La Fiscalía de Instrucción 10 imputó a dos responsables del área de mantenimiento de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) por el incendio que afectó la sede central del organismo en abril de 2025.

Los acusados son Franco Roberto García, encargado de la Jefatura de la Sección Mantenimiento, y Aldo Hugo Calvo, jefe de la División Mantenimiento, quienes enfrentan cargos por el delito de estrago culposo.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ambos funcionarios habrían incumplido, de manera negligente, con los deberes propios de sus funciones al no adoptar las medidas necesarias para prevenir el siniestro en el edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 700.

La imputación se sustenta en una serie de pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas se incluyen informes técnicos de la Dirección de Policía Judicial —en áreas como Fotografía Legal, Planimetría Legal y Producción Audiovisual—, un informe de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba, dictámenes de ingenieros electricistas y mecánicos, además de declaraciones testimoniales de personal de Apross y efectivos policiales.

También se incorporaron pericias realizadas por la División Investigaciones Siniestrales y el Gabinete Físico-Mecánico, que aportaron elementos para determinar las posibles causas del incendio.

El hecho ocurrió en abril de 2025 y provocó daños en parte de la sede central de la obra social provincial. Según peritajes técnicos preliminares, el origen del fuego habría estado vinculado a una falla eléctrica en una luminaria LED, aunque la investigación judicial avanzó sobre la posible responsabilidad por negligencia en las tareas de mantenimiento.

La imputación se conoce más de un año después del episodio, en un contexto en el que Apross también se encontraba bajo investigación por otra causa vinculada a una presunta megaestafa.

La Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco, a cargo de la fiscal Silvana Quaglia, imputó por presunto homicidio culposo agravado al conductor de una camioneta Ford EcoSport involucrado en el accidente que derivó en la muerte de Franco Lagrost, el joven motociclista de 20 años que falleció el pasado 22 de junio tras más de un mes de internación.

El hecho ocurrió el 17 de mayo en la intersección de avenida Cervantes y calle Falucho, en barrio Consolata. Según la investigación, la camioneta circulaba por calle Falucho e ingresaba a la avenida en el momento en que impactó contra la motocicleta Rouser 200cc conducida por Lagrost. El joven sufrió fracturas múltiples en la mandíbula, el tabique nasal, la pelvis y el antebrazo izquierdo. Fue trasladado de urgencia a una clínica de alta complejidad en Córdoba, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

El imputado, de 42 años, continúa en libertad pese a la gravedad del hecho. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se difundieron los resultados de las pericias ni se confirmó oficialmente si hubo agravantes. Tampoco se reveló públicamente la identidad del conductor.

Con el fallecimiento de Franco Lagrost, San Francisco suma ocho víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año. La lista comenzó el 1 de febrero con la muerte de Diego Bolaños en avenida 9 de Septiembre y continuó al día siguiente con Agustín Battistino, quien falleció tras un despiste en ruta 1.

Durante marzo y abril se sumaron los casos de Sergio Sánchez, Tomás Bravo, Ignacio Albarracín y Enzo Vega. En mayo, Rubén Ludueña murió tras chocar con una camioneta en barrio San Cayetano. Todos los casos evidencian una preocupante continuidad de tragedias viales, muchas de ellas vinculadas al uso de motocicletas y siniestralidad urbana.

El trágico desenlace de Lagrost reabre el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de reforzar tanto la prevención como la responsabilidad en la conducción. 

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro realiza hoy la tercera audiencia del juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona en la que declaran los primeros tres testigos.

Según información de la agencia Noticias Argentinas se trata de los policías Lucas Farías, Lucas Borge y Leonardo Mendoza, quienes encontraron el cuerpo del ex jugador en el country del barrio San Andrés, partido bonaerense de Tigre.

La audiencia comienza a las 9.30 y se espera la presencia de todas las partes: los siete imputados con sus defensores, las hijas y hermanas de Maradona junto a sus asesores y los fiscales.

En la última citación, los letrados Rodolfo Baqué y Martín De Vargas fueron apartados de la defensa del enfermero Ricardo Almirón por un conflicto de intereses dado que el primer abogado representa a Gisela Dahiana Madrid, la otra imputada que irá a un juicio por jurados populares.

Además, se trataron distintas cuestiones preliminares. Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach desestimaron algunas solicitudes de nulidades planteados por los fiscales y por los acusadores particulares sobre la pericia cardiológica de Maradona, que fue presentada por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y el perito oficial Ferrari junto a peritos de parte.

El estudio cardiológico, una pericia psiquiátrica y otro análisis psicológico fueron incorporados al expediente mediante lectura por los magistrados.

Tras un cuarto intermedio en la audiencia, que no fue trasmitida a través de YouTube para resguardar a los testigos, se retiraron Luque y la médica de la prepaga Nancy Edith Forlini a raíz de que los imputados no tienen la obligación de participar a menos que opten por declarar.

Según confirmó Julio Rivas, uno de los abogados del ex médico de cabecera de Maradona, su cliente no asistirá a todas las audiencias porque tiene que trabajar, pero sí irá a los alegatos de cierre y el veredicto salvo cuando lo citen los jueces.

El último parte de lesionados y detenidos por efectivos de la Policía de la ciudad de Buenos Aires durante los graves incidentes en las afueras del Congreso indica que 94 personas fueron liberadas, aunque primero quedaron imputadas por diversos delitos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas detalla que hay 94 imputados por los delitos de atentado, resistencia, lesiones y daños.

Se trata de 71 hombres y 23 mujeres, a quienes se les notificó por tandas de la iniciación de la causa en su contra y la citación para declarar ante la Unidad de Flagrancia Este.

Respecto a los policías heridos, informaron que cinco de los veinte oficiales continúan internados en diversos centros asistenciales. Uno de los agentes se recuperaba de una cirugía.

La movilización de jubilados, la cual sucede todos los miércoles desde hace meses en reclamo por la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, terminó con una fuerte represión de la Policía Federal y de la Ciudad.

Producto del accionar, hubo heridos, detenidos y escenas de extrema violencia, como la agresión a una jubilada por parte de un efectivo y el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que provocó una fractura de cráneo al reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado.

Los detenidos primero fueron trasladados al área del Centro de Monitoreo Urbano en la avenida 9 de Julio y Diagonal Norte para su identificación. Luego los hombres fueron derivados a la Alcaidía 4 y las mujeres a la Alcaidía 15.

Desde la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeida, se dispuso la notificación de los imputados en tandas para que se presenten a declarar y se revisen los antecedentes, por lo que después se procedió a dejarlos en libertad.

El juicio técnico contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.

El debate oral inicia a las 9.30, donde estarán sentados en el banquillo de los acusados por presunto "homicidio simple con dolo eventual" Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.

Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.

El ex jugador de Boca y la Selección argentina falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en un country de Tigre como consecuencia de un "paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda".

La figura del homicidio con dolo eventual prevé una pena que va de los ocho a los 25 años de cárcel, según establece el Código Penal.

El hombre de 43 años era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural. Según fuentes de la causa, hay audios que le habría mandado a la víctima durante los días previos al fallecimiento.

Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideran que el neurocirujano omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana, además de que habría falsificado una firma del ex entrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

En tanto, Luque está imputado de restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas. 

Otra de las acusadas más complicadas, la psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex jugador de Sevilla. 

La Fiscalía sostiene que Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona que lo que ocurría era consecuencia de "la espontánea decisión del paciente".

El enfermero, que en los últimos días designó a Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas como sus dos nuevos defensores (ya era asesorado por Franco Chiarelli), se encuentra acusado de no cuidar a Maradona (al igual que Gisela Madrid).

El hombre de 41 años considera que "Pelusa" no quería que ingresen a la habitación y los rechazaba. Una orden que habrían recibido de los médicos era "no molestar al paciente”.

El médico de 52 años está sindicado de no controlar el estado de salud del astro argentino, al tiempo que, según la acusación, solo habría concurrido en dos ocasiones a la casa del country de Tigre.

La primera vez fue el 12 de noviembre cuando controló al ex entrenador de Gimnasia y Esgrima (LP) de forma personal y ordenó que se realice una serie de estudios, tales como laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, eco doppler. El facultativo recomendó que se integre al personal de salud un nutricionista porque ese día Maradona estaba constipado tras comer brócoli con camarones a la provenzal.

La segunda oportunidad tuvo lugar el 18 de noviembre, siete días antes del deceso, donde afirmó que no pudo chequear a Diego porque "no se dejó".

Los fiscales remarcan que Di Spagna nunca se aseguró de que los análisis indicados se hayan llevado a cabo y por ende no controló la situación. 

El psicólogo atendió al campeón del mundo en México 1986 por pedido del abogado Martín Morla. 

Según figura en su cuenta de LinkedIn, Díaz estudió en la Universidad del Salvador entre 2011 y 2016 y desde 2015 trabaja en la Asociación Civil Íntegra.

De acuerdo a su declaración, "nunca pudo haber influido en la muerte" de Maradona: "Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento”.

La mujer de 56 años era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical. Tras la última cirugía, la empresa de medicina prepaga le brindó servicios de cuidado a Maradona en el country de Tigre.

En un escrito, Forlini acusó a Luque y Cosachov de ser quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

El jefe de los enfermeros Almirón y Madrid se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados. Para los fiscales, escribió planillas con información que no coincidía con "el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía".

La investigación por la muerte de Aralí Vivas, ocurrida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Brinkmann, ha revelado detalles escalofriantes sobre un caso de violencia extrema y posible abuso sexual. Las autoridades han detenido a tres personas en relación con el crimen: el padrastro de la niña, Matías Ezequiel Simeone; su amigo, Cristian Varela; y la madre de la víctima, Rocío Rauch, quienes enfrentan acusaciones graves.

El fiscal Oscar Gieco, en diálogo con Cadena 3, indicó que el crimen de Aralí podría haber sido perpetrado para encubrir un abuso sexual previo. "La mataron para tapar un delito precedente", sostuvo Gieco, sugiriendo que el abuso sexual podría haber sido un móvil para el asesinato. El fiscal agregó que uno de los imputados, durante su detención, realizó una declaración impactante: "Era costumbre abusar de esa niña", una afirmación escuchada por tres policías presentes. Este testimonio se está evaluando como una prueba clave en la causa.

El caso podría ser elevado a una acusación por homicidio criminis causa, lo que implicaría una pena de prisión perpetua para los involucrados. Además, la fiscalía ha comenzado a considerar posibles responsabilidades de funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes habían informado que la familia era apta para la revinculación, a pesar de los antecedentes problemáticos.

La comunidad de Brinkmann se encuentra consternada por el trágico suceso, mientras los dos hermanos menores de Aralí están al cuidado de Betiana, prima de la madre, quien relató que "los niños están bien, tranquilos y bien contenidos". En una entrevista con Cadena 3, Betiana describió a la madre de Aralí como alguien "nunca estuvo en condiciones de tener a sus hijos", y destacó que hablar con ella era "imposible" debido a su comportamiento agresivo y problemas de adicción.

Por otro lado, el fiscal Gieco señaló que la Cámara del Crimen de San Francisco había dejado en libertad condicional a Simeone, a pesar de que un allanamiento reciente en su hogar había revelado la presencia de drogas y un arma de fuego. "Había indicios de un entorno problemático, pero aun así se le otorgó la libertad", afirmó Gieco.

La causa sigue avanzando, y se están realizando estudios complementarios al examen forense, mientras la sociedad aguarda respuestas y justicia por la muerte de Aralí y el bienestar de sus hermanos.

A finales del año pasado el fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales que cobran $ 7.5 mil millones anuales.

En Córdoba la investigación es llevada a cabo por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian quien en diálogo con Cadena 3 explicó que algunos casos fueron archivados porque la normativa permitía el cobro simultáneo de un plan social y un salario, especialmente en situaciones donde el empleo tenía una remuneración inferior al salario mínimo. "En esos casos archivamos la investigación porque está dentro de la reglamentación", afirmó.

En cuanto a las imputaciones, el fiscal detalló que ya se han formulado cargos en cinco causas. "Es una defraudación contra la administración pública que se le reprocha al que siguió cobrando el plan y no dijo nada después de haber conseguido un trabajo en blanco", indicó.

El fiscal también destacó la falta de comunicación entre las administraciones nacional y provincial como un factor que contribuyó a la situación. Por caso una parte de la administración dependía de la provincia el empleo y el plan Potenciar Trabajo dependía de la nación.

"Ambas administraciones no tuvieron la conectividad o la comunicación suficiente en sus sistemas para detectar rápidamente que una persona no podía estar cobrando al mismo tiempo un plan y al mismo tiempo el sueldo de la administración pública", explicó. Y deslizó de acuerdo a las pruebas “no es que hayan estado complotados o confabulados los funcionarios que pagaban los planes", sino más bien a una situación de ineficacia, descontrol e incapacidad.

Respecto a las posibles consecuencias para quienes cobraron indebidamente, el fiscal señaló que deberían devolver lo que cobraron de más. "Igual no estamos hablando nunca de plazos de 5 años, son meses, lo que se cobró de más. Pero sí, tiene que devolverlo porque es un enriquecimiento sin causa o indebido, con una fuente ilícita”, planteó.

En ese sentido, indicó que ya ha habido algunos imputados en estas causas que tras ser indagados se ofrecieron a devolver lo que cobraron indebidamente. "En la ley penal actualmente eso puede ser una causa para cerrar la reparación integral del daño”, adelantó pero aclaró que solamente bajo ciertas circunstancias.

“Si hay alguien que cobró de más tres o cuatro meses un plan que no le correspondía, no tiene antecedentes penales y devuelve lo que cobró de más, es muy probable que esa causa penal se cierre porque en la ley está previsto que para esos casos menores la reparación integral del daño puede extinguir la acción”, precisó.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

En este sentido, está previsto que Laudelina, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, ya comenzó a declarar.

Por su parte, Caillava y Pérez harán lo propio el jueves, mientras que Maciel hablará ante la Justicia el viernes.  

Además, Millapi, Ramírez y Benítez serán los últimos en prestar declaración el próximo lunes 22 de julio.