La asamblea general extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechazó por amplia mayoría la oferta salarial presentada por el Gobierno de Córdoba a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras la finalización de la conciliación voluntaria desarrollada en la Secretaría de Trabajo.

La propuesta fue rechazada con 513 votos contra 228 que se pronunciaron a favor de aceptarla. Como consecuencia de la decisión, el gremio resolvió convocar a un paro de 48 horas que se cumplirá este jueves y viernes.

Semanas atrás, al aceptar la instancia de mediación, la organización sindical había anticipado que, de no alcanzarse un acuerdo, avanzaría con una medida de fuerza de esa duración y evaluaría un nuevo paro tras la feria judicial.

La conducción del gremio, encabezada por Federico Cortelletti, había manifestado su postura favorable a la aceptación de la oferta. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores resolvió rechazarla en la asamblea.

La propuesta oficial contemplaba el adelantamiento de cuotas previstas para la equiparación salarial con la Justicia federal. Según se informó, el impacto variaba según la categoría, con incrementos superiores al 4% para las categorías más bajas —que además recibirían un bono de 140 mil pesos— y aumentos de hasta el 7% para otros escalafones.

Tras el anuncio del paro, el Ministerio Público Fiscal emitió un memorando dirigido a funcionarios y personal jerárquico para recordar la vigencia de acuerdos reglamentarios del TSJ destinados a garantizar la continuidad del servicio de Justicia durante medidas de fuerza.

Las disposiciones establecen que, cuando un empleado sea el único asignado a un turno, deberá prestar el servicio por ser considerado esencial. En los casos en que haya más de un trabajador, deberán organizarse turnos para asegurar la atención y, si no existiera acuerdo, la definición quedará a cargo del superior jerárquico.

El recordatorio apunta especialmente a garantizar el funcionamiento de las Unidades Judiciales, uno de los sectores donde las medidas de fuerza suelen tener mayor impacto.

Después de la reaparición pública de Manuel Adorni con una entrevista en la que reveló haber ganado 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Según anunció el ministro coordinador en el canal LN+, anoche rectificó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, y presentó su declaración del 2025. Lo mismo habría hecho con el anexo reservado en el que su cónyuge también está obligada a informar sus bienes.

Además, habría corregido las presentaciones impositivas que hizo ante el fisco desde 2020.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana, con carácter urgente, una solicitud para que el juez Ariel Lijo ordene la obtención de las declaraciones juradas. El trámite no demoraría y los papeles estarán en lo inmediato en poder de la Justicia.

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Anoche, Manuel Adorni reveló que empezó a incursionar en el mundo del Bitcoin en 2013, y que al año siguiente ya invirtió más fuerte. Puso 200.000 dólares que tenía en ahorros “después de trabajar 25 años” y terminó con 500.000 dólares en criptomonedas que mantuvo fuera del sistema formal en todo momento, siempre según su versión.

Estas afirmaciones darán lugar a una nueva línea de investigación, adelantaron a este medio fuentes del caso.

Los investigadores quieren evaluar la capacidad de ahorro e inversión de Adorni y su esposa, además de buscar la trazabilidad de ese medio millón de dólares, para verificar si lo que contó tiene asidero alguno. Pero de momento mantienen las sospechas que tenían antes de escuchar sus explicaciones públicas: “Hay períodos donde los números no cierran”.

El jefe de Gabinete agregó otro dato relevante. Aseguró que Bettina Angeletti ocupó durante 15 años cargos gerenciales en una empresa privada, lo que le generó ingresos en relación de dependencia. Desmintió que solamente fuera monotributista de la categoría más baja hasta hace algunos años, cuando se lanzó con su propia consultora.

Además, en su declaración jurada actualizada, Adorni habría sumado a su patrimonio unos 57.000 dólares que obtuvo de la venta de una propiedad en La Plata que heredó de su padre fallecido.

También habría declarado un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, que formaba parte de la misma sucesión. Ese terreno fue vendido y le habría generado al funcionario un ingreso cercano a los 22.000 dólares.

Todo esto se contradice con lo que el jefe de Gabinete había afirmado en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, durante su primer informe de gestión.

“En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, le había dicho a los legisladores en una encendida sesión, ya con las investigaciones judiciales en marcha.

Luego, en conferencia de prensa, Adorni reiteró: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Ahora admitió tener una fortuna en negro. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, se excusó el funcionario, quien a su vez defendió su inocencia: “No soy un chorro”.

Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe contable de la DAFI, estará en condiciones de pedir un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones a la Justicia.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares, que en su mayoría vencen antes de noviembre.

Desde 2022 hasta hoy cambió de auto, hizo una veintena de viajes por la Argentina y el mundo, se hospedó en hoteles del más alto nivel y all inclusive, y compró un semipiso en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, la cual remodeló por 245.000 dólares, según declaró bajo juramento el contratista que hizo la obra. Todo esto sin haber vendido los departamentos que ya tenía en La Plata y Parque Chacabuco.

El juez Ariel Lijo también investiga a Adorni y Angeletti en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente puso la lupa sobre los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, que presta servicios a tres empresas: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas esas compañías son contratistas del Estado, por lo que se sospecha que podría haber algún tipo de retorno en los pagos que efectuaron a Angeletti.

El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.

El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continuará vigente hasta que la Cámara Federal se expida sobre la presentación oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La medida judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones cordobesas como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos de la provincia.

En su resolución, Vaca Narvaja ordenó al Estado nacional cancelar las deudas en un máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar o hasta el dictado de una sentencia firme.

El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.

En los fundamentos de la resolución, el juez señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, además del “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.

Por otra parte, la nota también hace referencia a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno eliminó los subsidios a empresas de transporte de larga distancia para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer.

La Justicia santafesina ratificó este martes la prisión preventiva para Héctor Alejandro “el Patrón” Gallardo, acusado de ser presunto instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022 en Frontera.

La resolución fue tomada durante una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se trató el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado, de acuerdo a la información del medio Rafaela Noticias.

El debate estuvo encabezado por el juez de Segunda Instancia, Sergio Alvira, quien finalmente resolvió rechazar el planteo impulsado por el abogado defensor Federico Scarinci y mantener la medida cautelar de máxima gravedad contra Gallardo, de 54 años.

Por el lado del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Martín Castellano defendió firmemente la resolución de primera instancia. El representante del MPA sostuvo la vigencia de los riesgos procesales y la solidez de los elementos probatorios acumulados hasta el momento en la investigación, los cuales vinculan a Gallardo con el crimen por encargo de Carlos Cabrera.

Finalmente, Alvira resolvió no dar lugar al pedido de la defensa y dispuso ratificar de manera íntegra la prisión preventiva para "el Patrón" Gallardo, entendiendo que persisten las condiciones que justifican que el acusado transite el proceso judicial tras las rejas.

El jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, juzgados por su actuación en la investigación por la muerte de Nora Dalmasso, llegó a su tercera audiencia, donde la querella cuestionó la falta de explicaciones sobre por qué no se ordenó en su momento la toma de ADN al parquetista Roberto Bárzola, quien, con la causa prescripta, es señalado como el autor del crimen.

Según indicaron fuentes de la causa a la Agencia Noticias Argentinas, durante el encuentro de este viernes 24 de abril declaró Miguel Rohrer, también mencionado como “Michel” y apodado “el francés”, a quien Marcelo Macarrón había señalado como una figura de interés por su vínculo personal con la víctima, pero El empresario negó públicamente cualquier participación en el crimen.

Por su parte, la defensa propuso como nuevo testigo al ex fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará el lunes 27 de abril, al igual que su par Darío Vezzaro y Pablo Jávega, el fiscal que tuvo a su cargo la causa en su última etapa.

Además, presentarán testimonio Julio Rivero, el fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y pidió que nombren a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y que solicitó la continuidad de la investigación. En la misma audiencia también expondrá la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada defensora de Macarron, Mariángeles Mussolini, que en esta instancia se presenta como querella, consideró en diálogo con este medio: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

En este sentido, se refirió al momento en que los señalados investigaron a Roberto Bárzola, pero que no tomaron la prueba de ADN que, 18 años después, con la causa prescripta, permitió determinar que fue el parquetista quien la mató.

Según la letrada, los cuestionados “tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso, pero que sí se vincula con su defensa”, por tanto, insistió: “Ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.

La resolución se dictó en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, en trámite ante el Juzgado N° 63, y revisa el alcance del recurso interpuesto por el Estado contra la medida cautelar innovativa dictada el 30 de marzo. En ese antecedente, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido la vigencia de una cantidad relevante de artículos de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de ese mes.

Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ese encuadre, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.

La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. Destacaron además que la cautelar había suspendido la vigencia de una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que activa el régimen especial previsto en la norma. Bajo ese criterio, señalaron que corresponde que sea la Cámara —en tanto tribunal colegiado— la que evalúe la confirmación o revocación de la medida, en función de la entidad institucional del acto cuestionado.

Con ese encuadre, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado Nacional”. La consecuencia inmediata es que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.

Desde el punto de vista práctico, la decisión implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.

La presentación original de la CGT había cuestionado una parte sustancial de la reforma laboral, con argumentos centrados en la afectación de derechos laborales y sindicales. Entre los puntos objetados se incluyeron modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.

El fallo de primera instancia había considerado acreditados los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable, y sobre esa base dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.

El Estado nacional apeló esa decisión a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución judicial. También sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una norma de carácter general sancionada por el Congreso.

Además de la apelación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se revise la suspensión de la reforma laboral.

La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno en materia económica y laboral. El Ejecutivo sostiene que introduce cambios destinados a modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.

En resumen, la intervención se inscribe en la estrategia judicial del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En tanto, desde el sector sindical, la norma es cuestionada por considerar que implica una reducción de derechos laborales y una alteración del sistema de protección vigente.

Con la decisión de la Cámara, el expediente continúa su trámite en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar los planteos de fondo formulados por las partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos jurídicos presentados.

Hasta tanto se produzca esa definición, la reforma laboral se mantiene vigente en los términos establecidos por la ley. La discusión judicial sigue en curso y no se descarta su eventual tratamiento por la Corte Suprema en instancias posteriores.

La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Noticia en desarrollo…

En un nuevo capítulo judicial clave para el Estado argentino, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió este lunes suspender todas las apelaciones en el juicio por la nacionalización de YPF. La medida se alinea con la reciente resolución de fines de marzo que dejó sin efecto la condena original, la cual obligaba a la República Argentina a desembolsar 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park.

Esta disposición del tribunal neoyorquino ratifica el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia inmediata, la audiencia programada para este jueves 16 de abril —donde las partes debían tratar los recursos de apelación— fue oficialmente cancelada.

El escenario actual marca un alivio financiero y estratégico para el Gobierno. El fallo de segunda instancia dictado el mes pasado había revertido la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien en 2023 determinó que el país debía resarcir a los fondos privados por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012. Con una cifra importante a pagar por el Estado argentino.

Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina, postergando cualquier avance de los demandantes mientras se asienta la decisión de fondo que anuló el multimillonario pago. Por el momento, la causa entra en una etapa de quietud procesal que otorga previsibilidad a las arcas públicas frente a lo que el oficialismo calificó recientemente como un "hecho de trascendencia histórica".

El Juzgado de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Morteros emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Micaela María García, DNI 37.820.458.

Según se informó, la mujer debe presentarse en sede judicial o comunicarse telefónicamente a fin de avanzar en una causa vinculada con su hijo de tres meses.

De acuerdo a los datos difundidos, podría encontrarse en las localidades de Marull, Balnearia o Altos de Chipión, en la provincia de Córdoba.

La jueza Alejandrina Delfino requiere establecer contacto con la mujer para continuar con el control de legalidad de una medida excepcional adoptada por la SeNAF en relación con su bebé.

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Desde el organismo judicial indicaron que García deberá presentarse en el Juzgado de Morteros, Secretaría 2, ubicado en Juan B. Justo 256, primer piso (edificio de la Comisaría), o comunicarse al teléfono (03562) 404664, internos 66021 al 25 y 66027 al 28.

Las autoridades solicitan a la comunidad colaborar con la difusión de este pedido.

El jury contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles por mal desempeño y negligencia en el caso Nora Dalmasso comienza el próximo 21 de abril. Por el momento se desconoce cuáles son las acusaciones formales contra cada uno de los implicados.

El martes 21 de abril se dará inicio al jury contra los tres primeros fiscales que tuvo la causa por el crimen de Dalmasso en la provincia de Córdoba. El jurado tendrá una semana, hasta el 28, para dar deliberación sobre si continúan en sus cargos o son desplazados.

Se reveló que durante el juicio político se esperan las declaraciones de entre “40 y 45 testigos" y que las audiencias se desarrollarán en la Legislatura.

A mediados de marzo el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, presentó las acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de esa provincia, pero hasta el momento no se saben cuáles son.

Di Santo fue el primer fiscal de la causa, que intervino de 2007 a 2015; luego Miralles de 2016 a 2017; y Pizarro, de 2017 a 2019. En la actualidad se encuentra Pablo Jávega, quien solicitó al elevación a juicio contra Roberto Bárzola por el delito de abuso sexual seguido de muerte.

La Justicia volvió a suspender de manera preventiva cualquier intento de demolición del estadio Luna Park, en una decisión que reaviva la polémica por el futuro del histórico recinto ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que ordenó frenar de inmediato las obras al considerar que una eventual demolición podría generar un daño irreversible.

Los jueces argumentaron que, en caso de avanzar con la destrucción del edificio, no sería posible revertir la situación aunque posteriormente se falle en contra del proyecto.

El fallo se produjo tras las presentaciones realizadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y organizaciones como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que cuestionaron la intervención sobre el inmueble.

El proyecto en discusión contempla la demolición de una parte significativa del estadio actual para construir uno nuevo, con mayor capacidad y dimensiones, lo que implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y conservar solo una porción menor de la estructura original.

En ese sentido, uno de los puntos centrales del fallo fue la protección del valor patrimonial del Luna Park, que cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional y posee un nivel de protección estructural que limita modificaciones sustanciales.

Los magistrados remarcaron que la intervención judicial debe producirse antes de que se concrete el daño, al sostener que la demolición “tiene efectos irreversibles” sobre el patrimonio cultural.

El conflicto judicial en torno al estadio se arrastra desde hace meses: en diciembre de 2025 ya se había dictado una primera medida de suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora se volvió a frenar el proceso.

Por el momento, la demolición queda suspendida, mientras la Justicia deberá resolver el fondo de la causa, lo que podría derivar en una modificación del proyecto o en su cancelación definitiva.

El caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio emblemático, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, escenario de eventos deportivos, recitales y actos políticos a lo largo de décadas.

La Justicia federal determinó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera efectiva con la ley de financiamiento universitario. La resolución obliga a la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas universidades del país.

La decisión judicial se fundamenta en que la Ley 27.795 fue confirmada por dos tercios de los votos en el Congreso de la Nación, luego de haber sido observada totalmente por el Poder Ejecutivo.

El fallo ratifica que el Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley aprobada por el Parlamento mediante el uso de normativas anteriores. El tribunal analizó si la Ley de Administración Financiera podía utilizarse como sustento para frenar la aplicación de la nueva norma.

Para los magistrados, la respuesta a este interrogante es negativa, ya que no existen diferencias de jerarquía entre las distintas leyes que emanan del Poder Legislativo, informó TN.

“La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso”, sentenciaron los camaristas en el fallo.

Los jueces recordaron que el Congreso es el órgano soberano para definir el destino de los fondos públicos a través de leyes específicas como la de Financiamiento Universitario.

El tribunal subrayó que el Poder Ejecutivo, al promulgar la norma, intentó suspender sus efectos prácticos basándose en una interpretación jerárquica que la Justicia ahora descarta.

Con este escenario, el Gobierno queda obligado a readecuar las partidas presupuestarias para dar cumplimiento a los artículos que exigen la recomposición de ingresos en el sector.

Se espera que esta resolución judicial marque un precedente directo sobre la ejecución de fondos educativos durante el presente ciclo lectivo.

Este lunes se iniciará la segunda semana del juicio oral y público por el caso del hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y la querella mayoritaria integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, aseguró que es una instancia “clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante, Valeria Carreras, sostuvo que las expectativas están “altísimas” porque, a difierecia de la primera semana en donde escucharon “el relato de los imputados que están autorizados a mentir”, en esta segunda etapa ”no van a poder hacerlo".

“Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy metículoso, hay que preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos”, aseguró. 

Asimismo, detalló que esos testigos se pueden dividir entre los técnicos que “opinan, informan y dan fe” de las condiciones en las que estaba el submarino, al mismo tiempo en que hay otros que son ex comanantes del ARA San Juan, que "van a dar su versión en base a su experiencia”.

En la misma línea, aseguró que, junto los familires de las víctimas, continuarán exigiendo “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval” y recordaron que todos los testigos tienen “la obligación legal de decir la verdad”.

“En la primera semana del juicio hubo un visitante: estuvo presente el Capitán de Fragata, Daniel Lorenzo, quien tiene la categoría de auditor en la Armada y que fue, además, defensor en el Consejo de Guerra de dos de los imputados y del ex jefe Marcelo Srur. Entonces, ¿quién está interesado en controlar y auditar este juicio?¿por qué la Armada Argentina comisiona a un abogado auditor a estar presente? Se quiso ensayar, desde la defensa de uno de los imputados principales, que este hombre era una especie de cadete logístico, es decir, alguien que iba a ayudar a trasladar testigos, a ubicarlos, a alojarlos y la primera semana no había que alojar a ningún testigo porque no había testigos citados. Yo creo que mañana no se van a animar. Deberían no atreverse. Yo voy a cuestionarlo”, concluyó Carreras.

El empresario y dirigente Javier Faroni quedó en el centro de una tormenta judicial tras los masivos allanamientos ejecutados este viernes en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por orden de la Justicia Federal de Campana. 

Los operativos, que sacudieron tanto el predio de Ezeiza como la histórica sede de la calle Viamonte, fueron dispuestos por el juez Adrián González Charvay con el objetivo de secuestrar documentación probatoria sobre presuntas maniobras de defraudación y lavado de activos. 

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, la investigación tiene como eje principal "el predio de Pilar y Faroni en la mira", bajo la sospecha de que existirían irregularidades graves en las concesiones y el flujo de fondos destinados a infraestructura deportiva.

La jornada de ayer viernes marcó un punto de inflexión en la causa, ya que las fuerzas de seguridad no solo buscaron balances contables, sino que se centraron específicamente en los contratos que vinculan a las empresas de Faroni con la entidad madre del fútbol argentino. 

El magistrado busca determinar si el dirigente utilizó su posición para direccionar beneficios económicos en torno al nuevo centro de entrenamiento proyectado en la zona norte del Gran Buenos Aires. "Los operativos en Ezeiza y en la sede, fueron ordenados ahora por un juez de Campana en busca de nueva documentación", indicaron los peritos que trabajaron hasta última hora del viernes retirando soportes digitales y bibliatos con información comercial.

El impacto del procedimiento radica en la conexión directa que la Justicia establece entre la gestión administrativa de la AFA y los negocios privados del empresario teatral y dirigente deportivo. Mientras el secreto de sumario rige sobre gran parte de las actuaciones, trascendió que la lupa está puesta en cómo se financiaron las obras en Pilar y qué rol jugaron las sociedades vinculadas a Faroni en dicha triangulación. 

Con el material recolectado, la fiscalía se dispone ahora a cruzar datos patrimoniales que podrían comprometer seriamente la situación procesal de los involucrados en las próximas semanas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra el exfiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, al rechazar la queja presentada por su defensa. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró la última instancia judicial en el país y confirmó la sentencia dictada por delitos de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas.

El fallo fue adoptado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el planteo de la defensa y ratificaron la condena que había sido impuesta por la Dra. Maria Noel Costa (presidenta), Dr. Fabián Asís y Dr. Julián Falcucci del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Córdoba.

La investigación determinó que Viaut, junto a un empleado de la fiscalía y otras personas, participó en un esquema de cobro de sobornos para frenar investigaciones y ejercer influencia en causas judiciales. Entre los hechos analizados en el juicio se incluyó el pedido de dinero para “cajonear” un expediente que involucraba a la cooperativa tambera Las Cañitas, en la localidad cordobesa de El Tío.

Durante el proceso también se analizó otro episodio en el que se ofreció dinero para intentar influir en una causa por delitos sexuales que involucraba al hijo de un empresario. Según los registros del juicio, se ofrecieron 250.000 dólares y se entregó una parte del monto.

Además de la pena de prisión, la sentencia estableció para el exfiscal una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras conocerse la condena en 2022, la defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el fallo por mayoría. Finalmente, el último recurso fue presentado ante la Corte Suprema, que lo rechazó y dejó firme la condena. A raíz de las pruebas surgidas en el juicio oral, Viaut también fue removido de su cargo en 2023 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

A la salida, Tapia dijo que "cumplió con lo que quería la Justicia”. La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación. 

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de carácter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Pablo Toviggino, acusado por presunta evasión millonaria, presentó hoy un escrito ante el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, y se negó a responder preguntas. 

El abogado de la AFA Gregorio Dalbón dijo que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es política y afirmó que se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de "quedarse" con la entidad madre del fútbol. 

Así lo expresó en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Mañana será el turno de Tapia.

Un abuelo fue condenado por el Juzgado de Familia de Concordia, Entre Ríos, a pagarle la cuota alimentaria a sus nietos con el 30 por ciento de su jubilación debido a que se comprobó que su hijo incumplió reiteradas veces con el pago.

La sentencia se dictó en el marco de una causa iniciada por la madre de los niños ante reiterados incumplimientos del pago por parte del padre.

Si bien en un principio la Justicia había decidido un aumento de la cuota debido a la falta de pago, el padre ignoró la medida y motivó la intervención judicial contra su progenitor, el abuelo de los niños en cuestión, en carácter de obligado subsidiario.

En primera instancia, el tribunal había fijado una cuota provisoria equivalente al 15 por ciento de los haberes jubilatorios del abuelo, monto que se descontaba automáticamente de su jubilación.

Al dictarse la sentencia definitiva, el magistrado aumentó el porcentaje de pago y estableció una cuota alimentaria equivalente al 30 por ciento de los haberes jubilatorios del abuelo. 

Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión por la muerte de Fernando Báez Sosa, pide un nuevo juicio. Su defensa solicita la nulidad de su condena. Ignacio Nolfi, defensor de Casación, presentó ante la Corte Suprema un recurso para que se anule el proceso y se lo juzgue nuevamente, ante la presunta vulneración de su derecho a la defensa.

La petición ante el máximo tribunal sostiene que el juicio no garantizó un patrocinio técnico independiente para el condenado y que existió un conflicto de intereses desde el inicio del proceso. En el escrito, la defensa afirma que la estrategia de defensa fue global y no diferenció los roles y riesgos individuales de cada imputado.

Según la presentación, la decisión de representar con una sola estrategia perjudicó a Pertossi porque impidió mostrar que su situación fáctica era distinta de la de los acusados más comprometidos en la causa por el homicidio ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

“El planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, dijo Ignacio Nolfi, defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

En el recurso, Nolfi y su equipo detallaron siete motivos por los que Piden la anulación y la realización de un nuevo juicio con asesoramiento técnico diferenciado para Pertossi.

El escrito añade además que la defensa técnica común habría implicado la desestimación de testimonios potencialmente favorables para Pertossi pero que podían comprometer a otros acusados, lo que refuerza, según la presentación, la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos.

“Que se declare la nulidad desde el momento en que la defensa devino ineficaz, se deje sin efecto la condena impuesta a Lucas Pertossi y se disponga la realización de un nuevo juicio con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”, dijo Ignacio Nolfi, defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Pertossi fue uno de los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell; en el fallo que se impugna recibió una pena de 15 años de prisión. La presentación ante la Corte Suprema surge tras un estudio integral de la causa principal, sus agregados y las actuaciones en todas las instancias recursivas, según indica el mismo escrito.

La defensa remarca que la propia sentencia, según su lectura, reconoció que el imputado no fue observado golpeando a la víctima, que no tuvo contacto físico con ella y que actuó “en un foco distinto del enfrentamiento”, puntos que, sostiene la presentación, fueron incompatibles con la estrategia de defensa común aplicada durante el juicio.

Como remedio procesal, la presentación solicita que la Corte Suprema declare la nulidad desde el momento en que la defensa se volvió ineficaz, deje sin efecto la condena de 15 años y ordene la realización de un nuevo juicio con garantía de asistencia técnica autónoma y diferenciada para el acusado.

El pedido busca que se reconozca una situación de indefensión manifiesta vinculada al patrocinio técnico y a la defensa indistinta que, según la argumentación, condicionó la producción de pruebas y las decisiones estratégicas adoptadas en el proceso.

La presentación fue publicada y reseñada por medios que dan cuenta de los detalles del recurso y de los fundamentos que lo sostienen, y ahora la causa quedará a evaluación del máximo tribunal, que deberá decidir si admite el trámite y, en su caso, qué efectos procesales corresponderá ordenar.

En términos concretos, la solicitud plantea un doble objetivo: anular una sentencia que impuso una pena de 15 años y asegurar que, en una eventual nueva instancia, el imputado cuente con una defensa técnica efectiva y autónoma que permita diferenciar su rol dentro del hecho.

Un caso de mala praxis concluyó con una indemnización para una mujer que en 2016 fue a parir y en la cesárea le dejaron una gasa, lo que provocó que deba someterse a varias cirugías y que, a 10 años del caso, todavía tenga secuelas. En esta oportunidad fueron hallados culpables la médica, el sanatorio y la empresa prepaga.

El caso sucedió en diciembre de 2016 cuando la mujer dio a luz a su bebé a través de una cesárea programada en un sanatorio privado. Dos días después recibió el alta y se fue a su casa sin complicaciones. Sin embargo, todo cambió tiempo después cuando se dirigió a una guardia hospitalaria por vómitos, cefalea, hipotensión, dolor y distensión abdominal.

Allí, según se expone la denuncia, la damnificada solicitó una tomografía, pero las autoridades de dicho hospital se negaron y la enviaron de vuelta a su domicilio, supo la Agencia Noticias Argentinas. 

Dos meses después de la cesárea los dolores persistían, motivo por el cual se dirigió a otro hospital y en aquel lugar, a través de una tomografía, lograron determinar que tenía una gasa de 30 por 30 centímetros en el abdomen.

Dicho cuerpo extraño fue dejado durante la cesárea y producto del descubrimiento debieron operarla en dos oportunidades de urgencia. Luego, tras su recuperación, la mujer decidió denunciar el acto de mala praxis.

El perito médico designado de oficio dio por probado que le dejaron una gasa en la cesárea realizada. Además, explicó que aun cuando en el protocolo constara un conteo de gasas “correcto”, eso no descarta la posibilidad de que haya quedado material dentro del campo quirúrgico.

Desde el punto de vista físico, el experto determinó que la mujer presenta secuelas y estimó una incapacidad parcial y permanente del 45%, detallaron desde el portal Justicia de Primera.

El magistrado valoró esa pericia como prueba central y recordó que, en materia de responsabilidad médica, “aún la culpa leve puede generar obligación de resarcir cuando se trata de intervenciones que comprometen la salud y la vida del paciente”.

Luego de evaluar los documentos presentados, el Tribunal hizo lugar a la presentación de la damnificada y ordenó indemnizarla por los daños sufridos. La mujer había reclamado más de siete millones de pesos en concepto de incapacidad sobreviniente y ahora el juez determinó que será ese monto, más intereses y costas.