El empresario Lázaro Báez y sus hijos obtuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión impositiva, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 aplicara la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos necesarios para que la falta de pago de impuestos sea considerada delito.

La investigación analizaba presuntas deudas tributarias de la empresa Austral Construcciones correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por conceptos vinculados al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y otras obligaciones fiscales.

Con la nueva legislación, la evasión simple solo se configura cuando el monto supera los 100 millones de pesos por tributo y por año fiscal, mientras que la evasión agravada requiere cifras superiores a los 1.000 millones. La norma también fija un piso mínimo para los casos vinculados al uso de facturación falsa.

A partir de este cambio, las defensas solicitaron el sobreseimiento al considerar que la mayoría de los montos investigados quedaron por debajo de los nuevos límites. El tribunal aceptó ese planteo al aplicar el principio de la ley penal más benigna, que obliga a utilizar la norma vigente cuando resulta favorable para los imputados, incluso de manera retroactiva.

Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli resolvieron que las cifras correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2013 y 2014 no alcanzan el mínimo establecido por la nueva ley, por lo que dispusieron el cierre parcial del proceso para esos períodos.

El único tramo de la causa que seguirá en pie es el correspondiente al año 2012, cuando la empresa registró montos superiores al nuevo piso legal, lo que mantiene abierta la investigación judicial por ese ejercicio.

La resolución también benefició a los hijos del empresario, Martín, Luciana y Leandro Báez, además de otros imputados vinculados a la compañía, quienes obtuvieron sobreseimientos totales o parciales según el período analizado.

Con esta decisión, el proceso continuará únicamente por las supuestas irregularidades detectadas en 2012, mientras que el resto de los hechos quedó cerrado por aplicación de la nueva normativa penal tributaria.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy que el dueño de "Austral Construcciones" Lázaro Báez sea trasladado de "inmediato" a una cárcel común para terminar de cumplir su condena por lavado de activos, la cual dejó firme la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron la "inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena" con sentencia firme y su alojamiento "en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal".

Báez estaba bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz en otra causa penal también por lavado de activos vinculada a la compraventa del campo uruguayo El Entrevero.

"Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas", concluyeron los jueces.

El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejó firme su condena a diez años de prisión en la "ruta del dinero K".

De hecho, el máximo tribunal también confirmó ayer otra condena a seis años de cárcel para Báez en la causa Vialidad.

El fiscal Abel Córdoba dictaminó este martes que Lázaro Báez debe volver a prisión a cumplir su condena en la causa conocida como ruta del dinero K, luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó su pena.

La medida también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente. Todos ellos ya habían estado detenido antes, y el juez Néstor Costabel, Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), deberá decidir cómo se computarán las penas. Fue el mismo magistrado que llevó adelante el juicio.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, sostiene el dictamen fiscal.

En el mismo dictamen, Córdoba entendió que Martín Báez, hijo de Lázaro y otro condenado en la causa, no deberá volver a prisión, ya que oportunamente se le concedió la excarcelación y se encuentra con libertad condicional.

La semana pasada, Báez fue condenado por el delito de “lavado de activos agravado” de US$55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y de Eduardo Castro, todos condenados en la misma causa.

Hasta este momento, no había definiciones sobre si Báez debía volver a prisión o no. Su defensa ya había solicitado que el condenado siga bajo el régimen de arresto domiciliario por haber pasado 9 años preso.

La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.

El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.

Tres años después, la causa se reactivó con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes.

El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.

Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.

El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.

El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta US$328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.

Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.

Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.