Mañana jueves, un grupo de 40 alumnos del Instituto San Francisco de Asís, de San Francisco, participarán en un simulacro de juicio con jurados populares en los tribunales locales. La actividad se desarrollará en la misma sede donde, hace 20 años, tuvo lugar el primer juicio con participación mayoritaria de jurados populares. Luego de aquel histórico debate, el acusado Víctor Fernando Luna fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de la Oficina de Jurados Populares, viene desarrollando una serie de actividades de difusión y capacitación ciudadana con diferentes establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia. 

Del simulacro participarán el juez Andrés Peretti, el defensor público Lucio Sarnago y el funcionario de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial, Sebastián Sánchez. También asistirán al encuentro el secretario de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero, junto con personal de dicha dependencia. 

Por su parte, los alumnos del Isfa serán acompañados por el docente Fernando Brochero y directivos de la institución. “Este tipo de actividades demuestran el compromiso de los alumnos en aquellas iniciativas relacionadas con la participación ciudadana en la resolución de conflictos judiciales. Además, los ayuda a prepararse para cumplir la función de jurado popular cuando sean efectivamente convocados”, informaron desde el TSJ. 

Los alumnos que participarán en la experiencia ya recibieron una capacitación previa de la Oficina de jurados. Se distribuyeron los roles que desempeñarán durante el juicio. Habrá quienes interpreten el rol de fiscales, abogados, testigos, imputados, víctimas, peritos y, por supuesto, jurados populares.

Este martes 7 de enero, comenzó la segunda jornada de un juicio que marca un hito en los Tribunales provinciales. No solo por celebrarse en plena feria judicial, sino por tratarse de un caso de una complejidad excepcional: la acusación a una enfermera por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba en 2022.

En el primer día del juicio, la audiencia se extendió por más de seis horas, durante las cuales se leyó la acusación y los abogados querellantes, junto a los defensores, realizaron sus declaraciones. Los tiempos de intervención fueron flexibles, lo que permitió un extenso intercambio entre las partes.

El caso involucra la acusación a Brenda Agüero, enfermera del departamento de obstetricia, por inyectar de manera deliberada potasio e insulina a 13 recién nacidos entre marzo y junio de 2022, lo que resultó en la muerte de cinco de ellos: Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody. Agüero fue detenida el 19 de agosto de 2022 y se encuentra entre los 11 imputados que actualmente enfrentan el proceso judicial, incluido el exministro de Salud, Diego Cardozo.

En el transcurso de la audiencia, Agüero confirmó que está estudiando abogacía mientras se encuentra detenida. “Estoy a pocas materias de terminar el primer año”, aseguró ante el Tribunal. Explicó que su decisión de estudiar Derecho surgió como una necesidad de defenderse. “Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme”, expresó.

Además, Agüero señaló que la práctica de abogacía la ayuda a sobrellevar su situación. “Es algo que no me arrepiento, abogacía me saca del encierro”, agregó. La acusada también contó que, dentro del penal, realiza tareas de artesanía y participa en actividades religiosas, asistiendo a la iglesia católica dentro del Servicio Penitenciario.

El abogado defensor de Agüero, Gustavo Nievas, solicitó previamente al Tribunal que se evite la presencia de los medios de comunicación antes del inicio de las audiencias. Según Nievas, su clienta sufrió un ataque de pánico debido a la mediatización del caso y a las fotografías tomadas dentro de la sala. "Ayer (por este lunes), mi clienta sufrió un ataque de pánico que todos pudieron ver. Es innecesario que se la someta todos los días a esto", dijo el letrado, quien destacó la incomodidad que experimentó Agüero debido a la exposición pública.

Agüero, por su parte, hizo una breve declaración inicial sobre su profesión, explicando su rol como enfermera obstétrica en el hospital. "Mi función comenzaba desde que la paciente ingresa al hospital hasta que se va", explicó, enfatizando su trabajo en el área de obstetricia.

En otro momento, Agüero fue consultada por el Tribunal sobre cómo ha vivido la mediatización del caso. Respondió que, debido a la cobertura periodística, sufrió agresiones dentro del penal: “Me decían cosas y me gritaban”, relató con visibilidad angustiada. La acusada también comentó que su situación la ha afectado emocionalmente, lo que fue evidente en su comportamiento durante la jornada.

Carlos Nayi, abogado querellante en la causa, se mostró contundente al referirse a Agüero: "Brenda Cecilia Agüero es la culpable", sentenció, señalando que la enfermera actuó como un "lobo estepario convertido en una asesina en un hospital público provincial". Nayi agregó que Agüero mató a los bebés uno a uno, con una "modalidad serial". Además, destacó la valentía de la persona que realizó la primera denuncia, cuya actuación permitió que el caso llegara a los tribunales.

Por su parte, la Fiscalía, representada por Mercedes Balestrini, remarcó la gravedad del caso. "Esta es una historia real de terror", comenzó Balestrini, quien aseveró que se probaría no solo la responsabilidad de Agüero en las muertes, sino también su intención de matar a otros bebés que sobrevivieron a las inyecciones letales. "Brenda Agüero mató a esos bebés e intentó hacerlo con otros", afirmó la fiscal, quien también subrayó la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Salud en este contexto.

Durante las primeras audiencias, los defensores de los exfuncionarios involucrados en el caso también hicieron sus presentaciones. Germán Matheu, abogado de Diego Cardozo, exministro de Salud, aseguró que su cliente no tuvo conocimiento de los hechos hasta el 7 de junio de 2022 y que actuó de inmediato al enterarse. "Recién se enteró de lo que pasaba ese día", señaló Matheu, quien sostuvo que demostrarían que Cardozo no tuvo ninguna responsabilidad en el encubrimiento de los hechos.

En la misma línea, el abogado de Pablo Carvajal, exsecretario de Salud Pública, insistió en que su cliente no tenía conocimiento de la situación en el Hospital Neonatal hasta que la información salió a la luz. "Los acompañamos en el dolor, pero mi defendido tenía bajo su responsabilidad 45 hospitales públicos en toda la provincia", comentó Justiniano Martínez, defendiendo la postura de su cliente.

El juicio continuará en las próximas jornadas, con la declaración de más testigos y la presentación de pruebas clave. Los 11 acusados enfrentan diversas imputaciones, y las tensiones entre las partes se prevé que se intensifiquen a medida que se avance en el proceso. La acusación de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía es uno de los puntos centrales del juicio, que sigue siendo cubierto con gran atención por la prensa y la sociedad cordobesa.

El viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, defendió ayer la implementación del juicio por jurados a nivel nacional y federal. “No hay ningún tribunal judicial más independiente imparcial que el jurado. Le da la más amplia libertad de decisión sobre el caso conocido en los sistemas judiciales. Es el único órgano de poder sin ambición propia”, dijo Amerio ayer al exponer en la Cámara de Diputados en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.

“El veredicto del jurado por el altísimo número de 12, en el caso de unanimidad, goza de una legitimidad incuestionable. Muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia. Pero un jurado cuando interviene y da el veredicto la confianza en esa decisión es inmensamente superior. El jurado promueve la máxima transparencia de los actos de gobierno del Poder Judicial”, agregó el funcionario en su exposición en la que también participaron Víctor del Río, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, y Andres Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP.

Los juicios por jurados están en la Constitución Nacional desde 1853. Sin embargo, el Congreso de la Nación nunca sancionó una ley que los reglamente y los ponga en práctica para la justicia nacional y federal. Se presentaron muchos proyectos -actualmente hay nueve en la Cámara de Diputados- pero nunca se sancionaron.

En el país, según la Asociación de Juicios por Jurados, el sistema se aplica en 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco -donde también se utiliza para casos civiles y comerciales-, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Y también hay municipios que aplican juicios por jurados para faltas y contravenciones graves como Rosario, Mendoza y San Patricio del Chañar, en Neuquén.

El gobierno de Javier Milei presentó el mes pasado su proyecto de juicio por jurados en un acto en el Palacio Libertad junto con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

“Es el resabio más importante que existe de la democracia directa ateniense en el siglo 21. Permite un inmenso ahorro de tiempo y dinero dentro del Poder Judicial. Representa el 0,65 por ciento del del presupuesto del Poder Judicial. Trabajan en días corridos, jornada completa por esos juicios tan graves y tan importantes duran no menos de tres o cuatro días”, destacó el funcionario en su exposición.

Amerio también resaltó que “el jurado es la institución que con más insistencia mencionaron los constituyentes en el año 1853, porque la consideraron la herramienta esencial de un gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”. “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y de un descreimiento muy grande, respecto a la justicia”, sostuvo.

Los jurados populares están integrados por 12 personas. Son ciudadanos que tienen que ser mayores de 18 años, que son sorteados para intervenir en los juicios y que tiene la obligación de cumplir con esa manda. Son los que se encargan en un juicio de determinar si el acusado es culpable o inocente. Para los delitos graves se establece una mayoría calificada de votos que si no se alcanza el imputado es absuelto. La deliberación del jurado es secreta y sus argumentos no se hacen públicos.

La única función del jurado es establecer la inocencia o culpabilidad del acusado. Tanto el monto de la pena, en caso de condena, como otros planteos que las partes puedan hacer durante el proceso -como pedidos de detención, libertades, nulidades- son decididas por el tribunal de jueces profesional. Además, el veredicto del jurado es inapelable.

Comenzó hoy en los tribunales de San Francisco el juicio con jurados populares por el doble homicidio ocurrido en marzo de 2023 en el paraje Colonia San Antonio, en la zona rural de El Tío, donde Antonio López, de 78 años, y su pareja, Nicolaza Rosa Frontera, de 79, fueron brutalmente asesinados a balazos. 

La audiencia continuará mañana jueves desde las 10.30 y se prevé que se extienda hasta el martes cuando serán los alegatos y posiblemente se conozca la sentencia.  El acusado es el nieto de la pareja asesinada a balazos, Emilio López, de 28 años, quien supuestamente actuó motivado por un interés económico, presuntamente relacionado con dinero para comprar drogas.

López, que es asistido en su defensa por la asesora letrada Marcela Beccaría, enfrenta cargos como presunto autor material del crimen. Según la investigación, el joven vivía en la parte trasera de la casa de la pareja y, movido por la codicia, habría atacado a sus abuelos en busca de una herencia o una suma de dinero que su abuelo cobraba mensualmente.

Durante el primer día del juicio, seis testigos pasaron por la sala, entre ellos el hijo y un “sobrino del alma” de Nicolaza, quienes junto con la Policía habían encontraron a la pareja muerta en la vivienda.

Cristian Ferreyra, quien describió a Nicolaza como una figura maternal, recordó que el 13 de marzo recibió una llamada de la hija de la mujer, preocupada porque su madre no respondía. “Recibí la llamada de la hija de Nicolaza, quien estaba angustiada porque su madre no atendía los llamados”, relató Ferreyra.

Esa noche, Ferreyra y José Alejandro Heredia, hijo de las víctimas, se dirigieron a la casa de Antonio después de que el remisero que debía recoger a Nicolaza no encontró a nadie. Al llegar, notaron una luz encendida y la puerta abierta, pero decidieron no entrar y llamaron a la policía.

El oficial sub-inspector Luis Marín, quien también estuvo presente, iluminó la vivienda con las luces del automóvil. “Abrimos la puerta lentamente y vimos manchas de sangre. El perro de la casa, un dogo blanco, estaba llorando y volvía a entrar a la casa”, informó Marín. Dentro de la vivienda encontraron a Antonio sin vida en el suelo y, detrás de unas cortinas, a Nicolaza con un disparo en la cabeza.

El "sobrino del alma" de Nicolaza fue el primero en señalar a Emilio López como el principal sospechoso. Compungido, atestiguó que López estaba "descontrolado" en la época del crimen y que, según informes familiares, ya había robado a su abuelo en otras ocasiones.

Los juicios por jurados llegan a Santa Fe desde el 1 de octubre, pero el nuevo sistema judicial será aplicada de forma escalonada, motivo por el cual comenzaron a conocerse detalles sobre cuál será la primera localidad que lo implementará y qué pasará con Rosario.

La resolución N°1.388 del Ministerio de Justicia y Seguridad estableció que la primera ciudad que tendrá desde comienzos de octubre juicios por jurados será Rafaela y la sigue Reconquista a partir de noviembre de este año.

Pero ¿qué ocurrirá con Rosario? Desde el ministerio detallaron que la ciudad recién será partícipe de esta resolución judicial en agosto de 2025, es decir, dentro de un año.

Las otras localidades que tendrán la medida son: Venado Tuerto, desde diciembre de 2024; Santa Fe, abril de 2025 y Rosario en agosto de 2025.

“Creo que se está dando un paso fundamental, porque le estamos devolviendo al ciudadano su potestad soberana de juzgar los casos criminales como establece nuestra Constitución”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

“Está en juego la garantía de la propia gente de que sus casos sean resueltos por jurados, y la garantía incluso hasta de las víctimas y de todas las partes del proceso, que sus intereses van a ser resueltos por sus pares y no exclusivamente por un estamento de funcionarios técnicos”, continuó el funcionario.

La Ley de Juicio por Jurados N°14.253 fue sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada el 27 de marzo, tras el decreto N°418.