Un proyecto presentado en la Legislatura de Córdoba para derogar la ley de paridad de género en las listas electorales generó un fuerte debate político y respuestas desde distintos espacios. La iniciativa busca eliminar la obligación de que los partidos conformen sus listas con un 50% de mujeres y un 50% de varones.

El proyecto fue impulsado por el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda y cuenta con el acompañamiento de Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal). Según explicaron sus autores, la propuesta pretende abrir un debate que, a su entender, la política cordobesa evita desde hace años.

“En el Día de la Mujer abundan los discursos y las consignas. Nosotros creemos que la mejor forma de defender los derechos de las mujeres es tratarlas como lo que son: personas libres e iguales ante la ley, no beneficiarias de cupos políticos”, sostuvo Hernández Maqueda al fundamentar la iniciativa.

El legislador cuestionó además el criterio de distribución de lugares en las listas y afirmó que la normativa responde a una lógica de “ingeniería social”. En ese sentido, planteó que los cargos públicos deberían definirse “por capacidad, liderazgo y mérito, no por género”.

Desde el espacio que impulsa la propuesta también señalaron que la Constitución provincial no exige la paridad de género y que la ley vigente —la 8.901, aprobada en el año 2000— constituye una forma de “discriminación positiva” que originalmente debía ser excepcional.

En esa línea, Hernández Maqueda sostuvo que eliminar la norma permitiría devolver mayor libertad a los partidos políticos y a los votantes, al quitar lo que definió como una intervención estatal que “condiciona artificialmente la competencia electoral”.

La presentación del proyecto generó respuestas inmediatas desde distintos sectores políticos. La vicegobernadora Myrian Prunotto salió a cuestionar la propuesta y defendió la legislación vigente.

“La política no está para provocaciones, y plantear la derogación de la Ley de Cupo Femenino, Ley Riutort, el Día Internacional de la Mujer, es una de ellas”, expresó. Además, recordó que Córdoba fue una de las provincias pioneras en avanzar en normas para garantizar la participación femenina en política.

En ese sentido, Prunotto advirtió que “que hayamos avanzado no significa que tengamos que retroceder”, y remarcó que dar marcha atrás implicaría “invisibilizar el esfuerzo de todas las que venimos trabajando para que cada vez seamos más las que ocupamos espacios de representación política”.

También desde la oposición radical hubo cuestionamientos a la iniciativa. La legisladora Brenda Austin señaló que la falta de normas de este tipo se refleja en la escasa presencia de mujeres en cargos ejecutivos.

“Basta mirar lo que pasa en el Ejecutivo provincial para darse cuenta del error de tu argumento. No hay norma y no hay ni una mujer ministra”, escribió en redes sociales al responder al legislador impulsor del proyecto. Y agregó: “El cupo rompió la misoginia que todavía hoy existe”.

Por su parte, la legisladora justicialista Karen Acuña defendió el sistema de paridad y sostuvo que se trata de una herramienta para equilibrar el acceso al poder. “La paridad no es un privilegio ni existe para obligar a poner mujeres. Es una herramienta democrática para corregir una desigualdad histórica en el acceso al poder”, afirmó.

Actualmente, en la Legislatura provincial 26 bancas están ocupadas por mujeres y 44 por hombres. La normativa vigente garantiza la paridad en la conformación de la lista única, aunque no en las candidaturas departamentales, lo que hace que la representación final no alcance un equilibrio pleno. Según se indicó, existen también otras iniciativas legislativas que buscan modificar el sistema para avanzar hacia una paridad efectiva en la integración del cuerpo.

 El Gobierno de la provincia de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de garantizar asistencia, participación y acompañamiento a quienes atraviesan un proceso penal.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, plantea establecer estándares mínimos de trato, información, protección y reparación para las víctimas, además de introducir modificaciones en el Código Procesal Penal provincial para asegurar que esos derechos se apliquen de manera efectiva.

El texto propone que la norma sea denominada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, como una forma de reconocimiento institucional. Según se señala en el proyecto, el nombre busca recordar que detrás de cada expediente judicial “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.

Entre los principales derechos que se buscan garantizar desde el primer contacto con el sistema judicial figuran el trato digno, la privacidad y la no revictimización, así como el acceso a información clara sobre el proceso penal. También se contempla la posibilidad de contar con patrocinio jurídico —incluso gratuito cuando sea necesario— y recibir asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera continua.

El proyecto también prevé medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación y la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, ya sea por la vía penal o civil. En ese sentido, el texto establece el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

Además, la iniciativa incluye reformas al Código Procesal Penal con el fin de garantizar que estos derechos no queden solo en declaraciones formales. Entre los cambios propuestos se encuentra la habilitación para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes y el refuerzo de la obligación de informar y notificar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.

También se establecen mecanismos para prevenir la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias durante el proceso judicial, y se contemplan modalidades especiales de declaración en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.

 Otro de los puntos relevantes es la participación de la víctima en decisiones judiciales como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la suspensión del juicio a prueba. Asimismo, en casos de delitos graves, el proyecto dispone que la víctima deberá ser informada de manera obligatoria cuando se aplique la figura del juicio abreviado.

El texto aclara que la propuesta “no introduce privilegios procesales”, sino que busca asegurar respuestas “rápidas, eficaces y útiles” dentro del sistema penal, manteniendo el equilibrio entre las partes y respetando el debido proceso.

Como parte de la iniciativa también se prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendrá la tarea de elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación mediante reasignaciones presupuestarias o partidas específicas.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento legislativo en la Legislatura de Córdoba, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual aprobación.

Elisa Carrizo asumió formalmente el pasado miércoles, como legisladora provincial por el departamento San Justo, ocupando la banca que dejó Gustavo Tevez tras ser designado director general de Coordinación y Vinculación Institucional de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba.

En sus primeras declaraciones, Carrizo definió el nuevo rol como “un orgullo, un compromiso y un desafío”, y sostuvo que llegar a la Legislatura implica una gran responsabilidad por el alcance de las decisiones que allí se toman. “Desde este lugar se puede resolver y aportar para que los cordobeses y, en nuestro caso, los vecinos de San Justo puedan vivir mejor”, expresó.

La flamante legisladora señaló que su trabajo estará centrado en el territorio y en el vínculo directo con los gobiernos locales. “Es fundamental estar al lado de los intendentes, que son los que mejor conocen cada comunidad, y también de la gente”, afirmó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. En ese sentido, remarcó que la escucha será la base para la elaboración de proyectos legislativos.

Consultada sobre los principales desafíos, Carrizo indicó que el contexto actual exige una mayor presencia política y comunicacional. “Hay muchas obras del gobierno provincial en todo el departamento, pero la gente necesita transparencia y que el político esté cerca”, sostuvo, al señalar que la cercanía no se limita a la gestión de obras, sino al acompañamiento cotidiano.

Con experiencia previa como intendenta y como directora de la Jurisdicción Sanitaria, Carrizo aseguró que conoce de primera mano las necesidades de cada localidad. Al respecto, advirtió sobre el impacto de los recortes nacionales en áreas sensibles. “El gobierno nacional no baja obras ni asistencia, y eso afecta a los municipios y a la coparticipación”, señaló.

También se refirió a la situación de los jubilados y del sistema de salud, especialmente en relación con Pami. “Se han recortado cápitas y medicamentos, y eso pone en dificultad a clínicas y prestadores del interior”, afirmó, al tiempo que destacó que el pase de Tévez al Ejecutivo provincial apunta a reforzar la atención de ese sector.

En cuanto a su agenda inmediata, Carrizo confirmó que comenzará con recorridas por el departamento y reuniones institucionales. “Voy a estar recorriendo San Justo y atendiendo las necesidades de cada intendente”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje directo a los vecinos: “Voy a estar al lado de ellos y voy a cumplir esta función con compromiso, responsabilidad y pasión”. Además, remarcó que mantendrá abiertos sus canales de comunicación: “Mi teléfono y mis redes sociales están abiertas para cualquier ciudadano del departamento San Justo”.

El legislador provincial Gustavo Tevez dejará su banca en la Legislatura Unicameral de Córdoba para asumir un cargo en el Ejecutivo provincial, sería director general de la Caja de Jubilaciones. Su reemplazo será Elisa Carrizo, ex intendenta de la localidad de Tránsito, quien ingresará al cuerpo legislativo en representación de Hacemos Unidos por Córdoba.

 La salida de Tevez de la Unicameral se concretará en los próximos días, una vez que el gobernador Martín Llaryora formalice el anuncio oficial sobre su designación en el ámbito del Ejecutivo. 

En declaraciones a la prensa, Tevez aclaró que aún no tiene definido el nombre técnico del cargo que ocupará e indicó que los detalles serán comunicados por el Gobierno provincial.

 El movimiento implica un recambio dentro del bloque oficialista en la Legislatura, con el ingreso de Carrizo, quien cuenta con experiencia en la gestión municipal. Desde el espacio político señalaron que la transición se dará de manera ordenada y en sintonía con la estrategia del Gobierno provincial.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

 La incorporación de Tevez al Ejecutivo se inscribe en una serie de reacomodamientos internos que viene realizando la gestión de Llaryora, con el objetivo de fortalecer áreas clave de la administración provincial, entre ellas el sistema previsional.

Noticia en desarrollo 

No fue una postal casual ni un gesto aislado. En Laboulaye, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo protagonizaron una escena cargada de simbolismo político que volvió a alimentar las expectativas de convergencia opositora en Córdoba. La ciudad del sur provincial se convirtió, por un día, en epicentro del tablero político, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el gobernador Martín Llaryora.

Tal como se había anticipado, el binomio Juez–Bornoroni encabezó un encuentro con dirigentes y militantes del sur provincial, convocado por el Frente Cívico, que se desarrolló en el Club Restaurante. Allí se abordaron cuestiones vinculadas al fortalecimiento territorial, el intercambio político y la organización de cara a los próximos desafíos.

Durante ese cónclave, Juez dejó definiciones contundentes sobre la estrategia que impulsa junto a La Libertad Avanza. “Nosotros ya empezamos a trabajar en el Frente Cívico nuestra alianza con La Libertad Avanza por la reelección del presidente Javier Milei. Y a partir de hoy empezamos a trabajar en serio para terminar con el ciclo del peronismo en Córdoba”, expresó el senador nacional, en un mensaje que fue acompañado por el respaldo explícito del diputado Gabriel Bornoroni.

Más tarde, la escena que concentró mayor atención política se produjo en la Municipalidad de Laboulaye, gobernada por Luis Chiapello, intendente de Juntos por el Cambio. Allí, Juez y Bornoroni se encontraron con Rodrigo de Loredo, en una charla que derivó en la fotografía más comentada de la jornada: los tres principales referentes opositores juntos, minutos antes del discurso de Llaryora ante la Unicameral.

 La imagen fue interpretada por amplios sectores de la oposición como una señal alentadora rumbo a una eventual articulación futura. Sin embargo, puertas adentro, los dirigentes se encargaron de bajar expectativas inmediatas. No hubo anuncios ni acuerdos electorales sellados, y las definiciones siguen abiertas.

 El esquema que impulsan Juez y Bornoroni muestra un rumbo definido, alineado con el proyecto nacional que encabeza Javier Milei y con el objetivo explícito de disputar el poder provincial. De Loredo, en tanto, continúa enfocado en la reconstrucción y el ordenamiento interno de la UCR, con la intención de recuperar centralidad política desde la estructura partidaria.

Con estrategias distintas pero un objetivo compartido —poner fin al predominio del peronismo en la provincia—, el encuentro dejó en evidencia una voluntad política de acercamiento, al menos en el plano estratégico. En las conversaciones con el intendente local y referentes legislativos hubo llamados a la unidad opositora, mensajes que refuerzan la idea de que el escenario de alianzas ya comenzó a jugarse, con la mirada puesta en 2027.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró este domingo el período ordinario de sesiones legislativas 2026 de la Unicameral con un extenso discurso en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye, en el que combinó anuncios económicos y sociales, una fuerte defensa de su gestión y un tono confrontativo hacia la oposición provincial.

 Acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, ministros del gabinete y referentes de distintos espacios políticos —entre ellos Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca—, el mandatario abrió su tercer período legislativo en un contexto marcado por la tensión política y un escenario preelectoral.

 En el inicio de su mensaje, Llaryora propuso institucionalizar la apertura de sesiones en localidades del interior incluidas en el Plan de Igualdad Territorial. “La apertura de sesiones no debería ser un acto rutinario ni concentrado siempre en la capital”, sostuvo, y explicó que el objetivo es reforzar una mirada federal y rendir cuentas allí donde se ejecutan las políticas públicas.

 Tras la proyección de un video con obras e inversiones realizadas, el gobernador defendió el rumbo de su gestión y aseguró que los avances alcanzados “no son fruto de la casualidad”, sino de “muchísimas decisiones que se toman a diario”. En ese marco, agradeció a intendentes e instituciones que priorizan a los vecinos “más allá de sus signos políticos”.

 Llaryora también advirtió sobre el impacto del ajuste nacional en provincias y municipios. “Desde el inicio de nuestra gestión tuvimos que tomar decisiones difíciles para achicar el gasto y garantizar un superávit que permita que Córdoba no pare”, afirmó, y aclaró: “No lo hicimos por ideología, lo hicimos por responsabilidad”.

 Entre los anuncios centrales, confirmó una reducción de la presión tributaria y adelantó que para el Presupuesto 2027 se impulsarán nuevas rebajas. “Es por esas decisiones que tomamos que hoy podemos quitar presión tributaria para dinamizar la economía provincial”, expresó. Según precisó, el paquete de alivio impositivo permitirá que una parte significativa de los contribuyentes pague menos impuestos que el año pasado.

 En materia previsional, el gobernador ratificó la decisión de mantener bajo órbita provincial la Caja de Jubilaciones. “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere, se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, enfatizó. Además, anunció que la jubilación mínima se elevará a 800 mil pesos y que se avanzará en la restitución del 82% móvil para más jubilados provinciales.

 Uno de los momentos más tensos del discurso estuvo marcado por las críticas a la oposición y al Tribunal de Cuentas por la paralización de la compra de 15 drones. Llaryora cuestionó lo que consideró un control abusivo y advirtió que estas trabas afectan la ejecución de obras y políticas públicas. “No hagamos estos papelones, porque lo único que hacemos es parar la posibilidad del progreso”, lanzó, y desafió: “Ganen las elecciones si quieren, pero no obstruyan”.

 En esa línea, aseguró que la incorporación de tecnología no responde a un capricho del Gobierno. “No es un capricho, es un pedido de la Justicia y de las fuerzas de seguridad”, afirmó, al advertir que impedir estas compras “es negarle a la gente la posibilidad de que los delincuentes terminen entre rejas”.

 Sobre el cierre, Llaryora presentó una batería de anuncios en salud, educación, vivienda y producción, entre ellos el lanzamiento del programa MEDICOR, nuevos planes habitacionales, obras viales estratégicas y medidas para impulsar el empleo y el emprendedurismo. Con un mensaje enfático, concluyó que “Córdoba avanza cuando hay decisión política, orden fiscal y compromiso con la gente”.

 Martín Llaryora anunció un aumento de la jubilación mínima provincial, que pasará a ser de 800 mil pesos, y confirmó que Córdoba avanzará además en la restitución del 82% para un mayor número de jubilados antes de fin de año.

 Con este aumento la jubilación provincial se posiciona entre las más altas del país, a la vez que prioriza a los jubilados que menos ganan y más necesitan, en un contexto económico complejo a nivel nacional.

 La medida se inscribe en una serie de definiciones adoptadas por la Provincia para sostener el sistema previsional y fortalecer el poder adquisitivo de los haberes más bajos.

 En su mensaje, el mandatario ratificó su compromiso de defender la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, frente a los planteos que impulsan su traspaso a la Nación o a otros ámbitos de administración.

 Llaryora advirtió que una eventual transferencia implicaría una fuerte caída de los ingresos de los jubilados provinciales y los colocaría en una situación similar a la que atraviesan hoy muchos jubilados nacionales, con serias dificultades para cubrir necesidades básicas y acceder a medicamentos.

 “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó el gobernador, al destacar que la Provincia decidió asumir decisiones complejas para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin resignar derechos.

 En ese marco, recordó el envío a la Legislatura de la Ley de Equidad Jubilatoria, una norma que establece un esquema de esfuerzo compartido y solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes más ingresos perciben, más aportan. “Gracias a esa política, indicó, fue posible reducir el déficit del sistema previsional”, aseguró.

 Como resultado de estas medidas, en diciembre pasado más de 50 mil jubilados provinciales recuperaron el 82%, mientras que unos 10 mil beneficiarios dejaron de realizar el aporte del 20% previsto en el artículo 58.

Llaryora impulsa un proyecto de ley para que, durante los próximos 10 años, la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba se realice de manera sistemática en localidades del interior provincial incluidas en el Plan de Igualdad Territorial, con prioridad en el noroeste y el sur–sur de la provincia.

 La iniciativa se enmarca en la implementación de este plan, que apunta a reducir asimetrías históricas entre regiones a través de obras públicas e inversiones estratégicas. Según explicó el mandatario, el objetivo es potenciar la equidad entre ciudades y departamentos, promoviendo el desarrollo local y la generación de empleo.

 Llaryora consideró que trasladar el inicio del período legislativo al interior permitiría reforzar una mirada federal y acercar la gestión provincial a los territorios donde se ejecutan las políticas públicas. En ese sentido, sostuvo que el Plan de Igualdad Territorial demandará “muchos años de trabajo y un fuerte compromiso político”, por lo que propuso que las sesiones inaugurales funcionen como una instancia anual de rendición de cuentas.

A pocas horas del inicio de la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de Córdoba acordó postergar para febrero próximo el debate sobre la prohibición de los limpiavidrios, las restricciones a los cuidacoches no autorizados y el régimen de sanciones por el incumplimiento de la vacunación obligatoria. La decisión se tomó este lunes en el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad, marcada por cruces y fuertes diferencias entre los legisladores.

Se trata de tres de los ejes centrales de las modificaciones que el Gobierno provincial impulsó para reformar el Código de Convivencia Provincial y que había defendido en las últimas horas, con la intención de que fueran aprobados antes del receso legislativo. Sin embargo, esos puntos no serán tratados en la sesión prevista para esta tarde.

Desde la comisión, que debatió hasta pasadas las 13, legisladores reconocieron que el cambio de postura respondió a múltiples cuestionamientos. Según confiaron a medios locales, hubo planteos de intendentes y legisladores departamentales que objetaron tanto el contenido de los cambios como la urgencia en su tratamiento. A ello se sumó el pedido expreso de la Iglesia Católica para abrir una discusión más amplia.

Algunos parlamentarios admitieron que se trató de un “volantazo”, pese a que el Ejecutivo pretendía que los más de 20 cambios propuestos al Código quedaran aprobados este mismo lunes. La reunión comenzó con casi tres horas de demora y se desarrolló en un clima tenso, con numerosos cruces entre oficialismo y oposición.

Recién después del mediodía se consensuó postergar el tratamiento del artículo 60, que preveía arrestos, sanciones económicas y trabajos comunitarios para quienes cuidaran autos sin autorización legal. También se aplazó el artículo 60 bis, que establecía la prohibición de la limpieza de vidrios en vehículos y arrestos de hasta seis días. En la misma línea, quedó fuera del debate de este lunes el régimen sancionatorio vinculado a la vacunación obligatoria.

Tras el acuerdo, la comisión avanzó con los cambios que sí serán tratados en el recinto. El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, sostuvo que “la posición es avanzar en aquellos puntos donde existe un acuerdo amplio”, y remarcó que una norma de convivencia “necesita consenso político y social para tener legitimidad real”. Además, explicó que muchos municipios aún no tienen reglamentado el uso del espacio público, por lo que consideró necesario dar tiempo a los gobiernos locales para organizarse.

Desde la oposición interpretaron la postergación como un mensaje político al Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, impulsor de las modificaciones. Un legislador opositor afirmó que “se postergan por la postura de la Iglesia”, mientras que otro dirigente radical resumió: “Arrugó el peronismo”.

Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, criticó con dureza la decisión y afirmó que “la discusión sigue frenada” mientras, según dijo, “la sociedad cordobesa exige una solución ya”.

Sin los puntos más polémicos, este lunes se debatirán otras modificaciones, como el aumento de sanciones por evasión de controles policiales, por agresiones a personal educativo, de salud y de seguridad, mayores penalidades por basurales y fiestas clandestinas, la figura de reiterancia y la creación de un registro de condenas contravencionales.

La Legislatura de Córdoba avanzará este viernes en el tratamiento de un proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches (naranjitas) y los limpiavidrios en todo el territorio provincial, en el marco de una reforma del Código de Convivencia. La iniciativa comenzará a discutirse en la Comisión de Seguridad, con la intención de que el debate derive en una pronta definición parlamentaria.

El proyecto apunta a otorgar un marco normativo específico para la actuación de la Policía, frente a prácticas que el Ejecutivo provincial considera coercitivas y vinculadas al orden público. “El orden público no se negocia y es lo que la gente nos está pidiendo, control sobre este tipo de actividad coercitiva”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones a La Voz del Interior.

En relación a los cuidacoches, el funcionario aclaró que la propuesta contempla excepciones en los casos en los que existan acuerdos formales entre municipios y cooperativas para la explotación de determinados espacios. “Esto no es criminalizar la pobreza”, remarcó Quinteros, al defender el enfoque de la iniciativa.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de la actividad de los limpiavidrios, que, según indicó el ministro, representa también un problema de seguridad vial. “En el caso de los limpiavidrios se trata hasta de una cuestión de seguridad vial”, sostuvo.

La reforma del Código de Convivencia que se analizará en comisión contempla tres ejes principales: poner fin a los cuidacoches ilegales, prohibir la actividad de los limpiavidrios y aplicar multas a las familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria. Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca fortalecer la convivencia, la paz social y el orden público en un contexto socioeconómico complejo.

Quinteros también adelantó que se incluirá un apartado vinculado a las fiestas clandestinas, con sanciones más severas. “Además del decomiso de los bienes queremos que se avance sobre el titular registral de la vivienda y que sufra una sanción ejemplar”, explicó.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Reforma del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba:<br><br>Mañana la Comisión de Seguridad de la Legislatura tratará la reforma del Código de Convivencia con tres ejes claros: <br><br>✔️ Fin a los naranjitas ilegales.<br>✔️ Prohibición de limpiavidrios.<br>✔️ Multas a familias que no…</p>&mdash; Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) <a href="https://twitter.com/QuinterosJP/status/2004371643603308565?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En ese marco, el ministro planteó la necesidad de actualizar el Código contravencional para dotar al Estado de herramientas más eficaces. “El orden público requiere que los tres poderes del Estado converjan en una misma y única estrategia: prevenir y combatir el delito, protegiendo la vida y los bienes de los cordobeses”, expresó.

En ciudades del interior, como San Francisco, este tipo de situaciones ya fue abordado mediante controles realizados durante el año, en el marco de operativos locales orientados a regular estas prácticas en el espacio público. La discusión provincial busca ahora establecer un criterio uniforme para toda Córdoba.

Las reformas que se debatirán fueron difundidas por el propio Quinteros a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde instó a los legisladores de todos los bloques a dar una discusión “seria”, priorizando la tranquilidad de los ciudadanos.

La Legislatura de Córdoba aprobó durante la madrugada un paquete de cambios previsionales, la suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y el Presupuesto provincial 2026, en el marco de la sesión más extensa del año, desarrollada en un clima de tensión y con negociaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

La iniciativa previsional incorpora el pago de un adicional mensual no remunerativo para alcanzar hasta el 82% del haber en el caso de jubilados provinciales que perciban menos de $1.300.000, además de habilitar una modificación de las alícuotas de aportes a la Caja, que podrán incrementarse entre el 2% y el 8%. El proyecto fue aprobado con los votos del PJ y el acompañamiento de legisladores aliados como Karina Bruno y la radical disidente Graciela Bisotto.

Tras la votación, el legislador oficialista Facundo Torres explicó a La Voz del Interior.  “Se aprobó un descuento que va del 2 al 8% y luego estará la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo”, destacó. Además, sostuvo: “La oposición está tratando de encontrarle a este reforma una trampa que no existe”. Sobre el alcance del adicional, aclaró: “El 82% que se va a devolver no es móvil porque no se puede ante la situación de default que vive la Caja de Jubilaciones”.

Torres también se refirió a un artículo vinculado a las cajas previsionales sindicales: “Hubo un pedido de algunos dirigentes sindicales que plantearon la posibilidad de hacerse cargo de sus cajas previsionales y aprobamos un artículo que habilita este tipo de movimientos, pero estoy seguro que ninguno va a querer recibir una Caja en déficit”.

La discusión comenzó pasadas las 20, cuando el oficialismo habilitó el debate sobre los cambios previsionales dentro de un paquete de temas. Desde el PJ señalaron que la propuesta tomó como base una iniciativa popular impulsada por jubiladas que reclaman el 82% del haber.

Al abrir el debate, la legisladora Nadia Fernández fundamentó la iniciativa al señalar el déficit de la Caja y los atrasos en las partidas nacionales, y afirmó que el proyecto busca mejorar los ingresos de más de 50 mil jubilados. “Esto llegará al 60% de los jubilados a los que se les devuelve ese 82%, es un esquema retributivo, y aportes del 2 al 8%, para los haberes que más reciben”, explicó. También precisó: “Declaramos la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja por cinco años y con la posibilidad para que se prorrogue”.

El proyecto sancionado mantuvo el artículo 4, que establece “el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82%”, y el artículo 5, que fija que “el Ejecutivo podrá adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores en un porcentaje de hasta un 8%”, previo informe de la Caja de Jubilaciones.

Uno de los puntos más cuestionados fue el aumento de los aportes para los salarios más altos. Sobre esto, el legislador Ricardo Sosa sostuvo: “Este despacho no es marketing ni parche. Es trabajo, es escucha, es responsabilidad”, y agregó que “establece una redistribución que entendemos más justa”. Luego aclaró sobre los aportes: “Nadie aportará el 8% porque gana el 4%, del Foca que se deroga”, y explicó: “A los que se les retengan más del 4%, aportarán la diferencia entre el 4% y el aporte que le corresponda. Máximo 4 puntos para los que aportan 8%”.

Sosa también señaló: “Los que más perciben en su jubilación son los que colaboran con el adicional del 82% para el segmento más bajo. Expresado en números son 10 mil pasivos de altos ingresos que mejoran los ingresos de 53 mil de menores ingreso”.

Por su parte, Matías Chamorro afirmó: “El proyecto previsional retoma una propuesta que pusimos en agenda desde el inicio: la restitución del 82% para el 60% de los jubilados cordobeses que menos ganan”, y añadió: “Se elimina el aporte solidario para quienes menos cobran, se morigera hasta la eliminación el diferimiento y se establecen criterios de equidad, proporcionalidad y justicia social”.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, expresó: “Estamos perdiendo una gran oportunidad de tratar una ley que resuelva la grave situación del sistema previsional de Córdoba”, y cuestionó: “Trajeron este despacho hoy al mediodía. Como nos tienen acostumbrados los fines de año”. Luego agregó: “Esto que hacen con los jubilados es una perversidad”.

La legisladora radical Brenda Austin calificó el proyecto como “una burla en la cara de los jubilados” y afirmó: “Se montaron en la iniciativa popular para ir por un atropello en las jubilaciones de Córdoba”. En tanto, Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, sostuvo: “El Papá Noel cordobés vino con un regalo engañoso”, y enumeró que “declara la emergencia de la Caja de Jubilaciones, aumenta la alícuota a los trabajadores activos hasta un 8% y va a realizar un aumento no remunerativo para algunos jubilados”.

El legislador radical Dante Rossi afirmó: “Votamos en contra el proyecto jubilatorio porque es un nuevo ajuste”, y agregó que “no reconoce el 82% sino una suma no remunerativa y da excesivas facultades al gobernador”. También el legislador Agustín Spaccesi manifestó: “Le otorgan poderes totalmente discrecionales al gobernador. Me parece una barbaridad, ciento por ciento populista”.

Además de la reforma previsional, la Legislatura avanzó con el Presupuesto 2026, que prevé ingresos por $11.882.277 millones y gastos por $11.442.372 millones, con un resultado financiero positivo de $439.905 millones. También se aprobaron cambios impositivos, entre ellos un descuento del 25% en el Impuesto Inmobiliario para contribuyentes con un único inmueble valuado hasta $124 millones.

Hacia el cierre de la extensa sesión, se aguardaba además el inicio del debate por el aval a los pliegos de Carlos Lezcano como fiscal general del Ministerio Público Fiscal, en una jornada que reunió a más de 50 legisladores y se extendió hasta la madrugada.

Bautista Arregui, alumno de quinto grado de la Escuela Normal Superior "Dr. Nicolás Avellaneda", fue seleccionado para participar en el II Parlamento Infantil 2025, evento realizado en la Legislatura de la Provincia de Córdoba el pasado 1 de septiembre. La ENA fue la única institución de la ciudad elegida para integrar el programa, que busca fomentar la participación estudiantil en temas de interés comunitario bajo la premisa "la escuela que queremos". Durante la jornada, el estudiante debatió sobre educación ambiental junto a autoridades provinciales, destacando la importancia de escuchar a los niños en la toma de decisiones escolares. Tras una selección interna en la escuela, Bautista fue elegido por sus compañeros para representar a la institución en las instancias regional y provincial del programa. 

Durante la etapa regional, celebrada en mayo, participaron escuelas públicas, privadas y rurales de la zona. Allí, Bautista y sus compañeros trabajaron en la elaboración de un documento institucional con propuestas sobre cuatro ejes: Educación Sexual Integral (ESI), ambiente, patios y recreos, y participación escolar. Finalmente, fue seleccionado para representar a la región en la instancia provincial, donde debatió en comisiones en el recinto legislativo. 

"Fue una experiencia enriquecedora, aunque al principio estuve nervioso, pero es importante que los chicos se animen porque es una oportunidad única para hacer oír su voz", destacó Bautista, quien fue asignado al eje ambiental.

Arregui presentó una propuesta integral enfocada en la mejora del ambiente escolar durante su participación en el II Parlamento Infantil 2025. Entre sus principales sugerencias se encuentran la plantación de más árboles autóctonos en los patios y veredas de las escuelas, protegidos con cercas para su cuidado, así como la creación de espacios verdes con pasto y la implementación de una patrulla ambiental encargada de su mantenimiento.

Además, el estudiante propuso iniciativas educativas como talleres para aprender a sembrar y mantener huertas, incluyendo sistemas hidropónicos, respaldados por guías y enciclopedias con instrucciones detalladas de cuidado. También destacó la importancia del uso de compost para la gestión de residuos orgánicos y la organización de talleres sobre cuidado de mascotas, con el objetivo de concientizar sobre la adopción responsable y el trato adecuado hacia los animales. Las propuestas reflejan una visión integral que combina acciones prácticas con educación ambiental y social, mostrando cómo los niños pueden ser protagonistas en la construcción de escuelas más sostenibles y comprometidas con el entorno.

La docente Macarena Guardiola, quien acompañó a Bautista durante todo el proceso, resaltó la relevancia de las propuestas infantiles. "Los pedidos de los estudiantes son mucho más necesarios que algunas cosas que a veces no nos damos cuenta. Es un punto de vista fresco y necesario para mejorar las escuelas", afirmó.

Según Guardiola, el Parlamento Infantil forma parte de un proyecto más amplio que incluye el Parlamento Juvenil, y busca fomentar la democracia desde edades tempranas. "Ver cómo los chicos asumen compromisos con responsabilidad es inspirador. La idea es que estas propuestas se concreten y cobren sentido en la realidad escolar", añadió la docente. 

El evento provincial contó con la participación de estudiantes de todo el territorio provincial, quienes ocuparon bancas en la Legislatura y debatieron propuestas concretas. Bautista, elegido entre 70 estudiantes de la región y la provincia, demostró que la voz infantil es clave para construir escuelas más inclusivas y sostenibles. 

"Los alumnos ven las herramientas como los bancos, las sillas o los patios desde otra perspectiva. Escucharlos es fundamental porque cambia la forma en que entendemos la educación", reflexionó Bautista al finalizar su participación, dejando un mensaje claro: las propuestas de los niños no solo son válidas, sino necesarias para transformar el sistema educativo.

La Legislatura de Córdoba incrementó en los últimos dos meses y medio, y de manera considerable, el número de asesores monotributistas. Desde julio pasado y hasta el viernes 19, ya suma 425. A ellos, hay que sumarles los 1.046 contratados como asistentes y los 389 agentes de planta permanente que tiene la Unicameral.

En los primeros meses del año, la Legislatura de Córdoba había tomado los servicios (de enero a mediados de marzo) de 287 monotributistas, de acuerdo con una información publicada por La Voz del interior.

El incremento de los monotributistas es del 48%.

En ese momento, los contratados sumaban 1.055 y había 389 agentes de planta permanente; lo que totaliza una dotación de 1.731 personas para los 70 legisladores que tiene en esta provincia el cuerpo legislativo.

En febrero pasado, este medio había presentado un pedido de Acceso de Información Pública, al Gobierno de la Provincia, para conocer la cantidad de contratados en la Unicameral; pero tras la negativa de las autoridades legislativas a responder, se elevó a la Justicia un recurso de amparo.

Semanas antes se había conocido el caso de la “empleada fantasma”, por el que hoy está detenido el exconcejal del PJ Guillermo Kraisman, quien días atrás aseguró a Perfil Córdoba que “hay contratos de la Legislatura para pagar el trabajo territorial”.

Finalmente, en mayo último la Unicameral publicó en el portal oficial un listado completo de los 1.055 contratados, con el detalle de las áreas o legisladores para los que prestan tareas.

Esto permitió conocer que los legisladores tienen un promedio de cinco asesores contratados, además de los que cumplen tareas para bloques y direcciones, pero que el número es mayor si se toman los monotributistas, que figuran en el sitio oficial como personal no permanente.

Como se dijo, de enero a mediados de marzo, los monotributistas sumaban 287. Pero fueron en aumento, ya que en este nuevo relevamiento de La Voz se pudo conocer que sumaron 138 más. ¿Dónde se ubican? Por ejemplo, desde julio pasado y hasta el viernes 19 de septiembre, la cifra de cobros por asesorías pasó a 370.

Además de otros 55 para asistir a algunas de las 30 comisiones permanentes.

Por lo que sumaron 425 cobros de monotributistas, 138 más si se compara con los primeros meses del año. De esta forma, se desprende que se sostuvo el número de contratados, pero se incrementó el personal que se requirió como asistente mensual.

Otro dato de la información oficial es que hasta marzo pasado se detallaban que 105 monotributistas dependían directamente de la Vicegobernación, bajo la órbita de la Secretaría General que conduce Guillermo Alonso, hombre de extrema confianza de Myrian Prunotto.

Otros 85 respondían al bloque Hacemos Unidos por Córdoba y a legisladores oficialistas. La UCR tenía 50; el Frente Cívico 19; y Construyendo Córdoba (los radicales disidentes Dante Rossi y Sebastián Peralta) 13.

En la foto actual se muestra un escenario distinto no sólo por el aumento de los monotributistas, pero ya no figuran asignaciones a la Vicegobernación, sino a las áreas que fueron requeridos.

El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba tuvo en estos dos meses y medio 134 presentaciones de facturas por cobro de monotributistas; seguido de la bancada de la UCR, 70; además del personal que requirieron para las comisiones.

El Frente Cívico tuvo 26.

También hubo otros bloques minoritarios que, en menor cantidad, sumaron monotributistas, como Construyendo Córdoba, de los radicales Rossi y Peralta; la izquierda, de Luciana Echevarría; Creo, de Federico Alesandri; Mejor Futuro, de Gregorio Hernández Maqueda; y las legisladoras Karina Bruno (PRO, aliada al oficialismo) y Graciela Bissoto (radical disidente).

Agosto pasado, por ejemplo, fue el mes con más monotributistas de las últimas semanas. Hacemos Unidos por Córdoba registró 58; la UCR, 40; el Frente Cívico, 25; Construyendo Córdoba, 7; y la Izquierda, 4. Además, figuraron asesores monotributistas en distintas direcciones y secretarías. También se sumaron los monobloques.

En este esquema de crecimiento, hay excepciones: los legisladores Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) y Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) no tienen personas solicitadas como monotributistas.

Otro dato que se desprende de la información del Portal de Transparencia es que se dieron en lo que va del año tres aumentos en cuanto a lo que percibe un monotributista por un asesoramiento por mes.

A comienzos de año, percibían $ 310 mil. En julio, el monto trepó a $ 510 mil y hoy llega a $765 mil.

La Legislatura cuenta con 30 comisiones permanentes, pero la dinámica de trabajo no se corresponde siempre a la cantidad de asesores. Además, no todas mantienen con regularidad las reuniones semanales. En julio, los legisladores sumaron 24 monotributistas para ser asistidos para estas tareas; en agosto fueron 39; y en septiembre, 1. Por lo que en dos meses y medio se pagaron 55 asesoramientos.

Pero, ¿cuántas reuniones de comisiones se realizaron? En julio (con un receso de dos semanas), se hicieron seis reuniones y se pagó el asesoramiento a 24 monotributistas; en agosto, 15 encuentros y hubo 30 cobros de monotributistas por asesorar; y en lo que va de septiembre, cinco reuniones y un asistente fue requerido y publicado hasta la fecha.

También se detectaron casos de asesores contratados para comisiones que no sesionaron e incluso personas que figuran un mes en una comisión y al siguiente como asesores en otra distinta.

Los datos publicados identifican al prestador que factura con su nombre y otros datos personales, pero no siempre se informa al legislador que solicitó su incorporación.

Los monotributistas no perciben aguinaldo ni gozan de estabilidad laboral. Al mismo tiempo, tampoco tienen incompatibilidades para facturar a otras dependencias del Estado, por lo que hay asistentes en la Legislatura que también colaboran en la Municipalidad de Córdoba.

 La experiencia estudiantil encuentra en Córdoba un espacio de participación política único. Esta semana, la alumna Celina Malano, de sexto año “D” de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” de San Francisco, ocupará la banca de legisladora provincial en el marco del programa Estudiantes Legisladores, impulsado por la Legislatura de Córdoba y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación.

Celina no estará sola: la acompañará como asesora Alba Winiarski, de quinto “D”, pero además, el apoyo y respaldo de sus otros compañeros de la escuela. Esta participación, se logró hace unas semanas atrás en otra jornada local en la que estuvieron presentes los estudiantes del ProA Software Evelina Feraudo de nuestra ciudad y de otros establecimientos de nivel medio de distintas localidades del departamento San Justo.

El camino hacia la Legislatura comenzó meses atrás. En abril, los estudiantes viajaron a Córdoba, donde participaron de la instancia de presentación en la Universidad Provincial. Allí recibieron las pautas del programa, que propone que cada bloque zonal elabore un proyecto de ley. A la zona 2, que agrupa a San Justo y localidades vecinas, le correspondió trabajar el eje de cultura.

“Nosotros realizamos un proyecto de ley que llamamos Ley de Acceso, Promoción y Difusión Cultural para Estudiantes Cordobeses, y en palabras simples, la “Noche del Talento Juvenil Cordobés”, explicó Malano a LA VOZ DE SAN JUSTO. Tras un debate regional en el que actuaron como escuela anfitriona, su propuesta obtuvo el consenso necesario para llegar al recinto provincial.

La iniciativa propone instaurar el 16 de septiembre, en conmemoración de la Noche de los Lápices, como una jornada provincial en la que estudiantes de distintos puntos de Córdoba puedan mostrar sus talentos, emprendimientos y producciones artísticas.

“Buscamos generar un espacio de visibilización y profesionalización de los jóvenes, incluyendo también una dimensión de educación financiera para quienes comercializan sus productos”, detalló Alba Winiarski. La idea surgió, en parte, de encuestas realizadas en la ciudad y la región. “El resultado fue claro: los adolescentes tenemos muy poca visibilidad en el ámbito cultural y necesitamos espacios para expresarnos”, añadió.

El proyecto, además, incorporó aportes de otras escuelas que se sumaron en la instancia regional. “Se agregaron propuestas como la enseñanza de lengua de señas, lectura de braille o la obligatoriedad de las danzas folclóricas en las escuelas. Eso lo hizo más completo”, comentó Malano.

El encuentro regional en San Francisco fue organizado por los propios jóvenes. Además de Malano y Winiarski, el equipo estuvo formado por: Samir Mó, Sofía Elsener y Sofía Valenzuela. También colaboraron en la organización de la jornada Joaquín Ferreyra y Benjamín Loyola, bajo la coordinación de las docentes Judith Longo y Natalia Matteos.

Celina valoró esa experiencia: “Nunca fue un ambiente de discusión dura, sino de búsqueda de acuerdos. Aprendimos a adaptarnos, a escuchar otras propuestas y a reformular lo nuestro sin perder la esencia”.

Por su parte, Sofía Elsener, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, sotuvo que: “Más allá del debate, el clima siempre fue de cooperación y no de conflicto. Se buscaba unificar proyectos y llegar a consensos”.

El intercambio con jóvenes de pueblos y ciudades del departamento San Justo enriqueció el trabajo. “Ellos nos contaban que no tienen los mismos espacios culturales o deportivos que nosotros en San Francisco. Para ellos es más difícil acceder a infraestructuras o realizar proyectos estudiantiles. Eso nos hizo valorar lo que tenemos y también pensar en la necesidad de políticas inclusivas”, reflexionó la legisladora estudiantil.

En la misma línea, Samir Mó, vicepresidente del Centro de Estudiantes, destacó: “Muchos colegios usan el centro solo para recaudar fondos, algo que ya hace la cooperadora. Les sorprendía que acá lo aprovechemos para proyectos culturales o educativos. Se sorprendieron también con nuestra independencia para organizarnos”.

Más allá de la futura sesión en la Legislatura, los estudiantes destacaron el aprendizaje vivido en el proceso. “Nos permitió conocer otras realidades, entender las limitaciones de muchos jóvenes y valorar lo que tenemos. También nos abrió la posibilidad de pensar proyectos comunes”, resumió Malano.

El 4 y 5 de septiembre, el proyecto será presentado en el recinto legislativo junto a iniciativas de otras zonas de la provincia. Para los jóvenes sanfrancisqueños, será la oportunidad de demostrar que la participación estudiantil no es un simulacro, sino una verdadera práctica ciudadana.

“Sentimos que tenemos una voz y que se nos escucha”, afirmó Sofía Elsener. Y Celina Malano concluyó: “Lo importante es que todos los talentos juveniles de Córdoba tengan un espacio para crecer y ser reconocidos. Ese es el espíritu de nuestro proyecto de ley”.

La voz de los pueblos más pequeños también se hará escuchar en Córdoba. Martina Borda Bossana, alumna de la Escuela Primaria José María Paz de El Tío, fue seleccionada para representar a San Francisco y a otras localidades del departamento San Justo en la instancia provincial del programa Estudiantes Legisladores, una iniciativa conjunta entre la Legislatura de Córdoba y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación.

La docente de sexto grado, Natalie Ascuet, contó a este diario que la experiencia fue inédita para la institución: “Es la primera vez que participamos y al principio teníamos un poco de temor, pero con las capacitaciones y el acompañamiento pudimos guiar a los alumnos. Estamos muy orgullosos de que todas las propuestas que llevaron hayan sido incluidas en el documento final que se debatirá en la Legislatura”.

La jornada zonal se realizó días atrás en la Escuela Normal de San Francisco. Allí, las distintas escuelas del departamento presentaron proyectos vinculados a los ejes de Ambiente, Educación Sexual Integral, Escuela y Participación, y Patio y Recreo.

Por la José María Paz participaron Martina Borda Bossana y Lucas Sánchez, quienes representaron a la localidad de El Tío. “Para ellos fue toda una experiencia, se sorprendieron por lo grande de la escuela y la cantidad de chicos participando. También valoraron mucho poder conocer a estudiantes de otros lugares”, señaló Ascuet.

La normativa del programa establecía que, en esta instancia, debían elegirse dos representantes: un varón y una mujer. Sin embargo, para la fase provincial solo podía continuar uno de ellos. Tras una votación democrática entre los grupos que intervinieron, la elegida fue Martina.

Las iniciativas que llevaron desde El Tío fueron variadas y con fuerte anclaje en la vida escolar. Lucas Sánchez contó que en el eje de ESI trabajaron sobre bullying, mientras que en Patio y Recreo propusieron recuperar los juegos tradicionales del patio con nuevas pinturas.

Martina, en tanto, detalló que la escuela impulsa diferentes proyectos ambientales: uso de ecoladrillos, separación de residuos y un plan sobre el ciclo del agua. También mencionó que en el eje Escuela y Participación se propuso crear un centro de estudiantes, además de un botiquín y un ropero escolar. “Ya juntamos ropa para los alumnos que necesitan los uniformes”, precisó.

La niña tuvo un primer ensayo de exposición en la Feria de Ciencias, donde presentó los proyectos al resto de la comunidad. “Es una buena oportunidad para dar a conocer a los vecinos lo que estamos haciendo, porque muchos no lo sabían”, comentó.

Martina reconoce que haber sido seleccionada es un motivo de felicidad, pero también de compromiso: “Estoy muy contenta y orgullosa de haber sido elegida, pero sé que es una gran responsabilidad porque voy a representar a mi escuela, a mi pueblo y a una parte de las localidades del departamento San Justo”.

Su maestra asegura que está preparada para el desafío: “Tanto Martina como Lucas tienen habilidades para la oralidad y se destacan a la hora de exponer o defender sus ideas. Eso mismo que vimos en las jornadas zonales se replica en el aula todos los días”.

El programa Estudiantes Legisladores no solo permite a los jóvenes acercarse al funcionamiento de las instituciones democráticas, sino que también garantiza que chicos y chicas de pueblos pequeños tengan las mismas oportunidades que los de las grandes ciudades.

“Muchas veces los pueblos más chicos no tienen tantas posibilidades de participar y ser escuchados. Que Martina sea la representante de nuestro departamento es una señal de que las voces de todos los estudiantes importan, vivan donde vivan”, reflexionó la docente.

La alumna espera ansiosa el momento de exponer en el recinto provincial, convencida de que sus propuestas pueden inspirar a otras escuelas. “Ojalá que alguno de nuestros proyectos se pueda hacer en otros lugares”, expresó con entusiasmo.

El próximo lunes, la legislatura cordobesa recibirá la voz de una niña que lleva en sus palabras las ideas de toda una comunidad. Una oportunidad para reafirmar que la participación ciudadana comienza desde la escuela y que los sueños de los más pequeños también merecen llegar al lugar donde se toman las grandes decisiones.

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta, del bloque Construyendo Córdoba, solicitaron formalmente la convocatoria a una sesión especial de la Legislatura Unicameral para el lunes 26 de mayo a las 11. El pedido fue dirigido a la presidenta del cuerpo, Myrian Prunotto, y se ampara en el artículo 26 del reglamento interno.

El objetivo del encuentro legislativo es debatir y emitir una declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la baja transitoria de los derechos de exportación a los principales cultivos agropecuarios. Los legisladores advierten que esta medida implicaría el restablecimiento de las retenciones a niveles previos.

En su solicitud, Rossi y Peralta citaron recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien señaló: “Avísele al campo que, si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”, expresando también su negativa a negociar sobre el tema. Según los firmantes, la ratificación de esta postura por parte del Ejecutivo representa un nuevo agravio para el sector productivo.

“El federalismo no se respeta. Producimos más de lo que vuelve a nuestras provincias. No hay obra pública nacional, se eliminaron el FONID y los subsidios al transporte, y nuestros sistemas previsionales no reciben un peso. No podemos permitir que ahora también vengan por el campo”, sostuvo Rossi.

Como base del debate legislativo, los legisladores proponen un texto de declaración que solicita al Gobierno nacional no avanzar con la restitución de las retenciones eliminadas en el primer semestre y reitera el pedido de su eliminación total, en defensa de las economías regionales y de un modelo de país más federal.

El abogado, exmagistrado judicial, ensayista y conferenciante de San Francisco, Adolfo Kuznitzky recibió el beneplácito que la Legislatura de Córdoba le entregó a su libro “Estudios sobre los judíos de Italia y España”. El acto se realizó este martes en el Auditorio de la Democracia de la sede legislativa, donde el autor estuvo rodeado de amigos y familiares. 

Allí, las legisladoras Alejandra Ferrero y Ariela Szpanin, impulsoras del proyecto, junto a los legisladores presentes, Oscar Tamis y Nancy Almada, le entregaron una placa conmemorativa y el diploma correspondiente. Este reconocimiento fue aprobado en sesión plenaria del pasado 13 de mayo. 

“Me enorgullece que todo el arco político de la Legislatura haya acompañado este acto”, dijo el homenajeado y aseguró que su pasión es la historia.  

“Es evidente el respeto intelectual que se te tiene, también a tu lucha volcada en cada publicación. Este reconocimiento es a tantos años de estudio y esfuerzo. Agradecemos el legado que nos dejás, que son tus libros”, expresó Ferrero. 

Por su parte, Tamis ponderó que el reconocimiento se haga en vida: “Así los homenajes valen la pena, para poder escuchar a la persona distinguida y su trayectoria”.

Entre las amistades que presenciaron la ceremonia, se destacaron las palabras del historiador Prudencio Bustos Argañaraz; del integrante de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, Jorge Lewit; y del representante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, Hugo Ferrero.  

Según describen las parlamentarias en los fundamentos de esta declaración, “Estudios sobre los judíos de Italia y España” constituye “una obra de gran valor para la comprensión de la historia judía, en particular en lo que respecta a las comunidades sefardíes y su legado en Italia y España”. Y continúan: “La erudición, la profundidad analítica y la sensibilidad del autor hacen de este libro una contribución significativa al diálogo intercultural y al enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre el pasado”. 

En su reciente publicación, el escritor nacido en San Francisco recopila conferencias que ha presentado en diversos debates y exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional, en los cuales profundiza sobre el judaísmo y el antisemitismo.

Kuznitzky es autor de una extensa obra sobre esta religión, en la cual demuestra su compromiso con el estudio y la difusión de la historia judía. Entre sus libros anteriores se incluye “Italia y el antisemitismo” y “España, el antisemitismo y el Holocausto”. Además, ha sido distinguido con galardones como el Premio Moisés (2011), de la Sociedad Hebraica Argentina de Buenos Aires, y el Premio Ozik Rosenblat (2014), de la Asociación para el Progreso de la Educación de Córdoba. 

El legislador cordobés Carlos Briner protagonizó un accidente fatal en la Ruta 6 donde una mujer murió en el acto tras chocar de frente. El funcionario debió ser trasladado a un hospital por heridas.

El siniestro fatal tuvo lugar sobre la ruta provincial 6, en el tramo que une el cruce con la ruta 3 y la localidad de Justiniano Posse. Allí, por motivos que aún se desconocen, una camioneta Ford Territory chocó de frente contra un auto Chevrolet Onix.

En el vehículo pequeño manejaba una mujer, identificada como Adriana del Valle Ladrón de Guevara de 63 años, quien falleció en el lugar producto del fuerte impacto.

Respecto al legislador, viajaba en la camioneta y debió ser derivado a un hospital de Bell Ville. Medios locales informaron que Briner estaba consciente al momento de su traslado, pero estaría internado en terapia intensiva.

Aunque resta analizar las pericias llevadas a cabo tras el siniestro, la principal hipótesis es que la víctima intentó doblar en “U” y producto de la riesgosa maniobra resultó impactada por la camioneta.

Actualmente Briner es legislador provincial por la Unión Cívica Radical y entre 2015 y 2023 fue intendente de la ciudad cordobesa de Bell Ville.

El pasado 12 de diciembre, unánimemente, la Legislatura de la Provincia de Córdoba distinguió a LA VOZ DE SAN JUSTO por su 110° aniversario que se celebrará este miércoles 1 de enero de 2025,y por ser “un medio de comunicación independiente por excelencia, que ha atravesado a varias generaciones, logrando que las personas lo sigan eligiendo por la seriedad y dedicación que le brindan a la información”.

El proyecto presentado por el legislador de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, avalado por todo el cuerpo legislativo, justifica que “Este medio gráfico ha logrado cabalmente con su función periodística y de manera continuada, trabajar en defensa de los supremos intereses de la ciudad y la región”.

“Con más de 70.000 lectores, el diario se ha convertido en un gran medio de información, logrando a través de sus coberturas, contar con información internacional, nacional, provincial, regional, trascendiendo incluso al departamento San Justo e informando sobre los acontecimientos de localidades santafecinas como Frontera, Rafaela, San Jorge, entre otras”, reza el documento elaborado por Rossi y su equipo de trabajo, y agrega “Los ciudadanos de San Francisco y la región tienen un sentido de afecto hacia dicho diario, permitiendo desde hace más de un siglo, ingresar a todos los hogares, bares, empresas y diversos lugares de trabajo, llegando incluso a las zonas rurales. Por dicha razón es que cuando una persona quiere saber algo o busca información sobre un tema en particular, al primer medio que acude para saber que sucedió o corroborar su veracidad es a LA VOZ DE SAN JUSTO”.

De la entrega física del reconocimiento que se realizó el pasado jueves en la biblioteca y hemeroteca de nuestro medio que como puntualiza el proyecto aprobado “es archivo de todos los acontecimientos que han sucedido en San Francisco y también en la región, con el aporte histórico y cultural que esto conlleva”, participaron Jessica Baudracco, vicepresidenta del Comité San Francisco de la UCR y asesora de Rossi en la Legislatura y el tribuno de cuentas municipal, Cristian Canalis.

Al respecto, Canalis señaló que “Yo me críe con el diario. No solo que me críe, sino que esperaba ansioso al canillita a la madrugada. El diario era parte de nuestra formación. A nosotros en la escuela muchas veces las docentes nos enseñaban con el diario en la mano. Que se mantenga la llama viva después de tanto tiempo es para sentirse orgullosos. El diario reseteo los límites de la ciudad. Porque no es solo de San Francisco y eso se da por la objetividad e imparcialidad que tiene”.

Por su parte, una de las directoras de LA VOZ DE SAN JUSTO, Constanza Martínez, al momento de recibir la distinción aseguró que “si bien la cara visible del medio somos nosotros, esta distinción nos orgullece por el equipo de trabajo. Ha sido un año de muchos desafíos para todos nosotros y lo hemos podido afrontar manteniendo los valores periodísticos que siempre perseguimos, gracias a ese equipo, del cual estamos orgullosos. Agradecemos a ustedes y a través de ustedes, a toda la Legislatura por la distinción”.

La Legislatura provincial dio luz verde a la designación de la abogada sanfrancisqueña Jesica Raquel Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en una votación que reflejó las tensiones políticas en torno al nombramiento. La sesión, que se extendió durante varias horas, concluyó con 36 votos afirmativos, 27 negativos y 5 abstenciones.

La designación de Valentini fue respaldada por el bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y algunos legisladores independientes Agustín Spaccesi, Graciela Bisotto y Karina Bruno; mientras que el bloque del Frente Cívico y la UCR expresaron su rechazo; y el PRO, Construyendo Córdoba (Rossi-Peralta) y Luciana Echevarría del MST-Fitu, se abstuvieron.

También, el pleno legislativo prestó acuerdo para nombrar a Alejandro Augusto Pérez Moreno,  como fiscal adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, y a los candidatos en distintos cargos del Ministerio Público de la Defensa. Así, fue designado el abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro como defensor General; los abogados Pablo Damián Pupich y Néstor Alejandro Gómez, como defensores adjuntos; y la abogada Guadalupe García Petrini como defensora Adjunta en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. Cabe aclarar, que ésta última es una de las defensorías con competencia específica creada por Ley el pasado 18 de diciembre.

Durante la sesión que comenzó a las 15, la legisladora Julieta Rinaldi destacó la trayectoria profesional de Valentini, señalando su "extensa carrera en el ámbito privado y público, además de una activa formación académica y vinculación con los derechos humanos". El oficialismo también resaltó la importancia de incorporar una mujer al máximo tribunal provincial.

“Al ser designados, por su idoneidad, los propuestos para el Ministerio Público de la Defensa brindarán un servicio de acceso a la justicia integral y de calidad”, indicó Gustavo Tevez, en calidad de miembro informante en la defensa de los pliegos para esos cargos que elevó el Poder Ejecutivo 

Néstor Gómez

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Matías Pablo Gvozdenovich, adelantó el voto negativo de su bloque argumentando que "aceptar la designación de la doctora Valentini sería dejarle poner una funcionaria de gobierno y prima segunda del gobernador". También cuestionó los alegatos en defensa de su postulación durante la audiencia pública, calificándolos como "un tanto vergonzosos".

Por su parte, el presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, argumentó que si bien no existe un impedimento legal, "es absolutamente un impedimento ético" y sostuvo que "en Córdoba hay muchísimas mujeres abogadas de la matrícula que litigan o en el ámbito académico que seguramente están en condiciones de ocupar ese lugar".

En una enérgica defensa, el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Siciliano, recordó ejemplos históricos de designaciones judiciales y destacó que su espacio político "nunca más nombró un juez a dedo, que cumplió siempre la ley para nombrar cargos en la justicia". "Es cumplir la ley, es cumplir la Constitución como lo dice la Constitución Provincial", enfatizó Siciliano.

En la misma histórica sesión, otro sanfrancisqueño, Néstor Alejandro Gómez, fue designado como Defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa. Su nombramiento fue aprobado con 35 votos afirmativos, 28 negativos y 4 abstenciones, completando así una jornada significativa para la representación de nuestra ciudad en el sistema judicial cordobés. 

Con una fuerte inversión en Educación, Salud y Seguridad, el gobierno de Córdoba llevó a la legislatura el presupuesto provincial 2025 de la mano del ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.

El Ejercicio Fiscal 2025 prevé eliminar 50 tasas y el impuesto a la Mera Compra; no registra aumentos de la presión impositiva y las actualizaciones salariales irán en línea con la inflación. También mantiene tiene el descuento del 30% para contribuyentes cumplidores y de un 15% más si abonan en cuota única; 

Condicionado por el déficit cada vez mayor de la Caja de Jubilaciones, se prevé un fuerte control del gasto, vital para mantener el superávit financiero. 

El gasto corriente no crecerá más que la inflación promedio proyectada y los servicios de deuda estarán por debajo de los ratios establecidos en el Régimen de Responsabilidad Fiscal.

El presupuesto, una vez más, busca favorecer al aparato productivo y la generación de puestos de trabajo con la promoción de los planes de Empleo como “Empleo + 26” y el “Plan Primer Paso”. A la vez, se aumenta el mínimo no imponible a la actividad industrial a 2512 millones de pesos de facturación anual correspondiente al año 2024.

La solvencia fiscal permite que la financiación de las obras se haga con recursos propios. Sin embargo, los incumplimientos de Nación con los compromisos asumidos para acompañar el plan de obras provincial acrecientan las necesidades de financiamiento. 

El plan de inversión pública para 2025 de la provincia de Córdoba asciende a $935.398 millones. Las inversiones se priorizan en hospitales, escuelas; obras de gas, saneamiento, electricidad y desagües; obras de agua potable, acueductos, cloacas y cuencas hídricas. 

La Provincia presenta su presupuesto 2025 bajo “la convicción de que la sostenibilidad fiscal es indispensable para promover políticas públicas que potencien el desarrollo en todo el territorio cordobés”.

El Ejercicio 2025 se presenta con un resultado financiero equilibrado. La inversión en capital emerge con la relevancia que el modelo de desarrollo cordobés le imprime a la infraestructura y provisión de servicios públicos como condiciones indispensables para el crecimiento y la inversión privada. Así, se presenta este presupuesto con un ratio de Gasto en Capital sobre Gastos Totales del 15,5%.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió hoy a la Unicameral el proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (Rigi) previsto en el Título VII de la Ley N° 27.742. 

El texto destaca que la provincia de Córdoba se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.   

A principios de mes, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado el carácter superador del proyecto local, al afirmar que este “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”. 

En efecto, el proyecto de ley enviado hoy a la Unicameral añade, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.   

Además, la adhesión de Córdoba al Rigi incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. 

“Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional", sostiene el texto que lleva la firma del mandatario provincial.   

Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.

El proyecto de ley invita además a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, se aprobó este jueves en la Legislatura de Córdoba una modificación a la Ley 10.793 ley que establece el marco legal del juego online en la provincia.

En la votación hubo empate de 35 votos y el presidente provisorio, Facundo Torres, emitió su doble voto. En ese marco, fracasó la iniciativa de derogar la normativa del 2021, donde en ese entonces, la oposición cuestionó que el proyecto estaba hecho a medida para que "algunos empresarios incrementen sus ganancias". 

En tanto que Hacemos por Córdoba, impuso cambios contra la ludopatía en menores de edad. 

Los cambios pasan por regulaciones para evitar las apuestas de niños y niñas con un registro de datos biométricos, la prohibición de publicidad, la difusión por parte de influencers de los sitios de apuestas y un programa de prevención en la lucha contra las adicciones al juego.

La oposición buscó avanzar directamente sobre la derogación de la legislación vigente, pero no lo logró. En la actualidad, hay cuatro empresas que licitaron y fueron autorizadas por la Lotería de Córdoba a operar con apuestas virtuales: Jugadón, Playcet, Bplay y Betsson.

En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo de Córdoba dio a conocer un informe sobre noventa casos que indicó que un 46,3 % de los adolescentes de la ciudad capital y del Gran Córdoba, de entre 14 y 17 años, apuesta entre $ 1.000 y $ 5.000 por semana.

En ese marco, el reporte indicó que los adolescentes pasan más de tres horas diarias apostando, se endeudan para conseguir plata y el juego sí se está convirtiendo en un problema o los está perjudicando.