La Justicia Federal con competencia electoral notificó a la Unión Cívica Radical que la interna para elegir sus candidatos a diputados prevista originalmente para el 3 de agosto sigue vigente, al menos por ahora; pese a que el Congreso Provincial, por amplia mayoría, dispuso que el partido conforme una alianza para competir en octubre y no ratificó el cronograma de la interna.

Con la firma del secretario electoral Guillermo Fernández, la resolución del Juzgado Federal N°1 dice: “En relación a lo manifestado (por Más Radicalismo) en cuanto a la sospecha sobre actos realizados por el partido tendientes a obstruir la realización de la elección interna programada, hágase saber nuevamente que la elección interna dispuesta para el 3 de agosto deberá realizarse a los fines de seleccionar los candidatos a cubrir cargos electivos para las elecciones generales del próximo 26 de octubre”.

Para el deloredismo, la resolución no ordena que se haga la interna. En ese sentido, está previsto que el jueves la Junta Electoral del partido decrete abstracta la competencia interna por haberse habilitado la conformación de una alianza, aunque no hay información oficial de con qué otros partidos sería.

Desde el Juzgado Federal N°1, el secretario electoral, Guillermo Fernández, dijo a La Voz que la resolución ya fue notificada y que se valoró lo que ocurrió en el Congreso Provincial. “De la documentación remitida al juzgado, no interpretamos que el Congreso Provincial haya suspendido la elección interna”, dijo Fernández. El plazo para apelar la resolución judicial es de 24 horas.

La resolución judicial le prolongó la vida a Más Radicalismo, la alianza interna que integran Ramón Mestre, Carlos Becerra y Fernando Montoya. Así lo entienden en este núcleo, que ya presentó su lista de precandidatos en la Junta Electoral de la Casa Radical: la encabeza Ramón Mestre.

La otra lista presentada en la Junta Electoral de la UCR responde a Dante Rossi, aunque el primer lugar está “reservado”. Rossi indicó que el lugar sería para el exintendente de Río Cuarto Juan Jure, pero no hay confirmación.

Por ahora, el deloredismo no informó si presentará una lista de precandidatos, al menos a la espera de que la Justicia baje definitivamente el martillo. Como ya se señaló, para el oficialismo está firme la decisión política de suspender el calendario de elecciones internas.

En una sesión que terminó en la madrugada del martes, el Congreso Provincial de la UCR decretó por amplia mayoría “levar adelante todas las acciones políticas y legales necesarias en orden a conformar una alianza electoral” para los comicios del 26 de octubre.

El segundo punto del temario es el foco de la polémica: la mayoría no convalidó el cronograma electoral fijado por el Comité Provincia. El oficialismo sostiene que como el cronograma electoral no está ratificado, la interna está caída. La oposición interna a Ferrer considera que no es así.

Durante la larga sesión del Congreso Provincial, la Justicia Federal plantó un veedor, quien presentó su informe el martes. Es decir que el juez ya estaba en conocimiento de qué había decidido el Congreso Provincial cuando les recordó a los radicales que la interna del 3 de agosto sigue viva.

Para el secretario electoral, la resolución firmada por él y por el juez federal Miguel Vaca Narvaja “va en el mismo sentido” que la opinión del veedor: el Congreso Provincial no suspendió formalmente la interna, dice el funcionario que lleva el expediente.

“La UCR tiene un mecanismo establecido en su Carta Orgánica para elegir sus candidatos. Pueden llegar a un acuerdo y presentar una lista de unidad, pero el mecanismo es uno sólo. Del Congreso Provincial realizado, y de acuerdo con el informe del veedor, no surge que la interna se haya suspendido”, dijo el secretario electoral Guillermo Fernández.

En el deloredismo no precisaron si apelarán la resolución. Por ahora, sostienen la defensa política: que la mayoría de los congresales decidió, en los hechos, suspender la interna al no avalar el cronograma electoral.

Además, dicen que el juez federal Vaca Narvaja y el secretario electoral Fernández firmaron la resolución antes de leer el informe del veedor, es decir “con información anterior a la decisión de los congresales”. Fernández rechaza de plano esa conjetura.

La resolución judicial no obliga a los radicales a competir. De hecho, Fernández explicó que el proceso en búsqueda de una lista de unidad (lo que haría innecesaria la interna del 3 de agosto) sería un remedio válido, como en cualquier partido político. Pero remarcó que por ahora el mecanismo vigente para la selección de candidatos radicales es la competencia interna.

Hasta ahora, la estrategia desplegada por Generación X, el grupo que lideran Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, el presidente del partido, es tener todas las cartas para cerrar una alianza electoral que haga “competitiva” a la UCR.

Los opositores internos a De Loredo creen que la vía habilitada en el Congreso Provincial termina con la incorporación de la UCR a la Alianza La Libertad Avanza, el sello oficialista.

Otra posibilidad (además del acuerdo con La Libertad Avanza) era recrear a Juntos por el Cambio con el PRO y algún otro partido. Pero al haberse caído el macrismo de la conducción del partido amarillo, ese “plan B” entró en crisis. Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral dispuso que la intervención que corrió a Oscar Agost Carreño de la presidencia del PRO no fue válida.

El Consejo de la Magistratura de la Nación concretó en las últimas semanas seis concursos clave para la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Misiones, en un proceso que incluyó la realización de exámenes escritos en los que participaron cientos de aspirantes.

Los exámenes se desarrollaron entre febrero y marzo y estuvieron supervisados por integrantes del cuerpo, entre ellos la vicepresidenta del Consejo y jueza Agustina Díaz Cordero; la presidenta de la Comisión de Selección, Fernanda Vázquez; la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina, Alejandra Provítola; el juez Diego Barroetaveña; los abogados César Grau, Alberto Maques y Jimena De la Torre; y el diputado Álvaro González, titular de la Comisión de Administración y Finanzas.

El cronograma comenzó el 18 de febrero con la prueba de oposición del Concurso N° 490 para cubrir una vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Córdoba, con 189 inscriptos.

Al día siguiente, se desarrolló el Concurso N° 517 para el Juzgado Federal de San Francisco, también en Córdoba, con 157 postulantes, para cubrir la vacante luego del fallecimiento del juez Pablo Montesi en agosto pasado.

El 20 de febrero fue el turno del Concurso N° 514 para el juzgado federal de Villa María, en la misma provincia, con 179 inscriptos. Un día más tarde se tomó la prueba del Concurso N° 516, destinado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba, con igual número de inscriptos.

En marzo, el Consejo realizó la develación de claves de los concursos N° 492, 499 y 508, correspondientes a juzgados de Capital Federal y Tucumán, y el 20 de ese mes visitó los tribunales federales de Santa Fe, donde además se tomó el examen del Concurso N° 521, con 75 participantes.

La última prueba registrada fue el 27 de marzo, correspondiente al Concurso N° 518, destinado a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, con 78 inscriptos.

El próximo 11 de abril, el Consejo tomará examen a los postulantes del Concurso N° 520, que busca cubrir un cargo en el Tribunal Oral Penal Económico 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

En un contexto judicial cada vez más complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversas fiscalías de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia. El titular del Colegio advirtió que la falta de cobertura en puestos clave, como fiscales y asesores letrados, podría generar un retraso significativo en la tramitación de causas y una posible afectación en la calidad de las investigaciones.

Al comenzar el año 2025, San Francisco enfrenta una escasez crítica de fiscales. Entre las vacantes más destacadas, se encuentran la Fiscalía de Delitos Complejos, que quedó vacante tras la salida de Bernardo Alberione, y la Fiscalía de la 4ª nominación, luego de la jubilación de la fiscal Leonor Failla. Además, sigue pendiente la designación de un fiscal para el Fuero Antinarcotráfico, función que hasta su salida también desempeñaba Alberione y que hoy está bajo la responsabilidad temporal del fiscal Oscar Gieco, quien también está a cargo de la fiscalía 1ª.

“Estamos en una situación muy complicada porque San Francisco, con dos fiscales (Oscar Gieco y Silvana Quaglia), tiene que cubrir cinco fiscalías. Eso marca una urgencia por la designación de estos cargos”, señaló Arrieta en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Según el abogado, las vacantes son un problema crítico no solo para los abogados, sino también para la sociedad en general, que se ve afectada por la demora en la resolución de casos.

Además de las vacantes en las fiscalías, también se suman otras el ámbito de la asesoría letrada. Arrieta explicó que la ciudad tiene vacantes en este sector debido a que funcionarios como Lucio Sarnado, quien aprobó el concurso para trasladarse a Córdoba, dejarán su puesto, mientras que la asesora letrada de Las Varillas, Virginia de la Vega, también dejará su cargo tras obtener su traslado. “La situación es preocupante, especialmente en áreas como violencia de género, menores y causas relacionadas con víctimas que no tienen recursos económicos para contratar abogados privados. Esto genera un verdadero conflicto porque ni siquiera hay suficientes abogados para cubrir esos cargos”, afirmó Arrieta.

El presidente del Colegio de Abogados destacó el impacto negativo que estas vacantes tienen en la calidad y eficiencia del servicio judicial. “Uno de los principales problemas es la demora. Un solo fiscal para dos fiscalías no puede hacerse cargo de todas las causas con la misma eficacia que si tuviera otro funcionario a su lado. Esto, además, afecta la calidad de la investigación”, explicó. 

Por otro lado, Arrieta resaltó que la demora en la cobertura de vacantes no se debe a una falta de voluntad por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino a los largos tiempos que lleva el proceso de selección de nuevos fiscales. “El proceso de convocatoria, corrección de concursos y la posterior designación puede demorar casi un año. Es un proceso que, aunque se realiza de manera automática, es demasiado largo”, expresó. Según Arrieta, esto obliga a buscar soluciones temporales, como la designación de fiscales reemplazantes, para al menos cubrir provisionalmente los cargos vacantes.

Consultado sobre el estado de las vacantes en el fuero civil, Arrieta aclaró que, en este ámbito, la situación es más favorable. “Los cargos en el fuero civil están todos cubiertos. La única vacante que persiste es la de una camarista laboral en los tribunales sanfrancisqueños”, dijo.

La situación en el ámbito federal es aún más grave, ya que el Juzgado Federal de San Francisco se encuentra sin juez ni fiscal. El juez Pablo Montesi falleció en 2024, y su puesto está siendo subrogado por Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville. Por su parte, la fiscalía quedó vacante tras la destitución de Luis María Viaut, quien fue condenado por corrupción. La fiscalía está siendo temporalmente ocupada por la fiscal María Marta Schianni de Villa María.

“El fuero federal es mucho más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Ya se abrió la inscripción para la designación de un nuevo juez, pero este proceso también llevará tiempo. Se deben cubrir tres cargos en la provincia, uno de ellos en San Francisco”, explicó Arrieta. En cuanto a la fiscalía, el Consejo de la Magistratura aún no ha convocado a concurso para cubrir el puesto de manera definitiva. 

Arrieta también hizo hincapié en los problemas que enfrenta el sistema judicial para cubrir las vacantes en los tribunales locales y federales. “El Tribunal Superior de Justicia realiza las convocatorias cuando se producen vacantes, pero el proceso de selección es muy lento. En el caso de los jueces federales, por ejemplo, el proceso de convocatoria será más rápido, pero en el ámbito provincial las demoras son considerables”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados destacó que uno de los principales retos es lograr una designación más ágil para evitar que los cargos queden vacíos por tanto tiempo. “Estamos trabajando en encontrar soluciones para acelerar los procesos de selección, pero por ahora la única opción es buscar reemplazantes temporales que al menos cubran las vacantes hasta que se resuelva el concurso”, añadió.

El intendente Damián Bernarte entregó una distinción al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, por su destacada trayectoria como hombre del Derecho y docente y por su invalorable contribución al funcionamiento y mejora de la Justicia Federal de la ciudad de San Francisco.

El acto tuvo lugar en Tecnoteca y estuvo presidido por Bernarte, acompañado por funcionarios municipales y representantes del ámbito judicial de San Francisco.

Además, se encontraban presentes altos funcionarios de la Justicia de la provincia de Córdoba y de la Justicia Federal quienes brindaron su apoyo al reconocimiento realizado. Entre otros se encontraban la vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Susana Montessi; el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa y el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto.

En este marco, Bernarte aseguró que “la presencia de tantos amigos, colegas y magistrados me recuerda a otra vida que tuve hasta hace unos años que tenía que ver con el ejercicio de la profesión liberal y de la que guardo muchísimos y gratos recuerdos”.

Luego remarcó que el acto apuntó a distinguir a “un sanfrancisqueño por adopción” porque “en cada oportunidad que hemos requerido el acompañamiento y el consejo de Abel referido a la institucionalidad de la ciudad de San Francisco y fundamentalmente al funcionamiento del Poder Judicial hemos encontrado siempre sabias palabras que nos han permitido seguir el derrotero de una construcción que no ha sido fácil para San Francisco en torno a la Justicia Federal”. 

“Nosotros valoramos sobremanera todo lo realizado porque somos de la generación que cuando teníamos que litigar en el fuero federal debíamos trasladarnos a Bell Ville con todos los inconvenientes que eso significaba. Abel es de los gestores de que en San Francisco tengamos Justicia Federal además de un defensor acérrimo del desarrollo del recurso humano local en el fuero federal y eso nos llena de orgullo porque estamos convencidos que aquí tenemos muchas personas sobradamente capacitadas para formar parte de la estructura del Poder Judicial”.

Luego recordó que “a partir de la pérdida inesperada y muy dolorosa” del juez federal de San Francisco, Pablo Montessi, “Abel se comprometió a tratar de agilizar todo lo vinculado con la posibilidad de la designación, en el plazo más corto posible, de un nuevo magistrado federal para San Francisco y a nosotros esto nos llena de orgullo”.

El intendente resaltó a continuación que la distinción realizada al doctor Sánchez Torres “es hecha por toda la ciudad de San Francisco porque el proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad del Concejo Deliberante, con la aceptación y el voto afirmativo con todos los bloques del cuerpo legislativo y que representan a todos los vecinos y vecinas de San Francisco. Con orgullo podemos decir que esta es una distinción de toda la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco, Mario Ortega dio lectura a la Resolución N° 226/2024 del Concejo Deliberante de nuestra ciudad por medio de la cual se realiza la distinción.

Luego de recibir el reconocimiento del homenaje de manos del intendente municipal, Damián Bernarte, el doctor Abel Sánchez Torres se dirigió a los presentes para agradecer la distinción.

En ese marco, Sánchez Torres señaló, entre otras cosas, que “ser distinguido y reconocido en esta ciudad es un verdadero honor que aprecio y valoro no solo por lo que significa institucionalmente sino en lo emotivo que es para mi persona. Esto implica además un impulso a seguir, pero ahora con más compromiso y esfuerzo en la gestión diaria”.

“Este reconocimiento por mi trayectoria seguramente es inmerecido, pero es sumamente valorado por significar un poder motivador en la difícil tarea de impartir justicia. No he pretendido ser un modelo a seguir porque sería soberbio de mi parte, pero sí quiero expresar mi afecto y satisfacción a la función judicial federal y especialmente a esta querida ciudad de San Francisco de la cual me siento un vecino más por el cariño fraternal con el que siempre he sido recibido. Mucho se ha avanzado en este tiempo en la Justicia Federal de esta ciudad, sobre todo para hacer frente al flagelo del narcotráfico y mucho habrá todavía que seguir haciendo, pero quiero decirles que cuentan conmigo y con toda la Justicia Federal de Córdoba para esa tarea”.

El doctor Sánchez Torres, además de presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, es vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajuf), director de posgrado en Derecho Penal Económico y Tributario, director del Instituto Académico de la Universidad Siglo 21 y miembro y miembro titular de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Por este motivo, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución que estableció el reconocimiento donde, en sus considerandos, recuerda que el doctor Sánchez Torres “integró la Cámara Federal que puso en funcionamiento la sede del Juzgado Federal de San Francisco el 14 de octubre de 2011, tomando juramento al doctor Mario Eugenio Garzón como juez federal y, desde entonces acompañó su crecimiento y consolidación, no sólo  brindando apoyos concretos al Juzgado local, cuya ley de creación está próxima a cumplir 20 años, sino también interiorizándose y aportando conocimientos técnicos para la problemática de la Justicia en general y del narcotráfico en particular, tanto en nuestra ciudad como en el departamento San Justo”.

Más adelante se expresa que el doctor Sánchez Torres “organizó reuniones y articuló con distintos magistrados, fiscales, abogados e intendentes de la región, para analizar y efectuar propuestas para el combate y juzgamiento del delito de narcotráfico brindando numerosas conferencias y exposiciones sobre dicha temática, demostrando siempre una especial consideración por la ciudad de San Francisco”.

“Del mismo modo cabe destacar la preocupación del magistrado para la cobertura inmediata del Juez Federal que quedaba vacante por la jubilación del doctor Garzón, gestiones que culminarían con la llegada a la ciudad del doctor Pablo Montessi, recientemente fallecido”.

Por otra parte “merece distinguirse al doctor Sánchez Torres por el acompañamiento permanente en las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales para la construcción del Juzgado de San Francisco, en los predios del Polo Judicial de nuestra ciudad, donados oportunamente por el Municipio con dicho propósito”.

Continuando con los fundamentos para otorgar dicha distinción, se señaló que “el doctor Sánchez Torres ha iniciado gestiones para la ampliación del Establecimiento Penitenciario N° 7 de nuestra ciudad a los fines de que puedan incluir a las detenidas mujeres en un pabellón femenino para que éstas puedan errar cerca de sus familias en el caso de que tengan un tratamiento de encierro o penitenciario”.

La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.

El histórico fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.

Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces que decidieron por unanimidad el fallo. 

Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.

Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas. 

“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder”, reveló a Clarín el abogado Tomás Farini Duggan.

Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los dirigentes chavistas. Aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.

El Juzgado Federal de San Francisco abrió una investigación preliminar de oficio tras la difusión desde Buenos Aires de información sobre movimientos financieros desde Porteña hacia cuentas de Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en Líbano. La fiscalía, encabezada por María Marta Schianni, ya ha tomado intervención en el caso, según publicó el diario Perfil.

De acuerdo con informes, una cuenta a nombre de un ciudadano colombiano residente en Argentina habría transferido fondos mediante plataformas de criptomonedas. El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), actualizado el 27 de agosto, incluyó a M.A.F.U., residente en Porteña, y a Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en sus bases de datos.

Este desarrollo posiciona a Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los tribunales locales han recibido recientemente la información relacionada con el caso. A pesar de la expectativa de una presentación formal de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), hasta la primera hora de este jueves no se había registrado ninguna.

La apertura del expediente de oficio permite que la fiscal subrogante, Schianni, participe en la investigación. Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law ya había sido sancionado anteriormente en marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su implicación en proporcionar billeteras digitales a Hezbollah, facilitando la recepción de fondos provenientes de ventas de materias primas de una red financiera que apoya a grupos terroristas en Medio Oriente.

Cada 29 de agosto se conmemora el Día Nacional del Abogado. La fecha se fijó en 1958 para homenajear al abogado, político y jurista Juan Bautista Alberdi, conocido por ser el autor intelectual de la Primera Constitución y uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX.

Precisamente, el festejo fue determinado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), en la fecha del natalicio del mencionado prócer argentino. En este marco, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, Alberto Arrieta, quien analizó la actualidad del ejercicio de la profesión.

“Es un día en el que los abogados nos despejamos de los atributos profesionales y aprovechamos para poder intercambiar cuestiones más personales”, dijo. Sobre la realidad, Arrieta manifestó: “En términos generales, el abogado no está exento de sufrir la crisis económica que atraviesa el país puesto que somos parte de la sociedad. Estamos trabajando mucho para acomodar algunas cuestiones relativas a la profesión”.

“No tengo conocimiento de que hayan cerrado estudios jurídicos pero sí hubo reacomodamientos que es algo que pasa siempre, de igual manera, estamos recibiendo reclamos sobre cosas que no funcionan adecuadamente por la crisis”, indicó. 

La tecnología avanza a pasos agigantados y desde el Colegio de Abogados se capacitan permanente para aggiornarse. “Hasta hace algunos años hablábamos de redes sociales y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial (IA). Hay cambios que son muy vertiginosos y tiene que haber mucha capacitación, no sólo en cuestión de derecho sino que también en manejos de las nuevas tecnologías”, señaló Arrieta.

A su vez, el titular del Colegio analizó el impacto de la IA. En este sentido argumentó: “La inteligencia artificial tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, hay un agravante y es que se puede sustituir identidades y te pueden hacer decir lo que vos nunca dijiste. Es algo que hay que controlar. En las próximas jornadas sobre Derecho Civil habrá dos temas relativos a la IA. No podemos llegar tarde con la regulación jurídica como nos pasó con Internet, tenemos que estar preparados”.

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostuvo que “con o sin pandemia, era un paso que la Justicia debía dar” y que es beneficioso para la práctica de la profesión. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales. Es cada vez menor la presencialidad. Con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos. Los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos, no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Con el fallecimiento del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, Arrieta aseguró que “no sólo se perdió un ser humano sino que también un puesto de relevancia para San Francisco. Es una vacante difícil de reemplazar”. 

Precisamente, días atrás el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, visitó la ciudad para tomar contacto con funcionarios y empleados del Juzgado Federal y en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO indicó que aguardan a que el llamado a concurso sea antes de fin de año, por lo que plantearán al Consejo de la Magistratura la rápida convocatoria para concurso para suceder a Montesi. Mientras tanto, explicó que vendrá un período de jueces subrogantes (por seis meses subrogará Carlos Ochoa, de Río Cuarto). 

“Todavía no lo podemos superar. Montesi era un funcionario con el que teníamos mucha relación. Era una persona que intentaba tener fluida relación con el Colegio de Abogados y con los profesionales. Estamos muy tristes, fue un balde de agua fría; para nosotros ha sido la peor noticia”, lamentó Arrieta.

Asimismo, compartió su preocupación para un buen funcionamiento de la Justicia Federal y señaló: “La Justicia Federal tiene un atraso superior al de la Justicia Provincial, hay muchos cargos que aún no están cubiertos. Cuando falta un funcionario con estas características no solamente se atrasa el funcionamiento del juzgado, sino que también se atrasa quien tiene que sustituirlo porque tiene una sobrecarga de causas. Indudablemente, habrá un retroceso en el funcionamiento de la Justicia, va a llevar un tiempo. Hay elevado contenido político en la designación del Justicia Federal puesto que lo hace la Poder Ejecutivo nacional. Será una pelea para que se cubran las vacantes”.

“Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad" 

Con respecto a la virtualidad, Arrieta sostiene que con o sin pandemia era un paso que la Justicia debía dar y que es beneficioso para la misma. “La virtualidad en el sistema de administración de causas vino para quedarse, estamos tratando de mejorar el sistema porque hay que resolver algunas fallas. La presencialidad ha quedado reducida a las audiencias personales, es cada vez menor la presencialidad, con o sin pandemia hubiéramos llegado al mismo puerto. La virtualidad es mejor en algunas cosas pero también tiene sus defectos, los procesos judiciales tienen que tener sus tiempos no lo puede imponer un sistema, no siempre la celeridad es la panacea del sistema judicial”, agregó.

Finalmente, Arrieta reflexionó sobre los juicios por jurado que ahora también se implementan en la provincia de Santa Fe, sistema del cual Córdoba fue pionera, permitiendo la participación ciudadana en el juzgamiento penal. Lo consideró como algo muy positivo. “Cada vez que se comete un delito hay dos víctimas, la víctima directa del delito y la sociedad. La víctima del delito tiene su oportunidad de ser defendido pero también la sociedad necesita tener restablecimiento. Y los representantes de la sociedad que integran los jurados son los que mejor interpretan el contenido social o la secuela social que pudo tener ese delito. La participación de la sociedad es algo muy positivo”. 

Tras el fallecimiento del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi (59), el presidente de la Cámara Federal de Córdoba Abel Sánchez Torres visitó nuestra ciudad para tomar contacto con los funcionarios y empleados del Juzgado Federal local ya que ahora se hará cargo el juez subrogante Carlos Ochoa de Río Cuarto.

Junto al ex fiscal Bernardo Alberione y en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el presidente de la Cámara destacó el desempeño que tuvo Montesi frente al Juzgado Federal resaltando su trabajo para lograr la correcta coordinación entre las justicias provincial y federal en la lucha contra el narcotráfico. “La llegada de Montesi al Juzgado Federal de San Francisco significó ponerlo al día. Por eso nuestra preocupación es que haya una continuidad en esa tarea que hizo Montesi, que sea una política que se mantenga en el tiempo y se supere”.

Además, anunció que se instalarán una base de Gendarmería en Morteros, para contralar la ruta 1 y combatir el negocio ilegal de la droga.

“Ante el profundo dolor que nos provocó el fallecimiento del juez Pablo Montesi, se viene un período de jueces subrogantes. Creo que hay un sentimiento de orfandad, eso me preocupó mucho por eso vine la rápidamente para ponerme a disposición y brindar el apoyo de la Cámara Federal a todos los funcionarios y empleados para incentivarlos a que sigan el trabajo proactivo que hizo Montesi”, dijo Sánchez Torres.

Agregó que el objetivo es “incentivarlos a que tengan una sinergia de trabajo, que sea superadora y que mantengan el nivel que venían teniendo. Es un juzgado muy importante para la ciudad de San Francisco y la verdad es que Montesi cuando asumió lo tomó en un estado de atraso, no estaba completamente al día”.

“Su llegada significó rápidamente ponerlo al día en los trámites civiles, en los trámites penales y fundamentalmente, para enfrentar la frontera caliente que tenemos con el narcotráfico con Josefina y Frontera, además lo que se venía de Rosario”, afirmó.

El presidente de la Cámara Federal afirmó que se harán gestiones para llamar rápidamente a concurso para la conducción del Juzgado Federal de nuestra ciudad. “Antes de fin de año se puede estar llamando y tengo la esperanza que se presente gente de San Francisco, es un anhelo personal que en las localidades donde hay un Juzgado Federal, tratemos de que sean integrantes de la misma comunidad en la que viven”.

“Es muy importante que el juez tenga una relación directa con la comunidad en la que actúa –aseguró-. No tengo nada contra los otros que vienen de otras provincias, pero el valor, el plus que tiene que sean de la misma comunidad es que están involucrados en la idiosincrasia”.

Indicó que los reemplazantes “tienen que ser jueces ya que cambiaron una vieja ley que permitía designar secretarios y abogados que interpreto que era muy conveniente porque se podía recurrir a abogados litigantes de la zona, presidentes de colegios y secretarios calificados para que sean designados transitoriamente”.

“Tenemos dos juzgados que están sin juez, el de Villa María, porque el juez Roque Rebak se jubiló y ahora el de San Francisco con la muerte de Montesi. Vamos a hacer el mejor esfuerzo para que en las comunidades de San Francisco y Villa María se presenten candidatos que los tenemos y están muy capacitados”, informó.

El juzgado Federal de San Francisco tiene una importancia especial por la situación del narcotráfico por eso se realizan gestiones con los intendentes de San Francisco, Arroyito, Brinkmann, Freyre y Morteros para instalar una base de Gendarmería fija en la localidad de Morteros, anunció Sánchez Torres.

“La idea es que no sea solamente una base de Gendarmería en donde estén uniformados con perros, que es importante para controlar la ruta provincial 1 que nos preocupa, sino también que haya efectivos de esa fuerza de civil que hagan tareas de inteligencia o sea empezar a rastrear dónde está el nido del narcotráfico”, explicó.

Adelantó que el gobernador Martín Llaryora “brindó todo el apoyo para firmar ya que la ruta es provincial con lo cual antes de fin de año tendríamos una base fija de Gendarmería en Morteros, en un local donado por la municipalidad. Llevará seguridad y tranquilidad a toda la zona, no solamente en cuanto al delito del narcotráfico”.

En cuanto a la coordinación entre las justicias provincial y federal, Alberione, por su parte, indicó que uno de los principales logros de la gestión de Montesi “fue trabajar con la cabeza y no con la fuerza en la coordinación de las actividades que antes no teníamos. Tuvimos que pasar la etapa del ex fiscal (Luis María) Viaut con su destitución y condena (por corrupción) que dificultó seriamente la lucha contra el narcotráfico”.

“Nos da tranquilidad eso, porque las instituciones funcionan y la llegada de Montesi fue un antes y un después. Hemos trabajado siempre juntos para poder organizar la coordinación de fuerzas, porque el Estado descoordinado es el terreno propicio para la proliferación del narcotráfico”, manifestó.

“Montesi, para mí, fue el juez más duro contra el narcotráfico, vinculó a las personas y fuerzas. Con eso logró la eficacia de actuar rápido, con credibilidad”.

Al respecto Sánchez Torres añadió que en el tema de coordinación “el conocimiento personal es muy importante porque se saltean barreras formales y se produce una sinergia y conjunción de fuerzas con una rapidez para la solución”.

Resaltó que “en el departamento San Justo se ha logrado esa sinergia ente las fuerzas provinciales y federales. Se vivió una situación muy positiva de trabajo en conjunto por los procedimientos que hubo. Se mostró que se podía actuar con grandeza. En otros lados se hace más difícil por los egos que existen, que entorpecen el objetivo final que es la lucha contra el flagelo de la droga”.

Montesi había jurado y asumido su cargo en mayo de 2023. El juzgado de San Francisco estaba vacante desde julio de 2018, cuando se jubiló el juez Mario Eugenio Garzón. En ese marco, Montesi se desempeñó como juez federal subrogante en San Francisco en reemplazo de Garzón. Alcanzó el cargo tras ser designado conjuez por un decreto de Mauricio Macri y estuvo allí durante dos años. Luego fue reemplazado por el juez Rebak, de Villa María, en 2020.

“Montesi ha dejado la vara bien alta y nosotros desde la Cámara vamos a supervisar para que esa vara se mantenga”, afirmó. 

Alberione remarcó que el juez Montesi “nunca tomó al narcotraficante como una persona irrecuperable, sino que se ocupó de la actividad deportiva dentro de la cárcel, organizó torneos de rugby, armó una cancha de rugby, consiguió equipos, hizo torneos entre distintos establecimientos carcelarios. Esto significa que estaba preocupado por la persona que delinque, le aplicó el rigor de la ley pero a su vez lo ayudó a recomponerse para que pueda volver a insertarse en la sociedad, como una persona de bien”.

“No fue un represor de la actividad, se encargó de aplicar la ley como corresponde, pero no se olvidó de la persona, trató de recuperarla y que encuentre otro sentido a la vida. No recuerdo en San Francisco que se haya hecho lo que hizo Pablo Montesi en la Unidad Penitenciaria N° 7”, aseguró dijo sobre su trabajo para promover el rugby en contextos carcelarios.

En cuanto al narcotráfico y la situación en San Francisco, Sánchez Torres aseguró: “No somos Rosario, pero como dice la canción de Fito Páez, ‘Rosario siempre estuvo cerca’. El narcotráfico se va corriendo y tiene una capacidad tecnológica y de recursos mucho más grande que la del Estado, entonces es una lucha desigual”.

“Por eso, para combatirlo es importante pegarle al movimiento económico del narcotráfico, a los activos financieros, congelamiento de patrimonio y de acciones, salir rápidamente al decomiso de bienes. Esto plantea cuestiones constitucionales sobre los derechos sobre el patrimonio, pero después vemos cómo se discute eso, el tema es salir rápidamente con una ley de decomiso de propiedad del narcotráfico, hay que pegar en el tema económico, es el corazón”, destacó.

“No es solamente una cuestión de penas y de establecimientos penitenciarios que también hay que modificar –siguió-. En términos de truco, me conformo con empardarla. La lucha no la ganan los grandes países del mundo que tienen todos los recursos y tampoco creo que nosotros podamos ganarla, pero tenemos que hacer el mejor esfuerzo para empardarla y que no nos gane. Que sepan que ante una acción, habrá una reacción”.

En las últimas horas falleció el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi. Tenía 59 años. 

El magistrado estuvo internado durante varios días en una clínica privada de la capital provincial a raíz de un cuadro infeccioso (neumonía bilateral). El martes había sido dado de alta. Por la noche se descompensó y esta madrugada se produjo su deceso. Había jurado y asumido su cargo en mayo de 2023.

El juzgado de San Francisco estaba vacante desde julio de 2018, cuando se jubiló el juez Mario Eugenio Garzón. En ese marco, Montesi se desempeñó como juez federal subrogante en San Francisco en reemplazo de Garzón. Alcanzó el cargo tras ser designado conjuez por un decreto de Mauricio Macri y estuvo allí durante dos años. Luego fue reemplazado por el juez Roque Rebak, de Villa María, en 2020.

Montesi era abogado, egresado Universidad Nacional de Córdoba en el año 1987. Ejerció como abogado del Banco de la Nación Argentina (BNA) y del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor). Además, se desempeñaba como profesor universitario. Venía de una familia judicial, siendo hermano de la camarista federal Graciela Montesi. 

Ante su ausencia, Montesi era subrogado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa. 

La noticia enluta al ámbito judicial y también al ambiente del rugby cordobés. Montesi era un exjugador del Jockey Club Córdoba y seguía comprometido con la Unión Cordobesa de Rugby. En San Francisco impulsó la escuela de rugby en la cárcel con el desafío de la reinserción social de los presos a través del deporte, aunque él prefería llamarlo inserción.

"La Justicia tiene el gran desafío de integrarse desde otro lugar a la sociedad", indicó Montesi en una de las entrevistas con LA VOZ DE SAN JUSTO. 

Montesi, en su rol de juez federal que comenzó a subrogar en 2018 y asumió formalmente el año pasado, se destacó por liderar investigaciones significativas como el caso de las “facturas truchas”, el narcotráfico y la trata de personas vinculada a la secta Dimensión Cielo. Originario de Córdoba - aunque sus padres eran de San Francisco-, también impulsó la llegada de la Policía Federal a esta ciudad. 

Montesi había estado involucrado en la desarticulación de una red narco criminal y la condena del expresidente de Sportivo Blgrano, Pablo Esser, por venta de drogas. Su labor en la causa de la carne adulterada también fue relevante.

En redes sociales, colegas, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación e integrantes de la Justicia Federal y del arco político expresaron sus condolencias.

Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del Juez Federal de nuestra ciudad, Pablo Montesi. Todo mi apoyo y acompañamiento para sus familiares y amigos en este difícil momento.

LA VOZ DE SAN JUSTO acompaña a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. 

El velorio se realizará en la sala de Caruso Sepelios, en avenida Rafael Núñez 5857, en Córdoba Capital, desde las 17. El sepelio será en el Cementerio Parque del Sol, ruta 20 Km. 718, mañana jueves a las 11.

La Justicia federal de Goya en la provincia de Corrientes abrió una nueva investigación en torno a la desaparición de Loan ante la posibilidad que haya sido secuestrado y no que se perdió.

La investigación es en paralelo a la que la Justicia provincial sigue respecto a abandono de persona. Esta causa paralela se anunció hasta el refuerzo de la hipótesis de un delito de trata de personas, el cual es de índole federal. 

En las últimas horas, ya la unidad fiscal anti trata a cargo de Alejandra Mángano venía trabajando en las medidas de investigación en la búsqueda de Loan de manera informal.

Al tomar mayor fuerza la hipótesis de un secuestro, se abrió una causa en la Justicia Federal siguiendo esa hipótesis. 

A cargo del juzgado federal de Goya está la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal Flavio Ferrini.

Ello en función que la Justicia provincial ya venía investigando informalmente la posibilidad que Loan haya sido secuestrado pero de corroborarse la misma no son competentes y en función de ello es que se busca evitar futuras nulidades de los eventuales imputados. 

La única pista que da pie a la hipótesis de un secuestro es que a ocho días el pequeño no aparece pese a haber rastrillado la zona donde fue visto por última vez y kilómetros a la redonda. 

En las últimas horas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo”, y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Argüello, que estuvo detenido algunos meses en el año 2021, y el resto seguirán libres hasta el juicio.

La Justicia ratificó además la contundencia de la prueba recabada durante la investigación. 

En septiembre de 2023, el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había hecho lugar al pedido de la fiscalía y ordenado el procesamiento, medida que luego fue apelada por la defensa de los acusados. 

“La prueba fue contundente y la valoración que se hizo fue la correcta. Entendemos que se da por confirmada la participación de las cinco personas” en el hecho, dijo Montesi en declaraciones a AM 1050. 

Además del pastor evangélico, los otros procesados son Daiana Herrera, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

“La Cámara estableció criterios y determinó conductas o hechos interesantes teniendo en cuenta que estamos frente a un grupo religioso de organización piramidal”, agregó Montesi tras el fallo.

Además, “destacó en su profundo análisis el grado de vulnerabilidad de al menos siete personas, un sistema de creencias impuestas por un líder religioso, mecánica de explotación laboral,  un grupo coercitivo de características sectarias, regímenes de mala alimentación, despersonalización de las víctimas e imposibilidad de formar pareja fuera del grupo, dominio psicológico, hacinamiento y precarización laboral de las víctimas, además de prolongadas jornadas laborales, todo manipulado desde un aspecto vinculado por la religión o cuasi religión”, enumeró el juez.

“Las víctimas fueron captadas en un alto grado de vulnerabilidad y de esclavitud”, sostuvo. 

Sin prisión preventiva, los procesados deberán cumplir con ciertas medidas hasta el juicio: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

“Los cinco imputados esperarán el juicio en libertad porque no se da ninguna de las condiciones que se requieren para prisión domiciliara como peligro de fuga, por lo que no se obstaculiza la investigación. Entonces, continuarán en la misma situación hasta que se eleve la causa a juicio que podría ser a fin de año”, explicó Montesi.

Además, se confirmó el embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021. Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad. 

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, había manifestado durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostuvo que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba -detalló Schianni-. También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

Dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial. 

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

La Justicia sostiene que las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones.