El Gobierno nacional otorgó un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, que se abonará en marzo, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio fue instituido mediante el Decreto 109/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y entrará en vigencia desde el 25 de febrero.

Según los considerandos, el bono tiene carácter compensatorio por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria sobre los haberes de los adultos mayores de menores ingresos. El decreto señala que esa norma, vigente desde marzo de 2021, “presentaba graves y serios inconvenientes” al no resguardar el riesgo inflacionario.

La medida alcanza a tres grupos de beneficiarios a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): titulares de prestaciones contributivas previsionales otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores cuya movilidad se rija por el artículo 32; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por la Ley N° 27.260; y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el monto máximo de $70.000 corresponde a quienes perciban, por la suma de todos sus beneficios vigentes, un importe menor o igual al haber mínimo garantizado establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241. Para quienes superen ese umbral, el bono será el necesario para alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más $70.000.

El decreto establece que el bono es no remunerativo, no susceptible de descuento y no computable para ningún otro concepto. Los beneficios deben encontrarse vigentes en el mensual en que se realice la liquidación y, en el caso de pensiones con copartícipes, se considerarán como un único titular.

La norma faculta a la ANSES a dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias para su implementación, administración, otorgamiento, pago, control y supervisión, incluido el recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Mario Vignolo (63), oriundo de Castelar, Santa Fe, se jubiló luego de más de 30 años dedicados a la medicina, gran parte de ellos como médico forense y como director del Hospital Iturraspe de San Francisco. Su salida no fue un simple trámite administrativo: marcó el cierre de una etapa intensa, atravesada por autopsias, escenas del crimen, guardias interminables y decisiones que, muchas veces, definieron el rumbo de investigaciones judiciales clave.

“Llegó la jubilación, algo que creí que nunca iba a pasar. Yo siempre decía que nunca me iba a jubilar”, confesó. Sin embargo, el tiempo y algunos problemas de salud le marcaron otro ritmo. “A veces son avisos de que hay que cambiar de vida. Tengo un montón de proyectos desde siempre, para cuando me jubilara, siempre vinculados a la medicina forense”, aseguró.

Ingresó a la Justicia en 1992 y desde entonces su nombre quedó asociado a algunas de las pericias más complejas y resonantes del país. Pero detrás del profesional riguroso, Vignolo construyó una mirada humana sobre la muerte y sobre la sociedad que la rodea.

El primer caso nunca se le borró de la memoria. Aún no era forense titular, estaba reemplazando a otro profesional, cuando le tocó intervenir en el asesinato de una bioquímica de Arroyito, a comienzos de los años ’90. “La habían degollado, destrozado. Una escena brutal”, recordó Vignolo en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO. Durante la autopsia, algo llamó su atención: el cuerpo estaba cubierto de sangre y presentaba unos pelos que no parecían humanos. “Fuimos al laboratorio y confirmamos que no eran pelos: era cerda de un pincel”, contó. Esa observación permitió orientar la investigación hacia un pintor que había trabajado en la vivienda y que terminó siendo identificado como el autor del crimen. El caso no solo permitió resolver un homicidio: marcó el inicio definitivo de una vocación.

“Siempre digo que el que observa con dedicación ve cosas que otros no ven. Lo que no hay que ver nunca son cosas que no existen”. La frase resume su concepción del trabajo forense. Para Vignolo, la observación no es solo una técnica, “es la madre de toda investigación”.

“Yo tuve la suerte de ser un forense de cabecera. Voy al lugar del hecho, observo la escena, después hago la autopsia y relaciono todo. La observación en la escena del crimen y en la autopsia te permite entender lo que pasó”, explicó. En su experiencia, mirar con atención fue siempre más determinante que cualquier tecnología de última generación.

Lejos de la imagen glamorosa de las series policiales, definió su práctica como casi artesanal. “Yo fui siempre un forense con un bisturí y unas pinzas, prácticamente las mismas desde que empecé. En lo tecnológico hubo cambios, sí, pero lo que más cambió fue la sociedad, las conductas, la forma de vincularnos”.

Aunque sostiene que todos los casos son importantes, reconoce que algunos dejaron una huella. Uno de ellos fue el femicidio de Natalia Vercesi, ocurrido en 2009, al que definió como “uno de los más desafiantes” de su trayectoria.

“Fue un trabajo donde la escena del crimen fue ponderante; la fijación de la escena del crimen. Esa noche saqué personalmente 96 fotos, más las de la Policía y las científicas. Estuve meses levantándome a mirar fotos y todos los días descubría algo nuevo”, dijo. Para Vignolo, ese caso demostró cómo la observación minuciosa puede seguir aportando respuestas incluso mucho tiempo después.

Otro momento clave fue su participación en la exhumación de los restos de monseñor Enrique Angelelli, en el marco de la investigación por su muerte durante la última dictadura militar. “Fue un caso interesantísimo, más de tres décadas después, con un montón de presiones. Yo era perito de parte y tenía que cuestionar una pericia previa”, relató.

En ese proceso, una mirada distinta sobre las prendas conservadas durante años permitió replantear conclusiones. “No se podía descartar un accidente, pero mucho menos afirmarlo. Había que buscar otras pruebas para ver si había sido un homicidio”, explicó. Aquella pericia terminó dando vuelta el sentido de la investigación de la muerte del obispo cordobés en La Rioja y fue, para él, uno de los mayores orgullos de su carrera.

“Intervine como perito de parte –contó-. En varios libros que se escribieron, incluso Horacio Verbitsky habló bien de mi trabajo. Después hubo muchos otros casos interesantes”.

Consultado sobre el lugar que ocupa la verdad en la tarea forense y las posibles presiones externas, Vignolo fue categórico: “No, jamás”. Aclaró que solo sufrió una presión indirecta en el caso del asesinato de Nora Dalmasso, en Río Cuarto, donde había sido convocado como especialista. “Después de los mismos que me eligieron o de gente cercana tuve presiones; incluso tuve sanciones para que no declare”, recordó. En contraste, destacó que en San Francisco siempre trabajó con tranquilidad y respeto institucional. “He disentido, he ido a hablar con jueces, más de una vez las cámaras criminales me llamaban y me decían ‘¿vos qué opinás?’. Para mí era un orgullo”, relató. “Fui muy respetado, tenido en cuenta”. Al ampliar la mirada sobre el sistema judicial y la sociedad, advirtió cambios profundos en las últimas décadas. “Cuando empecé, de diez chicos uno consumía droga; hoy de diez, nueve. De diez, uno venía de un hogar desintegrado; hoy de diez, nueve”.

A lo largo de los años, Vignolo fue testigo de un cambio en los patrones de muerte. “Cuando empecé había una muerte por accidente de moto por año. Hoy hay unas treinta. Antes había uno o dos homicidios; hoy hay más de quince o veinte”, señaló.

También destacó el aumento de las denuncias por abuso sexual. “Antes la cifra negra era del 90 por ciento, no se denunciaba. Hoy no debe pasar del 50. Se perdió el tabú de denunciar y eso habla de una sociedad que empieza a visibilizar”, explicó, aunque advirtió que el crecimiento de la violencia es innegable. “Antes te miraban mal, ahora te insultan; antes te insultaban, ahora te pegan; antes te pegaban, ahora te matan. La violencia va en aumento”.

Para el médico, la morgue funciona como un espejo social. “Lo que uno ve no es solo la muerte, sino las causas profundas: hogares desintegrados, consumo problemático de drogas, intolerancia, violencia. Eso también habla de nosotros como sociedad”.

Trabajar todos los días con la muerte no lo volvió insensible, pero sí lo obligó a aprender a manejar las emociones. “En el momento no podés tener sentimientos. Si no, harías un solo caso en la vida. Tenés que actuar con la mente en blanco, de manera profesional. Después, cuando terminás, podés irte a tu casa y llorar”, sostuvo.

“Yo nunca le tuve miedo a la muerte, no la espero tampoco (risas). Sin embargo, reconoció que sus propios problemas de salud lo hicieron reflexionar. “En un año tuve tres cirugías grandes. Eso te hace pensar que quizás son llamados de atención para bajar un cambio”.

Hoy, ya jubilado, piensa en escribir, enseñar y transmitir lo aprendido. “Las historias, las anécdotas, el razonamiento y el criterio no se tercerizan. Eso es lo que quiero dejar”, afirmó. Vignolo también mira con atención —y cautela— el avance de la inteligencia artificial en la medicina y la justicia. “Yo estoy aterrorizado por la inteligencia artificial”, admitió sin rodeos, aunque aclaró que no se trata de un rechazo sino de una advertencia. “Hice un curso y lo primero que aprendí es que la inteligencia artificial puede mentir. Con el tiempo va a mejorar, pero hay cosas que no se pueden delegar”, sostuvo.

Su alto perfil profesional lo acercó más de una vez a la política. “Me gustó siempre, pero nunca me tentó como para dejar todo”, comentó. Incluso recordó que dos dirigentes cordobeses, de espacios opuestos, lo llamaron con minutos de diferencia para proponerle ser candidato a intendente. “Ahora lo descarto. Meterme en política significaría resignar proyectos y convicciones”, aseguró quien presidió la Asociación de Médicos Forenses yfue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Legal, entre otros cargos.

Para Vignolo, su camino no fue sacrificio sino pasión. “Resigné tiempo con mi familia, no vi crecer a mis hijos, y hoy quiero recuperar eso. Ellos ya tienen su vida, pero yo quiero estar”. Su recorrido profesional también quedó plasmado en el libro Crónicas médico forenses: el abuso sexual de menores y la complicidad del silencio, como coautor junto a Carlos Cornaglia, una obra que aborda casos reales y pone el foco en una de las problemáticas más sensibles.

Antes de despedirse, Vignolo dejó un consejo para las nuevas generaciones: “Que observen. Que nunca dejen de observar y estudiar”. Una frase simple, pero cargada de sentido, como toda una vida dedicada a mirar donde otros no miran.

Después de más de tres décadas dedicadas a la salud pública, la justicia y la docencia, el doctor Mario Vignolo anunció su jubilación. En un extenso posteo en redes sociales, confirmó que, tras 36 años como médico del Hospital Iturraspe de San Francisco y forense del Poder Judicial, llegó el momento de dar un paso al costado y comenzar una nueva etapa.

“Hoy es un día muy especial en mi intensa vida”, expresó al inicio de su mensaje, donde confesó que nunca imaginó jubilarse, porque su trabajo “no fue sacrificio sino pasión”. Vignolo recordó una trayectoria marcada por casos resonantes, viajes interminables, guardias, barro, noches sin dormir y una entrega total que lo convirtió en una referencia profesional y humana en la ciudad y la región.

Reconoció también los costos personales de ese camino. Admitió que muchas veces postergó momentos familiares y afectivos, convencido de que su vocación lo justificaba todo. “Fueron precios muy altos que pagué”, reflexionó, al tiempo que agradeció el acompañamiento constante de su familia, amigos y colegas, quienes —según relató— también lo desafiaron a cambiar su forma de vivir tras los golpes que sufrió su salud en los últimos años.

A lo largo de su carrera, Vignolo se formó en múltiples especialidades, fue docente en Argentina y el exterior, participó en congresos internacionales y ocupó cargos de relevancia en instituciones médicas y forenses. Sin embargo, nunca dejó de definirse como lo que soñó ser desde el inicio: “Yo solo quería ser un médico de pueblo”.

En su despedida, agradeció especialmente al Hospital Iturraspe, donde fue residente, médico de guardia, vicedirector y director durante 17 años. Dijo sentirse orgulloso de que, aún hoy, reciba el saludo afectuoso de colegas, empleados y pacientes, un reconocimiento que considera el mayor premio a una gestión que define como “humana y simple”.

Lejos de hablar de un final, Vignolo plantea la jubilación como una transformación. “Que mi jubilación sea solo un cambio de estado y un poco de tranquilidad, pero nunca una censura de mi pasión”, escribió. Con nuevos proyectos, tiempo para su familia, su nieta y sus afectos, el médico se despide del ejercicio formal, pero no de la vocación que marcó su vida y dejó una huella profunda en la comunidad.

 Luego de una extensa y reconocida trayectoria en la docencia, el profesor Pablo Sánchez inicia una nueva etapa al concretarse su jubilación, marcando el cierre de un ciclo profundamente ligado al Colegio Superior San Martín, institución a la que dedicó gran parte de su vida profesional y de la que también fue alumno.

La despedida tuvo un momento especial en los últimos días de clases, cuando alumnos y colegas le brindaron un reconocimiento cargado de afecto. Desde la comunidad educativa destacaron su compromiso y el legado que deja a generaciones de estudiantes. “Celebramos la dedicación, la trayectoria y el legado invaluable que nuestro querido profesor Pablo Sánchez deja a la institución”, expresaron.

El mensaje institucional subrayó especialmente su pasión por la Lengua y la Literatura, una vocación que supo transmitir en el aula. “Nos enseñó que las palabras no son solo un conjunto de reglas gramaticales, sino herramientas poderosas para expresar ideas, despertar la curiosidad y comprender el mundo que nos rodea”, señalaron. Además, resaltaron que gracias a su esfuerzo muchos estudiantes aprendieron a amar la lectura, a analizar textos con profundidad y a encontrar su propia voz a través de la escritura.

En diálogo con este LA VOZ DE SAN JUSTO, Sánchez repasó su recorrido docente y explicó que, si bien el cierre de su carrera se da en el San Martín, su historia en la educación comenzó antes y en distintos espacios de la ciudad.

Sus primeros pasos fueron como preceptor en el Ipet 50° “Emilio F. Olmos” y en el Ipea N° 222 "Agrónomo Américo Almes Milani". Más adelante, concentró durante unos diez años su actividad en el Ipem N° 145 “Dr. Francisco Ravetti”. Después, “por cuestiones de movilidad, cerraron divisiones y me reubicaron, y ahí empecé en el San Martín”, repasó. También tuvo un breve paso por la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda”, de aproximadamente un año y medio, hasta finalmente concentrar la mayor parte de sus horas en el Colegio San Martín.

En total, su trayectoria suma 36 años y medio en la docencia, de los cuales 28 estuvieron ligados al Colegio San Martín, institución en la que se desempeñó tanto en el nivel secundario como en el nivel superior, como profesor de Lengua y Literatura.

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Para Sánchez, el vínculo con el San Martín excede largamente su rol como docente. “San Martín está vinculado a mí desde mucho antes de ser docente, porque yo fui alumno de San Martín. Egresé de ahí y después volví otra vez como profe”, contó, destacando el significado personal que tuvo desarrollar su carrera en la misma institución que lo formó.

Sobre su vocación, señaló que el gusto por la Lengua y la Literatura estuvo presente desde siempre, aunque el amor por la docencia se fue construyendo con la práctica. “Yo empecé a estudiar el profesorado porque me interesaba la Lengua y la Literatura, sabía que toda la vida me quería dedicar a eso, pero no sabía si me iba a gustar la docencia”, relató. “Eso se descubrió sobre la marcha. Apenas empecé a trabajar adentro de un aula, me di cuenta que era lo que me gustaba hacer y que jamás me iba a aburrir de hacer eso”, agregó.

Con respecto del aplauso y el reconocimiento recibido, Sánchez confesó que fue una sorpresa anticipada. Si bien el trámite jubilatorio ya está resuelto, formalmente presentará su renuncia en febrero. “Fue como un adelanto de la despedida, porque era el último día que venían los chicos a clase”, comentó.

Lejos de centrarse en lo personal, destacó el valor del afecto recibido: “Siempre es lindo recibir muestras de reconocimiento por lo que uno hace”. En ese sentido, definió a la comunidad educativa como un espacio profundamente cercano: “La comunidad de San Martín es prácticamente como una familia más, son muchísimos años de compartir cosas”.

Desde la institución, el mensaje de despedida concluyó con palabras que resumen el sentimiento colectivo: agradecieron tanto las lecciones impartidas en los libros como las enseñanzas de vida, y remarcaron que su legado seguirá presente en la memoria y en los logros de sus estudiantes. “Siempre será parte de nuestra escuela”, expresaron.

Con el cierre de esta etapa, Pablo Sánchez deja las aulas, pero su huella permanece en cada lectura compartida, en cada texto analizado y en cada estudiante que aprendió a mirar las palabras como una herramienta para comprender y transformar el mundo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre y con ese dato, se puede conocer con exactitud cuánto percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales a partir de enero de 2026. El sistema actual prevé ajustes mensuales acordes a la evolución de la inflación.

En este caso el IPC fue de 2,47%, por lo que se aplicará un aumento equivalente a ese número en todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En efecto, se espera que el organismo previsional aplique una actualización de ese porcentaje en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales desde el mes próximo.

Este incremento para los beneficiarios de Anses se suma al 1,9% de octubre, al 2,1% de noviembre y al 2,3% de diciembre en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó a la fórmula trimestral anterior.

A partir de diciembre, la jubilación mínima quedará establecida en $349.303,33, y si se confirma el pago del bono adicional de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría los $419.303,33.

El incremento del 2,47% también impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones pagadas por la Anses. La PUAM pasa a ser de $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.523,04. Sumando el bono, alcanzarían los $349.443,6026 y los $314.523,04, respectivamente. Las madres que reciben la pensión destinada a quienes tienen siete hijos cobrarán el mismo valor que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $125.529,58. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto pasa a $408.697,46. Por su parte, la Asignación por Embarazo avanzará a $118.454,32 por hijo, con un 80% entregado cada mes y el 20% restante acumulado para el cobro anual tras presentar la libreta.

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan de forma mensual en base a los datos de la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el incremento pautado para enero de 2026 responderá a lo ocurrido con los precios a lo largo de noviembre de 2025.

El objetivo del nuevo esquema es evitar el rezago que existía con la fórmula trimestral anterior y garantizar que los ingresos de los beneficiarios acompañen de manera más cercana la evolución de los precios.

Este mecanismo se consolidó a partir del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó la metodología de cálculo y estableció una transición con aumentos mensuales equivalentes al IPC. A partir de enero de 2025, está previsto que los incrementos se apliquen automáticamente sin necesidad de decreto.

En paralelo, Anses avanza con el cronograma de pagos pautado para diciembre. Esta semana comenzó el pago a jubilados de la mínima y pensionados, así como beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares.

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Pensiones no Contributivas

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Prestación por Desempleo

Asignación por Prenatal

Asignación por Maternidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 2,34% en los haberes de diciembre para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el último mes del año, se da en línea con el dato de inflación de octubre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 359 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2025, será de $340.879,59″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.293.796,92.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, y además en este mes se suma para todos los haberes el cobro del aguinaldo, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $114.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $155.936,86. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $272.703,67. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo, la PUAM ascenderá a $479.055.

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.511.024 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

La jubilación mínima registró en octubre una pérdida de poder adquisitivo de 3,9% ajustada por inflación, por el congelamiento del bono adicional de $ 70.000.

Durante el décimo mes del año, el haber mínimo jubilatorio, ajustado por la fórmula de movilidad (que consideró la inflación de agosto, del 2,1%), se fijó en $3 26.298. Al sumar el bono adicional de $70.000, la prestación mínima total ascendió a $396.298.

Sin embargo, a pesar de que el haber mínimo (sin contar el bono) experimentó un crecimiento interanual del 1,8% real, el bono previsional ha mantenido su valor nominal constante desde marzo de 2024 y provocó la caída, según cálculos de ASAP a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto de este congelamiento es significativo: el bono adicional de $70.000 mostró una contracción interanual del 23,8% al compararlo con la evolución de la inflación.

El bono de suma fija se devenga a través del programa de ANSES denominado “Complemento Prestaciones Previsionales”. La falta de ajuste nominal de este complemento generó que el gasto de este programa registrara una caída del 23,7% real en octubre.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, la baja interanual de este programa es aún mayor, alcanzando el 28,9%.

Comparando la situación actual con el mismo mes de 2023, la prestación mínima (haber más bono de octubre de 2025) refleja una baja interanual aún más pronunciada, del 17,2%.

Los analistas advierten que si se mantiene fijo el monto nominal del bono, la pérdida de poder adquisitivo que afecta a las jubilaciones mínimas se incrementará, acercándose progresivamente al valor de la Canasta Básica Total (que mide la pobreza).mKgMMg

En el mes de octubre de 2025 la Canasta Básica Total arrojó un valor de $ 392.815 por adulto equivalente.

En nuestro país, la cantidad mínima de aportes para jubilarse es de 30 años, ocho menos que en España, y en el Palacio de Hacienda le vienen dando vueltas a la ecuación, ¿y si se fuera subiendo tal antigüedad en el pago de esas contribuciones del trabajador y patronales?

Actualmente, el 85% de las mujeres a los 60 años y de los hombres a los 65 no llegan a los 30 años de aportes con lo que, sin las moratorias, el porcentaje de los que reúnan los requisitos para acceder se reduciría a un mínimo.

Por ahora, el Gobierno nacional analiza y proyecta la suba de la edad jubilatoria a 70 años para ambos sexos a partir de 2030, con un aumento gradual a partir de 2027, en el marco de la reforma previsional y en cumplimiento de acuerdos con el FMI para asegurar la sostenibilidad del sistema.

La propuesta consiste en elevar la edad de forma progresiva hasta equiparar a hombres y mujeres. 

Cada año adicional de trabajo se traduce en mayores ingresos a través de los aportes de los trabajadores activos y menos años para cobrar el haber completo.

No es un tema menor para los administradores, atendiendo que el desfase se irá agravando debido al acelerado envejecimiento de la población y el déficit estructural de la Seguridad Social que obligan al Tesoro a cubrir la diferencia entre lo percibido y lo pagado.

Las miradas están dirigidas a España, donde se puso en funcionamiento el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que incrementa cada enero.

El MEI representa este año un recargo del 0,8 % sobre la base de cotización, de los cuales 0,67% es asumido por la empresa y 0,13% por el trabajador y se elevará al 0,9% en 2026, detalla el portal especializado Quality.

Según el Gobierno español, el MEI contribuye a fortalecer el fondo de pensiones y distribuye la carga entre empleadores y empleados.

Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta medida constituye un "impuesto al salario", ya que disminuye la nómina neta.

La participación legislativa que logre La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de octubre determinará el alcance de las reformas previsional, laboral y tributaria comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, que se encuentran en la fase de anteproyectos.

El nuevo esquema previsional con haberes proporcionales a los aportes registrados y sin moratoria viene siendo preparado por el Gobierno de Javier Milei en concordancia con las metas fiscales antiinflacionarias presupuestadas.

La base de cálculo parte de que, desde 2022, se estuvieron jubilando a través de la Agencia nacional de la seguridad social (ANSES) en promedio unas 425 mil personas por año, pero que el 70% ingresó con moratorias y sólo un 17% según lo establecido en el régimen general.

A partir del año que viene, ya sin moratoria y con la implementación del esquema de proporcionalidad, el universo de los que no reúnen la totalidad de aportes requeridos para acogerse al beneficio, será derivado al haber asistencial de la PUAM, hoy establecido en $251.444, frente a una jubilación mínima de $ 314.305 (valores de agosto de 2025).

Como consecuencia, principalmente de la informalidad laboral extendida, la intermitencia en el trabajo registrado y el incumplimiento de los empleadores, en la práctica para esa gran mayoría ingresante el haber mínimo será de casi $63 mil menos que cuando estaba vigente la moratoria, o sea, una reducción del 20%.

La edad legal ordinaria para la jubilación se establecerá en España en 66 años y 10 meses en 2026 para aquellos que no cuenten con un mínimo de 38 años y 3 meses de cotización, según lo confirma el portal oficial de la Seguridad Social.  

Únicamente los trabajadores con trayectorias laborales extensas, es decir, aquellos que hayan cotizado más de 38 años y 3 meses, podrán acceder a la jubilación a los 65 años. 

Este cambio representa un incremento de dos meses en comparación con 2025 y constituye el penúltimo escalón antes de alcanzar los 67 años en 2027, salvo para aquellos que demuestren al menos 38 años y 6 meses de cotizaciones.

Esta poda inicial se agregará a la pérdida acumulada del 40% en su poder adquisitivo que arrastran los haberes previsionales desde 2017, por efecto de la inflación, los cambios sucesivos en la fórmula de movilidad y el congelamiento del bono de $70.000.

Actualmente, 5 millones de personas cobran la mínima y 1 millón accede a la PUAM, según datos del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo de 2025, la PUAM quedó como única opción para quienes no tienen 30 años de aportes registrados.

Esto afecta particularmente a trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas y a sectores que no recibieron aportes patronales durante años.

Desde el año que viene, los accesos a través de la PUAM irán en crecimiento.

Uno de los ejes de la propuesta oficial sería la implementación de una Prestación de Retiro Proporcional, un mecanismo que permitiría jubilarse según los años efectivamente aportados, sin derecho a completar años faltantes mediante moratorias.

Esa figura ya había sido incluida en la Ley Bases original de 2023, pero luego fue retirada.

Su aplicación significaría que quienes no lleguen a los 30 años de aportes cobrarán un haber menor, sin acceso al régimen pleno.

De modo que el haber sería proporcional a los aportes registrados durante la vida laboral, o sea, un ingreso asistencial básico universal equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), hoy fijada en el 80% de la jubilación mínima.

Entre los jubilados de la mínima y los del PUAM (20% inferior a aquel monto) se estarán proyectando a casi un 70% de la plantilla.

Otra arista para cortar se encuentran en una homogeneización o eliminación de más de 100 regímenes jubilatorios que hoy contemplan condiciones diferenciales de acceso al beneficio, según la actividad laboral.

Entre los alcanzados por la reforma se hallan los especiales, diferenciales, de insalubridad, las cajas provinciales no transferidas y las cajas profesionales.

Se cuentan los docentes, trabajadores del transporte, la salud, la construcción y empleados estatales.

Todos ellos serán evaluados con el objetivo de equiparar edad jubilatoria, cantidad de aportes requeridos y fórmula de cálculo del haber con el régimen general.

El ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, advirtió que el aumento de 5% en las partidas para jubilaciones no se traducirá en una suba directa de los haberes, sino que será un proceso que se producirá en el año a partir de la baja de la inflación.

“En realidad es un aumento en la masa de jubilaciones. No quiere decir que cada jubilado tenga ese aumento el 1º de enero, sino que es es un monto global para todo el año que está asociado a la baja de la inflación”, advirtió el economista.

En diálogo con La Voz en vivo, Giordano recordó que “la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás. En la medida que la inflación va bajando, el ajuste tiende a ser mayor a la inflación de cada mes”.

“Seguramente ese 5% no es más que aplicar la movilidad actual en un escenario, como le dijimos antes, proyectado con una inflación que baja del 20 y pico que está actual al 10”, añadió.

Giordano hizo extensivo este análisis a lo que sucede con pensiones y otros gastos sociales.

“En la medida que baja la inflación y crece la economía, se genera ese pequeño espacio, que es positivo porque responde a necesidades que se han planteado visiblemente, pero que sigue siendo modesto en relación a las expectativas”.

Un “supermiércoles” de protestas se registrará con la marcha de los jubilados al Congreso y el paro y movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan, que se manifestarán además en contra de los vetos del presidente Javier Milei.

Los jubilados volverán a marchar en las inmediaciones del Congreso, en una protesta a la que se sumará el rechazo al veto de Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.

Como es tradición en cada miércoles, distintas organizaciones de jubilados y agrupaciones políticas confluirán desde las 16 en la Plaza del Congreso, por lo que se prevé un nuevo operativo de seguridad en la zona.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan concretarán este miércoles un paro en reclamo de la sanción “urgente” de la emergencia pediátrica y un aumento salarial “inmediato”, además de una movilización a la sede de la obra social Unión Personal en contra de los copagos extra para los afiliados.

Así lo resolvieron los trabajadores en una asamblea, en la que se definió el reclamo de la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

El paro será de 24 horas y se efectivizará desde las 7, en una jornada que incluirá una movilización a las 10.30 a la sede central de Unión Personal, en Tucumán 949, en rechazo al cobro generalizado de copagos en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

“Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado” afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

El dirigente señaló que Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”, añadió, según se informó en un comunicado.

El miércoles último, la Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se le daba media sanción al proyecto de aumento presupuestario de las universidades, otra de las iniciativas que es rechazada por el Gobierno.

Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este sábado el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad. 

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes cumpliendo los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son "fiscalmente inviables" en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

El veto presidencial puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso lo desestiman con mayoría especial (dos tercios). Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.

Mientras tanto, la tensión política crece, sobre todo entre sectores vulnerables que habían celebrado la aprobación de ambas leyes. Diversas organizaciones ya anticiparon movilizaciones frente al Congreso si no se avanza con una solución alternativa.

El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Víctor Lescano, se refirió al anuncio del gobernador Martín Llaryora, quien dispuso un incremento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000, junto con el pago de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000.

Lescano calificó la decisión como importante. “Más allá del tiempo que uno plantea, ha sido una medida y una decisión importante del gobierno de la provincia. Si bien para mi gusto llegó tarde, bienvenido sea para la gente que le está costando mucho”, expresó.

El dirigente también advirtió sobre el contexto político: “Estas decisiones no deberían quedar atadas a cuestiones electorales, pero si así fuera, igualmente son necesarias”. En ese sentido, reclamó que el mismo criterio se aplique a nivel nacional: “Esperamos que los legisladores no acompañen el veto del presidente de la Nación, porque si no parece que se está utilizando políticamente nada más”.

Al referirse a la realidad de los trabajadores municipales, Lescano explicó que la situación es compleja: “Nosotros hemos tenido que acordar sumas no remunerativas por razones económicas y eso nos viene trayendo inconvenientes. Del 82% móvil que teníamos, ahora estamos en el 64%, y con una quita que se nos aplicó en pandemia, donde aportamos dos puntos más”, señaló.

Además, cuestionó los ajustes aplicados en la Caja de Jubilaciones. “Hace tiempo que se vienen tomando decisiones y no se explica por qué. Sabemos que hay problemas para sostener el sistema, pero no se dan respuestas claras”, argumentó.

Lescano remarcó que, pese a los acuerdos salariales, la pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a los activos como a los pasivos. “A diferencia del orden nacional, nuestra caja hace tiempo que viene ajustando y eso repercute”, apuntó.

Por otro lado, planteó la necesidad de que la provincia también intervenga para mejorar los salarios municipales: “La iniciativa del gobernador para los jubilados es importante, pero debería haber una mirada hacia el interior. Hoy hay trabajadores por debajo de los $700.000. Sería fundamental una convocatoria para fijar un piso salarial en todos los municipios y que no haya empleados por debajo de la línea de pobreza”, propuso.

Finalmente, adelantó que el gremio tuvo una primera reunión con el municipio para discutir aumentos: “No vamos a resignar los porcentajes que se nos deben. Si lo hacemos, los sueldos van a quedar muy bajos y no hay salario que alcance”, concluyó.

El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento del 84,21% en las jubilaciones mínimas de Córdoba, que pasarán a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para quienes cobran hasta $1.300.000. Dijo que lo hará con los fondos que comenzó a recibir de la Nación, luego del acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema por la deuda previsional que mantenían con la provincia. 

El anuncio se da en medio de la tensión que mantiene Javier Milei con los gobernadores, luego de que los mandatarios provinciales respaldaran la aprobación en el Congreso del aumento de las jubilaciones. El Presidente sostiene que éstas iniciativas van en contra del superávit fiscal conseguido y se prepara para vetarlas en las próximas horas.

Recordemos que en abril de este año, Llaryora había encabezado la delegación de funcionarios cordobeses que participó en la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para destrabar el conflicto con la Nación por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

Según indicaba entonces el mandatario cordobés, la deuda ronda el billón de pesos y la provincia no recibía fondos de la Nación desde hacía 15 meses. Llaryora había sido enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. 

En su presentación, Llaryora sostuvo que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar. 

El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba tuvo su origen en una disposición del gobierno de Carlos Menem que, en 1994 estableció la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a la Nación. Entre 1994 y 1997, 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron a Anses sus cajas previsionales de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Mientras que otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Vale señalar aquí que Córdoba ya contaba con una ley propia que establecía el régimen previsional. Había sido sancionada en 1990, cumpliendo la orden emanada de la Constitución Provincial reformada en 1986. Aquella norma jubilatoria establecía el pago del 82% móvil para todos los haberes de la clase pasiva. 

La crisis derivada de la renuncia del gobernador Angeloz en 1995 provocó serias heridas en la Caja de Jubilaciones. Al asumir el máximo cargo provincial Ramón Mestre, se dictó el decreto 1777 que recalculó el 82% móvil y redujo los montos al 67%. Hubo varios planteos judiciales para oponerse a la medida, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia convalidó aquella disposición. Pero en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo caer el decreto y restituyó la ley de 1990, con lo que los haberes jubilatorios volvieron a calcularse con el 82% móvil.

Varios años antes, en 2001, un régimen de pasividades anticipadas aprobado en 2001, ya durante el gobierno de José Manuel de la Sota, sumó una gran cantidad de jubilados al sistema previsional cordobés. Recién en 2002, con Eduardo Duhalde como presidente, se firmó entre la provincia y el Anses el convenio de armonización por el que la Nación debe remitir fondos a la Caja de Jubilaciones de la provincia en compensación por cesiones impositivas que hizo Córdoba para sostener al instituto previsional nacional. 

El convenio, está a la vista, fue incumplido en reiteradas oportunidades por los distintos gobiernos nacionales. Ningún gobierno nacional cumplió en tiempo y forma, situación que originó los reclamos que todavía persisten. Ni siquiera cesó cuando, en 2008, se reformó la ley jubilatoria provincial para armonizar el sistema con el de la Nación. 

La deuda fue acumulándose con el paso de los años y el déficit de la Caja continuó. En 2011, según publicaciones periodísticas, la Nación no envió ninguno de los recursos comprometidos, hecho que puede parangonarse con la actual inacción de la administración del presidente Milei. 

Fue así que, en 2012, el déficit de la Caja obligó a que el gobernador De la Sota impulsara la sanción de la Ley 10078, que disponía que los jubilados pasen a cobrar los aumentos 180 días después que lo cobren los activos y otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de modificar aportes y contribuciones. La decisión fue sorpresiva. El proyecto se aprobó pocas horas después de su ingreso a la Legislatura y derivó en varios conflictos entre el gobierno provincial y los sindicatos de empleados estatales. 

Mientras los incumplimientos de la Nación continuaron invariablemente a lo largo del tiempo, durante la cuarentena por el Covid 19, la Legislatura volvió a reformar la ley previsional. Entre los aspectos más destacados de esa nueva modificación se establece que, para los nuevos jubilados y pensionados, se armoniza con la Nación el período que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin. Para pensiones, se baja el monto como el equivalente al 70% de la jubilación del causante (en lugar del 75% que regía). El diferimiento del cobro de los aumentos a dos meses y el artículo 58 que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos son cuestionamientos que vienen efectuando desde hace tiempo los gremios.

En cuanto al reclamo de la provincia contra la Nación por el envío de los fondos que corresponden, el ex gobernador Juan Schiaretti presentó dos demandas (en abril y mayo de 2023) contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Debieron transcurrir dos años para el que máximo tribunal convoque a las partes para intentar alcanzar un acuerdo. 

El diputado nacional Pablo Cervi (Liga del Interior) afirmó hoy que para que la Argentina pueda pagar “mejores jubilaciones”, lo que se necesita es “generar empleo privado registrado” y aseguró que hasta ahora “el Estado nacional ha hecho un gran esfuerzo, pero las provincias no van en consonancia con eso”.

“Si queremos poder pagar mejores jubilaciones o sostener un país que pueda salir adelante, lo que hay que hacer es generar empleo privado y registrado, porque hoy hay 1,4 aportantes por cada jubilado y eso es insostenible”, dijo Cervi en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

El legislador neuquino, que preside la bancada de la Liga del Interior, que suele acompañar las iniciativas del Gobierno, indicó que “si no logramos, por lo menos, duplicar ese indicador, no solamente va a ser difícil pagar los aumentos, sino que sostener el sistema previsional”.

Opinó que si el país tiene “el 40% de la economía informal que no aporta, es muy difícil sostener el sistema previsional”, y reclamó que se tenga en cuenta que el país “viene quebrado, en una situación muy compleja, pero vemos que se vienen tomando medidas y hay una reactivación de la economía”.

Cervi cuestiónó que en el pasado “se han jubilado 3 millones y medio de personas sin haber realizado aportes” a través de moratorias, resaltó que “hay 1.200.000 pensiones por discapacidad” y a modo de ejemplo dijo que “hay pueblos del norte de nuestro país que tiene mayor cantidad de discapacitados que aquellos lugares que han vivido una guerra”.

Puntualizó que en materia de jubilaciones y discapacidad “hay algo que no cierra porque se ha utilizado políticamente” y son casos “que hay que ir solucionando”.

“Hay que tener equilibrio, bajar el nivel de endeudamiento y arreglarnos con los recursos que tenemos, pero todos piden”, explicó, y en ese sentido recalcó como negativo “el embate de los gobernadores sobre los ATN y sobre el impuesto a los combustibles”.

Señaló que con el proyecto que impulsan en el Congreso los gobernadores, se produciría “un aumento de alrededor de 200 pesos por litro en el gasoil premium y 200 pesos en la nafta, y eso también repercutiría sobre la inflación”.

El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento del 84,21% en las jubilaciones mínimas de Córdoba, que pasarán a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para quienes cobran hasta $1.300.000. Dijo que lo hará con los fondos que comenzó a recibir de la Nación, luego del acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema por la deuda previsional que mantenían con la provincia. 

El anuncio se da en medio de la tensión que mantiene Javier Milei con los gobernadores, luego de que los mandatarios provinciales respaldaran la aprobación en el Congreso del aumento de las jubilaciones. El Presidente sostiene que éstas iniciativas van en contra del superávit fiscal conseguido y se prepara para vetarlas en las próximas horas.

El gobernador Martín Llaryora anunció un significativo aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones provincial, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.

Junto con esta actualización, también se implementará un bono bimestral de $100.000 destinado a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000. Este refuerzo será no contributivo y busca acompañar a quienes tienen menores ingresos.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, expresó Llaryora. Aseguró que las medidas serán sostenidas en el tiempo “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos” que la Nación comenzó a transferir en forma parcial, en el marco del reclamo por la deuda con la Caja.

La medida tiene lugar en medio de la disputa judicial entre Córdoba y el Gobierno nacional por la deuda con la Caja de Jubilaciones; la Corte intervino y Nación comenzó a girar fondos de manera parcial.

El mandatario provincial remarcó que Córdoba se posiciona como una de las provincias con el haber mínimo más alto del país y agradeció el acompañamiento de instituciones, ciudadanos y legisladores nacionales que respaldaron el reclamo. “Este logro demuestra que cuando en Córdoba trabajamos juntos, con firmeza y humildad, obtenemos resultados reales”, afirmó.

Finalmente, Llaryora subrayó: “No hay dudas de que pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos. Vamos a seguir defendiendo los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.

El Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) formalizó los aumentos de jubilaciones y pensiones para agosto que será de 1,62% en línea con la inflación de junio.

De esta forma el haber jubilatorio mínimo ascenderá a $314.305,37, más el bono de $70.000, lo que deja un total de $384.305,37.

En tanto, la jubilación máxima se fijó en: $2.114.977,60.

Prestación Básica Universal (PBU): $ 143.780,36.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 251.444,30

Pensión No Contributiva para Madre de Siete Hijos o más: $ 314.305,37

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $ 220.013,75

El presidente Javier Milei se refirió hoy a los proyectos que aprobó el Senado y son rechazados por el oficialismo, y sostuvo: "Están desesperados, es un acto de desesperación, saben que en octubre la Libertad arrasa".

"A la luz de lo que pasó hoy, apuesto a que todos saben lo q voy a hacer: vamos a vetar", remarcó el mandatario al dar su discurso en el acto del 171 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Además, Milei dijo que “nada de esto que está pasando nos sorprende, estábamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos. Ya lo sabíamos ayer, ¿acaso tuvieron algún gesto el 9 de Julio?”.

La oposición logró su primera victoria en la polémica sesión del Senado: consiguió aprobar el aumento a los jubilados luego de validar los dictámenes firmados la semana pasada sobre los dos proyectos jubilatorio.

Fue tras una extensa discusión en la que el oficialismo, en la voz de Ezequiel Atauche, denunció que la sesión es inválida y que podría ser judicializada.

Con esto, y luego de votar a mano alzada, los senadores aprobaron con 52 votos afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones la recomposición jubilatoria y el aumento del bono.

Los dictámenes eran puestos en tela de juicio por La Libertad Avanza porque se firmaron en una reunión “autoconvocada” de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que nunca fue citada por su presidente, Atauche. Por lo tanto, el oficialismo sostenía que el debate debía habilitarse con dos tercios de los votos, como si las iniciativas no hubiesen pasado por comisiones.

No obstante, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, logró aprobar con apoyo de otros bloques una moción para validar los dictámenes, sin que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudiera hacer nada para evitarlo. La moción fue avalada con una auspiciosa mayoría de dos tercios: 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones.

De esa manera, comenzó alrededor de las 16 el debate sobre los dos proyectos previsionales, que buscan, por un lado, recomponer los haberes en un 7,2% y aumentar el bono a $ 110.000, y por otro lado, volver a poner en vigencia la moratoria. Las propuestas, con media sanción de Diputados, se encaminan al veto del presidente Javier Milei por su costo fiscal.

La oposición no tuvo dificultades para reunir el quórum. El número se alcanzó fácilmente con 33 de los 34 integrantes del kirchnerismo; la cordobesa Alejandra Vigo; siete radicales encabezados por el jefe del bloque, Eduardo Vischi; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila del Frente PRO; Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro; y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

De los tres senadores cordobeses, solo Vigo, alineada al gobierno de Martín Llaryora, aportó al número, aunque se abstuvo al momento de validar los dictámenes. Tanto Luis Juez como Carmen Álvarez Rivero, del PRO, estuvieron ausentes para el quórum. Luego Juez votó a favor de ratificar los dictámenes, y Álvarez Rivero, en contra.

La próxima medición de pobreza arrojará un nuevo descenso, aunque el consumo sigue golpeado entre los sectores más postergados y también los de nivel medio y los jubilados, explicaron analistas.

La indigencia comienza a consolidar un núcleo duro difícil de seguir bajando mientras que hay sectores que han caído un escalón, y ahora son clase media baja.

Por ejemplo, en la zona metropolitana, el consumo retrocedió 1,5% durante mayo y la facturación quedó igual frente al mes anterior, a pesar de que los productos siguieron subiendo. 

Así, hay menos compras en volumen, de acuerdo con el reciente relevamiento de la consultora Focus Market.

Entre esos sectores con problemas para mantener el consumo se incluye una buena porción de las distintas clases medias, que vieron cómo su canasta -donde tienen fuerte presencia los servicios-, se multiplicó por hasta tres veces el año pasado, sobre todo entre diciembre de 2023 -devaluación mediante- y mediados de 2024, cuando la inflación comenzó a desacelerar.

Esto plantea un desafío para el gobierno, que se ha concentrado hasta ahora en atender sobre todo a los sectores más postergados, reforzando la asignación por hijo y el programa Alimentar, y ha incrementado el rendimiento de los planes sociales eliminando la intermediación de organizaciones piqueteras y partidos de izquierda o filokirchneristas, lo que subió el “aporte de bolsillo” para los beneficiarios.

Martín Vauthier, uno de los principales integrantes del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria con la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcanzó 98,1% en mayo, versus 54,8% en diciembre de 2023".

En tanto, para Martín Rozada, uno de los especialistas en econometría más respetados por el gobierno nacional, la caída de la canasta básica con relación al costo de vida general “significa que la pobreza va a bajar, aún cuando el salario real registrado privado haya caído en marzo y abril”. 

"Pareciera que la dinámica de la pobreza sigue siendo explicada por la evolución de los precios de las canastas más que por la del mercado laboral", sostuvo este experto de la Universidad Di Tella.

En su ya tradicional Nowcast sobre pobreza, Rozada dijo que “los valores de las canastas de mayo muestran una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los umbrales con los que se mide la pobreza y la indigencia”. 

Mientras que entre junio y noviembre de 2024 el crecimiento mensual de las canastas era de alrededor de 3%, en el semestre diciembre 2024-mayo 2025 fue de solo 1,75%, indicó este especialista, que divulga informes en las redes sociales casi con la misma pasión que sigue a su querido Platense, el humilde pero convocante club de Vicente López que acaba de ganar su primera copa.

Rozada dijo que el comportamiento de las canastas fue acompañado de pequeñas variaciones en las principales tasas del mercado de trabajo y "aumentos de los ingresos nominales en línea con la inflación, haciendo que el ingreso total de los hogares aumente por encima del valor de las canastas".

Para el especialistas de la Di Tella, la tasa de pobreza para el semestre diciembre 2024-mayo 2025 fue de 34,7%, y de 7,9% para la indigencia. 

Es un dato positivo si se tiene en cuenta que en el mismo semestre del año anterior la pobreza se ubicaba en 52,2%.

La indigencia, en tanto, se redujo alrededor de 10 puntos porcentuales desde el 18,3% previo, doce meses antes de esa medición, mientras la pobreza retrocedió casi 18 puntos, comparada con el 52,2%.

El consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción. 

En los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. 

Sin embargo, "no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Además, dijo que "en el interior del país, la caída fue del 4,1%, y la de la facturación otro 2,7%, en la comparación mensual”.

En la última década, la pobreza se mantuvo, salvo picos en algunos períodos, en niveles del 35%.

Esto confirma un entramado estructural complejo y resistente, que podría llevar años revertir, de acuerdo con expertos.

En San Francisco, integrantes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa donde detallaron el reclamo que los moviliza y explicaron cómo avanza el procedimiento de recolección de firmas que respalda su propuesta legislativa. A la cabeza de la actividad estuvieron Beatriz Broglia, vecina jubilada de nuestra ciudad, y Adriana Carranza, una de las seis fundadoras del espacio que impulsa esta herramienta ciudadana.

“Después de toda una vida de trabajo y de haber aportado mes a mes con la esperanza de una vejez tranquila, nos encontramos en una situación muy distinta. En vez de estar disfrutando del merecido descanso, estamos poniendo el cuerpo a una realidad que se ha vuelto cada vez más difícil”, expresó Broglia al abrir la actividad.

Y remarcó: “Esta lucha no es solo por nosotros. También es por quienes hoy están trabajando, para que no les pase lo mismo. Estamos defendiendo derechos que son de todos. En definitiva, estamos defendiendo el futuro”.

Carranza tomó la palabra para contextualizar el origen del colectivo. El disparador fue un video casero, difundido por redes sociales, donde una jubilada viuda denunciaba el impacto del artículo 58 de la ley 8024, que permite un "aporte solidario" obligatorio del haber bruto para quienes perciben jubilación y pensión provincial.

Esa queja encendió una alarma. “Me di cuenta de que lo que a ella le pasaba, me pasaba a mí también”, relató Carranza. Así se gestó este movimiento autoconvocado que, desde sus inicios, se caracteriza por ser independiente de partidos políticos y gremios. Esa libertad les dio legitimidad para construir un camino que se consolidó a través de la herramienta de la iniciativa popular, contemplada por la legislación provincial.

En 2023, presentaron 14.000 firmas ante la Legislatura. Pero fueron rechazadas: la normativa exige el 0,8% del padrón electoral de toda la provincia, no solo de un sector. Reorganizados y con el aval de la Junta Electoral Provincial, en febrero de este año presentaron 36.055 firmas, esta vez incluyendo a toda persona mayor de 16 años empadronada en Córdoba. Sin embargo, el Poder Legislativo respondió que todas debían estar certificadas individualmente.“Nos respondieron por escrito que no era viable, así que tuvimos que volver a empezar”, explicó Carranza.Actualmente, el colectivo está enfocado en reunir firmas certificadas en las comisarías y juzgados de paz de toda la provincia. En San Francisco, los interesados pueden firmar en la Jefatura de Policía, presentando su DNI. La convocatoria está abierta a toda persona mayor de 16 años registrada en el padrón electoral cordobés; no es necesario ser jubilado para apoyar.

El proyecto impulsado por Iniciativa Popular consta de cinco ejes centrales:

Restitución del 82% móvil: durante los años '90, los jubilados percibían el 82% del salario como activos. Hoy, el porcentaje ronda el 63% o 67%. “En el caso de los docentes, por ejemplo, esto nos empuja a la pobreza”, lamentó Carranza.

Derogación del artículo 58 de la ley 8024: habilita el llamado “aporte solidario”, un descuento obligatorio de hasta el 20% del haber bruto para quienes cobran pensión y jubilación, especialmente en casos de viudez. “No es un acto de solidaridad, es un castigo. No tiene sentido que cobremos menos que cuando estábamos en pareja, siendo dos jubilados”, denunciaron.

Reforma de la ley 9277 de Apross: exigen que Apross deje de ser la única opción obligatoria para los jubilados provinciales. También piden mejorar la atención médica en el interior y eliminar aportes extra por enfermedades catastróficas. Denuncian que el descuento actual para los pasivos es del 6%, mayor que el aplicado a los activos (4,5%).Reorganización de la Caja de Jubilaciones: solicitan el regreso de la atención presencial y la conformación del directorio previsto por ley, con participación efectiva de representantes jubilados. “La Caja funciona hoy exclusivamente online, y muchos no pueden acceder o no saben cómo realizar los trámites. Necesitamos puertas abiertas”, señalaron.Eliminación del diferimiento en los aumentos: los jubilados perciben los incrementos salariales 30 o 60 días después que los activos. “Es injusto y nos perjudica sistemáticamente”, subrayaron.

Carranza insistió en que el proceso de iniciativa popular es constitucional y legítimo. “No es lo mismo que un legislador presente un proyecto a que nosotros lo llevemos con 24.600 firmas certificadas. Y apuntamos a reunir muchas más de acá a fines de agosto, cuando cerremos el ciclo de firmas”, aseguró.

“La iniciativa popular no puede ser ignorada tan fácilmente. Es un derecho amparado por la ley y lo estamos ejerciendo con responsabilidad, pese a las dificultades que nos impone el mismo Estado”, cerró.

Las planillas están disponibles en todas las comisarías y juzgados de paz de la provincia. En San Francisco, el punto habilitado es la sede de Policía Departamental, ubicada en Libertad y Libertador Sur.

El procedimiento es simple: presentar DNI, tener más de 16 años y estar empadronado en Córdoba. Las planillas se remiten cada 15 días a la Junta Electoral Provincial, que se encarga de certificar y validar los datos uno por uno.La campaña de firmas estará abierta hasta el 30 de agosto. Luego, se formalizará el ingreso del proyecto a la Legislatura.