La licitación para la compra de 15 drones destinados a la Policía de Córdoba quedó frenada por la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas, desatando un cruce político entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control. El ministro de Seguridad y el gobernador denunciaron una maniobra contraria a la seguridad mientras la oposición afirma que se trató de un proceso a medida de un proveedor.

La polémica se originó tras la decisión de la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba de rechazar la licitación para adquirir 15 drones, software y capacitación para la nueva división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT), un proyecto anunciado en mayo de 2025 que implicaba una inversión cercana a los 6,8 millones de dólares.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuestionó duramente la medida y aseguró que los vocales “fingen control” al rechazar el expediente. “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”, afirmó el funcionario, y sostuvo que la decisión busca “dejar indefensa a Córdoba”.

Quinteros agregó que en la resolución no se objetan ni el precio, ni el procedimiento, ni la idoneidad de las empresas participantes, sino la simple voluntad de equipar con “tecnología del primer mundo” a la fuerza policial. También afirmó que el dictamen “contiene opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia”, y que el rechazo se produjo “sin un solo argumento jurídico” tras más de 70 instancias administrativas y la intervención de áreas técnicas que, según él, habían recomendado la aprobación.

El gobernador Martín Llaryora respaldó al ministro y, a través de sus cuentas en redes sociales, afirmó que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”. Además, apuntó contra el espacio político al que identificó con sectores “libertarios” que —según él— contradicen las políticas de seguridad nacionales y provinciales.

Desde el Tribunal de Cuentas, la presidenta y algunos integrantes del bloque opositor defendieron su decisión argumentando observaciones técnicas y legales sobre la licitación, entre ellas el uso de la modalidad de renglón único y la inclusión de 29 ítems por un monto elevado que —a juicio de los jueces— limitó la competencia entre oferentes. Señalaron que parecía “hecha a medida para una empresa”, lo que justificó el rechazo del expediente.

En respuesta a las críticas, sectores opositores señalaron que las observaciones del Tribunal no tenían que ver con la finalidad de la compra, sino con la forma en que se diseñó el proceso de contratación. El senador Luis Juez expresó que “no se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida” y que no se trata de un cuestionamiento a la seguridad de los cordobeses.

La Legislatura de Córdoba avanzará este viernes en el tratamiento de un proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches (naranjitas) y los limpiavidrios en todo el territorio provincial, en el marco de una reforma del Código de Convivencia. La iniciativa comenzará a discutirse en la Comisión de Seguridad, con la intención de que el debate derive en una pronta definición parlamentaria.

El proyecto apunta a otorgar un marco normativo específico para la actuación de la Policía, frente a prácticas que el Ejecutivo provincial considera coercitivas y vinculadas al orden público. “El orden público no se negocia y es lo que la gente nos está pidiendo, control sobre este tipo de actividad coercitiva”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones a La Voz del Interior.

En relación a los cuidacoches, el funcionario aclaró que la propuesta contempla excepciones en los casos en los que existan acuerdos formales entre municipios y cooperativas para la explotación de determinados espacios. “Esto no es criminalizar la pobreza”, remarcó Quinteros, al defender el enfoque de la iniciativa.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de la actividad de los limpiavidrios, que, según indicó el ministro, representa también un problema de seguridad vial. “En el caso de los limpiavidrios se trata hasta de una cuestión de seguridad vial”, sostuvo.

La reforma del Código de Convivencia que se analizará en comisión contempla tres ejes principales: poner fin a los cuidacoches ilegales, prohibir la actividad de los limpiavidrios y aplicar multas a las familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria. Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca fortalecer la convivencia, la paz social y el orden público en un contexto socioeconómico complejo.

Quinteros también adelantó que se incluirá un apartado vinculado a las fiestas clandestinas, con sanciones más severas. “Además del decomiso de los bienes queremos que se avance sobre el titular registral de la vivienda y que sufra una sanción ejemplar”, explicó.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Reforma del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba:<br><br>Mañana la Comisión de Seguridad de la Legislatura tratará la reforma del Código de Convivencia con tres ejes claros: <br><br>✔️ Fin a los naranjitas ilegales.<br>✔️ Prohibición de limpiavidrios.<br>✔️ Multas a familias que no…</p>&mdash; Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) <a href="https://twitter.com/QuinterosJP/status/2004371643603308565?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En ese marco, el ministro planteó la necesidad de actualizar el Código contravencional para dotar al Estado de herramientas más eficaces. “El orden público requiere que los tres poderes del Estado converjan en una misma y única estrategia: prevenir y combatir el delito, protegiendo la vida y los bienes de los cordobeses”, expresó.

En ciudades del interior, como San Francisco, este tipo de situaciones ya fue abordado mediante controles realizados durante el año, en el marco de operativos locales orientados a regular estas prácticas en el espacio público. La discusión provincial busca ahora establecer un criterio uniforme para toda Córdoba.

Las reformas que se debatirán fueron difundidas por el propio Quinteros a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde instó a los legisladores de todos los bloques a dar una discusión “seria”, priorizando la tranquilidad de los ciudadanos.

Con la presencia de autoridades de Córdoba y Santa Fe, este miércoles por la tarde se lanzó oficialmente en Tecnoteca la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, un espacio de articulación estratégica que integrará a los municipios de San Francisco, Morteros, Marcos Juárez, Frontera y Josefina. La puesta en marcha de esta nueva estructura quedó ratificada mediante la firma de un convenio entre Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, y Pablo Cococcioni, su par de Seguridad y Justicia de Santa Fe.

Durante el acto, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, expresó que la creación de este organismo interprovincial “no tengo dudas que la firma de este convenio y la creación de un ente metropolitano interprovincial aportarán día a día soluciones en materia de seguridad para nuestra gente”. En su discurso, también hizo hincapié en la necesidad de superar los límites legales que dificultan una respuesta eficaz frente a los delitos que se extienden a ambos lados del Camino Interprovincial: “No puede ser que las fuerzas de seguridad nacionales lleguen hasta el límite del Camino Interprovincial y del otro lado haya que esperar que vengan desde Rafaela”.

La Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad fue concebida como un ente de cooperación interjurisdiccional, con el propósito de establecer una planificación común en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito y fortalecimiento institucional. A través del convenio, se formaliza una alianza entre municipios y provincias para llevar adelante acciones coordinadas, tales como:

Además, se prevé que este nuevo organismo tenga un rol activo en el diagnóstico conjunto de las problemáticas de seguridad, incluyendo la elaboración de mapas de conflictividad urbana y social, así como la definición de estrategias operativas y preventivas comunes. También se promoverán capacitaciones compartidas, gestión de recursos tecnológicos y de comunicación, y se buscará armonizar legislación entre las dos provincias en temas de interés regional.

El intendente Bernarte remarcó la importancia de superar las barreras jurisdiccionales actuales: “Necesitamos resolver los problemas jurisdiccionales y analizar la posibilidad de extender la jurisdicción del Tribunal Federal de San Francisco para poder investigar y actuar también en territorio santafesino”. Y agregó: “En los últimos tiempos la problemática que más preocupa a todos los vecinos de este gran núcleo urbano es la seguridad”.

Por su parte, el ministro santafesino Pablo Cococcioni señaló que la iniciativa no debe ser una mera declaración: “Esto no puede ser solo una demostración de presencia: vamos a crear mecanismos de trabajo conjunto para una presencia policial disuasiva, preventiva y dinámica. Vamos a ir contra el narcotráfico y el microtráfico desde la provincia de Santa Fe”. Además, adelantó que “desde la provincia ponemos a disposición a nuestra Policía de Investigaciones y a la Guardia Provincial para custodiar accesos y fronteras terrestres”.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

En sintonía con su par santafesino, el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros fue contundente en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico: “Por la memoria de Zamir Torres, tenemos que estar más firmes que nunca diciéndoles no, diciéndoles basta”. En otro tramo de su intervención aseguró: “Queremos que Córdoba y Santa Fe se hagan un solo nudo para decirle basta a este flagelo que es la droga”.

También apuntó contra las estructuras que financian el delito: “Estamos dispuestos a cambiar todas las leyes que haya que cambiar para que podamos atacar el narcotráfico en el verdadero lugar donde duele: el lavado de activos”. Y cerró con una frase en tono enérgico: “Cuenten con nosotros, cuenten con el gobierno de la provincia de Córdoba porque tenemos lo que hay que tener y lo vamos a poner donde hay que ponerlo”.

Con esta alianza entre dos provincias y cinco localidades estratégicas, se abre un nuevo capítulo en la lucha contra el delito en la región. La apuesta es ambiciosa: articular esfuerzos, eliminar fronteras administrativas y coordinar una respuesta común frente a un problema que afecta por igual a ambos lados del límite.

El hermano de Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, fue víctima de un robo domiciliario durante el fin de semana en la ciudad capital, informó canal Doce.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en el exclusivo barrio cerrado Barrancas del Sur, en avenida Valparaíso, en la zona sur.

Según trascendió, los delincuentes aprovecharon que la vivienda estaba vacía para ingresar y llevarse varios relojes de alto valor y una suma de dinero aún no precisada.

La investigación está a cargo de la Policía de Córdoba, que ahora analiza las cámaras de seguridad internas y externas del barrio para intentar reconstruir el accionar de los ladrones.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, los primeros indicios apuntan a que el robo habría sido planificado, ya que los autores del hecho habrían actuado con información previa sobre la ausencia del dueño y conocían qué objetos de valor buscar.

El caso genera especial atención por el vínculo con el funcionario provincial. Por ahora, no hay detenidos y la causa permanece en etapa de investigación preliminar. La Policía trabaja junto a la Justicia para avanzar con el análisis de las imágenes y rastros levantados en la vivienda.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, participó de la Primera Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2025, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. 

El encuentro fue presidido por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Participaron ministros y jefes de fuerzas de seguridad de todo el país. 

En el marco de la reunión de trabajo, el ministro Juan Pablo Quinteros puso en valor la implementación del Plan 90 / 10 del Ministerio de Seguridad Nacional en la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo original era reducir tasas de homicidio y combatir organizaciones criminales en todo el país. 

"En lo que respecta a nuestra provincia, en Córdoba hemos realizado más de 150 operativos conjuntos entre Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, tanto en la ciudad de Córdoba como en importantes ciudades del interior provincial", señaló Quinteros."En cuanto a resultados, comparando el primer semestre de este año con el mismo período del año anterior, observamos una reducción del 25% de homicidios dolosos, el cual era uno de los objetivos principales del Plan 90/10", agregó el ministro de Seguridad de Córdoba.

En el primer semestre del año 2024, en Córdoba se registraron 57 homicidios dolosos, mientras que para el mismo período del corriente año, se registraron 43 casos.

En lo que respecta al combate de organizaciones y bandas delictivas, el ministro puso en valor la cooperación con la Nación y señaló que "en el último año hemos potenciado tanto operativos en calle como aquellos dirigidos  por la dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en el marco de investigaciones judiciales".

"Esto se ha reflejado en el incremento de operativos, en el secuestros de arsenales de armas de fuego y recientemente, con la detención en Córdoba de los asesinos de Zamir Torres de 4 años, en el marco un ajuste narco ocurrido el pasado 9 de julio en la localidad de Frontera, Santa Fé", cerró Quinteros.

Antes de finalizar el encuentro, Quinteros y Bullrich firmaron un convenio específico de colaboración entre Córdoba y la Nación para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de  Contrabando y Falsificación.

El Sistema de Alerta Temprana de Contrabando y Falsificación es un mecanismo interinstitucional que busca detectar y prevenir actividades ilegales relacionadas con el contrabando, la falsificación de marcas y delitos vinculados, a través de un intercambio eficiente de datos entre organismos de seguridad, aduanas, entidades regulatorias y empresas privadas.

A una semana del crimen que conmocionó a la región, la investigación por el asesinato de Zamir Gael Torres (4) avanza con tres detenidos y un cuarto sospechoso prófugo. En la noche de este martes, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres en San Francisco: uno de ellos, M.E., de 29 años, estaba escondido en la parte trasera de una camioneta 4x4 con un chaleco antibalas y dos celulares, sería hermano del primer detenido, V.E., de 23.

 El operativo fue realizado por la Brigada de Investigaciones en Juan de Garay al 2100, a metros de España, tras tareas de inteligencia y en coordinación con la Justicia de Rafaela. M.E. fue sorprendido dentro de una VW Amarok negra, con un bolso preparado para huir afuera de la provincia. También fue arrestado el conductor del rodado, sospechado de colaborar en la fuga, aunque más tarde recuperó la libertad al comprobarse que se trataba de un remisero sin vínculo con el detenido. El alerta se activó tras ubicar la camioneta sospechosa en la zona de Av. Rosario de Santa Fe y Colón. Minutos después, el vehículo fue hallado detenido en barrio Roca y allí capturaron al joven.

Horas antes se había entregado en Rafaela otro joven, N.T.M., de 20 años. Con estas detenciones, ya son tres los imputados por el brutal ataque a balazos que el 9 de julio terminó con la vida del niño y dejó herido a su padrastro en Frontera. Los detenidos están imputados por “homicidio calificado” y “tentativa de homicidio”.

Según la pesquisa, los cuatro sospechosos, a bordo de un Fiat Cronos negro, en calles 86 y 7 interceptaron a Braian “Peladito” Martínez (31) y dispararon al menos 15 veces contra el auto Ford Fiesta blanco en el que también viajaba la mamá del nene. Zamir, que iba en el asiento trasero, murió en el acto tras recibir varios disparos.

Los investigadores mantienen los allanamientos, pericias y análisis de cámaras para dar con el último prófugo y esclarecer cómo se planeó y ejecutó la emboscada.

Este miércoles, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, resaltó “la fuerte tarea de investigación y el alto profesionalismo” de la Policía de Córdoba en la detención del primer y tercer sospechosos por el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado el 9 de julio en Frontera.

En la madrugada, en barrio Roca de San Francisco, personal de la Brigada de Investigaciones, con apoyo del grupo ETER, detuvo a un M.E, de 26 años —hermano del primer detenido en barrio Sarmiento— quien llevaba puesto un chaleco antibalas y portaba dos celulares. Estaba escondido y planeaba salir de la provincia cuando fue interceptado en una VW Amarok negra gracias a un operativo cerrojo.

“De manera estratégica veníamos saturando la zona a partir de distintos operativos interfuerza de los que participaron Gendarmería, Policía Federal y Fuerza Policial Antinarcotráfico en colaboración con nuestra Policía”, explicó Quinteros.

El ministro subrayó que el acusado “se encontraba escondido y planeaba su salida de la provincia. Pero a raíz de una fuerte tarea de investigación pudimos dar con su paradero y, en un operativo altamente profesional, detenerlo”.

Finalmente, prometió que seguirán coordinando acciones para esclarecer el caso y perseguir a los responsables: “Seguiremos trabajando con la Provincia de Santa Fe y con las fuerzas federales para desarticular todo el entramado que hay detrás de este crimen atroz”, cerró.

La Policía de Córdoba sumó una herramienta tecnológica de avanzada para potenciar su labor investigativa. Se trata de cuatro nuevos dispositivos UFED (Universal Forensic Extraction Device), desarrollados por la empresa israelí Cellebrite, que permiten desbloquear y analizar en profundidad datos almacenados en teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, incluso si se trata de modelos de alta gama o recientemente lanzados al mercado.

La presentación se realizó en la sede de la Dirección General de Investigaciones Criminales, con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; y el director general del área, Alberto Bietti.

Los nuevos UFED son capaces de extraer información como conversaciones, fotos, videos, registros de llamadas, archivos eliminados, ubicaciones, rutas, contactos y actividad en redes sociales o servicios en la nube. Esta tecnología, utilizada por fuerzas de seguridad de todo el mundo, se convierte en un recurso estratégico para la lucha contra el crimen organizado y otros delitos complejos.

“Es una inversión de más de 250 mil dólares que realiza el Gobierno provincial para dotar a nuestra fuerza de herramientas que potencien el trabajo de investigación criminal”, destacó el ministro Quinteros. “La evolución constante de la tecnología nos exige estar siempre un paso adelante”, añadió.

Además, subrayó que estos dispositivos permitirán avanzar en investigaciones vinculadas al narcotráfico y otras organizaciones criminales, aportando pruebas clave al servicio de la Justicia. “El rol de nuestra Policía como auxiliar de la Justicia es fundamental para desarticular bandas y seguir combatiendo el delito con firmeza”, concluyó el funcionario.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, volvió a insistir con la necesidad de avanzar en una modificación de la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Lo hizo tras conocerse la detención de un menor de edad en Villa Carlos Paz, uno de los involucrados en el asesinato de Sebastián Villarreal, ocurrido en febrero de 2024 en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.

El adolescente había sido trasladado a Villa Carlos Paz bajo la tutela de una familia amiga, luego de ser declarado inimputable por tener 14 años al momento del crimen. Esta semana volvió a ser detenido por conducir un vehículo robado. “Lleva 30 detenciones y ya mató a Sebastián Villarreal”, expresó Quinteros con indignación. “¿Qué más hace falta para que haya una medida efectiva contra un adolescente?”, se preguntó.

A casi un año y medio del crimen que conmocionó a la provincia, el funcionario del gabinete de Martín Llaryora sostuvo que la violencia protagonizada por menores es una realidad creciente y que el Estado debe brindar respuestas urgentes. En ese sentido, ratificó su apoyo al proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad, el cual ya cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, pero aún no fue tratado en el recinto.

El ministro remarcó su coincidencia con la postura de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien también impulsa una reforma en este sentido. Mientras tanto, explicó que el accionar policial seguirá siendo el mismo: los menores detenidos por delitos seguirán siendo liberados según lo establece la ley actual.

Desde la familia de Sebastián Villarreal volvieron a reclamar justicia y pidieron respuestas integrales. “Necesitamos que piensen en la vida de estos niños y jóvenes, y que el cambio no sea simplemente encerrarlos”, expresó la hermana de la víctima, recordando que el menor fue declarado inimputable tras disparar y quitarle la vida a su hermano en un intento de robo.

Un día después de que el Suoem cortara durante la mañana del martes la avenida General Paz, una de las principales arterias del centro cordobés, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, lanzó duras críticas a la Justicia y reiteró su pedido de una ley que regule las manifestaciones en la vía pública.

El episodio que motivó su reacción fue el reciente fallo de la Cámara de Acusación que, en abril, sobreseyó a seis dirigentes del Polo Obrero acusados de interrumpir el tránsito durante una protesta en ese mismo cruce céntrico en abril de 2023. El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, consideró entonces que se trató de una “restricción tolerable” al tránsito y subrayó la ausencia de una legislación clara sobre los límites de la acción policial en manifestaciones.

Para Quinteros, esta decisión judicial dejó a las fuerzas de seguridad en una posición de debilidad operativa. “La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó el ministro en declaraciones a Cadena 3.

En ese marco, el funcionario pidió con énfasis una legislación que establezca un marco legal para las protestas. “Creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, señaló.

El conflicto se reavivó con la protesta del gremio municipal Suoem, que el martes pasado bloqueó el cruce de las avenidas Colón y General Paz, en rechazo a políticas del intendente Daniel Passerini. Esta manifestación volvió a poner en discusión el alcance del protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno provincial.

Quinteros expresó su preocupación por la falta de herramientas legales claras para fiscales y policías. “Imagine a aquel policía que intervino en esa acción (la del Polo Obrero), y al fiscal que decidió la imputación: ¿en qué posición quedan cuando tienen que volver a actuar en situaciones similares?”, planteó. Y sumó: “La pregunta que me hago, y que nos hacemos todos, es qué consideramos ‘tolerable’. Lo del martes, ¿fue tolerable o no? ¿Por una hora? ¿Por algunos minutos?”

En sus declaraciones, el ministro insistió en que la Policía no actúa por cuenta propia: “Ante una marcha, la Policía da aviso al fiscal de turno y es él quien determina qué hacer. Pero no podemos seguir con un protocolo del aire. Tenemos que debatir en serio una ley antipiquete”.

Quinteros también describió la seguridad como “una mesa de tres patas”, que requiere coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Hoy ese marco no existe. Queda todo a la discrecionalidad. Cuando el fiscal le dice al policía: ‘Déjenlos marchar’, ¿qué hace el policía? ¿Los detiene?”, cuestionó.

Pese al panorama que describió, el ministro aseguró que las fuerzas de seguridad intervendrán cuando lo consideren necesario. “Ante una situación flagrante, nuestra Policía va a actuar. Dentro del marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que estas protestas, que no lo digo yo, tienen como objetivo hacer un ‘quilombazo’, molesten la vida a cientos de miles de personas”, dijo.

Y lanzó una advertencia final: “Si no hay leyes claras y no hay respaldo judicial, los que van a terminar imputados van a ser los policías. Y no sé si habrá una Cámara que los sobresea”.

Mientras tanto, en San Francisco, el conflicto con el Suoem también sigue escalando. El sindicato mantiene asambleas de dos horas por turno y rechaza las medidas anunciadas por el intendente Damián Bernarte, que incluyen la fusión de secretarías, la reducción del 30% de los cargos políticos y el congelamiento de los sueldos de funcionarios por al menos 120 días.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, justificó Bernarte al anunciar el paquete de ajustes.

La respuesta gremial fue inmediata. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del Suoem, Víctor Lescano, fue categórico: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano también cuestionó duramente la gestión local: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.

Una publicación compartida por La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, desmintió hoy que se haya encontrado un short perteneciente a Lian Gael Flores Soraire, el menor de tres años que desapareció hace tres días en la localidad de Ballesteros Sud.

"No se encontró ropa en ningún rastrillaje", sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa.

En este marco, Quinteros señaló: "Desmiento categóricamente esa versión de que se halló un short a mil metros de la casa donde desapareció Lian. Lo acabo de corroborar con la fiscal".

Además, llegó a la provincia de Córdoba el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Santos Rodríguez, informó que "están coordinando un trabajo esforzado con las autoridades de la gobernación".

"Estamos ayudando para encontrar a Lian. Hay varias hipótesis", agregó el funcionario.

Por su parte, Interpol activó la alerta amarilla para dar con el paradero del niño de tres años.

La organización difundió en su página oficial una foto con el rostro del niño, datos filiatorios, descripción física y los nombres de los padres con el objetivo de obtener datos sobre su paradero.

El pasado viernes 31 de enero, San Francisco fue escenario de un gran despliegue policial que incluyó la presencia de fuerzas provinciales y federales, así como la utilización de un helicóptero de la Policía de Córdoba. El operativo se enmarcó en un trabajo coordinado para hacer frente a la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad y a su zona limítrofe con Santa Fe, en las localidades de Frontera y el barrio de Acapulco de Josefina.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó detalles sobre el procedimiento, sus resultados y el trabajo conjunto con Nación y la provincia de Santa Fe para combatir el narcotráfico. Además, abordó otros temas de seguridad que afectan a Córdoba y el país.

-Se llevó a cabo un gran despliegue policial, con helicóptero incluido. ¿Nos puede dar detalles?

Nosotros teníamos referencias de que en San Francisco en el Hospital Iturraspe se estaba atendiendo a mucha gente herida de bala que venía de Frontera y de Acapulco, que son probablemente los lugares más conflictivos que tenemos. Ante esa situación, más el llamado del intendente Damián Bernarte, y en comunicación con la policía departamental, advertimos que se habría incrementado la ola de violencia en esa zona y que repercutía en San Francisco. Decidimos primero implementar una mayor presencia policial, sobre todo en la ruta o el camino interprovincial. En contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, decidimos llevar a cabo un operativo interfuerzas, como los que hicimos el año pasado en San Francisco, pero esta vez de manera mucho más intensa. Además de la Policía de Córdoba participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería y Policía Federal, y probablemente tuvo la espectacularidad que siempre genera la presencia del helicóptero en la noche.

- ¿Qué balance hace del resultado?

Dio resultados positivos, con 14 personas detenidas con pedido de captura o paraderos; una numerosa cantidad de motovehículos y automóviles secuestrados y, por supuesto, con las fuerzas federales ya dentro del territorio santafesino interviniendo. También debo decir que me comuniqué con las autoridades de Santa Fe, con el ministro Pablo Cococcioni, para ponerlo al tanto de esta situación y estamos trabajando en conjunto.

- ¿Qué le responde a la gente que, a través de las redes sociales, se expresó indicando que era un operativo “para la tribuna”, para mostrar efectividad y después se olvidan?

Lo mismo dijeron cuando fui en febrero del año pasado a hacer ese operativo, y volvimos a mitad de año con el mismo. Los operativos interfuerzas son constantes. Probablemente ahora la diferencia es que hay un programa, que es el Programa 90/10, implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que habla de la reducción de homicidios y violencia vinculada al narcotráfico. Lo estamos implementando con la ministra Bullrich, con el Ministerio de Seguridad de Córdoba y con el Ministro de Seguridad de Santa Fe.Los operativos y los procedimientos jamás son para la tribuna. Probablemente, algunos tengan más espectacularidad que otros, pero no han cesado. Con estadísticas podemos mostrar que en San Francisco el número de heridos ha sido contenido.

- San Francisco, conformando el conglomerado urbano con Frontera y Josefina, es una zona “caliente” en materia delictiva. ¿La existencia de la frontera interprovincial dificulta la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad?

No, al contrario. Nosotros, el primer convenio que hicimos con la Fuerza de Seguridad Nacional fue efectuado el año pasado. Fue el primer convenio que firmamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hemos trabajado de manera coordinada en toda la provincia de Córdoba. La clave del éxito de una política de seguridad, de una política criminal que ataque al narcotráfico y ataque al crimen organizado, es trabajar en conjunto con la Nación y con las fuerzas federales, que es lo que venimos haciendo. Nuestra FPA y nuestra policía de la provincia de Córdoba viene trabajando desde hace mucho con las fuerzas federales. Con Santa Fe y Entre Ríos tenemos un corredor de la Región Centro, con Pablo Cococcioni y Ernesto Roncaglia, quienes son los ministros de seguridad de dichas provincias. Venimos trabajando de manera armónica, coordinada y esto empieza a dar resultados con la política de inteligencia criminal.

Es importante que la gente sepa que hemos dotado a nuestra policía con equipamiento y formación. Pusimos más de 2.500 armas nueve milímetros en poder de nuestra policía, 15.000 armas no letales, entre cortas y largas; 600 vehículos más 700 en proceso de compra; 600 motocicletas para nuestras unidades especiales. También hemos incorporado 720 policías suboficiales y 159 oficiales a la calle. En total, estamos hablando de más de 42 mil millones de pesos destinados a mejorar la seguridad en la provincia. Se hizo una inversión en 2024 histórica y en 2025 lo va a ser aún más. Todo esto es muy importante para la policía provincial y también para las guardias locales, donde la inversión es muchísima en vehículos, en capacitación, en chalecos y en armas no letales. 

- ¿Cómo sabemos que Córdoba no va camino a ser otro Rosario?

En 2024 tuvimos una tasa de homicidios de 2,9 cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional de 3,8 y mucho más baja que la de Rosario. No estamos teniendo este tipo de eventos en Córdoba y trabajamos de manera permanente en las calles para evitarlo. No vamos a permitir que el narcotráfico nos gane la calle y el espacio público.

- ¿Cómo se trabaja para bajar la tasa de homicidios en la provincia?

La mayoría de los homicidios en la provincia están relacionados con conflictos interpersonales, violencia e intolerancia. Por este motivo, el abordaje debe ser integral, y nuestro objetivo es reducir esta tasa durante 2025. En enero cerramos con un registro de cinco homicidios, lo que indica que el trabajo está dando sus frutos. Para lograr una disminución sostenida, seguimos trabajando de manera coordinada con la ministra Bullrich, en el marco del Programa 90/10. La clave para reducir la tasa de homicidios es la acción conjunta, implementando una política criminal efectiva que ataque directamente al crimen organizado y al narcotráfico. De esta manera, los delitos irán en descenso.

- ¿Están de acuerdo con la propuesta de baja de la edad de imputabilidad del gobierno nacional?

En lo personal, estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto que presentaron la ministra Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar a 13 años la edad de imputabilidad.  Es necesario preguntarnos por qué el Régimen Penal Juvenil no se debate desde hace 30 años. La respuesta, sin dudas, radica en la especulación y la mezquindad de muchos dirigentes políticos, que evitan tratar el tema en el Congreso por temor a asumir una postura que pueda generar polémica y repercusiones en sus provincias. El proyecto aborda un problema cada vez más preocupante: el aumento de delitos cometidos por jóvenes. Es una realidad que vivimos en Córdoba, en San Francisco y en muchas otras provincias del país.

-Los incendios fueron otro desafío para el gobierno de Córdoba, ¿qué medidas toman para prevenir?

Implementamos diversas estrategias de prevención, incorporando tecnología y reforzando los recursos destinados al combate del fuego. Hemos fortalecido el ETAG y dotado a los bomberos voluntarios de más equipamiento. Solo en 2024 invertimos más de 13 mil millones de pesos, trabajando de manera coordinada con diferentes organismos. Nuestros bomberos cuentan con una formación de alto nivel y, con frecuencia, son convocados para combatir incendios en distintas provincias, como ocurre actualmente en la Patagonia. Además, desarrollamos un programa en conjunto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con el objetivo de prevenir incendios y, en caso de que ocurran, minimizar su impacto.

Por aire y por tierra el viernes pasado, la ciudad de San Francisco fue escenario de un operativo conjunto en el marco del Plan 90/10, con helicóptero incluido, supervisado por el intendente Damián Bernarte y el director general de Departamentales Norte de la Policía de Córdoba, comisario general Ariel Vargas. En este programa, fuerzas provinciales y federales, como la Policía de Córdoba, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Guardia Local, llevaron a cabo controles fijos y móviles en diversos puntos de la ciudad.

Durante el operativo, se secuestraron 29 motocicletas, 5 automóviles y sustancias ilegales, como 100 gramos de marihuana y 15 gramos de cocaína. También fueron detenidas 14 personas por diversos delitos, entre ellas, una menor de edad.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó: "Este es un hecho histórico: gracias a un trabajo articulado con la ministra Patricia Bullrich, estos operativos conjuntos serán cada vez más habituales, reforzando la prevención y el combate del delito". En tanto, el intendente Bernarte señaló: “La seguridad es una construcción colectiva, y desde el Estado aportamos los recursos para garantizar la paz de los vecinos”.

El Plan 90/10, implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y adherido por la provincia de Córdoba en 2024, tiene como objetivo realizar operativos conjuntos para desarticular bandas criminales y mejorar la seguridad en las jurisdicciones locales.

Once detenidos hubo desde que comenzaron los incendios en Córdoba según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y del total tres ya fueron imputados, mientras que ahora solo hay cuatro personas en prisión.

En medio de un escenario desesperanzador por los incendios en la provincia, el funcionario remarcó que hubo 11 detenidos, de los cuales tres fueron condenados previamente, cuatro liberados y otros cuatro se encuentran detenidos.

Sobre los condenados, Quinteros explicó que a fines de julio recibieron una pena a tres años de prisión en suspenso porque se comprobó que los incendios fueron de manera intencional.

Acerca de los liberados, aclaró que la Justicia ordenó que no sigan en prisión ya que se constató que se trataron de “cuestiones de negligencia grave en un lugar en el que saben que se incendia muy fácil”.

En las últimas horas se generó polémica por un tuit falso que el presidente Javier Milei puso en su red social X donde se manifestaba que por los incendios había 17 detenidos ligados a La Cámpora.

En este sentido, el ministro ratificó que los culpables de estos nuevos focos generados no tienen filiación política: “Muchas veces nos desenfocan de nuestro objetivo que es mitigar el incendio”.

“Cuando se detiene a una persona no se le pregunta la filiación política, eso corresponde a la investigación sobre cuáles fueron los motivos”, detalló en un medio radial.

Por último, Quinteros ratificó que “los fuegos, en el 99 % de los casos, se inician por mano del hombre”.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, puso en funciones al comisario mayor Rubén Alejandro Caporali al frente de la Departamental San Justo, previo a lo cual fue removido de ese cargo su antecesor, Pedro Maldonado, que había asumido la jefatura en enero. 

El cambio de mando se produjo en medio del escándalo producido por las presuntas amenazas narco vinculadas a la banda narco criminal “Los Monos”. 

Además el jefe de Policía de la provincia de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez confirmó la incorporación de personal a la Departamental San Justo así como a la fuerza Eter, Infantería y la Fuerza de Operaciones Motorizada.

Del acto participaron también del acto el intendente Damián Bernarte; el comisario general Marcelo Marín; integrantes del Estado Mayor Policial, el director general de Departamentales Norte, comisario mayor Antonio Urquiza; el director general de Policía Caminera, comisario mayor Iván Rey; el director general de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Francisco Salcedo, entre otros.

Gutiérrez destacó en este marco que “hoy es un día muy importante para esta ciudad puesto que una nueva modalidad delictiva pone en alerta a San Francisco. Esta política institucional decidió realizar cambios estructurales dentro de la conducción porque la situación lo ameritaba y también dotar de una serie de recursos para el trabajo en calle de nuestros hombres y mujeres de la Policía de la provincia de Córdoba”.

Sobre esto último, destacó “la incorporación del Seom (Servicio Especial de Operaciones Motorizadas), un equipo motorizado altamente capacitado para trabajar en este tipo de circunstancias. Se le ha sumado también un grupo de infantes junto a móviles de Caminera que trabajará de manera permanente. Al mismo tiempo se ha reforzado el Eter generando de esta manera una serie de recursos para devolver la tranquilidad pública a la comunidad de San Francisco”.

Luego la máxima autoridad de la Policía de Córdoba reconoció que el trabajo a realizar de ahora en adelante “será muy duro, pero necesario” para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados y además aseguró que el nuevo director de la Departamental San Justo “es la persona ideal para asumir este rol, está capacitado y con un trabajo mancomunado entre todas las entidades que hacen seguridad desde la municipalidad, la FPA y Gendarmería podemos lograr los objetivos anhelados y deseados por nuestra sociedad”.

Continuando con su discurso, Gutiérrez dijo que “debemos ser duros e inflexibles en los controles para que nada que venga de afuera nos provoque daño y nos genere intranquilidad y malestar en nuestra sociedad”.

“Estamos transcurriendo tiempos difíciles, tiempos duros. Esto se supera con mucho profesionalismo, lealtad y compromiso. A la Policía de la provincia de Córdoba le sobra todo esto. Es el momento de poner en práctica todas aquellas acciones para que todas las malas intenciones delictivas queden al margen del contexto de la sociedad y podamos generar la tranquilidad que San Francisco y Córdoba necesita”, indicó.

“Hemos tenido 72 horas complicadas e independientemente de esta reestructuración que Jefatura decide para esta departamental, quiero decirles que vamos a tener presencia en este lugar para dejar un mensaje absolutamente claro: todo lo que este ministerio y la Policía de Córdoba tenga que hacer para mantener la paz social lo vamos a hacer –retomó Quinteros-. No vamos a permitir que vengan y alteren el orden público. Para eso estamos acá, brindando el apoyo incondicional a la Policía de Córdoba, que es altamente profesional”.

El ministro expresó que para la provincia de Córdoba “la seguridad es una cuestión integral” y recordó que el gobernador Martín Llaryora “impulsó cambios en el sistema de seguridad”. 

Y ratificó el compromiso del gobierno cordobés de trabajar junto a la hermana provincia de Santa Fe, a la vez que informó la decisión se reforzar la zona limítrofe. “En esto no hay bandería, no hay partido político, no tiene que haber diferencia en tema de la seguridad”, dijo.

Si bien el funcionario reconoció que “faltan recursos, los que vamos a garantizar”, afirmó: “La seguridad para este gobierno es prioridad y la fuerza policial siempre será su columna vertebral”. 

“No los vamos a dejar solos –les dijo Quinteros a los efectivos-. La Policía se sentirá acompañada en la calle, por un Estado presente. La Policía debe estar cerca de la gente”.

“Tenemos 52 puntos detectados de ingreso de droga entre Santa Fe y Córdoba", dijo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, que viajó este miércoles a Rosario para reunirse con su par santafesino, Pablo Cococcioni, y luego se dirigió a San Francisco para poner en funciones al nuevo Jefe de la Departamental San Justo, comisario mayor Rubén Caporali.

En medio de la escalada de violencia extrema con ataques narcoterroristas en Rosario, amenazas telefónicas sacudieron a San Francisco. En los llamados supuestos integrantes de la banda narco criminal Los Monos advertían sobre posibles ataques a policías o colocación de explosivos en la comisaría local.

En San Francisco, Quinteros resaltó la importancia del refuerzo en materia de seguridad que se llevó a cabo en la departamental San Justo de Policía, sobre todo porque considera a esta ciudad como “un punto neurálgico” al que como autoridades provinciales “hay que prestarle mucha atención”.

“Ya hemos reforzado con controles de nuestra Policía Caminera y Patrullas Rurales. No vamos a permitir que se altere la paz social en Córdoba”

“No nos podemos hacer los distraídos con lo que está pasando. La situación en Rosario desbordó y venimos de entrevistarnos con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe para tener una política articulada con esa provincia y en este caso San Francisco es un punto neurálgico al que hay que prestarle mucha atención”.

Mientras tanto, hoy seguían los controles en el camino interprovincial. Considerada como la “otra triple frontera”, conformada por San Francisco y las localidades santafesinas de Frontera y Josefina, es una zona caliente por el avance del narcotráfico, admitieron las propias autoridades.

Quinteros también hizo alusión a las amenazas recibidas el pasado lunes en la sede de la Policía de San Francisco que están siendo investigadas por la Justicia Federal y confió en que “de dicha investigación seguramente saldrá quiénes fueron los autores” y mientras tanto “hemos decididos adoptar acciones concretas y por eso estamos acá, reforzando Patrulla Rural, Policía Caminera, el Seom (Servicio Especial de Operaciones Motorizadas), Infantería y asignar más efectivos como una muestra de nuestra preocupación por esta situación”.

Por su parte, el jefe de Policía de la provincia de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez, aseguró que se sumaron “entre 50 y 70 efectivos” destinado a “conformar un equipo para saturar en bloque Frontera y San Francisco” con la idea de “prevenir los hechos delictivos, teniendo en cuenta las amenazas y poniendo lo mejor de nuestra parte para que esto se subsane pronto y la ciudad de San Francisco pueda estar tranquila”.

Quinteros agregó que “hemos solicitado la llegada de personal de Gendarmería que estaría arribando a San Francisco la semana próxima para que controlen los más de 52 puntos de contacto en la frontera entre Santa Fe y Córdoba”.

Damián Bernarte dijo que se siente “muy satisfecho” con la labor que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad por “el trabajo conjunto que necesitamos, así como también la rápida respuesta marcada por una línea política de nuestro gobernador Martín Llaryora”.

El intendente expresó que la Nación “tiene una voluntad concreta” de avanzar en este sentido mientras que “en lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, estas acciones concretas demuestran el grado de compromiso que tenemos en el margen que establece la ley”.

“Nosotros mantenemos contacto permanente porque somos los primeros interesados en que no nos toquen a nadie de los nuestros, buscando siempre el objetivo de que en San Francisco vivamos en paz como lo hicimos siempre y creo que una demostración más concreta del apoyo y el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de la provincia no podía quedar más claro”, acotó.

Por último, Bernarte señaló que “estamos preocupados porque estos vientos que transitan en la provincia de Santa Fe no lleguen a la ciudad. Nosotros tenemos una realidad distinta en la convivencia social. Estamos convencidos que Córdoba tiene una realidad diferente pero no por eso debemos dejar de tomar las precauciones. Estamos tranquilos por este acompañamiento, pero al mismo tiempo muy atentos a todos estos eventos en función de que nosotros cuidamos a los nuestros”.

La Justicia Federal de San Francisco avanza en la investigación por presuntas amenazas narco vinculadas a “Los Monos”. 

Si bien existe gran hermetismo en torno a la causa, en tanto, el Centro de Coordinación Operacional de la Policía de Córdoba confirmó que se recibieron “dos llamados anónimos en simultáneos” cerca de las 19 horas del lunes. 

En el primero, una voz masculina anunciaba que Los Monos ya estaban en San Francisco y que iban a “matar a todos los policías”. En la segunda comunicación, se alertaba por la presunta presencia de una bomba en el edificio de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba. Del operativo, participó el personal de la Brigada de Explosivos.

Según los investigadores, ambos mensajes tendrían el mismo origen. No se descarta que las llamadas provengan desde alguna cárcel de Córdoba o Santa Fe. 

La causa está a cargo del juez federal Pablo Montesi y también intervino la fiscal del segundo turno, Silvana Quaglia. 

Este no es el primer caso que pone en alerta a las autoridades. El ahora ex fiscal de Delitos Complejos y Lucha Contra el Narcotráfico, Bernardo Alberione, el año pasado recibió amenazas mafiosas.

La Policía de la Provincia de Córdoba ya cuenta con 5.000 armas de letalidad reducida, una nueva herramienta que la fuerza incorpora como parte del plan de modernización e incorporación de nuevas tecnologías que dispuso el Ejecutivo provincial. En el ámbito de la departamental San Justo hay 50 de estas armas Byrna.

En este marco, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, junto al jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez, participaron de una nueva jornada de exposición y capacitación sobre armas no letales.

En la ocasión, instructores en la materia brindaron herramientas teóricas y prácticas sobre el funcionamiento y manejo de armamento de letalidad reducida.

Esta preparación es dictada de manera periódica por personal de la Dirección de Entrenamiento Policial dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.

El evento se realizó en la Escuela de Oficiales de Policía Libertador Gral. Don José de San Martín y contó con la participación de Manuel Pizarro, presidente de Bersa S.A. y Guillermo Iglesias, director Byrna para Latinoamérica; junto a miembros del Estado Mayor de la fuerza.

Quinteros destacó que, con la masiva incorporación de estas herramientas “Córdoba se encuentra a la vanguardia no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica” y anticipó que el objetivo es completar las capacitaciones en el transcurso de 2024. “Ya tenemos más de cinco mil armas no letales y antes de mitad de año vamos a tener el cien por ciento de la Fuerza capacitada», agregó el funcionario.

En el mismo sentido, Leonardo Gutiérrez, agregó: “Le estamos otorgando a nuestros efectivos un elemento clave para restituir el orden público cuando sea necesario”.

Durante la exhibición, tanto personal de la Dirección de Entrenamiento Policial, como instructores de la empresa proveedora – Byrna – expusieron las distintas herramientas teóricas y prácticas para la utilización de los dos modelos de armas no letales que ya está utilizando la fuerza policial.

Se trata de un arma de puño, con propulsión a Co2 y capacidad para cinco proyectiles, y de un modelo de carabina simil M4, con propulsión a aire comprimido con capacidad para 19 municiones en su versión convencional y con capacidad para 200 en su versión con tolva.

Sobre la implementación de estos dispositivos en la provincia de Córdoba, Guillermo Iglesias afirmó que “el caso de Córdoba es un éxito a nivel Latinoamérica”, y agregó: “Toda la geografía está mirando lo que se ha hecho aquí. De hecho, normalmente ya solemos escuchar desde el punto de vista de la consulta, queremos hacer lo mismo que hizo Córdoba”.

Entre los proyectiles disponibles para este tipo de armamento, existen dos versiones: una versión maciza, de plástico, que no se desarman al impactar con un objetivo y pueden ser reutilizados conocidos internacionalmente como “kinetic”, y una versión conocida como “pepper”, que al impactar con un objetivo se desarman, liberando un gas pimienta que afecta principalmente las mucosas.

Ambos modelos están identificados por un color anaranjado, estándar a nivel internacional, que indica que se trata de armamento de letalidad reducida.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López estuvieron este jueves en Buenos Aires, en donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para tratar diversos temas relacionados al combate del narcotráfico y del crimen organizado.

En primera instancia, junto a la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se llevó a cabo la firma de un convenio marco de cooperación para el establecimiento de protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Federales y la provincia de Córdoba.

El objetivo de esta iniciativa es la complementación y el perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.

A su vez, el acuerdo prevé la constitución de una “Mesa Operativa Conjunta” con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Provincia de Córdoba para la implementación de un “Plan de Trabajo Conjunto”.

Esta acción estará previamente definida a partir de un diagnóstico de la situación de seguridad en el territorio provincial el cual deberá contemplar la formulación de los lineamientos de trabajo, la determinación de acciones prioritarias, así como la reasignación de efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad u otros recursos humanos, tecnológicos o materiales.

La función específica de dicha Mesa Operativa Conjunta será la de desarrollar la planificación y coordinar las acciones en el territorio provincial, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información, mapa del delito y otros para el logro de los fines propuestos.

Una vez finalizada la reunión protocolar, la ministra Bullrich informó a los ministros que durante el mes de enero viajará a la provincia de Córdoba para reunirse con el Gobernador Martin Llaryora, en el marco del trabajo conjunto que prevé el nuevo convenio entre ambas jurisdicciones.

Participaron del encuentro: Walter Gómez, Subsecretario de Seguridad de Córdoba, Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación; Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y Néstor Majul.

Una vez refrendado el convenio marco, el día lunes 8 se realizará una reunión en la ciudad de San Francisco donde autoridades del gabinete provincial, junto a los jefes de la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) definirán el protocolo de acción conjunta entre las fuerzas de ambas jurisdicciones. También participará de esta reunión el Fiscal General de la Provincia.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó esta mañana a medios periodísticos de Córdoba el proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Este proyecto ya fue enviado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura provincial y es el primero que envía el Ejecutivo en esta gestión para el inicio del trámite parlamentario y posterior aprobación. “La seguridad para nosotros es un eje absolutamente fundamental”, expresó Quinteros. «Córdoba será territorio hostil para el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado”, agregó.

En el marco de la conferencia de prensa, el ministro confirmó que se gestionó una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a fines de coordinar la implementación de las fuerzas federales en la provincia: “Estamos gestionando con el gobernador una reunión con la ministra, con el Poder Judicial de la Nación y con el Foro Federal para poder articular la coordinación de las fuerzas. Nos vamos a poner a trabajar Estado nacional, provincial y también el municipal”.

Quinteros inició el diálogo periodístico haciendo un repaso de los principales puntos del proyecto legislativo. Se refirió así a la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, la creación de un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación, la implementación de arma no letales, la articulación con prestadoras de seguridad privada y la obligatoriedad del narcotest para funcionarios públicos, entre otros aspectos.

El ministro se refirió especialmente a la creación de las guardias locales de prevención: “Los municipios que adhieran a la ley van a recibir apoyo del gobierno de Córdoba. Van a recibir móviles, armas no letales y capacitación”.

Quinteros aclaró que las guardias locales serán “auxiliares de la policía: pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprender e inmediatamente tienen que entregarle el procedimiento a la fuerza policial, no suplanta en absoluto a la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad”.

Finalmente, sobre posibles protestas ante un eventual panorama de alta conflictividad social, el ministro fue taxativo al señalar que “no vamos a tolerar hechos de violencia”. Quinteros garantizó el derecho a la protesta social, amparado legalmente, “pero aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo, abrir su negocio, desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es garantizarle que también lo pueda hacer”.