajar a la provincia de Córdoba para participar de la Comisión de Agricultura de la Legislatura. Allí defendió un proyecto presentado por el Bloque Federal en el Congreso que propone una reducción escalonada de estos tributos.

“Continuemos trabajando entre todos para continuar la prórroga; y nos sentemos a seguir discutiendo una baja progresiva junto a las entidades agropecuarias”, señaló Aresca ante los legisladores. En su intervención, hizo hincapié en el rol fundamental del interior productivo: “Confíen que los recursos en manos de los productores dinamizan las economías locales y son el motor del interior del interior”.

La reunión culminó con la aprobación de una declaración de apoyo a la eliminación total de las retenciones, que será tratada en una sesión especial este miércoles. Participaron referentes de diversas entidades del agro como Federación Agraria, Coninagro, Bolsa de Cereales y Sociedad Rural, quienes denunciaron que las retenciones son “inequitativas, distorsivas e inconstitucionales”.

Aresca, que cuenta con la confianza del gobernador Martín Llaryora, también destacó que su participación “no tiene nada que ver con los colores políticos” y que su único objetivo es “defender la producción y el trabajo de miles de cordobeses”. Subrayó que “lo que aporta el campo es muy significativo, debe quedar en manos de los productores”.

El encuentro estuvo encabezado por Mariano Ceballos Recalde, presidente de la Comisión, y contó con la presencia de legisladores de todas las fuerzas. Miguel Siciliano, jefe del bloque oficialista, anunció que este miércoles se pondrá a consideración un proyecto para solicitar formalmente al Gobierno nacional la eliminación de estos derechos de exportación.

Mientras tanto, sectores políticos comenzaron a especular sobre las motivaciones detrás del nuevo desembarco de Aresca en la escena provincial. Por ahora, todo indica que habrá que esperar nuevos movimientos.

El PRO fracasó este miércoles en su intento de aprobar en la Cámara de Diputados la ley de Ficha Limpia, que habría impedido a Cristina Kirchner presentarse como candidata debido a su condena por corrupción. El proyecto no alcanzó el quórum necesario, quedando a un solo voto de ser discutido. Sin la sanción de la norma, la decisión sobre la expresidenta recaerá ahora en la Corte Suprema de Justicia.

Rodrigo De Loredo, diputado de la UCR, aprovechó la ausencia de dos diputados cordobeses del oficialismo para cargar contra el gobernador Martín Llaryora. "Nos faltó un voto para el quórum. Faltaron dos diputadas del gobernador. Como los teros, dice una cosa y hace otra. Hace años que se resisten a que se apruebe la Ficha Limpia en Córdoba", señaló De Loredo.

Ignacio García Aresca, del oficialismo, salió al cruce: "De Loredo miente. No sabe cómo hacer pie en Córdoba ni en Diputados. Elucubra fantasmas para imponer conductas que ni él puede controlar. Ahora dice que trabaja para ser gobernador, sería bueno que nos diga cuándo trabaja para los cordobeses", afirmó.

La sesión, que también incluía otros proyectos de interés para el PRO, como el de reincidencia delictiva y el voto postal en el exterior, fracasó tras un tenso cruce entre los diputados. Aunque algunos sectores del PRO intentaron salvar la sesión, la falta de algunos legisladores clave, como el santafesino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres y Natalia De la Sota, impidió el debate. Lospennato, impulsora de la Ficha Limpia, aseguró que insistirán con una nueva sesión: "No peleamos ocho años para rendirnos por dos problemas de salud", declaró.

El proyecto de la Ficha Limpia, que busca prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupción, podría aún ser resuelto por la Corte Suprema. En caso contrario, la fecha límite para el cierre de listas de cara a las elecciones legislativas de 2025 es el 25 de mayo.

Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.  La iniciativa, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos  ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de  caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.   

El pedido de una limitación para ser candidatos a aquellas personas con sentencia de segunda instancia empezó a discutirse en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y ex ministro de Planificación Federal del  kirchnerismo Julio de Vido. 

A partir de ahí hubo varios intentos para avanzar en el proyecto de Ficha Limpia, pero recién ahora parece haber vocación para  intentar aprobar esa iniciativa en el Congreso.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Ignacio García Aresca, diputado nacional por Córdoba más cercano al gobernador Martín Llaryora, reafirmó su rechazo al veto del Ejecutivo nacional a la ley que restituía los recursos recortados a las universidades este año. “Es fundamental que las universidades cuenten con los recursos necesarios para seguir funcionando y formando a nuestros jóvenes”, subrayó.

García Aresca, que integra el bloque de Encuentro Federal, expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei. “No estamos de acuerdo con las partidas destinadas a cada área, ni con la proyección de la tasa de inflación para 2025. Esto es una hoja de ruta que nos debe guiar”, manifestó.

Cuando se le preguntó sobre la voluntad del Gobierno para que el Presupuesto sea aprobado, el diputado fue claro: “No es bueno que Argentina no tenga Presupuesto. Es fundamental para establecer un lineamiento claro de Gobierno. Los inversores lo exigen para entender nuestras políticas”. Recordó las dificultades del año pasado, cuando la falta de un presupuesto llevó a la emisión de un DNU que condicionó la gobernabilidad. “Este año sí o sí tuvieron el tiempo para tener un presupuesto”, sostuvo.

García Aresca también criticó la falta de garantías en el proyecto para saldar las deudas con las provincias. “El artículo 59 menciona un crédito de $254.421 millones, que consideramos totalmente insuficiente para las trece provincias que tienen deudas con el Estado nacional”, lamentó. Detalló que “la Nación debe actualmente $514.000 millones a la Caja de Córdoba. Desde diciembre, la deuda es de $174.000 millones, surgiendo durante el gobierno de Milei. Cada mes deberíamos recibir $18.000 millones que no llegan. Esto es inaceptable, ya que todos nuestros activos se aportan a Anses, pero no se retorna lo que corresponde”.

Durante la charla, el ex intendente de San Francisco también cuestionó la asignación de recursos en el presupuesto propuesto por el Gobierno, que, según él, no contempla financiamiento para áreas esenciales como educación y obra pública. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda “escuchamos a los ministros, pero no al ministro de Economía, (Luis) Caputo”, reclamó. García Aresca resaltó que “el presupuesto contempla $545.000 millones, que solo alcanza para cubrir una parte del déficit de la caja jubilatoria de Córdoba”.

Además, advirtió sobre la falta de recursos que afecta a las universidades: “El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) reclama $7,2 billones, pero el Gobierno solo asignó $3,8 billones. Esto afecta a los estudiantes y a la calidad educativa”.

Con respecto a la discusión sobre de dónde se pueden obtener los fondos, García Aresca afirmó: “Nosotros no le estamos pidiendo nada que no pueda llevarse a cabo. Dentro del dictamen que vamos a presentar en el bloque, vamos a decirle de dónde se va a sacar el dinero”. 

El diputado destacó la importancia de no tener déficit, pero enfatizó que no se debe lograr a expensas de las universidades ni de las cajas jubilatorias. “No a costa de las asignaciones que ya están y que no vuelven a las provincias”, reiteró, como la asignación de fondos al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, el subsidio al transporte. García Aresca propuso que si el Gobierno no puede garantizar el retorno de las asignaciones, deberían eliminarse para reducir el costo del combustible: “Si no vuelve, que la saquen, y quede más barato el precio del gasoil, del combustible y de la nafta a los vecinos de todo Córdoba”. 

García Aresca compartió su perspectiva sobre la situación de las universidades en Argentina y la necesidad de un diálogo constructivo en medio de las tensiones políticas. “No estamos en contra de las auditorías, de la transparencia. Y si hay alguien que comete algún error, que también lo pague, pero que no se manche al sistema universitario por una situación”, afirmó. Destacó que la falta de designación de auditores por parte del Congreso es un tema que el Gobierno debe abordar con urgencia: “A los tres que faltan en la Auditoría General de la Nación los tiene que designar el Congreso junto al Ejecutivo; pero el Gobierno no se ha enfocado en resolver ese tema”.

El presupuesto presentado por el Gobierno asigna $3,8 billones a las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita $7,2 billones. “Hay que encontrar un equilibrio y eso se consigue sentándose en una mesa a dialogar. Pero el Gobierno no entiende eso. Para ellos es, sí o no. Y quien más pierde no es ni el Gobierno, ni los decanos, son los chicos que están estudiando”, lamentó el diputado.

García Aresca exaltó que la educación es fundamental para el crecimiento de las comunidades. “Las ciudades necesitan mano de obra calificada y muchas veces no vienen de otro lado a vivir al interior. Entonces, cuando hay universidades que le dan la posibilidad de que se queden en su lugar, generás un círculo virtuoso entre lo que estudiás y lo que producís”, indicó.

Mencionó el papel de Córdoba en la expansión educativa: “Córdoba está abriendo cada vez más universidades, como la Universidad Provincial. En San Francisco, por ejemplo, el Cusf (Centro Universitario) se transformó en el Cres (Centro Regional de Educación Superior). Esto ha permitido que muchas familias, que no tenían antecedentes de estudios, ahora tengan la posibilidad de acceder a la educación”.

“No hay crecimiento de una comunidad si no es con educación”, sentenció. 

En medio de un clima político polarizado, García Aresca recalcó la importancia del diálogo. “Hoy estamos en una polarización donde se plantea que, o estás con Milei o no estás. Nosotros no pensamos así. Queremos que les vaya bien a los argentinos y eso se logra sentándose a dialogar”, instó. Además, expresó su apertura a colaborar con el Gobierno: “Si el Gobierno nacional quiere encontrar un acuerdo, estamos abiertos a ello. Queremos que Milei cumpla su mandato, pero también que haya disensos y espacios de negociación. Al presidente Javier Milei le pido diálogo”. 

Sobre el liderazgo de Juan Schiaretti, García Aresca no ocultó su admiración por el ex gobernador: “Lo mejor que nos hubiera pasado es tener un presidente como Schiaretti. Ha demostrado cómo crecer en medio de crisis”. A su vez, dejó entrever sus propias aspiraciones políticas: “Cumpliré mi mandato en el Congreso y luego estaré donde el proyecto me necesite”.

El diputado también subrayó la importancia del sector privado en el crecimiento económico. “Sin el sector privado es difícil que el sector público avance. Necesitamos un equilibrio entre lo público y lo privado, como ya se ha visto en ejemplos exitosos como YPF”, agregó.

García Aresca advirtió sobre la polarización actual en la política argentina: “Cuando empezás a pensar en lo político sobre la gente, estás polarizando. O estás de un lado o estás del otro”. En este sentido, insistió en que su bloque no se identifica ni con el kirchnerismo ni con Milei. “Nosotros lo único que pensamos es que le vaya bien a los argentinos. Y se logra sentándose en una mesa de diálogo para encontrar soluciones”, afirmó.

El diputado se mostró crítico sobre la falta de diálogo en la actualidad: “Hoy no hay diálogo. En cambio, en Córdoba escuchamos a la gente, las entidades, las instituciones, el campo... Muchos proyectos salieron con el apoyo del sector privado. El de Córdoba es un modelo a seguir”.

Al finalizar la entrevista, Aresca reflexionó sobre su futuro político de cara a las elecciones legislativas de 2025 y su compromiso con su provincia: “San Francisco tiene un gran intendente, Damián Bernarte. Tener un gobernador como Martín Llaryora y un diputado nacional de San Francisco es un proyecto importante. Cuando termine mi mandato en el Congreso, estaré en el lugar que el proyecto me necesite”.

Con un enfoque claro en la educación y la necesidad de diálogo, García Aresca se presenta como una voz significativa en la política cordobesa y nacional, defendiendo un modelo de consenso y desarrollo para la Argentina.

Dejó en claro que su prioridad es garantizar el financiamiento adecuado para las universidades y las provincias, asegurando que “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país”. Su postura refleja la necesidad de un diálogo constructivo en un contexto político complicado, donde la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad deben prevalecer. 

El diputado nacional Ignacio García Aresca, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, aseguró que su bancada “va a trabajar para dar gobernabilidad” al presidente Javier Milei aunque eso “no significa” que votarán el mega paquete de leyes enviadas al Congreso a libro cerrado.

Hacemos Coalición Federal tiene 23 integrantes y fue conformada tras la unión de Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba. A partir del próximo martes comenzarán a desarrollar las primeras reuniones para el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia y de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, García Aresca analizó en detalle distintos aspectos que tienen que ver con la realidad política y económica en el marco de la actividad que el Congreso desarrolla durante la duración del llamado a sesiones extraordinarias.

De hecho, en la reciente Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, García Aresca ocupa la secretaría.

Primero se envió el DNU y luego, cuando se envió la ley ómnibus, todavía faltaba conformar las comisiones en el Congreso que es el ámbito de debate de todos los proyectos. El jueves por la noche se terminaron de conformar las comisiones de las cuales José Luis Espert fue designado presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y yo soy el secretario. Nuestro bloque, presidido por Miguel Pichetto, tiene la postura de trabajar para dar gobernabilidad, pero eso no significa que tengamos que votar a ojos cerrados. No vamos a votar leyes a ojos cerrados. Queremos tener debate y para eso pretendemos que la ley ómnibus se abra y de esa manera podamos debatir cada uno de esos temas por separado. En el debate veremos qué temas acompañaremos porque consideramos que son importantes para el país mientras que también nos vamos a expresar en disidencia en aquellos puntos en los que seguramente plantearemos que se puedan hacer modificaciones.

Con este tema están pasando muchas cosas porque se judicializaron muchos artículos. Nosotros vamos a ir a la comisión bicameral a través de nuestro representante, Nicolás Massot, y nuestra intención es la de dar gobernabilidad. De todas maneras, nosotros proponemos que se debatan los proyectos que contiene el DNU como iniciativas individuales dentro de la Cámara y de esa manera pueda haber un mayor debate de cada tema en particular. No queremos votar iniciativas a ojos cerrados por el solo deseo del presidente de la Nación, nosotros queremos debate en muchos temas como en el caso de la pesca o lo que pasó con el sector agropecuario que pensamos totalmente distinto a la postura del gobierno nacional. 

Nosotros estamos siempre parados en la defensa de la producción. Si el DNU se rechaza en el Congreso, el gobierno debería sacar cada uno de los temas que componen este decreto de manera individual a través de proyectos de ley. Tampoco vemos que pueda avanzar la desregulación del sector farmacéutico porque no creemos que sea viable que con un solo director técnico se pueda atender 200 farmacias o que no haya farmacéutico o auxiliar. Ese tema ya lo planteamos, nosotros no podemos estar de acuerdo con cualquier tipo de desregulación.

Recién ahora se están conformando las comisiones que son los organismos que deben elaborar el dictamen para el tratamiento de estos proyectos en las cámaras. En este caso, se trata de un conjunto de más de 600 leyes y es muy difícil encontrar el consenso necesario para su tratamiento tal como lo quiere el gobierno nacional.

Creo que ellos tienen el convencimiento de que hay que desregular muchas actividades. Yo creo que hay prioridades y no da todo lo mismo, porque cuando se mezcla todo, muchos sectores no van a acompañar por alguna cuestión en particular.

Nosotros tenemos la mirada de que, en caso de sostener las Paso, no puede transcurrir tanto tiempo entre esa elección y una elección general. No se puede votar Paso en agosto y una general en octubre porque en el medio hay mucho tiempo. En cuanto a la boleta única, nosotros estamos de acuerdo.

Eso hizo mucho ruido, sobre todo por los pronunciamientos de la Justicia que incluso hará que la Suprema Corte de Justicia intervenga en el análisis a partir de febrero. Es una señal para que el gobierno entienda que debe organizarse en el tratamiento de los temas bajo una actitud institucional utilizando el Congreso. Mientras tanto, el tiempo va pasando y el gobierno se da cuenta que no está encontrando la respuesta que esperaban cuando asumieron el 10 de diciembre. El gobierno no está encontrando en el Congreso la respuesta que esperaba. El gobierno pretende tener potestad total por dos años, prorrogable por otros dos, eso no lo va a votar nadie porque significaría lisa y llanamente que tengamos que cerrar el Congreso que es uno de los tres poderes del Estado.

Yo pienso que el gobierno se está dando cuenta que no van a tener el apoyo que ellos pensaban. De hecho, dudo que dentro del bloque radical los 34 diputados vayan a acompañar las iniciativas de manera automática. Lo mismo ocurre con el resto de los bloques del Congreso.

Estas nuevas modificaciones propuestas por el gobierno nacional le van pegar de lleno a los fondos que Córdoba recibe por coparticipación y esto hará que disminuya la recaudación provincial. Uno de los proyectos es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Nosotros no estamos de acuerdo en que se restablezca el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, pero para eso tenemos que encontrar un mecanismo que permita distribuir a las provincias los fondos que se recibían por Ganancias. Una alternativa podría ser la Ley de Cheques que no es coparticipable, pero si lo fuera, allí habría un mecanismo que podría reemplazar lo que se deja de percibir por Ganancias. En este caso se debería destinar el 26,7 % de toda la recaudación de la Ley de Cheques es lo que se debería destinar para las provincias.

El miércoles de la próxima semana nuestro bloque en pleno se va a reunir con la cúpula de CGT para interiorizarnos acerca de los motivos de la convocatoria al paro. Vemos que hay una obvia resistencia a las modificaciones en materia de legislación laboral. Queremos escuchar la opinión de los dirigentes cegetistas sobre lo que se está debatiendo en el Congreso y sobre la situación en general. Ellos tienen sus representantes en el Congreso y por supuesto que no le van a dar los votos al gobierno. 

Luego de la jura, va quedando cada más más claro la densidad política y el tamaño que va a tener cada uno de los bloques, con la pregunta aún abierta acerca de cómo van a constituirse los interbloques en el corto plazo.

Hasta ahora, el único interbloque efectivamente conformado es el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidos, de cinco integrantes, que se subdivide en un bloque de cuatro diputados del PTS (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Cristian “Chipi” Castillo) y un monobloque del Partido Obrero (Romina del Plá).

Unión por la Patria es la bancada más numerosa con 100 representantes. Tras las elecciones del 22 de octubre se proyectaba que iba a tener 104 integrantes, pero en las horas previas a la jura de los diputados electos se suscitaron movimientos centrífugos que llegaron a preocupar al bloque que seguirá siendo presidido por Germán Martínez, pero al final surtió efecto la estrategia de control de daños.

Solamente se alejaron los tres diputados salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz y el jujeño Guillermo Snopek.

Las salvajes disputas a cielo abierto durante la campaña, la mediocre cosecha electoral de Juntos por el Cambio y su tercer puesto a nivel nacional echaron su suerte y llevó a esta coalición a la desintegración casi terminal. 

Sus tres bloques principales quedaron reducidos luego de la implosión. Por ahora, el PRO es el bloque más numeroso de ellos, pero podría perder esta condición a manos de la UCR si el sector más moderado liderado por Silvia Lospennato (que tiene entre otras figuras a María Eugenia Vidal, Álvaro González y Diego Santilli) se decidiera a dar el portazo y dejarle el sello amarillo al macrismo explícito.

Este desprendimiento estuvo a punto de ocurrir, ya que hubo gestiones para que el grupo del diez diputados de Lospennato se integrara o articulara con el flamante bloque Cambio Federal que presidirá Miguel Pichetto y que tiene como armador a Emilio Monzó.

Después de una serie de deliberaciones, decidieron darse una tregua de algunas semanas para ver cómo se acomodan las piezas con el inicio del nuevo Gobierno, pero la tensión está latente: en las filas de Lospennato no quieren hacer pseudo oficialismo como el que propone el macrista Cristian Ritondo (presidente del bloque) y el ala bullrichista del PRO. Si el giro hacia las posturas oficialistas fuera demasiado explícito, la ruptura del PRO sería un desenlace inevitable.

Si fuera así, la UCR emergería como el bloque mayoritario de la oposición no peronista. Tras negociaciones febriles que estuvieron a punto de volar por los aires, se logró una alquimia de unidad de los 35 diputados que antes estaban divididos en dos bloques. 

El cordobés Rodrigo de Loredo es el nuevo presidente del bloque, con la bonaerense Karina Banfi como vice. El posicionamiento del partido centenario es darle gobernabilidad a la gestión entrante, apoyando en general las reformas pero "sin acompañar locuras".

Es una postura que comparten con Cambio Federal, que tendrá nueve integrantes. A los mencionados Pichetto y Monzó se suman Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. 

Es decir que más allá de que el tamaño de esta bancada es relativo, el porte y la experiencia de sus miembros es un activo que será valorado y que harán en cada una de las discusiones de leyes.

La Coalición Cívica quedó bastante diezmada después de las elecciones, y un reparto de lugares en las listas que no la favoreció. 

Serán apenas seis miembros y el presidente continuará siendo Juan Manuel López. El partido de Elisa Carrió es el primero que se declaró en libertad de acción y recuperó su autonomía respecto de JxC luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich decidieran apoyar a Javier Milei en el balotaje. 

La postura que tendrá este bloque es similar a la de la UCR y Cambio Federal, aunque en algunos de sus miembros se olfatea un espíritu más opositor.

Lo más probable es que pueda conformarse un interbloque entre la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica. Más adelante podría anexarse el sector moderado del PRO, en caso de que decida escindirse del macrismo/bullrichismo.

La Libertad Avanza, el bloque netamente mileísta, contará con apenas 33 miembros. La bancada presidida por el porteño Oscar Zago, de todos modos, tendrá algunas fuerzas satélite como la salteña Ahora Patria (tres integrantes), y Buenos Aires Libre (Carolina Píparo y Lorena Macyszyn). 

De esta manera, llegará a 38 voluntades, pero tendrá además el aporte de José Luis Espert (Avanza Libertad). 

Otra de las novedades del mapa parlamentario que se abre en esta nueva etapa en la aparición de Innovación Federal, que se formó sobre la base de lo que solía ser el interbloque Provincias Unidas. Tendrá nueve integrantes.

La presidenta del interbloque será la salteña Pamela Calleti, quien acaba de romper lanzas con Unión por la Patria. 

La acompañan sus dos compañeros de la fuerza política provincial referenciada en el gobernador Sáenz: Pablo Outes y Yolanda Vega. 

También se integran a esta fuerza los cuatro diputados del Frente de la Concordia misionero, Alberto Arrua, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.  Además, se integra el rionegrino Agustín Domingo y el neuquino Osvaldo Llancafilo.

Lo que solía ser el Interbloque Federal muta en un nuevo espacio parlamentario que se denomina Hacemos por Nuestro País, que tiene como base el cordobesismo y suma ocho miembros en total. 

De hecho, el presidente de la bancada es Ignacio García Aresca y lo acompañan sus coprovincianos Juan Brügge, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

La figura saliente de ese nuevo bloque es Florencio Randazzo, quien quedó a las puertas de ser elegido presidente de la Cámara de Diputados en el marco de un supuesto acuerdo entre Milei y Juan Schiaretti. 

FInalmente, ganaron la pulseada quienes bregaban para que la presidencia del cuerpo fuera otorgada a un mileísta puro, y por eso el premio mayor se lo llevó Martín Menem.

En Hacemos por Nuestro País también están los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein.

El diputado nacional Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) votó minutos después de las 10.30 en la Escuela Primera Junta en nuestra ciudad.

Al salir del establecimiento educativo, el ex intendente en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, sostuvo que “es una alegría participar de este momento cívico donde la ciudadanía es soberana y con esa característica puede definir quiénes serán sus candidatos para las elecciones de octubre para luego elegir al dirigente que dirigirá los destinos del país por los próximos cuatro años”.

“Lo importante es que la elección se desarrolle acorde a las necesidades de la Argentina, sobre todo buscando que los argentinos podamos tener un país mucho más ordenado”, agregó.

Además,  resaltó la figura de Juan Schiaretti en estas Paso señalando que “es el único que es del interior del país y que pudo llevar una campaña con ideas y propuestas mientras que el resto de las fuerzas políticas tuvieron una interna feroz, con peleas que no hacen nada bien a la sociedad. Espero que para la próxima elección de octubre se unifiquen y sepan que lo más importante es el bienestar de la ciudadanía y no el ego personal de cada uno”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que entre sus funciones tiene la coordinación, consulta y propuestas de políticas y estrategias de desarrollo universitario, se proclamó a favor de la instauración de nuevas universidades públicas nacionales, entre ellas, la de San Francisco. Y ahora, el proyecto que presentó el diputado por Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, avanza en las comisiones de Educación y Presupuesto del Congreso, que pondría aprobarlo antes de 2024.   

La creación de la Universidad Nacional de San Francisco (UNSF) significará un hito histórico y “antes y un después” tanto para las oportunidades académicas de los jóvenes de una amplia región como para la vida social, cultural, económica y productiva de nuestra ciudad. Y algo fundamental, acercará la escuela secundaria a la universidad. 

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con representantes de centros de estudiantes, de sectores productivos y colegios profesionales para conocer su opinión y expectativa. 

 “Saber que habrá una universidad, da seguridad y tranquilidad”, afirmaron estudiantes secundarios, y hasta se animaron a soñar con las carreras que podría incluir, lo que ayudarían a sus familias a no tener que pensar en el gran costo que significa viajar a las grandes ciudades para que sus hijos sigan estudiando. 

Para Mauro, del Ipet 50 “Emilio F. Olmos”, la propuesta es “muy positiva”. Contó que tiene “muchos amigos que quieren estudiar Medicina y para eso tienen que irse a Córdoba”. Si bien es una carrera que todavía no está pensada para la futura UNSF, nada está descartado. 

“Creemos que es una idea espectacular y aunque no sabemos qué carreras habrá, consideramos que podrían llegar aquellas que están en universidades privadas que tienen una gran oferta. Estaría bueno que se puedan implementar muchas de ellas acá en la ciudad para tener esa accesibilidad, una fácil conexión y amplitud de posibilidades”, agregó Mauro. 

Paula, de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellanda”, sueña con que la UNSF cuente con las facultades más convocantes de Córdoba: Ciencias Médicas, Derecho, Psicología o Arquitectura. En este sentido, hizo énfasis en los grandes costos que conlleva estudiar carreras como Medicina. “Que esté en la ciudad podría aminorar esa carga”, argumentó. 

Para Paula, “se siente bien” saber que existe esta posibilidad. “Por ahí, los más grandes piensan ‘cómo no estuvo para mi época así no me iba’, pero para aquellos que quizás no estudiaron lo que más les gustaba porque no se los permitía la economía, lo podrán hacer ni bien llegue la oferta educativa. Eso es súper positivo”.

En esta misma línea y con una promesa un tanto más concreta, Gael, de la Escuela ProA de Biotecnología, destacó que además de ser un beneficio económico, también es emocional. Para él y sus compañeros, contar con la carrera de Ingeniería en Biotecnología sería muy importante. De hecho, García Aresca la mencionó y se espera que sea una de las primeras incorporaciones en la nueva universidad que en principio absorberá la oferta educativa del Centro Regional de Educación Superior (Cres) -que depende de la Universidad Nacional de Villa María- y la UTN, con las carreras de Ingeniería Industrial, Diseño Industrial y Licenciatura en Administración.

Ante esta promesa, Carina Dezzi, directora de la Escuela ProA de barrio Palmares, destacó que es una opción “viable y muy esperada” por el grupo familiar de los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que durante estos años ya se viene pensando dónde se va a potenciar esta especialidad que llegó a San Francisco. Con este perfil de estudiante, en cuanto a las carreras universitarias, posterior a la salida del secundario, la institución tiene que tener una respuesta para que esta opción no pierda su potencial tanto a nivel local como regional. 

“Una escuela secundaria que se especializa en Biotecnología y que después, por no poder estudiar en las ciudades capitales, los alumnos tengan que optar por otra carrera, significa un capital humano que se pierde. Y no es lo que vino a hacer la ProA a la ciudad. Al contrario, vino a dar respuestas a la comunidad. Ese es nuestro objetivo, formar estudiantes que después tengan un perfil que dé respuestas a las necesidades productivas locales y regionales”, explicó Dezzi. 

La docente subrayó que, con la cantidad de habitantes que tiene San Francisco y con su desarrollo productivo, se necesita una universidad nacional. “Me parece fantástico”, manifestó al tiempo que rescató la posibilidad de nuevas instalaciones para generar prácticas, convenios con el nivel superior y, sobre todo, garantizar un paso de la secundaria a carreras de grado afines. 

Es una “deuda que tenemos como sociedad”, opinó. 

También hablamos con profesionales del medio para conocer su visión frente a la Universidad Nacional de San Francisco, que está más cerca de ser una realidad, y cómo esta podría potenciar a la ciudad no sólo en lo educativo, sino también en lo cultural, productivo y comercial. 

José Luis Daga, del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba -Regional San Francisco (CIEC), recordó viejas épocas en las que se peleó por la Facultad Regional de la UTN, que hoy es una institución cincuentenaria. “En su momento, y lo sigue siendo, fue una necesidad y la oportunidad de que jóvenes de San Francisco pudieran estudiar acá en la ciudad y no tuvieran que irse a otros centros poblados. Lo fue en su momento cuando en la Regional San Francisco estuvo la implementación de la carrera de Ingeniería Electromecánica y lo será con la Universidad Nacional de San Francisco, para muchas otras carreras”, planteó.

“Me parece excelente la iniciativa. Ojalá se logre”, expresó Daga.

Por su parte, Mónica Gilli, presidenta del Colegio de Abogados de San Francisco, precisó que “si bien hoy existe una oferta universitaria bastante variada e importante, que trajo múltiples beneficios a la ciudad por lo que implica poder estudiar en casa, también benefició a nuestra región más cercana, formándose una interesante comunidad educativa. Cuanto más se amplíen las posibilidades de acceder a una formación superior, muchísimo mejor para toda nuestra población”.

Por último, reflexionó sobre los beneficios tangibles de la concreción de la Universidad Nacional de San Francisco: “Implica una mejora sustancial en todo lo que hace a posibilidades educativas. También eso conllevará a ampliar el movimiento comercial, inmobiliario, cultural, sumado a la llegada de más estudiantes de la región”. 

La Universidad Nacional de San Francisco (UNSF) está cada vez más cerca de ser una realidad. El ex intendente y actual diputado nacional por Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, aseguró en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO que avanza en el Congreso de la Nación el proyecto que presentó en diciembre de 2022 para la creación de la casa de altos estudios.

García Aresca comentó que el proyecto “está muy avanzado en el Congreso, esperamos que este año pueda ser una realidad. Es un paso muy importante para San Francisco porque contribuirá al desarrollo y el crecimiento de la ciudad, como pasó en Villa María”.

“Logró ingresar y pasó por la aprobación del Centro Interuniversitario Nacional (CIN), ahora debe ser analizado en las comisiones de Educación y Presupuesto, para luego tratarse en el recinto de sesiones. La expectativa y el deseo es que antes de fin de año contemos ya con la Universidad Nacional de San Francisco que será la cuarta de la provincia de Córdoba, sumándose a las de Córdoba, Río Cuarto y Villa María”, dijo. 

García Aresca remarcó: “Vamos a pelear porque se apruebe el proyecto, ya pasó lo más difícil que fue presentarlo en el Congreso y que lo apruebe el CIN que consideró favorable la instalación de una universidad nacional en San Francisco. Hay unas nueve universidades nacionales para aprobar, si se trata alguna otra universidad tiene que estar también la de San Francisco dentro de las aprobaciones”.

“Con la universidad nacional vamos a tener presupuesto nacional, un rector y profesores que dependerán de la Nación”. 

El diputado comentó que en el proyecto “presentamos las razones por las que queremos la universidad propia y explicamos todo lo que venimos haciendo desde hace varios años. Primero empezamos con un Centro Universitario San Francisco (Cusf) que después se convirtió en el Centro Regional de Educación Superior (Cres), dependientes de la Universidad Nacional de Villa María y lo que queremos es la universidad”.

“Tenemos la aprobación del CIN que está integrado por las 51 universidades del país, que analizó la posibilidad de radicar la universidad en la zona. Ahora, el paso a seguir es defender el proyecto en la comisión de Educación, si se aprueba, pasa a la comisión de Presupuesto y si lo aprueban, se trata en el recinto. Es un proceso que lleva un tiempo”, consideró.

En el caso de aprobarse, el Cres pasaría a ser la Universidad Nacional de San Francisco con toda su oferta académica actual y se agregarían nuevas carreras. Además, entre uno de los artículos más destacados del proyecto de ley se encuentra el que especifica que tanto la municipalidad de San Francisco como el Gobierno de la Provincia de Córdoba se disponen a ceder al estado nacional los bienes muebles e inmuebles que pasarían a ser patrimonio de la universidad.

“Afortunadamente, ya tenemos carreras que se están dictando como Ingeniería Industrial en el Cres y en la UTN, también Diseño Industrial y otras carreras (Licenciatura en Administración). Seguramente después se anexarán otras carreras, como por ejemplo Ingeniería en Biotecnología, se hará una evaluación de cuáles son las carreras más demandadas y afines a la producción que hay en nuestra zona. Con la universidad nacional vamos a tener presupuesto nacional, con un rector y profesores que dependerán de la Nación”, explicó García Aresca. 

En cuanto al espacio donde funcionará, recordó que ya se cuenta con el terreno que fue donado durante su gestión municipal y el proyecto para construir la sede, sobre calle Trigueros, en la parte trasera de la actual sede del Cres (colegio Bailón Sosa), en barrio Independencia. 

En el artículo 4 del proyecto presentado por García Aresca se puede leer algunas referencias a los que sería la oferta académica de la nueva universidad:  "Será integral e innovadora mediante carreras presenciales o a distancia de pregrado, grado y posgrado, como así también ofertas educativas no formales, sostenidas sobre los pilares de la inclusión, la cooperación, el servicio a la sociedad, el pluralismo y la innovación; orientadas y articuladas principalmente sobre una variada oferta para promover el desarrollo educativo a nivel local y regional, vinculadas a las ciencias de la educación, la salud, la comunicación, el turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, y el acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, ingeniería, robótica, seguridad informática, ciencias del comportamiento, ciencias de la gestión y otras temáticas que puedan resultar de interés local y regional".

Además, se especifica que se analizará y construirá un plan de carreras que no se superponga con la oferta académica de otras universidades ya instaladas en la región.