Milagros Bogado, la joven misionera de 21 años que denunció haber sido víctima de trata de personas, fue dada de alta en las últimas horas tras permanecer internada en el Hospital “J. B. Iturraspe”. No obstante, todavía no pudo regresar a su provincia de origen y continuará bajo resguardo en un refugio de San Francisco hasta que declare en el marco de la causa judicial.

El caso salió a la luz a partir de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar. En esa comunicación, Milagros aseguró que se encontraba retenida, que no le daban de comer y que incluso le habían arrojado su bolso con pertenencias.

Según la investigación, Milagros estaba junto a su expareja, Patricio R. Rodríguez, también de 21 años, ambos oriundos de Misiones. La pareja se encontraba oculta en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, luego de haber llegado a la provincia de Córdoba desde Entre Ríos. De acuerdo a los testimonios recabados, la joven no sabía con exactitud dónde se encontraba.

El lunes pasado, la persona que recibió el pedido de auxilio se comunicó con la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, y aportó datos que permitieron iniciar de inmediato un operativo de búsqueda. En ese contacto, indicó que Milagros le había dicho que su ex la había trasladado hasta un campo cercano a Villa María.

A partir de un trabajo coordinado entre fuerzas policiales federales y provinciales, con la participación de la Guardia Local de San Francisco, se logró dar con la pareja. Rodríguez fue detenido y trasladado a la cárcel de Villa María, mientras que la joven fue rescatada y derivada al hospital con signos de haber sido golpeada.

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El hombre quedó imputado por el delito de trata de personas con fines de forzar una unión de hecho o matrimonio, una figura poco habitual en el país.

Durante la investigación, se pudo determinar que la pareja había arribado en colectivo a la terminal de ómnibus de San Francisco el pasado 7 de enero. Con apoyo de tecnología, informes de la Comisión Nacional de Transporte y el análisis de antenas de telefonía celular, se logró reducir el área de búsqueda. En menos de 48 horas, los investigadores establecieron los movimientos de ambos.

Además, fuentes judiciales confirmaron que Rodríguez tenía una orden de restricción vigente dictada por un Juzgado de Colón, en Entre Ríos, desde noviembre del año pasado, un dato que también forma parte de la causa que continúa en investigación.

Martín Llaryora avanzó esta semana en una profunda reconfiguración del Ministerio Público Fiscal (MPF) y uno de los movimientos centrales de ese nuevo tablero tiene como protagonista al sanfrancisqueño Néstor Gómez, abogado de extrema confianza del gobernador.

Con el ingreso de los pliegos a la Legislatura provincial, el Ejecutivo formalizó una serie de enroques que apuntan a consolidar el control político sobre el sistema judicial. En ese esquema, Gómez dejará su cargo como defensor General Adjunto —función que había asumido en febrero de este año— para convertirse en fiscal General Adjunto, ocupando el lugar que dejará vacante Bettina Croppi.

El desplazamiento de Gómez no implica una pérdida de poder sino, por el contrario, una relocalización estratégica dentro del Ministerio Público Fiscal. El abogado fue designado en septiembre de 2023 en un cargo creado especialmente y, desde entonces, se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza del gobernador en el área judicial.

La relación política y profesional entre Llaryora y Gómez se remonta a 2008, cuando el actual mandatario asumió como intendente de San Francisco y lo incorporó como asesor letrado municipal. Desde entonces, Gómez lo acompañó de manera ininterrumpida en la gestión pública, incluyendo su paso por la vicepresidencia de la Lotería de Córdoba, ya en el ámbito provincial.

El movimiento se inscribe en una estrategia más amplia. En las primeras horas del jueves 18 de diciembre, la Legislatura aprobó el pliego de Carlos Lezcano como próximo fiscal General, cargo que asumirá en marzo. Antes de esa votación, Llaryora ya había designado como fiscal General Adjunto a Alejandro Pérez Moreno, otro abogado de su círculo íntimo.

 De este modo, los funcionarios impulsados por el actual gobernador pasarán a ser mayoría dentro del MPF, desplazando el peso que hasta ahora tenían los sectores identificados con el delasotismo y el schiarettismo. En ese contexto, Lezcano reconoció públicamente que el gobernador le había encomendado una misión política concreta: “apaciguar la interna en la Fiscalía General”, una admisión que dejó expuesta la dimensión del conflicto interno.

La interna no es menor. Lezcano mantiene una histórica enemistad con Pérez Moreno, que se hizo pública durante la instrucción del caso por el asesinato de Blas Correas. En ese expediente, Pérez Moreno actuó como abogado de Soledad Laciar, mientras que Lezcano era juez de Control. Allí, el hoy fiscal General Adjunto llegó a referirse a Lezcano como “este abogado que ocupa el cargo de juez”, y lo acusó de que “de las 300 páginas (de la elevación a juicio), las que él hizo no alcanzan a 25; las otras las hizo el fiscal y él copió y pegó”.

En paralelo a la relocalización de Gómez, Llaryora abrió la puerta para designar a otro hombre de su confianza en el Ministerio Público de la Defensa. El nombre que suena con fuerza es el de Jorge Folloni, actual titular del Tribunal Administrativo Ambiental y exsecretario de Ambiente de la Municipalidad, un organismo creado por el Ejecutivo para efectivizar el cobro de multas por delitos ambientales.

La reconfiguración se completa con la creación de la Procuración Penitenciaria, un nuevo organismo que estará encabezado por Bettina Croppi y que tendrá rango equivalente a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Desde allí se controlará el funcionamiento del sistema carcelario provincial.

Las penas contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y los encubridores por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán en febrero de 2026, según determinó la jueza Dolly Fernández.

Luego de varios días de espera, con límite hasta el viernes 19 de diciembre, la Agencia Noticias Argentinas accedió al documento en el que se confirma que el monto de las penas contra el Clan Sena se darán a conocer el próximo 10 de febrero de 2026 a las 9.00.

Otro dato aportado es que en las últimas horas hubo modificaciones dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia luego de la fuga de Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, alias la Barbie.

Aunque se logró su captura en Corrientes, las autoridades penitenciarias informaron que César y Emerenciano comparten celda y fueron reubicados en otro pabellón para evitar conflictos mayores.

El jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela por el crimen de la joven en junio de 2023 en Chaco, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento. Griselda Reynoso fue sobreseída.

En la audiencia de cesura, la fiscalía y las querellas pidieron prisión perpetua para el Clan Sena. La defensa de César cuestionó ante la magistrada la valoración de la prueba y sostuvo que no existe certeza absoluta sobre la mecánica del crimen.

La Defensoría Pública Federal de San Francisco inauguró su nueva sede en Bv. 9 de Julio 1319, dejando atrás el local de calle Cabrera. El acto tuvo un momento especialmente emotivo cuando se descubrió la placa que otorga a la sala de audiencias el nombre de Gustavo “Zurdo” Rosa, sanfrancisqueño, hombre ligado al básquet y miembro del equipo de la Defensoría desde sus inicios. Rosa falleció en octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, y su recuerdo aún marca a quienes trabajaron a su lado.

El defensor público federal, Esteban Lozada, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO y explicó que el nuevo edificio representa un avance significativo tanto en accesibilidad a la justicia como en calidad de atención. “A través de dos licitaciones públicas se logró la adquisición de este inmueble. Es un cambio grande, porque no solo mejora la administración de los recursos, sino que además tener una mejor ubicación es estar cerca de la gente, ser más visibles”, señaló.

La Defensoría Pública Federal funciona en la ciudad desde 2011 y tiene jurisdicción en todo el departamento San Justo. El nuevo espacio, más amplio y accesible, atiende al público de 7.30 a 13.30. Para Lozada, esta mudanza implica un avance en su objetivo central: “Que los usuarios de la defensa pública puedan acceder a nosotros de una manera más fácil y más rápida”.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Gustavo Rosa. Lozada recordó su trayectoria con emoción: “La sala de audiencias la nombramos con su nombre, en honor al Zurdo, que estuvo con nosotros desde nuestros orígenes, allá en 2011. Lamentablemente nos dejó en la pandemia. Era una persona muy especial, que dejó su huella en nosotros”.

El funcionario agregó que la decisión de poner su nombre en la sala busca mantener viva su presencia: “No solo es una forma de homenajearlo, sino de seguir teniéndolo con nosotros. Es mantenerlo para siempre acá”.

Consultado sobre las problemáticas que más llegan a la dependencia en el contexto económico actual, Lozada señaló que “se mantienen básicamente las mismas”, aunque con algunos picos de demanda. “Hay mucha conflictividad con usuarios de obras sociales y prepagas, como siempre. También muchos casos vinculados a pensiones no contributivas y cuestiones de jubilaciones”, detalló.

La Defensoría tiene competencia exclusivamente federal, por lo que los reclamos deben involucrar a organismos nacionales. En materia penal, Lozada explicó que reciben “causas de delitos de trata de personas y nunca falta alguna de narcotráfico”, tipos de delitos que forman parte de la competencia del fuero federal.

Sobre el porcentaje de resolución de los casos, Lozada aclaró que su lectura debe hacerse considerando el rol específico de la defensa pública. “En términos generales, intervenimos en casi el 70 u 80% de los casos penales”, explicó. Las razones son múltiples: económicas, de oportunidad o de especialidad.

En el ámbito civil, el panorama es alentador: “Los conflictos con obras sociales y prepagas tienen un porcentaje muy alto de resolución antes del juicio, en etapa prejudicial. Y en los casos que llegan a juicio, las chances de éxito también son altas”. Esto se debe, explicó, a que “las leyes son muy protectoras de los afiliados y usuarios de obras sociales y prepagas”.

La Defensoría mantiene diversas líneas de atención para facilitar el acceso de usuarios de todo el departamento:Teléfonos: 3564-420100 / 3564-498999WhatsApp: 3564-306058Correo electrónico: defensoriadesanfrancisco@mpd.gov.arUrgencias 24 horas: 3564-657366

Con un edificio renovado, mayor accesibilidad, la Defensoría Pública Federal inicia una nueva etapa en la ciudad, con el compromiso de seguir siendo, como define su titular, “el puente de acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”.

Un fallo judicial ejemplar en Tucumán ordenó a un call center restablecer la modalidad de teletrabajo a una empleada a la que había intimado a retomar tareas presenciales de forma unilateral.

La Justicia consideró que la decisión de la empresa fue un "ejercicio abusivo del ius variandi" (la facultad del empleador de cambiar condiciones laborales), ya que el home office se había convertido en una "modalidad esencial" del contrato.

El fallo, si bien aún no está firme, da 10 días a la empresa para cumplir la orden.

La empleada, Cynthia Castillo, presta servicios para la empresa desde 2016. Si bien comenzó a trabajar desde su casa por la pandemia, el dato clave es que el 18 de agosto de 2022, un año y medio después del fin de las restricciones sanitarias, la empleada firmó una "novación contractual" (modificación del contrato).

Ese acuerdo, denominado "waha plan 24", establecía una reducción horaria y la prestación de tareas de forma remota, con compensaciones por gastos de luz e internet.

El 30 de enero de 2024, la empresa le notificó que debía volver a la presencialidad. La firma argumentó que el teletrabajo fue una medida excepcional por la emergencia sanitaria, que ya había finalizado.

El juzgado de Tucumán rechazó la postura de la empresa por varios motivos:

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN) y anuló la decisión que limitaba a solo seis horas semanales la permanencia de presos en los centros universitarios ubicados dentro de las cárceles federales.

El fallo, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, fue emitido por la Sala III del tribunal y se consideró que la decisión del juez de primera instancia –que había homologado una propuesta de reducción horaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sumamente restrictiva– “carecía de una debida motivación y no había surgido de un verdadero proceso de diálogo, resultando así arbitraria”.

A través de la Resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que restringía el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal al prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes y de forma absoluta el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.

Frente a esta nueva situación, la PPN promovió una acción de hábeas corpus colectivo y correctivo, sosteniendo que la medida “violaba el derecho a la educación de las personas detenidas”.

El 9 de abril, el juzgado de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la PPN y la DGN y ordenó suspender la aplicación del artículo 2º de la Resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación por entender que se estaba cercenando el derecho a la educación universitaria al impedir a las personas detenidas estudiar fuera de sus pabellones, utilizar computadoras, acceder a la biblioteca o participar en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión universitaria.

Para implementar esa medida cautelar, se dispuso la conformación de espacios de diálogo, pero, aun así, la autoridad penitenciaria “se negó a dialogar en cada una de esas instancias, solo proponiendo un máximo de entre dos y cuatro horas de permanencia semanal en los centros universitarios y negándose a explicar sus medidas”.

Ante ello, los organismos accionantes presentaron un recurso de apelación que fue rechazado, y luego el recurso de casación que en las últimas horas concedió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

En la fundamentación, se destacó que “la educación de las personas privadas de libertad es un derecho personal y social de jerarquía constitucional, que debe ejercerse en condiciones de igualdad con quienes no se encuentran detenidos”.

Asimismo, subrayó que cualquier restricción a este derecho debe ser sometida a un "escrutinio estricto", lo que implica que el Estado debe demostrar la existencia de fines sustanciales, la idoneidad de los medios elegidos y la ausencia de alternativas menos restrictivas.

Como consecuencia de esta decisión, se anuló la resolución que fijaba el régimen restrictivo de seis horas y se ordenó al Juzgado de Instrucción que reanude la instancia de mesa de diálogo, garantizando esta vez una participación real de todos los actores, incluidos los estudiantes privados de libertad, para discutir y proponer modalidades alternativas para el ejercicio del derecho a la educación.

“El fallo establece además estándares precisos que el juez de primera instancia deberá respetar en una futura nueva resolución que se dicte en el marco de la medida cautelar, entre los que se ordenó tomar en consideración que el derecho a la educación es una herramienta sustancial para la inclusión de las personas y que no puede limitarse ni ser objeto de discriminación derivada por la situación de encierro”, concluye el comunicado.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. En el círculo de Javier Milei confirman la información, así como el mismo funcionario.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae. En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba “totalmente decidido”.

En la mesa chica presidencial confirmaron las conversaciones que hubo para anticipar la salida, la cual ya se conocía internamente semanas atrás. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, confirmó una figura cercana a Milei.

Ante esto, hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial. “Cúneo se va claramente mejor que Gerardo”, decía jocosamente un importante funcionario de Casa Rosada.

El actual titular de la cartera de Justicia no estará este jueves en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario (alegó motivos laborales), pero sí podría ir al búnker libertario del domingo. El ministro indicó a este medio que la presentará formalmente el mismo lunes. Incluso no se descartaba que pueda reunirse ese mismo día con responsables superiores del Gobierno para determinar si se prorrogará o no el plazo de la aplicación del código acusatorio en Comodoro Py, una de las últimas medidas que buscaba implementar en su gestión como ministro.

Se trata del fin de una relación contractual entre el abogado penalista con el proyecto libertario, que comenzó en los albores de la campaña presidencial de Milei en el 2023. Ambos dirigentes se conocían por sus respectivas carreras mediáticas y quienes diagramaban el futuro esquema del Gabinete libertario le ofrecieron que asuma como el encargado de la cartera de Justicia.

Cúneo Libarona asumió a sabiendas de que tenía un funcionario de contralor abajo suyo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La lógica de ese ministerio era que el abogado realizara las reformas más técnicas en el segmento judicial, como la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las distintas justicias federales a nivel nacional; mientras que el alfil caputista mantenía la ascendencia sobre la rosca judicial del Gobierno y la capacidad de establecer las candidaturas libertarias en juzgados federales, entre otros.

El ministro marca que uno de sus principales hitos fue evitar que Argentina cayera en la “lista gris” del GAFI, el cual evalúa las políticas en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, indicó esta mañana a Infobae. Otras de sus decisiones han sido más controvertidas a los ojos de espacios opositores, pero el ministro eliminó programas vinculados a políticas de género y de derechos humanos, anunciando recortes en estructura y la plantilla.

Desde el año pasado que en el entorno de Milei veían a Cúneo como un funcionario de paso y que posiblemente no terminara sus funciones en 2027. El ministro estuvo a punto de renunciar en abril, pero se quedó después de dialogarlo con el entorno libertario. Esto se precipitó semanas atrás, con una operación ya programada para comienzos de noviembre. Las primeras charlas fueron con Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Milei fue anoticiado luego, aunque sabiendo que con las elecciones se iba a decantar su salida de mutuo acuerdo. “Me voy sin causas de corrupción, quiero vivir más y estar con mi familia, dejé la vida”, confesó a este medio.

Y es que el Presidente tenía al Ministerio de Justicia en la mira para realizar nuevos cambios.

Todavía no se sabe quién será el nuevo responsable del área, pero sí parece ser una certeza de que Santiago Caputo continuará teniendo injerencia, garantizando realizar las reformas que tiene en mente para el próximo año. Estas incluyen nuevos nombramientos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los juzgados federales, donde la brecha de cargos vacantes no hizo más que crecer en los últimos dos años de gestión libertaria.

Así, Amerio será una de las figuras que seguirá estando en ese esquema para garantizar lo que quiera el asesor. También suena el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que ya prometió que abandonará ese puesto para asumir como senador provincial. Por esa cuestión, Milei podría premiarlo con un cargo significativo. El dirigente fue juez federal y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Permanece como duda si Justicia se fusionará con Seguridad Nacional. La ministra Patricia Bullrich no quiere que se haga. En varias huestes de la Casa Rosada consideran que será un nuevo entuerto político, que podría traer descoordinaciones. Y es que en el caso de que Montenegro aparezca como ministro de ambas áreas, este debería aceptar que la injerencia en Justicia y Seguridad seguirán siendo de Caputo y Bullrich, respectivamente. La decisión de qué hacer será toda del mismo Javier Milei, que deberá comunicar la semana próxima cuál será el esquema final.

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, dijo este lunes Pablo Laurta, único imputado por el doble femicidio del 11 de octubre. Laurta repite esa frase en sus declaraciones a la prensa que lo persigue cada vez que se lo traslada. Y repite que buscaba proteger a su hijo de un supuesto delito que la Justicia de Córdoba investigó y descartó en abril pasado por ser falsa.

Seis meses antes de asesinar a Luna Giardina y a su madre Mariel Zamudio, Laurta había denunciado a su exsuegra por supuesta “explotación sexual” contra su hija (Luna) y también dijo que esa situación estaría perjudicando al niño, ya que sería testigo de los hechos.

La causa, iniciada el 24 de abril de 2025, recayó en la Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual de 1° Turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, quien realizó los peritajes pertinentes, según indicaron a La Voz desde el Ministerio Público Fiscal.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la denuncia fue radicada vía e-mail y que de inmediato se tomaron las medidas de rigor. Un día después, el 25 de abril, se citó a Giardina y al niño para que declaren.

Luna negó rotundamente ser víctima de esos hechos acusatorios contra su madre y se mostró avergonzada por el tenor de la denuncia de Laurta. Allí, expresó que había denunciado a Laurta por violencia de género en dos oportunidades y que contaba con botón antipánico.

Asimismo, la entrevista con abordaje interdisciplinario que se realizó al niño no arrojó ningún elemento que permitiera sostener la denuncia del padre del pequeño.

Un tercer peritaje confirmaría la falsedad de la denuncia: la encuesta socioambiental. En la investigación se realizó un estudio sobre allegados al lugar y a las supuestas víctimas. Ninguno de los resultados se condecían con la denuncia, por lo que la investigación no prosperó y quedó a la espera de los tiempos procesales para ser archivada.

Un detalle no menor fue la actitud de Laurta, quien tres semanas después de radicar la denuncia comenzó a llamar compulsivamente a Tribunales para conocer los avances en la causa. Como esa información no se transmite por vía telefónica, desde la Fiscalía le sugirieron que lo haga en forma presencial.

Sin embargo, Laurta decía que no podía ir porque vivía en Uruguay (en realidad, él sabía que a su llegada al país le colocarían una tobillera dual). También le dijeron que podía apoderar a un abogado para recibir esa información, a lo que Laurta se negó. “Un día llegó a llamar 15 veces”, dijo una fuente cercana a la causa.

La situación era clara: estaban ante una denuncia falsa de una persona acusada de violencia que buscaba alguna forma de hacer daño a su expareja y madre de su hijo.

La denuncia de Laurta no fue aislada, sino parte de un intento por acorralar a Luna, contra quien venía ejerciendo violencia psicológica, física, sexual y económica.

Lo que sigue es el detalle de los intentos de Laurta y las respuestas judiciales que obtuvo por parte de la justicia y el trágico desenlace:

Finales de 2018. Pablo Laurta y Luna Giardina se conocen a través de redes sociales. El 14 de octubre de 2019 nace P., el hijo de ambos.

17 de octubre de 2023. Luna radica una denuncia en la Unidad Judicial 19 de barrio Argüello relatando agresiones físicas, psicológicas, restricciones y control del padre del niño. Tras la denuncia se dispone la restricción de acercamiento de Laurta y el botón antipánico para Luna. También fijan una cuota alimentaria que Laurta nunca cumplió.

27 de octubre de 2023. Laurta ingresa al país con armas a la Argentina, proveniente de Uruguay. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad.

8 de enero de 2024. Laurta se instala en el techo de una vivienda contigua a la de Luna, violando la orden judicial. Es detenido durante un mes. Durante su detención, es sometido a una pericia psicológica. Los informes declaran que comprende su criminalidad, no presenta factor psicopatológico grave ni antecedentes penales. Fue liberado el 8 de febrero de 2024 bajo condiciones.

Fines de 2024. Desde Uruguay Laurta presenta una demanda de restitución internacional de su hijo. El juez Gabriel Tavip rechaza el pedido al considerar que la residencia habitual del niño estaba en Córdoba. El fallo es confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en julio de 2025.

Noviembre de 2024. Un Juzgado de Familia dictamina una medida cautelar de “no innovar” solicitada por Giardina sobre la casa en la que vivía con su hijo para impedir que Laurta la venda o la deje sin vivienda. La Justicia la concedió.

Abril de 2025. Laurta denuncia a su exsuegra, Mariel Zamudio ante la Fiscalía de Distritos contra la Integridad Sexual. Después de hacer las pericias la Fiscalía descarta la versión de Laurta. La denuncia era falsa.

Julio de 2025. El TSJ confirma el rechazo al pedido de extradición del niño a Uruguay.

Agosto de 2025. Luna obtiene en el Juzgado de Familia el cuidado unilateral provisorio del niño, al demostrar el riesgo que implicaba vincularlo con Laurta. El progenitor no pidió a la Justicia vinculación con su hijo en ningún momento.

11 de octubre de 2025. Luna Giardina y Mariel Zamudio son asesinadas. Laurta se da a la fuga con el niño. El 12 de octubre es capturado en Entre Ríos e imputado por el doble femicidio.

14 de octubre de 2025. Encuentran el cuerpo del chofer Palacios que había trasladado a Laurta. Lo imputan por homicidio agravado.

La disputa por la oficialización de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo hoy su capítulo final. El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la grilla de la coalición oficialista, con Diego Santilli en primer lugar, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, lo que abrió un debate sobre el mecanismo de reemplazo y el alcance de la ley de paridad de género en la conformación de las listas electorales.

De todos modos, la foto del diputado -que pidió licencia hasta el fin de su mandato- seguirá en las Boletas Únicas de Papel (BUP), debido a que la Cámara Electoral rechazó el pedido del Gobierno para reimprimirla, ante la falta de tiempo. Es que habilitar esa solicitud podía poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios del próximo 26 de octubre.

Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en territorio bonaerense, había resuelto el 8 de octubre, en línea con el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y el respaldo del fiscal general ante la Cámara, Ramiro González, que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía la alianza. La decisión se fundamentó en la defensa de la ley de paridad y en la necesidad de evitar una interpretación regresiva que, según el Ministerio Público Fiscal, “no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades sino que, además, en el caso concreto —al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo— atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado, que además (...) podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró que la interpretación del juzgado platense era una “singular interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019 y al criterio mayoritario de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. El tribunal de primera instancia, en su nueva resolución del 14 de octubre, dejó constancia de que su postura coincidía con la de todas las partes intervinientes y el Ministerio Público Fiscal, y que se apoyaba en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género.

Ramos Padilla defendió la potestad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad sobre normas reglamentarias, recordando que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma —en este caso, un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional— es una atribución propia de los jueces de la Nación, orientada a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución Nacional”. El magistrado subrayó que esta función no implica apartarse del orden jurídico ni invadir competencias ajenas, sino cumplir con el deber de asegurar la supremacía constitucional. En ese sentido, recordó que la propia Cámara Nacional Electoral, en el precedente “Juntos por el Cambio”, había declarado inaplicable el mismo artículo 7° del Decreto 171/2019 para la categoría de Senadores Nacionales, al considerar que su aplicación literal contrariaba la finalidad de la ley de paridad.

El juez remarcó que el debate trasciende el caso puntual y se inscribe en una discusión institucional más amplia sobre el alcance de las acciones positivas y la interpretación de los mecanismos de paridad de género en el régimen electoral argentino. Advirtió que “si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

Finalmente, en cumplimiento de la orden de la Cámara, el juzgado adecuó y oficializó la lista de candidatos titulares y suplentes de La Libertad Avanza para la elección general del 26 de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, incorporando el nuevo orden de prelación. Entre los nombres que encabezan la nómina figuran Santilli, Karina Celia Vázquez (nombre real de Karen Reichardt) y Pareja, seguidos por otros treinta y dos postulantes titulares y seis suplentes.

La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jessica Valentini, oriunda de San Francisco, juró como integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba durante un acto realizado el lunes 6 de octubre en la sala de audiencias del organismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Marta Cáceres de Bollati, quien tomó juramento a Valentini y al también vocal del TSJ, Luis Enrique Rubio, quienes integrarán el órgano de selección como primer y segundo suplente, respectivamente.

Las designaciones se formalizaron en cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Córdoba. Ambos magistrados formarán parte del Consejo de la Magistratura durante el año 2025 y hasta tanto el TSJ disponga lo contrario.

Cabe recordar que Valentini asumió en febrero pasado como vocal del Tribunal Superior de Justicia, tras haber sido propuesta en diciembre de 2024 por el gobernador Martín Llaryora. En el máximo órgano judicial provincial se desempeña en la Sala Civil y Comercial.

El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

El Juzgado de Control de Villa Carlos Paz rechazó el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto abuso sexual simple contra Ángelo Cornaglia, dirigente político y exconcejal de San Francisco por Juntos por el Cambio (2019-2023).

La decisión judicial frena la solicitud de la fiscalía de Carlos Paz, a cargo de Mario Mazzuchi, que investiga la denuncia presentada por una mujer de esa ciudad, quien acusa a Cornaglia de un hecho presuntamente ocurrido en junio de 2022 en un hotel de la villa serrana. Según fuentes judiciales, el juez de control entendió que “no existen fundamentos suficientes” y que la fiscalía no analizó toda la prueba presentada por la defensa.

Desde el equipo legal de Cornaglia recordaron que ya habían objetado el pedido de elevación a juicio. “La fiscalía no analizó la prueba que presentamos”, afirmaron, y señalaron que en el caso existen “cuestiones raras” que deben investigarse.

La denunciante radicó la acusación en octubre de 2022 y, meses después, su familia denunció haber recibido llamadas anónimas y amenazantes, lo que motivó una orden judicial de restricción de acercamiento vigente desde mayo de 2023.

En un giro clave para la investigación por el fentanilo contaminado, fuentes judiciales confirmaron que fueron ubicadas las 232 ampollas perdidas que eran intensamente buscadas. Sin embargo, la periodista Camila Dolabjian advirtió que, a pesar del hallazgo, la alerta se mantiene por una serie de graves irregularidades en el laboratorio productor.

Según supo Noticias Argentinas, Dolabjian reveló en su cuenta de X que ex empleados del laboratorio denunciaron que había producción de "lotes mellizos", que ampollas que supuestamente se destruyeron se hizo de forma "sospechosa" y que, por lo general, "cuando se contamina una línea de producción, usualmente está todo contaminado".

Mientras tanto, la causa judicial avanza y la cifra de víctimas fatales sigue en ascenso. El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que ya son 76 los muertos por el fentanilo adulterado y advirtió que "esto no llegó a su techo", por lo que el número podría aumentar.

La investigación estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes contaminados con bacterias multirresistentes. El magistrado detalló que, tras la primera víctima fatal, la ANMAT confirmó la contaminación en dos lotes. "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis", precisó Kreplak.

El juez buscó llevar tranquilidad asegurando que "hoy no circulan ampollas contaminadas", pero reconoció que el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha en la causa, pero ninguna detenida.

“Los fiscales tienen que trabajar en el territorio, lo más cerca posible del lugar donde suceden los hechos”. Con esta definición, Emilio Drazile resume el espíritu con el que asumió en mayo como fiscal de instrucción del Tercer Turno en San Francisco. Desde su llegada, prioriza una justicia cercana, con presencia real en las calles.

Esta perspectiva, que coincide con el nuevo Plan de Gestión Territorial que lanzó el Gobierno de Córdoba en la capital provincial, no es nueva para San Francisco. “En localidades como esta, ya se viene trabajando de esa manera. La territorialidad no es un proyecto, es una realidad”, asegura Drazile. 

A su lado, el secretario de la Fiscalía, Oreste Gaido, con una larga trayectoria en Delitos Complejos, refuerza esta visión: “Trabajamos con conocimiento de campo, en contacto permanente con la Policía, y atentos a los patrones delictivos que se repiten. Eso permite no solo investigar, sino también prevenir”.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, ambos coinciden en que el mapa del delito en San Francisco se ha complejizado. “Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”, explica Drazile. “La droga atraviesa todos los delitos. Es una problemática generalizada en la provincia y el país”, agrega Gaido.

En los últimos meses, las denuncias por violencia familiar aumentaron de manera sostenida. “Sí, se incrementó mucho más –afirma Gaido–. Tiene que ver con la situación económica, familias que vuelven a convivir en un mismo espacio. Si bien no son todos casos de gravedad, sigue siendo violencia”.

Uno de los temas que más interpela al sistema judicial es la percepción ciudadana de que si no hay detenidos, no hay justicia. Sobre esto, Drazile aclara: “La mayoría de los hechos ingresan a la fiscalía con detenidos. Son casos de flagrancia, donde la Policía actúa en el momento o minutos después”. Y detalla: “En los casos de violencia familiar, evaluamos la gravedad para determinar si corresponde la detención. Otras causas, tras la investigación, también derivan en aprehensiones”.

Gaido añade: “Entendemos esa demanda social. Pero tenemos un Código de Procedimiento Penal que respetar. No es que liberamos a todos, pero si hay riesgo procesal, no dudamos en ordenar la detención”.

"Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”

Los fiscales también observaron un fenómeno que se repite: personas que delinquen en San Francisco y provienen de localidades vecinas. “Hay muchos casos que vienen del lado de Santa Fe”, confirman. Por eso, valoran la reciente conformación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, impulsada por la Región Centro. 

“Todo lo que apunte a la prevención es bien recibido. Celebramos estos acuerdos, sobre todo en zonas donde las fronteras provinciales están tan cerca. Si Santa Fe y Córdoba actúan en conjunto, eso va a impactar en una baja de la delincuencia”, opina Drazile. Gaido coincide: “Estos comités sirven, pero hay que coordinar bien entre fuerzas. San Francisco tiene muchas y hay que saber dónde focalizar”.

En relación con los recursos disponibles, Drazile es claro: “Siempre es bueno tener más, pero San Francisco está bien dotado. El desafío es investigar todos los delitos, llegar a resoluciones, y eso se logra con esfuerzo, trabajo policial y coordinación”.

Destaca el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad: “Mantengo reuniones constantes con todas ellas. Nuestra actuación tiene que ir de la mano”.

Además del trabajo en territorio, destacan el aporte de los sistemas de alerta temprana. “Funcionan muy bien herramientas como Ojos en Alerta, el 911 o los tótems de seguridad. No recibimos denuncias anónimas, pero sí muchos llamados ciudadanos”, cuenta Drazile.

El fiscal también valoró el sistema de cámaras de vigilancia: “Ayuda a prevenir y da fluidez a la intervención policial. La comunicación entre la gente y las fuerzas es más rápida”.

El reciente caso del médico Pablo Ghisoni, acusado y luego absuelto por abuso sexual, puso en foco la problemática de las denuncias falsas. Aunque en la Fiscalía del Tercer Turno no se registraron situaciones similares, los fiscales ofrecieron su mirada. “Nosotros no manejamos la psique de la persona denunciante. Lo que hacemos es investigar con rapidez para que no haya consecuencias negativas si se trata de una denuncia infundada”, aclaró Drazile.

Gaido agregó: “Hay recursos para proteger a quien denuncia, y también para investigar con seriedad. Si alguien asume el compromiso de aportar datos, tiene que saber que puede ser resguardado”.

Para ambos fiscales, el objetivo es claro. “Darle una respuesta concreta a quien acude a la justicia es el principal desafío de una fiscalía”, resume Drazile. Su apuesta, junto a Gaido, es por una fiscalía con los pies en el barrio, sensible a las necesidades sociales y firme ante los delitos.

La Argentina presentó su descargo argumental en la Justicia estadounidense para buscar sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF que ordenó la juez Loretta Preska.

Los abogados del país presentaron ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska.

De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.

Los fundamentos expuestos por el país fueron compartidos por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, revelando un duro cuestionamiento al fallo de Preska al detallar las implicancias que ocasionaría una confirmación del mismo.

En este sentido, la presentación legal se respaldó en el apoyo del Departamento de Justicia norteamericano manifestando que “la juez Loretta Preska resolvió una cuestión jurídica contra del criterio del Gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión”.

Asimismo, alertó que “ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF sin una suspensión del fallo causaría un daño irreparable a la República, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada” y advirtió que una decisión en esa dirección “podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior”.

Ante estos posibles escenarios, consideró que “otorgar la suspensión solo implicaría una demora moderada, especialmente considerando que el proceso avanza bajo un cronograma de presentación de argumentos de manera acelerada”.

La Argentina aportó a la Justicia los escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el pasado 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, según informó la Procuración del Tesoro.

En el caso Petersen/Eton Park, la presentación de la Argentina destaca los siguientes puntos:

En el caso Bainbridge, la presentación de la República Argentina sostiene que:

Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que “el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”.

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

Esta presentación coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentarse en favor de la Argentina en el litigio.

Esta madrugada se conoció que los beneficiarios de la sentencia de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones con acciones de la petrolera, presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía.

Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.

De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar US$16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.

Argentina apeló y el caso está en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera.

Los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Consideran que, si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil ejecutar el fallo.

Indicaron que, si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado.

La Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.

Por otro lado, desde el gobierno confirmaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la Argentina en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio.

Este nuevo apoyo se suma al que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la jueza Preska en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones.

Este jueves a las 11.30, familiares y vecinos de Frontera volverán a movilizarse para pedir justicia por Zamir Torres, el niño de 4 años que fue asesinado a balazos durante un ataque armado ocurrido el 9 de julio en esa ciudad. La convocatoria partirá desde la Municipalidad de Frontera, según confirmaron sus allegados.

Será la segunda marcha en menos de una semana, en un contexto de fuerte conmoción social por el crimen. El reclamo apunta a que la causa avance con celeridad y se esclarezcan por completo los hechos.

Hasta el momento, hay tres personas detenidas que fueron imputadas por la Fiscalía de Rafaela por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. La causa continúa en etapa de investigación.

El crimen ocurrió hace una semana en las calles 86 y 7 del barrio Puzzi de Frontera, donde al menos cuatro atacantes efectuaron una lluvia de balas sobre el vehículo familiar.

Durante la primera marcha por justicia para Zamir, su mamá, Rocío Funes, habló con LA VOZ DE SAN JUSTO y afirmó que la muerte de su hijo no tenía ninguna relación con el narcotráfico. “Mi hijo era un niño inocente, no estaba en una guerra de narcos. No se merecía morir así”, destacó. Contó que el mes pasado balearon su casa y que denunció el hecho, y agregó que a pesar de las amenazas no piensa detenerse: “A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia. Nadie me lo va a devolver, pero no voy a parar. Las amenazas me hacen más fuerte”.

Rocío sostuvo que el ataque podría estar relacionado con un hecho previo: el homicidio de Horacio “Totín” Martínez, hermano de su pareja, ocurrido en abril también en Frontera. “Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó.

Este miércoles se cumple una semana del crimen que estremeció a Frontera y a toda la región: el asesinato de Zamir Gael Torres, un niño de solo 4 años, víctima colateral de un ataque a tiros dirigido a su padrastro, Braian “Peladito” Martínez. El hecho ocurrió el pasado miércoles 9 de julio por la tarde, cuando al menos cuatro personas emboscaron el vehículo en el que se trasladaba la familia, disparando más de 15 veces. A casi siete días del horror, la investigación avanza pero la comunidad sigue reclamando justicia.

Actualmente, hay dos detenidos, V.E., de 23 años, y N.T.M, de 20, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos. La policía continúa con los allanamientos en distintos puntos del departamento Castellanos y también en San Francisco, pero por el momento no ha logrado dar con el paradero de los presuntos autores restantes. En paralelo, la conmoción social crece: vecinos motorizan marchas y manifestaciones para pedir justicia por Zamir.

Durante la marcha del lunes, familiares de la víctima volvieron a rechazar que se trate de un “ajuste de cuentas narco”. “Zamir no murió en una guerra de bandas. Fue un asesinato cobarde. Queremos que paguen los que fueron”, expresaron desde el entorno del niño. Las pancartas decían “Zamir tenía 4 años”, “Justicia por un inocente” y “Con los niños, no”.

Por otro lado, la familia del primer detenido, V.E.,  por el brutal ataque reclamó su inocencia públicamente. “Es inocente. No tuvo nada que ver, tenemos cómo probarlo. Es un perejil”, declararon.  

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La fiscalía continúa recolectando pruebas, mientras el silencio y el miedo dominan las calles de Frontera. Según los investigadores, el ataque habría sido premeditado y tenía como blanco a Martínez, quien conducía el auto junto a su pareja y su hijastro. “A mi hijo lo mataron de un disparo por la espalda. El primer tiro lo recibió él”, dijo Rocío Funes, la mamá de Zamir. Y deslizó que el ataque podría estar vinculado a un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, hermano de Braian, ocurrido en mayo también en Frontera en un aparente ajuste de cuentas. "Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó Rocío, quien además denunció amenazas previas.

A casi una semana del crimen, el dolor se mezcla con la bronca y la impotencia. “Zamir no vuelve, pero queremos que su muerte no quede impune”, dijo una vecina que participó de la manifestación. En el barrio Puzzi, donde ocurrió el ataque, la gente aún no sale de la conmoción. Las secuelas del horror todavía se sienten en cada cuadra.

La investigación continúa, pero la comunidad de Frontera exige respuestas. Mientras la justicia busca a los prófugos, la sociedad no quiere que la muerte de Zamir sea una más en una larga lista de víctimas de la violencia.