El próximo 18 de agosto se cumplirán nueve años de la muerte de Yuliana Chevalier, la joven de 20 años que falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda de barrio La Milka, en San Francisco. En medio de un largo recorrido judicial marcado por apelaciones, cambios de carátula y reclamos de la familia, la causa finalmente avanzará hacia un juicio oral.

La Cámara del Crimen y Apelaciones de Bell Ville confirmó que el proceso deberá llegar a debate bajo la acusación de homicidio culposo contra Alejandro Lovera, quien al momento del hecho era policía santafesino y pareja de la víctima.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 18 de agosto de 2017 en una vivienda ubicada sobre calle Pasteur al 1600. Según la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Complejos, Yuliana habría tomado el arma reglamentaria de Lovera y efectuado el disparo en medio de una discusión. Sin embargo, desde el inicio la familia de la joven sostuvo que no se trató de un suicidio, sino de un crimen.

Tras el hecho, Lovera fue detenido e imputado por “homicidio calificado por el vínculo y el uso de arma de fuego”, aunque recuperó la libertad semanas después. Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la causa cambió de calificación y la Fiscalía consideró que existió negligencia por parte del policía al dejar el arma al alcance de la víctima. También se analizó una posible “instigación al suicidio”.

Durante estos años, familiares y allegados de Yuliana realizaron marchas y manifestaciones para reclamar justicia y pedir que el caso sea investigado como femicidio. En paralelo, la defensa de Lovera sostuvo siempre su inocencia y solicitó el sobreseimiento.

Luego de distintos planteos judiciales, el expediente fue remitido en 2022 a la Justicia de Bell Ville. Ahora, con la confirmación de la elevación a juicio, resta que la Justicia de San Francisco defina la fecha del debate oral que buscará esclarecer uno de los casos más resonantes de la ciudad.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La sentencia por el caso Dimensión Cielo dejó mucho más que una resolución judicial. Después de semanas de testimonios, acusaciones cruzadas y relatos contrapuestos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba concluyó que existió una estructura de explotación laboral encabezada por el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello, quien deberá cumplir una condena de nueve años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de trata de personas agravada.

El fallo también condenó como partícipes secundarios a Daiana Herrera, pareja de Argüello, a cuatro años de prisión; a Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”, a cuatro años y a Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, a cuatro años de prisión. En tanto, Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, fue absuelto.

Los condenados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme en la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de las condenas, el tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís ordenó reparaciones económicas millonarias para las víctimas. Norma Gladis Rodríguez y Héctor Adolfo Kopp recibirán 3,5 millones de pesos; L.C., 48.034.445 pesos; y E.M.A., 28,8 millones de pesos.

La causa había sido instruida por la fiscal federal que subroga en San Francisco, María Marta Schianni, y tuvo como eje las denuncias sobre presuntas situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

Alegatos

Los alegatos mostraron dos interpretaciones completamente distintas sobre lo ocurrido dentro de la comunidad religiosa. Para la fiscalía y las querellas, Dimensión Cielo funcionó como una organización coercitiva que captaba personas vulnerables mediante promesas espirituales y laborales. Para las defensas, en cambio, todo se reducía a un modo de vida comunitario y consensuado.

El fiscal oral Carlos Gonella sostuvo que “lo de Dimensión Cielo fue un engaño para persuadir a las víctimas y someterla a explotación laboral”. También afirmó que “la prueba habla por sí misma” y describió a la organización como “una organización coercitiva como nueva modalidad de trata de personas que usa a las redes digitales para captarlas”.

Durante su exposición, Gonella aseguró que las víctimas “trabajaban largas jornadas sin salario ni obra social” y dijo que “el fondo común era una pantalla”. Además, apuntó directamente contra Argüello al señalar que “disfrutaba la obediencia” y que era “el líder y ejercía el control”.

La fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Argüello; ocho años para Ricardo Mercado; cuatro años para Burini; cuatro años para Herrera y la absolución de Maximiliano Mercado por considerar que “no se pudo comprobar que captó”.

La querella fue incluso más allá. Habló de “implantación del terror”, “manipulación” y “violencia psicológica”. “No cuestionamos la fe ni las creencias, pero sí el aprovechamiento de las vulnerabilidades”, expresó el abogado querellante.

Según la acusación particular, las víctimas debían pedir permiso para todo, sufrían aislamiento de sus familias y atravesaban un “proceso de despersonalización” que incluía cambios de nombre y control permanente. “La trata de personas opera sin cadenas sino con pérdida progresiva de autonomía”, planteó la querella.

Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de todos los acusados. El abogado Eduardo Gómez Caminos insistió en que “no hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie” y en entrevista con este diario había manifestado que Dimensión Cielo podría verse como “una sociedad de hecho” integrada por personas adultas que decidieron convivir bajo reglas comunes.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, sostuvo.

La última palabra

Antes de que se conociera la sentencia, los imputados hicieron uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.

“Me siento muy sorprendido”, expresó Argüello. Daiana Herrera señaló: “No es justo que se digan tantas mentiras”. Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, manifestó: “Ninguno hizo esta locura que se dice. Somos un grupo de amigos que solo vivimos de una manera diferente”. Maximiliano Mercado afirmó: “Siempre fuimos felices y vivimos juntos”, mientras que Burini declaró: “Todo lo que se dice es mentira. Somos un grupo de amigos, no nos aprovechamos del otro”.

Sin embargo, el tribunal terminó respaldando la hipótesis acusatoria y ordenó mantener las restricciones de acercamiento hacia las denunciantes hasta el cumplimiento efectivo de las condenas, sostener los embargos y decomisar bienes y dinero secuestrado durante la investigación.

Lo que dejaron los testimonios

El juicio estuvo marcado por relatos opuestos. El testimonio más comprometedor fue el de L.C., quien declaró sin la presencia de los imputados y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica y miedo constante.

“Me sentía captada”, aseguró. También sostuvo que trabajaba para los emprendimientos ligados a la organización sin cobrar un sueldo personal. Según describió, realizaban tareas en emprendimientos de panificación e inmobiliarios vinculados a Dimensión Cielo, entre ellos “Barritas y Más” y “Costumbres Light”. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

La mujer aseguró que Argüello era “el enviado de Dios en la tierra” y que dentro del grupo no podían tener amistades fuera de la comunidad. También relató que en 2019 llegó junto a su hija de 10 años desde Córdoba a San Francisco para integrarse a Dimensión Cielo y convivió junto a otros integrantes de la organización, aunque no en el country Ayres del Golf donde, según expuso, sí vivían otras jóvenes vinculadas a la comunidad que “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”. También describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera: “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”.

Otros testimonios reforzaron la acusación sobre extensas jornadas laborales, control religioso y aislamiento familiar. Durante el juicio también declararon otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación: M.K., alias “Samara”; LP, alias “Ari”; MB, alias “María” y DSF, alias “Anita”. Además, se incorporó por lectura el testimonio de GF, alias “Josué”.

La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron persuadidas para cortar vínculos personales, cambiar sus nombres y someterse a una lógica de obediencia. Gonella incluso afirmó durante los alegatos que “las víctimas son víctimas a pesar de que no se perciban como tales” y sostuvo que varias denunciantes mantenían “un relato aleccionado”. Para el fiscal, el funcionamiento de Dimensión Cielo generaba mecanismos de dependencia y manipulación psicológica que impedían a algunas integrantes reconocer la situación de explotación que atravesaban.

Pero también hubo declaraciones que respaldaron la postura defensiva. M.K., quien negó haber sido manipulada y aseguró que el funcionamiento comunitario era voluntario. “Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, dijo ante los jueces.

Esa tensión entre relatos irreconciliables atravesó todo el debate oral. Finalmente, el tribunal entendió que las pruebas reunidas durante la investigación y las audiencias permitían acreditar la existencia de explotación laboral agravada dentro de Dimensión Cielo.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La tercera semana del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba ingresó este martes en una etapa decisiva. Aunque se esperaba el inicio de los alegatos, la audiencia derivó en un cuarto intermedio hasta este miércoles, jornada en la que se prevé que las partes expongan sus conclusiones y luego se conozca el veredicto.

En esta nueva audiencia solo declaró Daiana Herrera, pareja de Elías Argüello y una de las cinco imputadas en la causa. En cambio, Argüello, Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, decidieron no acceder a la declaración indagatoria.

Durante su exposición ante el tribunal, Herrera negó las acusaciones formuladas por la fiscalía y sostuvo una postura opuesta a la reconstrucción planteada por algunas de las presuntas víctimas sobre el funcionamiento de la organización evangélica Dimensión Cielo.

La acusación sostiene que Herrera y Argüello “transmitieron a las víctimas promesas de salvación eterna con fundamentos de índole religioso”, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y afectiva.

El debate oral dejó hasta ahora testimonios contrapuestos sobre la dinámica interna de la comunidad religiosa investigada por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

Uno de los relatos más comprometedores para los acusados fue el de LC, considerada por la fiscalía una de las presuntas víctimas. La mujer declaró sin la presencia de los imputados y describió un escenario marcado, según afirmó, por el control psicológico, el aislamiento y la dependencia económica.

“Me sentía captada”, expresó durante su testimonio.

LC involucró directamente a todos los imputados y aseguró que trabajaba en emprendimientos vinculados a la organización, entre ellos “Barritas y Más”, además de otros relacionados con panificación e inmobiliarias.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, declaró ante los jueces. También afirmó: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

Según su relato, nunca recibió una remuneración personal y debía pedir autorización incluso para gastos cotidianos. “No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, sostuvo.

La mujer aseguró además que permanecía en la organización por temor y falta de recursos económicos. “Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, dijo.

En otro tramo de la audiencia, señaló que dentro del grupo “no podía haber secretos” y que no podían mantener amistades fuera del entorno de la comunidad.

LC también identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo y señaló a Herrera como una figura de liderazgo espiritual. “Elías era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta”, afirmó.

Otro de los puntos sensibles de su declaración estuvo relacionado con su hija de 10 años. Según expresó, desde la organización pretendían incorporarla a tareas vinculadas con la producción laboral del grupo.

La defensa, en tanto, insiste en que nunca existió coerción y sostiene que todos los integrantes convivían voluntariamente dentro de una comunidad religiosa organizada bajo un esquema de fondo común.

Esa postura también fue respaldada durante el juicio por MK, alias “Samara”, otra de las jóvenes señaladas por la fiscalía como presunta víctima, aunque con un relato favorable al funcionamiento de Dimensión Cielo.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, declaró.

El abogado defensor Eduardo Gómez Caminos sostuvo además que “no hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie” y afirmó que la organización funcionaba como “una sociedad de hecho” integrada por personas que compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La causa se inició tras allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a Dimensión Cielo. En marzo de 2021, Elías Argüello fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Este miércoles, con los alegatos y la sentencia previstos para la misma jornada, el proceso judicial ingresará en su definición.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda semana del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó una sucesión de testimonios enfrentados y versiones distintas sobre el funcionamiento interno de la organización Dimensión Cielo, en el marco del proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

El juicio continuará este martes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con nuevas declaraciones testimoniales. En tanto que mañana será el turno de los alegatos finales y posteriormente conocerse la sentencia.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Argüello y el resto de los imputados llegaron a juicio acusados de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas. En el caso del pastor, también se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”; y de Burini, como partícipe necesario.

La causa se inició tras los allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y luego recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

El testimonio más comprometedor para los acusados fue el de LC, considerada por la fiscalía una de las presuntas víctimas de trata. La mujer declaró sin la presencia de los imputados en la sala y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica, aislamiento social y temor permanente.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más delicados de la audiencia.

LC involucró directamente no solo a Argüello sino también al resto de lis imputados Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”.

Según declaró, en 2019 llegó desde Córdoba a San Francisco para integrarse a la comunidad y trabajó en emprendimientos comerciales como “Barritas y Más”. La organización además tenía otros como “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, sostuvo ante los jueces. También aseguró: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

La mujer sostuvo que nunca recibió una remuneración personal y que no podía decidir libremente sobre gastos cotidianos. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

Uno de los ejes más fuertes de su relato estuvo vinculado al miedo que, según afirmó, condicionaba todos los aspectos de la convivencia dentro del grupo. “Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, reiteró.

En otro tramo aseguró que dentro de la organización existían reglas estrictas: “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”.

LC identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, afirmó.

La mujer también habló sobre mecanismos de vigilancia dentro de la vivienda y declaró que no acudían a profesionales médicos. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos ‘medicaba’ era Daiana por WhatsApp”, sostuvo.

Otro de los momentos más sensibles ocurrió cuando habló de la situación de su hija de 10 años. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, afirmó.

También describió las condiciones de convivencia dentro de la casa. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó.

Según declaró, otras jóvenes vinculadas a la comunidad residían en la vivienda del country Ayres del Golf, donde cuidaban a los hijos de Argüello y Herrera y realizaban tareas domésticas.

LC relató que decidió abandonar la comunidad cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, dijo.

Según contó, se marchó de madrugada junto a la niña y consiguió ayuda para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires.

Durante esta segunda semana también hubo testimonios y planteos que se acercaron más a la postura defensiva.

Días antes había declarado MK, alias “Samara”, considerada también por la fiscalía como una presunta víctima, aunque con un relato completamente diferente.

La joven defendió el funcionamiento de Dimensión Cielo y negó haber sido manipulada o privada de su libertad.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo ante los jueces.

MK explicó que participaba de emprendimientos vinculados a la organización y reconoció la existencia de un “fondo común”, aunque aseguró que todos podían disponer de dinero para gastos personales.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

Esa postura fue reforzada por el abogado defensor Eduardo Gómez Caminos, quien sostuvo que las primeras audiencias resultaron “altamente favorables” para los imputados.

“No hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie”, expresó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El letrado insistió en que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad consensuada y no como una estructura coercitiva. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, expresó.

Además sostuvo que todos los integrantes compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión”, señaló.

Gómez Caminos también rechazó las acusaciones de hacinamiento. “Vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Un country no es el perfil de trata”, indicó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

También adelantó que Argüello volverá a declarar durante el juicio oral para demostrar su inocencia. También lo harán los otros cuatro imputados.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La tercera audiencia del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó este miércoles uno de los testimonios más comprometedoras para la situación procesal de los acusados. Ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba declaró LC, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

A diferencia de otros testimonios escuchados en las audiencias previas, la mujer describió un escenario de sometimiento psicológico, control cotidiano, aislamiento social y dependencia económica que, según relató, le impedían abandonar la comunidad. Su declaración involucró directamente no solo a Argüello sino también a Daiana Herrera (pareja de Argüello), Ricardo Matías Mercado, Maximiliano Mercado y Marcos Matías Burini, también juzgados en el proceso.

LC declaró sin la presencia de los imputados en la sala y en distintos momentos se mostró quebrada, especialmente al hablar de su hija de 10 años, con quien convivió dentro de la organización en una vivienda de San Francisco entre mayo y diciembre de 2019.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más fuertes de la audiencia.

La mujer explicó que llegó desde Córdoba para integrarse a la comunidad y que trabajó en “Barritas y Más”, uno de los emprendimientos vinculados a Dimensión Cielo junto a “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”. Según declaró, vendía alrededor de “10 mil pesos por día” y todo el dinero era destinado al denominado “fondo común”.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, relató.

También sostuvo: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

Según describió, nunca recibió una remuneración personal por ese trabajo y tampoco podía decidir libremente sobre gastos o compras. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, aseguró.

Uno de los ejes centrales de su declaración fue el miedo que, según dijo, condicionaba cada aspecto de la vida dentro del grupo.

“Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó ante los jueces.

LC sostuvo que progresivamente se fue alejando de su familia y de sus amistades. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, señaló.

En otro tramo de su testimonio aseguró que dentro de la comunidad existían reglas estrictas de convivencia y obediencia. “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”, dijo.

Además identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, manifestó.

La mujer también describió mecanismos permanentes de control. Indicó que en la vivienda había cámaras manejadas por Argüello y sostuvo que existía vigilancia sobre los integrantes de la comunidad.

En relación con la atención médica, declaró que no acudían a profesionales de la salud. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos medicaba era Daiana por WhatsApp”, afirmó sobre Herrera, quien no es médica.

Otro de los momentos más delicados de la jornada se produjo cuando LC habló de la situación de su hija. Allí se quebró frente al tribunal. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, sostuvo.

También relató las condiciones de vida dentro de la vivienda. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó. Agregó que la niña “estaba encerrada casi todos los días, sin amigos” y que “solo podía escuchar música cristiana” y no usar celular.

Además, declaró que otras jóvenes vinculadas a la comunidad vivían en la casa del country Ayres del Golf, donde, según afirmó, “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”.

Según indicó, tras salir de la comunidad la menor continúa con secuelas psicológicas. “Tiene ataques de pánico y está con tratamiento psicológico”, afirmó.

LC también describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera. “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”, declaró.

Además aseguró que todavía hoy siente temor por algunas personas vinculadas a la organización. “Tengo miedo por algunas personas que decían que darían la vida por Elías, decían que venían del cielo”, manifestó.

En otro tramo recordó que Argüello consumía drogas. “Elías fumaba mucha marihuana y tomaba muchas pastillas”, dijo.

La mujer relató además cómo fue la salida definitiva de la comunidad. Según contó, tomó la decisión cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, expresó.

Contó que abandonó la vivienda durante la madrugada junto a la niña y con ayuda externa consiguió dinero para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires, donde residía el padre de la menor.

“El día que me fui, Elías me dijo que si me iba tendría consecuencias. Él decía que ahora la comunidad era mi familia”, recordó.

También señaló que antes de abandonar la casa revisaron sus pertenencias. “Antes de salir de la casa me revisaron el bolso para asegurarse que no me llevaba nada”, declaró.

Según relató, existía además una regla de aislamiento respecto de quienes abandonaban el grupo. “Una vez que alguien dejaba la casa no podía hablar más con el resto de la comunidad. Teníamos que bloquear de todos lados al que salía”, indicó.

LC aseguró que desde un primer momento sintió situaciones extrañas dentro de la organización: “Desde que llegué a San Francisco todo me parecía raro, pero ya no tenía dónde regresar”.

También sostuvo que su familia intentó intervenir. “Mi familia sabía que estaba en un lugar raro, querían ir a buscarme, sacarme de ahí, pero yo no reaccionaba”, dijo.

Respecto del rol de los otros acusados, indicó que “los Mercado y Burini” manejaban el emprendimiento inmobiliario vinculado a la organización.

Durante la jornada también brindaron su testimonio Agostina Nazer, Miriam Munne, Mariano González, Carlos Fabián Pérez, Mariano Raúl Reano y Alejandra del Carmen Martínez.

Durante la audiencia anterior había declarado otra testigo identificada como MK, alias “Samara”, quien ofreció una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. La mujer relató que se mudó desde Córdoba a San Francisco en 2019 luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Herrera y aseguró que la convivencia comunitaria era voluntaria.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo. En esa jornada además declararon otras supuestas víctimas LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”).

M.K. afirmó además que participaba de distintos emprendimientos comerciales y que existía un fondo común administrado entre varias personas. “Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, dijo.

También negó haber sido captada para integrar la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, señaló.

La fiscalía, sin embargo, sostiene una hipótesis distinta. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni acusó a Argüello de haber “captado, trasladado y acogido con fines de explotación” a distintas personas mediante engaños y manipulación vinculada a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas eran persuadidas para romper vínculos familiares, cambiar sus nombres y trabajar en emprendimientos ligados a la organización bajo extensas jornadas laborales, sin salario o con pagos mínimos y bajo control psicológico y religioso.

El juicio continuará el próximo martes 19 a las 9, con los últimos testimonios, y el miércoles 20 comenzarán los alegatos. 

Elías Argüello, Daiana Herrera, Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”. enfrentan una acusación como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en tanto que Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, está acusado como partícipe necesario.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

La defensa de Elías Argüello aseguró que las primeras audiencias del juicio oral por presunta trata de personas resultaron “altamente favorables” para los imputados y ratificó su estrategia de demostrar que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad religiosa consensuada y no como una estructura coercitiva.

El abogado Eduardo Gómez Caminos, quien encabeza la defensa de Argüello y de los demás acusados junto a integrantes de su estudio jurídico, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO antes de la continuidad del debate prevista para este miércoles 13 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario. El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Debido a la amplitud de la prueba y la cantidad de testimonios previstos, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de los alegatos y la sentencia.

“Hasta ahora lo que se viene ventilando en las dos audiencias que hubo es altamente favorable para la posición de los imputados”, afirmó Gómez Caminos. Según sostuvo, durante el debate “no han quedado dudas de que ellos no han coaccionado, no han manipulado, no han engañado absolutamente a nadie”.

En esa línea, el defensor insistió en que las personas que integraban Dimensión Cielo convivían voluntariamente. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, explicó.

Insistió en que compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión, que ahí sería más llamativo”, agregó.

Además, rechazó uno de los principales puntos de la acusación vinculados a las condiciones habitacionales. “No había condiciones de hacinamiento porque vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Y justamente un county no es el perfil de trata”, sostuvo.

No obstante, aclaró que aguardará el avance del debate antes de realizar conclusiones definitivas. “Vamos a esperar sentir toda la prueba, pero no nos cabe duda de que ha sido altísimamente favorable en lo que tiene que ver con mi posición desincriminatoria y mi teoría del caso”, añadió.

Consultado sobre si las primeras audiencias fortalecieron la situación procesal de Elías Argüello y del resto de los imputados, el defensor respondió de manera contundente: “Sí, la de Argüello y la de todos los imputados, porque nadie coaccionó a nadie”.

El abogado también cuestionó el encuadre jurídico de la causa y sostuvo que “no existe delito”. “La trata de personas es uno de los delitos más degradantes que existe en el Código Penal porque logra una pérdida de identidad respecto del sujeto. Y eso no lo hemos visto en esta audiencia”, afirmó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, el defensor señaló que algunas afirmaciones incorporadas durante la instrucción “carecen de valor probatorio”. “Si yo manifiesto que hay hacinamiento, tengo que decir las razones por las cuales hay hacinamiento”, indicó.

Respecto del funcionamiento interno de Dimensión Cielo, Gómez Caminos negó la existencia de una estructura jerárquica. “Eran todos iguales. Está quedando absolutamente acreditado en el debate”, expresó.

“Eran personas unidas por la música y la religión que vivían juntas. No hay más que eso”, dijo.

Sobre el rol de Argüello dentro de la organización, sostuvo que existe “una tendencia acusatoria que permanentemente trata de realzar la figura de Argüello y de Herrera, cuando en realidad eran exactamente iguales que los demás”.

El defensor también hizo referencia a las supuestas víctimas incluidas en la causa y destacó que cinco de las siete personas “no se consideran víctimas”.  En relación con las otras dos personas incluidas en la investigación, explicó que aún analizan si declararán. “Yo quiero que declaren porque si ellas se sintieron víctimas, el tribunal tiene que tener la evidencia integral de la prueba”, manifestó.

Gómez Caminos adelantó además que Argüello volverá a declarar durante el juicio. “Va a declarar para demostrar su inocencia. Van a declarar todos los imputados y van a contestar todas las preguntas de todas las partes”, aseguró.

Finalmente, el abogado sostuvo que la defensa tiene “buenas expectativas” respecto del fallo. “Estamos confiados en que se va a resolver conforme al derecho. Y eso es lo que a nosotros como juristas nos interesa”, concluyó.

Durante la segunda audiencia uno de los testimonios fue el de declaró M.K., identificada en la causa como “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

La joven relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades de Dimensión Cielo.

Según declaró ante el tribunal, convivió junto a Argüello, Herrera y otros integrantes del grupo en una vivienda ubicada en el country Ayres del Golf.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo al describir la dinámica cotidiana dentro de la comunidad.

M.K. aseguró que participaba de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”. También explicó que no percibía un salario fijo, aunque tenía acceso al dinero del denominado “fondo común”. “La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

La testigo afirmó además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente de la vivienda.

La fiscalía federal sostiene una versión diferente sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal María Marta Schianni afirmó que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

La investigación también sostiene que las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó tras allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda audiencia del juicio oral contra el pastor e influencer sanfrancisqueño Elías Argüello comenzó este lunes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con la declaración de una de las principales testigos de la causa, identificada como MK, alias “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario.

Durante la jornada también declararon  otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación con las iniciales LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”). 

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

M.K. fue la primera testigo en declarar. Ante los jueces relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades vinculadas a la organización religiosa Dimensión Cielo.

Según declaró, vivió junto a Argüello, Herrera y los hijos de la pareja en una vivienda del country Ayres del Golf. Allí, dijo, se desarrollaba una convivencia comunitaria que incluía distintas actividades laborales relacionadas con emprendimientos inmobiliarios y comerciales.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo la testigo al describir la dinámica cotidiana dentro de la vivienda.

También afirmó que se bautizó en la iglesia evangélica y que participó de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

La joven explicó que no percibía un salario fijo por esas tareas, aunque aseguró que tenía acceso a dinero para gastos cotidianos. Según indicó, esos recursos eran administrados por otra mujer que cumplía funciones organizativas dentro del grupo.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró ante el tribunal.

En otro tramo de su testimonio señaló que los gastos importantes “se debatían entre todos” los integrantes y remarcó que existía un “fondo común” para sostener el funcionamiento cotidiano de la comunidad.

La existencia de ese fondo común es uno de los puntos centrales de discusión dentro del juicio. Durante la primera audiencia, Argüello ya había mencionado ese esquema económico para rechazar las acusaciones y negar cualquier situación de explotación o sometimiento.

M.K. también hizo referencia a la investigación judicial y al impacto que tuvo el avance de la causa sobre los integrantes de la organización. “La causa nos perjudicó a todos”, afirmó.

En relación con la acusación de captación de personas, la testigo rechazó que hubiera sido llevada por Maximiliano Mercado hacia la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, expresó.

La joven declaró además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente. También reconoció que en la vivienda había cámaras de seguridad, aunque sostuvo que se utilizaban “para controlar el descanso de cada uno” y también como medida de prevención, ya que anteriormente se habían registrado episodios de robo en la casa.

“La computadora siempre estaba abierta en la casa, Elías trabajaba desde allí”, agregó al describir la dinámica diaria en la vivienda del country.

M.K. además relató el impacto de los allanamientos realizados en 2020. “En el allanamiento se llevaron toda la plata del fondo común”, afirmó.

Además indicó que, tras el operativo judicial, dejó de tener vínculo con Argüello y con los otros imputados.

La declaración de M.K. se produjo en un contexto en el que la fiscalía sostiene una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni sostuvo que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

La acusación afirma que las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

Según la instrucción de la causa, las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales, salarios “ínfimos o inexistentes” y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó a fines de 2020 tras allanamientos realizados tanto en la vivienda de Argüello como en distintos emprendimientos ligados a la organización. En marzo de 2021 el pastor fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Durante la primera audiencia, realizada la semana pasada, Argüello negó todas las acusaciones y aseguró que nunca existieron restricciones sobre las personas que integraban la comunidad religiosa.

El debate continuará el próximo miércoles 13 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales. Sin embargo, debido a la amplitud de la prueba incorporada al expediente y a la cantidad de personas citadas, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de llegar a los alegatos y a la sentencia.

El juicio contra el pastor e influencer de San Francisco Elías Argüello continuará el próximo 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que también tiene como imputados como coautores a su pareja, Daiana Herrera, además de Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, como partícipe necesario.

El proceso judicial comenzó esta semana y, según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, podría extenderse más allá del 13 de mayo, fecha inicialmente prevista para la finalización de las audiencias, debido a la amplitud de la prueba testimonial incorporada al expediente. En la causa figuran siete presuntas víctimas, aunque cinco de ellas no se consideran víctimas de los hechos investigados.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Durante la primera audiencia, Argüello declaró ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. El pastor sostuvo que es inocente y negó haber ejercido sometimientos o restricciones sobre integrantes de la organización religiosa Dimensión Cielo. Además, afirmó que no se consideraba “ningún líder religioso”.

También señaló que el dinero que ingresaba a la organización formaba parte de “un fondo común” al que todos los integrantes tenían acceso y cuyo uso, según dijo, era consensuado.

La investigación, impulsada por la fiscal federal que subroga en San Francisc, María Marta Schianni, sostiene que las presuntas víctimas habrían sido captadas mediante mecanismos coercitivos, alejadas de sus familias y despojadas de bienes materiales para beneficiar económicamente a la organización.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es el de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por “engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas” y por haberse concretado la explotación. En el caso de Argüello, además, se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, acompañado por la letrada Alejandra Sosa Cerrolaza. El defensor cuestionó la investigación y aseguró que “no existe delito” en el accionar de los acusados.

La causa se originó a fines de 2020 tras una serie de allanamientos realizados en la vivienda de Argüello y en dos emprendimientos vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario. En marzo de 2021, el pastor fue detenido y meses después recuperó la libertad, situación que mantuvo hasta el inicio del juicio oral.

De qué se lo acusa

En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió este diario, la fiscal Schianni sostuvo que Elías Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante “engaños”, mensajes por Whatsapp y Facebook y videos difundidos en su canal de Youtube. Según la acusación, las víctimas fueron atraídas con “promesas de salvación eterna” y bajo la supuesta condición de que Argüello, su pareja Daiana Herrera y su hija eran “elegidos o enviados de Dios”.

La fiscalía indicó además que los imputados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y familiar de las presuntas víctimas, muchas de las cuales atravesaban crisis personales. La acusación sostiene que, una vez incorporadas a la organización Dimensión Cielo, eran persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor del grupo.

Según el requerimiento, la promesa de una vida “en comunidad” derivó en condiciones de “hacinamiento”, alimentación deficiente, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas laborales en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias administradas por Argüello y otros acusados.

La fiscal Schianni también sostuvo que las presuntas víctimas realizaban tareas durante aproximadamente 14 horas diarias, muchas veces sin descanso y con salarios “ínfimos o inexistentes”. La acusación describe además situaciones de “humillaciones y maltratos”, vigilancia permanente y mecanismos de control psicológico y religioso dentro de la organización.

El crimen de Nora Dalmasso tuvo una importante resolución en las últimas horas con las destituciones de los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles y ahora, mientras tratan de recuperarse de horas de audiencia y de una emoción que no cesa, continúa la lucha para que la causa no prescriba y el único acusado en este momento, Roberto Bársola, sea juzgado.

Este miércoles por la noche los tres fiscales de la causa fueron destituidos por mal desempeño y negligencia grave en el jury de enjuiciamiento. Minutos después de la decisión, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó: “Estamos muy emocionados. Fue mucho tiempo y muy duro todo el proceso, pero con el norte de tener justicia por Nora”.

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Ese norte del que habla Mussolini es que Bárzola vaya a juicio, algo que por el momento no va a ocurrir debido a que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) será el que decida si la causa prescribe o no.

Dicha instancia se logró luego de la apelación que realizaron las querellas y el Ministerio Público Fiscal tras la decisión de la Cámara del Crimen número 2 de Río Cuarto del cierre de la causa, por lo que Bárzola, quien al momento del crimen era lustrador de pisos en la casa de la víctima, fue sobreseído.

Esa negativa noticia se conoció meses después de que el actual fiscal del caso, Pablo Jávega, lo impute en diciembre de 2024 como sospechoso del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Esta acusación se logró luego de que se constate que el ADN hallado en la bata de Dalmasso y en la ingle era de Bázrola

“Estamos con esperanza y siguiendo esta búsqueda de justicia efectiva por Nora. Es nuestro norte”, manifestó Mussolini.

El jury de enjuiciamiento por la investigación del crimen de Nora Dalmasso entró en una instancia clave con los alegatos finales. En la Legislatura de Córdoba, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, al considerar acreditadas graves irregularidades en la conducción de la causa.

“Hemos llegado al final de este proceso de jury que es inédito en la Justicia de Córdoba”, sostuvo Croppi al inicio de su exposición. Y agregó: “Con todo lo que se ha oído y probado, podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas”.

Durante su alegato, la fiscal cuestionó las primeras líneas de investigación y afirmó que hubo errores que condicionaron el rumbo del expediente. “La primera hipótesis, antes de la autopsia, fue que Nora Dalmasso fue asesinada por un amante”, indicó, y remarcó: “Nadie pensó que las relaciones pudieron haber sido no consentidas”.

Croppi también apuntó a la construcción de sospechas sobre la víctima: “Rápidamente la imagen de Nora Dalmasso se transforma en la de una mujer promiscua. Este rumor nació el mismo día que encontraron su cuerpo. Nació y se sostuvo en la fiscalía”.

Uno de los ejes centrales de su acusación fue la falta de investigación sobre un sospechoso. “El sospechoso estaba ante sus ojos”, afirmó, y cuestionó: “¿Chequeamos la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicimos”.

En ese sentido, sostuvo que la fiscalía se enfocó en hipótesis equivocadas: “Todos los esfuerzos de esta etapa, dedicados a investigar a la víctima”.

Sobre el accionar de Di Santo, Croppi señaló que “omitió investigar al principal sospechoso que estaba en el lugar a la hora del homicidio” y criticó la imputación contra Facundo Macarrón: “A Facundo lo acusaron por una ‘sospecha leve’”.

En relación a Miralles, indicó: “Ignoró informes que dictaminaron que fue un acceso sexual violento”, mientras que sobre Pizarro fue más contundente: “Lo más grave es que no se molestó en investigar quién era el sicario”.

Además, cuestionó la falta de perspectiva de género en la causa: “Prefirieron condenar moralmente a una mujer que perseguir penalmente a quien la mató”.

En el tramo final, Croppi afirmó que las conductas analizadas generaron un daño institucional: “No fueron errores y descuidos de cualquier ser humano. Generaron perjuicio personal e institucional, dañando la confianza de la ciudadanía”. Y concluyó: “Es por todo lo aquí mencionado que solicito la destitución de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro”.

Por su parte, la defensa del fiscal Di Santo rechazó las acusaciones. La abogada Luciana Caminal sostuvo: “El fiscal Di Santo no ha incursionado en mal desempeño ni negligencia grave” y remarcó que el proceso no busca determinar al autor del crimen: “Hoy no se puede responder quién mató a Nora Dalmasso”.

También cuestionó la hipótesis principal de la acusación: “Nadie acá puede afirmar que Bárzola sea el culpable” y agregó: “No ha habido sesgo investigativo de ningún tipo”.

La defensa insistió en que hubo limitaciones estructurales durante la investigación: “Se ha planteado la inexistencia de suficientes unidades judiciales y la falta de insumos”, y concluyó: “No hay negligencia grave, no hay mal desempeño”, solicitando la absolución.

El proceso continúa con los alegatos de las demás defensas, en una instancia decisiva que definirá si los fiscales continúan o no en sus cargos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio la causa de las marcas de Diego Armando Maradona, donde se encuentran imputados el abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Claudia y Rita, dos hermanas del “Diez”.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la disposición resolvió “no hacer lugar” al sobreseimiento solicitado a los mencionados por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” del astro argentino, “al realizar maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado”.

Por tanto, el escrito resolvió que tanto Morla como Pomargo habrían “administrado fraudulentamente los bienes de la sociedad ‘Sattvica S.A.’” de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente en virtud “de la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio”.

“De esta forma, Maradona habría instruido al encausado Morla para que tras su constitución, le cediese a dicha sociedad, las 21 marcas que él ya tenía registradas” en Argentina y, aunque la sociedad estaba bajo la titularidad ficticia de los imputados, se desarrollaba bajo las directivas de Diego Maradona.

En tanto, se les endilga el accionar delictivo después del fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, cuando empezó el proceso de sucesión y la sociedad fue intimada el 8 de febrero de 2021, para que ceda y transfiera en forma inmediata a los herederos, la totalidad de las marcas. Además, se le pidió que no usen ningún poder otorgado por el deportista.

“El segundo tramo de la misma administración fraudulenta consistió en la presunta cesión de las acciones en favor de Rita Mabel Maradona (50%) y Claudia Nora Maradona -hermanas- (50%), entre septiembre de 2022 y agosto de 2023”, apuntó el escrito.

Por tanto, la decisión judicial detalló: “Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20/9/2022 cuando Morla renunció a la presidencia social y Garmendia hizo lo propio al cargo de director suplente el 17/7/2023”, detalló.

Por tanto, la justicia resolvió elevar a juicio y declarar “clausurada la instrucción y la presente causa donde fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta”.

Las declaraciones de testigos en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por negligencia grave y mal desempeño en el caso por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006, concluyeron y de este modo comienza el camino hacia el futuro de los procuradores para saber si son destituidos o continúan en su cargo.

Ayer lunes dieron testimonio los ex fiscales generales Vidal Lascano, que estuvo en ese cargo entre 2004 y 2007, y Darío Vezzaro, entre 2007 y 2012. Ambos dieron a conocer cuáles fueron sus funciones en el caso hasta sus renuncias.

Además, declaró el fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, quien absolvió al viudo Marcelo Macarrón en el juicio y pidió que se siga buscando la verdad. En esta ocasión, sostuvo que la pesquisa fue un derrotero y que el asesino “está en el cinto de la bata”, haciendo entender que desde un comienzo la pista principal estuvo en el objeto con el que se mató a Dalmasso.

“La aparición de Roberto Bárzola es un hallazgo casual, no producto de una exclusiva actividad investigativa”, manifestó.

Por último, una de las declaraciones más esperadas fue la de Pablo Javega, quien se desempeña como fiscal de instrucción desde octubre de 2022 en la causa y que logró la obtención de ADN de Bárzola.

El fiscal detalló durante su testimonial que, tras la absolución de Macarrón, comenzaron a relevar el expediente y detectar los puntos más importantes. Allí, según expuso, identificaron dos elementos clave: un ADN mitocondrial en un pelo y un haplotipo “Y” -masculino- desconocido detectado en el cinto, informado en 2008.

Tras el cierre de la rueda de declaraciones, se dictó cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 6 de mayo cuando comiencen los alegatos finales. Aunque no se estipuló fecha, se espera que antes de fin de dicho mes se conozca la decisión del jurado sobre el futuro de los tres fiscales.

La investigación por las falsas amenazas de bomba que generaron alarma en San Francisco durante marzo transita su etapa final y podría ser elevada a juicio en los próximos días. En ese marco, el principal imputado, un hombre de 38 años conocido como “Bomba”, fue excarcelado y esperará el proceso en libertad.

El caso está a cargo del fiscal de Primer Turno, Oscar Gieco, quien imputó al acusado por el delito de intimidación pública reiterada, previsto en el artículo 211 del Código Penal argentino, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

Según se informó a LA VOZ DE SAN JUSTO desde la Fiscalía, al imputado se le atribuyen dos hechos reiterados vinculados a llamadas que generaron alarma pública y obligaron a activar protocolos de seguridad, incluyendo la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba.

La detención se había concretado tras un allanamiento en una vivienda de barrio Consolata, donde personal policial secuestró un teléfono celular Motorola E22, presuntamente utilizado para realizar las comunicaciones. De acuerdo con las pericias, el número de línea del dispositivo coincide con el que efectuó los llamados al 911.

La causa vincula al acusado con una amenaza de bomba en la guardería municipal de barrio Roque Sáenz Peña, situación que también afectó al jardín del colegio 2 de Abril y derivó en la suspensión de actividades. El segundo episodio ocurrió en la previa de un baile de Marcos Bainotti, en el salón del Gigante de Bomberos Voluntarios, donde una advertencia obligó a interrumpir momentáneamente el evento y desplegar un operativo de evacuación.

De acuerdo a la investigación, las llamadas habrían estado motivadas por un conflicto personal con su expareja, quien trabajaría en la guardería ubicada en el sector de las “800 viviendas”.

Además de la situación procesal, se dispuso que el imputado realice un tratamiento psicológico por consumo problemático de drogas. Mientras tanto, la Fiscalía avanza con los últimos pasos de la instrucción y no se descarta que en breve se formalice el pedido de elevación a juicio.

La Justicia dio un nuevo paso en la causa por el accidente de tránsito ocurrido en San Francisco en la madrugada del 26 de enero de 2024, donde murieron dos adolescentes de 16 años. En las últimas horas, la Fiscalía resolvió elevar el caso a juicio.

El hecho sucedió cerca de las 4 sobre avenida Cervantes, en el tramo de la Ruta Nacional 19. Según la investigación, una motocicleta Corven 110 en la que circulaban Oriana Torres y Priscila Navarro, en sentido este-oeste, chocó desde atrás contra un camión que estaba estacionado en la misma dirección. Torres murió en el lugar, mientras que Navarro fue trasladada al Hospital “J. B. Iturraspe” y luego derivada al Hospital Pasteur de Villa María, donde falleció horas después.

La pesquisa indicó que el camión estaba detenido con balizas en una zona donde está prohibido estacionar, un punto clave del caso. El conductor, un hombre de 44 años oriundo de Morteros y de apellido Osorio, fue imputado por homicidio culposo agravado por el número de víctimas. La causa quedó ahora en manos del Juzgado de Control, que definirá cómo continúa el proceso y, de llegar a juicio con la pena máxima, podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo.

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, comenzará este martes

Fuentes del caso informaron que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.__IP__

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

Expertos vaticinan cada vez más litigios previsionales como consecuencia de la modalidad de cálculo jubilatorio, que se mantiene retrasada dos meses.

Con la entrada en vigencia de la nueva fórmula, los ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. 

Pero la legislación previsional define que las jubilaciones deben reflejar la evolución de los sueldos, dado que se trata de un salario diferido.

Entre abril de 2024 y agosto de 2025, los salarios medidos por la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables crecieron 117%, mientras la inflación acumulada fue de 71%. 

La diferencia de 46 puntos porcentuales refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.

Esto genera tensiones en el sistema judicial y una cantidad cada vez mayor de juicios contra el Estado, según especialistas. A esto se suman debilidades estructurales del sistema previsional.

“La tasa de sustitución es muy baja si la comparamos con la de nuestros países vecinos, Chile y Uruguay. Es decir, el primer pago jubilatorio suele ser muy inferior al último salario en actividad, y la inflación, aun después del plan de estabilización del presente gobierno, erosiona rápidamente cualquier ingreso jubilatorio”, explica Carlos Curi, economista especializado en finanzas, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En materia judicial, existe un criterio de que la jubilación es sustitutiva del salario. 

Y los jueces no pueden desatender el movimiento del salario de los activos.

De continuar la tendencia, el ajuste basado exclusivamente en la inflación consolidaría una brecha creciente entre ingresos de trabajadores y haberes jubilatorios. 

Según especialistas, el mecanismo actual apuesta todo al IPC y desatiende variables como la recaudación y la evolución salarial.

Esto podría perpetuar la pérdida del poder de compra de los jubilados y abrir una nueva etapa de litigios contra la Anses.

El sistema previsional argentino es obsoleto y está quebrado desde hace varias décadas. “Ningún gobierno se ha ocupado seriamente de mejorarlo de manera sostenida”, alerta Curi.

“Lo que debería ser un ingreso estable y suficiente se transforma en un cálculo constante de supervivencia: ajustar gastos, mudarse a viviendas más chicas en barrios más accesibles, recurrir a los pocos ahorros en dólares o alquilar alguna propiedad, en aquellos escasos casos en que pudieron y decidieron ahorrar o invertir en ladrillos”, señala. 

También menciona que se recurre a “seguir trabajando en forma independiente, como soluciones alternativas frente al estructural desmanejo del sistema previsional por parte de los diferentes gobiernos y a la imprevisión o indisciplina del ahorro-inversión de los trabajadores”.

En el vacío del retiro, los ex trabajadores se encuentran con “muchos desafíos por delante, no solo en lo financiero ni en la degradación de los servicios de la obra social, sino también, en la mayoría de los casos, con la exclusión social producto de una cultura edadista que perfora las esperanzas de mantener el nivel de vida prejubilatorio”, señala.

“Pero el retiro no es solo económico, también es identitario. Tras décadas de trabajo, muchos argentinos sienten que pierden parte de su rol social al dejar la empresa o la profesión”, señaló.

Curi dijo que “la pregunta de fondo es si, como sociedad, gobierno, corporaciones e individuos, estamos dispuestos a ignorar el abismo del retiro o si podemos construir un sistema previsional sustentable, apoyado en sus tres pilares básicos: ingreso universal, planes corporativos de retiro y programas de inversión individual a largo plazo, que devuelvan a los próximos jubilados lo que realmente merecen: seguridad económica y calidad de vida”.

Y advirtió que “la avidez fiscal ha sido tan significativa que ningún gobierno, en lo que va de este siglo, siquiera propuso exenciones fiscales para los últimos dos pilares, que son los que hacen la diferencia a la hora de saltar al retiro”.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio del joven que usó inteligencia artificial para colocar rostros de compañeras de colegio en cuerpos desnudos e insertar dichas imágenes en una página pornográfica. Tomó en consideración que tales publicaciones identificaban a las víctimas por su nombre y apellido. También tuvo en cuenta que el imputado publicó junto con esas fotografías enlaces que remitían a los perfiles de Instagram de sus compañeras. Esto provocó que las damnificadas recibieran numerosas solicitudes de amistad y visitas a sus redes sociales por parte de desconocidos.

El tribunal, integrado por los camaristas Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar, consideró que la conducta del imputado configuraba el delito de lesiones graves calificadas en razón de mediar violencia de género.

La resolución explica que, en la actualidad, el daño psíquico se considera una lesión del Código Penal, “aún sin daño físico concomitante”. También puntualiza que, en este caso, las damnificadas son personas menores de edad, que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, “como sujetos en formación”.

“Los trastornos de ansiedad persistentes, estrés postraumático, trastornos adaptativos, y aislamiento social, deben considerarse graves, sin lugar a dudas”, enfatizó la camarista Farías, autora del voto.

El tribunal agregó que, aunque las imágenes hayan sido manipuladas, “implicaron una exposición sexual, digital, pública y reiterada, por la multiplicidad de visualizaciones que genera dicho medio y en el marco de lo que también debe considerarse violencia simbólica”.

Asimismo, consideró que estas publicaciones en redes sociales configuraron violencia digital, “dado que fue en el espacio digital donde se concretó el mensaje estereotipado, lo que no requiere necesariamente de un vínculo interpersonal entre el agresor y las víctimas, pues el impacto se produce al incidir en representaciones sociales teñidas de una cultura patriarcal”.

“Van proliferando en nuestra sociedad conductas que utilizan los medios informáticos o las redes para la comisión de distintos delitos que tiene como sujeto pasivo a la mujer, lo que ha supuesto un ámbito importante de vulnerabilidad para la privacidad, y un espacio posible de ataques por medios muy diversos”, afirmaron los vocales.

En la mañana de este martes, la Cámara del Crimen de San Francisco condenó a seis años de prisión a dos hermanos que formaban parte de la fuerza policial cordobesa, por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad de su entorno familiar.

La investigación fue instruida por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, y se inició a partir de la denuncia realizada por la familia de la víctima, quien tenía 14 años al momento de los hechos, ocurridos en 2022. El juicio oral comenzó en noviembre del año pasado.

Durante la etapa investigativa se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los acusados, donde se secuestraron teléfonos celulares y computadoras. En el marco de la causa también se incorporó información proveniente del National Center for Missing & Exploited Children, de Estados Unidos, que alertó sobre actividad sospechosa vinculada a uno de los imputados.

Tras analizar las pruebas reunidas a lo largo del proceso, el tribunal resolvió dictar la condena contra ambos acusados.

El Tribunal Oral Federal N° 1 elevó a juicio la causa que investiga presuntas estafas vinculadas a la Asociación Mutual Altos de Chipión. La decisión fue adoptada mediante un fallo unipersonal del juez Julián Falcucci, quien dejó sin efecto la acumulación dispuesta oportunamente por el Juzgado Federal de San Francisco en relación con una denuncia presentada en 2021.

En el proceso serán juzgados Fabio González, Oscar Larivey, Carlos Tomatis, Rodrigo Vincenti, Lucas Priotti, Julio Delcar y los hermanos Adrián y César Gorgerino. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada, delitos que prevén penas de entre tres y diez años de prisión.

La causa incluye, entre otros hechos, la denuncia realizada por el productor Raúl Mathieu, quien aseguró haber sido inducido a vender 15 hectáreas de su propiedad por 120 mil dólares para saldar una deuda con la mutual, sin haber recibido el pago correspondiente. Según indicó, tampoco se habría cancelado la deuda que mantenía con la entidad.

De acuerdo con la investigación, en la causa por presunta asociación ilícita se acusa a Lucas Priotti de haber conformado y liderado una banda delictiva en 2019, en complicidad con otros ocho sospechosos. Desde la mutual, según la acusación, se habrían tomado depósitos de ahorristas de manera habitual y masiva mediante el ofrecimiento de cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos simulados.

En la práctica, los ahorristas colocaban su dinero a cambio de altos intereses, con devolución pactada en pesos o dólares. Las operaciones se documentaban por triplicado, aunque los investigadores determinaron que los comprobantes luego eran dados de baja del sistema informático. El dinero captado habría sido redireccionado a empresas vinculadas a los acusados, pese a que la mutual no contaba con autorización del Banco Central ni de otros organismos oficiales.

La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que una prórroga del plazo de presentación fue concedida de manera irregular.

La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.

Los jueces Irurzun y Farah recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal, y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.

“El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”, señalaron en relación al requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Ramiro González, al que también validaron.

Además remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.

En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez y darse por "decaído" su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término.

Además cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa"  en una “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

En minoría, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que vuelva a analizar si corresponde o no ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio.

La causa por violencia de género cambió de juzgado luego que se apartó del caso al juez federal Julián Ercolini, quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral.