Julieta Makintach, quien está en el ojo de la tormenta por la realización de un documental en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, renunció a su cargo de jueza, de acuerdo a información de a la Agencia Noticias Argentinas.

"Que vengo por el presente, en mi carácter de letrado patrocinante (Darío Saldaño) de la Dra. Julieta Makintach por ante el Jurado de Enjuiciamiento, por su expreso pedido y mandato vengo a acompañar la carta de dimisión , con firma ológrafa de la Magistrada, solicitando se imprima la celeridad que ha acompañado el devenir del presente", destaca el documento.

Esta medida tomada por la magistrada es para poder evitar el jury de enjuiciamiento que se confirmó tras la reunión de este marte, donde le jurado aceptó todas las denuncias en contra de Makintach.

"Es una decisión reflexionada y evaluada en conjunto con su familia y nosotros", explicó Saldaño en diálogo con este medio.

De acuerdo al escrito que fue dirigido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la magistrada destacó que "la presente decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas".

La titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro expresó que "su mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional es su apartamiento voluntario del cargo", al tiempo que la determinación tomada "no sólo manifiesta un compromiso personal con los valores republicanos que guían la función" de los magistrados, "sino también el convencimiento de que la legitimidad institucional no se sostiene solamente con la legalidad formal".

"Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar a mi derecho de defenderme en los ámbitos que corresponden", afirmó Makintach, quien cumple una licencia obligada de 90 días decretada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

En la misiva, Makintach, que fue apartada también de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, agradeció al máximo tribunal y demás autoridades del Poder Judicial bonaerense "por la oportunidad de ejercer una función de tan alto honor".

Saldaño, defensor de la funcionaria judicial, consignó que "le deben aceptar la dimisión", pero "que no sabe" si se salva del jury de enjuiciamiento.

El jurado está integrado por cinco conjueces: Fabián Ramón González del Departamento Judicial de Morón; Mirta Daniela Greco del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; Pablo Agustín Grillo Cicchini del Departamento Judicial de La Plata; María Victoria Lorences del Departamento Judicial Lomas de Zamora y Álvaro García Orsi del Departamento Judicial La Plata.

A su vez, el documento remarca que los conjueces legisladores con títulos de abogados designados son los senadores Ariel Martínez Bordaisco (UCR), María Lorena Mandagarán (UCR Cambio Federal) y Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe) y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).

Una audiencia clave se realiza hoy en el Senado bonaerense para dar inicio al jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, quien se encuentra suspendida con una licencia obligada de 90 días luego de protagonizar el documental Justicia Divina basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El secretario de Enjuiciamiento Permanente de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Ulises Giménez, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y explicó que los 11 integrantes del jurado se reúnen desde las 11:00, en el Anexo de la Cámara alta provincial, emplazada en las calles 7 y 49.

“Se pronunciarán sobre su competencia para entender el caso . El debate es presidido por la presidente de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Konan”, destacó el funcionario, quien mencionó que se debatirá el apartamiento preventivo de la magistrada.

El jurado está integrado por cinco conjueces: Fabian Ramón González del Departamento Judicial de Morón; Mirta Daniela Greco del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; Pablo Agustín Grillo Cicchini del Departamento Judicial de La Plata; María Victoria Lorences del Departamento Judicial Lomas de Zamora y Álvaro García Orsi del Departamento Judicial La Plata.

Los suplentes son Guillermo Andrés Marcos del Departamento Judicial de Bahía Blanca; Alberto Biglieri del Departamento Judicial Lomas de Zamora y Lisandro Benito del Departamento Judicial La Plata.

A su vez, el documento al que accedió este medio sostiene que los conjueces legisladores con títulos de abogados designados son los senadores Ariel Martínez Bordaisco (UCR), María Lorena Mandagarán (UCR Cambio Federal) y Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe) y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).

En este último caso, los suplentes son los diputados Guillermo Castello (LLA) y Diego Garciarena (UCR-CF) y la senadora de Unión por la Patria Gabriela De María.

Makintach fue recusada del juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona -que se anuló- y ahora enfrenta este proceso que podría resolver su destitución.

La magistrada es investigada en una causa penal por formar parte de un presunto proyecto audiovisual basado en el debate oral y público. Videos la muestran mientras camina por los pasillos de los Tribunales de San Isidro, al tiempo que brinda una entrevista en su despacho y distintos testimonios la incriminaron por su actitud.

Además, cámaras ocultas filmaron el desarrollo de una de las audiencias y captan una discusión que la jueza mantuvo con el abogado Rodolfo Baqué, que fue apartado de la defensa del enfermero Ricardo Almirón.

La oposición más dura reunió hoy 104 votos en el recinto de la Cámara de Diputados para el emplazamiento de la comisión de Juicio Político, con el objetivo de iniciar el procedimiento de investigación y acusación contra el presidente Javier Milei por su implicación en el cripto escándalo $Libra, pero no alcanzó la mayoría necesaria.

La moción, formulada por el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, resultó rechazada con 128 votos negativos.

Los 104 votos a favor del juicio político fueron aportados por 95 de los 98 diputados de Unión por la Patria (los tres restantes estuvieron ausentes), los cinco representantes del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi), tres de los 15 integrantes de Encuentro Federal (los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein, y la peronista cordobesa Natalia de la Sota) y el monobloquista santafesino Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

Los diputados de la llamada oposición dialoguista como Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el grueso de Encuentro Federal y de la UCR, están de acuerdo con pedir informes o interpelar funcionarios por el caso Libra pero rechazan tajantemente la opción del juicio político por considerarla una medida extrema y desestabilizante.

El desenlace buscado del juicio político es la remoción del funcionario acusado, en este caso nada menos que el presidente de la República, lo que generaría un escenario de grave crisis institucional.

Es por esa razón que esas bancadas de oposición dialoguista rechazaron el juicio político, aunque previamente habían acompañado la moción de emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar los proyectos que plantean pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios.

En contra del juicio político también votaron, como era esperable, La Libertad Avanza, el PRO, el MID, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, y algunos monobloques.

Un colectivo de personalidades de la política, la Justicia, la academia, organizaciones civiles y del movimiento de Derechos Humanos, ligados al kirchnerismo en mayor o menos medida, presentó este lunes formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.

Si bien la comisión homóloga todavía no está constituida después de la fallida conformación con Marcela Pagano a la cabeza, este grupo de dirigentes está decidido a jugar a fondo para lograr la remoción del líder de La Libertad Avanza.

En un escrito de 25 páginas, firmaron la iniciativa el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; y la investigadora Dora Barrancos.

También suscribieron el juicio político contra Milei (que ya tiene número de expediente) la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

En la presentación, solicitaron que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de: “instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen”.

También reclamaron que lo investiguen por “el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos”.

Otros posibles delitos que le imputen y que pidieron que se investiguen en el marco del juicio político son “la malversación de caudales públicos, mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación", y otras ”cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial".

En la presentación, los dirigentes cercanos al kirchnerismo aclararon que “la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo”, por lo que está más que justificado este pedido de juicio político.

A su vez, advirtieron que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.

En paralelo a la presentación de juicio político a Milei por las vías institucionales, el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas.