Mientras el gobierno nacional profundiza el ajuste y defiende el superávit fiscal como principal bandera económica, en San Francisco la administración municipal defiende la idea de mantener equilibradas las cuentas públicas sin detener obras, sin paralizar servicios y sin resignar asistencia social en un contexto económico que considera cada vez más delicado.

“Las finanzas de la Municipalidad de San Francisco están equilibradas”, aseguró el secretario de Economía Juan Carlos Sola en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO. La definición no es menor. En medio de una caída de recursos nacionales, de mayores demandas sociales y de un escenario inflacionario todavía inestable, Sola planteó que la clave de la gestión local pasa por la eficiencia en el manejo de los recursos y no por aplicar una “motosierra” sobre el Estado municipal.

Según explicó, las instrucciones del intendente Damián Bernarte apuntan a sostener una administración eficiente sin caer en recortes extremos. “Las instrucciones recibidas en todo el Gabinete municipal, y por supuesto en Economía, es ser eficientes, tanto en el gasto como en los ingresos”, afirmó.

Insistió en que el equilibrio fiscal local no se consiguió paralizando inversiones. “Nosotros no hemos detenido ninguna obra, seguimos pensando en hacer obra pública, y se van a hacer muchas más”, prometió.

Para Sola, muchas de las críticas que recibe la gestión municipal surgen de discusiones atravesadas por posicionamientos políticos más que por análisis técnicos. “A veces las críticas vienen del lado de gente que no conoce técnicamente, y discutir haciendo política está mal, porque das una verdad media. Y la verdad media no es una verdad. Muchas veces discutimos con camisetas”, expresó.

Sostener la recaudación

Dentro de la estrategia económica del municipio aparece el esquema de beneficios impositivos implementado para 2026, que buscó incentivar el cumplimiento tributario sin recurrir a moratorias permanentes. Contempló una rebaja máxima del 55% para aquellos contribuyentes con todas las tasas y contribuciones municipales al día: 30% de descuento por cumplimiento, 10% por pago contado, otro 10% por adhesión al débito automático y 5% adicional por optar por el cedulón digital.

Consultado sobre el comportamiento de los contribuyentes tras la implementación de este sistema, el secretario de Economía reconoció que hubo una mejora en el nivel de adhesión a herramientas digitales y mecanismos automáticos de pago.

“Si bien se hizo el balance, como hicimos un cambio drástico del sistema, yo podría decir que hubo un pequeño incremento de gente, eso nos está permitiendo ahora estar equilibrados, fundamentalmente”, indicó.

El funcionario ratificó además que la intención oficial es sostener beneficios para quienes cumplen y evitar medidas que consideren injustas para los contribuyentes al día. “No va a haber moratorias. Porque para el que paga bien, para el que cumple, no es justo”, afirmó.

En paralelo, confirmó que por ahora no avanzará la posibilidad de excluir de esos beneficios a quienes tengan multas impagas en el Tribunal de Faltas, una medida que se había analizado para el segundo semestre. “No se aplicará esto por el momento”, informó Sola, aunque evitó profundizar sobre si el impacto en la recaudación o el eventual rechazo de contribuyentes influyó en la decisión de postergar la iniciativa.

Reiteró además que “recaudar no es una mala palabra”. Y explicó que, desde su mirada, la discusión sobre los tributos municipales muchas veces omite el funcionamiento cotidiano del Estado. “La gente tiene que entender que el municipio tiene que operar, tiene que trabajar. Nosotros estamos pagando obras, seguimos haciendo obras”, señaló.

Sola marcó diferencias con la política tributaria del gobierno nacional. “La gestión de Milei dice que bajó impuestos, pero bajaron impuestos que son coparticipables, es decir, no bajó solo la Nación, sino las provincias y municipios”, manifestó. Sin embargo, aclaró que comparte algunas decisiones de la administración nacional: “Celebro que acaben con el clientelismo de los planes sociales y toda acción de corrupción. Pero también hay que mantener las obras”.

El debate sobre el superávit

La posición del municipio frente al ajuste nacional apareció reiteradamente durante la charla. Sola cuestionó el modo en que el gobierno de Javier Milei exhibe el superávit fiscal mientras, según consideró, incumple obligaciones y reduce transferencias.

“La municipalidad está equilibrada. ¿Por qué nosotros no hablamos de superávit? Del tema del superávit… ¿cómo hace el gobierno nacional que ahora hay superávit pero no paga las deudas?”, planteó. Y profundizó: “El superávit lo tenés que ver de otra manera. Porque si nosotros hablamos del superávit por hablar del superávit y no cumpliendo con las obligaciones, es lo mismo que si una familia para sobrevivir no paga los créditos y tiene consecuencias”.

En esa línea, Sola remarcó: “Estamos equilibrados. De ingresos y de egresos (…) Los vecinos de San Francisco se merecen que la plata la manejemos como se corresponde y con eficiencia”.

Sola también respondió a cuestionamientos de la oposición sobre gastos municipales y defendió el modelo de gestión impulsado en empresas municipales como Emugas.

Recientemente, la concejal opositora Cecilia Roffé cuestionó los alquileres que paga el municipio para distintas dependencias y la decisión de destinar el exedificio del Banco de Córdoba a la sede de la Región Centro en lugar de utilizarlo para oficinas municipales. Frente a eso, Sola relativizó el impacto de esos costos. “Los gastos de alquileres hoy no son una cifra importante que impacte en el presupuesto municipal”, afirmó.

El contador puso como ejemplo el funcionamiento de la Empresa Municipal de Gas (Emugas), creada tras la municipalización del servicio que anteriormente prestaba Emprigas. “El ejemplo del gas natural en San Francisco es un reflejo de esta gestión que Llaryora inició con su Intendencia. La decisión de municipalizar Emprigas con la creación de Emugas hizo que hoy podamos pensar en trabajar para llevar la red de gas al 100 % de la ciudad en un plazo de tres años”, destacó.

Sola confirmó que el modelo de Emugas permite financiar obras con recursos generados por la propia empresa municipal. “Ese superávit se va 100% a la ejecución de las obras –señaló-. Emugas se manejó con criterios como si fuera una empresa privada”. Y recordó además el contexto en el que el municipio tomó la concesión del servicio en 2011: “Teníamos la tarifa congelada desde 2001”.

“Yo digo siempre: hoy tengo más socios que Coca-Cola. Tengo todos los contribuyentes que son socios de la municipalidad y a ellos tenemos que responderles”, sintetizó Sola la lógica de gestión que defiende el oficialismo municipal frente a la discusión sobre el tamaño del Estado.

“Hay que manejarlo como si fuera una empresa privada, pero con un fin social. Porque si no generamos, ¿cómo ayudamos a la gente?”, siguió.

Más gasto social en el segundo semestre

El Presupuesto municipal 2026 aprobado asciende a $88.372.301.518 entre gastos y recursos. Sin embargo, Sola admite que el escenario económico podría obligar a realizar modificaciones durante el año. Y pronostica que en el segundo semestre habrá mayores presiones sobre partidas sensibles como salud y asistencia social.

“Yo creo que sí, solo viendo el crecimiento de la demanda en la Asistencia Pública, en salud, en atención médica, remedios que hay que entregar a la gente, el laboratorio que tenemos, la distribución a los carenciados”, explicó. Recalcó además que el municipio continúa sosteniendo programas alimentarios: “Nosotros tampoco dejamos de entregar los bolsones alimentarios”.

“Va a haber mucho más demandas este año si esto no se detiene, si el gobierno nacional sigue cerrado en no entender”, advirtió.

Sola utilizó una metáfora para describir cómo cree que debería actuar la Nación frente a la crisis económica: “Yo no digo que pongan el pie en el freno, que pongan el pie en el embrague, que no conduzcan con caja automática”. Y agregó: “Que entiendan que tienen que buscar que el beneficio le llegue a la gente”.

El reclamo por los fondos nacionales

Uno de los puntos más duros de las críticas del municipio apunta a la distribución de recursos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles. Sola respaldó el reclamo del intendente Damián Bernarte respecto a la falta de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

“Es impresionante esa cifra porque esa es la plata que tendría que ir para las rutas”, señaló en referencia a los más de $15.000 millones acumulados desde diciembre de 2023 que, según denuncian, no regresaron a San Francisco.

El funcionario sostuvo que el gobierno nacional no solo dejó de transferir fondos, sino también de ejecutar obras estratégicas. “La Nación no lo da y no hace las rutas”, expresó. Como ejemplo mencionó la obra de la autopista de la ruta nacional 19. “De la ruta19 tuvo que hacerse cargo el gobierno provincial para terminar la obra. Martín Llaryora decidió hacerse cargo él, y está avanzando notoriamente”, dijo.

Sola amplió además las críticas al retiro del Estado nacional en otras áreas. “La Nación se olvidó de la discapacidad, se olvidó de la educación”, cuestionó.

Más control del consumo de agua

Otro de los temas abordados por el secretario de Economía fue la situación del servicio de agua potable y las tarifas administradas por Amos.

Sola ratificó que los incrementos aplicados estuvieron “muy por debajo” de los autorizados por el Ersep (Ente Regulador de los Servicios Públicos) a la Cotac (Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada), prestadora del servicio. “Sabemos la situación que vive la gente”, afirmó al explicar por qué el municipio decidió trasladar los aumentos de manera escalonada.

El funcionario sostuvo además que la estructura de costos sigue siendo compleja. “Nosotros recaudamos en Amos y cloacas prácticamente para pagar a la Cotac. Mano de obra, cloro, reparaciones, todo eso va de renta general”, detalló.

En paralelo, advirtió sobre problemas estructurales vinculados al sistema de medición. “El 30% de los medidores en la ciudad no funcionan”, expuso. Por eso, explicó que el municipio avanza hacia la instalación de medidores inteligentes que permitan mejorar el control del consumo y la facturación.

“No va a haber moratorias”

En materia tributaria, Sola descartó implementar moratorias y defendió la necesidad de sostener la recaudación municipal.

“No va a haber moratorias. Porque para el que paga bien, para el que cumple, no es justo”, planteó. El funcionario también expresó que el objetivo es evitar mayores cargas para los contribuyentes: “La idea es no generarle mayores gastos al vecino”.

Respecto a posibles recortes en el Estado municipal, negó que exista una lógica de ajuste extremo. “Estamos tratando de hacer gastos eficientes”, afirmó Sola. Como ejemplo, explicó que la compra de vehículos y maquinaria también se analiza desde una lógica financiera sustentable. “Vamos a comprar dos camionetas y estoy peleando con los bancos la tasa de interés”, señaló.

Sostuvo que la diferencia pasa por el destino del endeudamiento y advirtió sobre los riesgos de financiar gastos corrientes. “Podemos pelear tasas distintas cuando no nos estamos endeudando para gastos corrientes. Ese es el problema que tiene una empresa. Si empezás a endeudarte para gastos corrientes, no hay salida”.

A partir del segundo semestre de este año, los contribuyentes de San Francisco que registren deudas por multas de tránsito o sanciones emitidas por el Tribunal de Faltas no podrán acceder a los beneficios impositivos que otorga el municipio. Así lo confirmó el secretario de Economía de la Municipalidad, Juan Carlos Sola, quien defendió la política de descuentos por cumplimiento fiscal y respondió a las críticas de la oposición respecto del aumento de las tasas municipales.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el funcionario remarcó que la gestión fue clara desde el inicio en cuanto a los requisitos necesarios para acceder a los beneficios contemplados en la Tarifaria vigente, los cuales —según explicó— no constituyen una rebaja generalizada, sino descuentos destinados a premiar a quienes cumplen con todas sus obligaciones.

Sola salió al cruce de los cuestionamientos formulados por el concejal opositor Marco Puricelli (Juntos por el Cambio), quien sostuvo que las boletas municipales llegaron con incrementos de hasta el 100%. Al respecto, el secretario aseguró que esos porcentajes responden, en la mayoría de los casos, a la pérdida de beneficios por no cumplir con las condiciones establecidas y no a un aumento real de las tasas.

El esquema de beneficios vigente contempla una rebaja máxima del 55% para aquellos contribuyentes que tengan todas las tasas y contribuciones municipales al día. Ese descuento se compone de un 30% por cumplimiento, un 10% por pago contado, otro 10% por adhesión al débito automático y un 5% adicional por optar por el cedulón digital.

Sola explicó que quienes elijan pagar en cuotas pierden el beneficio del pago contado, por lo que el descuento máximo en esos casos alcanza el 45%. “No es un aumento, es la pérdida de un beneficio”, insistió el funcionario, al diferenciar entre el incremento nominal de la tarifa y la quita de descuentos por falta de cumplimiento.

En ese sentido, señaló que el aumento nominal rondó el 50%, pero que quienes acceden a los beneficios logran que el impacto final sea sensiblemente menor. “Si se cumplen todos los pasos que dijimos nosotros, el aumento fue de entre el 24 y el 50%, muy lejos de los números que se están diciendo”, afirmó.

El secretario también reconoció que existen situaciones en las que los contribuyentes desconocen la existencia de deudas antiguas. “Nos ha pasado incluso con funcionarios, con deudas de 2004 o 2005 que nunca se reclamaron y el sistema las sigue registrando”, indicó, y sostuvo que el proceso de digitalización apunta justamente a depurar esos padrones para lograr mayor eficiencia en la recaudación y en el gasto.

Uno de los anuncios centrales realizados por Sola fue que, a partir de junio o julio, las deudas en el Tribunal de Faltas también impedirán el acceso a los beneficios impositivos. “En junio, o julio, también pondremos las deudas que tengan en el Tribunal de Faltas. Tenemos multa impaga, se caen los beneficios”, afirmó de manera categórica.

 El funcionario explicó que esta medida se enmarca en una política de ordenamiento integral de las cuentas municipales y aclaró que quienes regularicen su situación podrán recuperar los descuentos. “Lo regularizás y automáticamente en 48 horas tenés solucionado el tema”, aseguró.

Además, recordó que existe un plan de pagos permanente de hasta 48 cuotas para quienes no puedan afrontar el total de la deuda. “Lo importante es estar al día, cumplir. Y el que tenga un problema, que venga y lo plantee”, sostuvo.

Sola detalló que los contribuyentes tienen plazo hasta el 13 de febrero para demostrar que no registran deudas o, en caso contrario, regularizarlas. Pagando al menos la primera cuota de un plan de pagos, el vencimiento se prorroga hasta el 20 de febrero, mientras que para quienes estén al día y opten por el pago contado, el vencimiento opera el 10 de febrero de 2026.

En respuesta a las comparaciones realizadas desde la oposición con otras jurisdicciones, como la ciudad de Córdoba o el impuesto Inmobiliario provincial, Sola pidió que se presenten casos concretos. “Que vengan con casos puntuales y los analizamos. Puede haber errores nuestros, porque el que hace se equivoca, y si hay que corregirlos, se corrigen”, afirmó.

El titular de Economía rechazó las acusaciones de que el municipio actúa como una “máquina recaudatoria” y defendió la necesidad de recaudar para sostener los servicios. “Recaudar no es una mala palabra. Es tasa, es contraprestación de servicios”, señaló, y añadió que “castigar al que cumple con una moratoria permanente sería injusto”.

En ese marco, destacó que San Francisco mantiene sus cuentas ordenadas y con superávit fiscal. “El municipio tiene superávit fiscal cumpliendo con todas las obligaciones”, sostuvo, y diferenció la situación local de la del gobierno nacional. “El gobernador Martín Llaryora debió asumir la finalización de la autopista de la ruta nacional 19, conocida como ‘la ruta de la muerte’, luego de que —según expresó Sola— el gobierno de Javier Milei “abandonara la obra”, lo que obligó a la Provincia a hacerse cargo de una infraestructura clave para la seguridad vial y la conectividad regional.

En ese sentido, Sola sostuvo que el superávit solo es posible si se garantizan los servicios básicos: “Si la Nación no se hace cargo de nada, ¿cómo no va a haber superávit? Que lo haga dando y prestando los servicios”. Según expresó, un municipio “tiene que manejarse como una empresa, pero con un fin social”, y advirtió que sin superávit no es posible asistir a quienes más lo necesitan.

Finalmente, Sola insistió en la importancia de la transparencia y el diálogo directo con los vecinos. “Hay que serle claro a la gente. Una verdad a medias no es una verdad”, afirmó, y concluyó que la política de beneficios apunta a “ordenar las cosas como tienen que ser”, premiando el cumplimiento y garantizando la sostenibilidad financiera de la municipalidad. 

La Municipalidad de San Francisco anunció que ya se encuentran disponibles los cedulones municipales correspondientes al año 2026 para los tributos de Inmuebles y Automotores. De esta manera, los vecinos pueden comenzar a acceder a los beneficios por pago anticipado, tanto en la modalidad contado como en cuotas, según las alternativas vigentes.

Desde el municipio indicaron que se mantiene a disposición de la comunidad un esquema integral de atención para despejar dudas, brindar información y acompañar a los contribuyentes en todo lo referido a tasas y contribuciones municipales. En ese marco, remarcaron que quienes se encuentren al día con sus obligaciones fiscales podrán acceder a descuentos significativos, con el objetivo de reconocer el cumplimiento y promover el uso de herramientas digitales.

Para acceder al máximo descuento posible, es requisito tener todas las tasas y contribuciones municipales al día. A este beneficio base se suman rebajas adicionales para quienes opten por el pago contado, se adhieran al débito automático o elijan recibir el cedulón en formato digital. Estas bonificaciones se aplican tanto a los pagos anuales como a quienes decidan abonar en cuotas.

Los cedulones y el estado de cuenta pueden consultarse a través del sitio web oficial de la Municipalidad de San Francisco, www.sanfrancisco.gov.ar, o mediante la aplicación móvil App San Francisco. Desde estas plataformas, los contribuyentes también pueden adherirse al débito automático y al cedulón web. No obstante, se recordó que los beneficios no se aplicarán si existen deudas en alguno de los bienes registrados a nombre del contribuyente, aun cuando otra persona sea quien realice los pagos.

El esquema de descuentos alcanza también a comercios, industrias e instituciones, con excepción de los monotributistas, cuya situación se evalúa de manera particular debido a demoras en la información proveniente de ARCA.

En relación a los adultos mayores, se mantiene la exención para jubilados con ingresos equivalentes a hasta dos jubilaciones mínimas, elevando el tope del beneficio a un millón de pesos. Además, si bien no se implementará una moratoria, el sistema contempla un plan de pagos permanente. Los contribuyentes que se encuentren al día acceden automáticamente a un 30 % de descuento por cumplimiento.

Para consultas, verificación del estado tributario u obtención de los cedulones 2026, el municipio dispone de atención online, presencial en las Cajas Municipales de la Secretaría de Economía (Libertad 1149) y líneas telefónicas específicas según cada área, reafirmando su compromiso de acompañar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Provincia de Córdoba habilitó el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026 con descuentos de hasta el 25%. El beneficio alcanza a propietarios de vivienda única y se suma a rebajas por contribuyente cumplidor y pago anual, con topes de aumento.

El Gobierno nacional oficializó que a partir de este jueves 15 de enero los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles de importación, al pasar la alícuota a 0%, en el marco de una política para aumentar la competencia y reducir los precios de estos productos para los consumidores.

La decisión se sustenta en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, que ya había establecido una reducción progresiva de la tasa aduanera para estos dispositivos, que hasta entonces alcanzaba el 16% primero y luego el 8%, hasta su eliminación total desde este jueves.

El Ejecutivo remarcó que la medida busca mejorar las condiciones de oferta en el mercado y que, como consecuencia, los precios finales podrían bajar hasta un 30%, aunque aclaró que ese impacto no será inmediato, ya que dependerá de la logística, el stock y las decisiones comerciales de las empresas.

En el mismo paquete de medidas previas, el Gobierno también eliminó impuestos internos a celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, y redujo otros gravámenes sobre televisores y consolas de videojuegos importados, con el objetivo de abaratar una variedad de productos electrónicos.

La decisión oficial despertó preocupación en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, que advirtió sobre el impacto de la quita de aranceles en la industria local fueguina y los puestos de trabajo vinculados a la producción de electrónicos.

El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para enero que tendrá impacto en los surtidores y difirió para febrero el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 929/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026.

En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa a $17,291 (en diciembre había aumentado a $16,373) por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y a $1,059 (antes en $1,003) en el impuesto al dióxido de carbono.

En cuanto al gasoil, el tributo sube a $14,390 ($13,546 en diciembre) en el impuesto a los combustibles líquidos, a $7,792 ($7,335 previamente) en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $1,640 (antes en $1,544) en el impuesto al dióxido de carbono.

El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

El Ejecutivo estipuló en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes en los montos de los impuestos de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer, segundo y tercer trimestre calendario del año 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se apliquen completamente en enero sino que pasan a febrero.

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

De esta manera, la administración de Javier Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Economía, resolvió prorrogar hasta el próximo 6 de enero el plazo para que los vecinos puedan adherir al nuevo esquema de beneficios impositivos destinado a contribuyentes cumplidores, que contempla rebajas de hasta el 55%.

La medida apunta a reconocer el buen comportamiento fiscal y, al mismo tiempo, reducir los niveles de morosidad, promoviendo una relación más eficiente entre el municipio y los contribuyentes.

Con este sistema, quienes se encuentren al día con sus tasas y contribuciones podrán acceder a importantes beneficios económicos, en una política que también busca incentivar el uso de herramientas digitales para la gestión de trámites y pagos.

Las personas interesadas en conocer los alcances del programa o adherirse al beneficio pueden hacerlo ingresando al sitio web oficial www.sanfrancisco.gov.ar, a través de la App San Francisco o de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Economía, ubicadas en Libertad 1149, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

Mañana miércoles 31 de diciembre será el último día para que los contribuyentes de San Francisco puedan acceder al nuevo esquema de beneficios impositivos que prevé descuentos de hasta el 55% en las tasas municipales correspondientes al año 2026. La iniciativa apunta a reconocer el buen comportamiento fiscal y a reducir los niveles de morosidad.

El régimen está destinado a vecinos que mantengan al día todas sus tasas y contribuciones municipales, quienes podrán acceder a un descuento base del 30% por cumplimiento. A ese beneficio se suman rebajas adicionales para quienes opten por el pago al contado, se adhieran al débito automático y elijan recibir el cedulón de manera digital.

El esquema contempla tanto el pago anual como la modalidad en cuotas. En este último caso, el descuento total puede alcanzar el 45%, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Desde el municipio aclararon que quienes registren deudas en alguno de los bienes a su nombre no podrán acceder al descuento base, incluso si otra persona es la encargada de realizar los pagos, lo que podría generar un incremento en las boletas del año próximo.

Para adherir a los beneficios, los contribuyentes deben ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad de San Francisco o a la aplicación móvil San Francisco, donde pueden consultar el estado de sus bienes, verificar si se encuentran al día y sumarse a los sistemas de débito automático y cedulón web.

El esquema alcanza también a comercios, industrias e instituciones, con excepción de los monotributistas, cuya situación será evaluada de manera particular debido a demoras en la información proveniente de la AFIP.

En el caso de los jubilados, se mantendrá la exención para quienes perciban ingresos equivalentes a hasta dos jubilaciones mínimas, con un tope que se eleva a un millón de pesos, con el objetivo de beneficiar a los adultos mayores con haberes más bajos.

}Si bien se descartó la implementación de una moratoria, el municipio recordó que existe un plan de pagos permanente. Los contribuyentes interesados en verificar su situación tributaria pueden hacerlo a través de la web oficial, la aplicación móvil o de manera presencial en las Cajas Municipales ubicadas en Libertad 1149.

El gobierno de Córdoba presentó el presupuesto provincial para el año próximo que, según ha afirmado, contempla una importante reducción de la carga tributaria, modificando las históricas estrategias fiscales para el financiamiento del Estado.

El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, destacó que la norma apunta a fortalecer la inversión social, dinamizar la actividad productiva y simplificar el sistema tributario, con especial atención a sectores estratégicos como educación, salud, industria y agricultura. Se señala que el proyecto contempla una reducción impositiva, cercana a los 900 mil millones de pesos, que –según la definición oficial– busca aliviar la carga sobre familias y pequeños contribuyentes, al tiempo que incentivaría nuevas inversiones.

Aun contemplando los reparos que sectores de la oposición han presentado luego de los anuncios provenientes del Panal, merece considerarse una circunstancia especial: es toda una novedad que un proyecto de presupuesto prometa y proponga una disminución de la carga tributaria, largamente reclamada por ciudadanos, comerciantes, pymes y productores. La simplificación y el aligeramiento de las cargas fiscales es una demanda histórica, puesto que la presión de las últimas décadas, en cualquiera de los niveles del Estado y consecuencia del desmesurado gasto público que durante mucho tiempo marcó la realidad del país, agravó los escenarios, de por sí adversos por la alta inflación y la imprevisibilidad económica, para la competitividad y la generación de empleo y afectó seriamente a los bolsillos de las familias.

También es una realidad que esta decisión está estrechamente vinculada con el contexto político surgido luego de las elecciones de octubre. El abandono de la confrontación fue otra de sus derivaciones. En efecto, la “moderación” del discurso y los gestos presidenciales y las convocatorias a los gobernadores permitieron la recomposición del diálogo. Por ello, el surgimiento de esta nueva etapa aparece como un factor importante en la definición del paquete fiscal presentado a la Legislatura.

Por cierto, es preciso que todos los estamentos del Estado confluyan en la dirección que parece marcar el proyecto de presupuesto provincial. La Nación, las demás provincias y también los municipios deben ingresar en la misma sintonía. Concretamente, estamos a días de que se presenten los lineamientos del presupuesto municipal.

Sería lógico que impere la misma tendencia. Es decir, se espera que el Ejecutivo local establezca una congruencia fiscal que se traduzca en una reducción de las tasas municipales que recaen sobre los sanfrancisqueños. El mismo criterio de alivio de las cargas tributarias tendría que verse replicado a nivel local.

La presentación del Plan de Reducción de Impuestos 2026, anunciada por el gobernador Martín Llaryora, abrió un nuevo eje de discusión fiscal en la provincia. La estrategia prevé una disminución de 900 mil millones de pesos —equivalentes a 600 millones de dólares— en la carga tributaria provincial. El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, sostuvo que este alivio está orientado a dinamizar la economía, incentivar inversiones y bajar la presión impositiva sobre familias y sectores productivos.

 En declaraciones a AM 1050 Radio San Francisco, Pastore explicó que el paquete fiscal “reduce Ingresos Brutos, modifica el Inmobiliario Urbano y Rural y baja en total $900 mil millones de la carga tributaria, con alícuotas cero, exenciones y beneficios para inversiones productivas”. Para el funcionario, se trata de una apuesta que acompaña las expectativas de crecimiento planteadas por el Gobierno Nacional para 2026.

 Pastore vinculó estas medidas con el nuevo clima político que surgió tras la reunión de Llaryora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. Después de meses de distancia con la Nación, el encuentro marcó, según dijo, “una nueva etapa”. El ministro recordó que el propio presidente Javier Milei “dijo explícitamente que buena parte de la reducción del gasto público que se ha llevado a cabo durante su gestión ha sido realizado por las provincias”.

 En ese sentido, expresó: “En el discurso del Presidente pasamos de ser ‘gastadores seriales’ a ser los artífices del achicamiento del gasto público. Buena parte del superávit que exhibe el Gobierno Nacional está hecho en base al esfuerzo de los gobiernos provinciales”.

 Para Pastore, este reconocimiento abre una oportunidad política: “Esto es un punto de partida muy importante: crear un clima de diálogo. El Presidente se comprometió a un diálogo fructífero. A partir de esto hay una nueva expectativa”. Según detalló, Llaryora acompañará el Presupuesto Nacional 2026, aunque planteó la necesidad de introducir modificaciones, especialmente en materia laboral, con el foco puesto en “favorecer la inclusión de los trabajadores que hoy están en la informalidad”.

 El funcionario destacó también que la reducción impositiva provincial es una señal de respaldo al crecimiento proyectado por la Nación. “El Gobernador no se sienta a esperar que el crecimiento se produzca: hace una apuesta. Elabora un presupuesto con una reducción impositiva porque entendemos que un alivio orientado a la producción promueve la inversión”, afirmó. Y añadió que el beneficio también apunta a las familias: “Hay que darle un alivio impositivo para que haya más dinero en la calle”.

 En esa línea, Pastore anticipó un dato clave: “En febrero, un 50% de los propietarios de inmuebles de toda la provincia van a recibir un cedulón con un monto igual o menor al que pagaron durante 2025”. Lo definió como “una señal de que el Gobierno de Córdoba contribuye al crecimiento que promete el Presidente”.

 El ministro advirtió, no obstante, que si esas expectativas no se cumplen “habrá que ajustar los números o seguir ajustando el gasto público, incluso de la obra pública planificada”. Aclaró que el Presupuesto 2026 prevé “más inversión en educación, salud y programas sociales”, debido a las consecuencias que el ajuste nacional produjo sobre la sociedad cordobesa.

 La demanda en salud pública creció “en el orden del 41%”, informó Pastore, lo que obliga a sostener la inversión. También se mantendrá el gasto educativo y se reforzarán las partidas en seguridad. Para equilibrar las cuentas, explicó que se reducirá un 30% el tamaño de las agencias y se implementará un plan de eficiencia del gasto mediante tecnología, además de un esquema de obras más acotado al inicialmente proyectado.

 Uno de los tramos más destacados de la entrevista se centró en el vínculo con Mercado Libre, luego de la polémica de julio por el cierre de sus oficinas en Córdoba Capital. En este nuevo escenario, la empresa anunció dos centros de distribución en Río Cuarto y Villa María, y solicitó acceder a los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento.

 Pastore acompañó al gobernador en la reunión con Adrián Ecker, vicepresidente de Mercado Libre Argentina. “Fue una reunión muy amable, donde Mercado Libre explicitó su voluntad de invertir en Córdoba y crecer en Córdoba”, afirmó. Según señaló, Ecker calificó a la provincia como “muy amigable para las inversiones” y con un “futuro muy importante”.

 El ministro remarcó que Córdoba ya es un actor central en la industria del conocimiento: “La provincia tiene el 9% de la población del país, pero representa el 15% de las exportaciones del sector”. También subrayó que la polémica de julio “tenía otro matiz” y no reflejaba el clima impositivo y de promoción real que ofrece la provincia.

 Los nuevos centros implican 440 puestos de trabajo que ya están operativos. Pastore describió su funcionamiento: “Son de última milla para los paquetes que llegan a la región, pero también de primera milla para comerciantes locales, que ahora tienen costos muy bajos para distribuir productos en todo el país”.

 Para el ministro, estos desarrollos generan oportunidades, pero también desafíos: “Constituyen una amenaza porque acercan productos de otras regiones, pero también una gran oportunidad para que el comercio local pueda adaptarse y aprovechar la logística”.

 Sobre el movimiento de paquetes, Pastore informó que Mercado Libre opera “unos 20.000 paquetes diarios en Córdoba, con un crecimiento del 40% este año en la provincia”, superior al promedio nacional. Sumadas otras plataformas, estimó que “casi se alcanza el millón de paquetes por mes”.

 Consultado por la competencia desigual que plantean plataformas asiáticas que no tributan en el país, Pastore reconoció la necesidad de regulación: “Hay una condición de desigualdad y el gobernador Llaryora se comprometió a trabajar para que el comercio electrónico se desarrolle en condiciones de igualdad”.

 Y concluyó con una reflexión acerca del rol del Estado en este nuevo escenario: “La ausencia del Estado es una quimera. Hay regulaciones en exceso, sí, pero también es necesario un Estado que ordene. Que sea Mercado Libre quien plantee esto es muy significativo”.

El Gobierno de Córdoba presentó oficialmente el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que disminuirá la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones —equivalentes a USD 600 millones— con el objetivo de dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos.

El presupuesto para el año próximo fue presentado en la Legislatura Provincial por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta. 

La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.

Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso: ajustan gastos, sostienen sus negocios, trabajan y producen sin bajar los brazos. Ese sacrificio nos inspira y nos obliga.Tomando la previsión del Gobierno Nacional de un crecimiento del 6% para 2026, apostamos a ese horizonte… pic.twitter.com/WnoAjqv4Kd

En el marco del Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una reducción histórica:

• Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta $88,1 millones anuales.

• Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.

• Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.

• Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.

• Alícuota 0 para actividad agrícola.

• Alícuota 0 para industria promovida.

• Alícuota 0 para créditos hipotecarios.

• Exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.

En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.

El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:

• 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.

• 11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducación del 29%.

• 21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.

• El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.

Además:

• 175.000 personas e instituciones de Córdoba tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano.

• Se mantienen beneficios: 30% por contribuyente cumplidor y 10% por pago de contado.

El impacto fiscal de estas medidas representa $200.000 millones menos de recaudación, que permanecerán en manos de familias y comercios.

Inmobiliario Rural: acuerdo con el sector y beneficios crecientes

El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.

•Nuevo descuento del 5% los propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos.

•Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.

•Beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias.

•Descuento por tope del 29%

•Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado)

•Exenciones a entidades sin fines de lucro

* Exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.

Este programa de reducción del Impuesto Inmobiliario Rural significa que el gobierno provincial deja de percibir unos $250.000.000.0000 que pasan al circuito económico cordobés.

En conjunto, el Plan de Reducción de Impuestos Córdoba 2026 materializa la mayor baja impositiva provincial de los últimos años y consolida una estrategia orientada al crecimiento, la inversión y el alivio fiscal:

-$900.000 millones que quedan en los bolsillos de cordobeses y empresas.

-Más consumo, más inversión y mayor competitividad.

-Un esquema tributario más simple, equitativo y orientado al desarrollo.

Este sábado, los representantes de las localidades de Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta Gracia y Río Tercero firmaron el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal Permanente (CTIP).

La rúbrica de constitución, realizada en San Francisco, fue encabezada por los intendentes Daniel Passerini, Guillermo De Rivas, Damián Bernarte, Eduardo Accastello, Marcos Torres Lima y Marcos Ferrer. El acto además, contó con la presencia del secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci; y el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei.

La entidad, que agrupa a las seis localidades más pobladas de la provincia, tiene como objetivo el análisis y la generación de iniciativas comunes a los fines de armonizar los regímenes tributarios municipales, promoviendo procesos simples y ágiles para los contribuyentes.

Durante el encuentro, el intendente Daniel Passerini enfatizó en el trabajo articulado de todas las ciudades que la integran: “Elegimos trabajar en soluciones estructurales, decisiones políticas fuertes. Todos los intendentes que estamos acá expresamos la voluntad de que en cada una de nuestras ciudades el trabajo, el empleo, el desarrollo y la actividad económica sean impulsadas a partir de este acuerdo”.

La CTIP aportará transparencia, previsibilidad y eficiencia, reduciendo cargas administrativas a los vecinos y vecinas, eficientizando la recaudación de los gobiernos locales y favoreciendo la seguridad jurídica.

El organismo cuenta también, con la participación consultiva de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia. En ese sentido, el mandatario de la ciudad de Córdoba reconoció el trabajo del Gobierno Provincial en fortalecer las políticas municipales con las políticas públicas ya consolidadas y brindar herramientas para lograr estos acuerdos

La creación de CTIP fue el fruto de numerosas reuniones y el trabajo conjunto en mesas de “Encuentro de Integración Conjunta Administrativa-Tributaria” desarrolladas desde el año 2024.

El gobierno nacional dispuso a partir del 1º de septiembre la actualización por inflación del impuesto a los combustibles líquidos y estableció un cronograma para recuperar los ajustes pendientes.

Lo hizo a través del Decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Este decreto deroga el Decreto N° 466 del 27 de mayo de 2024 y sus modificatorios, los cuales habían postergado sucesivamente la aplicación de estos incrementos fiscales.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Los incrementos correspondientes a actualizaciones del año calendario 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025, que habían sido diferidos, serán aplicados conforme al siguiente esquema:

• Primera Fase (del 1° al 30 de septiembre de 2025):

   ◦ Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,645.

   ◦ Gasoil: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,978.

• Segunda Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

   ◦ Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

La medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

En un contexto económico complejo que impacta de lleno en los recursos municipales, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, encabezó la firma de un convenio con la Secretaría de Ingresos Públicos de Córdoba para implementar un esquema de fiscalización tributaria conjunta entre Provincia y Municipio.

La reunión tuvo lugar en Tecnoteca y contó con la presencia del secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci; el director general de Rentas, Rodrigo Buffa; el secretario de Economía municipal, Juan Carlos Sola; concejales, funcionarios provinciales y trabajadores del área económica local.

“Este acuerdo es parte de un proceso que apunta a mejorar la eficiencia recaudatoria y avanzar hacia una armonización tributaria. Accederemos a más información, podremos actuar con mayor eficacia y brindar un mejor servicio al contribuyente”, destacó Bernarte.

El intendente remarcó el valor del trabajo conjunto y la importancia de contar con referentes del Departamento San Justo en cargos provinciales: “Eso nos permite estar más cerca de las gestiones y atentos a los programas que llegan desde la Provincia”.

Este convenio llega en un momento en que el municipio enfrenta una caída del 38% en sus ingresos, no por evasión, sino por la retracción de la actividad económica, tal como el propio Bernarte había explicado recientemente en una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO. En ese marco, consideró que esta articulación permitirá mejorar el control sin cargar al vecino con nuevos tributos.

Desde la Provincia, Pintucci confirmó que la decisión responde a un pedido directo del gobernador Martín Llaryora, quien promueve una colaboración estrecha con los municipios sin incrementar la presión fiscal.

“Este es un pedido del gobernador: trabajar con los municipios para lograr una administración más eficiente. No hay posibilidad de subir impuestos, por eso necesitamos avanzar hacia sistemas más simples y armonizados”, afirmó el funcionario.

Pintucci también destacó que el actual sistema presenta serias dificultades para los contribuyentes. “Córdoba tiene 427 municipios. Si una empresa trabaja en 10, tiene que presentar 10 declaraciones juradas distintas. Ese costo es el que queremos reducir con este trabajo conjunto”.

En esa línea, sostuvo que ya se está trabajando con los municipios más grandes y que la Provincia está saliendo al territorio: “Queremos que la Provincia no tenga su eje solo en la ciudad de Córdoba. Los municipios están más cerca de la realidad local y debemos apoyarlos. Incluso con un gobernador del interior como Llaryora, es imposible llegar a todos los rincones sin este vínculo directo”.

Por su parte, Sola, expresó que este convenio es estratégico: “Es un día muy importante. Este trabajo conjunto nos permitirá generar recursos esenciales, especialmente en un contexto donde el gobierno nacional ha recortado toda transferencia de fondos a las provincias”.

Finalmente, Buffa, presentó el programa “Rentas más cerca”, que apunta a descentralizar la atención y mejorar el acceso a los servicios en todo el interior provincial.

“Hemos recorrido el 95% de los municipios con este programa. La idea es facilitar el vínculo y construir una cultura tributaria participativa”, concluyó Buffa. 

Mercado Libre anunció que desde el 8 de julio aumentará el costo de operación en las provincias en que tiene un mayor impacto el impuesto a los Ingresos Brutos.

Los costos aumentarán para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto es más alto en comparación con el promedio del país, precisó la empresa en un comunicado.

En contrapartida disminuirán los cargos por vender en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero. En el resto de las provincias no habrá cambios.

“El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, señaló la empresa.

En un comunicado explicó que “hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva”.

“Para transparentar el impacto de los impuestos locales, por primera vez Mercado Libre y Mercado Pago diferenciarán los cargos por vender en cada provincia”, afirmó la empresa.

La compañía enfatizó que “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió a los gobernadores que el Poder Ejecutivo tiene "actitud positiva" para encarar las problemáticas que les manifiestan, pero remarcó que “los números no cierran”. 

“Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos”, anticipó en declaraciones a Cadena 3, y sumó: “Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada”.

Tras los reclamos de las provincias, que pidieron rediscutir la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles, Francos reveló que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunirán hoy para alcanzar un entendimiento. 

“En la Nación hemos hecho ajustes y bajado muchos impuestos y esperamos que la actitud sea recíproca porque la situación económica del Estado Nacional y de los provinciales deben ser motivo de preocupación de todos los líderes”, destacó en la previa a la reunión de mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de este mediodía. 

En la misma línea, sumó: “El gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación. Las provincias deberían analizar eso, algunas han hecho mucho esfuerzo, pero nunca se hace lo necesario”. 

En otro pasaje de la entrevista, Francos apoyó que la Justicia le haya otorgado la prisión domiciliaria a la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que cumple su condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos, en la causa Vialidad, pero cuestionó el accionar de la titular del Partido Justicialista (PJ).

“Me parece bien que se la den, pero no es correcto lo que hace, esta especie de afrenta -más allá de que sean sus seguidores, que son cada vez menos- dar estas expresiones públicas afecta al conjunto de los argentinos”, criticó, y sumó: “Estar bailando o expresar esta sensación de alegría cuando en realidad está presa no es razonable”. 

Por otra parte, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, el jefe de Gabinete remarcó que el conflicto supera a la administración libertaria, pero se pronunció en sintonía con Estados Unidos e Israel. 

“El tipo de conflicto nos supera. Es una confrontación entre naciones que tienen un poderío militar por encima del nuestro. No estamos en esa posición, ninguno de los contendientes nos lo han solicitado”, aseveró. 

Por su parte, aclaró: “Por supuesto apoyamos la posición de defensa de Israel y Estados Unidos contra la enorme amenaza que significa Irán, que los argentinos ya lo hemos sufrido y eso no hay que olvidarlo”.

“Más allá de que no podamos colaborar, lo importante es saber de qué lado estamos y estamos del lado de Estados Unidos e Israel”, afirmó, y concluyó: “Hemos tomado medidas de prevención en las fronteras, en lugares donde hay información que se concentran personas de ese origen, y en sectores estratégicos del país”. 

Desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei se expresó sobre la necesidad de reducir la presión impositiva. Esta ha sido una de las banderas más repetidas. "El Estado les roba a los privados a través de los impuestos", ha afirmado en más de una ocasión, en línea con su ideario libertario. En otras ocasiones, ha sostenido que, con una macroeconomía estabilizada, podrían tomarse decisiones en este punto. 

Sin embargo, la distancia entre las palabras y los hechos es grande.  Así lo indica un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Ese texto ofrece una radiografía de la estructura tributaria vigente en el país y permite evaluar con datos concretos el avance -o retroceso- en esta materia. Según el documento, entre 2024 y 2025 solo se eliminó un tributo a nivel nacional: el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País). La cantidad de impuestos nacionales se redujo así de 46 a 45. Sin embargo, los tributos provinciales se mantuvieron estables en 25, y los municipales aumentaron de 84 a 85, con la incorporación de una nueva tasa al transporte por plataformas electrónicas. El total consolidado de impuestos en Argentina permanece en 155.

En otras palabras, la carga tributaria sigue siendo tan pesada como antes. No hubo una simplificación significativa ni una rebaja estructural que alivie al sector productivo. Lo que hay es una promesa persistente, pero incumplida. Y no solo en la Nación. Otros niveles del Estado continúan cobrando impuestos y tasas de variada índole sin que existan ni siquiera promesas de reducción.

Son evidentes las consecuencias negativas que esta presión fiscal genera sobre la competitividad de la economía argentina. Como han advertido entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el entramado tributario nacional -complejo, ineficiente y superpuesto entre jurisdicciones- representa un obstáculo directo para la inversión, la creación de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Porque desincentiva la formalización y promueve la evasión. En este sentido, promover el crecimiento sostenible implica reducir las cargas tributarias distorsivas y mejorar la eficiencia recaudatoria.

La situación se agrava si se observa la concentración de la recaudación. El informe del Iaraf estima que en 2025 se proyecta una recaudación tributaria consolidada equivalente al 29,2% del PBI. Además, el 94% de esa recaudación se concentra en solo diez tributos, de los cuales ocho son nacionales. Aún más revelador: según datos del Ministerio de Economía, apenas 1.000 Cuits —es decir, grandes contribuyentes— aportan el 50% de la recaudación nacional, y 11.000 Cuits, el 70%. Este nivel de concentración, reconocido incluso por el propio ministro de Economía de la Nación, refleja una estructura que perpetúa la informalidad y desalienta el crecimiento.

Por ello, se hace necesario que los avances en la consolidación fiscal se acompañen de una política activa de reducción y eliminación de tributos en todos los niveles. Será complicado lograr el crecimiento económico mientras subsista un sistema tributario que, en la práctica, opera como una camisa de fuerza. 

Las billeteras de criptomonedas enroladas en la Cámara Fintech reclamaron hoy que no se les cobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios, en línea con lo que ocurre con bancos y agentes del mercado bursátil.

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) pidieron estar alcanzados por el régimen de exención del impuesto a los Débitos y Créditos, como ocurre con bancos, ALyCs, proveedores de servicios de pago y otros actores regulados.

Explicaron que, de lo contrario, existe una "clara desigualdad fiscal".

“Los PSAV enfrentan una carga impositiva significativamente mayor que la de otros actores regulados del sistema financiero” indicó la entidad. 

Las empresas cripto que operan en el país advierten que estas normativas la ponen en condición de desventaja.

Y aseguran que existe una "discriminación" hacia el sector que moviliza por año más de US$ 91.000 millones en transacciones. 

Alertaron, además, sobre un escenario de incertidumbre ante la posible aplicación retroactiva del impuesto, a partir de intimaciones recibidas por algunas empresas del sector.

Dijeron que eso provoca un “nivel de riesgo adicional que desincentiva la inversión y dificulta la planificación”.

La cámara dijo que “en un contexto en el que se busca fomentar la libre competencia entre monedas y activos, mantener esta discriminación por el solo hecho de operar con activos virtuales va en sentido contrario al modelo de país que se quiere construir”.

Los PSAV piden también diseñar un “esquema tributario moderno y competitivo” compatible con Activos Virtuales, que permita operar con previsibilidad, especialmente en lo referido a impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

En el proceso de desaceleración inflacionaria que busca el Gobierno, y que logró hasta los últimos meses, distintos sectores de la industria y el agro piden reformas estructurales, que incluyen la baja de impuestos para poder reducir los precios. Lo que más impacta en el bolsillo son los alimentos. De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), cada cuatro pancitos que se consumen, uno es de impuestos; se toma 1 “vaso impositivo” por sachet, y en el caso de la carne, hay un cuarto de impuestos por kilo.

En productos de primera necesidad, la carga impositiva no es menor y afecta principalmente a los sectores más vulnerables, quienes destinan una mayor parte de su ingreso a alimentos.

“En el almuerzo o cena pasa lo mismo, si vamos a la carnicería, por cada kilo de carne nos estamos llevando un cuarto de impuestos. Hay 25% de impuestos y 15% de ganancias. En otras palabras, cada $10.000, estamos pagando $2.500 de carga impositiva”, afirmó Nicolle Pisani Claro, economista Jefe de FADA.

“Esto se repite también en muchos de los productos, y en algunos casos esto se está haciendo más visible para el consumidor, por la aplicación de la nueva medida de transparencia que pide detallar el “precio con y sin impuestos” en las góndolas y tickets”, añadió.

Sucede que el precio de cada producto está compuesto por tres grandes categorías: los costos de hacer ese producto, la ganancia y los impuestos que se pagan en todo ese proceso.

Los tributos que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal. Antonella Semadeni, economista de FADA, indicó que del total de esos impuestos, más del 70% corresponden a los nacionales.

“En cuanto a los principales costos, por ejemplo, para elaborar el pan tenemos: la electricidad, que pesa aún más por las actualizaciones en las tarifas, materia prima, el transporte, alquileres y el personal. Por ejemplo, el flete representa el 2% del precio al consumidor”, señala Pisani Claro.

“Que los impuestos superen la ganancia, es una situación que puede tornarse injusta ya que, por ejemplo, en la cadena de la leche todo el proceso productivo está afectado por cuestiones climáticas, sujeto al precio del maíz con el que se alimentan las vacas, a los productos relacionados con la salud de los animales, al del combustible para el transporte. En medio de todo eso, el Estado, a través de los impuestos, está presente en todos los eslabones y no afronta ningún riesgo”, añadió Semadeni.

En el caso del pan, desde el campo a la mesa el precio se multiplica 12 veces: 60% de costos de producir el pan, 24% de impuestos y 16% de ganancias.

En el caso de la carne, el precio está compuesto por un 60% de costos, como la tierra donde se crían los animales, la sanidad y la alimentación, el transporte, y el personal.

En la leche 67% son costos, 26% son impuestos y sólo un 7% son ganancias. Por ejemplo, para el tambo, los costos que más subieron en esta última medición fueron la alimentación de las vacas y todos los costos relacionados con la comercialización.

Más en detalle, en el pan el 8% corresponde al trigo, 4% al molino, 64% a la panadería y 24% los impuestos. En la carne 28% es la cría, 24% el feedlot, 2% frigorífico, 21% carnicería y 25% impuestos. En la leche, 28% es el tambo, 26% la industria, 20% el comercio y 26% los impuestos.

“Esto ayuda a derribar ciertos mitos sobre cómo se conforman los precios que muchas veces traban políticas públicas importantes para los ciudadanos y para las áreas productivas. Por ejemplo, durante muchos años se creyó erróneamente que la baja de las retenciones, al impactar en el precio de los granos, iba a traer un importante aumento del precio de los productos básicos cuando no es así“, dijo Semadeni.

“En realidad, esto muestra que el 90% del precio de los productos corresponde a múltiples factores como impuestos, transportes, alquileres, salarios, servicios, entre muchos otros. Por eso creemos que es importante visibilizar y derribar ciertos mitos para centrarse y focalizar en lo que necesitamos como consumidores y para todo el proceso de producción y elaboración”, concluyó.

El Gobierno nacional eliminó los derechos de exportación del 88% de los productos industriales, por lo que 4.411 productos dejarán de pagar retenciones de entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la mercadería.

La eliminación de los impuestos a la exportación de productos elaborados se formalizó mediante el Decreto 305/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, beneficiando inicialmente a 3.580 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina.

Al destacar la medida, el Ejecutivo sostuvo que “las retenciones afectaban la competitividad de estas empresas argentinas en el exterior y las desincentivaban a exportar” y detalló que “ahora, la industria queda prácticamente exenta de pagar estos impuestos, con excepción de algunos sectores de insumos básicos difundidos como hierro, acero, aluminio e industria petroquímica, y de la industria automotriz”.

En el texto oficial se argumentó la decisión afirmando que “los objetivos del Gobierno Nacional, vinculados a la transformación de la política económica, exigen la adopción de medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”.

A su vez, se expuso que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y divisas, el Gobierno Nacional se ha propuesto la simplificación administrativa y la eliminación de impuestos en la medida en que estas modificaciones no afecten el equilibrio fiscal”.

Entre los productos que dejarán de tributar retenciones están las agropartes, artículos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, maquinaria y equipo, relojería, preparados de sangre u hormonas elaborados por la industria farmacéutica, como tubos, cables e insecticidas.

Asimismo, también se exime a productos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores y piezas de autos, como bombas, válvulas o engranajes, plásticos y metales, entre otros.

Desde el Gobierno valoraron la medida asegurando que “dará competitividad a la industria local y fomentará las exportaciones” y reveló que “en 2024, el valor de las exportaciones de estos productos acumuló 3.804 millones de dólares”.

Al referirse  remarcaron que “el ordenamiento de las cuentas públicas hace posible continuar bajando impuestos distorsivos”, recordando que la decisión está alineada a la quita, dispuesta en enero pasado, de los derechos de exportación de actividades agroindustriales de las economías regionales y sus cadenas de valor como la textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas, además de reducir las retenciones a los principales productos agropecuarios.

En la normativa, se justificó la inclusión de los productos industriales señalando que “el sector industrial constituye uno de los principales generadores de empleo y valor de la economía argentina, contribuyendo al desarrollo económico mediante la generación de insumos básicos y su transformación en productos semielaborados y elaborados transables”.

En este marco, se expuso que “resulta necesario generar las condiciones para que la actual recuperación económica se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones”, y se agregó que “en esa misma línea, resulta conveniente crear condiciones favorables para la producción y el comercio exterior”.

De esta manera, se consideró que “la medida propuesta pretende incrementar las ventas a mercados externos, fomentar la industria nacional y sus exportaciones y promover el agregado de valor y la generación de empleo, aliviando su carga impositiva sin afectar significativamente la recaudación”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida en su cuenta de X indicando que “a esto vinimos. A devolverle los recursos al sector privado, ahorrando desde el Estado para bajar impuestos”, manifestando que es “exactamente lo opuesto al Kirchnerismo, que duplicó el gasto del Estado, cobrándole más y más impuestos al sector privado, sometiéndolo a un ajuste brutal”.

Al respecto, recordó que “esto hizo que la economía y el empleo no crecieran por 14 años, y la pobreza y la indigencia llegaran a niveles vergonzantes” y contrapuso que “hoy la economía crece al 6 por ciento, y sacamos 10 millones de argentinos de la pobreza”.

En este contexto, aprovechó para alimentar la estrategia política y electoral libertaria de confrontar con el peronismo que lidera Cristina Kirchner, al plantear que “es kirchnerismo o libertad. Es pobreza o progreso. Es vergüenza o dignidad”.

El Centro Empresarial y de Servicios (CES) comunicó cómo será la modalidad de apertura de los comercios durante los feriados de Carnaval 2025 que trae aparejada un incremento en los costos laborales. 

En el caso de este lunes 3 de marzo, los comercios permanecerán cerrados. Mientras que el martes 4 de marzo la apertura será reducida, ya que algunos de los comercios abrirán sus puertas durante media jornada. “El comercio tradicional de San Francisco va a estar cerrado lunes y martes para darle el descanso correspondiente al personal. No obstante, algunos comercios atendidos por sus dueños seguramente abran”, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO el presidente del CES, Oscar Vidal. 

En ambos días debe aplicarse la legislación vigente de feriados nacionales para el pago de la remuneración a los empleados y no podrán otorgarse como francos compensatorios del descanso

La ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo establece que al ser días de descanso las personas que sean convocadas a sus respectivos trabajos tendrán que cobrar el doble de lo que correspondería por una jornada regular.

Además de referirse a la modalidad comercial durante el feriado, Vidal analizó el impacto de la presión impositiva en el sector comercial y puso reparos a la posible instalación de la nueva sede para la Policía anunciada por Damián Bernarte en un sector de la playa de estacionamiento “Gral. J. de Arenales”, ubicada entre Bv. 25 de Mayo, Pellegrini, Pje. Champagnat Sur y Bv. 9 de Julio. Aunque el intendente no confirmó que sería ese el lugar exacto, sino que mencionó “en la zona céntrica”. 

Vidal comentó sobre la reunión que mantuvieron autoridades del CES con funcionarios municipales para analizar la carga impositiva por la suba de tasas municipales que impacta en la actividad. “Nos reunimos con funcionarios junto con otras instituciones como la Unión de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Comercio Exterior y la Cámara de la Madera. El objetivo, puntualmente, fue abordar el tema del Fosp” (Fondo de Obras y Servicios Públicos), un impuesto de emergencia del 2007 que seguirá vigente en 2025.  

A nivel provincial, Vidal indicó que desde la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) se está trabajando sobre el impacto de Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos, que representan el 80% de la recaudación de la Provincia. “Estos tributos encarecen el 'costo Córdoba' y, lógicamente, el 'costo San Francisco'. Además, el comercio ya está afectado por sobretasas municipales como el Fosp, lo que genera más carga”, agregó.

El titular del CES planteó que “es necesario aggiornarse en materia impositiva y avanzar hacia un sistema de impuesto único, en lugar de seguir aplicando sobretasas y tributos repetidos”. Asimismo, señaló que se espera una respuesta oficial sobre el pedido de reducción impositiva que presentaron. “Este es un reclamo que realizamos el año pasado y aún no tuvimos resultados. Pero seguimos insistiendo porque la presión fiscal no sólo afecta al comercio, sino también al poder adquisitivo de la población”, enfatizó. 

Vidal lo describió como “en una meseta” el escenario actual del comercio. Explicó que los precios en San Francisco pueden percibirse más elevados que en otras ciudades debido a la carga impositiva y el costo de los alquileres. “Los comercios deben afrontar impuestos elevados y alquileres onerosos sin ningún beneficio impositivo”, sostuvo.

Según indicó, mientras la industria abona un 1% en concepto de Ingresos Brutos, el comercio paga el 4,5%. “No estamos pidiendo que se suban impuestos a la industria, pero sí que se genere algún alivio para el sector comercial”, remarcó.

“Si los comercios comienzan a cerrar por la presión impositiva, se sumará un nuevo problema social. Es fundamental que las autoridades consideren medidas que favorezcan la sostenibilidad del sector”, dijo.

En cuanto al anuncio oficial de la construcción de una nueva sede para la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, en el casco céntrico, Vidal manifestó su desacuerdo con una posible instalación en la zona frente al Colegio Superior San Martín. “Nosotros estamos pidiendo más espacios para estacionamiento y, en cambio, se ocuparía un sector estratégico con una dependencia policial”, advirtió sobre la ubicación de un nuevo edificio que reemplace al antiguo inmueble que actualmente ocupa la fuerza en Libertador Sur y Libertad.