La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jessica Valentini, oriunda de San Francisco, juró como integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba durante un acto realizado el lunes 6 de octubre en la sala de audiencias del organismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Marta Cáceres de Bollati, quien tomó juramento a Valentini y al también vocal del TSJ, Luis Enrique Rubio, quienes integrarán el órgano de selección como primer y segundo suplente, respectivamente.

Las designaciones se formalizaron en cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Córdoba. Ambos magistrados formarán parte del Consejo de la Magistratura durante el año 2025 y hasta tanto el TSJ disponga lo contrario.

Cabe recordar que Valentini asumió en febrero pasado como vocal del Tribunal Superior de Justicia, tras haber sido propuesta en diciembre de 2024 por el gobernador Martín Llaryora. En el máximo órgano judicial provincial se desempeña en la Sala Civil y Comercial.

La Legislatura provincial dio luz verde a la designación de la abogada sanfrancisqueña Jesica Raquel Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en una votación que reflejó las tensiones políticas en torno al nombramiento. La sesión, que se extendió durante varias horas, concluyó con 36 votos afirmativos, 27 negativos y 5 abstenciones.

La designación de Valentini fue respaldada por el bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y algunos legisladores independientes Agustín Spaccesi, Graciela Bisotto y Karina Bruno; mientras que el bloque del Frente Cívico y la UCR expresaron su rechazo; y el PRO, Construyendo Córdoba (Rossi-Peralta) y Luciana Echevarría del MST-Fitu, se abstuvieron.

También, el pleno legislativo prestó acuerdo para nombrar a Alejandro Augusto Pérez Moreno,  como fiscal adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, y a los candidatos en distintos cargos del Ministerio Público de la Defensa. Así, fue designado el abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro como defensor General; los abogados Pablo Damián Pupich y Néstor Alejandro Gómez, como defensores adjuntos; y la abogada Guadalupe García Petrini como defensora Adjunta en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. Cabe aclarar, que ésta última es una de las defensorías con competencia específica creada por Ley el pasado 18 de diciembre.

Durante la sesión que comenzó a las 15, la legisladora Julieta Rinaldi destacó la trayectoria profesional de Valentini, señalando su "extensa carrera en el ámbito privado y público, además de una activa formación académica y vinculación con los derechos humanos". El oficialismo también resaltó la importancia de incorporar una mujer al máximo tribunal provincial.

“Al ser designados, por su idoneidad, los propuestos para el Ministerio Público de la Defensa brindarán un servicio de acceso a la justicia integral y de calidad”, indicó Gustavo Tevez, en calidad de miembro informante en la defensa de los pliegos para esos cargos que elevó el Poder Ejecutivo 

Néstor Gómez

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Matías Pablo Gvozdenovich, adelantó el voto negativo de su bloque argumentando que "aceptar la designación de la doctora Valentini sería dejarle poner una funcionaria de gobierno y prima segunda del gobernador". También cuestionó los alegatos en defensa de su postulación durante la audiencia pública, calificándolos como "un tanto vergonzosos".

Por su parte, el presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, argumentó que si bien no existe un impedimento legal, "es absolutamente un impedimento ético" y sostuvo que "en Córdoba hay muchísimas mujeres abogadas de la matrícula que litigan o en el ámbito académico que seguramente están en condiciones de ocupar ese lugar".

En una enérgica defensa, el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Siciliano, recordó ejemplos históricos de designaciones judiciales y destacó que su espacio político "nunca más nombró un juez a dedo, que cumplió siempre la ley para nombrar cargos en la justicia". "Es cumplir la ley, es cumplir la Constitución como lo dice la Constitución Provincial", enfatizó Siciliano.

En la misma histórica sesión, otro sanfrancisqueño, Néstor Alejandro Gómez, fue designado como Defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa. Su nombramiento fue aprobado con 35 votos afirmativos, 28 negativos y 4 abstenciones, completando así una jornada significativa para la representación de nuestra ciudad en el sistema judicial cordobés. 

La abogada Jessica Valentini podría convertirse en la primera magistrada oriunda nuestra ciudad en integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. Su pliego, presentado hace una semana en la Legislatura provincial, propone que ocupe la vacante dejada por Mercedes Blanc de Arabel. De ser aprobada, este hecho marcaría un hito histórico para San Francisco.

Con 63 años, Valentini tiene una amplia trayectoria en la administración pública, habiendo trabajado con gobiernos de distintos signos políticos, desde Eduardo César Angeloz hasta Juan Schiaretti. 

Según el comunicado oficial, su formación profesional y académica está orientada a la docencia y la defensa de derechos sociales, con énfasis en el consumidor y la infancia. Además, es una de las fundadoras del Comipaz, un espacio interreligioso, único en el país, cuya misión es “promover una cultura de paz, trabajando en conjunto desde el ámbito interreligioso, en pos de la construcción de una sociedad más plural, madura y respetuosa de las diferencias”. Al mismo tiempo, Valentini participa en Cáritas y entre sus antecedentes se recuerda su paso como Defensora Adjunta a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia. 

Nació en San Francisco. Vivió en la ciudad hasta finalizar sus estudios secundarios en la Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda. Su padre, Roberto “Chiche” Valentini es recordado en la ciudad por su militancia política en la Unión Cívica Radical. Fue concejal en dos períodos. Y también por su labor como dirigente de la Asociación de Básquetbol de San Francisco.

Su extracción radical viene de cuna y se recuerda su militancia en el partido de las boinas blancas, especialmente en aquellos primeros años de la democracia. En tiempos más cercanos, su participación en la vida de la UCR se circunscribió a la capital de la provincia. Participó de una contienda como precandidata a la viceintendencia por una de las líneas internas de la UCR.

Desde los 10 años y hasta que emigró a la capital provincial para estudiar derecho, practicó tenis en las canchas del Sport Automóvil Club. Su jovialidad y buen trato, además de su capacidad profesional, son rasgos destacados por quienes la conocieron en su niñez y juventud y aún siguen frecuentando su amistad. 

El 27 de diciembre la Legislatura de Córdoba decidirá el futuro de Valentini. El pliego necesita 36 (de 70 legisladores) votos afirmativos para aprobar la nominación de la sanfrancisqueña.

La nominación de Jessica Valentini al TSJ provocó amplia repercusión en los ámbitos políticos de Córdoba. La decisión del gobernador Llaryora recibió numerosos apoyos de dirigentes radicales y justicialistas, pero también cuestionamientos que partieron de algunas voces oficialistas y de la oposición. 

Los medios de prensa esbozaron perfiles de la ahora aspirante a integrar el TSJ. Y se lanzaron especulaciones varias acerca de los motivos de su postulación. Por ejemplo, en el diario Alfil se pudo leer que con la nominación de Valentini, “Llaryora se diferencia del presidente Javier Milei por dos motivos: sostiene la paridad de género tal como viene reclamando a nivel nacional el peronismo cordobés a través de la senadora Alejandra Vigo y ocupa la vacante, algo que aún no ocurrió con los lugares de la Corte Suprema”. Agrega la columna que el ruido más sonoro “tiene que ver con el origen radical de la doctora Valentini, lo que se visualiza como la profundización de la idea de transversalismo que sigue Llaryora a la hora de elegir funcionarios, privilegiando a quienes vienen de otras fuerzas políticas por sobre los que vienen militando desde hace tiempo en el peronismo”. 

El tira y afloja de la política se pudo observar en su real magnitud durante la semana que pasó. La toma de postura a favor o en contra tuvo en la red social X un ámbito privilegiado. Las diferencias en el peronismo cordobés existen, aunque pocas voces las expresan públicamente. Con un argumento extraño, la legisladora Nadia Fernández expresó que le “hubiese gustado que fuera una mujer peronista". Similar posición adoptó Olga Riutort: “Habiendo tantas mujeres probas, de reconocida experiencia y que no vengan de extracción radical, el Gobernador hoy propone como miembro del TSJ a una militante de la UCR”, publicó en X. “Pareciera que con Llaryora si sos radical te va mejor que siendo del justicialismo. Con respeto gobernador, no comparto su mirada”.

Por su parte, Luis Juez aseguró que su agrupación no apoyará el pliego elevado a la Legislatura. Afirmó que Valentini “trabaja para el poder” y agregó: “No estaría dando resultados llenar al TSJ y al Ministerio Público de amigos, punteros políticos. Es una picardía de Llaryora no creo en la Justicia de los parientes”. Aludió así al parentesco entre el gobernador y la jurista propuesta al máximo órgano judicial de la provincia. Que en verdad existiría por parte de las familias maternas de ambos, pero que no es cercano según las fuentes consultadas por este diario.

Las réplicas no tardaron en llegar. La senadora Alejandra Vigo adhirió a la propuesta de Valentini para el Tribunal Superior destacando “la equidad de género al impulsar el nombramiento de una mujer que, además de contar con trayectoria, pertenece a un espacio político distinto al del gobierno provincial. Eso es beneficioso para la salud institucional de Córdoba”.

Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto, antes radical y ahora militante del “cordobesismo” manifestó que el gobernador “demuestra, nuevamente, que su vocación por la calidad institucional supera toda mezquindad política y ratifica los objetivos que trazamos al integrar esta alianza para gobernar Córdoba”.

No pasó inadvertido tampoco el apoyo del sanfrancisqueño Carlos Galoppo, histórico militante del radicalismo que hoy es Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo: “Es muy auspicioso que alguien que estuvo a cargo de esta Defensoría, con amplia experiencia en derechos ciudadanos, llegue a lo más alto de la Justicia de Córdoba. Estamos seguros que la Dra. Valentini realizará un enorme aporte desde ese lugar para garantizar los derechos de los cordobeses”.

Por su parte, el legislador radical Dante Rossi apoyó la nominación: “Más allá de la posición que tomaremos los radicales en la Legislatura y de su pertenencia partidaria, mi reconocimiento a la trayectoria y capacidad de Jessica Valentini”.

Finalmente, La comunidad de San Francisco sigue de cerca el avance del proceso, que podría culminar con la designación de Valentini como vocal del TSJ. Vale señalar que LA VOZ DE SAN JUSTO tomó contacto con ella con la intención de entrevistarla. Amablemente declinó la propuesta, fundando su postura en la seriedad y la prudencia que deben primar mientras se desarrolle el proceso de designación. 

Si bien Valentini sería la primera persona oriunda de nuestra ciudad que ocupe un sillón del Superior Tribunal de Justicia, existe un antecedente reciente en el que uno de los miembros de ese organismo tuvo relación con San Francisco. Se trata de la doctora María Esther Cafure de Batistelli, quien trabajó durante más de medio siglo en la Justicia cordobesa y durante 18 años fue miembro del TSJ. 

Pierino Batistelli, el esposo de la doctora Cafure, nació y vivió en San Francisco. Fue el mayor de ocho hermanos, entre los cuales se recuerda a Orlando, de larga militancia en el justicialismo local y que fuera candidato a intendente en las elecciones de 1983. 

El pliego que envío el gobernador Martín Llaryora, donde postula a Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justica de la provincia, incluye otros dos nombres propios para ocupar dos cargos de vital importancia dentro del organigrama de la alta justicia cordobesa.

Uno es el del Doctor Pablo Alfredo Bustos Fierro postulado como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y el otro, el del Doctor Pablo Damián Pupich para que ocupe el cargo de Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa.

Bustos Fierro es abogado y actualmente ocupa el cargo de Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal.  Pupich, que ingresó a al Poder Judicial en 1997, actualmente se desempeña como Defensor Público Penal y Director General de las Unidades de la Defensa de la Provincia de Córdoba.

La sanfracisqueña Jésica Valentini fue nominada por el gobernador Martín Llaryora para ser vocal superior del Tribunal Superior de Justicia, según informó anoche el  gobierno de la provincia.

Llaryora envió este domingo a la Legislatura provincial los pliegos para la designación de tres importantes figuras en el ámbito judicial y de defensa: Jessica Raquel Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto. Este trámite, ingresado el domingo, busca fortalecer la independencia y calidad en la administración de justicia en la provincia.

Valentini, nacida en San Francisco y con 62 años, es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su carrera se ha caracterizado por una amplia experiencia en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en los gobiernos de Eduardo César Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Su currículum refleja un fuerte compromiso con los derechos sociales, especialmente en la defensa del consumidor y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Además, Valentini es cofundadora del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), una organización pionera en el país que promueve el diálogo interreligioso. Su labor en Cáritas también resalta su dedicación a causas sociales. A

Jessica Valentini asumió responsabilidades en la Defensoría del Pueblo de Córdoba, organismo en el que estuvo muchos años. Luego pasó por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba. Actualemente se desempeña como Oficial Mayor del Departamento Ejecutivo, en la Municipalidad de Córdoba, y es directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.

Con esta designación, Llaryora asegura la paridad de género en el TSJ, ocupando una vacante dejada por la Doctora Blanc de Arabel quien renuncia a su cargo el 1 de febrero de 2024.

Por su parte, Pablo Alfredo Bustos Fierro es abogado egresado también de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto y cuenta con un extenso currículum que incluye docencia universitaria y numerosas distinciones académicas. Ha sido disertante en diversos congresos y ha trabajado en el Tribunal Oral Federal como Secretario de Cámara. 

Previo al cargo actual, Bustos Fierro trabajó en el Tribunal Oral Federal donde fue Secretario de Cámara de Derechos Humanos y Secretario de Cámara; se desempeñó en la Cámara Federal de Apelaciones, donde ocupó los cargos de Secretario Penal Interino, Secretario de Juzgado, Secretario Relator, Prosecretario Administrativo.

El tercer designado, Pablo Damián Pupich, es abogado especializado en derecho penal económico. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se desempeña como Defensor Público Penal y Director General de las Unidades de Defensa. Su carrera profesional se inició en el Poder Judicial en 1997, donde ha ocupado diversos cargos relevantes, incluyendo Prosecretario letrado por concurso. Pupich también posee una formación académica destacada con diplomados internacionales que refuerzan su perfil profesional.

Con estas nominaciones, Llaryora no solo busca fortalecer las instituciones judiciales sino también promover una administración más inclusiva y representativa. Segùn el comunicado del gobierno la elección de Valentini destaca un compromiso con la equidad de género dentro del TSJ, mientras que las designaciones de Bustos Fierro y Pupich reflejan un enfoque hacia profesionales con experiencia y formación sólida.