En un fallo de impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que transfería la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad.

El tribunal consideró que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, tal como pudo consignar Agencia Noticias Argentinas.

La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral. Porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto). La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable" que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.

A su vez, marca una falta de urgencia real: El tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de "rigurosa excepcionalidad" que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.

"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.

Tras declarar la invalidez de la norma, la CNE ordenó revocar un fallo de primera instancia que le había negado la ciudadanía a un solicitante bajo el paraguas del polémico DNU.

Además, informó que se notificó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la medida. Por último, la resolución fue enviada a todos los jueces federales con competencia electoral del país para unificar el criterio: a partir de ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.

La Justicia, a través de la Cámara Federal de la Seguridad Social, intimó legalmente a la Anses para que efectivice, en un plazo de 10 días, la restitución de la pensión por viudez para Cristina Kirchner.

El documento, publicado este miércoles, está firmado por la jueza federal Karina Alonso Candis y establece la fecha para el reintegro de los haberes previsionales “bajo apercibimiento de ejecución”.

La orden aplica únicamente a la pensión por fallecimiento del ex presidente fallecido Néstor Kirchner; el tribunal diferenció esta prestación de la asignación vitalicia como ex jefa de Estado, la cual continúa suspendida administrativamente debido a su condena en la causa Vialidad.

El pasado 11 de junio, Anses le había solicitado a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta.

Este pedido de garantía pretendió “proteger” los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses, avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exigió que el solicitante otorgue un seguro por “los eventuales daños y perjuicios” antes de que la orden se efectúe.

Las estimaciones oficiales de la asignación mensual vitalicia reclamada por la actual titular del Partido Justicialista, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, serían de 38 haberes mínimos, lo que representa unos $15,3 millones mensuales.

Con esta petición, el organismo quiso contar con un respaldo económico que asegurara que el Estado Nacional pudiera recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resultara adverso para Cristina Kirchner.

La exjueza de Menores Esther Martínez aseguró que el caso de Agostina Vega expone falencias estructurales en la protección de niños y adolescentes y advirtió que muchas situaciones de riesgo no están siendo abordadas a tiempo. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, sostuvo que existe una creciente desprotección de las infancias y reclamó la recuperación de mecanismos preventivos que, según su visión, funcionaban de manera más eficaz años atrás.

“Desde la perspectiva de la protección de las infancias, el caso Agostina nos muestra al desnudo que no se está haciendo prevención de menores en la provincia de Córdoba. La protección de las infancias está fallando”, afirmó.

Martínez vinculó esa situación con los cambios normativos impulsados durante las últimas décadas. En ese sentido, reivindicó el sistema que regía anteriormente en Córdoba y cuestionó la transferencia de las funciones preventivas al Poder Ejecutivo.

“En el gobierno de José Manuel de la Sota, y no estoy haciendo partidismo alguno, se derogó la mejor ley de minoridad que tuvo la provincia y el país, la Ley 9053. Tenía un procedimiento cuidado, con plazos estrictos en cada caso que hubiera un menor en riesgo y llegaba hasta su resolución”, recordó la ex titular del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de los Tribunales de San Francisco.

Sostuvo que el esquema comenzó a modificarse a partir de una ley nacional sancionada durante los gobiernos kirchneristas “que la prevención de los menores debe estar a cargo del Poder Ejecutivo”. Y agregó: “Para mí fue una decisión populista. No se protege más a los niños y adolescentes de ese modo porque en el Poder Ejecutivo los atiende gente menos preparada. Mientras en el Poder Judicial se rinden concursos, en el Ejecutivo no. Empleados administrativos toman, sin procedimiento ni plazo alguno, decisiones cruciales sobre la vida de bebés, niños y adolescentes”.

 “Si hubiera estado interviniendo el Juzgado de Menores, la escuela habría denunciado a la semana de faltas sin certificado médico de Agostina. La Justicia habría citado a la menor, a su padre y a su madre para averiguar las circunstancias de esas inasistencias injustificadas”, aseguró.

“La escuela como señal de riesgo iba a permitir conocer la causa real por la cual esa menor no estaba asistiendo. Entonces, a esa menor se la habría prevenido judicialmente. El aprendizaje que saco de este hecho y que el gobernador Martín Llaryora debería obtener también es que, por más que se trató de que Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familiar) y las Uder funcionaran, no funciona”, afirmó. En esa línea, pidió que la Provincia revise el modelo vigente.

“Aun jubilada, quiero llegar al señor gobernador para pedirle el retorno al sistema y a la ley anterior. Se está llegando tarde a los casos que se podrían prevenir”, consideró.

Martínez recordó que años atrás existía una coordinación permanente entre distintas instituciones que permitía detectar situaciones de riesgo antes de que escalaran. “Funcionábamos articulados y con buenísimos resultados. Los hospitales colaboraban, los centros vecinales, los vecinos, los parientes, los jueces de paz y los equipos técnicos. De parte de los hospitales hemos detectado cantidad de abusos”, señaló.

“Lo que estoy reclamando es que exista una articulación efectiva entre Justicia, Policía, salud, escuela y todas las áreas que protegen a los niños”, remarcó.

La exmagistrada también manifestó preocupación por las transformaciones sociales que impactan sobre las familias y terminan afectando a niños y adolescentes. “Los chicos quedan solos muchas horas, no siempre tienen otro familiar que los contenga. Cuando los papás salen a trabajar, se crían solos, toman entonces los peores ejemplos, que son las redes y la televisión. No hacen deportes, no tienen límites”, advirtió. Y añadió: “El Estado viendo esa situación de la familia debe estar a través de sus poderes conteniendo a la familia y a sus miembros, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad”.

Martínez también alertó sobre otros fenómenos que observa en la actualidad. “Me preocupa la soledad de los niños, la tecnología invasiva, la medicación indiscriminada y la falta de modelos a seguir. Los chicos están mal, muy mal. Le dan muy poco valor a la vida. Están queriendo rápido cosas materiales, sin esfuerzo, inducidos por la sociedad de consumo”, expresó.

Además, planteó que la perspectiva de niñez continúa siendo entendida de manera limitada dentro de muchos ámbitos institucionales y judiciales. “Tener perspectiva de niñez no es sacar resoluciones en que en un párrafo le hablan en lenguaje claro para que entienda –siguió-. Incorporar perspectiva de niñez es salir de la interpretación machista al recibir denuncias y al investigar. Es un cambio de perspectiva en el abordaje de la violencia. Desde la primera pregunta que se hace a una niña o a una madre. No creer que la niña se fugó para irse con el noviecito. Y si fuera así, la buscamos igual desde la primera hora”.

“Incorporar perspectiva de niñez es que el juez dé la cara, no que esté escondido y después saque algo por escrito. Es estar presente en las audiencias, conociendo al menor sujeto de derecho, conociendo a su familia. Esa es incorporar a la niñez, escucharla”, acotó.

“La inmediatez es fundamental”, dijo, al insistir en que la protección efectiva de niños y adolescentes requiere intervención temprana, compromiso institucional y una red articulada capaz de actuar antes de que los riesgos se transformen en tragedias.

Por último, opinó sobre la instrucción de la causa por el femicidio de Agostina: “Creo que el fiscal Raúl Garzón está llevando adelante una investigación correcta, muy diferente a lo que hizo el fiscal Iván Rodríguez en 2025 con la denuncia contra Claudio Barrelier. En aquel momento lo dejó en libertad al considerar que no era peligroso y que, en caso de condena, recibiría una pena condicional. Sin embargo, se trataba de hechos graves, como un secuestro agravado por el uso de armas y un intento de abuso. Por eso considero que Rodríguez debería ser sometido a un jury”.

La Justicia santafesina ratificó este martes la prisión preventiva para Héctor Alejandro “el Patrón” Gallardo, acusado de ser presunto instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022 en Frontera.

La resolución fue tomada durante una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se trató el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado, de acuerdo a la información del medio Rafaela Noticias.

El debate estuvo encabezado por el juez de Segunda Instancia, Sergio Alvira, quien finalmente resolvió rechazar el planteo impulsado por el abogado defensor Federico Scarinci y mantener la medida cautelar de máxima gravedad contra Gallardo, de 54 años.

Por el lado del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Martín Castellano defendió firmemente la resolución de primera instancia. El representante del MPA sostuvo la vigencia de los riesgos procesales y la solidez de los elementos probatorios acumulados hasta el momento en la investigación, los cuales vinculan a Gallardo con el crimen por encargo de Carlos Cabrera.

Finalmente, Alvira resolvió no dar lugar al pedido de la defensa y dispuso ratificar de manera íntegra la prisión preventiva para "el Patrón" Gallardo, entendiendo que persisten las condiciones que justifican que el acusado transite el proceso judicial tras las rejas.

El Estado nacional apeló la resolución del juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que había ordenado al Pami y al Ministerio de Salud normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.

La medida cautelar había fijado un plazo de 72 horas para restablecer los pagos. Sin embargo, la Nación presentó la apelación sobre la hora, cuando estaba por cumplirse el vencimiento dispuesto por el magistrado.

A partir de esa presentación, el juez debe resolver ahora las apelaciones y definir si rechaza el planteo del Estado nacional e insiste con el cumplimiento de la cautelar.

En caso de que la resolución quede firme y no sea acatada, Vaca Narvaja ya había advertido que podría analizarse la posible comisión de algún delito por parte de autoridades nacionales.

El conflicto afecta a prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad, que reclaman la regularización de los pagos para garantizar la continuidad de los servicios.

Un acuerdo judicial en Salta volvió a instalar el debate sobre el rol de las mascotas dentro de las relaciones familiares y los procesos de separación. En este caso, se homologó un convenio voluntario en el que un hombre deberá aportar dinero para cubrir parte de los gastos de manutención de un perro tras el divorcio.

La abogada Carmen Céspedes Cartagena explicó que este tipo de planteos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en el ámbito judicial. “Se homologan acuerdos voluntarios donde las partes al separarse solicitan una cuota alimentaria para su perrito”, señaló.

Según indicó, además del régimen comunicacional para los hijos, también se establecieron pautas vinculadas a los animales de compañía. Si bien aclaró que no existen sentencias judiciales previas específicas sobre el tema, sostuvo que “el Código Civil rige para toda la provincia” y que ya comenzó a incorporar pedidos de manutención de mascotas en causas vinculadas a cuotas alimentarias.

La letrada explicó que en este caso solicitó asistencia económica para dos animales luego de la separación de sus dueños. “El lugar de vida de esos animales es esa casa. ¿Por qué razón se tendría que hacer cargo en un 100% la madre?”, argumentó.

Además remarcó que los costos vinculados al cuidado de las mascotas pueden ser elevados. “La cuota de alimentos está en 100.000 pesos, una peluquería está en 15.000 o 20.000 pesos, y si hay que comprar medicación puede llegar a 200.000 en cada animal”, detalló.

Céspedes Cartagena sostuvo que estas situaciones implican una carga económica importante y cuestionó la falta de discusión sobre las responsabilidades respecto de los animales de compañía. “Normalmente se persigue a padres que se desentienden de sus obligaciones con los hijos, pero ¿qué pasa con los animales?”, planteó.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la compra de su departamento en el barrio de Caballito, declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las 9 y las 11, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

Estas dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado. 

La semana pasada, la justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

Milagros Bogado, la joven misionera de 21 años que denunció haber sido víctima de trata de personas, fue dada de alta en las últimas horas tras permanecer internada en el Hospital “J. B. Iturraspe”. No obstante, todavía no pudo regresar a su provincia de origen y continuará bajo resguardo en un refugio de San Francisco hasta que declare en el marco de la causa judicial.

El caso salió a la luz a partir de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar. En esa comunicación, Milagros aseguró que se encontraba retenida, que no le daban de comer y que incluso le habían arrojado su bolso con pertenencias.

Según la investigación, Milagros estaba junto a su expareja, Patricio R. Rodríguez, también de 21 años, ambos oriundos de Misiones. La pareja se encontraba oculta en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, luego de haber llegado a la provincia de Córdoba desde Entre Ríos. De acuerdo a los testimonios recabados, la joven no sabía con exactitud dónde se encontraba.

El lunes pasado, la persona que recibió el pedido de auxilio se comunicó con la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, y aportó datos que permitieron iniciar de inmediato un operativo de búsqueda. En ese contacto, indicó que Milagros le había dicho que su ex la había trasladado hasta un campo cercano a Villa María.

A partir de un trabajo coordinado entre fuerzas policiales federales y provinciales, con la participación de la Guardia Local de San Francisco, se logró dar con la pareja. Rodríguez fue detenido y trasladado a la cárcel de Villa María, mientras que la joven fue rescatada y derivada al hospital con signos de haber sido golpeada.

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El hombre quedó imputado por el delito de trata de personas con fines de forzar una unión de hecho o matrimonio, una figura poco habitual en el país.

Durante la investigación, se pudo determinar que la pareja había arribado en colectivo a la terminal de ómnibus de San Francisco el pasado 7 de enero. Con apoyo de tecnología, informes de la Comisión Nacional de Transporte y el análisis de antenas de telefonía celular, se logró reducir el área de búsqueda. En menos de 48 horas, los investigadores establecieron los movimientos de ambos.

Además, fuentes judiciales confirmaron que Rodríguez tenía una orden de restricción vigente dictada por un Juzgado de Colón, en Entre Ríos, desde noviembre del año pasado, un dato que también forma parte de la causa que continúa en investigación.

Martín Llaryora avanzó esta semana en una profunda reconfiguración del Ministerio Público Fiscal (MPF) y uno de los movimientos centrales de ese nuevo tablero tiene como protagonista al sanfrancisqueño Néstor Gómez, abogado de extrema confianza del gobernador.

Con el ingreso de los pliegos a la Legislatura provincial, el Ejecutivo formalizó una serie de enroques que apuntan a consolidar el control político sobre el sistema judicial. En ese esquema, Gómez dejará su cargo como defensor General Adjunto —función que había asumido en febrero de este año— para convertirse en fiscal General Adjunto, ocupando el lugar que dejará vacante Bettina Croppi.

El desplazamiento de Gómez no implica una pérdida de poder sino, por el contrario, una relocalización estratégica dentro del Ministerio Público Fiscal. El abogado fue designado en septiembre de 2023 en un cargo creado especialmente y, desde entonces, se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza del gobernador en el área judicial.

La relación política y profesional entre Llaryora y Gómez se remonta a 2008, cuando el actual mandatario asumió como intendente de San Francisco y lo incorporó como asesor letrado municipal. Desde entonces, Gómez lo acompañó de manera ininterrumpida en la gestión pública, incluyendo su paso por la vicepresidencia de la Lotería de Córdoba, ya en el ámbito provincial.

El movimiento se inscribe en una estrategia más amplia. En las primeras horas del jueves 18 de diciembre, la Legislatura aprobó el pliego de Carlos Lezcano como próximo fiscal General, cargo que asumirá en marzo. Antes de esa votación, Llaryora ya había designado como fiscal General Adjunto a Alejandro Pérez Moreno, otro abogado de su círculo íntimo.

 De este modo, los funcionarios impulsados por el actual gobernador pasarán a ser mayoría dentro del MPF, desplazando el peso que hasta ahora tenían los sectores identificados con el delasotismo y el schiarettismo. En ese contexto, Lezcano reconoció públicamente que el gobernador le había encomendado una misión política concreta: “apaciguar la interna en la Fiscalía General”, una admisión que dejó expuesta la dimensión del conflicto interno.

La interna no es menor. Lezcano mantiene una histórica enemistad con Pérez Moreno, que se hizo pública durante la instrucción del caso por el asesinato de Blas Correas. En ese expediente, Pérez Moreno actuó como abogado de Soledad Laciar, mientras que Lezcano era juez de Control. Allí, el hoy fiscal General Adjunto llegó a referirse a Lezcano como “este abogado que ocupa el cargo de juez”, y lo acusó de que “de las 300 páginas (de la elevación a juicio), las que él hizo no alcanzan a 25; las otras las hizo el fiscal y él copió y pegó”.

En paralelo a la relocalización de Gómez, Llaryora abrió la puerta para designar a otro hombre de su confianza en el Ministerio Público de la Defensa. El nombre que suena con fuerza es el de Jorge Folloni, actual titular del Tribunal Administrativo Ambiental y exsecretario de Ambiente de la Municipalidad, un organismo creado por el Ejecutivo para efectivizar el cobro de multas por delitos ambientales.

La reconfiguración se completa con la creación de la Procuración Penitenciaria, un nuevo organismo que estará encabezado por Bettina Croppi y que tendrá rango equivalente a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Desde allí se controlará el funcionamiento del sistema carcelario provincial.

Las penas contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y los encubridores por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán en febrero de 2026, según determinó la jueza Dolly Fernández.

Luego de varios días de espera, con límite hasta el viernes 19 de diciembre, la Agencia Noticias Argentinas accedió al documento en el que se confirma que el monto de las penas contra el Clan Sena se darán a conocer el próximo 10 de febrero de 2026 a las 9.00.

Otro dato aportado es que en las últimas horas hubo modificaciones dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia luego de la fuga de Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, alias la Barbie.

Aunque se logró su captura en Corrientes, las autoridades penitenciarias informaron que César y Emerenciano comparten celda y fueron reubicados en otro pabellón para evitar conflictos mayores.

El jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela por el crimen de la joven en junio de 2023 en Chaco, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento. Griselda Reynoso fue sobreseída.

En la audiencia de cesura, la fiscalía y las querellas pidieron prisión perpetua para el Clan Sena. La defensa de César cuestionó ante la magistrada la valoración de la prueba y sostuvo que no existe certeza absoluta sobre la mecánica del crimen.

La Defensoría Pública Federal de San Francisco inauguró su nueva sede en Bv. 9 de Julio 1319, dejando atrás el local de calle Cabrera. El acto tuvo un momento especialmente emotivo cuando se descubrió la placa que otorga a la sala de audiencias el nombre de Gustavo “Zurdo” Rosa, sanfrancisqueño, hombre ligado al básquet y miembro del equipo de la Defensoría desde sus inicios. Rosa falleció en octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, y su recuerdo aún marca a quienes trabajaron a su lado.

El defensor público federal, Esteban Lozada, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO y explicó que el nuevo edificio representa un avance significativo tanto en accesibilidad a la justicia como en calidad de atención. “A través de dos licitaciones públicas se logró la adquisición de este inmueble. Es un cambio grande, porque no solo mejora la administración de los recursos, sino que además tener una mejor ubicación es estar cerca de la gente, ser más visibles”, señaló.

La Defensoría Pública Federal funciona en la ciudad desde 2011 y tiene jurisdicción en todo el departamento San Justo. El nuevo espacio, más amplio y accesible, atiende al público de 7.30 a 13.30. Para Lozada, esta mudanza implica un avance en su objetivo central: “Que los usuarios de la defensa pública puedan acceder a nosotros de una manera más fácil y más rápida”.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Gustavo Rosa. Lozada recordó su trayectoria con emoción: “La sala de audiencias la nombramos con su nombre, en honor al Zurdo, que estuvo con nosotros desde nuestros orígenes, allá en 2011. Lamentablemente nos dejó en la pandemia. Era una persona muy especial, que dejó su huella en nosotros”.

El funcionario agregó que la decisión de poner su nombre en la sala busca mantener viva su presencia: “No solo es una forma de homenajearlo, sino de seguir teniéndolo con nosotros. Es mantenerlo para siempre acá”.

Consultado sobre las problemáticas que más llegan a la dependencia en el contexto económico actual, Lozada señaló que “se mantienen básicamente las mismas”, aunque con algunos picos de demanda. “Hay mucha conflictividad con usuarios de obras sociales y prepagas, como siempre. También muchos casos vinculados a pensiones no contributivas y cuestiones de jubilaciones”, detalló.

La Defensoría tiene competencia exclusivamente federal, por lo que los reclamos deben involucrar a organismos nacionales. En materia penal, Lozada explicó que reciben “causas de delitos de trata de personas y nunca falta alguna de narcotráfico”, tipos de delitos que forman parte de la competencia del fuero federal.

Sobre el porcentaje de resolución de los casos, Lozada aclaró que su lectura debe hacerse considerando el rol específico de la defensa pública. “En términos generales, intervenimos en casi el 70 u 80% de los casos penales”, explicó. Las razones son múltiples: económicas, de oportunidad o de especialidad.

En el ámbito civil, el panorama es alentador: “Los conflictos con obras sociales y prepagas tienen un porcentaje muy alto de resolución antes del juicio, en etapa prejudicial. Y en los casos que llegan a juicio, las chances de éxito también son altas”. Esto se debe, explicó, a que “las leyes son muy protectoras de los afiliados y usuarios de obras sociales y prepagas”.

La Defensoría mantiene diversas líneas de atención para facilitar el acceso de usuarios de todo el departamento:Teléfonos: 3564-420100 / 3564-498999WhatsApp: 3564-306058Correo electrónico: defensoriadesanfrancisco@mpd.gov.arUrgencias 24 horas: 3564-657366

Con un edificio renovado, mayor accesibilidad, la Defensoría Pública Federal inicia una nueva etapa en la ciudad, con el compromiso de seguir siendo, como define su titular, “el puente de acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”.

Un fallo judicial ejemplar en Tucumán ordenó a un call center restablecer la modalidad de teletrabajo a una empleada a la que había intimado a retomar tareas presenciales de forma unilateral.

La Justicia consideró que la decisión de la empresa fue un "ejercicio abusivo del ius variandi" (la facultad del empleador de cambiar condiciones laborales), ya que el home office se había convertido en una "modalidad esencial" del contrato.

El fallo, si bien aún no está firme, da 10 días a la empresa para cumplir la orden.

La empleada, Cynthia Castillo, presta servicios para la empresa desde 2016. Si bien comenzó a trabajar desde su casa por la pandemia, el dato clave es que el 18 de agosto de 2022, un año y medio después del fin de las restricciones sanitarias, la empleada firmó una "novación contractual" (modificación del contrato).

Ese acuerdo, denominado "waha plan 24", establecía una reducción horaria y la prestación de tareas de forma remota, con compensaciones por gastos de luz e internet.

El 30 de enero de 2024, la empresa le notificó que debía volver a la presencialidad. La firma argumentó que el teletrabajo fue una medida excepcional por la emergencia sanitaria, que ya había finalizado.

El juzgado de Tucumán rechazó la postura de la empresa por varios motivos:

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN) y anuló la decisión que limitaba a solo seis horas semanales la permanencia de presos en los centros universitarios ubicados dentro de las cárceles federales.

El fallo, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, fue emitido por la Sala III del tribunal y se consideró que la decisión del juez de primera instancia –que había homologado una propuesta de reducción horaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sumamente restrictiva– “carecía de una debida motivación y no había surgido de un verdadero proceso de diálogo, resultando así arbitraria”.

A través de la Resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que restringía el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal al prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes y de forma absoluta el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.

Frente a esta nueva situación, la PPN promovió una acción de hábeas corpus colectivo y correctivo, sosteniendo que la medida “violaba el derecho a la educación de las personas detenidas”.

El 9 de abril, el juzgado de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la PPN y la DGN y ordenó suspender la aplicación del artículo 2º de la Resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación por entender que se estaba cercenando el derecho a la educación universitaria al impedir a las personas detenidas estudiar fuera de sus pabellones, utilizar computadoras, acceder a la biblioteca o participar en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión universitaria.

Para implementar esa medida cautelar, se dispuso la conformación de espacios de diálogo, pero, aun así, la autoridad penitenciaria “se negó a dialogar en cada una de esas instancias, solo proponiendo un máximo de entre dos y cuatro horas de permanencia semanal en los centros universitarios y negándose a explicar sus medidas”.

Ante ello, los organismos accionantes presentaron un recurso de apelación que fue rechazado, y luego el recurso de casación que en las últimas horas concedió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

En la fundamentación, se destacó que “la educación de las personas privadas de libertad es un derecho personal y social de jerarquía constitucional, que debe ejercerse en condiciones de igualdad con quienes no se encuentran detenidos”.

Asimismo, subrayó que cualquier restricción a este derecho debe ser sometida a un "escrutinio estricto", lo que implica que el Estado debe demostrar la existencia de fines sustanciales, la idoneidad de los medios elegidos y la ausencia de alternativas menos restrictivas.

Como consecuencia de esta decisión, se anuló la resolución que fijaba el régimen restrictivo de seis horas y se ordenó al Juzgado de Instrucción que reanude la instancia de mesa de diálogo, garantizando esta vez una participación real de todos los actores, incluidos los estudiantes privados de libertad, para discutir y proponer modalidades alternativas para el ejercicio del derecho a la educación.

“El fallo establece además estándares precisos que el juez de primera instancia deberá respetar en una futura nueva resolución que se dicte en el marco de la medida cautelar, entre los que se ordenó tomar en consideración que el derecho a la educación es una herramienta sustancial para la inclusión de las personas y que no puede limitarse ni ser objeto de discriminación derivada por la situación de encierro”, concluye el comunicado.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. En el círculo de Javier Milei confirman la información, así como el mismo funcionario.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae. En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba “totalmente decidido”.

En la mesa chica presidencial confirmaron las conversaciones que hubo para anticipar la salida, la cual ya se conocía internamente semanas atrás. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, confirmó una figura cercana a Milei.

Ante esto, hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial. “Cúneo se va claramente mejor que Gerardo”, decía jocosamente un importante funcionario de Casa Rosada.

El actual titular de la cartera de Justicia no estará este jueves en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario (alegó motivos laborales), pero sí podría ir al búnker libertario del domingo. El ministro indicó a este medio que la presentará formalmente el mismo lunes. Incluso no se descartaba que pueda reunirse ese mismo día con responsables superiores del Gobierno para determinar si se prorrogará o no el plazo de la aplicación del código acusatorio en Comodoro Py, una de las últimas medidas que buscaba implementar en su gestión como ministro.

Se trata del fin de una relación contractual entre el abogado penalista con el proyecto libertario, que comenzó en los albores de la campaña presidencial de Milei en el 2023. Ambos dirigentes se conocían por sus respectivas carreras mediáticas y quienes diagramaban el futuro esquema del Gabinete libertario le ofrecieron que asuma como el encargado de la cartera de Justicia.

Cúneo Libarona asumió a sabiendas de que tenía un funcionario de contralor abajo suyo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La lógica de ese ministerio era que el abogado realizara las reformas más técnicas en el segmento judicial, como la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las distintas justicias federales a nivel nacional; mientras que el alfil caputista mantenía la ascendencia sobre la rosca judicial del Gobierno y la capacidad de establecer las candidaturas libertarias en juzgados federales, entre otros.

El ministro marca que uno de sus principales hitos fue evitar que Argentina cayera en la “lista gris” del GAFI, el cual evalúa las políticas en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, indicó esta mañana a Infobae. Otras de sus decisiones han sido más controvertidas a los ojos de espacios opositores, pero el ministro eliminó programas vinculados a políticas de género y de derechos humanos, anunciando recortes en estructura y la plantilla.

Desde el año pasado que en el entorno de Milei veían a Cúneo como un funcionario de paso y que posiblemente no terminara sus funciones en 2027. El ministro estuvo a punto de renunciar en abril, pero se quedó después de dialogarlo con el entorno libertario. Esto se precipitó semanas atrás, con una operación ya programada para comienzos de noviembre. Las primeras charlas fueron con Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Milei fue anoticiado luego, aunque sabiendo que con las elecciones se iba a decantar su salida de mutuo acuerdo. “Me voy sin causas de corrupción, quiero vivir más y estar con mi familia, dejé la vida”, confesó a este medio.

Y es que el Presidente tenía al Ministerio de Justicia en la mira para realizar nuevos cambios.

Todavía no se sabe quién será el nuevo responsable del área, pero sí parece ser una certeza de que Santiago Caputo continuará teniendo injerencia, garantizando realizar las reformas que tiene en mente para el próximo año. Estas incluyen nuevos nombramientos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los juzgados federales, donde la brecha de cargos vacantes no hizo más que crecer en los últimos dos años de gestión libertaria.

Así, Amerio será una de las figuras que seguirá estando en ese esquema para garantizar lo que quiera el asesor. También suena el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que ya prometió que abandonará ese puesto para asumir como senador provincial. Por esa cuestión, Milei podría premiarlo con un cargo significativo. El dirigente fue juez federal y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Permanece como duda si Justicia se fusionará con Seguridad Nacional. La ministra Patricia Bullrich no quiere que se haga. En varias huestes de la Casa Rosada consideran que será un nuevo entuerto político, que podría traer descoordinaciones. Y es que en el caso de que Montenegro aparezca como ministro de ambas áreas, este debería aceptar que la injerencia en Justicia y Seguridad seguirán siendo de Caputo y Bullrich, respectivamente. La decisión de qué hacer será toda del mismo Javier Milei, que deberá comunicar la semana próxima cuál será el esquema final.

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, dijo este lunes Pablo Laurta, único imputado por el doble femicidio del 11 de octubre. Laurta repite esa frase en sus declaraciones a la prensa que lo persigue cada vez que se lo traslada. Y repite que buscaba proteger a su hijo de un supuesto delito que la Justicia de Córdoba investigó y descartó en abril pasado por ser falsa.

Seis meses antes de asesinar a Luna Giardina y a su madre Mariel Zamudio, Laurta había denunciado a su exsuegra por supuesta “explotación sexual” contra su hija (Luna) y también dijo que esa situación estaría perjudicando al niño, ya que sería testigo de los hechos.

La causa, iniciada el 24 de abril de 2025, recayó en la Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual de 1° Turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, quien realizó los peritajes pertinentes, según indicaron a La Voz desde el Ministerio Público Fiscal.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la denuncia fue radicada vía e-mail y que de inmediato se tomaron las medidas de rigor. Un día después, el 25 de abril, se citó a Giardina y al niño para que declaren.

Luna negó rotundamente ser víctima de esos hechos acusatorios contra su madre y se mostró avergonzada por el tenor de la denuncia de Laurta. Allí, expresó que había denunciado a Laurta por violencia de género en dos oportunidades y que contaba con botón antipánico.

Asimismo, la entrevista con abordaje interdisciplinario que se realizó al niño no arrojó ningún elemento que permitiera sostener la denuncia del padre del pequeño.

Un tercer peritaje confirmaría la falsedad de la denuncia: la encuesta socioambiental. En la investigación se realizó un estudio sobre allegados al lugar y a las supuestas víctimas. Ninguno de los resultados se condecían con la denuncia, por lo que la investigación no prosperó y quedó a la espera de los tiempos procesales para ser archivada.

Un detalle no menor fue la actitud de Laurta, quien tres semanas después de radicar la denuncia comenzó a llamar compulsivamente a Tribunales para conocer los avances en la causa. Como esa información no se transmite por vía telefónica, desde la Fiscalía le sugirieron que lo haga en forma presencial.

Sin embargo, Laurta decía que no podía ir porque vivía en Uruguay (en realidad, él sabía que a su llegada al país le colocarían una tobillera dual). También le dijeron que podía apoderar a un abogado para recibir esa información, a lo que Laurta se negó. “Un día llegó a llamar 15 veces”, dijo una fuente cercana a la causa.

La situación era clara: estaban ante una denuncia falsa de una persona acusada de violencia que buscaba alguna forma de hacer daño a su expareja y madre de su hijo.

La denuncia de Laurta no fue aislada, sino parte de un intento por acorralar a Luna, contra quien venía ejerciendo violencia psicológica, física, sexual y económica.

Lo que sigue es el detalle de los intentos de Laurta y las respuestas judiciales que obtuvo por parte de la justicia y el trágico desenlace:

Finales de 2018. Pablo Laurta y Luna Giardina se conocen a través de redes sociales. El 14 de octubre de 2019 nace P., el hijo de ambos.

17 de octubre de 2023. Luna radica una denuncia en la Unidad Judicial 19 de barrio Argüello relatando agresiones físicas, psicológicas, restricciones y control del padre del niño. Tras la denuncia se dispone la restricción de acercamiento de Laurta y el botón antipánico para Luna. También fijan una cuota alimentaria que Laurta nunca cumplió.

27 de octubre de 2023. Laurta ingresa al país con armas a la Argentina, proveniente de Uruguay. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad.

8 de enero de 2024. Laurta se instala en el techo de una vivienda contigua a la de Luna, violando la orden judicial. Es detenido durante un mes. Durante su detención, es sometido a una pericia psicológica. Los informes declaran que comprende su criminalidad, no presenta factor psicopatológico grave ni antecedentes penales. Fue liberado el 8 de febrero de 2024 bajo condiciones.

Fines de 2024. Desde Uruguay Laurta presenta una demanda de restitución internacional de su hijo. El juez Gabriel Tavip rechaza el pedido al considerar que la residencia habitual del niño estaba en Córdoba. El fallo es confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en julio de 2025.

Noviembre de 2024. Un Juzgado de Familia dictamina una medida cautelar de “no innovar” solicitada por Giardina sobre la casa en la que vivía con su hijo para impedir que Laurta la venda o la deje sin vivienda. La Justicia la concedió.

Abril de 2025. Laurta denuncia a su exsuegra, Mariel Zamudio ante la Fiscalía de Distritos contra la Integridad Sexual. Después de hacer las pericias la Fiscalía descarta la versión de Laurta. La denuncia era falsa.

Julio de 2025. El TSJ confirma el rechazo al pedido de extradición del niño a Uruguay.

Agosto de 2025. Luna obtiene en el Juzgado de Familia el cuidado unilateral provisorio del niño, al demostrar el riesgo que implicaba vincularlo con Laurta. El progenitor no pidió a la Justicia vinculación con su hijo en ningún momento.

11 de octubre de 2025. Luna Giardina y Mariel Zamudio son asesinadas. Laurta se da a la fuga con el niño. El 12 de octubre es capturado en Entre Ríos e imputado por el doble femicidio.

14 de octubre de 2025. Encuentran el cuerpo del chofer Palacios que había trasladado a Laurta. Lo imputan por homicidio agravado.

La disputa por la oficialización de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo hoy su capítulo final. El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la grilla de la coalición oficialista, con Diego Santilli en primer lugar, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, lo que abrió un debate sobre el mecanismo de reemplazo y el alcance de la ley de paridad de género en la conformación de las listas electorales.

De todos modos, la foto del diputado -que pidió licencia hasta el fin de su mandato- seguirá en las Boletas Únicas de Papel (BUP), debido a que la Cámara Electoral rechazó el pedido del Gobierno para reimprimirla, ante la falta de tiempo. Es que habilitar esa solicitud podía poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios del próximo 26 de octubre.

Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en territorio bonaerense, había resuelto el 8 de octubre, en línea con el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y el respaldo del fiscal general ante la Cámara, Ramiro González, que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía la alianza. La decisión se fundamentó en la defensa de la ley de paridad y en la necesidad de evitar una interpretación regresiva que, según el Ministerio Público Fiscal, “no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades sino que, además, en el caso concreto —al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo— atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado, que además (...) podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró que la interpretación del juzgado platense era una “singular interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019 y al criterio mayoritario de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. El tribunal de primera instancia, en su nueva resolución del 14 de octubre, dejó constancia de que su postura coincidía con la de todas las partes intervinientes y el Ministerio Público Fiscal, y que se apoyaba en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género.

Ramos Padilla defendió la potestad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad sobre normas reglamentarias, recordando que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma —en este caso, un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional— es una atribución propia de los jueces de la Nación, orientada a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución Nacional”. El magistrado subrayó que esta función no implica apartarse del orden jurídico ni invadir competencias ajenas, sino cumplir con el deber de asegurar la supremacía constitucional. En ese sentido, recordó que la propia Cámara Nacional Electoral, en el precedente “Juntos por el Cambio”, había declarado inaplicable el mismo artículo 7° del Decreto 171/2019 para la categoría de Senadores Nacionales, al considerar que su aplicación literal contrariaba la finalidad de la ley de paridad.

El juez remarcó que el debate trasciende el caso puntual y se inscribe en una discusión institucional más amplia sobre el alcance de las acciones positivas y la interpretación de los mecanismos de paridad de género en el régimen electoral argentino. Advirtió que “si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

Finalmente, en cumplimiento de la orden de la Cámara, el juzgado adecuó y oficializó la lista de candidatos titulares y suplentes de La Libertad Avanza para la elección general del 26 de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, incorporando el nuevo orden de prelación. Entre los nombres que encabezan la nómina figuran Santilli, Karina Celia Vázquez (nombre real de Karen Reichardt) y Pareja, seguidos por otros treinta y dos postulantes titulares y seis suplentes.

La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jessica Valentini, oriunda de San Francisco, juró como integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba durante un acto realizado el lunes 6 de octubre en la sala de audiencias del organismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Marta Cáceres de Bollati, quien tomó juramento a Valentini y al también vocal del TSJ, Luis Enrique Rubio, quienes integrarán el órgano de selección como primer y segundo suplente, respectivamente.

Las designaciones se formalizaron en cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Córdoba. Ambos magistrados formarán parte del Consejo de la Magistratura durante el año 2025 y hasta tanto el TSJ disponga lo contrario.

Cabe recordar que Valentini asumió en febrero pasado como vocal del Tribunal Superior de Justicia, tras haber sido propuesta en diciembre de 2024 por el gobernador Martín Llaryora. En el máximo órgano judicial provincial se desempeña en la Sala Civil y Comercial.

El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

El Juzgado de Control de Villa Carlos Paz rechazó el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto abuso sexual simple contra Ángelo Cornaglia, dirigente político y exconcejal de San Francisco por Juntos por el Cambio (2019-2023).

La decisión judicial frena la solicitud de la fiscalía de Carlos Paz, a cargo de Mario Mazzuchi, que investiga la denuncia presentada por una mujer de esa ciudad, quien acusa a Cornaglia de un hecho presuntamente ocurrido en junio de 2022 en un hotel de la villa serrana. Según fuentes judiciales, el juez de control entendió que “no existen fundamentos suficientes” y que la fiscalía no analizó toda la prueba presentada por la defensa.

Desde el equipo legal de Cornaglia recordaron que ya habían objetado el pedido de elevación a juicio. “La fiscalía no analizó la prueba que presentamos”, afirmaron, y señalaron que en el caso existen “cuestiones raras” que deben investigarse.

La denunciante radicó la acusación en octubre de 2022 y, meses después, su familia denunció haber recibido llamadas anónimas y amenazantes, lo que motivó una orden judicial de restricción de acercamiento vigente desde mayo de 2023.

En un giro clave para la investigación por el fentanilo contaminado, fuentes judiciales confirmaron que fueron ubicadas las 232 ampollas perdidas que eran intensamente buscadas. Sin embargo, la periodista Camila Dolabjian advirtió que, a pesar del hallazgo, la alerta se mantiene por una serie de graves irregularidades en el laboratorio productor.

Según supo Noticias Argentinas, Dolabjian reveló en su cuenta de X que ex empleados del laboratorio denunciaron que había producción de "lotes mellizos", que ampollas que supuestamente se destruyeron se hizo de forma "sospechosa" y que, por lo general, "cuando se contamina una línea de producción, usualmente está todo contaminado".

Mientras tanto, la causa judicial avanza y la cifra de víctimas fatales sigue en ascenso. El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que ya son 76 los muertos por el fentanilo adulterado y advirtió que "esto no llegó a su techo", por lo que el número podría aumentar.

La investigación estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes contaminados con bacterias multirresistentes. El magistrado detalló que, tras la primera víctima fatal, la ANMAT confirmó la contaminación en dos lotes. "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis", precisó Kreplak.

El juez buscó llevar tranquilidad asegurando que "hoy no circulan ampollas contaminadas", pero reconoció que el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha en la causa, pero ninguna detenida.