La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron en el recinto de Diputados la aprobación de la reforma laboral.

Tal como sucedió la semana pasada en el Senado, los funcionarios nacionales se acercaron a la Cámara baja poco antes del momento de la votación.

Tras conocer el resultado de 135 votos afirmativos contra 115 negativos, los integrantes del Poder Ejecutivo festejaron con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados.

Karina Milei, Adorni y Santilli se mostraron juntos en la Cámara de Diputados en momentos en que el presidente Javier Milei se encontraba en un vuelo de regreso desde los Estados Unidos.

En el palco oficial también estuvieron acompañados por el secretario Eduardo “Lule" Menem.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó este viernes una advertencia directa al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos ANDIS destinados a personas con discapacidad.

“Voy por vos y por tu hermana”, escribió Dalbón en su cuenta de la red social X, en alusión directa al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia. La publicación se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presunto direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

VOY POR VOS Y POR TU HERMANA @JMilei La causa por corrupción en discapacidad empieza a mostrar su verdadera dimensión.La Justicia llamó a indagatoria al ex titular de ANDIS por direccionamiento, sobreprecios y sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo… pic.twitter.com/Qtu8H7Gto7

Según el abogado, la causa ANDIS que la Agencia Noticias Argentinas está siguiendo, representa un “sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores” que desviaron recursos públicos esenciales, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. "No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio", remarcó.

Dalbón, quien promovió la denuncia inicial, aseguró que la investigación judicial "empieza a avanzar sobre cada uno de los responsables" y advirtió que “las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, caiga quien caiga”.

“La respuesta tiene que ser contundente y sin privilegios. La investigación sigue. Y los que formaron parte de este esquema —desde los que firmaron hasta los que se beneficiaron— tendrán que responder”, sentenció.

El triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) le dio aire al presidente Javier Milei que, con la idea de instrumentar cambios urgentes en su equipo de trabajo, se muestra más calmo y se tomará hasta el 10 de diciembre para aplicar las modificaciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó al fin de semana de la elección con la batería casi agotada, parece haber repuntando en la valoración del mandatario y, hasta entonces, continuaría en el cargo hasta -por lo menos- el 10 de diciembre.

Incluso, el próximo jueves, escoltará a Milei en la primera gran reunión con un grupo grande de gobernadores aliados que visitarán Casa Rosada para empezar a trazar los primeros acuerdos que le permitan al Poder Ejecutivo instrumentar las reformas de segunda generación.

Sin embargo, en la entrevista del pasado lunes, la primera que brindó el libertario luego de haber ganado la elección legislativa, dejó algunas dudas sobre el futuro del ministro coordinador. "Guillermo Francos tiene un rol muy destacado, dentro del Gobierno. Veremos, a la luz del nuevo Gabinete, cómo van a quedar las cosas", deslizó el jefe de Estado.

La sugestiva frase dejó abierta la posibilidad de variables para el cargo. Algo similar ocurre con el Ministerio del Interior que hoy ocupa Lisandro Catalán, apadrinado por Francos, y se estima que si este da un paso al costado, lo propio hará el exvicejefe del Gabinete del Interior.

En paralelo al llamado a los gobernadores, la posibilidad de nuevos cambios cobra cada vez más fuerza. Para eso, existen al menos dos nombres que resuenan para suceder a Francos, cuando sea que el Presidente tome la determinación.

Lo cierto es que los resultados del domingo alteraron los planes libertarios. Con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como la "gran ganadora" de la elección, se espera que el lugar lo ocupe alguien de su máxima confianza y es ahí donde entra la posibilidad de que sea el vocero presidencial, Manuel Adorni, recientemente electo legislador, el que ocupe el lugar.

Previo a la elección, el asesor presidencial, Santiago Caputo, era el apuntado para desembarcar en el cargo, con la intención de cumplimentar el deseo de varios funcionarios que reclaman su paso a la formalidad, algo que a Milei no le disgustaba. Por estas horas, se habla de la posibilidad de que el consultor ocupe el despacho de Catalán, ubicado en la planta baja, un piso debajo de las oficinas de la Jefatura de Gabinete, aunque desde su entorno desmienten la posibilidad.

"Las cosas tenían una lógica y con el resultado de la elección está todo sometido a un reseteo”, repiten una y otra vez por los pasillos de Balcarce 50 a la espera de los primeros cambios que, según los libertarios, tendrán lugar "más temprano que tarde".

Karina Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza una hora después del cierre de la votación, a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Escoltada por Martín Menem, la presidenta del partido destacó la presencia de su sello en los 24 distritos del país, celebró la implementación sin dificultades de la Boleta Única de Papel, y se mostró expectante por los resultados. “Estamos muy contentos”, aseguró la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

“Nosotros estamos muy contentos. Como presidente del partido, y vicepresidente (observando a Martín Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”, sostuvo.

“Estamos contentos también por la boleta única, no tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este gobierno”, agregó acerca del debut del nuevo sistema electoral.

Respecto de los resultados se mostró prudente: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”.

“Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”, arengó antes de regresar al interior del hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.

La jornada electoral avanzó con un clima de optimismo y cautela en el entorno de La Libertad Avanza, mientras los primeros datos no oficiales generaban expectativas favorables para el oficialismo. Javier Milei, presidente de la Nación, arribó al Hotel Libertador pasadas las 19:00, donde se instaló el búnker del partido para seguir el escrutinio, acompañado por figuras clave de su espacio y bajo la atenta mirada de sus colaboradores más cercanos.

Durante la tarde, Karina Milei se presentó en el hotel antes de las 18:00 y encabezó la mesa de campaña, sumando a la conversación al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los armadores bonaerense y porteña, Sebastián Pareja y Pilar Ramírez. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se incorporó al grupo poco después de las 18:20, momento en el que se aguardaba el análisis de los primeros boca de urna.

En el interior del búnker, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, se congregaban los principales dirigentes del espacio y algunos militantes, todos atentos a los resultados preliminares. Según los datos que manejaba el oficialismo, La Libertad Avanza se perfilaba como ganadora con una diferencia de alrededor de 5 puntos porcentuales sobre el kirchnerismo. Los sectores más optimistas dentro del partido incluso proyectaban la posibilidad de alcanzar el 40% de los votos, una cifra que consideraban inalcanzable en la previa.

No obstante, desde las propias filas libertarias se advertía que estos números eran provisorios y debían “tomarse con pinzas”, ya que las escuelas aún permanecían abiertas y el escrutinio no había concluido. A pesar de la prudencia, el ambiente se impregnaba de una expectativa creciente.

El análisis de los resultados en las provincias más pobladas, determinantes para el desenlace nacional, también arrojaba señales positivas para el oficialismo. En Córdoba, los referentes del espacio evitaban precisar cifras, pero reconocían una “mucha expectativa” en torno al candidato Gonzalo Roca, cercano a Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Durante la tarde, circulaban porcentajes alentadores de participación, aunque los dirigentes aclaraban que no se trataba de un fenómeno inusual.

En Santa Fe, el candidato libertario Agustín Pellegrini figuraba, según el oficialismo, “empatado con Fuerza Patria y con Provincias Unidas muy por detrás”. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el PRO asumió el liderazgo en el tramo final de la campaña. El entorno de Diego Santilli anticipaba que la brecha de 13 puntos registrada en septiembre se habría reducido a la mitad, lo que implicaría una diferencia de solo 5 o 6 puntos porcentuales respecto al kirchnerismo.

En la ciudad de Buenos Aires, la meta del oficialismo era alcanzar el 50% de los votos, una cifra ambiciosa pero no descartada por el Gobierno. Los candidatos del PRO, encabezados por el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, planificaron reunirse inicialmente en la sede partidaria de Balcarce al 412, para luego trasladarse en conjunto al Hotel Libertador. La presencia del ex presidente Mauricio Macri en el local no estaba confirmada, aunque tampoco se descartaba, tras haber retomado recientemente el contacto con Milei.

Por falta de quorum, fracasó hoy la sesión en la Cámara de Diputados luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

Lo hicieron mediante sendas notas que fueron remitidas anoche al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem.

La oposición aprobó la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones que está encarando con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de unos 20 mil millones de dólares y a Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de solo 12 diputados donde se debía tratar la interpelación a Caputo.

os diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, los radicales, Julio Cobos, Atilio Benedetti,  y Fabio Quetlas.

Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30 Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados ya que solo estaban los legisladores de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro y el radical Quetlas.

Fuentes parlamentarias señalaron que los diputados opositores se enteraron anoche que no venía los funcionarios, luego de un encuentro que mantuvo Menem con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, del PRO, Cristian Ritondo, y de LLA Gabriel Bornoroni.

Allí la oposición pidió que se le informe claramente si venían los funcionarios y allí Menem les transmitió que no iban a concurrir ninguno de los tres.

Fuentes opositores destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Posterior a la sesiónes, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprograma las tres interpelaciones.

“Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia  reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, según publicó el jefe de UxP, Germán Martínez.

En la nota se expresa que "nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

Destacaron que "la frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”.

En una nota firmada por el subsecretario Legal de la secretaria General al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem,  informó que Karina Milei no podía concurrir  “debido a compromisos previamente asumidos por la secretaria General, se vería “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Lugones expresó: “tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa Honorable Cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente”.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

Por su parte, Caputo informó: “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.

La oposición logró hoy avanzar con la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al cabo del plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que tuvo que ser emplazado en la sesión pasada para doblegar el bloqueo del oficialismo, se pasó a la firma del despacho de mayoría que cosechó 41 rúbricas.

Lo firmaron los diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y Marcela Pagano del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia. 

El dictamen de rechazo, en tanto, fue suscrito por una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO.

El proyecto con las interpelaciones de la hermana del presidente y del jefe de la cartera sanitaria quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

El escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en los medicamentos comprados a laboratorio salió a la luz a partir de la filtración de una serie audios que se le atribuyen al desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

En esas conversaciones el ex funcionario señaló a Karina Milei como quien cobraba un 3% de coima de parte de los laboratorios que tenían contratos con el organismo de discapacidad.

El sistema de recaudación, de acuerdo al relato del ahora ex titular de ANDIS, habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina, un eslabón clave en esta trama de presunta corrupción porque representantes de esta compañía habrían sido -según la pista que sigue la Justicia- quienes recibían el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios proveedores, en un porcentaje que en un momento determinado se habría elevado del 5% al 8%.

En la grabación, el ex abogado de Javier Milei señaló que esa diferencia del 3% tenía como destinataria final a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó seriamente implicada en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello.

El magistrado ordenó allanamientos y secuestró celulares y otros artefactos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker que son dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker fue hallado mientras intentaba escapar, y en su domicilio encontraron 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos repartidos en sobres. 

Su hermano, Jonathan Kovalivker, quien figura como presidente de la Droguería Suizo Argentino, logró escapar a tiempo y en su domicilio encontraron las cajas de seguridad vaciadas.

El juez también secuestró el celular y pertenencias de Daniel Garbellini, quien según las palabras de Spagnuolo habría sido el nexo entre la Droguería Suizo Argentina y la Agencia de Discapacidad, puesto en dicho organismo por una supuesta imposición del asesor “Lule” Menem para controlar el flujo de las coimas hacia la Casa Rosada, siempre según el relato de Spagnuolo.

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), remarcó que la finalidad de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. 

En tanto, el tucumano lamentó que “los informes escritos hayan quedado siempre sin respuesta” de parte de los funcionarios.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos en cuestión, aseguró que si es interpelada, Karina Milei tiene que comparecer obligadamente y no puede excusarse en el hecho de no tener rango de ministro.

“El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, explicó, y agregó que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.

La jueza María Servini ya no investigará la causa $Libra El juez Ariel Lijo - que la subroga - declaró la incompetencia de la magistrada en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda.

Finalmente, la causa recaerá en el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene una causa similar en la que está imputada Karina Milei.

Para el juez Lijo, que esta reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal Eduardo Taiano.

Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia similar contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. El caso tiene los mismos imputados y se investiga la supuesta estafa tras la publicación que hizo el presidente de la cripto $Libra.

La causa ya había tenido un cambio de juzgado cuando la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente que finalmente pasó a manos de Servini.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales.

En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

El abogado y exjuez Oscar Venica aseguró que la prohibición dictada por el magistrado Alejandro Maraniello sobre la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, constituye “claramente” un caso de “censura previa”, lo cual está “prohibido” por la Constitución Nacional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Venica remarcó que “aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república”. En ese sentido, criticó la postura del Gobierno nacional: “Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite”.

Venica cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue consejero titular por los jueces del interior en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, corredactor del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, juez de Primera Instancia en Marcos Juárez y San Francisco, y vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

-              El exintegrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló de “un caso de censura previa”. ¿Podría explicar qué significa jurídicamente este concepto y por qué está prohibido en la Constitución? ¿Cuáles son los principales problemas procesales que observa en la decisión del juez Maraniello?

Ya el texto original de la Constitución Nacional (1853) establecía en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”. Fue una reacción a los regímenes absolutistas, España incluida, que tenían establecidos organismos públicos a quienes debían someterse a examen tanto libros como noticias a aparecer en la prensa. Por esa razón, en las primeras hojas de un libro se colocaba la leyenda ‘con las licencias necesarias’, y se añadía la autorización puntual para su publicación. La circulación de libros o periódicos sin dicho aval era un delito. Si bien de la sola indicación que la Argentina adopta la forma republicana, se deduce la prohibición de censura previa, los constituyentes estimaron conveniente consagrarlo expresamente.

Es un principio sostenido desde sus inicios por el liberalismo político. Muy equívocamente suele equipararse entre nosotros, especialmente en lo económico, liberal y conservador, siendo que el liberalismo nació como oposición al conservadurismo. Y en ese sentido es tomado en la mayoría de los países, como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, eso no significa que hay libertad para insultar, injuriar o publicar falsedades impunemente. Simplemente que la sanción, civil o penal, de corresponder, será impuesta luego de la publicación, y no prohibida de antemano.

-              ¿Existen antecedentes en la Corte Suprema argentina o en la Corte Interamericana que respalden esta interpretación?

 Hay antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores. No tengo presente que los haya de la Corte Interamericana con relación a la Argentina. Lo más cercano fue una resolución a instancias de Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico que publicaron información relacionada con un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem en la revista Noticias, y fueron condenados civilmente por la Corte por violación a la vida privada de Menem; hay que aclarar que se trató de la Corte llamada de la mayoría automática y estando Menem en la presidencia. De todos modos, no fue censura previa. La Corte Interamericana ordenó anular ese fallo por cuanto había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, lo que fue resistido por la Corte nacional entendiendo que aquella carecía de facultades en ese sentido. Coincido con este criterio, porque de ser así, esa Corte Interamericana se convertiría en una cuarta o quinta instancia, según el fuero, de los procesos argentinos. Además, tampoco lo contempla la Convención que dio origen a ese organismo. Sus facultades se limitan disponer que el Estado Nacional repare los perjuicios causados.

-              ¿En qué condiciones un juez sí podría limitar la difusión de determinado material? ¿Hay algún margen legal?

Desde el punto de vista sustancial se trata claramente de censura previa, como se han pronunciado prácticamente todos aquellos que se han referido al tema. No he tenido acceso al fallo de modo que carezco de elementos para analizarlo procesalmente.  Ahora, tanto el Código Procesal de la Nación como el de Córdoba, y estimo que todos los del país, no contemplan medidas cautelares autónomas, es decir que puedan existir por sí misma sin una demanda, que puede ser simultánea o posterior. Aparentemente se trató de una cautelar sola, a la que luego, para consolidarla, debería seguir la demanda, que no imagino cual podría ser su contenido. Tal como lo dijo Maqueda, ex ministro de la Corte, la prohibición de censura es absoluta, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieran proceder. En tiempos normales no hay posibilidad legal de dejarla de lado. Distinto sería frente a un conflicto bélico, como ocurrió en diversas oportunidades aún en las democracias más consolidadas.

-              ¿Cómo se equilibra el derecho a la intimidad de un funcionario público con el derecho a la información de la ciudadanía? ¿La condición de “funcionaria pública” de Karina Milei cambia el análisis jurídico frente a este caso?

Los funcionaros públicos son los que se llaman políticamente expuestos, y por ende más susceptibles que sus acciones tomen conocimiento general. Por otro lado, los audios en cuestión no están referidos a su intimidad sino a cuestiones de mucho interés público. Pero aunque lo fuera, de la misma manera que un particular, no tiene derecho a exigir censura previa tampoco, con mucha mayor razón una funcionaria.

-              ¿Existen riesgos de que este tipo de decisiones abran la puerta a un precedente restrictivo para la prensa?

No creo que esa malhadada decisión de un juez -para peor, expuesto a presiones por su delicada situación al ser varias veces denunciado ante el Consejo de la Magistratura- influya en futuras restricciones. Máxime frente al enérgico repudio que recibió.

-              ¿Qué mensaje transmite al sistema judicial y a la sociedad que un juez adopte este tipo de medida cautelar?

Obviamente, un pésimo mensaje al apartarse abiertamente nada menos que de una cláusula fundamental de la Constitución Nacional, relacionada estrechamente con el sistema democrático.  Aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república. Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, más aún libertarios –que no se sabe bien qué es y que no existe en ningún país-, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite. En mi opinión, y más allá de las denuncias que ya tiene, esa sola resolución es motivo suficiente para ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento.

-              Algunos sostienen que difundir estos audios podría afectar la privacidad o la seguridad de una funcionaria. ¿Qué le responde a ese argumento?

En nada afecta la privacidad o la seguridad, y aún si lo hiciera, se vuelve a lo mismo: no puede haber censura previa. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No debe permitirse que algunos sean más iguales que otros.

-              ¿Considera que este fallo se inscribe en una tendencia más amplia de intentos de control sobre el discurso público?

No creo que exista esa tendencia, y menos de parte del Poder Judicial. Hay que reconocer que en muchas ocasiones se pretendió avanzar en ese sentido, pues es natural al poder, mal ejercido, creerse omnipotente. Por otro lado, llama la atención lo siguiente: si no hay audio alguno que importe el reconocimiento de un delito, ¿por qué apresurarse a pretender prohibirlo? Entonces, habría que pensar lo contrario, con lo que la hermanísima se estaría autodenunciando implícitamente.

-              ¿Qué le diría a quienes piensan que la libertad de expresión puede ponerse en tensión con la gobernabilidad o la estabilidad institucional?

Que están completamente errados. Aceptar esa posibilidad sería renunciar nuestro sistema institucional.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.

El presidente Javier Milei rechazó hoy las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

Así se expreso el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandtaario rechazó así las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había cuestionado hoy al Gobierno por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, al advertir que la realización del acto de cierre de LLA en el partido de Moreno resultaba “sospechosa” por sus condiciones de organización.

El presidente Javier Milei rechazó hoy las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

Así se expreso el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodoista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El expresidente Alberto Fernández reapareció este martes en la escena pública con un mensaje en la red social X, donde marcó un fuerte contraste entre su gestión y la del actual gobierno de Javier Milei en lo que respecta a la relación con la prensa frente a un escándalo.

Según supo Noticias Argentinas, Fernández reposteó una publicación del usuario Bruno Bimbi que recordaba el escándalo por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la pandemia. El mensaje, avalado por el exmandatario, destacaba su actitud en aquel momento en contraposición a la actual ofensiva del oficialismo contra los medios.

"Cuando publicaron esta foto e hicieron mierda su gobierno por una pelotudez, @alferdez no pidió que allanaran o enjuiciaran a ningún periodista, ni que censuraran a ningún medio", señalaba el tuit. Y agregaba: "Reconoció el error y pidió disculpas. Qué tiempos aquellos cuando éramos una República".

La intervención del exmandatario es una crítica directa a la reacción del Gobierno libertario ante la filtración de los audios de Karina Milei, que incluyó una denuncia por "operación de inteligencia ilegal", una orden judicial para prohibir la difusión del material y un pedido de la ministra Patricia Bullrich para que se allane al periodista Jorge Rial.

El reposteo de Fernández se produce en medio de un tenso debate sobre la libertad de prensa y representa su primera toma de posición pública frente al escándalo de corrupción que golpea a la gestión de Milei.

Una donación autorizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, conectó a una escuela de formación política del armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, con una fundación presidida por un empresario imputado en la megacausa conocida como la "Mafia de la Aduana".

Según supo Noticias Argentinas, en base a una investigación de la periodista Giselle Leclercq para la revista Perfil, la Fundación Darío Donolo registró en agosto de 2024 el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), la usina de candidatos de Pareja. Seis meses después, en febrero de 2025, la misma fundación fue beneficiada por Karina Milei con una importante donación de mercadería incautada por la Aduana.

El dato central es que el presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es uno de los 97 procesados en la causa de la "Mafia de la Aduana", que fue elevada a juicio en mayo de 2024. Donolo fue imputado por "asociación ilícita y contrabando agravado" y es considerado por los investigadores como un "actor clave" de la organización delictiva, llegando a ser descripto en el expediente como "la sombra" del fallecido cabecilla de la red.

La donación, firmada por la hermana del Presidente, se oficializó en el Boletín Oficial el 17 de febrero de 2025 y consistió en 26.243 unidades de artículos de primera necesidad y prendas de indumentaria, según información obtenida por la periodista a través de un pedido de acceso a la información pública.

La investigación periodística destaca que el motivo del vínculo entre la escuela de formación de un dirigente clave del oficialismo y la fundación de un empresario imputado por contrabando a gran escala sigue siendo un misterio.

El caso de la supuesta estafa $Libra se reactivó con fuerza en el Congreso. La oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas: tanto ella como otros funcionarios podrán ser llevados a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante. Así lo establece el reglamento aprobado este martes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Además de Karina, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.

En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $Libra, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.

Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Ferraro a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. La oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.

El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.

“Estar aquí no significa convalidar los métodos con que se eligió la presidencia”, aclaró la espada parlamentaria del PRO, Silvana Giudici. Los oficialistas y aliados no aportaron al quórum, con dos excepciones: el tucumano Mariano Campero (Liga del Interior) y el bonaerense Eduardo Falcone (MID), dos legisladores que supieron ser aliados incondicionales del Gobierno pero ahora toman distancia.

El artículo 8 del reglamento, titulado “Medidas de fuerza”, establece que “la comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”.

Y agrega que “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.

En nombre del oficialismo, el mendocino Álvaro Martínez, rechazó el reglamento: “Más que hacer un reglamento, lo que se pretende es un Poder Judicial paralelo, por las atribuciones que se le pretende dar a la comisión. Para las medidas de fuerza está el Poder Judicial. Lo que están intentando, además de ensuciar al Gobierno, es violar la división de poderes y buscar alguna excusa disfrazada de reglamento para ponerle palos en la rueda al Gobierno”.

La oposición rechazó esos argumentos. “El reglamento está dentro de los canones de los reglamentos de las comisiones investigadoras que hubo”, retrucó Mónica Frade, de la Coalición Cívica. “Nadie pretende ensuciar al Gobierno, porque el Gobierno está solito más sucio que una papa”, remató Sabrina Selva, de Unión por la Patria.

Además de los testimonios, la oposición avanzó con el pedido de numerosas medidas de prueba. A pedido del cordobés Oscar Agost Carreño, se librará un oficio a las exchanges involucradas en el pool de liquidez, el retiro de fondos y las 109 transferencias de fondos vinculados a $Libra. Son 16 billeteras, de las cuales cuatro fueron utilizadas para inyectar fondos y retirarlos. El objetivo es conectar billeteras y operaciones con personas.

Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade puso el foco en el diputado libertario José Luis Espert, uno de los que había compartido la publicación de Milei y que luego promocionó otra cripto, $Libra V2, pero denunció que le habían hackeado la cuenta. Se librarán oficios por este tema al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 y a la red social X. En este aspecto avanzan con cuidado, porque Espert goza de fueros.

También se solicitó información sobre los ingresos y egresos, tanto en la Casa Rosada como en la residencia de Olivos, de Hayden Davis (creador de $Libra), Terrones Godoy, Morales, y el conocido como “Julian Peh”, entre otros. A su vez, crearán una subcomisión de cinco miembros que se constituyan en el estrado de la jueza María Servini con el fin de que tengan acceso al expediente “in situ”.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, conocido por su reciente fallo que prohibió la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, se encuentra bajo un intenso escrutinio al enfrentar nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

Las acusaciones contra Maraniello, que le fueron notificadas la semana pasada, abarcan un amplio espectro de faltas, desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. El magistrado tiene un plazo legal de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La gravedad de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar la presencia policial permanente dentro del Juzgado desde septiembre de 2024, con el fin de preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Entre los testimonios más graves, una de las denunciantes relató haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas. Mencionó que, por temor a perder su empleo, asistió a un encuentro fuera del horario laboral donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, e incluso se vio obligada a mantener relaciones sexuales sólo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral después de rechazar pedidos personales. Los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios fuera de lugar. Esta víctima informó que necesitó medicación para soportar el entorno laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) intervino para tomar declaración en estos casos. Según la fiscal Mariana Labozzetta, los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, lo que llevó el expediente a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina evalúa las pruebas y testimonios, considerando la aplicación de sanciones administrativas o, eventualmente, la derivación de los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. El gremio judicial remarcó que las entrevistas con empleados actuales y exempleados revelaron “más y más casos”, algunos de ellos en situaciones de particular vulnerabilidad.

La situación de Maraniello adquiere una capa adicional de complejidad al coincidir con su intervención en el escándalo de los audios de Karina Milei, hermana del Presidente. El juez dispuso que cesara inmediatamente la difusión de estos audios, un fallo favorable a Karina Milei que busca evitar nuevas filtraciones, al considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles.

Paralelamente, el Gobierno presentó una denuncia judicial por la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la denuncia sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral, calificándola de “maniobra golpista” y aludiendo a la participación de sectores de la oposición. La acción judicial solicitó incluso el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales.

El Ejecutivo interpreta que la difusión de los audios en un “momento estratégico” de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales, forma parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado.

Fuentes internas del Gobierno reconocen preocupación por el impacto de la crisis, el efecto en la militancia y el riesgo de una profundización de la crisis política si el oficialismo no obtiene resultados favorables en las próximas elecciones. Atribuyen la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen, señalando la coordinación de sectores opositores en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna.

El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".

Según supo Noticias Argentinas, un juez nacional dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.

El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. 

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, concluyó el funcionario. 

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó con corridas, empujones y piedrazos contra la comitiva presidencial. El episodio generó tensión en medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y obligó a evacuar al Presidente junto a su hermana Karina Milei.

Pocos minutos después, Milei utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía hacia los agresores. “En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia".

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10

“El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”, escribió el mandatario en su cuenta de X con una foto en la quinta presidencial.

Distintos referentes del Gobierno responsabilizaron al kirchnerismo por los hechos de violencia. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, aseguró que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”.

Y agregó: “Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo nunca más”.

El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.Kirchnerismo Nunca Más.

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

“No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, completó el funcionario.

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más…

La actividad en Lomas de Zamora había comenzado con declaraciones de Milei sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, había dicho el mandatario antes de los incidentes.

En medio del escándalo por presuntas coimas a partir de grabaciones clandestinas que sacuden al Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó la veracidad del contenido de los audios difundidos, aunque reconoció que mantiene vínculos con Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina.

El legislador explicó que esa relación se dio por su actividad privada en el rubro de suplementos dietarios, desligándola de cualquier gestión vinculada al Estado.

“Se trata de una monumental operación, a 15 días de las elecciones, tal vez del último reducto del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Menem al ser consultado sobre las filtraciones.

En la misma línea, remarcó: “Es una operación pensada y diseñada, justamente, a dos semanas de las elecciones”, en referencia al impacto político que puede generar el caso.

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de sobornos.

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.

Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".

Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.