La crisis de SanCor, la emblemática cooperativa láctea argentina con plantas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, se profundiza con despidos masivos, una producción en caída libre y el corte del suministro eléctrico en algunas de sus plantas. La empresa, que en su momento fue líder en la industria láctea nacional, atraviesa una situación financiera crítica que pone en riesgo su continuidad y la de miles de trabajadores.

En sus mejores épocas, SanCor procesaba más de 3 millones de litros de leche diarios en 14 plantas industriales y contaba con más de 5.000 empleados. Hoy, la realidad es muy diferente: con solo seis plantas operativas y una producción reducida a aproximadamente 200.000 litros por día, la cooperativa lucha por sobrevivir. Además, el número de empleados ha caído drásticamente a alrededor de 1.300, con recientes despidos de más de 300 trabajadores que estaban bajo la modalidad de "jornada libre".

El pasado 27 de enero, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda. dejó sin luz a la planta de Balnearia, en Córdoba, debido a una millonaria deuda de SanCor con la empresa de servicios públicos. Este hecho dejó paralizada la producción de quesos semiduros, agravando aún más la situación de la cooperativa.

Diversos factores han contribuido a la debacle de SanCor. Entre ellos, se destacan:

- Mala gestión financiera: Durante años, la empresa acumuló deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Estado y otros acreedores, generando un ahogo financiero.

- Crisis del sector lechero: La volatilidad de los precios internacionales, el aumento de costos de producción y la falta de incentivos para la actividad tambera han afectado gravemente la rentabilidad del sector.

- Conflictos sindicales: La tensa relación con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) ha generado múltiples conflictos laborales, paros y bloqueos que han impactado en la producción y distribución.

- Fracaso en los intentos de rescate: Distintas iniciativas, como la conformación de un fideicomiso para atraer inversores, no lograron revertir la crisis ni garantizar la continuidad de la compañía.

En el marco de la crisis de la empresa, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, calificó la situación de SanCor como "terminal" y aseguró que la empresa debe encontrar un socio o vender sus plantas para evitar la quiebra. Advirtió que, con la producción actual, SanCor no puede ni siquiera cubrir los sueldos de sus empleados.

La crisis de SanCor no solo afecta a sus trabajadores y productores tamberos, sino también a la economía de las regiones en las que opera. En Santa Fe y Córdoba, muchas localidades dependen directamente de la actividad láctea, y el colapso de la cooperativa podría generar un impacto devastador en la economía local. Además, el achicamiento de SanCor deja un vacío en el mercado que otras empresas intentan ocupar, pero sin la capacidad de absorber a todos los trabajadores despedidos.

La incertidumbre también golpea a los trabajadores que aún conservan sus empleos en las distintas plantas. Muchos de ellos llevan meses sin recibir su salario completo y dependen de pagos parciales que llegan con demoras. La angustia crece ante la posibilidad de nuevos despidos y la falta de una estrategia clara que garantice la continuidad de la empresa. Las familias de los empleados enfrentan dificultades económicas cada vez mayores, sin certeza sobre su futuro laboral.

A pesar de las numerosas advertencias sobre la fragilidad de la empresa, no se vislumbra una solución concreta en el corto plazo. La falta de financiamiento, sumada a la desconfianza de los inversores, complica cualquier intento de reestructuración. En medio de esta incertidumbre, trascendió que la nueva directiva de SanCor evalúa la posibilidad de abandonar su estructura cooperativa, permitiendo la entrada de capitales privados.

La historia de SanCor es un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta el sector lácteo en Argentina. Lo que alguna vez fue un modelo de cooperativismo y éxito industrial hoy agoniza, sin que hasta el momento haya una salida clara para evitar su colapso definitivo.

La quiebra de la empresa láctea San Lucio de Morteros, en 2020, dejó a más de 40 familias sin empleo ni indemnización. Cuatro años después, los trabajadores siguen en lucha para recibir lo que consideran les corresponde por ley: su indemnización y la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo.

Este martes, 14 de los afectados estuvieron presentes en los tribunales de San Francisco, acompañados por su abogado Enrique Pistone, en el marco de un juicio laboral contra los responsables de vaciar la empresa. “Los empresarios se enriquecieron a costa de nuestro trabajo. Los 55 trabajadores que quedamos en la calle seguimos reclamando justicia”, expresaron los damnificados. 

Según Pistone, en los últimos años de funcionamiento, la empresa procesaba 100.000 litros de leche por día, lo que desmentiría la versión de una empresa al borde de la quiebra. “La empresa estaba lejos de estar en quiebra, era muy pujante, con 55 trabajadores especializados, que no eran robots sino gente que tenía un conocimiento profundo del proceso químico de la fabricación de productos lácteos”, aseguró quien representa a los trabajadores en el litigio.

Sin embargo, en 2020, San Lucio inició un concurso preventivo y, en 2021, cerró sus puertas sin dar noticias a los empleados, quienes quedaron desamparados. “No solo los dejaron sin trabajo, sino que tampoco nos pagaron lo que nos correspondía. Además, no se pagaron los aportes a la obra social ni a la AFIP, lo que nos impidió acceder a beneficios como el seguro de desempleo”, explicó Pistone a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Este martes, los trabajadores presentaron su reclamo en los tribunales locales, donde se espera que la Cámara del Trabajo se pronuncie sobre el caso. Pistone subrayó la importancia de visibilizar la lucha, mencionando que en muchos casos similares la justicia ha logrado recuperar lo adeudado. “Esperamos que la Cámara haga justicia, ya que este tipo de casos tienen un impacto en toda la comunidad laboral”, dijo el abogado.

Por su parte, algunos de los trabajadores afectados, como José Luis, subrayaron las dificultades emocionales y económicas que enfrentaron tras el cierre de la fábrica. “No fue fácil. La mayoría de nosotros ya estábamos en una edad avanzada para conseguir otro trabajo. Muchos vivimos de changas, sin estabilidad. ¿Qué íbamos a hacer si la empresa que nos dio empleo durante tantos años cerró de golpe?”, lamentó, quien recordó que en su caso, había estado en la empresa durante más de 20 años.

Los testimonios de los trabajadores coinciden en que las condiciones laborales no eran fáciles. Algunos relataron un clima de incertidumbre constante debido a las amenazas de cierre que la empresa repetía cada año. “Siempre nos decían que la empresa iba a cerrar, que no vendía lo suficiente. Esas amenazas nos mantenían en vilo, sin saber si tendríamos trabajo al mes siguiente”, contó Clemar, quien estuvo en la firma durante 16 años.

Además, los trabajadores también denunciaron tratos poco respetuosos por parte de los dueños, quienes, según dijeron, utilizaban tácticas de manipulación y maltrato psicológico. “Siempre te decían que no ibas a conseguir trabajo en otro lado. La amenaza constante era parte de la estrategia para que no te quedaras a reclamar lo que te correspondía”, recordó otro trabajador.

Aunque algunos trabajadores han conseguido empleos temporales o en otras industrias, la mayoría sigue buscando una solución a su situación. "Con 44 años, conseguir trabajo fijo es casi imposible", reconoció Sergio, uno de los trabajadores afectados. "Solo quiero lo que me corresponde", afirmó con determinación.

La quiebra de San Lucio no solo dejó a las familias sin su sustento, sino que también generó acciones judiciales que buscan una reparación por los daños sufridos. Los trabajadores esperan que la justicia actúe con rapidez y les permita, al menos, cerrar esta etapa tan dolorosa de sus vidas laborales.

A pesar de los obstáculos, los ex empleados de la empresa siguen luchando por una respuesta que aún no llega. “La empresa ha sido finalmente declarada en quiebra, pero los dueños nunca dieron la cara”, comentó Pistone, quien resaltó que la situación se agrava por las estrategias dilatorias utilizadas por los responsables de la firma. “Ahora, después de años de litigios, no se sabe dónde están los bienes de la empresa. Las herramientas de trabajo fueron abandonadas a la intemperie y la empresa sigue siendo una incógnita”, concluyó el abogado.

Con la esperanza de que la Cámara del Trabajo resuelva a favor de los trabajadores, el futuro sigue siendo incierto para más de 40 familias que, tras la quiebra de la láctea, continúan luchando por obtener justicia.

El Gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras).

Las medidas, que habían sido anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina.

A través del decreto 697/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial se dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018.

Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina.

Además, el Decreto establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial.

Asimismo, dispone la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones.

Finalmente, el Decreto implementa una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%. Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país.

Solo en 2023 el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones y, a partir de estas nuevas medidas, este monto vuelve a la cadena productiva y dota de competitividad a la transformación en origen.

Estas disposiciones que se enmarcan en un proceso más amplio de desregulación, baja de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial, apuntan a seguir quitando el peso del Estado de los hombros de la producción agropecuaria, responsable de 1.2 millones de empleos y del 63% del total exportado por la Argentina.

El Gobierno prorrogó hasta fines de junio la suspensión de las retenciones a los productos lácteos con el fin de promover la producción, mejorar la competitividad de la cadena y sostener al sector en un período de baja de precios internacionales, al tiempo que dispuso la anulación del régimen de reintegros al sector.Así lo dispuso a través del Decreto 9/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo.La suspensión de las retenciones hasta el 31 de diciembre último había sido anunciada en septiembre por el extitular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, frente a la sequía y la baja de los precios internacionales, lo cual fue formalizado en el Decreto 506/2023 del pasado 3 de octubre.Como contraprestación, los productos lácteos se regían por un tope mensual de 5% como parte del programa Precios Justos, que finalizó con el cambio de autoridades.Previamente, los productos lácteos eran gravados con derechos de exportación de 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca. 

La extensión de la prorroga responde a la continuidad de los “bajos precios internacionales” para los productos lácteos que se registra desde el segundo semestre del año pasado, lo cual generó “una menor capacidad de pago de las industrias hacia los productores”, manifiestan los considerandos del decreto.“En este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, los volúmenes exportados, así como el ingreso de divisas por este concepto, se vieron afectados durante el año 2022, y agudizados durante el transcurso del año 2023, con una fuerte caída en comparación al mismo período del año 2022”, se añade.La prórroga de la suspensión hasta el próximo 30 de junio resulta “necesaria” para “continuar y mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país”.

Por otro lado, el decreto anula el régimen de reintegros que tenía el sector en los productos elaborados a base de leche, caseína y derivados.El mismo consistía en la devolución total o parcial de los impuestos internos que se pagaron en las distintas etapas de producción, previo a la exportación, y consistía de un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería a exportar.El Gobierno argumentó que los reintegros -que podían ascender hasta 5%, según el producto- "no sólo generan una erogación para el Estado, sino que perjudican el desarrollo de un mercado lácteo transparente y equitativo que requiere de reglas claras, justas e iguales para los diversos actores". 

En esa línea, señalaron que sostener los reintegros “arremete contra los principios de libre competencia fundamentales en nuestra economía actual”, y su eliminación persigue también “el objetivo de optimizar y tornar más efectivo el gasto público”.Al igual que la reducción de las retenciones al 0%, la eliminación de los reintegros, por el momento, es temporaria y regirá también hasta el 30 de junio próximo.El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, celebró esta medida porque -consideró- "mejora notablemente la competitividad" del sector."Esta medida veníamos pidiéndola desde hace bastante tiempo porque en 2023 la actividad sufrió no sólo el tema climático, sino medidas como la implementación de dólares especiales, que tuvieron un impacto muy fuerte sobre la actividad, controles de precios y otros mecanismos", manifestó Felippa en declaraciones a Télam.Con respecto al reintegro, la devolución del componente impositivo que tiene el bien a exportar, Felippa consideró que "ello requeriría una revisión" a mediano plazo "para ver si los porcentajes vigentes corresponden o no, probablemente porque puede haber una diferencia muy grande entre leche en polvo y los otros productos"."No obstante eso, entendiendo el contexto y que además hay una mejora importante de la competitividad por una cuestión cambiaria, entendemos que este es un tema menor y que acompañamos esta medida", reafirmó.Por último, contempló que la industria lechera entiende que "se trata de una medida transitoria y que dentro de seis meses habrá que sentarnos, revisar y ver cómo se sigue".De aprobarse el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, la fijación de una alícuota de 0% para las retenciones para el sector lácteo sería de carácter permanente.A fines de diciembre último, con el envío del mencionado proyecto de Ley, el Gobierno ratificó su intención de modificar el esquema de DEX de determinados complejos exportadores, nuevas disposiciones en lo que respecta a la habilitación de frigoríficos y establecimientos de faena, cambios en el Régimen Federal de Pesca y en Ley de Biocombustibles.En lo que respecta a los DEX, la iniciativa establece una alícuota de 15% para productos que en la actualidad no tributan o con tasas menores a la que se intenta aplicar con esta reforma, como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con 12%, o la carne vacuna, con 9%.Fuera de este incremento quedaron los complejos lácteo, olivícola, arrocero, cueros bovinos, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mientras que la alícuota para la cadena vitivinícola, el aceite y la esencia de limón pasará a ser de 8%.Esta "excepción" fue consensuada entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía y las entidades agropecuarias y agroindustriales, ya que la intención primera del Gobierno era aumentar los derechos de exportación a 15%.