La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. En ese marco, los diputados nacionales por Córdoba mostraron posiciones divididas, con mayorías a favor desde el cordobesismo y La Libertad Avanza, y rechazos desde otros espacios.

El bloque cordobesista votó de manera afirmativa con Juan Schiaretti al frente, quien juró como diputado tras atravesar un período de convalecencia por una intervención quirúrgica. Junto a él acompañaron la iniciativa Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carolina Basualdo y Juan Brügge.

En el mismo sentido votó el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Gabriel Bornoroni, acompañado por Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Belén Avico, Celeste Ponce, Cecilia Ibáñez, Luis Picat, Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch.

En contraposición, la diputada Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, votó en contra y calificó la sesión como “un día triste en el recinto”. Desde el kirchnerismo, la cordobesa Gabriela Estévez también rechazó el proyecto con duras críticas.

Durante el debate, Brügge defendió la postura del cordobesismo al sostener que “somos partidarios de que hay que bajar la edad porque la evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores”. Junto con García Aresca y Torres, había impulsado un esquema escalonado de penas según la edad, aunque desde ese espacio advirtieron que el presupuesto previsto para implementar el nuevo régimen resulta insuficiente.

El monto estimado para su aplicación ronda los 23.700 millones de pesos, destinados a nuevos institutos de detención y a equipos interdisciplinarios de seguimiento. Para dimensionar la cifra, se comparó con la inversión cercana a los 18.000 millones de pesos que demandó el complejo “Papa Francisco” en Córdoba.

Desde el rechazo, Estévez cuestionó con dureza la iniciativa y afirmó: “No les importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes, sino poner más herramientas para seguir reprimiendo a un pueblo hambreado”. En tanto, Bornoroni defendió la reforma al apelar a un caso emblemático y señaló el dolor de las familias que pierden a un hijo en hechos delictivos.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto del Gobierno nacional deberá ahora ser tratado en el Senado, donde se anticipa un debate intenso sobre la edad de imputabilidad, el enfoque del sistema penal juvenil y los recursos necesarios para su implementación.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza va por el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El debate comenzó pasadas las 11 tras la jura de Juan Schiaretti, y el oficialismo confía en darle luz verde al proyecto con los votos de bloques aliados. El “cordobesismo” tiene previsto votar a favor, aunque propone algunas modificaciones.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad punible a 13 años, pero tuvo que ceder ante la resistencia del ala dialoguista y aceptó dejarla en 14. Además, tal como adelantó La Voz del Interior, se incorporó un agregado presupuestario para garantizar el cumplimiento de la ley y se facultó a las provincias y a la Nación a conveniar fondos.

“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (la Libertad Avanza), que abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

La legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.

“Nos decían que queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Pero nosotros no amontonamos menores en establecimientos de menores. Les vamos a dar un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, aclaró Rodríguez Machado.

En ese sentido, advirtió que “hoy los menores de 16 están en establecimientos sin ningún tipo de proceso, porque ningún juez se anima a firmar su libertad. Hay un gris donde los tienen ocultos sin un debido proceso legal. Lo que quieren es ocultar una realidad; un discurso donde no quieren cambiar nada para que todo siga igual. Y los que más pierden son los menores, porque el Estado ni los mira”.

Rodríguez Machado destacó que además del proyecto del Poder Ejecutivo, había una veintena de iniciativas presentadas por distintos diputados. También recordó que se escuchó a “más de 30 expertos” en distintas disciplinas: juristas, médicos, representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles, entre otros. “La mayoría invitados por la oposición”, acotó la cordobesa.

El dictamen firmado este miércoles en el plenario de comisiones obtuvo 81 firmas favorables sobre 139 miembros presentes, aunque algunos diputados firmaron en disidencia, como los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes propusieron modificaciones.

El punto central de la disidencia cordobesa propone establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor. Así, plantea que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión, tal como prevé el despacho mayoritario.

A pesar de estas objeciones, los diputados alineados al gobierno de Martín Llaryora tienen previsto votar a favor en general. Será además la primera votación de Schiaretti, quien prestó juramento al inicio de la sesión luego de recibir el alta médica.

Otros diputados del interbloque Unidos dispuestos a acompañar esperaban redactar con mayor claridad que los menores no compartirán espacio con los adultos privados de su libertad, sino que serán alojados en institutos especializados, donde se espera que cuenten con el acompañamiento de “supervisores”.

Como se necesitan recursos presupuestarios para cumplir con esas disposiciones, se otorgará un monto total de $23.739.155.303, que saldrá de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. Rodríguez Machado aclaró que en el dictamen firmado en 2024, que perdió vigencia, no se fijaba un número porque no había ley de Presupuesto sancionada.

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En medio del debate, la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas.

De esta manera, la iniciativa viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11 hs.

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

El tema seguía debatiéndose este mediodía en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal (cabecera); Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

El debate en el plenario de comisiones comenzó caldeado, con dures cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar.

La polémica comenzó cuando Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados.

Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se aguardara unos minutos más para que todos los legisladores pudieran participar. 

"Empecemos a respetar porque no está en la cancha", le soltó el libertario jujeño, que además le pidió al líder de Patria Grande que “deje de payasear” y lo acusó de montar “un show”.

Las opiniones sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina están divididas entre quienes exigen medidas punitivas urgentes ante la inseguridad y quienes abogan por un enfoque de protección integral de menores. Las discusiones se centran en la necesidad de una Ley Penal Juvenil efectiva.

“¿De verdad creemos que más castigo a chicos cada vez más chicos nos va a hacer vivir más tranquilos?”, plantean los abogados Virginia Panero (MP. 5-977) y Nicolás Casas (MP. 5-702).

Cada vez que ocurre un hecho violento protagonizado por un menor, la reacción es casi automática: bajar la edad de imputabilidad. “La propuesta reaparece como si fuera una novedad, pero en realidad es la misma respuesta de siempre, un proyecto que se reflota a lo largo de los años –sostienen-.  El debate, así planteado, empieza mal. Hay numerosos proyectos en discusión que proponen bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 12, 13 o 14 años. El que hoy tiene más fuerza en sesiones extraordinarias la fija en los 13, sin embargo, se discute más el castigo que las causas”.

Actualmente, “la ley establece que son punibles los adolescentes de entre 16 y 18 años, con un régimen diferenciado que permite, a partir de los 16, la aplicación de penas privativas de la libertad, es decir, el sistema penal juvenil ya existe y ya interviene”, recordó Panero.

“En la provincia de Córdoba solo el 1% de los menores de 18 años tuvo algún tipo de contacto con el sistema penal –graficó Casas-. Y si miramos más de cerca, apenas el 0,01% corresponde a chicos de entre 13 y 15 años, la franja etaria sobre la que hoy se discute bajar la edad de imputabilidad, ¿De verdad creemos que el problema de la inseguridad se explica ahí?”, trazó.

“Los datos muestran, además, que cerca del 90% de los delitos cometidos por menores de edad son hurtos o tentativas de hurto. Muchas de esas tentativas se explican por el consumo problemático de estupefacientes, chicos tan atravesados por la adicción que ni siquiera logran consumar el hecho –agregó-. El problema central no es la edad, sino la droga, la exclusión y el abandono”.

“Los adolescentes alojados en el Complejo Esperanza, por ejemplo, son en su enorme mayoría varones con derechos básicos insatisfechos, con consumo problemático de drogas, familias atravesadas por múltiples vulneraciones y, en muchos casos, con padres privados de la libertad. No llegaron ahí por azar, llegaron porque el Estado estuvo ausente durante años”, acotó Panero.

Sin embargo, los abogados cuestionaron que “el debate público no se concentra en cómo evitar que los chicos lleguen al delito, sino en cómo castigarlos antes. Se corre el foco del problema real y se lo traslada al sistema penal, como si el derecho penal pudiera reparar lo que el Estado no supo cuidar a tiempo, pero la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”.

Sostienen que “responder siempre con una ley penal, sin trabajar seriamente sobre los factores que empujan a los adolescentes al delito, conduce al mismo resultado: más exclusión, más violencia y más víctimas. Bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no reduce el delito. Solo amplía un sistema penal que llega tarde y que ya demostró, una y otra vez, su ineficacia. Aun así, la ‘solución’ que se propone una y otra vez es adelantar cada vez más la entrada al sistema penal. El castigo temprano funciona más como un gesto simbólico frente a la falta de respuestas estructurales que como una verdadera herramienta de seguridad. El Estado sabe que endurecer penas no funciona, pero también sabe que suma políticamente”.

“Desde la ley Blumberg hasta hoy, el sistema penal se endureció de manera sistemática. Las penas aumentaron, las cárceles se llenaron ¿Qué se logró?: más reincidencia, más violencia y un sistema colapsado que no resocializa a nadie. Volver a aplicar políticas que ya fracasaron y proponerlas como solución es, en el mejor de los casos, engañar a la sociedad. Peor aún, se pretende retroceder hacia un régimen penal juvenil heredado de la última dictadura militar, pensado desde la lógica del castigo y no desde la protección integral de derechos”, opinó Panero.

Para los profesionales, “retroceder en materia de infancia no es avanzar en seguridad. La prevención del delito no se construye con castigo, sino con políticas públicas serias: atención a la pobreza, a la deserción escolar, abordajes integrales del consumo problemático de drogas, acompañamiento familiar y presencia estatal sostenida en los barrios. Eso es lo difícil. No suma votos, pero es lo que realmente funciona”.

“La paradoja final aparece cuando el propio proyecto menciona la intervención de organismos de niñez, incluso de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro del régimen penal juvenil. Se los nombra cuando el adolescente ya está imputado, pero poco y nada se dice sobre su fortalecimiento en la etapa preventiva. Más aún: a nivel nacional, la Defensoría sigue con cargos vacantes desde hace meses, sin que ello genere la urgencia política que sí despierta la discusión sobre imputabilidad. Se la invoca en el castigo, pero se la desatiende en la protección”, insistió Casas.

“El debate de fondo debería ser otro –aseguran-. Se discute con intensidad cómo sancionar penalmente a adolescentes, pero no se discute con la misma fuerza cómo fortalecer, en Nación y en las provincias, el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Organismos que trabajan con recursos mínimos, equipos desbordados y escaso reconocimiento institucional, haciendo lo que pueden cuando deberían ser una prioridad absoluta si realmente se quiere reducir la delincuencia juvenil a futuro”.

“Ningún régimen penal, por más severo que sea, va a compensar la ausencia de políticas públicas tempranas. Y ningún adolescente debería pagar con cárcel lo que el Estado no hizo a tiempo. Si el Estado llega primero con derechos, quizás no tenga que llegar después con castigos”, concluyeron.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación ante las iniciativas que proponen bajar la edad de imputabilidad como respuesta a delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y el acompañamiento comunitario.

El pronunciamiento fue difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, figura histórica vinculada a la educación y al trabajo con jóvenes. En ese contexto, la Iglesia sostuvo que un debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja”, que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, pero advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad deja en segundo plano las causas estructurales del problema y las herramientas necesarias para evitar la reiteración de estos hechos. En ese sentido, remarcaron que “poner el acento solo en la pena no alcanza para dar respuestas de fondo”.

La Comisión Ejecutiva recordó además un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, continúan vigentes. Entre ellos mencionaron el destino de los menores privados de la libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social, y la eficacia del sistema penitenciario como solución.

“La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución”, señalaron de manera textual, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada “humana, integral y abierta a la esperanza”.

El comunicado también destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria. Desde esa perspectiva, la Iglesia subrayó que la prevención no niega los conflictos, pero apuesta a la inclusión y al desarrollo pleno de niños y adolescentes.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la CEA reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que permitan construir futuro y evitar respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. “La verdadera prevención nace del cuidado compartido”, subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo de manera indirecta que la niñez y la juventud representan “una tierra sagrada donde se siembra el futuro” y pidió especial atención para los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.

El gobierno nacional confirmó este lunes que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se sumará al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores lleva décadas, el año pasado el oficialismo había avanzado considerablemente y hasta llegó a firmar un dictamen de mayoría en comisión. El texto había quedado listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero la falta de consensos y otras urgencias políticas hicieron que quedara relegado.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza dejaron trascender que están dispuestos a respetar la mayoría de los cambios que se consensuaron el año pasado para lograr el dictamen de mayoría.

El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

La propuesta original de los libertarios era fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral actual de 16 años. Según el Gobierno, esta modificación buscaba “alinear” la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad comienza a los 14 años, y otros como Brasil y México, donde se ubica en 12 años.

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil de Milei también ponía especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Entre las penas alternativas a la prisión se establecían la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitaba la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluían programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contemplaba intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

El proyecto disponía que los procesos fueran reservados y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de este derecho. Además, exigía la intervención de la asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso. El juez podía disponer medidas protectoras adicionales para salvaguardar la integridad del adolescente.

El dictamen de mayoría también establecía un capítulo específico para la atención de inimputables, con pautas para la intervención de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y prevé la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos cometidos por sus hijos.

Por su parte, las víctimas cantarían con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

La mesa política del Gobierno decidió incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias este lunes, en medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El adolescente de 15 años recibió más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años.

El Gobierno Nacional busca acelerar el tratamiento y su posterior sanción de la baja en la edad de imputabilidad a raíz del asesinato de Kim Gómez en La Plata, en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años. 

Al momento, según la ley, uno de los detenidos por el crimen, es inimputable por lo que no podrá condenado por el homicidio de la niña que fue arrastrada por cuadras, luego de que intentara huir del auto robado.

La primera en hacer eco del reclamo fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a través de sus redes sociales planteó: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más”.

“No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”, argumentó.

MENORES ASESINARON A UNA NIÑA EN EL CONURBANO BONAERENSEHace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los… pic.twitter.com/v7tohkkguP

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que se trata de un tema en agenda, y planteó que el crimen en La Plata “es una aberración”. “Independientemente de su minoría de edad o de no haber cumplido la mayoría de edad, no pueden seguir conviviendo en sociedad y matando gente”, sostuvo.

El Poder Ejecutivo Nacional, tras el trabajo de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), envío el pasado 15 de julio al Congreso un proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

En Casa Rosada aseguran que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes", lo que genera “una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

En su redacción se determina que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque la escala penal podría ser más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. 

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

El oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".

Por su parte, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

La semana pasada, las crónicas policiales de los medios de comunicación de la capital cordobesa volvieron a centrar su atención en el caso de un menor de 15 años que ya acumula más de veinte detenciones por delitos que incluyen asaltos callejeros, robo de automóviles y uso de armas de fuego.

El derrotero delictivo de este joven ha expuesto, como pocas veces, las graves deficiencias del marco legislativo y de algunos organismos estatales, tanto ejecutivos como judiciales, para enfrentar la delincuencia juvenil. La prevención parece fallar de manera sistemática, y los mecanismos de reinserción social resultan casi inexistentes. Mientras tanto, la llamada “puerta giratoria” mantiene su dinámica imparable. Las carencias son tan evidentes como preocupantes. Mientras, los años pasan, los debates se suceden y las respuestas concretas siguen brillando por su ausencia.

Hace tiempo que se discute la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores de edad. Pero las posiciones enfrentadas mantienen la misma lógica confrontativa que caracteriza a gran parte de la discusión pública en la Argentina. Prevalece el afán por refutar al adversario antes que el interés por construir soluciones. Las posturas extremas dominan el escenario e impiden la búsqueda de consensos. Falta profundidad en el análisis y serenidad en el debate. Sobran los gritos, las descalificaciones y las agresiones. En este contexto, cada hecho resonante reaviva las discusiones, pero las conclusiones nunca llegan y las decisiones se postergan indefinidamente.

 En este marco, es plausible que el ministro de Seguridad de Córdoba haya reclamado, días atrás, que la impostergable necesidad de que “de una vez por todas, los distintos sectores políticos se animen a un debate profundo y sin especulaciones”, sobre el régimen penal juvenil. Afirmó que esa legislación vigente “claramente no está a la altura de las circunstancias”. 

Señaló que tampoco lo están quienes “prefieren opinar ante micrófonos y con una luz encendida que en los micrófonos que tienen las bancas legislativas. Ése es el lugar para dar este y todos los debates pendientes en la Argentina”. Al mismo tiempo, expresó su convicción de que “el denodado accionar de nuestra policía nunca será suficiente si los tres poderes del Estado no se alinean en un mismo objetivo: trabajar sin mezquindades por la seguridad de los cordobeses y argentinos”.

Los vaivenes de la política nacional han oscilado tantas veces en torno a esta problemática que, incluso, han confundido a especialistas cuya voz termina disipándose entre el humo que se “vende” detrás del ruido generado por los discursos sesgados. Muchas veces, el objetivo parece ser negar los aspectos múltiples y complejos de una realidad que exige ser abordada con seriedad e integridad. Mientras el debate continúe contaminado por sectarismos y visiones alejadas de las experiencias cotidianas, será muy difícil alcanzar los consensos necesarios para implementar una política de seguridad racional y efectiva. Y eso, en definitiva, es lo que reclama una sociedad que sufre las consecuencias de la inacción.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina ratificó en 1990 y que desde 1994 tiene carácter constitucional, implicó un cambio sustancial ya que considera a niñas y niños sujetos de derechos. En todo este tiempo, mucho se habló de deudas del Estado frente a la niñez.

El régimen penal juvenil vigente data de la última dictadura militar y es necesaria una reforma. Sin embargo, esta no puede limitarse a la baja de edad de punibilidad de 16 a 13 años, como propone el Gobierno, lo que impactará en las infancias más vulnerables, sino que “debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados y en la prevención de delitos”, sostuvo Andrés Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil de los Tribunales de San Francisco, al analizar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO el proyecto que establece un nuevo sistema para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

Además, consideró que bajar la edad de imputabilidad “no reducirá los niveles de inseguridad social”. Y aunque los ministerios de Seguridad y Justicia argumentaron que el delito juvenil está en aumento, el magistrado expuso estadísticas oficiales que lo desmienten: en nuestro país, menos del 4 % de los delitos son cometidos por niños, niñas y adolescentes. 

Entonces, “es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de ‘mano dura’ traerá soluciones mágicas”, afirmó.  

-¿Cuáles cree que son los desafíos para el sistema judicial respecto a minoridad?

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia, lenguaje claro y sencillo, espacios adaptados, entornos seguros y adecuados, trato diferenciado y especializado. Debemos tomar en cuenta la edad, las condiciones particulares, el grado de desarrollo y madurez para lograr una justicia accesible y apropiada para personas que atraviesan esta etapa de la vida y que por diversos motivos se encuentran inmersos en un proceso judicial donde se definen sus intereses. Es necesario priorizar los trámites orales, la celeridad, la eficiencia y eficacia de los procesos, la especialidad, la interdisciplinariedad y la capacitación permanente, no solo en conocimientos, sino también, en empatía. 

-Y romper con tabúes sobre la burocracia. Se viene insistiendo en una Justicia más cerca de las infancias, sobre todo en temas sensibles como la adopción. 

Sin perjuicio que toda intervención judicial siempre puede mejorar, y a eso aspiramos permanentemente, puede existir una percepción errónea sobre los procesos de adopción. La adopción es la última etapa de varias y solo procede con carácter excepcional cuando la familia de origen no puede brindar los cuidados para satisfacer las necesidades afectivas y materiales de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, existe un desfasaje entre los NNA que pueden ser adoptados y las intenciones o deseos de los pretensos adoptantes, lo que complica notablemente que encuentren familia. En Córdoba, tendencia que se replica en el resto del país, más del 90 % de las personas inscriptas en el Registro Único de Adopción quieren adoptar a niños o niñas de 0 a 3 años, sin complicaciones de salud y/o capacidades diferentes. Sin embargo, los NNA en condiciones de ser adoptados tienen más de 12 años. Por ese motivo, permanentemente se difunden convocatorias públicas para que NNA encuentren familia, es decir, un espacio de afecto y contención cuando no lo pueden hacer en su familia de origen. Esas convocatorias públicas son realizadas por los Juzgados de Niñez y Adolescencia cuando no existen postulantes inscriptos en el Registro de Adopción. 

- ¿Considera que es necesaria una reforma al actual régimen penal de la minoridad?

Sí, siempre y cuando los cambios no se restrinjan a la baja de edad de punibilidad. Frente a conductas transgresoras de NNA, en especial para aquellos que están por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal (16 años), deben disponerse medidas de carácter preventivo, protectorio y de apoyo a las familias, llamadas de “intervención temprana”. Así pues, considero que la reforma al actual régimen penal adolescente debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados, prevención de delitos y en el caso de fracaso, avanzar con la reintegración social de los NNA en conflicto con la ley penal.

- ¿Cómo se está trabajando en San Francisco con los adolescentes que delinquen?

Cada caso es especial, pero la primera distinción sobre la forma de abordaje se distingue según la edad de NNA denunciados: menos de 16 años (no punibles) y más de 16 y hasta 18 años (punibles). En relación a la primera categoría, no puede ser sometido a juicio. De todas maneras, investigamos y dictamos sentencias donde analizamos si el hecho denunciado existió y, en caso afirmativo, si el joven tuvo intervención. Asimismo, determinamos estrategias restaurativas para evitar la reincidencia o la reiteración delictiva, lo que otorga certeza y seguridad jurídica tanto a víctima como a victimario.

Respecto de los adolescentes punibles, cuando el denunciado tiene entre 16 y 18 años y luego de la acusación de Fiscalía que investiga, realizamos el juicio correspondiente. Si luego de celebrado el debate llegamos a la conclusión que el hecho existió y que el joven denunciado participó, se lo declara responsable y se lo somete a un período de prueba por 1 año. Si transcurrido ese plazo, el denunciado cumple con las pautas impuestas por el Juzgado, demuestra que comprendió el daño que causó y reacomodó aquellos aspectos de su vida respetando derechos y libertades fundamentales de terceros, no se le impone pena. Caso contrario, se le aplica la pena que el Código Penal establece para el delito cometido, con la reducción establecida por la ley para la escala de la tentativa.

- ¿Qué reflejan las estadísticas sobre delito juvenil?

Durante los años 2022 y 2023, en nuestra provincia las causas que involucran a NNA representan el 3,3 % del total, mientras que los jóvenes privados de la libertad ascienden a 2,2 % -punibles de 16 a 18 años- y 0,2 % -no punibles, menos de 16 años- del total. Por otro lado, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que exhibe un descenso del 8 % en la cantidad de causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores. Ello demuestra que la participación de NNA en delitos -tanto de leve, como mediana y alta entidad penal- es especialmente baja, con lo cual, la aprobación del anteproyecto que busca bajar la edad de punibilidad no tendrá un resultado significativo en términos de mayor seguridad a nivel global.

- Puntualmente, ¿qué opina del proyecto que envió el Gobierno nacional al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años? Algunos magistrados sostienen que podría ser una medida regresiva en materia de derechos humanos.

Coincido. No solo es regresivo, sino que además incrementará el número de jóvenes dentro de un sistema que probablemente empeorará sus trayectorias de vida y no reducirá los niveles de inseguridad social. Por el contrario, los incrementará, ya que está probado cómo el sistema penal se convirtió en un reproductor amplificado de las violencias que busca erradicar.

- “Delito de adulto, pena de adulto”, es el lema del gobierno de Javier Milei. Pero por lo hablado hasta aquí, no basta con bajar la edad de imputabilidad.

Los NNA son diferentes a los adultos, por ser personas en desarrollo. Su falta de madurez bio-psico-social los coloca en una especial situación de vulnerabilidad y exposición al delito sin la adecuada reflexión, lo que justifica trato diferente al de los adultos. Por esa misma razón, y desde una perspectiva de niñez y adolescencia, es necesario que exista un régimen penal específico, a fin de garantizar su protección especial que contemple las particularidades de su desarrollo psicomadurativo que necesariamente influye en la responsabilidad por los hechos cometidos. Reconocer esta diferencia hace posible evitar un trato desigual y por ende discriminatorio. No hay peor injusticia que tratar igual a quienes no lo son. Por ello esta protección especial es una exigencia legal, convencional y constitucional.

- ¿No sería entonces una medida efectiva en el combate a la inseguridad?

No, de ninguna manera.  Los delitos son un flagelo multicausal que involucra lo social, lo económico, lo cultural y la salud (drogas), entre otros. En nuestro país, el 60 % de los NNA está por debajo de la línea de pobreza. En Córdoba, más de la mitad de los jóvenes en conflicto con la ley penal presenta consumo de sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 23 % tiene consumo problemático, es decir, que la adicción a sustancias psicoactivas afecta el desarrollo de la rutina diaria de la persona que consume. Asimismo, la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) realizada en Argentina en 2022 muestra que el 54,4 % de los estudiantes está por debajo del nivel 2 de desempeño en Lengua, considerado el mínimo; solo 1 % alcanzó los niveles más altos (5 y 6) en comprensión lectora. Como puede apreciarse, los delitos no son un problema jurídico o del derecho penal.

A ello debe sumarse otra realidad: si menos del 4 % de los delitos son cometidos por NNA, el impacto de bajar la edad de punibilidad será mínimo y lejos estará de ser una medida efectiva en el combate contra la inseguridad. Tal como sucede con los adultos, a la inseguridad se la aborda con más políticas públicas de prevención y capacitación. Reforzar las políticas penales represivas deja expuesto el retroceso en políticas económicas y sociales.

La Dra. Beloff, experta que integra el Comité de los Derechos del Niño, sostiene que bajar la edad de punibilidad no solo no resuelve nada, sino que eleva la conflictividad social, ya que cada vez más NNA se involucran en delitos, más se institucionalizan, más comparten con adultos, más “aprenden” el delito, más reinciden, todo en contra de la seguridad que tanto buscamos. Por eso, es necesario adoptar obligaciones positivas de cuidado, garantizar derechos, trabajar para que los NNA no ingresen al sistema penal y reestablecer derechos vulnerados tales como salud (abordaje de adicción a las drogas), educación (inclusión educativa y social). Asimismo, si el delito se cometió, aplicar mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren no sólo al joven acusado de cometer un delito, sino también a las víctimas, sus familias y la comunidad en general, históricos excluidos del conflicto penal.

- ¿La edad mínima de responsabilidad penal y la posibilidad de establecer un sistema de justicia con enfoque diferenciado para personas menores de edad son conceptos que deberían separarse en el debate?

Sí y no, porque la edad mínima de responsabilidad penal es la razón que justifica un sistema de justicia diferenciado, con proyectos socio educativos que incorporen la responsabilización de los NNA y que resguarden el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales.

- Hay una percepción de la sociedad que la Justicia liberando a un chico de 14 años le está diciendo “andá a seguir matando o robando”. Pero, ¿qué se hace con esos menores que no son imputables penalmente? ¿Pueden funcionar métodos de justicia restaurativa?

Estamos al tanto de los reclamos sociales, pero la realidad es diferente. La intervención de la Justicia penal en jóvenes menores de edad existe, pero es diferente a los procesos penales de adultos. Es decir, los menores de 18 años responden de manera diferente a los adultos, propia de la edad que tienen, pero responden. Y dentro de ese abordaje diferencial y especializado, las prácticas restaurativas toman protagonismo. Las respuestas punitivas nos dejan tan víctimas como éramos antes: solos, sin reparación, ya sea porque es imposible o porque no surte el efecto que se espera, y sabiendoque va a haber nuevas víctimas. Por eso, es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de “mano dura” traerá soluciones mágicas y será suficiente para sanar heridas y brindar recompensa a la víctima y la sociedad en general.

Si bien nuestro Juzgado aplica prácticas restaurativas hace muchos años, recientemente, el Poder Judicial de Córdoba lanzó una capacitación obligatoria con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los operadores del fuero penal juvenil. El curso, que inicia el próximo 25 de septiembre y finalizará avanzado el 2025, contará con la presencia de los especialistas doctores Raúl Calvo Soler y Eric García López y forma parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Nuestra visión como abogados que aplicamos la ley es insuficiente para abordar la compleja, desafiante e interconectada sociedad que vivimos. Por ello, como operadores del Poder Judicial, necesitamos del trabajo interdisciplinario porque permite tener una visión completa”.

- Mientras tanto, ¿cómo se acompaña a las familias en el proceso de intervención judicial?

Sin perjuicio del acompañamiento y abordaje de las familias de los supuestos victimarios, también colaboramos con las familias de las víctimas. No existe un arquetipo de víctima; no todas las víctimas son iguales. Existen personas que son víctimas directas o indirectas de delitos graves (y no tanto) que abandonaron el odio y el rencor para dar paso a algo diferente, a algo que los hace mejores personas y nos hace mejores como sociedad.

Sabemos que más proceso penal no solo no ayuda a los niños, niños y adolescentes, sino que los perjudica más aún, en tanto aprenden -desde chiquitos- de los más grandes, adquieren habilidades delictivas y se vuelven expertos en el crimen como consecuencia del hacinamiento carcelario, la violencia propia de esas relaciones, falta o insuficiencia de recursos propios para la reinserción social y la exclusión social. Por ello, el 70 % de los adultos que ingresan al sistema penal alguna vez pasaron por alguna forma de abordaje de menores de edad en conflicto con la ley penal.

Además de ello, ¿más proceso penal ayuda a la víctima? ¿ayuda en algo para calmar el odio, rencor o necesidad de venganza? ¿permite “acomodar las cosas”, entender qué pasó, por qué a mí o a mis seres queridos? La respuesta suele ser negativa y por ello, apelamos a mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren efectivamente a las víctimas para que sean protagonistas y meros espectadores.

- Algo más que agregar…

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido por su compromiso diario: doctores y doctoras Totaro Canavesio, Demaría, Ré, Buttignol, Armando, Barbero, Brumatti, Sticca, Panero, Toia, Goirán, Elkin Casermeiro, Rochetti y Andreggen.

En el primer semestre del año, 907 niños, niños y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8 % en comparación con igual período de 2023.

El dato surge del informe semestral que elabora la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que registra la información sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el régimen penal de la minoridad (Decreto Ley 22.278), tanto en el ámbito del fuero nacional de menores como en el fuero federal.

El informe también revela que durante el período se iniciaron 920 causas sobre NNA en la Justicia Nacional de Menores, un 16,7 % menos que en igual período del año anterior.

El 90 % de los 907 NNA con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, y el 84 % de las causas corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (8 de cada 10). Asimismo, de todos los delitos contra la propiedad registrados, un 38 % fueron en grado de tentativa.

En cuanto a la edad de los NNA involucrados, el 60,1 % tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38 % entre 13 y 15, y un 1,9 % 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, se observa una reducción en la cantidad de menores de 16 años involucrados.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se sumó a las voces críticas de la disminución de la edad de imputabilidad. Un texto elaborado por las subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP pone el acento en las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales.

“Son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, refiere el documento.

“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad (…)”, cita. El informe pregona que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.

“Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”, recomendó la SAP y reclamó la presencia permanente del Estado para “promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”.

Entre otras cosas, planteó que “el acceso de los adolescentes a las armas o el uso de estupefacientes está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”. Y exhortó a fomentar lo que se ha dado en llamar "justicia restaurativa", que consiste en “evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si esta así lo acepta- para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta”.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil reanudará mañana el debate.   

Será la segunda reunión que efectuarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes para tratar este controvertido proyecto que divide en forma transversal a los legisladores de todas las bancadas políticas. 

El plenario sesionará a las 12 en el Salón 2 del Anexo C y será conducido por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, junto a sus pares de Justicia Manuel Quintar (LLA), de Familia, Roxana Reyes (UCR) y de Presupuesto, José Luis Espert.   

Para este martes fueron convocados a exponer los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo; de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de UP Eugenia Alianiello, quienes son autores de diferentes iniciativas. 

En la primera reunión celebrada el miércoles pasado lo hicieron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto. 

El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.   

El proyecto del diputado Ritondo contempla baja la edad de imputabilidad a los 14 años y los menores que cometen delito serán en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.

También propone bajar la edad de imputabilidad el proyecto del dirigente del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires), quien es un hombre de estrecha confianza del líder de esa fuerza, Sergio Massa.

Acompañado por sus pares del FR, Gutiérrez propone que "las personas de 14 años de edad o más, que no hayan cumplido 18 años, serán punibles por los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes penales especiales, en las formas y condiciones establecidos en la presente ley".   

En cambio, diputada de UP, Eugenia Alianiello, propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años y busca reforma el Régimen Penal Juvenil para apuntalar el sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos de los menores. 

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, la sanjuanina Nancy Picon Martínez, que propone que "no es punible la persona que no haya cumplido 13 años de edad, tampoco lo es, la que no haya cumplido los 15 años respecto de delito de acción privada o reprimido con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años o solamente con multa o inhabilitación".

La Cámara de Diputados iniciará el miércoles que viene el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12:30 en el Anexo C.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

El proyecto plantea sobre la reclusión, que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

Y se puntualizó que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la Región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.

Los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El Gobierno giró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. 

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social"

Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

El Presidente Javier Milei remarcó una vez más la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. "Con (Patricia) Bullrich queríamos bajar la edad de imputabilidad a 12 años", afirmó en medio de la conmoción que generó el crimen de Bastian, el chico de 10 años que quedó en medio de un tiroteo entre motochorros y un policía en Wilde, partido de Avellaneda. 

"Lo mejor era bajarlo a 12 años, pero como parte de una discusión se puso en 13. En Inglaterra es 9 años. Delito de adulto, pena de adulto", sostuvo el mandatario en una entrevista televisiva. "Estamos derrotando a la inseguridad", indicó Milei, mientras señaló que "fueron al hueso" y empezaron a "ordenar la calle". De todas maneras dejó en claro que "la seguridad es responsabilidad de las provincias. Nosotros participamos cuando nos llaman". Y detalló: "Kicillof nunca me llamó para que lo ayude".

Familiares, allegados y vecinos participaron esta noche de una marcha para pedir justicia por la muerte de un niño de diez años, fallecido tras haber quedado en medio de un tiroteo entre un policía de civil y dos motochorros en la localidad bonaerense de Wilde.

La manifestación se llevó a cabo en la intersección de Caxaraville y Rondeau, la misma esquina donde se produjo el episodio, en el partido de Avellaneda.

Allí, y bajo la consigna "Bastián Escalante, víctima de la inseguridad", cientos de personas marcharon para pedirle a las autoridades el esclarecimiento del hecho y más seguridad en la zona.

"Justicia por Bastián", rezaba una de las banderas que sostenían los vecinos, muchos de ellos chicos de la misma edad que el fallecido. 

Bastián murió este jueves en un hospital local luego de varias horas de agonía, tras haber sido alcanzado por dos balazos, en medio de un tiroteo entre y un policía y dos delincuentes.

Por el hecho fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 16 años como sospechosos de haber cometido el intento de asalto, y el policía que los enfrentó, ante las sospechas de los disparos mortales fueron realizados con su arma.

Por su parte, el policía que se resistió a tiro del asalto, identificado como Juan Alberto García Tonzo, de 30 años, fue demorado en primera instancia, aunque quedó detenido tras la muerte del menor.

El tiroteo ocurrió en la noche del miércoles en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, cuando el menor salía con su madre de un club de barrio, donde habitualmente jugaba al fútbol. En el momento en el que cruzaban la calle, comenzó el feroz tiroteo y el chico recibió dos balazos, uno en el omóplato y otro en la clavícula.

Según relató un vecino que observó la secuencia completa, el hecho se produjo entre un policía de civil y dos motochorros que intentaron robarle su moto, motivo por el cual el agente dio la voz de alto y se defendió a tiros.

"Se produjeron ocho disparos y creo que los que impactaron en el chico son del policía", contó el vecino al canal TN. En medio de la terrible escena, el niño debió ser trasladado en un patrullero al Hospital Finochietto donde estuvo internado en estado delicado, hasta que durante la mañana del jueves se produjo su deceso.

"El efectivo policial se identifica y mantiene un enfrentamiento armado, fugando los malvivientes del lugar, donde dos de ellos colisionan con un vehículo que pasaba por el lugar, logrando de igual manera la fuga a la carrera. Se realiza operativo cerrojo logrando la aprehensión en inmediaciones de dos de ellos, uno mayor y el otro menor", detalló un vocero policial.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la necesidad de cambiar las normas de fondo y permitir que menores que delinquen sean juzgados como mayores. De acuerdo a lo publicado por los medios de la vecina provincia, ni siquiera procuró no entrar en la discusión de la edad en la que debería empezar a ser juzgado. "El menor que comete un delito mayor que sea juzgado como un mayor. Si agarra un arma y está dispuesto a matar, tenga la edad que tenga, sabe que está haciendo un daño. El Estado lo tiene que condenar porque le arruinó la vida a una familia. No quiero discutir la edad, si el pibe sabía o no. Un pibe de 14 o 15 años sabe lo que hace, agarra un arma y mata. Tenemos que ser claros porque si no, no vamos a resolver el problema", enfatizó en la ciudad de Reconquista cuando fue abordado por la prensa.

La postura del mandatario santafesino a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal de los menores de edad y el anuncio de que el gobierno nacional enviará un proyecto al Congreso para que se apruebe la actualización de las normas en ese sentido son instancias diferentes de una misma problemática. Un asunto que origina arduos debates desde hace años, pero que no ha podido todavía ser saldado. 

Las autoridades nacionales apuraron el tema al conocerse que el principal imputado del asesinato de un trabajador de una estación de servicio en Rosario es un adolescente de 15 años. Las amenazas de las organizaciones de narcotraficantes que tienen en vilo a esa ciudad dispararon la tensión y abrieron nuevamente la puerta para reinstalar una discusión añeja que nunca terminó de encontrar cauce normal, teñida de ideologismos paralizadores y, por lo tanto, repleta de argumentos ineficaces. 

Durante las dos últimas décadas, especialmente, hubo masivas marchas para exigir mayor seguridad en algunas ciudades del país, declaraciones de los quienes se autoadjudican la condición de especialistas que ingresan en el debate con distintas posiciones, airados reclamos para que se termine “la puerta giratoria” en materia penal, opiniones de profesionales acerca de las nociones de responsabilidad que tienen los menores que cometen delitos, apreciaciones “garantistas” que sostienen que el delito es solo consecuencia de las condiciones deplorables en las que sobreviven numerosos sectores sociales. Los etcéteras podrían continuar. 

Pero nada se hizo hasta el momento. Nada se consiguió. Nada se acordó. Y, por eso, el debate, tan gastado y obsoleto, sobre la imputabilidad de los menores retorna cada vez que la sensación de inseguridad se adueña del espacio público. Pero la discusión tiene connotaciones futboleras. Un par de gritos, refutaciones vacías de contenido, opacidad, algunos silencios sospechosos, agresiones, espasmos ruidosos. Navega en aguas turbias y, cuando la espuma baja, se disipa en la nada misma. 

Sin embargo, algo parece haberse modificado. El debate es el mismo, pero el rumbo parece ir en una nueva dirección. El hartazgo de buena parte de la sociedad asoma como el motor de un cambio. Las palabras del gobernador santafesino son, creemos, fiel reflejo de esta tendencia. Pullaro dijo que “no puede ser que el Estado no tenga herramientas para no permitirle que ese menor esté en libertad, un menor que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años. Si un menor de edad comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor y debemos reformar la ley". Consideró, además, que no se puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué muchas personas cometen esos delitos cuando hay miles de personas en la misma situación que no cometen delitos extremos. "Tenemos que ser prácticos, pragmáticos para resolver este problema que vive la Argentina. Si muchos creen que los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema que se los lleven a su casa”. El desafío está planteado. Y el debate debe, de una buena vez, llegar a definiciones