El Gobierno nacional avanzó este jueves con un nuevo plan de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), en el marco del ajuste del Estado impulsado por el presidente Javier Milei.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Nicolás Bronzovich. Tendrá vigencia hasta el 31 de mayo, con la posibilidad de extenderse por 15 días más.

Se trata del segundo intento de aplicar un esquema de retiros voluntarios dentro del instituto. El primero había sido lanzado a fines de 2024, aunque tuvo una adhesión limitada: cerca de 300 trabajadores aceptaron esa propuesta, lejos de las expectativas oficiales. En este caso, se espera que adhieran 900 trabajadores, según trascendidos.

En este caso, busca una reducción del plantel de trabajadores del 20% de los 5.800 trabajadores que hoy se desempeñan en el organismo, según trascendidos. Para esto, se destinarán más de $ 100.000 millones.

La resolución establece que podrán adherirse los trabajadores de planta permanente que, al 30 de abril de 2026, tengan una antigüedad mínima de tres años en el organismo.

Para aquellos empleados que quieran adherirse y no superen los 60 años de edad inclusive, “la gratificación será determinada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual, normal, regular, habitual y permanente, por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, computada al 31 de mayo de 2026”, detalló en Inta en el escrito.

No obstante, para aquellos trabajadores que tengan entre 61 y 63 años inclusive, el pago tendrá un tope de 24 haberes brutos, mientras que las personas que tengan cumplidos los 64 años, el beneficio no podrá ser mayor al pago de 12 meses de sueldo.

Asimismo, no se computarán bajo el concepto de antigüedad los años que los trabajadores de planta permanente se hayan desempeñado como becarios, personal transitorio o contratado.

El reglamento fija además una serie de exclusiones. No podrán acceder quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios, tengan más de 65 años, enfrenten procesos administrativos o judiciales, o hayan presentado previamente su renuncia.

Tampoco podrán adherirse los empleados incorporados durante la actual gestión nacional, ya que no cumplen con el requisito de antigüedad exigido por el programa.

La normativa también especifica que no se computarán períodos trabajados como becarios ni servicios que ya hayan sido indemnizados en desvinculaciones anteriores dentro de la administración pública.

Según el comunicado, el pago deberá realizarse “en un solo desembolso” dentro de los 30 días posteriores al cese laboral.

El ajuste sobre el INTA genera preocupación en distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria y al sistema científico.

Uno de los focos de discusión es el posible cierre de Agencias de Extensión Rural, consideradas históricamente como el principal nexo entre las investigaciones técnicas y los productores.

La implementación del nuevo plan de retiros se suma así a la política de reducción del gasto público que el Gobierno viene aplicando en organismos nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.

El Gobierno nacional designó autoridades de organismos restituidos en sus funciones tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reestructuración de las áreas dependientes del Ministerio de Economía.  

El Decreto 684/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, comunicó los nombramientos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La normativa designó con vigencia desde el 3 de septiembre como presidente del INTA al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y en el cargo de vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.

Asimismo, la presidencia del INASE durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari. En tanto que al frente del organismo de Vitivinicultura fue oficializado el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera que encabeza Luis Caputo.

A principios de septiembre, también se nombraron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que el Congreso rechazara los decretos que proponían su reestructuración.

Lo mismo sucedió al volver a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombrar nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El pasado 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con los cambios implementados en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos tras el rechazo del Congreso a cinco decretos delegados. Esta decisión se produjo luego de que las cámaras de Diputados y el Senado frenaran las modificaciones a fines de agosto.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, restablecieron la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas o modificadas por los mencionados decretos. En su contenido, se indicaron las normas que volvían a estar en vigor al momento de la emisión de cada uno de los decretos delegados.

Entre los cambios que se revirtieron, se incluyó la restitución de disposiciones normativas derogadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585 del 14 de agosto. 

Los decretos rechazados por el Congreso implicaban modificaciones en el régimen laboral de la Marina Mercante, restricciones al derecho a huelga en sectores esenciales y estratégicos, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo.

Además, se propusieron cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras entidades culturales. El Gobierno justificó su decisión al señalar que buscaba no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar principios como la buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa.

Los cinco decretos que quedaron sin efecto fueron: el decreto 462/2025, que modificaba las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del INTI; el decreto 587, que hacía depender al INTA de la Secretaría de Agricultura; el decreto 461/2025, que disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el decreto 340, que desregulaba el transporte marítimo; y el decreto 351, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos. 

También se incluyó una fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, según lo dispuesto en el decreto 345/25.

Finalmente, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario. Se trata de otro de los proyectos que el Gobierno nacional rechaza.

Antes, la Cámara alta volteó definitivamente cuatro decretos delegados y un DNU

El “plan motosierra” del presidente Javier Milei recibió un puntazo este jueves en el Senado, donde la oposición tumbó definitivamente cinco decretos de desregulación del Estado ideados por el ministro Federico Sturzenegger. Fue por abrumadoras mayorías donde confluyeron Unión por la Patria, la UCR, bloques federales y, en algunos casos, también el PRO.

Se voltearon los decretos delegados de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del Inta y el Inti (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos organismos culturales (345/25); y el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga.

Las reformas, que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados, quedaron de esta forma sin efecto, aunque algunas ya están frenadas por la Justicia a través de medidas cautelares, como el cierre de Vialidad y la reforma del Inta.

Los decretos de Vialidad e Inta/Inti fueron los más vapuleados: recibieron 60 votos en contra y solo 10 a favor. El de organismos de Cultura obtuvo 57 votos en contra y 13 a favor; el del Banco de Datos Genéticos, 58 en contra y 12 a favor; y el de la Marina Mercante, 55 en contra y 13 a favor, con tres abstenciones.

El Gobierno perdió apoyo de sus socios del PRO en algunas votaciones, y de la UCR en todas. “Ha sido una falta de inteligencia llevar este proceso adelante”, reconoció el líder del bloque radical, Eduardo Vischi. Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) votaron todo en contra del Gobierno. También tomó distancia del oficialismo el aliado salteño Juan Carlos Romero, que se abstuvo en todos los casos.

La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fueron los únicos que defendieron todos los decretos. “Vinimos a mantener las funciones (de los organismos) y sacar a toda la militancia kirchnerista del Estado Nacional”, argumentó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.

Salvo el DNU, los decretos restantes fueron dictados en el marco de las facultades que el propio Congreso le delegó a Milei en la Ley Bases para “eficientizar” el Estado. Pero a más de un año de vigencia de esa ley, los senadores no oficialistas coincidieron en que el presidente cruzó límites: lo acusaron de desconocer el trabajo y el prestigio de los organismos ajustados, y hasta de buscar hacer negociados.

“Al Poder Ejecutivo le cuesta entender que si no hay políticas públicas, si no hay gestión, nunca va a funcionar ningún organismo. Es una visión absolutamente sesgada de una realidad que no se conoce”, lamentó la cordobesa Vigo, que advirtió que el Gobierno aplica un ajuste “indiscriminado” donde “todo da lo mismo”.

El decreto de Vialidad fue uno de los más cuestionados. “Para algunas provincias, es como si nos cortaran las piernas”, describió Vigo. En sintonía, la chubutense Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, denunció que “al Gobierno nacional se le terminó el país en Bahía Blanca” porque posterga las rutas nacionales de la Patagonia, que “no son rentables”.

Hasta el aliado oficialista Romero criticó la medida de Milei, aunque en la votación se abstuvo. “La política usó Vialidad como centro operativo de la corrupción y no por esto vamos a castigar el organismo”, dijo en alusión al caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

Otro de los decretos más rechazados fue que el desarticuló el Inta, el Inti, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Silvina García Larraburu (Unión por la Patria-Río Negro), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, detalló el tenor de los cambios en el Inta. “Se termina con la conducción federal y plural del instituto y se ponen en riesgo más de 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 300 agencias de extensión, 6 centros de investigación y 22 institutos”, enumeró.

También señaló que “se van a enajenar 27 mil hectáreas”; que “el Inta será un ente centralizado”; y que “hay más de 1.500 trabajadores pasados a disponibilidad”. En ese marco, la senadora reveló que recibió cientos de llamados, mensajes y notas de empleados que reclaman dar marcha atrás con la medida.

Sobre las modificaciones en el Banco de Datos Genéticos habló el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, que es hijo de padres asesinados y desaparecidos en la última dictadura. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia, le están quitando competencia a un organismo donde trabajan solo 37 personas”, blanqueó.

Por eso, De Pedro le dio al decreto un trasfondo político y lo vinculó con un intento de “volver a una Argentina de la impunidad y frenar las herramientas que la democracia diseñó en 40 años para terminar con esa etapa horrible”.

También quedó sin efecto el decreto que reestructuró el Instituto Nacional del Teatro; los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares); y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.

“Parte de estos decretos se llevan puesta una construcción histórica, que es perfectible, porque ninguna de las instituciones mencionadas es perfecta, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre la base de lo ya hecho y no destruir”, fundamentó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Por último, se rechazó el DNU que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante. “Este DNU no fue escrito por Milei ni por Sturzenegger, sino que fue hecho a pedido de una multinacional francesa, Dreyfus, que tiene gran incidencia sobre todas las barcazas en la flota paraguaya, y que viene por el monopolio de la Marina Mercante”, denunció sin tapujos Jaime Linares (Unión por la Patria-Chubut).

El Gobierno nacional avanza con la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, pese al rechazo legislativo de la modificación del organismo.

La normativa dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo las funciones a la Presidencia del organismo, en el marco de la transformación institucional que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

La medida se da a menos de una semana del rechazo opositor en la Cámara de Diputados a una serie de decretos delegados emitidos por el Gobierno, entre los que estaba el 462/2025, que establecía la transformación del Instituto de organismo descentralizado a desconcentrado.

En línea con el decreto rechazado que amplió las funciones asignadas al Presidente del INTA, la nueva norma se amparó en la facultad del titular del organismo de proponer la estructura organizativa del mismo, según dispone el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 21.680/56.

En este sentido, el actual responsable máximo del organismo, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe en el que impulsó la supresión de la Dirección Nacional de la estructura organizativa del Instituto.

Al argumentar la decisión en el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional en su carácter de órgano ejecutivo del Instituto”, indicando que “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido”.

De esta manera, determinó que a partir de ahora las disposiciones de la Resolución 513/19, en las que se menciona a la Dirección Nacional del INTA “deberán entenderse referidas al Presidente del citado Instituto”.

Asimismo, aclaró que “hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo y aperturas de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida por el presente acto, las que mantendrán las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha”.

Mientras el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta recortes, despidos y cambios estructurales promovidos por el gobierno nacional, en las agencias locales el trabajo no se detiene. En San Francisco, un pequeño grupo de profesionales sigue llevando adelante tareas clave en la generación de información, la articulación con el sector privado y la formación continua de quienes sostienen la producción agropecuaria regional.

Alejandro Centeno, responsable de extensión local del INTA, traza un diagnóstico realista sobre el rol actual del organismo, sus vínculos con el territorio y los posibles efectos de las medidas de ajuste en marcha. Desde una mirada comprometida pero crítica, repasa el recorrido institucional y abre el debate sobre qué tipo de INTA necesita el país en esta etapa.

Centeno comienza por describir el trabajo que llevan adelante desde la agencia de San Francisco, situada en una zona de fuerte perfil agrícola-ganadero, con énfasis en la lechería. “Estamos de alguna manera cubriendo o satisfaciendo algunas necesidades que tienen que ver principalmente con lo que es la generación de información local a través de distintos ensayos en campos de productores, y con la formación continua de los profesionales que están en la actividad privada”, explica a LA VOZ DE SAN JUSTO. Y resume: “Si tuviese que explicarte brevemente qué es lo que hacemos, creo que esas dos son las principales actividades: capacitación de profesionales, productores y operarios o personal de campo, principalmente tamberos”.

Luego contextualiza históricamente: “Tengamos en cuenta que cuando se creó el INTA hace 70 años, la cantidad de productores profesionales que había en el territorio era mínima, prácticamente inexistente”. Recuerda que al inaugurarse la agencia local, hace más de medio siglo, “había solo cuatro colegas recibidos como ingenieros agrónomos trabajando”. Hoy, por el contrario, “hay un montón de profesionales vinculados al sector, que también generan información y apuntan al medio para lo que es la toma de decisiones”.

Centeno aclara que el INTA ya no tiene el monopolio en la producción de conocimiento técnico: “No todo es de INTA; alguna información también pertenece a empresas del medio, del sector”. Para él, esto no es negativo, sino parte de un proceso evolutivo. “El INTA ha perdido protagonismo, no por maldad del medio, sino porque todo ha evolucionado. La zona debe tener, en el departamento San Justo nada más, cerca de mil profesionales. Entonces, la importancia relativa de la institución en el territorio obviamente ha ido perdiendo peso”, reflexiona.

En este nuevo escenario, el vínculo con otras entidades es clave. “Tratamos permanentemente de generar alianzas con empresas privadas, multinacionales, colegas de la actividad privada, y otras instituciones locales como Sociedad Rural o la Asociación de Ingenieros Agrónomos”, enumera. Y destaca que muchas de las capacitaciones se realizan “codo a codo” con estas entidades, incluso en espacios compartidos como la sede de la Sociedad Rural.

Respecto al alcance territorial, describe una zona extensa y diversa: “El área geográfica nuestra va hacia el oeste hasta Arroyito, al norte hasta Freyre y al sur hasta Las Varillas, que es una zona grandísima”. Reconoce las limitaciones operativas: “No llegamos a todos lados. Somos apenas cuatro profesionales, cada uno con una especialidad específica”. 

Detalla que él se ocupa de los sistemas de producción forrajera; el equipo se completa con un médico veterinario especializado en reproducción, un becario de extensión que se forma en agricultura y una ingeniera agrónoma con amplia experiencia en huertas comunitarias y familiares, que inició su recorrido en el programa ProHuerta. “Ese programa ya no funciona más, hace un año que dejó de existir, pero la red de contactos que tiene Graciela (Gaspartti) hace que siga dando charlas, cursos y capacitaciones”, señala.

Frente a los rumores sobre nuevos recortes, Centeno es claro: “Sinceramente, no tenemos ninguna información oficial. Son todas versiones que maneja la prensa. Internamente no hay nada”. Aun así, da crédito a lo que circula: “Lo que están comentando los medios tiene sus fuentes, y seguro algo de eso va a suceder. Con qué intensidad, no lo sabemos”. Menciona que “hay versiones de que el primero de agosto se va a generar un segundo retiro voluntario”. El primero, ocurrido el año pasado, tuvo “cerca de 300 profesionales que se retiraron, cuando el objetivo era 1.500”. Ahora se espera una salida mayor, motivada por la incertidumbre: “Muchos están viendo que este contexto no es favorable para trabajar cómodos dentro de la institución”.

Consultado por las consecuencias de una posible reducción drástica, incluso el cierre del organismo, responde con honestidad: “No sé qué podría ser de facto. Tampoco sé cuánta gente se puede llegar a ir, ni si los que se van a ir son altamente necesarios”. Reconoce limitaciones: “Como toda institución pública, tengo que ser crítico. El INTA no funciona al 100% como debería. Podría mejorar. Es más, creo que debería mejorar”.

Centeno sorprende con una mirada poco frecuente desde adentro del sistema: “Muchas de las medidas que se van a tomar apuntan hacia eso. Por más que muchos de nosotros quedemos afuera, creo que es una necesidad que se genere una especialización en todos los órganos públicos”. Plantea que “el INTA necesitaba hace tiempo hacer un análisis interno, crítico, responsable y comprometido. Analizar efectivamente qué se estaba haciendo, con qué nivel de eficiencia, y si lo que se investigaba era verdaderamente necesario para el territorio o para el país”.

La imagen final que propone es potente, aunque incómoda: “Aunque no nos guste, esto viene bien. Llevarlo al terreno médico: cuando tenés una pierna envenenada y hay que cortarla, no te queda otra. Parece un proceso de supervivencia y de superación de la propia institución”. Y cierra con una frase que resume toda su visión: “Yo me imagino eso, me imagino un mejor INTA, por más que tenga que quedar afuera yo”.

Bajo la metáfora de la “motosierra”, el gobierno nacional impulsa la racionalización y, en otros casos, directamente la eliminación de varios organismos estatales. En este marco, se aguardan definiciones, en el centro de uno de los debates se halla el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

La intención de ajustar la estructura del Inta responde, según se ha afirmado, a la premisa de mantener y profundizar la eficiencia y reducción del gasto público, pero la preocupación expresada por el gobernador de nuestra provincia, Martín Llaryora, y por las entidades agropecuarias de la región abre la puerta a la necesidad de una discusión sobre la necesidad de mantener las reformas pero sin desmantelar a un organismo que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.

El Inta ha sido, desde su creación en 1956, un pilar fundamental para el campo. Su labor en investigación, extensión y transferencia de tecnología ha permitido avances significativos en productividad, sustentabilidad y competitividad. Esta característica es reconocida más allá de las fronteras agrarias. Aunque, por cierto, son las entidades y los productores quienes conocen sobradamente los beneficios de su actividad. Por ello, no sorprende que las voces representativas del ámbito rural adviertan sobre los perjuicios que podría acarrear una reforma que afecte su autonomía y estructura territorial.

El gobernador Llaryora fue enfático en su defensa del Inta, señalando que su cierre o debilitamiento representaría un golpe al desarrollo productivo del campo. En un mensaje reciente, destacó que el instituto no solo es clave para la innovación agropecuaria, sino que su impacto se extiende a la vida cotidiana de los argentinos, desde la producción de alimentos hasta la generación de conocimiento aplicado. Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace ha expresado su preocupación por la posible eliminación de áreas clave, como la extensión rural, que permite el vínculo directo con los productores y las comunidades.

En este contexto, si bien es legítimo que la Nación disponga medidas para revisar y corregir posibles desajustes administrativos en el Inta, no puede suceder que la racionalización anunciada determine la pérdida de una referencia científica y técnica que ha sido fundamental para el crecimiento del agro argentino. La modernización del organismo puede lograrse mediante alianzas estratégicas con el sector privado, optimización de recursos y fortalecimiento de su vínculo con el entramado productivo y académico, sin necesidad de desarticular su estructura operativa.

El verdadero desafío pasa, entonces, por encontrar equilibrio entre la administración adecuada de los recursos y la preservación de las actividades que han otorgado prestigio al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es necesario entender que su reforma debe servir para potenciar su rol clave en el desarrollo agropecuario, no para debilitarlo. En ese contexto, el llamado de las entidades agropecuarias y del gobernador de Córdoba deberían ser el puntapié inicial de un diálogo serio entre la Nación, las provincias y el sector agropecuario sobre el futuro de un organismo cuyo aporte supera con creces las urgencias de cualquier coyuntura económica o financiera.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció con dureza contra la posible reforma que el Gobierno nacional analiza para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En línea con las posturas críticas ya expresadas por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el mandatario cordobés reclamó frenar los cambios en la gobernanza, la estructura regional y la autarquía del organismo.

“Al INTA hay que fortalecerlo, no ensuciarlo para vaciarlo”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que sumó fuerza al creciente rechazo político y sectorial. “Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores, quienes trabajan de sol a sol a pesar de las malditas retenciones”, agregó.

Llaryora cuestionó el enfoque centralista del Gobierno nacional: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”. Y lanzó una crítica directa al impacto económico sobre esta provincia: “Además de los más de 3500 millones de dólares que el Estado nacional se lleva cada año de Córdoba por las retenciones, ¿también quieren destruir nuestro talento?”

El gobernador propuso modernizar el organismo y “fortalecer su vínculo con el entramado productivo, científico y académico”. Para él, cerrar el INTA “sería cerrar otra puerta al progreso y a la innovación que el país necesita”.

Llaryora también destacó el valor del organismo en los territorios: “El INTA no sólo está presente en el campo: está en cada casa, en cada mesa y en cada alimento producido con tecnología, innovación y trabajo”. Y subrayó que su defensa implica “preservar su autonomía y su gobernanza, pensando en los nuevos desafíos del desarrollo”.

La semana pasada, la Mesa de Enlace también expresó su desacuerdo con los cambios que analiza el Gobierno, aunque reconoció que el organismo necesita algunas mejoras. Mientras tanto, se espera que el presidente Javier Milei, actualmente de viaje, defina los próximos pasos al regresar al país el próximo sábado.

Destinado a personas de bajos recursos, desocupados, trabajadores informales, jubilados, etc.; Cáritas de la Parroquia Perpetuo Socorro realizará el taller “Economía del hogar en tiempos de crisis” en el que se brindarán conocimientos sobre los alimentos y su aprovechamiento, a través del ejercicio práctico desde la producción hasta la cocina.

El taller comenzará el próximo 29 de mayo. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario:  https://forms.gle/BNWL3xivtvNYrUzr8 o de manera presencial los miércoles 21 y 28 de mayo en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes –ubicada en Juan Díaz de Solís 403 de barrio La Milka- de 15 a 17.

El proyecto “Economía del hogar en tiempos de crisis” se enfoca en el aspecto alimenticio y tiene dos objetivos: primero, orientar en la generación de materia prima para la elaboración de comidas (huerta, gallinero, etc.). Segundo, brindar herramientas teórico-prácticas de elaboración de comidas saludables y económicas. 

El taller estará a cargo de la ingeniera agrónoma Graciela Gasparetti, profesional de Inta San Francisco, quién trabaja conjuntamente con el Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba.

También estará presente el técnico superior en Industrias Alimentarias, Jorge Adrián Rossi quién orientará a las personas en el tratamiento de los alimentos como cuidado de la salud de la familia y como emprendimiento para su rápida salida laboral. Ambos profesionales comprometidos y referentes en el tema.

El sacerdote Germán Brusa aseguró que la necesidad de fomentar estos encuentros nació debido a que “la ideología del consumo, que te hace creer que sos lo que consumís, hizo estragos en los sectores de bajos recursos. Primero porque se ha privilegiado el consumo por sobre la inversión, segundo porque lo que se consume es de es de origen y composición desconocido, lo que, muchas veces, afecta la calidad nutricional como los alimentos ultraprocesados, bebidas, artículos de limpieza, etc.”. 

“Algunas personas, para permanecer dentro de la sociedad de consumo, se la pasan horas y horas en las redes sociales y en mercadolibre mirando productos y comparando precios, una suerte de adicción –advirtió Brusa-. En otras palabras, podemos tolerar distintos tipos de exclusiones, pero es inadmisible quedar fuera de la sociedad de consumo y sus beneficios”.

Afirmó: “Esta caricatura del consumidor compulsivo en crisis no es solamente de la clase media, media-alta, sino de todos los estratos sociales. Sin embargo, hay que reconocer que, esta crisis consumista, no ha pegado del mismo modo en los distintos sectores de la sociedad”.

En tanto, la coordinadora de Cáritas, Lorena Badaloni manifestó que actualmente el grupo cuenta con más de 30 familias asistidas. “Se realizan ferias americanas todos los lunes de 15 a 17 y a partir de este año comenzamos a trabajar en la Iglesia de Lourdes de barrio La Milka todos los miércoles de 15 a 17”, dijo.

En la localidad cordobesa de Ramón J. Cárcano, a 18 kilómetros de Villa María, en el departamento San Martín, funciona el primer tambo estabulado, robotizado y sustentable de última generación, que fue inaugurado recientemente por el gobernador Martín LLaryora. 

El establecimiento está ubicado en un campo perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y es producto de un convenio con la Escuela Superior Integral de Lechería de Villa María.

Entre sus finalidades se encuentra la de contribuir a la formación de los estudiantes de la institución educativa.

“Se trata de una iniciativa y un convenio especializado entre el INTA y el FUNESIL, dos instituciones que generan un espacio para capacitar a las personas en ordeñe voluntario animal. 

Es el primer tambo con fines educativos de tierras argentinas y es cordobés”, destacó Mónica Moretto, jefa de la Agencia de Extensión Rural INTA Villa María.

Según explicaron desde el Instituto, se llama tambo de “ordeñe voluntario”, debido a que las vacas lecheras se dirigen solas al sistema, sin horario fijo y sin necesidad de que una persona realice la tarea.

Además, busca brindar capacitación y asistencia técnica a productores y operarios que realicen diferentes actividades agropecuarias; y prestar servicios para ensayos e investigaciones a todos los actores que intervengan en la línea de producción de la leche.

“A nosotros nos faltaba desarrollar lo que era la producción primaria de leche. Ahora, con el tambo robotizado, creamos un hito más en la historia de la escuela. Tenemos el primer tambo robotizado con fines educativos y de formación técnica específica de la provincia de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica”, afirmó el presidente de Funesil, Alfredo Gadara.

El proyecto ejecutado incluye dos aulas de estudio, el reacondicionamiento de los diferentes sectores destinados a capacitación y un tambo robotizado con sistema estabulado de cama caliente que permite un límite de ordeñe de 60 vacas.

“Hoy tenemos 30 vacas de 26 litros promedio cada una, lo que sería 780 litros diarios”, manifestó Nicolás Fernández Fenoglio, estudiante de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria.

Este tipo de tambos forman parte de un sistema productivo lechero en confinamiento techado tipo compos burn (cama caliente), y alimentación tipo TMR (ración totalmente mezclada). La producción se destina a la planta piloto de elaboración de lácteos.

“En el predio del tambo contamos con 17 hectáreas efectivas, donde desarrollamos la parte nutricional y lo que es balance de dietas, además de hacer inseminación y visión de fetos de los animales”, manifestó Facundo del Val, alumno de tercer año de la carrera Técnico Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria.

A su vez, en las flamantes instalaciones, los productores de la zona podrán realizar y validar las prácticas del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias, dependiente del ministerio de Bioagroindustria.

“Gracias a estas instalaciones me capacité en cómo criar a los terneros desde su nacimiento, su calostrado y el manejo de enfermedades, hasta que el animal crece”, contó Mario Bruno, quién se formó en el tambo robotizado y trabaja como guachero en un campo cercano. 

Cuando la leche llega desde Cárcano a la fábrica escolar ubicada en Villa María, se realiza una serie de análisis para determinar una calidad mínima de la leche, como su PH, acidez, temperatura e inhibidores. 

Luego se derivan a los distintos sectores para realizar los productos.

El volumen inicial siempre va a quesería y después se destina a productos frescos y concentrados.

El Gobierno Nacional, a través del Inta, logró secuenciar el genoma de la chicharrita del maíz, la plaga que acechó al maíz en la campaña 23/24 y se comió más de US$ 2.000 millones de exportaciones.

El logro marca un hito científico que permitirá diseñar estrategias más eficientes para el control del insecto y facilitar el desarrollo de variedades de maíz más resistentes a las enfermedades transmitidas por este insecto.

Se trata de un trabajo que lleva adelante un equipo de especialistas del Centro de Investigaciones Agropecuarias del Inta de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, que logró la secuenciación, ensamblado y anotación del genoma de Dalbulus maidis

De acuerdo a lo informado por la secretaría de Bioeconomía, este avance global -es el primero registrado hasta la fecha- se logró a partir de haber detectado que las condiciones de altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración -del norte del país a la zona núcleo de producción- de esta plaga que afecta al maíz.

Además del impacto en el control de la chicharrita del maíz, esta investigación proporcionará información para entender la biología, distribución y evolución del insecto, lo que ayudará a predecir y mitigar futuros brotes y epidemias.

También, posibilitará el desarrollo de enfoques más precisos y dirigidos para el control de esta plaga, mediante la reducción en el uso de productos fitosanitarios.

Por último entre los beneficios potenciales podría ser utilizado en la mejora genética del maíz, facilitando el desarrollo de variedades más resistentes a las enfermedades transmitidas por este insecto. En este sentido, se podría llegar a comprender aspectos como los genes de inmunidad del insecto, identificar blancos potenciales para el desarrollo de mejores insecticidas, así como genes asociados a su interacción con las plantas infectadas y los agentes patógenos.

Según la última estimación de Maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario,  con la mitad de la cosecha de maíz levantada, comenzará a revelarse el daño en los tardíos por chicharrita.

El informe emitido la semana pasada indica que se empieza a adelantar la cosecha por la vulnerabilidad de los tallos tras el ataque de chicharrita en el centro y norte del país. “Lamentablemente, se observa que los datos de  los lotes en los que se está avanzando con la cosecha no son optimista y pueden ser el presagio de un nuevo ajuste negativo para el cereal argentino por los efectos del spiroplasma”, indicaron.

Por ahora se mantienen los guarismos de mayo con  una siembra récord de 8,89 M ha y 1,42 M ha que no entrarían al circuito comercial. Con una producción total estimada de 47,5 Mt  lo que implica una pérdida el mercado doméstico de US$ 2.045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae en US$ 1.634 millones