La Policía de la Departamental San Justo detuvo a dos hombres vinculados a varios hechos de hurto en zonas rurales de Las Varillas, Sacanta y El Arañado, tras identificar la camioneta en la que se movilizaban y realizar un seguimiento controlado sobre la Ruta Provincial 13.

La investigación se originó a partir de un robo denunciado días atrás en la zona rural de Las Varillas. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los efectivos policiales lograron identificar la camioneta Ford Ranger utilizada por los presuntos autores y organizaron un seguimiento controlado hasta interceptarla a un kilómetro del ingreso a la ciudad de Las Varillas.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como un hombre de 50 años, domiciliado en Alicia (Córdoba), y otro de 62 años, de El Trébol (Santa Fe). Según informaron las autoridades, ambos están vinculados a varios hechos de hurto en campos de la región, incluyendo el robo de silobolsas y otros elementos.

Tras la detención, los hombres fueron alojados en la comisaría de Las Varillas a disposición de la Justicia, y la camioneta secuestrada quedó a resguardo como evidencia en la causa. Continúan investigando la posible participación de estas personas en otros hechos ocurridos en la zona rural.

Personal de la División Investigaciones de Patrulla Rural Norte, junto con agentes del destacamento Capilla de Los Dolores y la División San Francisco, realizaron una serie de allanamientos en Monte Cristo (departamento Río Primero) y Devoto (departamento San Justo), en el marco de investigaciones por hechos de abigeato. Las intervenciones arrojaron resultados positivos, con cinco hombres detenidos y múltiples elementos secuestrados, entre ellos armas de fuego, carne faenada y vehículos.

En Monte Cristo, los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios. En el primero, fue detenido un hombre de 57 años, y se incautaron un freezer con más de 100 kilos de carne vacuna, dos caballos, herramientas de faenamiento y dos teléfonos celulares. En el segundo domicilio fue detenido un hombre de 38 años. Allí se secuestraron un rifle calibre .22, un revólver del mismo calibre, un pistolón calibre 14, más de 80 cartuchos de distintos calibres, una motosierra, herramientas de faenamiento y dos teléfonos celulares. Ambos procedimientos quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 3, de Córdoba.

Simultáneamente, en la localidad de Devoto, se allanaron otros dos domicilios. En uno de ellos fueron detenidos dos hombres, de 30 y 33 años. Allí se incautaron una carabina calibre .22, 21 cartuchos, una motocicleta Motomel 110cc con el motor adulterado y dos teléfonos celulares. 

En el segundo domicilio se produjo la detención de un hombre de 40 años, con el secuestro de una escopeta calibre 16, 20 cartuchos, una camioneta Peugeot 504, un celular y 200 kilos de maíz. Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía del 4° turno de San Francisco.

Dos recientes operativos contra el abigeato en el norte santafesino permitieron recuperar más de 300 animales robados en distintos campos de la región. Sin embargo, productores agropecuarios advierten que estos casos representan solo una mínima parte del problema estructural que enfrentan.

Según datos relevados por entidades del agro, la provincia de Santa Fe acumula un promedio de 1.200 denuncias por abigeato al año. Muchas de ellas no prosperan en el ámbito judicial o policial, lo que impide recuperar la hacienda y deja a los damnificados sin respuestas.

En una reunión organizada por la Sociedad Rural de Vera, ganaderos del norte provincial expusieron la gravedad de la situación. Se estima que el robo de ganado representa hasta un 10% de pérdida en la producción total en los departamentos San Javier, San Cristóbal, San Justo, 9 de Julio, Vera y General Obligado, abarcando desde la ruta 39 hasta los límites con Chaco y Santiago del Estero.

“Generalmente se roban animales ya listos para la venta en remates. No es carne destinada al autoconsumo de quienes cometen el delito, sino parte de un circuito clandestino de comercialización”, explicaron los asistentes al encuentro.

Frente a esta situación, los productores volvieron a reclamar con urgencia la creación de una fiscalía especializada en delitos rurales y una Policía de Investigaciones (PDI) rural, que pueda actuar con mayor eficacia frente a una problemática que combina impunidad, logística criminal y falta de presencia del Estado en zonas clave.

Los dos casos que encendieron nuevamente la alarma ocurrieron en los departamentos San Cristóbal y Vera. En Huanqueros, un productor denunció el robo de 232 vacunos, mientras que en Fortín Olmos, casi en el límite con Chaco, fueron sustraídas 77 vaquillonas.

Sin embargo, el fenómeno no se limita al norte provincial. En el inicio del año, productores de la zona de islas frente a Coronda —sobre el río Paraná— denunciaron la venta de carne robada a través de redes sociales. El bajo patrullaje en esa zona contrastó con el accionar de Entre Ríos, que instaló un destacamento policial en jurisdicción de Diamante, logrando una reducción sostenida de este tipo de delitos.

En respuesta, la Policía de Santa Fe instaló un destacamento móvil sobre la costa. Pero, según los testimonios de productores, los controles duraron poco: “La casilla quedó vacía en cuestión de semanas”, señalaron.

Otro caso resonante ocurrió en el sur provincial. En el departamento Belgrano, un productor de Las Rosas denunció el robo de 1.500 cabezas de ganado en un campo de Montes de Oca. Las investigaciones derivaron en allanamientos en varios campos y la detención de tres personas de 22, 38 y 58 años.

La inseguridad rural también afecta a los campos del centro-oeste de la provincia. Leonardo Alassia, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, fue contundente: “Muchos productores están dudando en continuar con la actividad. El faenamiento, el robo de herramientas y el abigeato continúan sin freno y no hemos tenido prácticamente respuestas”.

Según Alassia, la falta de seguridad en el campo tiene consecuencias que van más allá de lo económico. “Los hijos de productores eligen otros caminos, se mudan a las ciudades, y así hay menos familias que quieran quedarse en el campo. Es una pérdida que también es social y cultural”.

En los últimos años, la producción ganadera del norte santafesino ha demostrado ser clave para el desarrollo económico regional. Sin embargo, los productores denuncian que la falta de seguridad está poniendo en jaque la continuidad de muchas explotaciones familiares.

Los reclamos se centran en tres puntos concretos: creación de una fiscalía rural, mayor presencia policial en zonas críticas y acciones judiciales más ágiles para frenar la comercialización de carne robada.

A pesar de los operativos positivos y las promesas de mayor control, la percepción generalizada entre los productores es de abandono. “Los delincuentes saben que el campo está desprotegido y se aprovechan. Si no se toman medidas urgentes, esto se va a agravar”, señalaron desde la Sociedad Rural de Vera. 

La crisis económica está llevando a un aumento de los robos de animales en el campo. Según los responsables de la Policía Rural en Córdoba, el abigeato y el faenamiento irregular de animales, que históricamente fueron problemáticas en la zona, se han intensificado en los últimos años. Estos delitos están siendo impulsados en gran parte por la difícil situación económica que enfrentan algunas personas, que recurren al robo de ganado para satisfacer necesidades alimenticias básicas.

La inseguridad en las áreas rurales no es algo nuevo. A lo largo de la historia del país, el sector agropecuario fue víctima de robos y vandalismo. Sin embargo, en las últimas décadas, la frecuencia de estos delitos aumentaron, afectando gravemente la economía de los productores agropecuarios. Además de los robos de animales, los productores han denunciado la destrucción de silobolsas, el robo de maquinaria, insumos y hasta incendios intencionales de campos, hechos que dejaron a los productores rurales impotentes frente a la situación.

En este contexto, la seguridad rural se ha convertido en una prioridad para las autoridades de Córdoba. El Gobierno provincial decidió jerarquizar la estructura de la Patrulla Rural, un cuerpo especializado en la prevención de delitos en zonas rurales. La decisión vino acompañada de la creación de nuevas bases operativas y la incorporación de más móviles para patrullar las vastas extensiones de terreno.

Para entender mejor cómo se enfrenta la inseguridad en el campo, hablamos con el comisario inspector licenciado en Seguridad Cristian Trosales, director general de las Patrullas Rurales Norte, y comisario Pablo Lencinas, jefe de la División Patrulla Rural San Francisco. Ambos coincidieron en la necesidad de una “red de trabajo” que incluya tanto a las fuerzas de seguridad como a los productores agropecuarios y a la comunidad en general.

Crio. Trosales: “Trabajamos en una comunicación más cercana con los vecinos, y esto fue fundamental para poder reaccionar de manera más eficiente cuando se detecta una situación sospechosa”. 

“La Patrulla Rural se conforma justamente para dar respuesta al productor y a la gente que vive en el campo. Nuestro objetivo es atender las necesidades tanto de los pequeños productores como de los más grandes. La idea es poder conformar una red de comunicación efectiva”, explicó Trosales a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Aunque reconoció que aún existen desafíos en cuanto a recursos, Trosales destacó los avances en la formación de personal y equipamiento. “Hemos dado un salto de calidad en cuanto a la capacidad operativa de la Patrulla Rural. Seguimos trabajando en conjunto con la Guardia Urbana, el inspector de tránsito y otras fuerzas especiales para optimizar los recursos y mejorar la seguridad”, agregó.

Una de las herramientas clave que utiliza la Policía Rural para mantener la seguridad en las zonas rurales es la creación de grupos de WhatsApp con los vecinos más comprometidos. “Trabajamos en una comunicación más cercana con los vecinos, y esto fue fundamental para poder reaccionar de manera más eficiente cuando se detecta una situación sospechosa”, señaló Trosales.

El comisario también resaltó la importancia de las entrevistas de proximidad, que permiten conocer mejor las necesidades de los productores y generar confianza con la comunidad. “Sabemos que las distancias en la zona rural son grandes y que el territorio es muy extenso. Por eso, la comunicación con los vecinos es crucial. No podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero sí podemos optimizar nuestra capacidad de respuesta gracias a la colaboración de la gente”, agregó.

Uno de los delitos que más preocupa a las autoridades es el abigeato, que en los últimos años ha aumentado notablemente. Según Lencinas, la situación económica generó un fenómeno donde el robo de ganado se ha convertido en “una problemática social. Los animales son despostados de manera irregular. No se llevan el animal completo, lo que indica que no se está robando para la comercialización, sino para el consumo propio. Esto es algo que hemos analizado, y aunque no justifica el delito, es un reflejo de la crisis económica que estamos viviendo”, advirtió.

El robo de animales no es un hecho aislado, y la tendencia es cada vez más frecuente en muchas zonas rurales. En algunos casos, los delincuentes no buscan vender la carne en mercados o carnicerías, sino que simplemente la utilizan para alimentarse.

Crio. Lencinas: “Los animales son despostados de manera irregular. No se llevan el animal completo (…) no se está robando para la comercialización, sino para el consumo propio. Aunque no justifica el delito, es un reflejo de la crisis económica”. 

Si bien el robo de animales y otros delitos rurales siguen ocurriendo, tanto Trosales como Lencinas coincidieron en que en la mayoría de los casos los responsables son capturados. Las herramientas judiciales son clave para combatir la inseguridad en el campo de manera efectiva. “Nosotros somos auxiliares de la justicia. Todas las intervenciones que realizamos se ponen a disposición de los fiscales. Pero es importante destacar que el trabajo en conjunto con la justicia es fundamental para poder solucionar estos casos de manera eficiente”, dijo Trosales.

Para mejorar la respuesta ante los delitos rurales, productores piden un mayor fortalecimiento de la justicia. Algunos sectores del campo reclaman que se destinen más recursos para la formación de personal especializado en investigaciones rurales. Sin embargo, Trosales defendió el trabajo coordinado: “Nosotros, como policía, cumplimos nuestra función, al igual que lo hace la justicia para ser más eficientes en la persecución de estos delitos. Trabajamos de manera coordinada para dar una respuesta rápida y adecuada a los productores”.

Según los jefes policiales, diciembre es el mes con mayor cantidad de delitos rurales. “Aproximadamente, de 90 hechos, el 70 por ciento ha sido esclarecido”, subrayó Lencinas. No obstante, los delitos rurales no son tan frecuentes como en las áreas urbanas. “Estamos registrando de dos a tres hechos por mes, lo cual no es una cantidad tan alta, pero existe”, agregó.

Respecto al perfil de los delincuentes, Lencinas indicó que la mayoría proviene de zonas cercanas a San Francisco. A pesar de la cantidad de delitos, las autoridades aseguran que la colaboración con la justicia y las acciones preventivas han permitido esclarecer una parte importante de los casos.

Más de 50 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad participaron el pasado jueves en un megaoperativo de interfuerzas, llevado a cabo con el objetivo de esclarecer distintos hechos delictivos cometidos en la región. Este operativo, que se extendió hasta entrada la noche, incluyó a personal de la División Patrulla Rural Norte, la Patrulla Rural de San Francisco, Gendarmería Nacional, y otras fuerzas de seguridad, con la colaboración de la Fiscalía de segundo turno de los tribunales locales.

El operativo comenzó a las 15 y tuvo como punto de concentración el predio de la Sociedad Rural, desde donde las fuerzas de seguridad se desplegaron hacia diferentes puntos de la ciudad y la zona rural. Durante las operaciones se controlaron alrededor de un centenar de personas y aproximadamente ochenta vehículos, en un operativo de gran magnitud que involucró 18 unidades móviles.

El operativo interfuerzas no solo fue ejecutado por las Patrullas Rurales, sino que también contó con la participación de diversas unidades especializadas. Entre las fuerzas que intervinieron estuvieron Gendarmería Nacional, el grupo táctico ETER, Bomberos DUAR, División Investigaciones de la Departamental San Justo, División Investigaciones Patrulla Rural, y la División Motos de la Policía. Además, la Guardia Local de Prevención y Convivencia de la municipalidad, el grupo de Irrupción de Policía de Santa Fe y el CAP. 

Uno de los principales focos del operativo fueron los controles vehiculares. Se realizaron inspecciones a camiones, en cumplimiento con la normativa de SeNaSa, donde se detectaron irregularidades en el traslado de mercadería. Además, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en diversos puntos de San Francisco y Frontera. Se secuestraron elementos y vehículos utilizados en delitos rurales, que ahora están a disposición de la Justicia para su análisis y procesamiento.

En particular, se incautaron herramientas y vehículos que habían sido utilizados en hechos delictivos ocurridos en la zona rural cercana a Freyre durante el mes de marzo. Estos delitos, relacionados con el robo de ganado y otros ilícitos rurales, habían sido denunciados por productores agropecuarios de la región.

El comisario Trosales destacó el compromiso de las fuerzas en la lucha contra la delincuencia rural. "Este operativo refleja el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, tanto urbanas como rurales, y la importancia de estar unidos para enfrentar los delitos que afectan a nuestros productores agropecuarios y a la comunidad en general", expresó.

En cuanto a la seguridad en las zonas rurales, Trosales hizo un llamado a la comunidad a confiar en el personal policial y a colaborar en la prevención de delitos. “Es importante que los vecinos interactúen con los policías que patrullan sus zonas. Nosotros, como autoridad, estamos siempre a disposición. La idea es crear una red de comunicación efectiva para poder mejorar la seguridad”, concluyó y recordó que una de las líneas para denunciar es 3564 200205. 

En una operación coordinada entre las Policías de Córdoba y Santa Fe, ayer martes se llevó a cabo una investigación que culminó en un operativo simultáneo en las localidades de Frontera (Santa Fe), Balnearia y Miramar (Córdoba). La Fiscalía de Morteros también participó en este proceso.

La División de Investigaciones de la Policía Rural, junto a personal de San Justo, la subcomisaría de Freyre y la Policía Departamental de Ansenuza, realizaron allanamientos en cinco puntos estratégicos: uno en Frontera y cuatro en Córdoba, abarcando Balnearia, Miramar y la zona rural de Trincheras.

Los operativos resultaron exitosos en todos los puntos investigados. Se lograron los siguientes secuestros: un automóvil Chevrolet con pedido de secuestro; dólares y pesos en efectivo; sustancias prohibidas, actualmente bajo análisis; herramientas como taladros y amoladoras, presuntamente utilizadas en delitos; animales de granja, incluyendo vacas, terneros y caballos, que habrían sido robados de estancias de la región; teléfonos celulares, cuya información será crucial para el avance de la causa; cables subterráneos sustraídos de una obra pública en Marull; varias herramientas de valor utilizadas en la actividad rural, de acuerdo a lo informado por Radio Cardinal. 

Durante el operativo, se detuvo a una mujer mayor de edad, presuntamente vinculada a robos en zonas rurales. La detenida podría formar parte de una organización delictiva, compuesta en su mayoría por miembros de una familia con antecedentes en Miramar.

Esta banda habría estado implicada en diversos hurtos en áreas rurales y localidades cercanas, con un modus operandi que incluía el robo de ganado y herramientas de trabajo.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el descubrimiento de cables subterráneos, robados de una obra pública de la municipalidad de Marull. La Policía sigue investigando para determinar si hay más implicados en estos delitos, que han afectado a varias localidades aledañas.

Lo ocurrido días pasados en el establecimiento "Don Pedro", un tambo perteneciente a la familia Pozzi de San Francisco y ubicado en Josefina, no fue un hecho aislado, ya que continúan las denuncias de productores por la inseguridad rural, rotura de silobolsas y casos de abigeato lo que los obliga a implementar más medidas de seguridad (cámaras de vigilancia, perros de guardia y personal armado). 

En aquella oportunidad, en el campo se encontraron 6 vacas de tambo brutalmente asesinadas en el suelo. Desde ese episodio, afirman que la situación ha cambiado poco o nada. 

Francisco Pozzi, dueño del establecimiento, expresó su profunda preocupación ante la impotencia de la situación: "Hay barrios complicados que tenemos de vecinos, donde operan los delincuentes, que hicieron que cerraran algunos establecimientos". 

En diálogo con Cadena 3, Pozzi agregó que la inseguridad rural ha empeorado en los últimos meses, y que el abigeato y la faena de animales de tambo son delitos comunes en la región. “La gente ya no quiere vivir más en el campo por la inseguridad y nosotros estamos en primera línea. Esto viene pasando hace mucho tiempo pero en los últimos meses se agravó bastante”.

Pero eso no queda ahí. El entrevistado contó que cortan los caños de los molinos para vender el cobre, y todo tipo de delitos contra la propiedad. 

Además, señaló la falta de control y recursos por parte de las autoridades, a pesar de 20 años de reuniones con ellas. La Guardia Rural "Los Pumas" nunca tuvo los recursos suficientes para patrullar eficazmente la zona, según Pozzi.

El productor también mencionó la existencia de una red delictual detrás de los casos de abigeato, destacando la dificultad para atrapar a los responsables debido a problemas judiciales.

"Cuando te faenan 6 animales, hay un circuito de comercialización detrás. Ya encontraron en operativos carne sin sellos, pero hay un problema judicial. La Sociedad Rural de San Francisco hizo reuniones con fiscales para poder allanar, pero te despostan el animal en el momento y es difícil atraparlos", comentó.

Finalmente, Pozzi destacó otro tema que despierta más incertidumbre: la presencia de policías retirados patrullando y la necesidad de que los residentes rurales se armen por motivos de seguridad personal. Aunque tratan de evitar salir afuera ante cualquier evento, el miedo persiste entre la población rural, lo que ha llevado al cierre de varios tambos en la zona.