Cada 15 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Accesibilidad, una fecha que invita a reflexionar sobre las condiciones que permiten —o dificultan— que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el ámbito judicial, ese desafío implica adaptar procedimientos, lenguajes y espacios para que nadie quede excluido del sistema de justicia.

 Un reciente proceso de adopción tramitado en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo de Andrés Peretti, se convirtió en un ejemplo concreto de esa perspectiva. El caso involucró a una niña de 10 años con hipoacusia en situación de adoptabilidad y puso en práctica distintos recursos de accesibilidad impulsados por el Programa AJuV, una iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba.

 La experiencia también estuvo marcada por el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes inaugurado en diciembre de 2025 en los Tribunales locales. Lejos de ser únicamente un ambiente con juegos y colores, el lugar fue pensado como una herramienta para facilitar la participación de las infancias en procesos judiciales que muchas veces resultan complejos y difíciles de comprender.

 Para profundizar en el alcance de estas herramientas y en el trabajo que se realiza para mejorar el acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Marisa Fassi, directora del programa AJuV, y con Juan Exequiel Torres, coordinador de iniciativas del mismo espacio.

—¿Qué es el programa AJuV?

 AJuV, creado por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia en 2017, es un programa de investigación–acción orientado a mejorar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Funciona dentro de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, que es un área de apoyo al Tribunal Superior. Nuestro objetivo es promover transformaciones institucionales que permitan remover obstáculos en el acceso a justicia, erradicar barreras y estereotipos discriminatorios y fortalecer una cultura judicial respetuosa de los derechos humanos. Para eso trabajamos con equipos interdisciplinarios integrados por personal judicial de distintas sedes, fueros y funciones, tanto de capital como del interior. La metodología que utilizamos articula el saber jurídico con la participación activa de la ciudadanía, con aportes académicos y con los conocimientos situados de actores estatales y sociales. A partir de ese proceso se elaboran protocolos de actuación, recomendaciones institucionales, materiales en lenguaje claro, propuestas de capacitación y campañas de difusión de derechos.

—¿Qué herramientas concretas brinda el programa en materia de accesibilidad?

 La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas. Muchas veces se piensa en rampas o en cuestiones edilicias, pero en realidad implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona. Eso puede ser el lenguaje que usamos, la forma de explicar una resolución o los apoyos que brindamos durante una audiencia. En ese sentido desarrollamos distintos recursos. Por ejemplo, protocolos de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas mayores. También elaboramos cartillas de derechos en lenguaje claro, materiales de comunicación adaptada y herramientas específicas para personas dentro del espectro autista, como pictogramas o señalética accesible. Además realizamos capacitaciones para el personal judicial y producimos materiales audiovisuales que ayudan a difundir derechos y democratizar la información jurídica.

—¿Qué problemática motivó la creación del programa?

 La inquietud surgió cuando se empezaron a sistematizar las acciones que los poderes judiciales realizaban para cumplir con las llamadas 100 Reglas de Brasilia, que son lineamientos internacionales para garantizar el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad. Cuando hicimos ese trabajo advertimos que existían muchas iniciativas, pero que faltaba un espacio que coordinara y promoviera cambios de manera transversal. La idea fue justamente generar un ámbito que ayudara a pensar qué ajustes son necesarios para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones dentro de un proceso judicial. Porque no es lo mismo realizar una audiencia con alguien que no tiene dificultades auditivas que con una persona con hipoacusia. Si no se realizan adaptaciones, la igualdad ante la ley queda solo en lo formal.

“La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas, implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona”

—¿Con qué grupos en situación de vulnerabilidad trabajan?

 En una primera etapa trabajamos con niñez y adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores. Luego incorporamos derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual. Actualmente también estamos abordando temas vinculados al acceso a la justicia ambiental, personas migrantes y comunidades indígenas. Todas estas líneas de trabajo se inspiran en las Reglas de Brasilia y buscan abordar distintos tipos de vulnerabilidad que pueden aparecer dentro del sistema judicial.

—Se define al programa como un “puente” entre la justicia y la ciudadanía. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

 Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información. Por eso una de las acciones concretas del programa es generar materiales claros y accesibles para que la ciudadanía comprenda qué derechos tiene y cómo puede reclamarlos. También trabajamos con el personal judicial, porque hay barreras que son actitudinales. La manera en que nos dirigimos a una persona, el lenguaje que utilizamos o la forma en que recibimos a alguien en una oficina puede facilitar o dificultar el acceso a la justicia. Transformar esas prácticas cotidianas es una parte muy importante del proceso.

—¿Cómo se articulan con otras instituciones o con organizaciones sociales?

 Todos los materiales que elaboramos se discuten con distintos actores. Organizamos mesas de trabajo, conversatorios y talleres en territorio donde participan organizaciones sociales, instituciones estatales y personas interesadas. Ese intercambio es fundamental porque permite revisar los contenidos y adaptarlos a las experiencias reales de la ciudadanía. Además realizamos espacios de escucha activa en distintos ámbitos, como residencias de personas mayores o centros comunitarios. En otras ocasiones abrimos las puertas del Poder Judicial para que la gente pueda acercarse y compartir sus experiencias. Ese diálogo no siempre es sencillo, pero es necesario para identificar cuáles son las barreras que existen.

—¿Qué balance hacen del programa después de casi diez años de funcionamiento?

 El balance es positivo porque vemos que muchas de las herramientas que se elaboran empiezan a utilizarse en casos concretos. A veces se trata de cuestiones simples, como anticipar a una persona cómo será su recorrido dentro de un edificio judicial o quién la recibirá. Ese tipo de información puede reducir tensiones y permitir que la persona se exprese mejor durante el proceso. Los protocolos también han tenido impacto porque forman parte de los contenidos obligatorios en los concursos de ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial. Eso hace que cada vez más personas conozcan estas herramientas y puedan aplicarlas en su práctica cotidiana.

—En el caso de adopción que se tramitó en San Francisco, ¿qué aportó el programa AJuV?

 Fue un caso muy significativo porque permitió ver cómo estas herramientas se aplican en la práctica. El juzgado del doctor Andrés Peretti ha trabajado activamente en la implementación de estos instrumentos y mostró una gran apertura para incorporarlos. En ese proceso intervino una niña de 10 años con hipoacusia que estaba en situación de adoptabilidad. Se le brindaron apoyos para que pudiera comprender el proceso y expresar su voz, entre ellos la presencia de un intérprete y el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes que se inauguró en los Tribunales de San Francisco. Ese espacio no es solo un lugar con juegos. Tiene dibujos y materiales vinculados a derechos, y está pensado para que los chicos puedan sentirse más cómodos en un contexto que suele ser formal y complejo. En el caso de esta niña, mientras esperaba el momento de la resolución comenzó a colorear un dibujo sobre el derecho a la identidad. A partir de esa actividad empezó a formular nuevas preguntas sobre su propia historia.

Esa escena muestra algo fundamental: accesibilizar la justicia no es solo permitir que alguien llegue a un edificio, sino generar condiciones para que pueda comprender lo que está pasando y participar activamente. Cuando se crean esas condiciones, las personas pueden ejercer sus derechos de manera real. También es importante entender que la discapacidad no define por completo a una persona. En este caso se trataba de una niña con intereses, emociones y una historia propia. La accesibilidad implica reconocer esa complejidad y adaptar el proceso judicial para que todas esas dimensiones puedan ser escuchadas.

 En definitiva, experiencias como esta muestran que la accesibilidad no es un beneficio excepcional, sino una condición necesaria para que la justicia sea verdaderamente igualitaria. Cuando se eliminan barreras —físicas, comunicacionales o culturales— lo que aparece es la posibilidad de que nuevas voces ingresen al proceso judicial y formen parte de las decisiones que afectan su propia vida.

 “Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información”

El juez Andrés Peretti explicó que su equipo viene trabajando desde hace tiempo en el uso de lenguaje claro y en la adaptación de procedimientos judiciales para hacerlos más comprensibles para quienes acuden en busca de una respuesta. Sin embargo, señaló que este caso de adopción presentó desafíos adicionales debido a la situación particular de la niña.

 “Permanentemente trabajamos en cuestiones de lenguaje claro, lectura simple y adaptaciones para que tanto el proceso como las audiencias y nuestras resoluciones sean más entendibles, más claras y más empáticas. Pero esto tenía un plus por la situación particular que presentaba la niña”, afirmó.

 Según detalló, la niña presentaba hipoacusia, trastorno por déficit de atención y un retraso madurativo, por lo que desde el inicio se consideró necesario incorporar apoyos específicos para garantizar su comprensión del proceso judicial.

Peretti recordó que el Poder Judicial cuenta con un protocolo de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, que prevé la designación de intérpretes en lengua de señas cuando es necesario. No obstante, en este caso el juzgado optó por convocar a una persona de confianza de la niña. La intérprete fue Silvana Guadalupe Olloco, quien actuó como nexo entre la niña y el tribunal durante todo el proceso. “Funcionó desde el primer momento como un puente en la comunicación y fundamentalmente al momento de resolver”, señaló el juez.

 Durante la lectura de la resolución, explicó, mientras él exponía la sentencia en lenguaje claro, la intérprete traducía en simultáneo para que la niña pudiera comprender cada instancia.

 “Fue maravilloso”, expresó Peretti, quien destacó que el objetivo fue involucrar a la niña en el procedimiento y explicarle qué podía ocurrir dentro del proceso judicial. El magistrado adelantó además que, como gesto simbólico, el juzgado tenía previsto entregarle a la niña un presente vinculado a una de sus actividades favoritas: el patín.

 Para Peretti, este tipo de gestos y adaptaciones forman parte de una forma de concebir la justicia más cercana a las personas. “Es una manera de acercarla, hacerla más humana y mostrar que no somos indiferentes”, sostuvo. El juez definió la experiencia como uno de los momentos más significativos de su carrera. “Fue un caso hermoso. Este trabajo muchas veces es muy duro, pero llegar a un cierre de este tipo, con una adaptación tan concreta, es maravilloso”, concluyó.

 El titular de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Wilfrido Pérez, se refirió a los desafíos que existen para garantizar el acceso a la salud de las personas con discapacidad y destacó la necesidad de que las obras sociales brinden respuestas oportunas para evitar la judicialización de cada solicitud.

 Explicó que en los casos que llegan a la órbita judicial se procura que las prestaciones necesarias se otorguen con rapidez, especialmente cuando se trata de situaciones de multi-discapacidad. “Especialmente en casos de multi-discapacidad se procura que las obras sociales realicen las adecuaciones pertinentes para que las personas puedan acceder a las prestaciones que su discapacidad requiere con la mayor premura posible”, señaló.

 Según indicó Pérez, las prestaciones vinculadas a la discapacidad inciden directamente en la calidad de vida y en la dignidad cotidiana de las personas, por lo que resulta clave que los procesos administrativos no se transformen en obstáculos para acceder a tratamientos o servicios. En ese marco, advirtió que “una cobertura integral y proactiva para casos de discapacidad evitaría el desgaste innecesario tanto para la persona, su familia y también para la propia obra social”.

 Por otra parte, Pérez comentó que en los procesos donde interviene el área también se buscan alternativas para aquellas personas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social. En esos casos, se trabaja para facilitar su incorporación a programas estatales destinados a garantizar el acceso a prestaciones de salud. Entre las opciones disponibles mencionó el Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad (Prosad) de Córdoba e Incluir Salud, un programa federal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También señaló la posibilidad de acceder a programas destinados a la provisión de medicamentos de alto costo.

 Finalmente, remarcó que en muchos casos la existencia de estas herramientas es poco conocida, por lo que brindar información adecuada resulta clave para garantizar el ejercicio efectivo de derechos.

Los niveles de denuncias por violencia de género en San Francisco no muestran una baja significativa. La estadística, lejos de ser un número frío, expone una problemática persistente que atraviesa a la comunidad y desafía al sistema judicial. En ese marco, el juez Andrés Peretti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, analizó la situación actual, los instrumentos de protección y el alcance de una premisa que considera central: juzgar con perspectiva de género.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el magistrado confirmó que la tendencia se mantiene en parámetros similares a los registrados meses atrás. “Teniendo en cuenta la época del año, la tendencia se mantiene. Durante el receso judicial de enero, las denuncias tuvieron un crecimiento, pero no fue sustancial en comparación con los primeros meses del año 2025”, precisó al ser consultado sobre si el promedio de entre 9 y 10 denuncias diarias informado en octubre pasado había variado.

Peretti aclaró que el juzgado no se encuentra saturado, aunque reconoció un escenario más complejo. “No, en nuestro Juzgado no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido”, afirmó.

 En cuanto a herramientas concretas de protección, informó que “al día de la fecha, el Juzgado entregó 35 botones antipánico (SALVA) y 3 dispositivos duales (tobilleras electrónicas)” en la Quinta Circunscripción Judicial. Además, detalló que “más de la mitad de las medidas que dispone el Juzgado son impedimento de contacto o ‘perimetrales’, mientras que las exclusiones —con y sin reintegro de la víctima— ascienden al 10%”. También subrayó que, cuando la situación lo requiere, se ordena la incautación de armas.

El análisis de las modalidades de violencia permite comprender la dimensión del fenómeno. Citando el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Peretti indicó que la violencia psicológica alcanza el 96% de los casos, seguida por la simbólica (43%) y la física (42%). En menor medida aparecen la ambiental, la económica y patrimonial, la social y la sexual. La prevalencia de la violencia psicológica da cuenta de prácticas menos visibles pero persistentes, que muchas veces anteceden o acompañan otras formas de agresión.

Otro dato que preocupa es el incumplimiento de las medidas judiciales. “El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%”, informó el juez. A nivel nacional, agregó, del total de femicidios solo existió denuncia previa en el 20% de los casos, mientras que en Córdoba el porcentaje es del 10%. Estas cifras evidencian la baja proporción de situaciones que llegan a judicializarse antes de los desenlaces más graves.

 Consultado sobre si las víctimas denuncian en etapas más tempranas o cuando el conflicto ya escaló, respondió que “no es constante”, aunque recordó que hacia fines del año pasado se registraron “situaciones de extremo riesgo que exigieron medidas rápidas para evitar que las agresiones sigan creciendo”. En esos casos, explicó, se dispuso un abordaje específico “para romper con el círculo de violencia”.

—¿Cuál es hoy el mayor desafío que enfrenta el juzgado en materia de violencia familiar?

Si bien consideramos que el profundo cambio cultural para promover una sociedad más respetuosa de las diferencias y que acepte e incluya a todos y todas como sujetos de pleno derecho depende principalmente de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Poder Judicial tienen poder simbólico y es nuestra obligación juzgar con perspectiva de género.

El magistrado sostuvo que la violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, “creada, sostenida e implementada durante siglos”, y que un abordaje unidimensional desde el derecho resulta insuficiente. “Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología y asistentes sociales”, señaló, y reconoció la necesidad de fortalecer esas competencias.

También consideró que, dado el bajo porcentaje de denuncias previas en casos graves, “podría implementarse más tecnología para la recepción de denuncias”, como sistemas de mensajería silenciosa o herramientas de geolocalización que faciliten la puesta en conocimiento de situaciones de violencia.

—¿Hay reincidencia en los denunciados?

Sí, hay incumplimientos a las medidas de protección dispuestas por nuestro Juzgado. El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%.

—¿Se detectan más denuncias en determinados momentos del año?

Sí, en los fines de año suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

 En relación con el origen de las denuncias, Peretti explicó que “generalmente denuncian las víctimas, pero puede suceder que terceros también lo hagan”. Recordó que hay personas que pueden denunciar —familiares, vecinos— y otras que deben hacerlo, como organismos asistenciales, educativos, de salud, deporte o justicia, tanto públicos como privados, obligados a informar situaciones de violencia o sospechas serias.

- ¿Qué estereotipos persisten aún sobre las mujeres en el Poder Judicial?

Muchos, pero con la permanente capacitación y formación, los sesgos y estereotipos bajan su intensidad.

Entre los estereotipos más arraigados sobre las mujeres en el Poder Judicial se destacan la relación directa e inmediata con la sensibilidad y la debilidad en lugar de la autoridad, la creencia de que su rol natural es el cuidado –doméstico y maternidad– y la presunción de que carecen de la ambición o asertividad necesarias para altos cargos, dificultando su ascenso y justicia.

Esos estereotipos terminan impactando en múltiples aspectos –“techo de cristal”, “piso pegajoso”, “losa de hormigón”, “micromachismos”– y en el caso concreto del fuero de violencia familiar o doméstica, se expande hacia la duda o descreimiento sobre la denuncia de la mujer, lo que deriva en la revictimización y uso de prejuicios que atentan contra la igualdad real o sustantiva.

—¿Qué implica en la práctica juzgar con perspectiva de género?

Es “mirar” con lentes específicos, atendiendo a las partes involucradas y las cuestiones planteadas. Ponerse los lentes para apreciar las diferencias y valorar las pruebas de todo sin estereotipos ni discriminatorios ni favoritismos por razones de funciones de género. En otras palabras, implica detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad y tomar en consideración la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción, interpretación normativa y en la valoración probatoria.

En determinadas situaciones, como la niñez y la adolescencia, el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional –entre otras−, la igualdad de trato –“todos somos iguales ante la ley"– oculta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos por hallarse sometidos, de diversas formas, a la violencia y discriminación. Por eso, juzgar con perspectiva de género es reconocer patrones y estereotipos machistas, como por ejemplo, saber que la retractación o levantamiento de la denuncia solicitada por la persona que denunció no puede ser resulta sin análisis interdisciplinario previo.

Ello porque las retractaciones suelen confirmar que el círculo de violencia y la luna de miel sigue instalado, al punto que las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Nación informan que en la gran mayoría de los casos, el pedido de levantamiento de denuncias fueron bajo amenazas del agresor.

Otro ejemplo fue la licencia por paternidad implementada por la Corte Suprema de Justicia de México. Las reacciones fueron todas adversas, alegando que era una excusa para no trabajar y demás, pero no se piensa en la ayuda-colaboración-acompañamiento que requiere la mamá en las primeras etapas de la infancia. Si el varón se va a trabajar a los pocos días de nacido el bebé, la mamá se queda sola y con el 100% de la carga de cuidado.

Finalmente, Peretti agradeció al equipo que integra el Juzgado que preside, destacando su compromiso diario y la colaboración en la obtención de los datos. En un contexto donde las denuncias no bajan, el desafío, concluyó, es doble: mejorar la respuesta institucional y contribuir a una transformación cultural que desactive la violencia antes de que escale.

Este martes por la mañana, personal de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en barrio Roca de San Francisco, en el marco de una causa por amenazas y robo en la que están implicados dos adolescentes de 16 años.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Menores y arrojó resultado positivo, ya que se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación. Aunque no se detallaron públicamente cuáles fueron los objetos incautados, se indicó que los mismos están directamente vinculados al hecho investigado.

La causa se originó a raíz de una denuncia por un episodio de amenazas y robo ocurrido días atrás, protagonizado por los dos jóvenes. Desde la Justicia de Menores se avanza con la recolección de pruebas y el seguimiento del caso, mientras los adolescentes continúan bajo investigación.

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco ratificó el cese de la medida excepcional adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y permitió que el adolescente Á. K. O., que tiene 17 años, retorne a su centro de vida y permanezca en forma definitiva bajo el resguardo de su padre.

Desde 2022, la Senaf venía interviniendo en la situación del adolescente debido a su exposición a conductas violentas en el ámbito barrial, el consumo problemático de sustancias y la deserción escolar. Estas situaciones ponían en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Como respuesta, la Delegación San Francisco de la Senaf adoptó medidas de protección, tales como disponer su resguardo en el Complejo Esperanza.

Al finalizar esta medida, en diciembre de 2023, Á. K. O. fue trasladado a la Residencia Casa Trejo, en la ciudad de Córdoba, en cumplimiento de una medida de protección excepcional por un período de 90 días. Esto, debido a que sus progenitores no podían garantizar la contención necesaria ni asegurar una crianza adecuada.

Durante ese tiempo, su progenitor recibió un tratamiento por ingesta de bebidas alcohólicas en un centro que pertenece a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. En junio de 2024, el juez Andrés E. Peretti dispuso el cese de la medida excepcional y autorizó la reintegración de Á. K. O. a su entorno familiar, ya que no había reincidido en conductas delictivas. Ante el tribunal, el joven expresó su deseo de vivir con su padre, quien podía garantizarle su bienestar y el respeto a sus derechos esenciales.

El tribunal destacó que la intervención conjunta de distintos actores sociales y judiciales permitió revertir la situación del adolescente. Asimismo, subrayó que, actualmente, el joven está realizando trabajos como vendedor en una panadería y ayudante de electricista. 

Asimismo, se instó a la Delegación San Francisco de la Senaf a continuar con su intervención mediante medidas enfocadas en el acompañamiento y la creación de herramientas que promuevan una mayor autonomía personal tanto para Á. K. O. como para su padre. Además, se sugirió al adolescente que retome sus estudios y la realización de un tratamiento de rehabilitación de adicciones.

En su resolución (que incluye una comunicación dedicada especialmente al adolescente), el juez Peretti afirmó: "La familia es el núcleo natural en el cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y desarrollarse". También remarcó la existencia de dos derechos básicos: "Primero, el derecho a ser oído y expresarse en todo asunto que le concierne; y segundo, la aplicación de esa regla en procesos judiciales donde el niño o niña se encuentre involucrado".