La Cámara Criminal y Correccional de 7° Nominación de la ciudad de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la sentencia que, por mayoría, condenó a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por homicidio insidioso de cinco bebés nacidos en el Hospital Materno Neonatal y tentativa de homicidio de otros ocho recién nacidos.

En relación con la imputada Agüero, el voto mayoritario fue redactado por el camarista José Daniel Cesano y compartido por la vocal Laura Huberman y cuatro integrantes del jurado popular (los otros ciudadanos se inclinaron por la absolución). Entre otras consideraciones, el magistrado aseguró que no hay ningún obstáculo para alcanzar la certeza en base a prueba indirecta. Agregó que existe una pluralidad de indicios unívocos que permiten inferir con certeza que la acusada Agüero “fue la autora de los procedimientos insidiosos que causaron la muerte de los cinco bebés fallecidos, así como también de los ataques respecto de los otros ocho recién nacidos”.

Al respecto, la sentencia detalla los indicios que fueron tenidos en cuenta para considerar probada su participación en los delitos atribuidos:

- la imputada era la única persona que estaba presente en la totalidad de los días en que se produjeron los hechos;

- en once de los casos, mantuvo contacto personal con los bebés y, en dos, tuvo la oportunidad de hacerlo;

- en varios de los sucesos, dio aviso a las médicas de las descompensaciones, incluso antes de que los síntomas fueran claramente visibles;

- en el botiquín de la sala de recuperación, donde trabajaba la imputada, se encontraron cuatro lapiceras de insulina y ampollas de potasio, medicación que el hospital no suministraba en ese formato, o bien, no debería estar en ese lugar; 

- la encausada presentaba una personalidad con rasgos narcisistas y omnipotentes; 

- cuando la enfermera dejó de asistir al hospital cesaron estos hechos;

- cuando se enteró de las sospechas que ya existían hacia su persona, Agüero demostró intenciones de mudarse a otra provincia.

“Esta pluralidad de indicios permiten destruir el principio jurídico de inocencia del que goza la encausada; y me autorizan a sostener, más allá de toda duda razonable, que la autora de los trece sucesos fue Brenda Cecilia Agüero”, concluyó la mayoría del tribunal.

En tanto, otros cuatro jurados populares votaron, en minoría, por la absolución de la enfermera. En la fundamentación del voto, confeccionada por la presidenta del tribunal Patricia Soria, tal como lo ordena la Ley de Jurados Populares, estos ciudadanos coincidieron en que algunos hechos no existieron; mientras que, en otros casos, no logró probarse la participación de la imputada Agüero. 

Los jurados hicieron hincapié en que la inyección de potasio colocada en forma intramuscular deja marcas; al principio la zona queda roja y, luego, se genera una necrosis del tejido. Sin embargo, de los 13 casos, solamente se observó en una bebé una lesión compatible con la inoculación de potasio. “Cómo se explica que en el resto de los casos no haya ni rastros clínicos ni marcas compatibles con tal método”, se preguntaron. Y agregaron que ni siquiera los que fallecieron han tenido zonas necrosadas.

Por mayoría, los jueces técnicos Cesano y Huberman junto con cuatro jurados populares votaron por la condena de los siguientes acusados: Liliana Asís, exdirectora del hospital; Alejandro Escudero Salama, como exsubdirector de Gestión Administrativa del nosocomio; Martha Elena Gómez Flores, exjefa de Departamento de Neonatología; Adriana Moralez, médica neonatóloga; y Pablo Carvajal, exsecretario de Salud de la Provincia de Córdoba.

Fundamentaron su voto en que estos funcionarios públicos conocieron el carácter delictivo de los fallecimientos y las descompensaciones que estaban teniendo lugar en el Centro Obstétrico del Hospital Materno Neonatal y, sin embargo, ocultaron su origen criminal. Según el tribunal, los tres primeros tuvieron conocimiento fehaciente de la naturaleza de los hechos desde principios de mayo; mientras que Carvajal se enteró de todo en una reunión mantenida el 7 de junio con las autoridades del hospital, en su despacho.

Si bien cuatro jurados populares adhirieron al voto de los jueces técnicos en relación con los acusados Agüero, Asís, Escudero Salama, Gómez Flores, Moralez y Carvajal, tuvieron una opinión distinta en relación con el exministro de Salud Diego Cardozo. Aunque los camaristas Cesano y Huberman votaron por su condena (consideraron que Cardozo tomó conocimiento de los hechos el 7 de junio e incumplió su deber de denunciarlos), ellos conformaron una mayoría con el resto de los jurados populares que optó por la absolución del exministro.

Este voto mayoritario puramente conformado por ciudadanos fue fundado “lógica y legalmente” por la presidenta del tribunal, Patricia Soria, que únicamente vota en caso de empate. La magistrada aclaró que ella no contribuyó a tomar estas decisiones, sino que solo redactó los argumentos expresados por los jurados populares para justificar su voto. 

Entre otras razones, los ciudadanos que integraron el tribunal señalaron que cuando Cardozo se enteró de lo que pasaba en el Neonatal, “inmediatamente dio directivas operativas e institucionales”: dispuso la intervención del hospital; separó los agentes que intervinieron en los casos sospechosos; inició un sumario administrativo; ordenó que se haga un seguimiento de los casos judicializados y que se formule la denuncia penal de los hechos.

“Una vez impartidas las directivas, no volvieron a suceder hechos en el hospital. Esto se debe a que las directivas descriptas se fueron cumpliendo, con excepción de una denuncia penal integral, que estaba en preparación”, expresaron los jurados populares.

Como consecuencia de la votación, el tribunal -por mayoría de seis votos contra cuatro- tuvo por acreditados la participación penalmente responsable de la enfermera Brenda Agüero en los trece hechos analizados.

Asimismo, consideró probados -por mayoría de seis votos contra cuatro- la participación penalmente responsable de los exfuncionarios Asís, Escudero Salama, Gómez Flores, Moralez y Carvajal.

Por unanimidad, absolvió a los acusados María Alejandra Luján, Claudia Elizabeth Ringelheim, Alicia Beatriz Ariza y Alejandro Gabriel Gauto. Y -por mayoría de ocho votos contra dos (los jueces técnicos)- dispuso la absolución del exministro Cardozo. 

La sentencia también considera configurada la violencia institucional en perjuicio de las víctimas. El tribunal señaló que el Estado, a través de sus agentes, concretó prácticas que resultaron, por lo menos, “reñidas con algunos de derechos fundamentales” que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la legislación interna (por ejemplo, la Ley de Protección Integral a las Mujeres n.° 26485).

“En uno de los momentos en donde se verifica una mayor vulnerabilidad de la mujer, se afecta a su bebé con bárbaros ataques y se le oculta lo sucedido; y todo esto ocurre y tiene como protagonistas a agentes públicos de un nosocomio a donde aquéllos depositaron toda su confianza”, enfatiza el fallo.

El tribunal añadió que la prueba de la situación es “abrumadora” y comprende “un nutrido elenco de malas prácticas a la que han sido sometidas las madres” y que van desde culpabilizarlas hasta llegar a la más absoluta desinformación e indiferencia frente a los decesos.

Finalmente, la sentencia incluye un párrafo dirigido a las víctimas. En una primera parte, el autor del primer voto, el camarista Cesano, se dirige a los niños que sobrevivieron a los ataques:

“Cuando ustedes eran bebés, con apenas unas horas de vida (…) una enfermera intentó matarlos. (…) Hoy, quien les hizo ese tremendo daño, ha sido condenada (…) y está en la cárcel por la gravedad de lo que hizo”. 

También explica a los niños que “la gran mayoría de los médicos y enfermeras de todos los hospitales son personas que se desviven para hacer el bien”. “Hubo una mala profesional; pero hay millones que están dispuesta a sacrificarse, día tras día, para nuestro bienestar”, enfatiza.

Finalmente, dirige unas palabras a las madres y los padres de los cinco niños que murieron. “Frente a tan terrible dolor, nada –ni el propio Derecho– les puede reparar su quebranto. Sin embargo, esperamos que con este frío proceso en donde se trató de llegar a la verdad –que no es consuelo de nada– puedan, no obstante, comenzar a transitar su duelo”.

El juicio oral y público que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones que sucedieron en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba ingresa en su etapa final. La semana pasada se escucharon las conclusiones de las defensas de los imputados por los hechos que sucedieron entre marzo y junio de 2022.

La semana que viene no habrá audiencias y el 26 de mayo está previsto que den sus conclusiones los abogados defensores de Adriana Moralez, quien se desempeñaba como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente del hospital. También hablarán, ese día, los representantes de la médica Neonatóloga María Alejandra Luján, quien estuvo a cargo de la supervisión de neonatología en la guardia del 18 de marzo.

Luego seguirán los defensores de Claudia Ringelgheim -exjefa de Tocoginecología-; de Alejandro Gauto -exsecretario de Coordinación ministerial-, y de Alicia Ariza -exjefa de Enfermería.

Luego habrá una semana de receso y entre el lunes 9 de junio y el miércoles 11 se escucharán las anteúltimas palabras de las madres y las últimas palabras de los acusados.

El veredicto del jurado, que estaba previsto para el 2 de junio, se conocerá el 18 de junio. Unos 15 días más tarde se conocerán los fundamentos de la sentencia, que en su parte resolutiva será leída ese día, luego de la deliberación y el voto de ocho jurados populares y dos vocales técnicos.

El lunes pasado concluyó sus alegatos Gustavo Nievas, defensor de la enfermera Brenda Agüero, quien se encuentra imputada por homicidio agravado y calificado. El Ministerio Público Fiscal pidió prisión perpetua.

Nievas reiteró que Agüero es inocente y planteó su absolución. Alegó que no existen pruebas directas en contra de ella y que es una víctima del poder político “que necesitó encontrar un culpable en medio de la campaña electoral”.

El martes, los abogados Federico Ferrer Vieyra y Felipe Trucco pidieron la absolución de Liliana Asís (quien era directora del hospital) y de Martha Gómez Flores (entonces jefa de Neonatología): “No se puede acusar de encubrimiento a quienes revelaron los casos”, sostuvieron, al tiempo que realizaron una precisa línea de tiempo.

El miércoles, finalmente, se escucharon los alegatos de Justiniano Martínez, defensor de Pablo Carvajal, quien se desempeñaba como secretario de Salud de Córdoba desde la pandemia hasta agosto de 2022, cuando se hicieron públicas las muertes.

Martínez cuestionó la investigación fiscal preparatoria, a la que consideró “plagada de errores”. Dijo que Carvajal nunca tuvo la intención de encubrir. Alegó que fue él quien le pasó el croquis con la línea de tiempo de los 13 casos al fiscal Raúl Garzón. Pidió su absolución y dijo que resignaría sus honorarios profesionales, en caso de que no se dicte condena a Carvajal.

Aquel día también dio sus conclusiones Claudio Orosz, defensor de Alejandro Escudero Salama, quien se desempeñaba como subdirector administrativo del hospital Neonatal. Escudero también se encuentra imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado doblemente calificado. El Ministerio Público Fiscal pidió para él penas de prisión efectiva de cuatro años.

Orosz también cuestionó la investigación fiscal preparatoria. Con la necesidad de buscar un culpable, se puede condenar a un inocente, destacó en la audiencia.

Reiteró que Escudero promovió el parto respetado dentro del hospital, pero se encontró con una estructura verticalista. Que se enteró en un pasillo de que Damaris Bustamante había sufrido violencia obstétrica, quiso averiguar lo que había pasado y se encontró con una fuerte resistencia.

El defensor de Escudero también citó los resultados del peritaje médico e interdisciplinario que analizó la serie de 13 casos de muertes y lesiones en el hospital Neonatal, desde el 18 de marzo hasta el 7 de junio. Y citó las palabras del experto Néstor Vain, quien dijo en la audiencia: “Todos los casos son distintos; no juntemos naranjas con bananas”.

Dijo que el peritaje fue concluyente en seis casos, pero que sembró dudas en los demás.

Orosz anticipó que presentará un recurso de casación.

“Hemos probado qué hechos conoció Escudero en su cargo de subdirector administrativo y qué hizo con esos hechos, a través de una nota del 10 de mayo. Que vino a hablar con un fiscal en Tribunales II y que lo puso en conocimiento de esos hechos, tal como le fueron informados. La respuesta que recibió fue que no tenía los elementos suficientes para efectuar una denuncia. Por lo tanto, nunca pudo omitir y tampoco encubrir a Brenda Agüero. En ese momento no había elementos que hicieran sospechar de un accionar humano”, dijo, en relación con la reunión que mantuvo con el fiscal Guillermo González y el médico forense Moisés David Dib.

Orosz agregó que el 6 de junio dos médicas se le acercaron diciendo que no podían certificar la muerte de un bebé. “Era la primera vez que dos médicas le decían eso”. Y contó que Escudero “les hizo un garabato” de cómo se hace una denuncia penal “y las mandó a la unidad judicial que se encuentra a 50 metros del hospital”.

Las audiencias proseguirán con las defensas de Moralez y de Luján.

Para Moralez, quien se encuentra imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres años de prisión en modo de ejecución condicional y una inhabilitación de dos años para ejercer.

Para Luján, la Fiscalía de Cámara solicitó un año de inhabilitación para ejercer y la pena máxima de la multa, por considerar que omitió sus deberes de funcionaria pública y no denunció a tiempo. Pidió su absolución en el caso de falsedad ideológica.

Restan las defensas del entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y del secretario de Coordinación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud provincial, Alejandro Gauto, quien prácticamente no intervino en este juicio oral y público.

Ambos están imputados de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, pidió tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer, al igual que para Carvajal.

Como se recordará, las querellas solicitaron mayor severidad en las penas y cárcel efectiva para todos los funcionarios imputados.

A su vez, la defensora pública Ana Pagliano pidió una cautelar para que se dicte prisión preventiva a los imputados en caso de que se confirme la condena.

¿Puede la querella pedir penas mayores que las solicitadas por la Fiscalía de Control? Para Pedro Despouy Santoro, doctor en Derecho y profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, sí puede hacerlo en un juicio común.

“En ese caso, el Tribunal puede tomar el pedido de pena de la querella y apartarse (sobre el monto y el modo de ejecución efectiva o condicional) de lo que pidió la Fiscalía. En un juicio común, el Tribunal no queda obligado a aplicar la cantidad de pena ni el modo de cumplimiento que piden las partes, ya sea el fiscal, la querella o la defensa. Esa es una facultad privativa del juez o tribunal”

El especialista dijo que existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y de la Corte Suprema de la Nación.

“En un juicio común, el Tribunal puede aplicar una pena mayor o menor a la solicitada por la fiscalía o la querella, siempre respetando la escala penal del delito cometido. También puede coincidir con el criterio de la fiscalía o de la querella”, agregó.

Si la fiscalía solicita prisión de ejecución condicional, el tribunal puede aceptar esa solicitud o rechazarla. Si el fiscal pide prisión de ejecución en suspenso y el querellante solicita que sea de ejecución efectiva, el tribunal podría hacer lugar a ese pedido.

A la hora de evaluar la escala penal (cuántos años de pena) y el tipo de ejecución (condicional o efectiva), el tribunal tendrá en cuenta agravantes y atenuantes.

“Se presume que a mayor nivel de educación hay mayor autodeterminación, es decir, más posibilidad de comprender la ilicitud de la conducta realizada, y con ello mayor reproche y culpabilidad que le permite al tribunal aplicar más pena al autor del delito”, expresó.

Una vez que terminen los alegatos de las partes, el jurado se tomará unos días para analizar el conjunto de la prueba. Las mamás de los 13 bebés tendrán la “penúltima palabra” y los imputados, la “última palabra”.

De inmediato, los jurados populares y el Tribunal pasarán a deliberar en sesión secreta, para luego dictar el veredicto. Allí se anunciará cuándo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

Despouy Santoro explicó que el Tribunal puede dictar prisión preventiva en caso de condenas de ejecución efectiva.

En el marco del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, fue el turno de los alegatos de la defensa de Liliana Asís, ex directora del centro de salud, y de Martha Gómez Flores, ex jefa del servicio de Neonatología. Ambas profesionales están imputadas por omisión de deberes, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado. En la audiencia, su abogado, Felipe Trucco, solicitó la absolución de ambas y cuestionó con firmeza los fundamentos de la acusación.

“Es una paradoja”, sentenció Trucco en uno de los pasajes más enfáticos de su alegato, al denunciar que la imputación se apoya, en gran medida, en el trabajo de investigación que sus defendidas realizaron dentro del hospital. “La acusación está basada en el trabajo que las propias médicas hicieron”, señaló. “Esta línea de tiempo ha sido analizada por todos los investigadores, por los fiscales y demás, fue elaborada, tiene su génesis en el trabajo de las médicas”.

El abogado, oriundo de San Francisco, insistió en que fueron Asís y Gómez Flores quienes detectaron irregularidades y comenzaron a construir la línea temporal de los casos, que luego compartieron con las autoridades sanitarias provinciales. “Las mismas médicas presentaron esto ante la Fiscalía de Estado, que es el órgano de control de legalidad de los actos”, explicó.

En ese sentido, Trucco acusó a la Fiscalía de haber transformado ese trabajo en la base de su acusación. “No hay ni siquiera una nueva prueba, más allá de la elaboración de la línea del tiempo, que es la investigación de los casos desde el 18 de marzo al 6 de junio, que hicieron las médicas”, remarcó. “Lo único que hizo la Fiscalía es tomar el trabajo de las médicas y convertirlo en acusación”.

Liliana Asís enfrenta el juicio en prisión domiciliaria, mientras que su compañera, Martha Gómez Flores, continúa el proceso en libertad. Ambas fueron claves en la recopilación de datos que, más tarde, se convertirían en elementos esenciales para la investigación judicial.

El defensor también ironizó sobre la situación procesal de sus clientas: “Quiere decir que se trataría de una especie de encubridoras cooperadoras. Son quienes cooperaron, son quienes hicieron el trabajo”.

Por otra parte, Trucco refutó el argumento de que sus defendidas no realizaron la denuncia correspondiente. “La acusación es totalmente contradictoria: las acusan de encubrir por no denunciar, cuando no hubo evidencia de criminalidad. El mismo Ministerio Público Fiscal, en agosto de 2022, le pidió a un equipo interdisciplinario que analice sobre la base de estos 13 casos si había sospecha de criminalidad”, recordó.

El letrado insistió en que no se puede hablar de encubrimiento cuando las mismas médicas fueron quienes expusieron y documentaron las anomalías. “Ellas fueron quienes elaboraron la génesis de los 13 casos que hoy constituyen la materia de acusación”, expresó. Y agregó: “Incluso siguiendo el criterio y el razonamiento de la Fiscalía sobre Brenda Agüero, son casos que fueron relacionando las mismas médicas”.

“¿Cómo va a haber un encubrimiento si ellas mismas revelaron, si ellas mismas presentaron, documentaron todo?”, preguntó, subrayando lo que considera una contradicción insalvable en la lógica acusatoria. “No puede imputarse de encubrimiento a quien revela, a quien manifiesta, a quien expresa, a quien documenta. Es una paradoja”, concluyó.

Durante el juicio, el fiscal de Cámara Raúl Ruiz Moreno solicitó una condena de cuatro años de prisión para Liliana Asís y de tres años para Martha Gómez Flores. En tanto, para la enfermera Brenda Agüero, principal acusada de asesinar a al menos cinco bebés mediante inyecciones de potasio, pidió prisión perpetua.

Al finalizar su intervención, Trucco adelantó que en caso de que sus defendidas sean absueltas, pedirá la inmediata libertad de Asís. “Se ha llegado a esta instancia por una situación injusta. No sé por qué han sostenido una acusación totalmente arbitraria. Son ellos los que deben dar explicaciones”, sentenció.

La sentencia del tribunal se espera para las próximas semanas, en un caso que ha conmocionado no solo a Córdoba, sino a todo el país.

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En el megajuicio por las muertes y descompensaciones de 13 bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba este miércoles tuvo lugar en la Cámara 7° del Crimen la segunda audiencia de alegatos de la Fiscalía.

Los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini alegaron sobre las imputaciones a los 10 exfuncionarios y exdirectivos y médicos del hospital.

En su exposición, Ruiz Moreno dividió los eventos y las responsabilidades funcionales en la serie que va del 18 de marzo de 2022 al 6 de junio de ese año en dos partes: una hasta mayo y otra después del 1° de ese mes, el día del caso de G.H., un bebé atacado y descompensado en forma súbita, el séptimo en la saga.

“Antes de esa fecha se ven movimientos tendientes a averiguar qué estaba pasando, incluso con la participación multitudinaria en la reunión por análisis causa raíz del 28 de abril. Pero después de esa fecha se pasa al hermetismo y tratar de que no se sepa que estaba ocurriendo. Evitando, incluso, dar el alerta al propio personal”, resaltó Ruiz Moreno.

También analizó Ruiz Moreno las responsabilidades desde la guardia fatídica del 6 de junio en adelante, donde involucra ya a las áreas ministeriales en la voluntad de ocultar los hechos, según la acusación.

En la jornada del martes los fiscales alegaron sobre la imputación de Brenda Agüero a quien consideraron responsables de los 13 ataques a los bebés y expusieron un resumen de toda la prueba analizada en la causa.

Con la participación de funcionarios clave, este miércoles finalizó la ampliación de la declaración indagatoria en la causa que investiga la muerte de 13 bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. Entre los imputados, estuvo presente la exdirectora del hospital, Liliana Asís, y el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo.

Cardozo, quien asistió a 40 audiencias en Tribunales II, ofreció su testimonio: “No tengo la menor duda de que esos chicos fueron atacados, fueron víctimas”, expresó con firmeza.

Durante su declaración, relató las circunstancias que rodearon los hechos ocurridos entre marzo y junio de 2022, en un contexto atravesado por la última ola de Covid-19 y mientras él mismo atravesaba un tratamiento por cáncer de pulmón. “Vivía meses críticos, pero era mi obligación estar acá. No quiero dejarles a mis hijos un nombre manchado”, agregó.

Según sostuvo, las sospechas comenzaron el 18 de marzo, pero recién el 7 de junio tuvo conocimiento formal de los casos. En un primer momento se investigó si la vitamina K podía estar vinculada, pero al cambiar el lote, los fallecimientos continuaron.

El exministro afirmó que dispuso la intervención del hospital y que, en conjunto con el área legal del Ministerio de Salud, presentó una denuncia penal. “Estoy seguro de que, si no se hubieran tomado esas medidas, habrían ocurrido más hechos adversos”, señaló.

Sin embargo, una entrevista brindada el 12 de agosto de 2022, en la que mencionó el período de sospechas, fue uno de los fundamentos utilizados para su imputación.

Cardozo también compartió el impacto personal del caso: tras ser apartado del cargo, sufrió una recaída en su salud y dificultades para acceder a medicamentos. “No pude leer el expediente”, confesó, y aseguró que fue durante el juicio cuando comprendió la verdadera magnitud de lo ocurrido. “Después de analizar los casos, no podíamos entender que un ser humano le hubiese hecho tanto daño a una criatura. Cuatro casos en un mismo día. Las casualidades no existen”, sentenció.

El fiscal Raúl Ruiz Moreno coincidió con esta postura: “Me quedo con el final del doctor Cardozo, absolutamente convencido de que los 13 casos están relacionados y que fue una persona quien atacó a esos bebés”.

Aunque la imputación contra los funcionarios sigue vigente, el fiscal señaló que aún hay elementos por evaluar, pero adelantó que “lo fundamental de la acusación que llegó a juicio se va a mantener”.

En las próximas semanas comenzarán los alegatos en uno de los procesos judiciales más sensibles de Córdoba.

Fuente: Cadena 3

El juicio oral y público por la muerte en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba de cinco bebés y presuntas lesiones en otros ocho está llegando a su instancia final. Este lunes se presentarán ante la Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial los últimos testigos y se cerrará la etapa de prueba que investiga la responsabilidad institucional.

“Hasta ahora se ha recolectado una extensa prueba que avala la responsabilidad institucional. El lunes se presentarán los últimos testigos”, confirmó a La Voz el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno.

Está previsto que se presente Carlos Cánovas, quien era subsecretario de Salud durante la gestión de Diego Cardozo, y su entonces secretario privado, Juan Alegre. También deberán dar su testimonio la neonatóloga Marcela Quaglia y Mariana Figueroa, quien estaba a cargo de la oficina Legal y Técnica del Ministerio de Salud provincial durante los hechos investigados.

El lunes pasado fue citada a declarar la médica Patricia Pereyra, quien estuvo a cargo de la guardia de Obstetricia el 6 y 7 de junio de 2022, cuando se produjeron dos muertes y dos descompensaciones de recién nacidos.

Varios abogados querellantes se quejaron porque la profesional dijo “no saber” o “no recordar” información que se le consultaba, como casos previos a esa fecha que llamaban la atención por no tener evoluciones acorde con lo esperado.

Los abogados Carlos Nayi, Ana Pagliano, Nicolás Ruades y Daniela Morales Leanza se quejaron en reiteradas ocasiones.

Consultado sobre este evento, Ruiz Moreno dijo que en las audiencias “hubo varios testigos reticentes”. Y anticipó que podría pedir la remisión de antecedentes para que se investigue a varias personas que se presentaron en las audiencias, tanto por falso testimonio como por ser posibles partícipes de encubrimiento agravado.

“Estamos evaluando remitir antecedentes al fiscal para que investigue a varios testigos que ocultaron información. Algunos casos ameritarían que se los investigue por falso testimonio. A otros, como partícipes de encubrimiento”, adelantó.

Otro de los datos sobresalientes de la última audiencia fue la presentación del informe técnico que analizó la información disponible y no disponible de los teléfonos de cinco funcionarios. Los resultados fueron presentados por peritos de la Unidad de Equipos Móviles del Gabinete de Tecnología Forense del Ministerio Público Fiscal.

El ingeniero Luciano Pasquali y el técnico Raúl Pereyra validaron el método científico del informe. Dijeron que fue certificado por normas ISO y que tiene un carácter conclusivo.

En la audiencia se analizó la información disponible y no disponible de distintos dispositivos secuestrados: tres de Liliana Asís y el resto pertenecientes a Diego Cardozo (entonces ministro de Salud provincial), Adriana Moralez (quien era coordinadora de Seguridad del Paciente) y Alejandro Escudero Salama (quien fue subdirector de Gestión Administrativa del hospital).

“De los análisis de los teléfonos quedó muy claro que hubo borramientos y distintas formas de borrar en los teléfonos. Lo más importante, a mi entender, no es lo que hay en esos dispositivos. Lo más importante es lo que no hay”, interpretó el fiscal Sergio Ruiz Moreno.

El fiscal puso un ejemplo: “Hubo días en los que el hospital se estaba incendiando y no hay mensajes que hicieran referencia a eso en los celulares secuestrados de las autoridades del hospital”.

“Esos eventos se dieron casi en simultáneo entre los imputados, el mismo día o el día después de que llegara un oficio del fiscal Garzón en el que solicitaban las actas de enfermería y de nacimientos del hospital. Todo eso constituye un indicio muy fuerte”, agregó Ruiz Moreno.

El 14 de agosto, el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, solicitó a la directora del hospital que hiciera entrega inmediata de todos los libros de actas del área enfermería y de la sala de partos desde enero de 2022 hasta esa fecha. Luego emitió una orden para solicitar más información.

Según el informe técnico, estos eventos denominados partition recovery event –que permiten actualizar el sistema operativo, limitar la partición del caché, intentar recuperar el sistema en caso de fallas o restablecer el dispositivo a estado de fábrica, borrando todos los datos del usuario– sucedieron casi en simultáneo con ese oficio: el 14 de agosto (en el caso de Escudero Salama) y el 15 de agosto, en el caso de Cardozo.

El fiscal informó que los peritos fueron claros: “En tres casos, se resetearon teléfonos”, informó.

“Hubo casos en que toda la información se subió a la nube, se reseteó y luego se lo bajó de la nube, pero sólo con los datos que se quería dejar. Hay otros mensajes que dicen: ‘Borremos todo, vamos por Telegram’. Eso, sumado a la intención de unificar un criterio sobre lo que se tenía que decir y qué no ante la fiscalía, daría fuerza a la hipótesis del encubrimiento”.

Para los abogados defensores, no hubo una intención voluntaria de borrar información. Aseguran que esos eventos sufridos en los celulares pueden deberse a múltiples causas, como una actualización automática del software. No lo consideran como una prueba relevante que pueda ser asociado al encubrimiento agravado.

“Es normal que un celular se actualice solo, en forma automática”, dijo el abogado Germán Matheu, defensor de Cardozo. En ese sentido, dijo que el hecho de que los eventos reportados hayan sucedido en horario nocturno refuerza la hipótesis de que se trató de una actualización automática del celular y no de una acción deliberada del exministro de Salud.

En la misma línea, Ezequiel Elettore, quien representa a Moralez, aclaró a La Voz que su defendida nunca tuvo la intención de ocultar. Y que el evento en el celular se produjo por fuera de la fecha sindicada; es decir, antes del oficio de Garzón. La última partición Recovery fue registrada en su celular el 19 de julio.

Finalmente, Claudio Orosz, defensor de Escudero Salama, indicó que en el informe técnico no consta que su defendido haya borrado mensajes clave que puedan ser relevantes para la investigación en curso. “Cuando se analiza el teléfono de Asís, el informe descubre que las conversaciones eran inocuas, no relacionadas con la investigación”, agregó.

Después de los últimos testigos, varios imputados ampliarán su declaración. Se espera que lo hagan la enfermera Brenda Agüero, acusada por los presuntos homicidios en serie; Cardozo y Asís.

Está previsto que el 28 de abril arranquen los alegatos de los fiscales de control Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.

Los abogados querellantes, que representan a las mamás, continuarán con los alegatos. Le seguirá la defensa de Agüero y luego el resto de los imputados.

Se estima que el 2 de junio, con los ocho votos de los jurados populares y los de los vocales de Cámara Laura Huberman y José Daniel Cesano, se dará el veredicto final sobre la existencia de los hechos, participación de imputados y culpabilidad o inocencia. Si hay empate, vota la presidenta del tribunal, Patricia Soria.

Varios peritos oficiales y de parte expusieron el perfil psicológico de la enfermera Brenda Agüero en el juicio donde se la acusa, junto con otros 10 imputados, por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.

Ante la Cámara 7ma de la provincia, los peritos manifestaron que la enfermera presenta una “falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno”. Otro de los aspectos que alarmó es que tiene características de una personalidad "narcisista y psicopática".

Sumaron además, algo que ya se había anunciado en la previa del debate, y es que la imputada buscaba ser “visibilizada”.

Los expertos manifestaron que, pese a la cercanía de Brenda con las familias en el hospital, fue “nula la conexión con las víctimas” ya que en ningún momento los mencionó.

Otra prueba que se presentó en el juicio son cerca de 13 fotografías incautadas del celular de Agüero. Dichas imágenes son de animales tratados como bebés, menores internados y hasta fotos de ella mostrando el vientre.

Por último, desde el medio Perfil de Córdoba, destacaron que también se enfatizó en la relación que la enfermera tiene con su madre: “Posee un gran apego con la madre, exagerado, fuera de lo común, y no se distinguen el rol de una y el de la otra”.

Los análisis fueron llevados a cabo en octubre de 2022 y en enero de este año el informe se amplió tras su declaración frente al Tribunal.

Los peritos oficiales fueron los psicólogos Verónica Martínez Goyena y Matías Ambrosio; los psiquiatras Sebastián Nigro y Gabriel Brandán; y la trabajadora social Mónica Pagliero.

Mientras que los de parte, presentados por Agüero, la psicóloga Fabiana Boer, el psiquiatra Raúl Quiroga y la trabajadora social, Constanza Doffo.

El juicio por las muertes de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba continúa con declaraciones que arrojan luz sobre los hechos. Este jueves, el ingeniero Francisco Luperi declaró que decidió presentar una denuncia el 4 de julio de 2022 "para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos y si sucedieron los hechos".

Luperi, esposo de la médica anestesióloga Virginia Zamora, quien trabaja hace 14 años en el hospital, reveló que ella le informó sobre "muertes sin explicación" que sus compañeras de trabajo habían mencionado. “Obviamente, lo tomamos como una noticia triste, con preocupación, pero a medida que se fueron acumulando los hechos, lo charlamos cada vez con más preocupación”, relató.

El ingeniero también explicó el contexto en el que decidieron actuar: “Quizás transcurrieron cuatro, seis u ocho semanas. Ella iba recibiendo información a destiempo. Recuerdo que un día, al volver del hospital, comentó que había más bebés muertos o con lesiones y que no se sabía la causa de eso. Entonces, tomamos la decisión en conjunto de que esta información tenía que ponerse a disposición de la Justicia para que tomara conocimiento. Eran hechos graves que involucraban vidas de recién nacidos”.

En su testimonio, agregó: “Yo hice la denuncia para tratar de resguardarla a mi esposa, pero desconocía si había una investigación. Por esa razón, decidimos presentar la información para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos”.

Por último, cerró su declaración con una frase contundente: "Lo que nosotros sabíamos en concreto es que había muertes, que la situación era grave y que las respuestas no iban a estar ahí. Creímos que la Justicia era el único lugar donde teníamos que asistir".