Una jubilada de 73 años fue víctima de un robo domiciliario al mediodía en pasaje Poeta Lugones al 600, en San Francisco, tras un engaño telefónico que derivó en el ingreso de un delincuente a su vivienda.

La mujer recibió un llamado telefónico de una persona que se identificó como operadora de Anses y le indicó que debía realizar una supuesta verificación de datos. Minutos después, un hombre delgado, vestido con ropa oscura y lentes, se presentó en el domicilio con el mismo argumento.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre le pidió corroborar sus datos personales y, mediante amenazas verbales, la obligó a ingresar a la vivienda. En ese contexto se produjo un forcejeo, tras el cual el individuo le sustrajo un teléfono celular.

Luego del robo, el sospechoso se retiró saltando el tapial hacia la vía pública. En el lugar trabajó personal de Investigaciones y Policía Científica, mientras que un servicio de emergencias trasladó a la jubilada al hospital para un control.

El grupo autoconvocado “Jubilados y Pensionados en Lucha” de San Francisco mantendrá el próximo lunes una reunión con concejales de todos los bloques en el Concejo Deliberante, en el marco de los reclamos por la situación del PAMI.El encuentro está previsto para las 10.30 y, según indicaron, tendrá como eje la exposición de las problemáticas que afectan a jubilados y pensionados, principalmente vinculadas al acceso a la salud.

Desde el espacio señalaron que se registran dificultades en la atención médica, en la provisión de medicamentos y en la realización de estudios, lo que impacta en la vida cotidiana de los afiliados.

En paralelo, el grupo difundió una convocatoria a una concentración que se realizará el martes 29 de abril por la mañana frente a la sede local del PAMI, ubicada en Iturraspe 2300.

Entre los reclamos, mencionaron la falta de médicos de cabecera, restricciones en servicios de clínicas, y demoras en la entrega de prótesis, medicamentos y estudios. También vincularon la situación con problemas en los pagos a prestadores.“Sin salud no hay vida. Sin lucha no hay derechos. PAMI es nuestra y se defiende en la calle”, expresaron desde el grupo.Además, adelantaron detalles de la jornada: “El martes 29 vamos a hacer una protesta frente a la delegación del PAMI, en la cual haremos, no sé, chocolate con bizcochos y alguna factura, que sea para todos los jubilados que no pueden desayunar, que son muchos”.

En otro tramo, señalaron: “Vemos que la clase política de San Francisco no se ha manifestado sobre la crisis que hay en el PAMI y no tenemos red de contención por mucha gente que no tiene realmente ya un peso. Y estos tres días de paro que hicieron los médicos de cabecera huelga se complicó, no pudieron ir a comprar remedio”.

También hicieron referencia al impacto en la región: “Esta crisis es la que estamos sufriendo en San Francisco y Frontera, porque los de Frontera se vienen todos acá con nosotros, han cambiado hasta el domicilio para que los atiendan acá”.Desde el grupo convocaron a los afiliados a sumarse a la protesta y remarcaron la importancia de la participación. La audiencia en el Concejo será, indicaron, el inicio de una serie de acciones para visibilizar la situación.

El conflicto suscitado por las nuevas disposiciones del Pami respecto de los honorarios de los médicos prestadores tiene impacto directo en millones de jubilados y pensionados. Así, un adulto mayor que ya se ve agobiado por el monto ínfimo que percibe cada mes, pagaría las consultas, además de los medicamentos y otras prestaciones. Con ello, el margen para alcanzar una vida digna se reduce al mínimo.

En efecto, la reciente resolución del ente nacional provoca una reducción de ingresos importante para los médicos de cabecera porque elimina adicionales por atención presencial y fija un monto mensual insuficiente. Según lo que señalaron los voceros del grupo de prestadores, el monto que percibiría un profesional se reduciría a la mitad. Por ello, se adoptaron medidas de fuerza y se advirtió que un jubilado debería abonar 15 mil pesos por cada consulta. En este contexto, la disputa ingresa en terreno sensible, ya que altera de modo concreto el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables.

Por cierto, debe atenderse el reclamo médico. Sus honorarios actuales no cubren costos ni justifican la continuidad de la prestación. La disposición del Pami solo agravó la situación y derivó en el riesgo de renuncias masivas. A esto se suma el retraso en los pagos a farmacias y clínicas. El reclamo puede sonar a corporativo, pero desnuda la debilidad estructural de un sistema que no brinda condiciones dignas ni para los profesionales ni para los beneficiarios.

La persistencia de estos dilemas expone las fallas de un sistema previsional y sanitario que no protege a los jubilados. Por el contrario, los empuja a situaciones de permanente fragilidad. Ingresos insuficientes y decisiones que trasladan costos a los beneficiarios exigen que éstos tengan la “obligación” de elegir entre atender la salud o cubrir otros gastos básicos. Una disyuntiva que no debería existir en un esquema de protección social porque, directamente, se transforma en una barrera de acceso a las prestaciones de salud.

La cuestión es de alta sensibilidad social y exige una respuesta inmediata. El sistema está tensionado y amenaza con quebrarse si no se actúa con responsabilidad. No hay contradicción entre defender a los jubilados y reclamar que se garanticen honorarios dignos a los médicos. Ambas condiciones son inseparables para que las cosas funcionen. Porque un sistema que paga mal expulsa profesionales y uno que traslada costos al paciente excluye a los más débiles. El desequilibrio no es una opción cuando entran en juego derechos básicos.

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. 

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses. 

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

Expertos vaticinan cada vez más litigios previsionales como consecuencia de la modalidad de cálculo jubilatorio, que se mantiene retrasada dos meses.

Con la entrada en vigencia de la nueva fórmula, los ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. 

Pero la legislación previsional define que las jubilaciones deben reflejar la evolución de los sueldos, dado que se trata de un salario diferido.

Entre abril de 2024 y agosto de 2025, los salarios medidos por la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables crecieron 117%, mientras la inflación acumulada fue de 71%. 

La diferencia de 46 puntos porcentuales refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.

Esto genera tensiones en el sistema judicial y una cantidad cada vez mayor de juicios contra el Estado, según especialistas. A esto se suman debilidades estructurales del sistema previsional.

“La tasa de sustitución es muy baja si la comparamos con la de nuestros países vecinos, Chile y Uruguay. Es decir, el primer pago jubilatorio suele ser muy inferior al último salario en actividad, y la inflación, aun después del plan de estabilización del presente gobierno, erosiona rápidamente cualquier ingreso jubilatorio”, explica Carlos Curi, economista especializado en finanzas, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En materia judicial, existe un criterio de que la jubilación es sustitutiva del salario. 

Y los jueces no pueden desatender el movimiento del salario de los activos.

De continuar la tendencia, el ajuste basado exclusivamente en la inflación consolidaría una brecha creciente entre ingresos de trabajadores y haberes jubilatorios. 

Según especialistas, el mecanismo actual apuesta todo al IPC y desatiende variables como la recaudación y la evolución salarial.

Esto podría perpetuar la pérdida del poder de compra de los jubilados y abrir una nueva etapa de litigios contra la Anses.

El sistema previsional argentino es obsoleto y está quebrado desde hace varias décadas. “Ningún gobierno se ha ocupado seriamente de mejorarlo de manera sostenida”, alerta Curi.

“Lo que debería ser un ingreso estable y suficiente se transforma en un cálculo constante de supervivencia: ajustar gastos, mudarse a viviendas más chicas en barrios más accesibles, recurrir a los pocos ahorros en dólares o alquilar alguna propiedad, en aquellos escasos casos en que pudieron y decidieron ahorrar o invertir en ladrillos”, señala. 

También menciona que se recurre a “seguir trabajando en forma independiente, como soluciones alternativas frente al estructural desmanejo del sistema previsional por parte de los diferentes gobiernos y a la imprevisión o indisciplina del ahorro-inversión de los trabajadores”.

En el vacío del retiro, los ex trabajadores se encuentran con “muchos desafíos por delante, no solo en lo financiero ni en la degradación de los servicios de la obra social, sino también, en la mayoría de los casos, con la exclusión social producto de una cultura edadista que perfora las esperanzas de mantener el nivel de vida prejubilatorio”, señala.

“Pero el retiro no es solo económico, también es identitario. Tras décadas de trabajo, muchos argentinos sienten que pierden parte de su rol social al dejar la empresa o la profesión”, señaló.

Curi dijo que “la pregunta de fondo es si, como sociedad, gobierno, corporaciones e individuos, estamos dispuestos a ignorar el abismo del retiro o si podemos construir un sistema previsional sustentable, apoyado en sus tres pilares básicos: ingreso universal, planes corporativos de retiro y programas de inversión individual a largo plazo, que devuelvan a los próximos jubilados lo que realmente merecen: seguridad económica y calidad de vida”.

Y advirtió que “la avidez fiscal ha sido tan significativa que ningún gobierno, en lo que va de este siglo, siquiera propuso exenciones fiscales para los últimos dos pilares, que son los que hacen la diferencia a la hora de saltar al retiro”.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía no comunicó de manera oficial el monto del bono extra para jubilados y pensionados para abril de 2026 pero es un hecho que se mantendrá.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en abril, en el marco de la actualización mensual de haberes que rige por la actual fórmula de movilidad.

El organismo aplicará un aumento del 2,9% en todas las prestaciones, en línea con el dato de inflación y el esquema vigente que ajusta los ingresos con dos meses de rezago. La medida apunta a sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la suba de precios, que en el primer bimestre del año acumula un 5,9%.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

A ese monto se le suma el refuerzo extraordinario, por lo que los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán al menos $450.319,31 con el bono incluido.

El pago del bono se mantiene como una herramienta clave para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional.

El incremento del 2,9% se aplicará sobre todas las prestaciones que paga ANSES, en un contexto donde la inflación continúa presionando sobre los ingresos de los adultos mayores.

De esta manera, el Gobierno ratifica la continuidad del esquema de actualización mensual junto con el bono, como parte de la estrategia para amortiguar el impacto del costo de vida en jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo junto con la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

El organismo informó como quedan los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones en el tercer mes del año, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad que establece aumentos mensuales que toman como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el de enero (2,9%).

De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88‬. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

En marzo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)

Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

El Gobierno nacional otorgó un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, que se abonará en marzo, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio fue instituido mediante el Decreto 109/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y entrará en vigencia desde el 25 de febrero.

Según los considerandos, el bono tiene carácter compensatorio por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria sobre los haberes de los adultos mayores de menores ingresos. El decreto señala que esa norma, vigente desde marzo de 2021, “presentaba graves y serios inconvenientes” al no resguardar el riesgo inflacionario.

La medida alcanza a tres grupos de beneficiarios a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): titulares de prestaciones contributivas previsionales otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores cuya movilidad se rija por el artículo 32; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por la Ley N° 27.260; y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el monto máximo de $70.000 corresponde a quienes perciban, por la suma de todos sus beneficios vigentes, un importe menor o igual al haber mínimo garantizado establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241. Para quienes superen ese umbral, el bono será el necesario para alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más $70.000.

El decreto establece que el bono es no remunerativo, no susceptible de descuento y no computable para ningún otro concepto. Los beneficios deben encontrarse vigentes en el mensual en que se realice la liquidación y, en el caso de pensiones con copartícipes, se considerarán como un único titular.

La norma faculta a la ANSES a dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias para su implementación, administración, otorgamiento, pago, control y supervisión, incluido el recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Un jubilado de 80 años fue brutalmente asesinado en Córdoba, durante un robo al que intentó resistirse y murió de un colapso; se encontraba sólo ante, por lo menos, dos malvivientes que habían ingresado a la vivienda.

Tal como informaron medios locales en base a fuentes policiales, el hombre fue identificado como Julio, residía en el barrio Ameghino Norte de la capital cordobesa y el hecho ocurrió en las primeras horas de este viernes.

Las primeras reconstrucciones del caso indicaron que los asaltantes habrían saltado el portón frontal para acceder al inmueble y sorprendieron a la víctima en el interior, en tanto, el jubilado buscó evitar el hecho, lo que derivó en un forcejeo y concluyó en el colapso fatal.

Familiares y vecinos señalaron que el hombre ya había sufrido un robo reciente en la misma propiedad y, tras este nuevo ataque, allegados intentaron asistirlo hasta el arribo de los servicios de emergencia, pero sólo pudieron constatar su fallecimiento en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que caratuló el hecho como homicidio en ocasión de robo y ordenó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, así como el relevamiento de testimonios para dar con los responsables, que permanecen prófugos.

En un escenario marcado por el fuerte aumento de los costos de salud y una preocupante merma en la compra de medicamentos —especialmente entre los adultos mayores—, las promociones bancarias se han convertido en una herramienta vital para que las familias puedan continuar con sus tratamientos médicos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ante los reportes que indican que muchos jubilados dejaron de adquirir fármacos "preventivos" o analgésicos para priorizar los de enfermedades crónicas, los bancos salieron a ofrecer financiación en cuotas sin interés y reintegros que llegan al 50%.

La mayoría de los beneficios requieren el pago a través de billeteras virtuales (como MODO) o aplicaciones bancarias escaneando código QR. A continuación, el detalle entidad por entidad:

El despliegue de estas ofertas financieras responde a una realidad crítica. Testimonios relevados recientemente dan cuenta de que los jubilados deben desembolsar sumas cercanas a los $160.000 mensuales en farmacia, aun con cobertura de obras sociales.

La situación ha llevado a que muchos pacientes recorten la compra de antiartrósicos o flebotónicos, manteniendo únicamente la medicación para patologías severas como diabetes o hipertensión. En este contexto, la posibilidad de cuotificar el gasto farmacéutico se vuelve un recurso de "supervivencia" para la clase media y los sectores pasivos.

El gobernador Martín Llaryora presentó los principales lineamientos de la Ley de Equidad Jubilatoria, una reforma del sistema previsional provincial que incluye un adicional mensual no remunerativo de hasta el 82 % del haber bruto, cambios en el aporte solidario y una nueva escala progresiva de aportes. La iniciativa beneficiará a 52.438 jubilados y pensionados y garantiza que no habrá disminución de haberes.

El gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la implementación de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma del sistema previsional que introduce un adicional mensual no remunerativo de hasta el 82% del haber bruto para jubilados y pensionados provinciales que perciben ingresos de hasta 1.300.000 pesos.

Durante su mensaje a los cordobeses, el gobernador Martín Llaryora explicó que la iniciativa busca dar respuesta a problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones provincial, arrastrados desde hace años, y remarcó la necesidad de aplicar criterios de equidad distributiva. “Nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit”, sostuvo el mandatario provincial.

El adicional no remunerativo permitirá que los jubilados con menores ingresos recuperen de manera progresiva el porcentaje histórico del 82% del haber bruto. En esta primera etapa, la mejora se focaliza en quienes cobran hasta 1.300.000 pesos, lo que representa aproximadamente la mitad de los beneficiarios del sistema previsional provincial. Llaryora señaló que “a partir de los haberes de este mes, todos los jubilados que percibieron un haber igual o inferior a 1.300.000 pesos en noviembre tendrán una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos” .

Otro de los ejes centrales de la ley es la modificación del aporte solidario establecido en el artículo 58 de la Ley 8.024. Con la nueva normativa, el piso mínimo para el descuento se eleva de 1.260.000 a 1.890.000 pesos, lo que permitirá que 9.856 jubilados y pensionados dejen de realizar ese aporte. Además, se fija una escala progresiva de alícuotas que va del 5% al 20%, según el nivel de ingresos .

La reforma también introduce cambios en los aportes de los trabajadores activos. Se elimina el aporte fijo del 4% y se reemplaza por un esquema progresivo, que va del 2% al 8% según el salario. De acuerdo con los datos oficiales, el 74% de los trabajadores no verá modificaciones en sus aportes, porcentaje que asciende al 87% en el sector docente .

Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que la aplicación de la ley no implicará una reducción de haberes. Para ello, se instrumentará un sistema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos, garantizando que los ingresos de activos y pasivos no disminuyan respecto de los valores de noviembre de 2025.

En su discurso, Llaryora destacó el esfuerzo adicional que realizarán quienes perciben mayores ingresos y subrayó el objetivo de sostener un sistema previsional provincial que se mantiene por encima del régimen nacional. “Permitirá sostener un sistema jubilatorio que es mucho mejor que el sistema jubilatorio nacional”, afirmó el gobernador, al tiempo que llamó a afrontar el contexto con medidas consensuadas y de largo plazo .

La ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según nivel de ingresos:

* Hasta $755.000: aporte del 2%.

* Entre $755.000 y $1.000.000, aporte del 3%.

* Entre $1.000.000 y $2.500.000, aporte del 4%.

* Entre $2.500.000 y $3.500.000, aporte del 6%.

* Más de $3.500.000, aporte del 8%.

Con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte, porcentaje que se eleva al 87% en el caso del sector docente, reforzando el criterio de progresividad del sistema.

La ley introduce una nueva escala del aporte solidario, elevando el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000.

Con esta modificación:

* 9.856 beneficiarios dejan de pagar el aporte solidario.

* Las nuevas alícuotas van del 5 % al 20 %, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos.

* Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota del 5 %.

* ⁠Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota del 10 %.

* ⁠Entre 2.520.000 y 2.940.000, alícuota del 15 %.

* ⁠Más de $2.940.000, alícuota 20 %

La discusión sobre la Caja de Jubilaciones de la Provincia ha vuelto al centro de la agenda pública. La advertencia de que, sin cambios urgentes, el organismo podría terminar transferido a la Anses y la inclusión de un artículo en el Presupuesto provincial que autoriza a que se disponga un aporte adicional a los activos, abrió un escenario de tensión con los gremios estatales.

El conflicto no es nuevo: periódicamente, la Caja reaparece como un terreno de disputa. Desde aquella controversia entre el exministro Cavallo y el exgobernador Angeloz cuando Córdoba, junto a otros distritos, se “rebeló” contra la orden de traspaso, la lógica pendular se mantiene. Sin todavía hallarse una solución sostenible, los jubilados vuelven hoy a estar a merced de la coyuntura.

El Ejecutivo sostiene que el voluminoso déficit previsional es incompatible con las metas fiscales. Desde esa mirada, la elevación de aportes personales establecidos en el texto del Presupuesto de la provincia que debate la Legislatura y la revisión de regímenes especiales aparecen como alternativas.

Pero también se instaló la posibilidad de transferir la Caja a la Nación. Esta advertencia, más que una opción concreta, parece funcionar como un disparador del debate. La transferencia depende del acuerdo con el gobierno nacional y la aprobación por parte del Congreso y de la Legislatura provincial, además de una disposición por parte de Anses a absorber un déficit adicional.

El traspaso a la Anses implicaría, en un primer momento, una mejora para jubilados y activos de la Caja: los primeros conservarían sus haberes y los segundos verían aumentar su salario de bolsillo por la baja de aportes (11% al Anses en lugar del 22% y posiblemente el 26% a la Caja), además de eliminarse el diferimiento de aumentos y el aporte solidario dispuesto en las varias modificaciones del régimen cordobés. Sin embargo, ese beneficio sería transitorio porque, al jubilarse, los activos pasarían a recibir haberes significativamente menores bajo las normas de Anses. Aunque sería beneficioso para la Provincia que dejaría de financiar el abultado rojo, que en enero ascenderá a 35 mil millones de pesos, de los cuales Anses sólo cubre una mínima parte.

Todo indica que hoy es muy difícil que esta alternativa prospere. Demasiados obstáculos aparecen en el camino. Y sería ilógico que la administración nacional acepte el traspaso cuando su discurso plantea como ejes centrales la reducción del gasto y el superávit fiscal.

Por su parte, como era de esperar, los gremios estatales rechazan de plano cualquier aumento en los aportes personales. Argumentan que los trabajadores vienen de varios años de pérdida del poder adquisitivo y que en 2023 ya se aplicó un aporte extraordinario para sostener la Caja. Conflicto en marcha.

En este punto, debe también remarcarse que la responsabilidad de la Nación es evidente: no ha cumplido con los compromisos legales que imponen el envío de recursos para atender el déficit. Pende de un delgado hilo precario acuerdo alcanzado en mayo pasado tras una instancia de negociación en la Corte Suprema de Justicia y el proyecto de Presupuesto nacional 2026 no contemplaría ningún aumento en el aporte de fondos a las cajas previsionales de las provincias.

En verdad, la sordera de la Casa Rosada no distingue signos políticos ni tiempos. Distintos gobiernos han reconocido la deuda ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Sin embargo, más allá de escasas concesiones, no se cumple con las obligaciones legales que devolverían algo de previsibilidad.  El reclamo cordobés, también efectuado por otras provincias, tiene respaldo técnico y es calificado como legítimo por los especialistas. Porque se trata de hacer efectivo un derecho establecido en la Constitución y en las leyes que determinan el funcionamiento del sistema previsional.

En definitiva, el déficit previsional actual no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una sola decisión. Durante décadas se combinaron factores que hoy convergen en una situación que siempre fue considerada como crítica. Pasa el tiempo y repetidas decisiones no han disminuido el rojo.

La Caja sostiene a más de 116 mil jubilados y pensionados en la provincia. Son ellos quienes dependen de un sistema inestable y afectado siempre por los vaivenes de la coyuntura. Garantizar la viabilidad del sistema, evitar los parches y no profundizar los conflictos son metas a las que se debería aspirar. La discusión sobre la Caja de Jubilaciones exige diálogo y compromiso con el largo plazo.

 A continuación una síntesis de los acontecimientos centrales de la problemática de la Caja de Jubilaciones

Origen (1994–1997): La Nación habilita a las provincias a transferir sus cajas;, Córdoba mantiene la propia, basada en el 82% móvil establecido por ley de 1990.

Ajustes y controversias (1995–2007): Tras la crisis de Angeloz, un decreto de Mestre reduce haberes al 67%; la Justicia lo revoca en 2007 y restituye el 82% móvil.

Sobrecarga y armonización (2001–2008): Pasividades anticipadas suman numerosos beneficiarios; en 2002 se firma convenio de armonización con Anses, reiteradamente incumplido; en 2008 Córdoba reforma su ley para alinearse al sistema nacional.

Déficit crónico y reformas (2011–2022): La Nación deja de enviar fondos en varios períodos; en 2012 se sanciona la Ley 10078 (diferimiento de aumentos y cambios en aportes); en pandemia se vuelve a reformar el cálculo del haber inicial, pensiones y retenciones. Se dispone por ley el aumento en el porcentaje de aportes de los trabajadores estatales.

 Judicialización y negociación (2023–2025): Demanda a la Nación por la deuda previsional; se dispone el diferimiento de los aumentos para los jubilados; en 2025 se acuerdan envíos mensuales y un mecanismo para cancelación de deuda, incluso evaluando compensaciones con bienes nacionales. El déficit continúa y se incluye en el Presupuesto cordobés para 2026 una cláusula que autoriza al Ejecutivo a disponer un nuevo incremento de aportes previsionales para los trabajadores estatales.

El Gobierno nacional oficializó el pago del último bono extraordinario del año. La medida, dispuesta a través del Decreto 848/2025, otorga 70.000 pesos a jubilados y pensionados. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del 1 de diciembre de 2025.

El bono extraordinario será abonado durante el corriente mes de diciembre.

Esta ayuda económica previsional es parte de una serie de refuerzos que se vienen otorgando desde enero de 2024 y hasta noviembre de 2025.

Según el texto oficial, estas medidas son necesarias para sostener a los jubilados de menores ingresos frente a los efectos de la Ley N° 27.609.

El beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

También resultarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Se suman aquellos que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, o madres de siete hijos o más, además de otras prestaciones asistenciales.

El decreto especificó que el monto no será susceptible de descuento alguno. Tampoco será computable para ningún otro concepto.

En el caso de beneficios de pensión con copartícipes, estos serán considerados como un único titular para la percepción del bono.

El otorgamiento de este monto extraordinario se suma al reciente ajuste aplicado a los haberes. Este incremento fue del 2,34% sobre los valores vigentes.

Dicho ajuste corresponde a la inflación registrada en octubre, según detallaron desde Anses. Esta medida responde al mecanismo de actualización mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC).

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado para las jubilaciones quedó establecido en $ 340.879,59 a partir de diciembre.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima, sumando el bono de 70.000 pesos, percibirán un total de $ 410.879,59 en el mes.

Otras prestaciones básicas del sistema previsional también fueron actualizadas.

La Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $ 155.936,86.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) será de $ 272.703,67 desde diciembre, según detallaron fuentes oficiales.

Para los titulares que superen el umbral mínimo, el refuerzo se ajustará para que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto.

Anses fue facultada para dictar las normas complementarias necesarias para implementar y supervisar el pago de este bono extraordinario. La vigencia de la medida se establece desde el día de su publicación oficial.

La División de Investigaciones de la Policía de San Francisco realizó esta mañana allanamientos simultáneos que permitieron la detención de tres integrantes de una banda de delincuentes vinculada a robos de viviendas y a un hecho ocurrido el pasado 30 de octubre, cuando se frustró un intento de asalto en barrio Vélez Sarsfield. En los procedimientos también se secuestraron elementos de interés para la causa.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos barrios de la ciudad. En barrio Roca, fue detenido un hombre de 25 años; en barrio Parque, un joven de 19 años; y en barrio Sarmiento, un hombre de 24 años, quien además tenía una orden de detención vigente por una causa de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico. En cada domicilio se incautaron objetos que serán analizados por la Justicia.

Estos nuevos aprehendidos están vinculados a la banda que había sido detectada tras el frustrado robo del 30 de octubre en barrio Vélez Sarsfield, donde dos delincuentes habían sido interceptados gracias al sistema de monitoreo 911 mientras intentaban acceder a una vivienda portando pasamontañas y precintos. Esa investigación permitió identificar a otros miembros de la organización y avanzar en los allanamientos actuales.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Personal de la División Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba detuvo este miércoles al mediodía a un joven que registraba un pedido de detención vigente por una causa de estafas.

El procedimiento se realizó en calle Dante Agodino, en barrio La Florida, donde los efectivos identificaron a un hombre de 25 años. Al verificar sus datos personales, se constató que sobre él pesaba una orden de detención por su presunta participación en hechos de estafa a jubilados.

De inmediato, el sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Turno para continuar con las actuaciones correspondientes.

Un jurado popular encontró culpable al ex policía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio David Díaz durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en Lomas del Mirador tras una discusión por la música fuerte.

Este lunes en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), el jurado popular responsabilizó al jubilado de 75 años del homicidio culposo de Díaz y la tenencia ilegal armas, según confirmó el defensor, Francisco Oneto, a la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, el abogado subrayó que los integrantes dieron veredicto de culpabilidad por homicidio culposo y no agravado, delito con el que Moreno había llegado acusado al juicio.

Oneto explicó que el jurado escogió la instrucción de que el ex policía “fue a hacer un reclamo y por no ser cuidadoso con el manejo de su arma terminó matando a Díaz”.

“No sabría decirte si estamos conformes, pero sí que Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado”, expuso.

A su vez, otro punto que se supo pasadas las 22.00 del lunes tras el dictamen en la Sala de Juicios de la UNLAM, es que las partes tendrán cinco días para ofrecer la prueba y luego se dará lugar a la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena. Se espera que allí el defensor solicite la prisión domiciliaria para su cliente.

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensas que sos?”.

Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.

Una de las principales reformas que pretende encarar el gobierno de Javier Milei es la previsional, dado que es la principal fuente de desfasaje de las cuentas públicas, que a septiembre generaron un déficit de $ 4,3 billones.

Sin embargo, la Casa Rosada ya anticipó que las modificaciones al régimen de jubilaciones se discutirán después de los cambios en el sistema laboral y tributario.

Para el gobierno, esta secuencia está asociada a los efectos que introducirán los nuevos esquemas: “No se puede corregir el sistema previsional sin antes encarar la reforma laboral para que aumente la cantidad de aportantes”.

Borradores del proyecto de reformas laboral ya están circulando, pero recién sería tratado en extraordinarias y no hay garantías que en ese tiempo se sancionen. En caso de pasar a las sesiones ordinarias de marzo de 2026, se demorará su sanción y aplicación, por lo cual, los primeros resultados aparecerían en 2027. Observando los tiempos políticos, en el año en que Milei irá por la reelección no es tan claro que se lance con una iniciativa que despertará polémica y puede complicarle su destino.

En consecuencia, la actual administración deberá lidiar con un sistema que está quebrado e insume una buena cantidad de recursos públicos que acotan el superávit fiscal.

Los números recientes son dramáticos: durante el primer semestre del año la cantidad de aportantes al sistema disminuyó en 101.347.

Así lo reveló un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en base a datos oficiales.

El dato es alarmante porque en lugar de corregirse la relación entre aportantes/beneficiarios se agudiza el problema. Actualmente, esa relación es de 1,8 aportantes por cada beneficiario, cuando en realidad tendría que ser tres por uno.

En sintonía con la caída de aportantes, el stock de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró una disminución de 22.412 beneficios en el tercer trimestre de 2025. Este retroceso marca el primer registro a la baja desde la finalización de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 en marzo de este año. En julio el Parlamento había aprobado un proyecto de ley para extender la moratoria por dos años más, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo.

Se estima que la cantidad de beneficios promedio mensual de las Prestaciones Previsionales SIPA había crecido un 2,9% interanual, pero esta tasa ya tiende a reducirse tras el cese de la moratoria, según señaló el informe de ASAP.

El desvío entre aportantes y beneficiarios explica el déficit de $ 4,3 billones que tiene el sistema en los primeros nueve meses del año.

A consecuencia de esta situación se produce una caída en el poder adquisitivo de los haberes, dado que los recursos son escasos para una retribución acorde para los 6,5 millones de beneficiarios.

El haber medio por titular a septiembre de 2025 fue de $ 675.510, pero su poder adquisitivo se redujo 4,9% con relación a un año atrás. Si se compara con noviembre de 2023 cuando asumió Milei, el recorte es de 12%. Y en los últimos cuatro años es de 24%.

La situación es particularmente grave para los haberes más bajos, que dependen del bono. La decisión de congelar el monto máximo de este refuerzo en $ 70.000 desde marzo de 2024, implicó una reducción de haberes para el 52,2% de los titulares del SIPA (unos 3,2 millones de personas).

A fin de construir un relato favorable, el gobierno excluye del cálculo los bonos -por considerarlos un auxilio extra- y de esta forma puede mostrar una mejora en los ingresos de todos los beneficiarios. También elige hacer el cálculo en dólares sin tomar en cuenta que los gastos aumentaron en mayor proporción en la misma moneda.

El proyecto de Presupuesto para 2026 que comenzó a debatirse en el Congreso no incluye la actualización del bono, dado que la intención del gobierno es avanzar en un proceso de licuación de ese aporte extra.

A mediados de este año, el Congreso sancionó una ley que aumentaba 7,2% los haberes y llevaba el bono a $ 110.000, lo cual corregía parcialmente la pérdida que sufren los jubilados.

Pero Milei vetó la norma y con ayuda de los bloques aliados pudo sostener el veto.

Resta saber si en esta nueva etapa de diálogo que dice transitar el oficialismo aceptará cambios en el presupuesto para jubilaciones y acepta una suba en los haberes.

Al momento, la situación de los jubilados y pensionados no luce bien para el último bimestre del año. En noviembre tendrán un aumento de 2,1%, que estaría por debajo de la inflación de octubre y posiblemente de la que deberán afrontar al transitar noviembre.

De esta forma, se agudizará la pérdida de poder de compra cuando se acerquen las sensibles compras de fin de año.

El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en noviembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $403.150, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $333.150, a partir del aumento del 2,1%, determinado en línea con la inflación de septiembre.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que implica una suba de apenas $6.852.

En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.

Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive”.

Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.

El documento oficial, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:

La Provincia de Córdoba informó que el próximo miércoles 15 de octubre los jubilados provinciales, cuyos haberes del mes de julio no superan el $1.300.00, tendrán depositado el bono de $100.000.

 Este bono complementario y no contributivo es un refuerzo que se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba.

La Canasta Básica del Jubilado trepó 26,12% en los últimos seis meses y ya supera el $1.500.000, con mayor incidencia de gastos en alimentos y medicamentos, según expuso un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad.

La medición que contempla los costos de las principales necesidades de los jubilados alcanzó un valor de $1.514.074, lo que implica un incremento por encima del 26% respecto al $1.200.523 calculado en abril.

La cifra que exhibe actualmente la canasta se compone en un 27% por consumo de medicamentos, que ascienden a $402.880; un 23% de gastos de alimentación, que escalan a $348.000; un 19% está asociado a vivienda, que demanda $294.000; y un 7% se va en limpieza con un costo de $107.444, entre otros.

El reporte explicó que los valores surgen de “la compulsa de los centros urbanos del país, en donde viven más personas mayores”, precisando que “el relevamiento se hace en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario”.

Al analizar los números, desde la entidad sostienen que se trata de “una historia que se repite”, señalando que “los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”.

En este sentido, hacen hincapié en la disparidad que existe entre el costo de una canasta básica ($1.514.074) y el monto de la jubilación mínima ($390.214 con bono en septiembre), la cual tienen cuatro millones y medio de jubilados.

Lo mismo sucede con los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y con los que perciben pensiones no contributivas que el mes pasado cobraron $326.222, con el bono de $70.000 incluido.