La causa por la violenta agresión registrada en la cárcel de San Francisco sumó novedades en las últimas horas, luego de que la Justicia imputara a dos internos por el ataque al joven que sigue internado en estado crítico.

De acuerdo a la información oficial, ambos detenidos fueron acusados de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, una figura de alta gravedad en el ámbito penal. Respecto a su situación, uno de ellos fue trasladado a otro establecimiento penitenciario, mientras que el segundo permanece en la unidad local, aunque separado en un pabellón distinto.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el fiscal Emilio Drazile trabaja sobre diversas hipótesis y no descarta que el hecho esté vinculado a una posible venganza. Esa línea continúa bajo análisis y podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

La víctima, Valentín Escovedo (24), permanece en coma farmacológico, con asistencia respiratoria. Su estado es delicado como consecuencia de varias complicaciones, entre ellas un traumatismo de cráneo y un cuadro de neumonía.

El episodio generó fuerte impacto y derivó en denuncias por presuntas irregularidades dentro del Establecimiento Penitenciario N° 7. Mientras tanto, la familia del joven sostiene el pedido de justicia y reclama el esclarecimiento total de las responsabilidades.

La Justicia de Brasil retiró la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada argentina que se encontraba procesada por racismo, este martes. La medida permite que la joven inicie los trámites finales para concretar su regreso al país en las próximas horas.

Actualmente, las autoridades judiciales y administrativas gestionan la documentación necesaria ante Migraciones para autorizar su salida del territorio brasileño. Este trámite administrativo constituye el último requisito legal que Páez debe cumplir para abandonar el país vecino tras su detención.

La resolución judicial se dio a conocer luego de que la defensa lograra revertir las medidas cautelares que pesaban sobre la profesional de 29 años. De esta manera, Páez recupera su libertad de movimiento fuera de los límites de la jurisdicción de Río de Janeiro.

Para alcanzar esta instancia, la abogada debió abonar el pasado lunes una fianza de U$S 18 mil. Este pago fue una condición necesaria para que se habilitara su posibilidad de retornar a la Argentina.

Según informó TN, el juez de la causa aceptó un recurso de habeas corpus presentado por los abogados defensores de la joven santiagueña.

Con la aceptación del recurso, el magistrado interviniente ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares vigentes. Esto incluye tanto el monitoreo electrónico mediante tobillera como la prohibición de salir del país que regía hasta la fecha.

La Justicia federal determinó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera efectiva con la ley de financiamiento universitario. La resolución obliga a la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas universidades del país.

La decisión judicial se fundamenta en que la Ley 27.795 fue confirmada por dos tercios de los votos en el Congreso de la Nación, luego de haber sido observada totalmente por el Poder Ejecutivo.

El fallo ratifica que el Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley aprobada por el Parlamento mediante el uso de normativas anteriores. El tribunal analizó si la Ley de Administración Financiera podía utilizarse como sustento para frenar la aplicación de la nueva norma.

Para los magistrados, la respuesta a este interrogante es negativa, ya que no existen diferencias de jerarquía entre las distintas leyes que emanan del Poder Legislativo, informó TN.

“La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso”, sentenciaron los camaristas en el fallo.

Los jueces recordaron que el Congreso es el órgano soberano para definir el destino de los fondos públicos a través de leyes específicas como la de Financiamiento Universitario.

El tribunal subrayó que el Poder Ejecutivo, al promulgar la norma, intentó suspender sus efectos prácticos basándose en una interpretación jerárquica que la Justicia ahora descarta.

Con este escenario, el Gobierno queda obligado a readecuar las partidas presupuestarias para dar cumplimiento a los artículos que exigen la recomposición de ingresos en el sector.

Se espera que esta resolución judicial marque un precedente directo sobre la ejecución de fondos educativos durante el presente ciclo lectivo.

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como “mafiosa” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. 

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la exmandataria ante el TOF 7.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y siguió: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

“Estamos ante un estadio superior porque fraguan las pruebas que son no lo son para detener una persona. Uno ya fallecido, Bonadio, pero Stornelli sigue siendo fiscal en este edificio”, continuó.  

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.__IP__

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

 Cada 15 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Accesibilidad, una fecha que invita a reflexionar sobre las condiciones que permiten —o dificultan— que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el ámbito judicial, ese desafío implica adaptar procedimientos, lenguajes y espacios para que nadie quede excluido del sistema de justicia.

 Un reciente proceso de adopción tramitado en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo de Andrés Peretti, se convirtió en un ejemplo concreto de esa perspectiva. El caso involucró a una niña de 10 años con hipoacusia en situación de adoptabilidad y puso en práctica distintos recursos de accesibilidad impulsados por el Programa AJuV, una iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba.

 La experiencia también estuvo marcada por el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes inaugurado en diciembre de 2025 en los Tribunales locales. Lejos de ser únicamente un ambiente con juegos y colores, el lugar fue pensado como una herramienta para facilitar la participación de las infancias en procesos judiciales que muchas veces resultan complejos y difíciles de comprender.

 Para profundizar en el alcance de estas herramientas y en el trabajo que se realiza para mejorar el acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Marisa Fassi, directora del programa AJuV, y con Juan Exequiel Torres, coordinador de iniciativas del mismo espacio.

—¿Qué es el programa AJuV?

 AJuV, creado por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia en 2017, es un programa de investigación–acción orientado a mejorar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Funciona dentro de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, que es un área de apoyo al Tribunal Superior. Nuestro objetivo es promover transformaciones institucionales que permitan remover obstáculos en el acceso a justicia, erradicar barreras y estereotipos discriminatorios y fortalecer una cultura judicial respetuosa de los derechos humanos. Para eso trabajamos con equipos interdisciplinarios integrados por personal judicial de distintas sedes, fueros y funciones, tanto de capital como del interior. La metodología que utilizamos articula el saber jurídico con la participación activa de la ciudadanía, con aportes académicos y con los conocimientos situados de actores estatales y sociales. A partir de ese proceso se elaboran protocolos de actuación, recomendaciones institucionales, materiales en lenguaje claro, propuestas de capacitación y campañas de difusión de derechos.

—¿Qué herramientas concretas brinda el programa en materia de accesibilidad?

 La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas. Muchas veces se piensa en rampas o en cuestiones edilicias, pero en realidad implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona. Eso puede ser el lenguaje que usamos, la forma de explicar una resolución o los apoyos que brindamos durante una audiencia. En ese sentido desarrollamos distintos recursos. Por ejemplo, protocolos de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas mayores. También elaboramos cartillas de derechos en lenguaje claro, materiales de comunicación adaptada y herramientas específicas para personas dentro del espectro autista, como pictogramas o señalética accesible. Además realizamos capacitaciones para el personal judicial y producimos materiales audiovisuales que ayudan a difundir derechos y democratizar la información jurídica.

—¿Qué problemática motivó la creación del programa?

 La inquietud surgió cuando se empezaron a sistematizar las acciones que los poderes judiciales realizaban para cumplir con las llamadas 100 Reglas de Brasilia, que son lineamientos internacionales para garantizar el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad. Cuando hicimos ese trabajo advertimos que existían muchas iniciativas, pero que faltaba un espacio que coordinara y promoviera cambios de manera transversal. La idea fue justamente generar un ámbito que ayudara a pensar qué ajustes son necesarios para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones dentro de un proceso judicial. Porque no es lo mismo realizar una audiencia con alguien que no tiene dificultades auditivas que con una persona con hipoacusia. Si no se realizan adaptaciones, la igualdad ante la ley queda solo en lo formal.

“La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas, implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona”

—¿Con qué grupos en situación de vulnerabilidad trabajan?

 En una primera etapa trabajamos con niñez y adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores. Luego incorporamos derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual. Actualmente también estamos abordando temas vinculados al acceso a la justicia ambiental, personas migrantes y comunidades indígenas. Todas estas líneas de trabajo se inspiran en las Reglas de Brasilia y buscan abordar distintos tipos de vulnerabilidad que pueden aparecer dentro del sistema judicial.

—Se define al programa como un “puente” entre la justicia y la ciudadanía. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

 Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información. Por eso una de las acciones concretas del programa es generar materiales claros y accesibles para que la ciudadanía comprenda qué derechos tiene y cómo puede reclamarlos. También trabajamos con el personal judicial, porque hay barreras que son actitudinales. La manera en que nos dirigimos a una persona, el lenguaje que utilizamos o la forma en que recibimos a alguien en una oficina puede facilitar o dificultar el acceso a la justicia. Transformar esas prácticas cotidianas es una parte muy importante del proceso.

—¿Cómo se articulan con otras instituciones o con organizaciones sociales?

 Todos los materiales que elaboramos se discuten con distintos actores. Organizamos mesas de trabajo, conversatorios y talleres en territorio donde participan organizaciones sociales, instituciones estatales y personas interesadas. Ese intercambio es fundamental porque permite revisar los contenidos y adaptarlos a las experiencias reales de la ciudadanía. Además realizamos espacios de escucha activa en distintos ámbitos, como residencias de personas mayores o centros comunitarios. En otras ocasiones abrimos las puertas del Poder Judicial para que la gente pueda acercarse y compartir sus experiencias. Ese diálogo no siempre es sencillo, pero es necesario para identificar cuáles son las barreras que existen.

—¿Qué balance hacen del programa después de casi diez años de funcionamiento?

 El balance es positivo porque vemos que muchas de las herramientas que se elaboran empiezan a utilizarse en casos concretos. A veces se trata de cuestiones simples, como anticipar a una persona cómo será su recorrido dentro de un edificio judicial o quién la recibirá. Ese tipo de información puede reducir tensiones y permitir que la persona se exprese mejor durante el proceso. Los protocolos también han tenido impacto porque forman parte de los contenidos obligatorios en los concursos de ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial. Eso hace que cada vez más personas conozcan estas herramientas y puedan aplicarlas en su práctica cotidiana.

—En el caso de adopción que se tramitó en San Francisco, ¿qué aportó el programa AJuV?

 Fue un caso muy significativo porque permitió ver cómo estas herramientas se aplican en la práctica. El juzgado del doctor Andrés Peretti ha trabajado activamente en la implementación de estos instrumentos y mostró una gran apertura para incorporarlos. En ese proceso intervino una niña de 10 años con hipoacusia que estaba en situación de adoptabilidad. Se le brindaron apoyos para que pudiera comprender el proceso y expresar su voz, entre ellos la presencia de un intérprete y el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes que se inauguró en los Tribunales de San Francisco. Ese espacio no es solo un lugar con juegos. Tiene dibujos y materiales vinculados a derechos, y está pensado para que los chicos puedan sentirse más cómodos en un contexto que suele ser formal y complejo. En el caso de esta niña, mientras esperaba el momento de la resolución comenzó a colorear un dibujo sobre el derecho a la identidad. A partir de esa actividad empezó a formular nuevas preguntas sobre su propia historia.

Esa escena muestra algo fundamental: accesibilizar la justicia no es solo permitir que alguien llegue a un edificio, sino generar condiciones para que pueda comprender lo que está pasando y participar activamente. Cuando se crean esas condiciones, las personas pueden ejercer sus derechos de manera real. También es importante entender que la discapacidad no define por completo a una persona. En este caso se trataba de una niña con intereses, emociones y una historia propia. La accesibilidad implica reconocer esa complejidad y adaptar el proceso judicial para que todas esas dimensiones puedan ser escuchadas.

 En definitiva, experiencias como esta muestran que la accesibilidad no es un beneficio excepcional, sino una condición necesaria para que la justicia sea verdaderamente igualitaria. Cuando se eliminan barreras —físicas, comunicacionales o culturales— lo que aparece es la posibilidad de que nuevas voces ingresen al proceso judicial y formen parte de las decisiones que afectan su propia vida.

 “Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información”

El juez Andrés Peretti explicó que su equipo viene trabajando desde hace tiempo en el uso de lenguaje claro y en la adaptación de procedimientos judiciales para hacerlos más comprensibles para quienes acuden en busca de una respuesta. Sin embargo, señaló que este caso de adopción presentó desafíos adicionales debido a la situación particular de la niña.

 “Permanentemente trabajamos en cuestiones de lenguaje claro, lectura simple y adaptaciones para que tanto el proceso como las audiencias y nuestras resoluciones sean más entendibles, más claras y más empáticas. Pero esto tenía un plus por la situación particular que presentaba la niña”, afirmó.

 Según detalló, la niña presentaba hipoacusia, trastorno por déficit de atención y un retraso madurativo, por lo que desde el inicio se consideró necesario incorporar apoyos específicos para garantizar su comprensión del proceso judicial.

Peretti recordó que el Poder Judicial cuenta con un protocolo de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, que prevé la designación de intérpretes en lengua de señas cuando es necesario. No obstante, en este caso el juzgado optó por convocar a una persona de confianza de la niña. La intérprete fue Silvana Guadalupe Olloco, quien actuó como nexo entre la niña y el tribunal durante todo el proceso. “Funcionó desde el primer momento como un puente en la comunicación y fundamentalmente al momento de resolver”, señaló el juez.

 Durante la lectura de la resolución, explicó, mientras él exponía la sentencia en lenguaje claro, la intérprete traducía en simultáneo para que la niña pudiera comprender cada instancia.

 “Fue maravilloso”, expresó Peretti, quien destacó que el objetivo fue involucrar a la niña en el procedimiento y explicarle qué podía ocurrir dentro del proceso judicial. El magistrado adelantó además que, como gesto simbólico, el juzgado tenía previsto entregarle a la niña un presente vinculado a una de sus actividades favoritas: el patín.

 Para Peretti, este tipo de gestos y adaptaciones forman parte de una forma de concebir la justicia más cercana a las personas. “Es una manera de acercarla, hacerla más humana y mostrar que no somos indiferentes”, sostuvo. El juez definió la experiencia como uno de los momentos más significativos de su carrera. “Fue un caso hermoso. Este trabajo muchas veces es muy duro, pero llegar a un cierre de este tipo, con una adaptación tan concreta, es maravilloso”, concluyó.

 El titular de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Wilfrido Pérez, se refirió a los desafíos que existen para garantizar el acceso a la salud de las personas con discapacidad y destacó la necesidad de que las obras sociales brinden respuestas oportunas para evitar la judicialización de cada solicitud.

 Explicó que en los casos que llegan a la órbita judicial se procura que las prestaciones necesarias se otorguen con rapidez, especialmente cuando se trata de situaciones de multi-discapacidad. “Especialmente en casos de multi-discapacidad se procura que las obras sociales realicen las adecuaciones pertinentes para que las personas puedan acceder a las prestaciones que su discapacidad requiere con la mayor premura posible”, señaló.

 Según indicó Pérez, las prestaciones vinculadas a la discapacidad inciden directamente en la calidad de vida y en la dignidad cotidiana de las personas, por lo que resulta clave que los procesos administrativos no se transformen en obstáculos para acceder a tratamientos o servicios. En ese marco, advirtió que “una cobertura integral y proactiva para casos de discapacidad evitaría el desgaste innecesario tanto para la persona, su familia y también para la propia obra social”.

 Por otra parte, Pérez comentó que en los procesos donde interviene el área también se buscan alternativas para aquellas personas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social. En esos casos, se trabaja para facilitar su incorporación a programas estatales destinados a garantizar el acceso a prestaciones de salud. Entre las opciones disponibles mencionó el Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad (Prosad) de Córdoba e Incluir Salud, un programa federal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También señaló la posibilidad de acceder a programas destinados a la provisión de medicamentos de alto costo.

 Finalmente, remarcó que en muchos casos la existencia de estas herramientas es poco conocida, por lo que brindar información adecuada resulta clave para garantizar el ejercicio efectivo de derechos.

 El Gobierno de la provincia de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de garantizar asistencia, participación y acompañamiento a quienes atraviesan un proceso penal.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, plantea establecer estándares mínimos de trato, información, protección y reparación para las víctimas, además de introducir modificaciones en el Código Procesal Penal provincial para asegurar que esos derechos se apliquen de manera efectiva.

El texto propone que la norma sea denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, como una forma de reconocimiento institucional. Según se señala en el proyecto, el nombre busca recordar que detrás de cada expediente judicial “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.

Entre los principales derechos que se buscan garantizar desde el primer contacto con el sistema judicial figuran el trato digno, la privacidad y la no revictimización, así como el acceso a información clara sobre el proceso penal. También se contempla la posibilidad de contar con patrocinio jurídico —incluso gratuito cuando sea necesario— y recibir asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera continua.

El proyecto también prevé medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación y la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, ya sea por la vía penal o civil. En ese sentido, el texto establece el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

Además, la iniciativa incluye reformas al Código Procesal Penal con el fin de garantizar que estos derechos no queden solo en declaraciones formales. Entre los cambios propuestos se encuentra la habilitación para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes y el refuerzo de la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.

También se establecen mecanismos para prevenir la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias durante el proceso judicial, y se contemplan modalidades especiales de declaración en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.

 Otro de los puntos relevantes es la participación de la víctima en decisiones judiciales como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la suspensión del juicio a prueba. Asimismo, en casos de delitos graves, el proyecto dispone que la víctima deberá ser informada de manera obligatoria cuando se aplique la figura del juicio abreviado.

El texto aclara que la propuesta “no introduce privilegios procesales”, sino que busca asegurar respuestas “rápidas, eficaces y útiles” dentro del sistema penal, manteniendo el equilibrio entre las partes y respetando el debido proceso.

Como parte de la iniciativa también se prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendrá la tarea de elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación mediante reasignaciones presupuestarias o partidas específicas.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento legislativo en la Legislatura de Córdoba, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual aprobación.

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas.

Así lo confirmó el defensor Sebastián Robles en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. La joven había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

De esta manera, se revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y Páez volverá a tener arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Se comunicó oficialmente que quedó sin efecto la solicitud de paradero del joven Agustín Posetto, de 30 años. La medida se adoptó luego de que su progenitora se contactara telefónicamente con la Unidad Judicial para informar que su hijo había regresado a su domicilio por sus propios medios y en buen estado de salud.

Ante esta situación, se procedió a dejar sin efecto la búsqueda que se encontraba activa.

 Héctor Argentino Gallardo, alias “Patrón”, quedó en prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el homicidio de Carlos Miguel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022 en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, tras una audiencia desarrollada en los tribunales de Rafaela.

Gallardo, de 54 años, participó de la audiencia desde el penal de Coronda, vistiendo el uniforme naranja que identifica a los detenidos de alto perfil. Había sido detenido días atrás en Puerto Madryn, luego de integrar hasta principios de mes el listado de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.

El imputado está señalado como presunto instigador del crimen de Cabrera y como autor de amenazas coactivas reiteradas. Según la acusación del fiscal Martín Castellano, de la Sección Especializada Homicidios, la víctima recibió entre 2021 y 2022 reiteradas amenazas para que saldara una supuesta deuda y abandonara su lugar de residencia. A pesar de las intimidaciones, Cabrera no se fue del lugar, al sostener que no adeudaba suma alguna.

Durante la audiencia, Castellano afirmó que el 23 de abril de 2022 dos personas aún no identificadas actuaron por orden directa de Gallardo. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, los atacantes se trasladaron en moto hasta el complejo de departamentos donde vivía la víctima, ingresaron a su vivienda y uno de ellos le disparó en el rostro. Cabrera fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde falleció minutos después a raíz de la gravedad de las heridas.

Asistido por los abogados Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci, Gallardo decidió declarar antes de que el juez resolviera su situación. Se negó a responder preguntas de la Fiscalía, pero contestó las formuladas por su defensa. En su declaración rechazó de plano las acusaciones y sostuvo: “Niego rotundamente el hecho que se me imputa. A Cabrera lo quería como a un hijo, lo conozco desde que nació”. Reconoció que existían discusiones, aunque aseguró que la relación continuaba con normalidad.

También afirmó que jamás habría atentado contra la vida de la víctima y cuestionó la credibilidad de una de las principales testigos ofrecidas por la Fiscalía. Pese a ello, el juez consideró acreditados los hechos con el grado de probabilidad exigido para esta etapa y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

Entre los fundamentos, Bumaguin tuvo en cuenta la gravedad de la calificación legal, la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo, el riesgo de fuga —dado que el imputado estuvo prófugo durante tres años— y la necesidad de resguardar a los testigos de cara a un eventual juicio oral.

Gallardo es investigado como instigador de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y como autor de amenazas coactivas calificadas, en una causa que continúa avanzando en el ámbito judicial.

La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.​

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.​

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El próximo martes 11 de noviembre se realizará, en la Legislatura de Córdoba, la segunda audiencia del Jury de Enjuiciamiento para tratar el pedido de destitución de tres fiscales de Río Cuarto, formulado por la familia de Nora Dalmasso de Macarrón.

Nora Dalmasso fue asesinada en su casa de la Villa Golf en noviembre del 2006. La causa fue investigada por seis fiscales y llegó a juicio con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado y absuelto, en el 2022.

Luego de que Macarrón fuera declarado inocente, un nuevo fiscal, Pablo Jávega, investigó rastros genéticos recolectados en la escena del crimen y determinó nueve coincidencias con el ADN de Roberto Marcos Bárzola, quien trabajaba en los pisos de parquet en la casa. Lo imputtó como sospechoso en diciembre del 2024 y una cámara acaba de sobreseerlo por prescripción.

Los abogados querellantes intentan por estos días casar ese fallo. En tanto, en abril último, pidieron que se abra el jury y que se destituya a los tres fiscales que oportunamente descartaron investigar a esta persona.

Los hijos de Nora Dalmasso consideran que en el ministerio público se “encarnizaron” contra la familia. Reclamaron que los fiscales respondan por qué decidieron no investigar a Bárzola, pese a las contradicciones que tuvo el parquetero desde sus primeras declaraciones y a las recomendaciones expresas hasta de un agente del FBI que entregó en mano un informe al Fiscal General de la Provincia.

En Córdoba, el jurado de enjuiciamiento de magistrados está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia (Aída Tarditti) y cuatro legisladores, dos por la mayoría: Julieta Rinaldi –presidenta- y Facundo Torres Lima y dos por la minoría: Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico).

El jury es el encargado de juzgar la conducta de los magistrados y funcionarios a fin de determinar si han incurrido en mal desempeño de sus funciones o en otras causales que, según la Constitución de Córdoba pueden ameritar su destitución.

El próximo martes los integrantes analizarán si corresponde abrir el juicio político a los fiscales. Si deciden avanzar, será el fiscal general en encargado de presentar la acusación, luego convocarán a testigos y los acusados tendrán oportunidad de defenderse. Todo el proceso puede llevar unos cuatro meses. En caso de que se resuelva la destitución, la decisión es inapelable.

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, resolvió extender a todo el país la medida cautelar que había suspendido las resoluciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-Pami) N° 2431/2024 y N° 2537/2024, que modificaban el régimen de cobertura gratuita de medicamentos.

Con esta decisión, el magistrado ordenó al organismo garantizar nuevamente la provisión del 100% de los medicamentos esenciales a todos los afiliados jubilados y pensionados del país.

La resolución, fue dictada el 22 de octubre y notificada un día después, en la misma se hizo lugar a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que había solicitado la extensión de la cautelar previamente concedida para las provincias de Córdoba y Salta. En el fallo, el juez reconoció la legitimación activa de la APDH en virtud de su alcance nacional y su actuación institucional en defensa de derechos fundamentales.

Eduardo Tavani, Paula Topasso y Mariela Pérez Cisneros, presidente y presidentas de la APDH, ratificaron ante el tribunal lo actuado por sus abogados patrocinantes, Mabel Sessa y Carlos Vicente, quienes solicitaron que la medida cautelar dictada en causas anteriores se haga extensiva a todos los jubilados y pensionados del país.

El juez Quirós consideró que la organización, fundada en 1975 y con más de 30 regionales en todo el país, cumplía con el estándar de “representación adecuada” fijado por la Corte Suprema en el precedente Halabi (Fallos: 332:111).

En su escrito, señaló que la APDH actúa “en defensa integral de los derechos humanos, incluyendo las áreas de salud, educación, género, diversidad y pueblos originarios”, y que su estructura federal acredita una representación efectiva en todo el territorio nacional.

El magistrado sostuvo que se verificaron los tres requisitos de admisibilidad exigidos por la Corte Suprema para este tipo de acciones colectivas: la existencia de una conducta institucional uniforme que afecta al conjunto de afiliados del Pami; una pretensión centrada en la cesación del daño común mediante la restitución del programa “Vivir Mejor” y la normativa previa; y la imposibilidad de canalizar reclamos individuales de manera eficaz, dada la dispersión judicial y la vulnerabilidad económica del grupo afectado.

En sus fundamentos, el fallo subrayó que las resoluciones impugnadas del Pami habían establecido nuevos parámetros socioeconómicos y requisitos de acreditación que imponían a los afiliados cargas “irrazonables y desproporcionadas”.

Entre ellas, la obligación de presentar información patrimonial y de ingresos que el Estado ya posee, lo que —según el tribunal— contradice los principios de eficiencia administrativa y debida diligencia establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

El juez destacó además que la suspensión de las resoluciones se basó en la necesidad de proteger de manera urgente el derecho a la salud de las personas mayores, “un grupo especialmente vulnerable y de preferente tutela por parte del Estado”.

Citó en ese sentido la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360), y recordó que “en tiempos de crisis económica debe reforzarse la protección de los derechos sociales, evitando retrocesos en las políticas públicas sanitarias”.

La decisión judicial reafirmó la vigencia del principio de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva. En su parte resolutiva, ordenó al Pami suspender en todo el territorio nacional la aplicación de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024, y dispuso que los trámites ya iniciados por los beneficiarios mantendrán plena validez.

También instruyó al organismo a informar, dentro de un plazo de 48 horas, las medidas adoptadas para implementar lo dispuesto, y ordenó publicar la resolución en medios nacionales digitales de amplia circulación, a fin de garantizar que todos los afiliados tomen conocimiento de la medida.

El fallo recordó que el mismo tribunal ya había dictado cautelares similares en distintas jurisdicciones del país. Entre ellas, las medidas promovidas por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu) en Tucumán, el Centro de Jubilados y Pensionados 21 de Septiembre y la propia APDH en Córdoba y Salta, así como por las centrales sindicales CTA y CTA Autónoma, entre otras.

Asimismo, varias de esas medidas fueron confirmadas por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que ratificó las decisiones adoptadas en las causas de Mendoza, Tucumán, Córdoba y las presentadas por las organizaciones sindicales.

Según el juez, este conjunto de antecedentes refuerza la “razonabilidad y homogeneidad del planteo”, que afecta de manera uniforme los derechos de los afiliados en todo el país.

La resolución ordenó también comunicar el fallo al Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y requirió al Pami que, en el plazo de diez días, presente el informe circunstanciado previsto por el artículo 8° de la Ley 16.986.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebraron la decisión judicial y la calificaron como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos que implican las políticas de ajuste del gobierno nacional”.

En su comunicado, la entidad sostuvo que “los adultos mayores merecen una protección especial e integral, inmediata y actual”, y destacó que el fallo representa “una respuesta contundente en defensa del derecho a la salud y la vida”.

La APDH reafirmó que este precedente judicial “refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas” y aseguró que continuará “defendiendo la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de los adultos mayores”.

En un contexto nacional marcado por el incremento de los femicidios y la discusión sobre las políticas de género, el juez Andrés Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, advirtió que “actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día”. Aunque reconoció un aumento sostenido en los casos, aclaró que “no podemos hablar de saturación”, y remarcó que se trabaja con 46 botones  antipánico activos y medidas de protección inmediatas.

Además, confirmó que avanza la creación del Centro Integral de Varones en San Francisco, iniciativa destinada a trabajar con hombres que ejercen violencia; una herramienta para revisar creencias sobre la masculinidad y prevenir nuevas agresiones.  Para Peretti, el desafío es claro: “Mientras no exista un cambio cultural profundo, seguiremos teniendo víctimas y victimarios”.

-          Según MuMaLá, se registraron 11 femicidios en Argentina solo en octubre. ¿Ha percibido un aumento de denuncias o casos graves de violencia familiar en su circunscripción en los últimos meses?

Sí, en nuestra circunscripción (San Francisco, Devoto, La Francia, Freyre, Porteña, S. M. Laspiur y localidades aledañas) advertimos un aumento de las denuncias por violencia familiar y de género en lo que va de este año 2025. Actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día, a lo que hay que sumar los incumplimientos a medidas ya dispuestas previamente. Tenemos activos 46 dispositivos Salva (botones antipánico) y hasta hace poco tiempo, teníamos otorgados 2 duales (tobilleras electrónicas), los que fueron retirados porque los agresores fueron privados de su libertad. De cara al final de año, las denuncias suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas de fin de año, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

-          ¿Cómo interpreta este incremento en el marco de la tendencia histórica de violencia de género en nuestro país?

Es propio del contexto que vivimos como sociedad. Compartiendo el enérgico repudio realizado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba ante el doble femicidio del que fueron víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio, los discursos de odio, el negacionismo sobre la violencia de género, la difusión de la noción de “falsas denuncias” y el desmantelamiento de políticas de igualdad promueven prácticas misóginas que alcanzan su extremo en los femicidios y erosionan los consensos democráticos que sostienen una sociedad libre de violencias. Incluso, el cambio climático también repercute en la violencia doméstica y de género. Según la ONU, las condiciones meteorológicas extremas, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica son factores clave que aumentan la prevalencia y la gravedad de la violencia de género. Ese informe concluye que cada aumento de 1° C de la temperatura global se asocia a un incremento del 4,7% de la violencia de pareja. En un escenario de calentamiento de 2° C, es probable que 40 millones de mujeres y niñas más sufran violencia de pareja cada año de aquí a 2090. En un escenario de 3,5° C, esa cifra se duplicaría con creces. De hecho, los femicidios en el mundo aumentaron un 28% como consecuencia de las olas de calor.

-          ¿Con qué recursos cuenta la justicia en su jurisdicción para abordar casos de violencia familiar y femicidios?

Desde el Poder Judicial las herramientas son limitadas. Además de las medidas de protección que establecen las leyes provinciales N° 9.283 y N° 10.401 –perimetrales, exclusión de agresor, botones antipánico, tobilleras electrónicas, rondas policiales, incautación de armas, guarda y alimentos provisorios, ordenar tratamiento psicológico o psiquiátrico, entre otras, nuestra sede cuenta con un equipo técnico formado por psicólogas y trabajadoras sociales que brinda respuesta interdisciplinaria. De todas maneras, un mundo libre de violencia implica respetar la dignidad humana y la libertad, y por ello, tenemos que accionar en lugar de reaccionar.

El Poder Judicial interviene cuando la violencia tuvo lugar, es decir, reaccionamos, tomamos medidas de protección para las víctimas, ordenamos capacitaciones y tratamientos, entregamos botones antipánico, pero mientras no exista un profundo cambio cultural, seguiremos teniendo víctimas y victimarios. En dicha misión, para lograr ese cambio cultural y poder prevenir situaciones de violencia en general y contra niños, niñas y adolescentes en especial, necesitamos contar con políticas públicas por parte del Estado, es decir, diseñar, planificar e implementar un andamiaje externo que ayude a la concientización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, sea física, sexual, psicológica, etc.

Es fundamental educar en igualdad, capacitar en género en los establecimientos educativos, es un debate que nos debemos como sociedad, pero se recomienda desde el nivel inicial o primario, aplicar firmemente la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), avanzar con campañas de difusión y prevención teniendo en cuenta quiénes son las víctimas, su edad, su condición económica, su accesibilidad a la tecnología y nivel de educación, mejorar los espacios y la tecnología para recibir denuncias y capacitar y sensibilizar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes, entre otros, siendo esencial que la nación, las provincias y los municipios coordinen, articulen y se integren. Prueba de ello es la “Iniciativa Spotlight”, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que exige integración de todos los niveles de la política climática, es decir, acción climática eficaz debe dar prioridad a la seguridad, la equidad y el liderazgo de mujeres y niñas.

Más allá de la necesidad de contar una fiscalía especializada en violencia de género y familiar, desde el juzgado venimos trabajando conjuntamente con el Polo Integral de la Mujer y la municipalidad de San Francisco para crear el Centro Integral de Varones, herramienta central para revisar las creencias sobre la masculinidad, buscando identificar cómo se ejercen los distintos tipos de violencia y la consecuencia de esto en ellos mismos, sus parejas y su grupo familiar.

-          ¿Considera que los tribunales y fiscalías están saturados ante la demanda de denuncias de violencia de género?

En las cuestiones de violencia familiar/doméstica y de género, no sólo interviene nuestro juzgado. También participan las fiscalías y eventualmente, el Juzgado de Control y la Cámara del Crimen, pero desconozco su situación actual. En nuestro caso, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido.

-          En el reciente caso de Luna Giardina, la jueza María Victoria Jalil, a cargo de la causa, pidió la colocación de la tobillera electrónica para Pablo Laurta, pero finalmente no se la colocaron. ¿Qué obstáculos enfrentan los jueces para hacer cumplir medidas de protección en tiempo y forma?

En el caso referido, sólo tengo conocimiento por los medios de comunicación. Las diversas notas publicadas refieren que la jueza Jalil ordenó la colocación de la tobillera electrónica, pero que no se pudo concretar porque el denunciado estaba viviendo en Uruguay. Ante esta situación, los medios informaron que la jueza remitió oficios –notificaciones– a Migraciones, pero que no hubo respuesta porque el agresor utilizaba medios –avioneta o lancha– para evadir los controles migratorios. En nuestro caso, no resulta habitual que existan problemas en la implementación y notificación de las medidas de protección. Puede suceder que el agresor no pueda ser notificado de las medidas dispuestas por nuestro juzgado, que no sea encontrado para colocar la tobillera electrónica y situaciones similares, pero son la excepción.

-          En 2014, la Corte Suprema encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios, indicando que “concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas”. ¿Cree que este registro ha contribuido a una mejor prevención y políticas públicas más efectivas?

Totalmente. A partir del registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investiga muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género elaborado por la Corte, se impulsaron políticas como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022) y la Ley “Brisa” N° 27.452. Nuestra provincia, a través del Tribunal Superior de Justicia, también lleva adelante su registro, lo que permite identificar patrones y elaborar mecanismos para prevenir la violencia doméstica y de género.

-          La ONU indica que el 56% de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que solo el 11% de los homicidios de hombres ocurren en el ámbito privado. ¿Cómo interpreta estos datos en relación con la situación en San Francisco?

Si bien el femicidio es la expresión máxima de violencia en contra de las mujeres, el último informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte comunica que los vínculos de parejas o exparejas fueron los más frecuentes entre las personas afectadas y las denunciadas (46%), seguido por vínculos filiales (34%). Dentro de los vínculos de parejas, el 75% correspondió a exparejas, el 23% a parejas convivientes y/o cónyuges, y el 2% a novias o novios. En cuanto a las víctimas, el 74% eran mujeres y el 26% varones, mientras que las personas denuncias, el 70% eran varones y el 30% mujeres. Estos datos nacionales se coinciden sustancialmente con nuestra ciudad y zonas aledañas.

-          El Gobierno nacional propuso la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal Argentino. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa y cómo podría afectar la protección de las víctimas y la persecución penal de estos crímenes?

Compartiendo la visión de la Dra. Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el femicidio no es cualquier muerte. Tiene componentes especiales que la sociedad y los ciudadanos, sean o no abogados, pueden distinguir. De hecho, en nuestra provincia, los juicios por femicidios son juzgados por jurados populares. Eliminar la figura de femicidio del Código Penal no sólo violaría compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que además, rompería con la igualdad real o sustantiva, tratando como iguales a personas que no lo son.

-          ¿Qué acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía y organizaciones sociales considera prioritarias para prevenir femicidios y proteger a las víctimas?

Para promover la igualdad de género, mejorar el acceso a la justicia y los servicios de apoyo a las víctimas, sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres, niñas, es necesario priorizar acciones interpoder e interdisciplinarias. La violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, años y años de estereotipos que generan aferramiento a prácticas machistas. Por ello, no resulta suficiente el abordaje unidimensional por parte del Poder Judicial en su carácter de órgano de aplicación de la normativa internacional. Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes y trabajadores sociales. Además de campañas de difusión y prevención, es necesario contar con espacios preparados y con amplitud horaria para recibir las denuncias, así como también con personal capacitado y sensibilizado sobre la temática de violencia familiar/doméstica y de género. Sobre esto último, debemos fortalecer las competencias de los trabajadores no especialistas, tales como educación y sus instituciones (docentes y no docentes), salud (medicina, psicología, psiquiatría, enfermería, acompañamiento terapéutico), personal policial, clubes,  familiares, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas y medios de comunicación, tanto en relación a los estándares vigentes en materia de género, como así también en la detección y abordaje de prácticas anteriores y desajustadas.

-          ¿Cómo evalúa la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género?

Se está trabajando, pero nunca es suficiente. Es nuestra misión como sociedad terminar definitivamente con la violencia en general y contra los niños, niñas y adolescentes en concreto. La violencia en general es un círculo o un ciclo, un espiral que crece día a día. Este flagelo no se soluciona solo, por el mero transcurso del tiempo. Requiere un abordaje, ser trabajado. El reciente doble femicidio exige un avance participativo que permita la implementación y ensanchamiento de las políticas públicas para lograr un mundo libre de violencia con respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas.

-          ¿Algún comentario final?

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido, por su compromiso diario.

 Frente a los 11 femicidios registrados en los primeros 14 días de octubre, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) adelantó su informe mensual y reclamará en el Congreso la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Según el relevamiento, en lo que va de 2025 hubo 196 femicidios, uno cada 35 horas, y en octubre la frecuencia aumentó a una víctima cada 28 horas.

 MuMaLá advirtió sobre la eliminación de políticas públicas y la necesidad de restituir programas de prevención y asistencia a víctimas. “El gobierno nacional ha desmantelado las políticas de género”, afirmó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal, quien pidió “asumir la gravedad del contexto”. El informe también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas y que 120 niños quedaron huérfanos. Desde 2015, se registraron 2.589 femicidios y trans/travesticidios en el país.

Ariel Gorosito (34) fue imputado por el homicidio de Javier “Patán” Ortiz (53), el mecánico y expresidente del Aero Club de San Francisco que falleció tras una violenta pelea ocurrida el 15 de septiembre en Frontera. La resolución judicial se conoció este lunes en los tribunales de Rafaela, donde el juez Gustavo Bumaguin dispuso su prisión preventiva por 45 días.

 De acuerdo a lo informado por Rafaela Noticias, durante la audiencia, el fiscal Pedro Ignacio Machado reconstruyó el hecho: relató que Ortiz aguardó en su camioneta a Gorosito y lo atacó con una barra de hierro de 60 centímetros y dos kilos de peso. Según explicó, lo persiguió hasta un lavadero donde le asestó un golpe en la cabeza, lo que provocó que el joven huyera ensangrentado hacia la casa de un vecino. Testigos aseguraron que Ortiz continuaba con “amenazas de muerte y golpes” mientras intentaba ingresar al domicilio.

 Ya en la vereda, la confrontación se reanudó. Cuando Ortiz levantó los brazos para tomar impulso con el hierro, Gorosito lo golpeó con un palo en el costado izquierdo. Ortiz quedó gravemente herido y tres días después murió en el Hospital Iturraspe de San Francisco a causa de un shock hipovolémico derivado de una hemorragia interna.

 La defensa, encabezada por la defensora pública Georgina Alassia, planteó que se trató de un caso de legítima defensa: “Fue Ortiz quien buscó el enfrentamiento, llegó armado con el hierro y meses atrás ya había intentado atropellarlo con la camioneta”, argumentó. Según su postura, que Gorosito se refugiara y tomara un palo para repeler el ataque “fue un acto justificado ante la inminente irrupción en la vivienda”.

 El fiscal, en cambio, sostuvo que si bien existió una primera reacción legítima, “ese escenario cesó una vez que Gorosito estaba resguardado dentro de la casa”. Para Machado, salir nuevamente a la vereda y confrontar a Ortiz configuró un “exceso” en la defensa.

 El juez coincidió con esa interpretación. Bumaguin señaló en la resolución que “Ortiz no hubiera podido atravesar la puerta de hierro” y que Gorosito “tenía alternativas menos riesgosas, como llamar a la Policía”. Por ello, resolvió dictar prisión preventiva por 45 días, bajo la calificación de homicidio simple por exceso en la legítima defensa, delito que prevé penas de entre 2 y 14 años de prisión.

 En las próximas semanas, el Ministerio Público de la Acusación continuará con la recolección de pruebas y testimonios que permitirán definir la calificación legal del hecho.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales.

En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

La Justicia de Familia de San Lorenzo, en Santa Fe, le ordenó a un tío paterno a pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos debido a la falta de cumplimiento de esa obligación por parte del padre.

La resolución, tomada por el juez Marcelo Escola, destaca que se sostiene sobre el principio de solidaridad familiar, ya que el abogado de la madre indicó que la mujer tiene que maternar en soledad.

El juez dialogó con el programa La Barra de Casal en LT3 y contó que el caso tuvo sus inicios tras el juicio de divorcio, en 2023. Al año siguiente se fijó alimentos definitivos al progenitor, pero éste “nunca cumplimentó la cuota”, pese a que en ese momento tenía trabajo formal.

Según se supo, después de la medida dictaminada en el divorcio, el hombre se insolventó, aunque siguió trabajando, pero no de manera registrada.

Ante este escenario, el juez contó que se presentó una medida cautelar “atento a que las necesidades alimentarias de los hijos son impostergables y ante la falta de recursos por parte de la madre”, que los tiene a su cuidado.

De esta manera, el tribunal dictaminó que, tras acreditar el incumplimiento del progenitor, “se haga extensiva la obligación hacia quien esté en mejor situación”, en este caso el tío paterno.

El abogado de la demandante relató que su clienta “muchas veces se solventa con la venta de comida o manualidades para generar unos pocos pesos y llegar a cubrir los gastos del niño y una joven que tienen distintos tipos de incapacidad”.

En esa línea, el fallo indica que la cuota alimentaria provisoria consiste en el 125% de la canasta de crianza de menores de 6 a 12 años, 30% del aguinaldo, asignación familiar, obra social y gastos extraordinarios.

 Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, señalado como jefe de una organización criminal que operaba desde Rafaela, fue condenado el martes a prisión perpetua por instigar tres homicidios calificados y seis tentativas de homicidio. La resolución se dictó en un juicio abreviado y fue notificada desde los tribunales rafaelinos.

La condena incluye también amenazas coactivas agravadas, coacciones y amenazas simples, cometidas en el marco de su rol como líder de la asociación ilícita, que operaba en Rafaela, Bella Italia y otras localidades del departamento Castellanos. Ramallo, de 39 años, fue declarado reincidente y aceptó su responsabilidad en todos los hechos atribuidos.

Durante el proceso de investigación, la Justicia Federal de San Francisco también había participado activamente, coordinando medidas que resultaron clave para desarticular la organización.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la banda actuó entre agosto de 2021 y febrero de 2022. A pesar de estar detenido en distintas cárceles de Santa Fe, seguía impartiendo órdenes con plena autoridad, prometiendo pagos a cambio de cometer crímenes. “Se logró probar que mientras estuvo alojado en prisión, Ramallo dispuso mediante promesa remuneratoria la ejecución de delitos violentos”, precisó la Fiscalía. Entre los homicidios probados están los de Rudy Leonel González (3 de agosto de 2021), Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez (21 de diciembre de 2021).

También fue condenado por seis intentos de homicidio: cinco en Rafaela y uno en Bella Italia. Ramallo fue hallado culpable como coautor de asociación ilícita en calidad de jefe; instigador de homicidio doloso calificado por precio o promesa remuneratoria; instigador de homicidio doloso calificado por concurso premeditado; instigador de tentativas de homicidio calificado; y responsable de amenazas coactivas agravadas, coacciones y amenazas simples. La condena consolida su responsabilidad como uno de los actores más peligrosos de la organización criminal que operó en la región.

En marzo de 2024, la investigación, que contó con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, incluyó 46 allanamientos en Santa Fe y Córdoba, 23 detenidos y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos. El entonces juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había ordenado los procedimientos y supervisado la causa, considerada una de las más importantes de su trayectoria.

Este 21 de agosto pasado se cumplió un año del fallecimiento de Montesi, figura clave de la Justicia de San Francisco y referente en la lucha contra el narcotráfico. El ex fiscal de Delitos Complejos y Artinarcotráfico, Bernardo Alberione, destacó su legado y la necesidad urgente de cubrir el cargo vacante en el Juzgado Federal sanfrancisqueño.

“Fue un avance muy grande acercar la Justicia a los vecinos, evitando traslados a Bell Ville para trámites complejos”, señaló Alberione en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y agregó: “Me recuerda a ‘El Alma de la Toga’. La investidura de un juez no significa nada si no hay cualidades debajo, pero Pablo las tenía. No alcanza con el cargo, se necesita trabajo consciente y constante. Eso lo distinguió”.

Montesi lideró el Juzgado Federal como interino entre 2013 y 2018 y designado hasta 2024. Impulsó la instalación de la Policía Federal en San Francisco, especialmente brigadas antidrogas, y tuvo a su cargo causas como la de Ramallo. También, la de “narcolavado” conocida como causa Requena, que involucró a personas vinculadas al Club Sportivo Belgrano, dirigentes y barrabravas.

En agosto de 2023, Montesi creó una mesa coordinadora con fuerzas federales y provinciales: camaristas de Rosario y Córdoba, FPA, Gendarmería, Policía Federal y Policías de Córdoba y Santa Fe. “Si coordinamos, el narcotráfico encuentra una barrera infranqueable”, recordó Alberione. Aquella etapa estuvo seguida de intimidaciones hacia su propia persona y amenazas de bomba contra dependencias policiales locales.

Además, Montesi impulsó programas de reinserción social, como el rugby en la cárcel de San Francisco. “No solo se ocupó de detener a los responsables, sino de ofrecerles una posibilidad de resocialización y un proyecto de vida distinto”, valoró Alberione. También fortaleció recursos humanos y materiales de las fuerzas federales, incluyendo móviles y apoyo logístico, además de su participación en investigaciones de trata de personas que permitieron rescatar víctimas sometidas a condiciones inhumanas. “Los medios son escasos, pero sumados y coordinados hacen mucho más difícil que el narcotráfico se instale en la provincia”, afirmó Alberione.

Montesi también impulsó la ampliación de la jurisdicción federal hacia la zona de Frontera y Josefina, actualmente bajo la órbita de la Justicia santafesina, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el delito. Para ello viajó a Buenos Aires, donde se reunió con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y distintos referentes políticos.

Para el ex fiscal, la figura de un juez federal resulta hoy más necesaria que nunca: “La unión de las fuerzas provinciales con las federales, sumadas a la Fiscalía Antinarcotráfico, garantiza un éxito mucho mayor que si cada una actúa por separado. En la coordinación está la fuerza”.

“Hoy San Francisco tiene un problema doble: no hay juez federal y tampoco fiscal federal –el exfiscal Luis María Viaut fue condenado por corrupción-. El acceso a la justicia federal está totalmente limitado”, advirtió Alberione.

A un año de su partida, el recuerdo de Montesi sigue vigente, no solo por su labor como magistrado sino por su visión de una justicia cercana a la sociedad.

“El niño de 4 que murió baleado horas atrás en medio de una emboscada contra su padrastro es una víctima más de, la irracionalidad y la brutalidad con la que los mercaderes de la muerte dirimen sus conflictos. Todos síntomas de una degradación sociocultural y económica que no encuentra piso”, se expresó en nuestra editorial hace pocas semanas. 

El asesinato de Zamir Gael Torres reunió todos los rasgos característicos de los territorios donde el narcotráfico ha echado raíces. Aunque se avanzó en la investigación y se detuvo a los presuntos autores materiales, la Justicia tiene el imperativo de esclarecer por completo este crimen atroz y juzgar a todos los responsables.

Pocas dudas caben sobre el trasfondo del hecho: otro episodio -uno más- enmarcado en la sórdida trama vinculada comercio ilegal de estupefacientes. Autores intelectuales, sicarios, armas pesadas, balaceras interminables, emboscadas, ajustes de cuentas son variables omnipresentes en todos los crímenes ligados al narcotráfico.

Tampoco es la primera vez que un niño se convierte en víctima de esta violencia que, desde hace tiempo, siembra sangre y horror. Pero, al menos en nuestra región, las balas que impactaron en el cuerpo de Zamir marcaron un límite, colmaron el vaso, atizaron la indignación ciudadana. Si al sinsentido de su muerte se le puede hallar un sentido, éste es el de constituir una bisagra definitiva. Un punto de inflexión para abandonar la desidia, las palabras floreadas pero vacías, las complicidades -corrupción incluida- y se abrace, con convicción, el único camino posible: el de la acción firme y contundente de las fuerzas de seguridad, la Justicia y todos los resortes del Estado.

Apenas unas horas después del crimen, se desplegaron importantes operativos en San Francisco, Frontera y Josefina. Móviles patrullando, allanamientos, detenciones, acciones de saturación: el movimiento fue visible y constante durante algunos días. Era lo esperable frente a una tragedia de esta magnitud. También es esperable -y necesario- que ese despliegue no sea efímero. Nada cambiará si estas acciones constituyen apenas una respuesta espasmódica para calmar el estupor de la opinión pública. 

A un mes del crimen, se suma otro hecho que hace de este caso un punto de inflexión: después de años de dilaciones, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para crear la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Un organismo que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal de manera integrada. En otras palabras, a superar de una buena vez los límites jurisdiccionales que impiden dar respuesta a delitos graves, en particular los vinculados con el narcotráfico, que desde hace tiempo se asentó en esta “triple frontera”.

Este acuerdo responde a un reclamo largamente sostenido por este medio, especialmente desde la creación de la Región Centro, hace casi 30 años. Sin embargo, hasta hoy, las iniciativas interprovinciales no pasaron de buenas intenciones plasmadas en actas o declaraciones. Es de esperar que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados concretos: trabajo coordinado, superación de trabas burocráticas, investigaciones profundas, clausura efectiva de todos los puntos de venta de drogas y encarcelamiento de quienes integran estas organizaciones criminales, que incluso después de un crimen tan brutal, siguen amenazando, sembrando terror y disfrutando de una impunidad grosera y provocadora.

Desde una pared en barrio Acapulco, la figura de Zamir nos observa, nos vigila, nos interpela. Su muerte debe ser una bisagra. 

El asesinato del niño, ocurrido el 9 de julio en Frontera, sigue generando repercusiones políticas, judiciales y sociales. La Justicia avanza en la causa con detenciones, pericias y nuevas pistas.

Zamir tenía apenas 4 años. Murió tras recibir disparos cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro por una calle de Frontera. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez (31). La brutalidad del hecho y su contexto obligaron a Córdoba y Santa Fe a sellar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar la violencia armada y el narcotráfico en la frontera interprovincial.

La Justicia sostiene que no fue un hecho aislado. La fiscal Fabiana Bertero , al frente de la causa junto a la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), investiga una emboscada premeditada vinculada a una disputa entre bandas. La familia del padrastro de Zamir ya había sido blanco de amenazas: en enero, su hermano Horacio “Totín” Martínez fue baleado y murió meses después. Desde entonces, eran vigilados y seguidos.

El 9 de julio, esas amenazas se concretaron con una emboscada que terminó en tragedia. La violencia venía escalando, y el asesinato fue su punto más brutal.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por el ataque: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo.

También fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco, que podría haber colaborado con la fuga de los atacantes. Se investiga si el vehículo, secuestrado para pericias, fue utilizado para trasladar al grupo armado tras el crimen. 

Rocío Funes, la mamá de Zamir, estaba en el asiento delantero al momento del ataque. Según su abogado, Federico Scarinci, les gritó a los atacantes que había un niño y pidió que no dispararan. No la escucharon. Su declaración fue fundamental para imputar a los sospechosos. “No fue un impulso. Sabían quiénes iban en el auto y aun así dispararon”, aseguró el abogado.

Las cámaras de vigilancia confirmaron el seguimiento previo del auto, y el vehículo de los agresores apareció incendiado cerca de Josefina.

El autor intelectual sería un interno de la cárcel de Cruz del Eje, apodado “Nano”, preso por narcomenudeo. “Pertenece a una familia conocida en el mundo del narcotráfico” de San Francisco, apuntó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y solicitó su traslado a una cárcel federal, ante el riesgo de que continúe operando desde prisión.

San Francisco, Frontera y Josefina forman un corredor urbano con fronteras legales difusas y creciente actividad delictiva. Zonas liberadas, búnkeres, amenazas y ataques son parte del día a día. Según el fiscal Vottero, “la violencia está íntimamente ligada al tráfico y consumo de drogas”, aunque aún se investigan los vínculos directos con el caso.

Tras el crimen, se firmó un convenio interprovincial que compromete a Córdoba y Santa Fe a trabajar juntos en seguridad. Una de las medidas más concretas es la designación de un fiscal para Frontera, cargo vacante desde 2022. “Queremos que viva en la ciudad, que conozca el territorio y sus problemáticas”, remarcó Vottero. Los pliegos ya fueron aprobados en la Legislatura, en tanto, la Corte Suprema debe tomar juramento en los próximos días. 

En el barrio Acapulco de Josefina, un mural recuerda a Zamir. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez, conocido por retratar historias de dolor y memoria en murales. Lleva la frase: “Zamir, un ángel que vino a enseñarnos el amor más puro y ahora nos cuida desde el cielo”.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a una demanda presentada contra la concesionaria vial Caminos de las Sierras por los familiares de una adolescente que murió en un accidente automovilístico ocurrido en la ruta provincial E-55, en 2018. En consecuencia, condenó a la empresa a indemnizar a los padres, a una progenitora afín, a los abuelos, a los hermanos y al novio de la víctima, que manejaba el vehículo que protagonizó el siniestro.

El juez Gustavo Andrés Massano consideró probado que el siniestro se produjo por el “efecto de hidroplaneo” que sufrió el automóvil como consecuencia del anegamiento de agua cerca del cantero central de la autovía.

La sentencia destaca que entre la concesionaria vial y el conductor del automóvil existía una relación de consumo. También puntualiza que el anegamiento de la carpeta asfáltica fue producido por la falta de mantenimiento de los desagües existentes. Y agrega que dicha tarea era responsabilidad de la concesionaria vial, que incumplió con las obligaciones dispuestas por el estatuto del derecho de consumo. 

En particular, el juez Massano señaló que la empresa incumplió con obligaciones tales como el deber de seguridad, el deber de cooperación y la obligación de informar. Asimismo, no cumplió con las obligaciones principales del concesionario frente al usuario establecidas por el Reglamento de Explotación de Concesiones Viales, aprobado por Resolución SSOSP n.º 41/91.

El magistrado, además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1741 del Código Civil y Comercial (CCC) en cuanto establece que solo pueden reclamar indemnización por daño moral los familiares que conviven con la víctima, es decir, que cohabitan con ella.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres, ocurrido el 9 de julio en Frontera, está lejos de concluir. El abogado de la madre del niño, Federico Scarinci, aseguró que la trama detrás del crimen involucra violencia y narcotráfico con actores aún prófugos. En la reciente audiencia, se dictó prisión preventiva para los tres acusados, pero la causa sigue abierta y con múltiples líneas de pesquisa.

Según la querella, la escalada de violencia comenzó meses antes, cuando Horacio “Totín” Martínez (21), hermano de  padrastro de Zamir, fue baleado en un episodio vinculado al robo de drogas. A partir de entonces, la familia Martínez fue blanco de amenazas y atentados que culminaron en el ataque del 9 de julio, cuando cuatro personas dispararon contra el vehículo donde viajaban Zamir, su padrastro Braian “Peladito” Martínez y la madre Rocío Funes. Zamir falleció tras recibir cuatro disparos y Braian quedó internado con diagnóstico reservado.

El auto utilizado para la emboscada fue robado y luego incendiado en localidades cercanas, mientras que cámaras mostraron seguimientos previos que evidencian la premeditación del ataque. La fiscal de Rafaela Fabiana Bertero, al frente de la causa, investiga además la posible participación de un hombre apodado “Nano”, preso por narcotráfico, como autor intelectual.

Los hermanos Valentín y Matías Escobedo, de 23 y 29 años, y Thiago Medrano (20) están imputados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. En la audiencia, los Escobedo negaron haber participado en el ataque y presentaron imágenes que buscan demostrar su ubicación en el momento del hecho. Mientras que Valentín cuenta con prisión preventiva por 90 días a la espera de nuevas evidencias, Matías y Thiago permanecen detenidos sin plazo definido.

El domingo, en San Francisco, fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco vinculado al caso. El vehículo, secuestrado para pericias, podría haber sido utilizado para trasladar a los atacantes tras el crimen. La detención forma parte de la investigación sobre los apoyos logísticos que permitieron la fuga del grupo armado.

La madre de Zamir, Rocío Funes, continúa recibiendo amenazas que preocupan a la querella. El abogado Scarinci solicitó custodia permanente para protegerla, dado el nivel de violencia que persiste en la región y el riesgo que enfrentan los testigos. La causa sigue abierta con el compromiso de buscar justicia completa para Zamir y su familia.