Una mujer de 24 años fue detenida durante un allanamiento realizado en barrio Hospital, en San Francisco, en el marco de la investigación por el homicidio calificado de Zamir Torres, el niño asesinado el 9 de julio de 2025 en Frontera durante una balacera en la que además quedó gravemente herido su padrastro Braian Martínez (31).

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana y estuvo a cargo de personal de la Sección Investigaciones de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, con la colaboración de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. La medida fue ordenada por la autoridad judicial que interviene en la causa.

Además de la detención de la joven, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para el avance de la pesquisa.

El operativo se produce pocos días después de la captura de Samuel Elías Reyes (31) quien estaba siendo buscado por la Justicia santafesina por su presunta vinculación con el crimen de Zamir Torres. El sospechoso fue localizado y detenido en la localidad cordobesa de La Puerta tras una investigación desarrollada por la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la PDI.

Reyes figuraba entre los prófugos más buscados de Santa Fe y tenía un pedido de captura emitido por la Fiscalía de la Unidad Fiscal de Rafaela. Según la información oficial, está acusado de participar en el hecho ocurrido en Frontera, donde también resultó gravemente herido Brian Maximiliano Martínez, conocido como “Peladito”.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia santafesina. Mientras tanto, la investigación sigue su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades y establecer si existieron más personas involucradas en el homicidio del niño. Por el hecho también permanecen detenidos Matías Escobedo (29) y Thiago Medrano (20), ambos imputados como autores del delito de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego”. La acusación además incluye “tentativa de homicidio”, ya que resultó herido Martínez.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, un impactante testimonio alteró el curso de la causa este miércoles. Una mujer que trabajó en el bar Wachitas —recientemente clausurado por la Municipalidad de Córdoba— aportó crudos detalles sobre las presuntas actividades de trata de personas, explotación sexual y consumo de estupefacientes que se desarrollaban en el establecimiento.

La declaración surge en consonancia con lo adelantado por Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, quien había advertido sobre la aparición de una nueva testigo con "una versión impactante en la causa".

La testigo, identificada como "Carla", habló por primera vez en una entrevista brindada al programa El Show del Lagarto, emitido por El Doce. En su relato, señaló directamente a Soledad Andreani, quien actualmente se encuentra detenida por orden del fiscal Raúl Garzón y es señalada por los investigadores como la encargada del lugar.

"Yo no era menor, pero otras chicas sí. Yo trabajé entre el 2020 y 2024", afirmó Carla, precisando además el rol de Andreani: "Los clientes que te ofrecían eran conocidos de Soledad. Ella se hacía batir como la dueña, se encargaba de todo, de recibir pagos, bebidas, etcétera".

Respecto a la dinámica delictiva dentro del bar y el perfil de los concurrentes, la mujer describió una red de explotación dirigida a un público selecto:

"En Wachitas se llevaban a cabo orgías y tríos y no iban gente cualquiera, eran hombres grandes y con plata que mantenían relaciones sexuales con las chicas, casi todas menores. Vendíamos nuestro cuerpo por plata".

Al ser consultada sobre si conocía a un hombre de apellido Barrelier, la testigo no lo especificó directamente, pero describió el adoctrinamiento y las condiciones extremas a las que eran sometidas para operar en el establecimiento del primer piso, el cual contaba con una habitación con baño privado para los encuentros sexuales.

"Yo estaba todo el día drogada y dopada con pastillas para poder realizar esta actividad, nadie lo hace por gusto, tenías que hacerlo de esa manera", confesó con dureza.

Asimismo, Carla tildó a Andreani de "proxeneta" y denunció una retención económica sistemática de los ingresos de las trabajadoras, además de advertir que "había cosas en las que Soledad se abusaba de las menores".

"De una salida de 5 mil pesos, ella se quedaba la mitad de la plata. Te decía que tenías que atender a tal o cual cliente y hacer un 'servicio' especial y ese dinero quedaba para mantenimiento, tragos, elementos de limpieza pero eso no pasaba nunca", detalló.

Finalmente, la testigo hizo referencia a las irregularidades administrativas del comercio y al accionar de las autoridades de control locales, asegurando que las fajas de restricción eran sorteadas de manera ilegal:

"Se clausuraba el local, iban inspectores y después se les pagaba para levantar la clausura".

Según se informó, tras su aparición en el medio televisivo, la mujer se presentará este miércoles ante la Unidad Judicial correspondiente para formalizar su declaración ante la Justicia.

La Justicia de San Francisco avanza en la investigación por la muerte de un joven de aproximadamente 25 años que se encontraba alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 7, donde fue encontrado sin vida en su celda durante el pasado domingo.

Según se informó oficialmente, el hecho fue detectado durante una recorrida de rutina en el sector de pabellones. “Siendo aproximadamente las 10.50, durante los controles de rutina en el sector de pabellones, personal de guardia constató que el interno Luciano José Martínez se encontraba desvanecido en su celda, en una situación compatible con una presunta maniobra de autolesión”, indicaron a LA VOZ DE SAN JUSTO fuentes del Servicio Penitenciario de Córdoba.

De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes. “De manera inmediata, se activaron los protocolos de asistencia y seguridad. El personal de la institución procedió a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba la intervención del servicio de emergencias médicas externo”, agregaron.

Minutos más tarde arribó una unidad médica. “A las 11, arribó una unidad de la empresa de emergencias Cruz Verde. Los facultativos médicos continuaron con las tareas de reanimación de forma intensiva durante 30 minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, a las 11.30 horas se constató el fallecimiento del interno”, precisaron.

Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención a la Justicia. Actúan en el caso la Fiscalía de Instrucción de 4° Turno y la Fiscalía de Delitos Complejos, que dispuso la preservación del lugar y la intervención de Policía Científica para la realización de pericias. También se notificó a la Cámara Criminal y Correccional, en cuya órbita se encontraba el interno.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y busca determinar con precisión las circunstancias del deceso, sin descartar hipótesis.

En un giro clave para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia citó a declarar a la escribana Adriana Nechevenko. La profesional actuó en la escritura del departamento de la calle Miró al 550, donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su familia, y deberá precisar los montos, fechas y pormenores de una operación inmobiliaria que despierta fuertes interrogantes.

El pedido, impulsado por un grupo de diputados, apunta a echar luz sobre el vertiginoso crecimiento patrimonial del funcionario. El foco está puesto en la compra de la unidad de Caballito en noviembre de 2025, apenas 14 días después de que Adorni asumiera la Jefatura de Gabinete.

La operación se cerró por un total de USD 230.000. Lo llamativo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habrían accedido a una hipoteca no bancaria por USD 200.000 otorgada por las mismas vendedoras: dos mujeres de 64 y 72 años. Este financiamiento privado cubrió casi el 90% del valor del inmueble, una modalidad extremadamente inusual para el mercado actual.

Sumado a esto, las acreedoras —quienes habían comprado la propiedad apenas meses antes— negaron ante la prensa conocer al funcionario, lo que profundiza las dudas sobre el origen real de los fondos. La propiedad de casi 200 metros cuadrados representa un salto exponencial frente al departamento de 52 metros cuadrados en el que la familia vivía anteriormente en Parque Avellaneda.

La citación a Nechevenko no solo se limita a la unidad de Caballito. La Justicia también requiere precisiones sobre otra propiedad atribuida al matrimonio en el country Indio Cuá, en Capilla del Señor (Exaltación de la Cruz), registrada a nombre de Angeletti en noviembre de 2024.

Desde el entorno de Balcarce 50 aseguran que el funcionario está "firme en su cargo" y que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado. Sin embargo, la brecha entre el valor de mercado de la zona (una de las más exclusivas de Caballito) y el precio declarado de "mil y moneditas de dólares el metro cuadrado" mantiene la causa en plena ebullición judicial.

Una investigación del grupo UTN GPol de la Facultad Regional San Francisco logró el segundo puesto en la categoría “etapa avanzada” del “Tree Revolution: Discovering Lignin Challenge”, un certamen internacional orientado a encontrar aplicaciones industriales para la lignina kraft. El desafío reunió 41 proyectos de distintos países y fue impulsado por CMPC y HUBTECHILE.

La propuesta presentada por el equipo se centró en el reemplazo parcial del fenol —un insumo de origen fósil— por lignina en la formulación de resinas lignina-fenol-formaldehído (LPF), destinadas a la impregnación de papeles para laminados sostenibles utilizados en superficies decorativas y revestimientos.

La directora del grupo, la Dra. Verónica Nicolau, explicó que la iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que desarrollan desde hace años. Según detalló, el objetivo es sustituir un recurso no renovable, cuyo precio depende del petróleo, por un material proveniente de fuentes renovables.

Nicolau señaló que el reemplazo “no es directo”, ya que la lignina presenta menor reactividad y requiere modificaciones químicas y ajustes vinculados a su solubilidad. El equipo trabajó primero a escala de laboratorio y luego avanzó hacia pruebas industriales utilizando lignina comercial de Brasil. De ese proceso surgió un prototipo industrial con propiedades comparables, e incluso en algunos casos superiores, a las del material convencional.

Además, destacó que el desarrollo pudo implementarse con el mismo equipamiento y procesamiento de una empresa local, sin necesidad de cambios estructurales, lo que permitió que la propuesta dejara de ser una aplicación potencial para convertirse en una alternativa con validación tecnológica concreta.

En el marco del certamen, la propuesta consistió en validar la lignina kraft de pino que producirá la empresa organizadora, distinta a la utilizada hasta ahora por el grupo. El plan prevé seis meses de ensayos a escala de laboratorio con esa materia prima y contempla posibles aplicaciones en la fabricación de tableros derivados de la madera, como aglomerados o MDF.

El desafío incluyó 41 postulaciones, con equipos de Chile y de otros nueve países, entre ellos Finlandia, Suecia y Canadá. El cronograma abarcó una evaluación inicial, entrevistas, un bootcamp, un pitch final y el anuncio de ganadores el 14 de enero de 2026. Los equipos premiados recibieron USD 7.000, USD 3.000 y USD 1.000 para el primer, segundo y tercer puesto en cada categoría. El monto obtenido por UTN será destinado a continuar las investigaciones a escala industrial.

La secretaria de Ciencia y Tecnología, la Dra. Mariana Bernard, valoró el reconocimiento y afirmó: “Este reconocimiento destaca el trabajo sostenido de investigadores y estudiantes de las universidades públicas, fortaleciendo el vínculo con el sector productivo a partir de conocimiento sólido y rigor científico”.

Agregó: “La UTN trabaja para alinear productividad, desarrollo humano y cuidado ambiental, promoviendo una industria más competitiva y sostenible. En ese marco, desde GPOL y otros grupos de investigación, se contribuye activamente al desarrollo productivo del país. Celebramos este logro como un impulso para seguir profundizando esa articulación”.

El siguiente paso será evaluar cuáles de las soluciones presentadas avanzan hacia acuerdos, pilotos industriales o escalamiento comercial, en un contexto donde la bioeconomía comienza a incidir en decisiones productivas y estratégicas de mayor alcance.

El pasado 5 de noviembre marcó un hito en la gestión cultural local con la culminación del curso de Capacitación sobre Conservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico, una instancia formativa impulsada por la Agencia Córdoba Cultura que combinó clases presenciales y virtuales y tuvo como sede a la Escuela de Bellas Artes Dr. Raúl Villafañe. Coordinado por el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco, el ciclo no solo propuso una reflexión teórica sobre el patrimonio, sino que promovió la elaboración de proyectos concretos orientados a la acción preventiva y a la salvaguarda de la identidad colectiva.

Entre ellos se destacó el proyecto “Conservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico: Tramo de Ferrocarril en Avenidas Cervantes y De la Universidad”, elaborado por Beatriz Casalis, María del Carmen Ferrero, Cecilia Ferrero y José Orellano Petracco.

La investigación surgió como trabajo final del taller, aunque el proceso implicó recortes y redefiniciones. “La primera intención había sido trabajar los ferrocarriles en general, pero cuando salimos al territorio nos dimos cuenta de que muchas vías ya no estaban visibles”, explicó Casalis. Esa constatación llevó al grupo a achicar el objeto de estudio y concentrarse en aquellas huellas que todavía permanecían, aunque parcialmente ocultas, dentro del nuevo entramado urbano.

El trabajo ubicó el tramo estudiado dentro de un mapa mucho más amplio, entendiendo que San Francisco se consolidó históricamente como un verdadero nudo ferroviario a partir de la convergencia de tres grandes empresas. El Ferrocarril Central Córdoba, de capitales británicos, fue el primero en llegar, habilitando su servicio el 15 de octubre de 1888. Años más tarde, el 1 de febrero de 1891, se sumó el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, que luego se integraría al Ferrocarril Central Argentino. Finalmente, el 30 de abril de 1904, la Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe completó ese entramado estratégico que terminó de definir el perfil ferroviario de la ciudad.

Esa infraestructura no solo significó progreso económico, sino que funcionó como motor de la inmigración, del crecimiento demográfico y de la transformación de una colonia agrícola en un centro urbano e industrial. “El ferrocarril no llegó a una ciudad ya hecha: fue promotor. A la vera del ferrocarril se instalaron las industrias, los comercios, las fondas y los hospedajes”, sostuvo Casalis, al remarcar el rol estructurante de los rieles en la vida social y económica.

La historia del Ferrocarril Central Córdoba dentro de la trama urbana atravesó luego un proceso de declive progresivo. En mayo de 1939 el Estado Nacional se hizo cargo de la línea y, con la nacionalización de 1948, la red pasó a integrar el Ferrocarril General Manuel Belgrano. Durante la década de 1950, una reestructuración operativa trasladó el tráfico ferroviario hacia el sur de la ciudad y provocó el levantamiento de rieles en distintos sectores céntricos.

Sin embargo, varios tramos continuaron operativos hasta bien entrada la década de 1970. Durante esos años, las vías siguieron siendo utilizadas para el transporte de cargas, permitiendo el ingreso de vagones a los molinos harineros y a la Fábrica Militar de San Francisco, sosteniendo así el perfil industrial del entorno. “Yo me acuerdo que de chica había que mirar bien para cruzar, porque el tren seguía pasando y no había barreras”, recordó Casalis, dando cuenta de una memoria todavía viva en la ciudad.

El relevamiento realizado por el equipo detectó una problemática central: la invisibilización del patrimonio ferroviario. En amplios sectores, los rieles y durmientes se encontraban cubiertos por sedimentos, tierra y malezas; en otros, el espejo de la vía había sido tapado con cemento o tierra para facilitar el tránsito vehicular. También se registró el faltante de tramos y piezas, evidencia de extracciones producidas a lo largo del tiempo.

A pesar de ese deterioro, el proyecto fundamentó la necesidad de conservación a partir de valores históricos, sociales y simbólicos. El tramo constituía un testimonio material de los orígenes urbanos de San Francisco, había sido escenario de la vida laboral de generaciones de ferroviarios y trabajadores industriales, y funcionaba como un hito de memoria colectiva que aún vinculaba el pasado productivo con el presente universitario y comercial del sector.

El objetivo central del proyecto fue la recuperación y puesta en valor del tramo ferroviario comprendido entre avenidas Cervantes y De la Universidad. Para ello, se propuso un programa integral que incluyó la declaración oficial del sector como Bien de Interés Histórico, la limpieza del área, la recuperación visual de los rieles y durmientes, y la incorporación de señalética informativa.

La propuesta contempló cartelería con datos históricos, planos del antiguo nudo ferroviario, fotografías del ayer y del hoy, y códigos QR que permitieran ampliar la información. “La idea es que sea un paseo integrado al espacio verde, con señalizaciones, bancos y lugares para sentarse”, explicó Casalis, al destacar el potencial educativo y recreativo del sector.

La investigación fue desarrollada por un equipo con trayectorias complementarias. Beatriz Casalis y María del Carmen Ferrero, integrantes del Centro de Estudios Históricos y del Archivo Gráfico y Museo de la Ciudad, aportaron el sustento documental y la memoria histórica. A ellas se sumó Cecilia Ferrero, arquitecta y estudiante de la Maestría en Arquitectura Paisajística de la Universidad Católica de Córdoba, quien incorporó una mirada vinculada al diseño del espacio público y la integración paisajística.

El grupo se completó con la participación de José Orellano Petracco, presidente del Archivo Gráfico y Museo, quien acompañó el proyecto desde su inicio y articuló el trabajo con el acervo institucional y las fuentes documentales.

En ese recorrido, el vínculo con la Asociación Amigos del Riel ocupó un lugar relevante. Las impulsoras recordaron que habían trabajado en varias oportunidades junto a la entidad, realizando actividades, charlas y acciones de divulgación vinculadas al patrimonio ferroviario. “No fue un contacto aislado, sino un trabajo sostenido en el tiempo”, señalaron, destacando el aporte de fotografías, testimonios y experiencias que fortalecieron la investigación.

Por ese motivo, el proyecto planteó la posibilidad de incorporar formalmente a la Asociación Amigos del Riel en futuras instancias de puesta en valor, tanto para el desarrollo de contenidos históricos como para la realización de visitas guiadas y propuestas educativas.

Uno de los ejes centrales del trabajo fue la relación con las nuevas generaciones. “Los chicos hoy no saben cómo se formó la ciudad, no reconocen estas tramas que marcaron su forma”, explicó Cecilia Ferrero. Para el equipo, señalizar las vías no implicaba una mirada nostálgica, sino una herramienta pedagógica para comprender cómo el ferrocarril organizó barrios, servicios y actividades.

En ese sentido, la propuesta se vinculó con una tendencia reciente: la revalorización del espacio público y el regreso de los vecinos a plazas, paseos y corredores urbanos. “Acá en la ‘costanera’ hay mucha gente que camina, toma mate, se reúne. Eso es una oportunidad”, coincidieron.

El proyecto llegó en un momento clave para la ciudad. Las obras de transformación del centro cívico, la recuperación del Pasaje Villafañe y la construcción de la pasarela en altura marcaron un cambio profundo en la relación de los vecinos con el espacio público. Sectores antes relegados comenzaron a ser habitados de otra manera, con una aceptación social que evidenció nuevas formas de apropiación y cuidado.

Esa respuesta positiva fue leída por el equipo como una oportunidad concreta para avanzar en la puesta en valor del patrimonio ferroviario. Recuperar las vías de la “costanera” no fue pensado como un gesto aislado, sino como parte de un proceso más amplio de integración entre memoria, identidad y ciudad contemporánea.

“Cuando la gente se adueña de los espacios y los hace propios, esos lugares empiezan a cuidarse”, sostuvieron las impulsoras. En ese cruce entre pasado y presente, las viejas vías dejaron de ser restos olvidados para volver a pensarse como una clave para comprender el origen de San Francisco y proyectar su futuro urbano.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó un recurso de amparo solicitando la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026.

La acción se debe a la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que la norma dispone.

Dichos artículos establecen el aumento progresivo de los recursos asignados al sistema científico, definiendo que nunca serán inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior.

En consonancia, la ley estima un porcentaje anual mínimo de crecimiento en la inversión dentro del presupuesto nacional: en 2026, plantea un incremento del 0,52% del PBI.

Sin embargo, con la derogación de esta normativa, la Ley de Presupuesto 2026 asigna solo el 0,15 % del PBI a la Función Ciencia y Técnica (FCyT), monto menor al ejecutado en 2025.

El texto del amparo afirma que esto genera una “profundización de un marco de violación a los derechos humanos, puntualmente el derecho a la ciencia, la técnica y la educación superior”.

Desde la Raicyt destacaron en un comunicado público a través de sus redes sociales que la decisión fue tomada considerando la doble función de los profesionales que integran la red.

“Como miembros del Sistema Científico y Tecnológico, somos titulares de derechos específicos, pero a su vez somos garantes de que la sociedad argentina acceda al disfrute y se beneficie del conocimiento científico y tecnológico y de su producción, como así también de la progresividad del mismo”, expresaron.

El artículo 75 de la Constitución Nacional, sostiene que corresponde al Congreso “proveer lo conducente (...) a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Además, el Estado Nacional asume obligaciones ante la comunidad internacional. Entre ellas, adscribe al Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural que conduce “al desarrollo humano, a su progreso económico con justicia social, (...) a la investigación y al desarrollo científico tecnológico, su difusión y su aprovechamiento”.

Con la derogación de los artículos de la Ley de financiamiento científico por parte del Presupuesto 2026, estas obligaciones se ponen en jaque.

Sergio Dassie, director del Centro Científico Tecnológico del Conicet Córdoba y del Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), profesor titular de la UNC e investigador principal del Conicet, habló con La Voz al respecto.

En calidad de miembro de la Coordinación del Raicyt, explicó: “El eje del amparo radica en la inconstitucionalidad de que una ley temporal -el presupuesto rige únicamente durante el Ejercicio Fiscal 2026- pueda suspender o derogar parte de una ley nacional que tiene vigencia”.

“Esto deja muy vulnerable al sistema de ciencia y tecnología hacia el futuro”, aseguró Dassie.

Además de modificar el corazón del financiamiento del sistema científico, el Presupuesto 2026 ataca con su artículo 30 otras leyes de suma importancia.

El texto deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI. A su vez, elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnica, que se financiaba con un monto anual no menor al 0,2% del total ingresos corrientes.

Por último, también deroga el inciso de la ley 27.565, que dispone que el Fondo Nacional de la Defensa debe ser del 0,8% de los ingresos corrientes del Tesoro Nacional.

Si bien la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología puede actuar contra aquellas disposiciones que afecten directamente su actividad, el pedido de amparo también considera y alerta sobre todas las consecuencias expuestas.

En este sentido, la Raicyt invita a personas vinculadas al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a sumarse al reclamo mediante la figura de un “Amicus Curiae”. Si bien este no forma parte del proceso judicial, expresa opiniones que permiten una mirada más abarcativa por parte del juez interviniente.

Para sumarse, hay que completar un formulario difundido por la Red que releva quiénes están interesados en realizar la presentación: Link al formulario.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología surge en diciembre de 2023, momento en el que el ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional empezó a amenazar activamente los proyectos de investigación y el funcionamiento de las instituciones científicas.

“Es el principio de acción y reacción de Newton llevado a la máxima tensión. No estábamos organizados hasta que hubo necesidad de organizarse”, explicó Sergio Dassie, que se sumó a la red en 2024.

El organismo está constituido por 500 directores y directoras de unidades ejecutoras del Conicet, de las Universidades y otras instituciones científico tecnológicas a lo largo y ancho del país.

“El objetivo central es defender el sistema científico tecnológico nacional. Estamos convencidos que sin ciencia no hay un futuro promisorio posible para el desarrollo de nuestro país”, dicta la página web oficial de la red.

Científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) lideran una innovadora línea de investigación para combatir la infertilidad en yeguas a través de la aplicación de bacterias ácido lácticas probióticas.

El proyecto, dirigido por el Dr. Matías Pellegrino, cuenta con la participación de la Dra. Jessica Silva; la microbióloga Agustina Vasquetto y los médicos veterinarios Javier Aguilar, Natalia Pereyra y Horacio Mouguelar.

El objetivo principal del trabajo es desarrollar un producto probiótico de aplicación local para prevenir la endometritis equina de origen infeccioso. Para ello, el grupo ProBioAr del Laboratorio de Genética Microbiana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC, colabora con el Instituto de Ciencias Veterinarias (INCIVET) -CONICET-UNRC).

La endometriosis es la inflamación del endometrio y puede provocarse por distintos factores, pero la principal causa es la infección producida por microorganismos. Esto puede ocurrir por malas prácticas al hacer tacto para comprobar si una yegua está preñada o lo puede contagiar el macho al aparearse.

A su vez, la endometritis infecciosa es de las principales causas de subfertilidad e infertilidad en yeguas, lo que representa un problema económico y reproductivo significativo para la industria hípica. Con su investigación, los científicos buscan inhibir esos patógenos y mejorar la reproducción de los equinos.

El equipo de investigación ya venía trabajando en distintos ensayos con probióticos para la prevención de mastitis en bovinos y estaba obteniendo buenos resultados. Fue en 2019 que llegó una demanda de aras (el lugar donde crían caballos para polo y carreras) por un problema de infertilidad en yeguas.

Aunque el costo de esta enfermedad implica mucho dinero, hasta el momento solo se utilizaban terapias paliativas para tratar la infección una vez que aparecía, No existía ninguna medida preventiva.

Con este contexto y utilizando la expertise previa en el área, decidieron reunirse entre veterinarios y microbiólogos de la UNRC para desarrollar un probiótico que pudiera prevenir la endometriosis. Mas específicamente, se trataría de un bioinsumo de aplicación en yeguas.

Para lograrlo, lo primero que los investigadores debieron hacer es muestrear a más de 50 yeguas sanas a través de hisopados vaginales en el endometrio y varias partes del aparato reproductor equino.

“La innovación que tiene nuestra línea de investigación es que a esos probióticos los aislamos del mismo nicho en el que después los vamos a aplicar. Es decir, que los sacamos del aparato reproductor de las yeguas y allí los colocaremos”, explicó a La Voz Matías Pellegrino.

El siguiente paso fue aislar los microorganismos obtenidos. “Aislamos cerca de 300 bacterias y para determinar cuáles servían tuvimos que hacerles pruebas de propiedades benéficas. Los que presentaban las mejores propiedades son los microorganismos que seleccionábamos”, detalló el científico.

Asi detectaron tres especies de bacterias: pediococcus pentosaceus, enterococcus hiriae y weisella cibariaun lactococo. Las tres se clasifican dentro del grupo de las bacterias lácticas.

Su propiedades benéficas se demotraron tanto a través de estudios in vitro como in vivo y su identificación se realizó con precisión utilizando espectrometría de masas MALDI-TOF.

En un esfuerzo colaborativo internacional, la secuenciación completa del genoma de estas tres cepas las llevó a cabo Pellegrino en el marco del proyecto binacional FARMS-SAFE, una iniciativa “Una Salud” que conecta a la UNRC y a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con la Universidad Bristol en el Reino Unido.

Como principales propiedades, estas bacterias inhiben los patógenos infecciosos, tienen potencial para colonizar el nicho (aparato reproductor equino), producen sustancias antimicrobianas y pueden resistir a diferentes condiciones del pH y la temperatura.

La secuenciación genómica no sólo confirmó la identidad de las cepas sino que también permitirá un análisis bioinformático exhaustivo de sus propiedades metabólicas, potencial probiótico y seguridad, abriendo el camino para futuras aplicaciones biotecnológicas.

Los investigadores ya realizaron ensayos en yeguas y comprobaron que no se ocasionaron daños, por lo que en este momento se encuentran en la etapa de desarrollo del bioinsumo.

“Estas bacterias lácticas no se pueden aplicar por si solas, tenemos que desarrollar un producto. Eso significa ver cómo liofilizarlas, cómo mantenerlas, y con qué excipiente se aplicarán, es decir, determinar todos los otros compuestos que van a formar parte de ese bioinsumo”, explicó Pellegrino.

Por el momento se barajan varias alternativas como los nanomateriales, hidrogeles, cremas o pastillas. El gel o la crema es la opción a la que más se apuesta debido a que ya existen productos en ese formato que ya se usan para lubricar la vagina de las yeguas o como antibióticos.

“Nosotros buscamos que el producto que desarrollemos no altere las rutinas del campo y que no sea algo muy distinto a lo que ya se hace porque eso puede causar rechazo de parte de los productores”, aclaró el investigador.

Una vez definido el bioinsumo, comenzarán con los ensayos donde se inoculará a yeguas para comprobar si los probióticos efectivamente previenen la endometriosis.

Aunque por ahora es un producto preventivo, una vez demostrada su efectividad existe la intención de investigar si los probióticos también tienen un poder curativo.

Un joven de 28 años fue hallado sin vida en la madrugada de este martes en una tapera ubicada sobre calle N°112, en la ciudad de Frontera. El hallazgo se produjo alrededor de las 2.30, cuando personal policial encontró al hombre tendido en el suelo dentro de un predio precario. 

De inmediato, los efectivos decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital “J.B. Iturraspe” de San Francisco. Una vez en el centro de salud, médicos de guardia confirmaron el fallecimiento. La víctima fue identificada como Emanuel Levratto. 

Según el examen preliminar, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con orificios en la zona lumbar derecha y múltiples desgarros en el brazo izquierdo. Los profesionales determinaron que el deceso se habría producido al menos una hora y media antes del ingreso al hospital. Aún no está confirmado si las heridas corresponden a impactos de arma de fuego.

Se aguarda el resultado de la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, con intervención de la Policía de Frontera. 

NOTICIA EN DESARROLLO 

“El niño de 4 que murió baleado horas atrás en medio de una emboscada contra su padrastro es una víctima más de, la irracionalidad y la brutalidad con la que los mercaderes de la muerte dirimen sus conflictos. Todos síntomas de una degradación sociocultural y económica que no encuentra piso”, se expresó en nuestra editorial hace pocas semanas. 

El asesinato de Zamir Gael Torres reunió todos los rasgos característicos de los territorios donde el narcotráfico ha echado raíces. Aunque se avanzó en la investigación y se detuvo a los presuntos autores materiales, la Justicia tiene el imperativo de esclarecer por completo este crimen atroz y juzgar a todos los responsables.

Pocas dudas caben sobre el trasfondo del hecho: otro episodio -uno más- enmarcado en la sórdida trama vinculada comercio ilegal de estupefacientes. Autores intelectuales, sicarios, armas pesadas, balaceras interminables, emboscadas, ajustes de cuentas son variables omnipresentes en todos los crímenes ligados al narcotráfico.

Tampoco es la primera vez que un niño se convierte en víctima de esta violencia que, desde hace tiempo, siembra sangre y horror. Pero, al menos en nuestra región, las balas que impactaron en el cuerpo de Zamir marcaron un límite, colmaron el vaso, atizaron la indignación ciudadana. Si al sinsentido de su muerte se le puede hallar un sentido, éste es el de constituir una bisagra definitiva. Un punto de inflexión para abandonar la desidia, las palabras floreadas pero vacías, las complicidades -corrupción incluida- y se abrace, con convicción, el único camino posible: el de la acción firme y contundente de las fuerzas de seguridad, la Justicia y todos los resortes del Estado.

Apenas unas horas después del crimen, se desplegaron importantes operativos en San Francisco, Frontera y Josefina. Móviles patrullando, allanamientos, detenciones, acciones de saturación: el movimiento fue visible y constante durante algunos días. Era lo esperable frente a una tragedia de esta magnitud. También es esperable -y necesario- que ese despliegue no sea efímero. Nada cambiará si estas acciones constituyen apenas una respuesta espasmódica para calmar el estupor de la opinión pública. 

A un mes del crimen, se suma otro hecho que hace de este caso un punto de inflexión: después de años de dilaciones, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para crear la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Un organismo que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal de manera integrada. En otras palabras, a superar de una buena vez los límites jurisdiccionales que impiden dar respuesta a delitos graves, en particular los vinculados con el narcotráfico, que desde hace tiempo se asentó en esta “triple frontera”.

Este acuerdo responde a un reclamo largamente sostenido por este medio, especialmente desde la creación de la Región Centro, hace casi 30 años. Sin embargo, hasta hoy, las iniciativas interprovinciales no pasaron de buenas intenciones plasmadas en actas o declaraciones. Es de esperar que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados concretos: trabajo coordinado, superación de trabas burocráticas, investigaciones profundas, clausura efectiva de todos los puntos de venta de drogas y encarcelamiento de quienes integran estas organizaciones criminales, que incluso después de un crimen tan brutal, siguen amenazando, sembrando terror y disfrutando de una impunidad grosera y provocadora.

Desde una pared en barrio Acapulco, la figura de Zamir nos observa, nos vigila, nos interpela. Su muerte debe ser una bisagra. 

El asesinato del niño, ocurrido el 9 de julio en Frontera, sigue generando repercusiones políticas, judiciales y sociales. La Justicia avanza en la causa con detenciones, pericias y nuevas pistas.

Zamir tenía apenas 4 años. Murió tras recibir disparos cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro por una calle de Frontera. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez (31). La brutalidad del hecho y su contexto obligaron a Córdoba y Santa Fe a sellar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar la violencia armada y el narcotráfico en la frontera interprovincial.

La Justicia sostiene que no fue un hecho aislado. La fiscal Fabiana Bertero , al frente de la causa junto a la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), investiga una emboscada premeditada vinculada a una disputa entre bandas. La familia del padrastro de Zamir ya había sido blanco de amenazas: en enero, su hermano Horacio “Totín” Martínez fue baleado y murió meses después. Desde entonces, eran vigilados y seguidos.

El 9 de julio, esas amenazas se concretaron con una emboscada que terminó en tragedia. La violencia venía escalando, y el asesinato fue su punto más brutal.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por el ataque: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo.

También fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco, que podría haber colaborado con la fuga de los atacantes. Se investiga si el vehículo, secuestrado para pericias, fue utilizado para trasladar al grupo armado tras el crimen. 

Rocío Funes, la mamá de Zamir, estaba en el asiento delantero al momento del ataque. Según su abogado, Federico Scarinci, les gritó a los atacantes que había un niño y pidió que no dispararan. No la escucharon. Su declaración fue fundamental para imputar a los sospechosos. “No fue un impulso. Sabían quiénes iban en el auto y aun así dispararon”, aseguró el abogado.

Las cámaras de vigilancia confirmaron el seguimiento previo del auto, y el vehículo de los agresores apareció incendiado cerca de Josefina.

El autor intelectual sería un interno de la cárcel de Cruz del Eje, apodado “Nano”, preso por narcomenudeo. “Pertenece a una familia conocida en el mundo del narcotráfico” de San Francisco, apuntó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y solicitó su traslado a una cárcel federal, ante el riesgo de que continúe operando desde prisión.

San Francisco, Frontera y Josefina forman un corredor urbano con fronteras legales difusas y creciente actividad delictiva. Zonas liberadas, búnkeres, amenazas y ataques son parte del día a día. Según el fiscal Vottero, “la violencia está íntimamente ligada al tráfico y consumo de drogas”, aunque aún se investigan los vínculos directos con el caso.

Tras el crimen, se firmó un convenio interprovincial que compromete a Córdoba y Santa Fe a trabajar juntos en seguridad. Una de las medidas más concretas es la designación de un fiscal para Frontera, cargo vacante desde 2022. “Queremos que viva en la ciudad, que conozca el territorio y sus problemáticas”, remarcó Vottero. Los pliegos ya fueron aprobados en la Legislatura, en tanto, la Corte Suprema debe tomar juramento en los próximos días. 

En el barrio Acapulco de Josefina, un mural recuerda a Zamir. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez, conocido por retratar historias de dolor y memoria en murales. Lleva la frase: “Zamir, un ángel que vino a enseñarnos el amor más puro y ahora nos cuida desde el cielo”.

Mientras el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta recortes, despidos y cambios estructurales promovidos por el gobierno nacional, en las agencias locales el trabajo no se detiene. En San Francisco, un pequeño grupo de profesionales sigue llevando adelante tareas clave en la generación de información, la articulación con el sector privado y la formación continua de quienes sostienen la producción agropecuaria regional.

Alejandro Centeno, responsable de extensión local del INTA, traza un diagnóstico realista sobre el rol actual del organismo, sus vínculos con el territorio y los posibles efectos de las medidas de ajuste en marcha. Desde una mirada comprometida pero crítica, repasa el recorrido institucional y abre el debate sobre qué tipo de INTA necesita el país en esta etapa.

Centeno comienza por describir el trabajo que llevan adelante desde la agencia de San Francisco, situada en una zona de fuerte perfil agrícola-ganadero, con énfasis en la lechería. “Estamos de alguna manera cubriendo o satisfaciendo algunas necesidades que tienen que ver principalmente con lo que es la generación de información local a través de distintos ensayos en campos de productores, y con la formación continua de los profesionales que están en la actividad privada”, explica a LA VOZ DE SAN JUSTO. Y resume: “Si tuviese que explicarte brevemente qué es lo que hacemos, creo que esas dos son las principales actividades: capacitación de profesionales, productores y operarios o personal de campo, principalmente tamberos”.

Luego contextualiza históricamente: “Tengamos en cuenta que cuando se creó el INTA hace 70 años, la cantidad de productores profesionales que había en el territorio era mínima, prácticamente inexistente”. Recuerda que al inaugurarse la agencia local, hace más de medio siglo, “había solo cuatro colegas recibidos como ingenieros agrónomos trabajando”. Hoy, por el contrario, “hay un montón de profesionales vinculados al sector, que también generan información y apuntan al medio para lo que es la toma de decisiones”.

Centeno aclara que el INTA ya no tiene el monopolio en la producción de conocimiento técnico: “No todo es de INTA; alguna información también pertenece a empresas del medio, del sector”. Para él, esto no es negativo, sino parte de un proceso evolutivo. “El INTA ha perdido protagonismo, no por maldad del medio, sino porque todo ha evolucionado. La zona debe tener, en el departamento San Justo nada más, cerca de mil profesionales. Entonces, la importancia relativa de la institución en el territorio obviamente ha ido perdiendo peso”, reflexiona.

En este nuevo escenario, el vínculo con otras entidades es clave. “Tratamos permanentemente de generar alianzas con empresas privadas, multinacionales, colegas de la actividad privada, y otras instituciones locales como Sociedad Rural o la Asociación de Ingenieros Agrónomos”, enumera. Y destaca que muchas de las capacitaciones se realizan “codo a codo” con estas entidades, incluso en espacios compartidos como la sede de la Sociedad Rural.

Respecto al alcance territorial, describe una zona extensa y diversa: “El área geográfica nuestra va hacia el oeste hasta Arroyito, al norte hasta Freyre y al sur hasta Las Varillas, que es una zona grandísima”. Reconoce las limitaciones operativas: “No llegamos a todos lados. Somos apenas cuatro profesionales, cada uno con una especialidad específica”. 

Detalla que él se ocupa de los sistemas de producción forrajera; el equipo se completa con un médico veterinario especializado en reproducción, un becario de extensión que se forma en agricultura y una ingeniera agrónoma con amplia experiencia en huertas comunitarias y familiares, que inició su recorrido en el programa ProHuerta. “Ese programa ya no funciona más, hace un año que dejó de existir, pero la red de contactos que tiene Graciela (Gaspartti) hace que siga dando charlas, cursos y capacitaciones”, señala.

Frente a los rumores sobre nuevos recortes, Centeno es claro: “Sinceramente, no tenemos ninguna información oficial. Son todas versiones que maneja la prensa. Internamente no hay nada”. Aun así, da crédito a lo que circula: “Lo que están comentando los medios tiene sus fuentes, y seguro algo de eso va a suceder. Con qué intensidad, no lo sabemos”. Menciona que “hay versiones de que el primero de agosto se va a generar un segundo retiro voluntario”. El primero, ocurrido el año pasado, tuvo “cerca de 300 profesionales que se retiraron, cuando el objetivo era 1.500”. Ahora se espera una salida mayor, motivada por la incertidumbre: “Muchos están viendo que este contexto no es favorable para trabajar cómodos dentro de la institución”.

Consultado por las consecuencias de una posible reducción drástica, incluso el cierre del organismo, responde con honestidad: “No sé qué podría ser de facto. Tampoco sé cuánta gente se puede llegar a ir, ni si los que se van a ir son altamente necesarios”. Reconoce limitaciones: “Como toda institución pública, tengo que ser crítico. El INTA no funciona al 100% como debería. Podría mejorar. Es más, creo que debería mejorar”.

Centeno sorprende con una mirada poco frecuente desde adentro del sistema: “Muchas de las medidas que se van a tomar apuntan hacia eso. Por más que muchos de nosotros quedemos afuera, creo que es una necesidad que se genere una especialización en todos los órganos públicos”. Plantea que “el INTA necesitaba hace tiempo hacer un análisis interno, crítico, responsable y comprometido. Analizar efectivamente qué se estaba haciendo, con qué nivel de eficiencia, y si lo que se investigaba era verdaderamente necesario para el territorio o para el país”.

La imagen final que propone es potente, aunque incómoda: “Aunque no nos guste, esto viene bien. Llevarlo al terreno médico: cuando tenés una pierna envenenada y hay que cortarla, no te queda otra. Parece un proceso de supervivencia y de superación de la propia institución”. Y cierra con una frase que resume toda su visión: “Yo me imagino eso, me imagino un mejor INTA, por más que tenga que quedar afuera yo”.

En el marco de la investigación por el crimen de Zamir, el niño de cuatro años asesinado a balazos en la ciudad de Frontera el pasado 9 de julio, la Policía llevó adelante este miércoles por la tarde una nueva serie de allanamientos en San Francisco.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en la zona urbana, específicamente en los barrios San Martín, Hospital y Sarmiento. Participaron efectivos de la División Investigaciones de San Francisco junto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera.

De acuerdo al parte oficial, los procedimientos arrojaron resultados positivos y se logró el secuestro de equipos tecnológicos que podrían aportar información clave para la investigación.

Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que investiga el homicidio calificado del menor y quedaron a disposición del Juzgado de Control, que interviene en la investigación.

Con estas nuevas diligencias, ya son varios los procedimientos realizados por la Policía y la Justicia en busca de pruebas. Por el caso hay tres personas imputadas y se continúan sumando elementos a la causa con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento total del crimen.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres, ocurrido el 9 de julio en Frontera, está lejos de concluir. El abogado de la madre del niño, Federico Scarinci, aseguró que la trama detrás del crimen involucra violencia y narcotráfico con actores aún prófugos. En la reciente audiencia, se dictó prisión preventiva para los tres acusados, pero la causa sigue abierta y con múltiples líneas de pesquisa.

Según la querella, la escalada de violencia comenzó meses antes, cuando Horacio “Totín” Martínez (21), hermano de  padrastro de Zamir, fue baleado en un episodio vinculado al robo de drogas. A partir de entonces, la familia Martínez fue blanco de amenazas y atentados que culminaron en el ataque del 9 de julio, cuando cuatro personas dispararon contra el vehículo donde viajaban Zamir, su padrastro Braian “Peladito” Martínez y la madre Rocío Funes. Zamir falleció tras recibir cuatro disparos y Braian quedó internado con diagnóstico reservado.

El auto utilizado para la emboscada fue robado y luego incendiado en localidades cercanas, mientras que cámaras mostraron seguimientos previos que evidencian la premeditación del ataque. La fiscal de Rafaela Fabiana Bertero, al frente de la causa, investiga además la posible participación de un hombre apodado “Nano”, preso por narcotráfico, como autor intelectual.

Los hermanos Valentín y Matías Escobedo, de 23 y 29 años, y Thiago Medrano (20) están imputados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. En la audiencia, los Escobedo negaron haber participado en el ataque y presentaron imágenes que buscan demostrar su ubicación en el momento del hecho. Mientras que Valentín cuenta con prisión preventiva por 90 días a la espera de nuevas evidencias, Matías y Thiago permanecen detenidos sin plazo definido.

El domingo, en San Francisco, fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco vinculado al caso. El vehículo, secuestrado para pericias, podría haber sido utilizado para trasladar a los atacantes tras el crimen. La detención forma parte de la investigación sobre los apoyos logísticos que permitieron la fuga del grupo armado.

La madre de Zamir, Rocío Funes, continúa recibiendo amenazas que preocupan a la querella. El abogado Scarinci solicitó custodia permanente para protegerla, dado el nivel de violencia que persiste en la región y el riesgo que enfrentan los testigos. La causa sigue abierta con el compromiso de buscar justicia completa para Zamir y su familia.

Este miércoles se cumple una semana del crimen que estremeció a Frontera y a toda la región: el asesinato de Zamir Gael Torres, un niño de solo 4 años, víctima colateral de un ataque a tiros dirigido a su padrastro, Braian “Peladito” Martínez. El hecho ocurrió el pasado miércoles 9 de julio por la tarde, cuando al menos cuatro personas emboscaron el vehículo en el que se trasladaba la familia, disparando más de 15 veces. A casi siete días del horror, la investigación avanza pero la comunidad sigue reclamando justicia.

Actualmente, hay dos detenidos, V.E., de 23 años, y N.T.M, de 20, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos. La policía continúa con los allanamientos en distintos puntos del departamento Castellanos y también en San Francisco, pero por el momento no ha logrado dar con el paradero de los presuntos autores restantes. En paralelo, la conmoción social crece: vecinos motorizan marchas y manifestaciones para pedir justicia por Zamir.

Durante la marcha del lunes, familiares de la víctima volvieron a rechazar que se trate de un “ajuste de cuentas narco”. “Zamir no murió en una guerra de bandas. Fue un asesinato cobarde. Queremos que paguen los que fueron”, expresaron desde el entorno del niño. Las pancartas decían “Zamir tenía 4 años”, “Justicia por un inocente” y “Con los niños, no”.

Por otro lado, la familia del primer detenido, V.E.,  por el brutal ataque reclamó su inocencia públicamente. “Es inocente. No tuvo nada que ver, tenemos cómo probarlo. Es un perejil”, declararon.  

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La fiscalía continúa recolectando pruebas, mientras el silencio y el miedo dominan las calles de Frontera. Según los investigadores, el ataque habría sido premeditado y tenía como blanco a Martínez, quien conducía el auto junto a su pareja y su hijastro. “A mi hijo lo mataron de un disparo por la espalda. El primer tiro lo recibió él”, dijo Rocío Funes, la mamá de Zamir. Y deslizó que el ataque podría estar vinculado a un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, hermano de Braian, ocurrido en mayo también en Frontera en un aparente ajuste de cuentas. "Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó Rocío, quien además denunció amenazas previas.

A casi una semana del crimen, el dolor se mezcla con la bronca y la impotencia. “Zamir no vuelve, pero queremos que su muerte no quede impune”, dijo una vecina que participó de la manifestación. En el barrio Puzzi, donde ocurrió el ataque, la gente aún no sale de la conmoción. Las secuelas del horror todavía se sienten en cada cuadra.

La investigación continúa, pero la comunidad de Frontera exige respuestas. Mientras la justicia busca a los prófugos, la sociedad no quiere que la muerte de Zamir sea una más en una larga lista de víctimas de la violencia.

La Facultad Regional San Francisco de la UTN alcanzó esta semana un hito inédito en su historia: el grupo InProSus, especializado en ingeniería de procesos sustentables, fue reconocido como Centro UTN, la categoría más alta dentro del sistema de ciencia y tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional.

“InProSus hoy es un Centro UTN gracias a años de formación, compromiso, trabajo colectivo y gestión. Pero también gracias a decisiones que acompañaron el proceso”, expresó su directora, la Dra. Alfonsina Andreatta. El centro está compuesto por un equipo multidisciplinario de investigadores, becarios y estudiantes, y trabaja en la valorización de residuos agroindustriales mediante tecnologías sustentables.

El decano Alberto Toloza celebró la consolidación institucional del equipo y sostuvo: “Es el resultado de años de trabajo sostenido. Y evidencia que cuando se apuesta por la investigación con visión estratégica, los frutos llegan”.

El reconocimiento formal se da tras un recorrido iniciado en 2009. Primero como grupo de investigación, luego como Grupo Facultad y más tarde como Grupo UTN, InProSus logró cumplir con todos los requisitos exigidos para convertirse en Centro: equipo consolidado, publicaciones, proyectos y vinculación con el entorno productivo.

“Fue un camino largo, de 16 años, que no se podía acelerar porque nos faltaban requisitos: masa crítica, dedicaciones exclusivas, publicaciones, proyectos consolidados. Hoy, todo eso está”, explicó Andreatta.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad, su titular, Dr. Diego Ferreyra, remarcó: “Es un reconocimiento a una trayectoria, pero sobre todo un paso hacia el futuro. Un Centro UTN no solo jerarquiza, también amplifica el acceso a financiamiento y redes de cooperación”.

También destacó que el nuevo estatus institucional implica mayor autonomía, continuidad y capacidad organizativa. “Pasar a ser Centro UTN implica consolidar una estructura y proyectarse con mayor impacto en I+D+i”, dijo.

El equipo trabaja en la recuperación de compuestos activos desde residuos vegetales a través de métodos como ultrasonido o fluidos supercríticos, con aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y agroindustrial.

“Lo que parece basura, muchas veces tiene un valor oculto. Nosotros buscamos transformarlo en un producto útil”, agregó la vicedirectora, Dra. María Eugenia Taverna, quien además destacó el impacto local: “Esto es ciencia con impacto regional. Lo que pasa en el laboratorio se transforma en clase, y eso genera vocaciones científicas”.

Los próximos desafíos del nuevo Centro incluyen la creación de un doctorado en Ingeniería Química con sede en San Francisco, un edificio propio para investigación y la consolidación como unidad ejecutora UTN–Conicet.

“Invertir en investigación es una apuesta que no siempre se ve en el corto plazo, pero que impacta en toda la sociedad. Desde una pyme que necesita asesoramiento hasta una escuela que participa en actividades de divulgación”, concluyó Taverna.

La investigación clínica no sólo representa una herramienta clave para acelerar el acceso a terapias de vanguardia, sino que también contribuye al desarrollo económico y científico de los países participantes.

En una región con historial de baja inversión en salud, América Latina está recibiendo más atención y, en la actualidad, un reconocido laboratorio invirtió más de 524.5 millones de dólares en investigación clínica desde 2020, posicionando a la región como un punto estratégico para la validación científica de tratamientos innovadores para enfermedades complejas que afectan a muchas personas.

El clúster de Pfizer en América Latina, que incluye Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, estableció una sólida infraestructura de investigación clínica, hay 534 sitios de estudio activos y se espera llegar a casi 250 nuevos sitios este año. La región tiene actualmente 41 estudios clínicos activos y 27 en planificación.

Argentina lidera en inversión, con más de 290 millones de dólares destinados a estudios clínicos en los últimos cinco años, 28 investigaciones en curso y 19 planeadas. De hecho, en 2024 Argentina ocupó el segundo puesto entre los países de todo el mundo con mayor inversión en investigación por parte de la compañía, solo superada por Estados Unidos.

Por su parte, Brasil destina 83.5 millones de dólares y tiene 42 estudios activos. En el caso de México, la inversión de 2020 a 2024 corresponde a más de 64 millones de dólares y cuenta con 25 estudios en curso y 23 en desarrollo; mientras que Chile, Colombia y Perú siguen el paso con 10 estudios activos y 6 planeados, demostrando el potencial regional para colaborar en el desarrollo de terapias innovadoras.

"En América Latina, no sólo estamos probando nuevos tratamientos; estamos escribiendo el futuro de la medicina basada en evidencia. Cada ensayo representa una esperanza, una posibilidad, una oportunidad para miles de pacientes", señaló Gabriela Dávila, Directora Regional de Investigación Clínica de Pfizer para Europa, Canadá y América Latina.

Entre los avances más significativos del último tiempo, se encuentra el estudio de una vacuna preventiva contra el virus sincicial respiratorio (VSR), implementado en Argentina con más de 11.000 participantes.

Esta investigación fue clave para su registro global y ya fue publicada en The Lancet. En paralelo, se llevan a cabo ensayos sobre tratamientos inmunológicos para mieloma múltiple, con terapias que buscan estimular el sistema inmune para atacar células malignas sin dañar tejidos sanos y nuevas alternativas para hemofilia.

En el contexto de la pandemia, países como Perú y Colombia fueron protagonistas en la validación de tratamientos antivirales orales contra Covid-19, que hoy están disponibles en diversas regiones del mundo y transformó la respuesta ambulatoria al virus.

"La región ha demostrado que, incluso en contextos complejos, puede operar con rigurosidad científica y con altos estándares éticos. Eso nos convierte en socios confiables para cualquier desarrollo clínico global", afirma la especialista.

Actualmente, más de 1.000 pacientes en el clúster de América Latina participan activamente en ensayos clínicos. Cada uno de ellos no solo accede a opciones terapéuticas potencialmente transformadoras, sino que se convierten en un agente activo de la ciencia, aportando datos esenciales que permiten validar la eficacia y seguridad de los medicamentos.

Los beneficios se extienden también al ámbito académico y formativo: cientos de profesionales médicos, enfermeras, investigadores, técnicos se capacitan mediante su participación en los protocolos, fortaleciendo capacidades locales y construyendo una cultura científica más sólida, diversa y alineada con estándares internacionales. "La ciencia no debe tener fronteras. América Latina tiene el talento, la diversidad y el compromiso para ser parte del cambio global en salud", concluye la especialista.

El desafío actual consiste en mantener esta trayectoria de avance y ampliarla. Para lograrlo, es esencial disponer de marcos regulatorios más ágiles, procesos éticos armonizados, incentivos para la inversión en investigación, y una colaboración estrecha entre los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones de salud.

Una mujer de 35 años se tiró desde un sexto piso en la ciudad de Mendoza, cayó al cuarto, volvió a arrojarse y sobrevivió, al tiempo que la Policía investiga si intentó salvarse de un intento de robo o quiso suicidarse.

Según informó el portal del diario Los Andes, alrededor de las 13:15, los empleados de la Liga Mendocina alertaron al 911 porque una persona se arrojó desde el sexto piso del inmueble situado en la calle Garibaldi 83 de la capital provincial.

La mujer en cuestión rompió una ventana que se encontraba en la parte trasera del edificio y se tiró desde allí al vacío, pero cayó al cuarto piso.

Sin embargo, la protagonista volvió a intentarlo, se lanzó y su cuerpo se precipitó sobre un entrepiso del primer piso.

En este contexto, la Policía y personal del Municipio realizaron un operativo para atender a la mujer en la playa del estacionamiento aledaña al lugar.

La damnificada sufrió una lesión en su antebrazo izquierdo y fue derivada en una ambulancia del SEC en dirección a la guardia del Hospital Central.

Las autoridades investigan si la víctima quiso salvarse de un intento de robo o si tomó la decisión con el objetivo de quitarse la vida.

Un incendio de gran magnitud se desató el viernes en el edificio donde funciona la obra social Apross, en la ciudad de Córdoba. El fuego, que inició a las 13 y fue controlado casi dos horas después, destruyó tres de los cuatro pisos del edificio y generó repercusiones políticas en la oposición, que sospecha por la intencionalidad del incendio.

El lugar se convirtió en foco de atención, con la llegada de peritos de bomberos y del Gabinete Científico de la Policía Judicial, quienes iniciaron este sábado las pericias para determinar las causas del incendio.

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Se estima que el fuego comenzó en el segundo o tercer piso, donde recientemente se habían realizado remodelaciones.

El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el Ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, estuvieron presentes en el lugar durante la emergencia. Se priorizó sofocar las llamas y realizar tareas de enfriamiento, mientras se evacuaron los edificios colindantes por motivos de seguridad.

Hasta el momento, no se han difundido datos preliminares sobre las causas del incendio, aunque se espera que hoy se obtengan pistas tras las pericias ordenadas por el fiscal. La "urgencia de la situación" impidió la divulgación de información durante las primeras horas del siniestro.

Cabe recordar que el fiscal José Bringas investiga un esquema de presuntas estafas contra Apross. La causa ya tiene 13 detenidos, entre ellos un médico, policías (en funciones y retirados) y un exempleado del área de sistemas de la institución.

Las maniobras investigadas consistirían en el cobro de prestaciones médicas falsas, facturadas a nombre de afiliados que no realizaron esas consultas. La investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más implicados.

Fuente: Cadena 3

Con 32 años, el paleontólogo sanfrancisqueño Guillermo Windholz ya ha dejado su huella en la ciencia. Radicado desde 2011 en General Roca, Río Negro, Windholz fue el primer egresado de la Licenciatura en Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro. Hoy, como becario postdoctoral del Conicet, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), lideró un equipo que realizó un descubrimiento sin precedentes en la paleontología argentina.

El estudio, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica PLOS ONE, revela la presencia de cavidades neumáticas —estructuras llenas de aire— en los huesos del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, que habitó en la actual Patagonia hace unos 70 millones de años. Este hallazgo, aseguran los investigadores, profundiza el conocimiento sobre el origen de las aves modernas y su evolución a partir de ciertos grupos de dinosaurios.

“Las aves actuales son el único grupo vivo con neumaticidad ósea, es decir, tienen huesos con cavidades de aire que están conectadas a los pulmones mediante estructuras llamadas divertículos neumáticos”, explicó Windholz a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Según el científico, esta característica ofrece ventajas clave: “Contribuye a hacerlos más livianos, mejora su respiración y representa una adaptación evolutiva importante que les permitió a estas formas la capacidad de volar”. 

Lo novedoso del trabajo radica en que, por primera vez, se utilizó tomografía computada para analizar con precisión el interior de fósiles de un dinosaurio del grupo de los alvarezsáuridos, del cual Bonapartenykus ultimus es parte. Se trata de una técnica no invasiva que permitió observar con detalle las cavidades internas de los huesos sin dañarlos. “Antes, esto se hacía ‘a ojo’, mirando fracturas naturales o el exterior de los fósiles. Hoy, gracias a la tecnología, podemos seccionar virtualmente los huesos y ver su interior”, dijo.

Los estudios confirmaron la presencia de forámenes —orificios— en la superficie de las vértebras, conectados con cámaras internas. “Si encontramos ambas cosas juntas, eso nos permite hablar con más seguridad de la existencia de neumaticidad”, agregó.

El descubrimiento sugiere que la adaptación de tener huesos con aire podría haber aparecido mucho antes de la evolución del vuelo en las aves. En palabras de Windholz: “Esto indica que los ancestros de las aves ya habrían desarrollado esta característica mucho antes de que volaran”.

El trabajo fue realizado junto a un equipo internacional conformado por el Dr. Jorge Meso (Argentina), el Dr. Mathew Wedel (Estados Unidos) y el Dr. Michael Pittman (China). Estudiaron fósiles encontrados entre 2003 y 2004 en Salitral Ojo de Agua por el Dr. Salgado y su equipo, cerca de General Roca. Las tomografías se realizaron en el Sanatorio Juan XXIII de esa ciudad, y los fósiles están conservados en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales.

“Contamos con el apoyo del Conicet, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad China de Hong Kong, que incluso financió la publicación en la revista”, precisó Windholz.

Bonapartenykus ultimus fue un dinosaurio carnívoro de tamaño medio, de unos 3,5 metros de largo y 60 kilos de peso. Tenía cuello largo, cabeza pequeña, dientes diminutos y un cuerpo posiblemente cubierto de plumas. Su aspecto recuerda más al de un ave que al de los dinosaurios gigantes y robustos que solemos imaginar.

“Pertenecía a la familia de los alvarezsáuridos. Eran dinosaurios pequeños, cuyos tamaños corporales habrían recordado a una gallina actual, pero algunos pudieron alcanzar unos 3,5 metros de longitud. Al mismo tiempo, los alvarezsáuridos se caracterizaban por presentar brazos cortos y un solo dedo funcional. Probablemente eran muy ágiles”, explicó Windholz.

“Hasta ahora, aunque se sospechaba,  no se sabía si estos dinosaurios tenían neumaticidad. Nosotros confirmamos que sí, al menos en esta especie. Y eso abre muchas puertas para nuevas investigaciones”, añadió.

La conclusión del estudio es clara: los alvarezsáuridos, a pesar de no ser aves, comparten rasgos con ellas. Son un eslabón clave para comprender la evolución de la neumaticidad.

La historia de Windholz con la paleontología comenzó muy temprano. “Desde chico decía que iba a ser paleontólogo y que iba a vivir en la Patagonia. Me miraban como diciendo ‘estás re loco’. Y lo cumplí”, contó entre risas.

Ningún familiar suyo es científico. Su pasión fue personal, nacida de una profunda curiosidad por la vida del pasado. “Me llamaban la atención la astronomía, las ciencias naturales… pero la paleontología siempre fue mi amor”, confesó.

Se formó en la Universidad Nacional de Río Negro y luego se doctoró en Biología en la Universidad Nacional del Comahue. Desde entonces, su carrera no paró de crecer. “Soy un afortunado. Puedo trabajar de lo que me gusta y vivo en un lugar como la Patagonia, icónico en paleontología”, aseguró.

También reivindicó el rol del Estado en el desarrollo de esta ciencia: “En general, la paleontología argentina es muy reconocida a nivel internacional. Hay una escuela muy antigua e importante y, al mismo tiempo, profesionales muy calificados”, señaló.

“El paleontólogo estudia la vida del pasado, desde sus orígenes hasta hoy. Y la vida ha cambiado tanto... Es fascinante”, dijo Windholz.

Para datar los fósiles, explicó que se utilizan los mapas geológicos realizados por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). “Nosotros observamos en qué formación geológica está el fósil, y de ahí sacamos la edad estimada. Los geólogos hacen dataciones absolutas de las rocas usando isótopos radiactivos”, se explayó y aclaró: “Se datan las rocas que contienen los fósiles, no los fósiles en sí”. 

En ese sentido, destacó la importancia de comunicar los avances de la ciencia: “Si hacemos ciencia, hay que divulgarla también. Si no, ¿para qué la hacemos?”.

Windholz es consciente de que cada hallazgo paleontológico es apenas una pieza en el rompecabezas del pasado. Pero no por eso menos valiosa. “Este tipo de trabajos es un granito de arena al conocimiento científico. La idea es seguir, que otros lo retomen, que lo amplíen. Por ahora, el nuestro es el único estudio con tomografía hecho sobre esta familia de dinosaurios a nivel mundial”, indicó.

En el laboratorio, en el campo o frente a la computadora, este joven sanfrancisqueño continúa su aventura científica con la misma pasión con la que soñaba de niño: reconstruyendo el pasado, hueso por hueso.

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar la investigación para determinar si hubo delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer en la pandemia de COVID-19, durante el gobierno de Alberto Fernández

La sala I del Tribunal de Apelaciones revocó el archivo de la causa al hacer lugar a la apelación del fiscal del caso, Carlos Stornelli, porque "aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer", según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia revocaron una decisión del 30 de diciembre pasado en la cual se archivó la denuncia por "inexistencia de delito".

La investigación deberá seguir para analizar cómo ocurrieron los hechos " sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios".

"En particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación", afirmaron los camaristas.

La ausencia de avance en este sentido "impide efectuar un análisis respecto a los supuestos ilícitos que abarcan el objeto procesal", advirtieron y la ausencia probatoria "imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situación que se incluye en la hipótesis criminal" denunciada.

Se trata de una denuncia presentada por los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge  Enríquez y Federico Zamarbide, para que se investiguen los motivos por los cuales la República Argentina no habría logrado contar en debido tiempo con las vacunas contra el COVID-19.

En la presentación, cuestionaron los motivos por los cuales no se habría firmado un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las vacunas, mientras que el gobierno habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación, según la denuncia.

El Tribunal de Apelaciones evaluó que es necesario profundizar la investigación " para arribar a la verdad de los eventos". Por todo ello se consideró "prematuro" el archivo de la denuncia y se lo revocó.