En una Argentina atravesada por la tensión en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, experiencias como la de la Asociación Civil Sonando adquieren una dimensión que va mucho más allá de lo artístico. Nacida hace una década en el fondo de un centro terapéutico, hoy se consolidó como un espacio clave de encuentro, creación y defensa de derechos para personas con discapacidad en la ciudad de Santa Fe.

“Es un proyecto que empezó hace 10 años y continúa hoy en día y fue mutando, así como fue mutando también todo lo referido a lo que es la inclusión de las personas con discapacidad”, explica Adriana Quaglia (43), fundadora y presidenta del espacio. Su recorrido personal también acompaña ese proceso: llegó a Santa Fe a los 19 años desde San Francisco, ciudad que aún extraña, y desde entonces construyó un camino que combina música, educación e inclusión.

El origen de Sonando está marcado por una escena tan sencilla como reveladora. Un ensayo musical un sábado a la mañana. “Pensé que no iba a ir nadie... y resultó que fueron todos los estudiantes. Todos”, recuerda Quaglia en diálogo con Posta / LA VOZ DE SAN JUSTO. Aquella convocatoria inesperada dejó en evidencia una necesidad que hasta ese momento no estaba siendo atendida: la de contar con espacios recreativos y artísticos para personas con discapacidad, más allá de los ámbitos terapéuticos.

“Esos espacios son fundamentales, pero no pueden ser los únicos. También tienen derecho a lo recreativo, artístico, educativo”, subraya.

Con el tiempo, el proyecto fue creciendo. Lo que comenzó como una banda improvisada en un espacio terapéutico logró expandirse hacia ámbitos culturales más amplios. “Logramos salir de ese espacio y empezar a habitar otros lugares más concurridos y más culturales”, cuenta. Actualmente, la asociación funciona en una sede ubicada en un club, reúne entre 40 y 50 participantes y cuenta con un equipo de cinco profesoras que trabajan desde una lógica personalizada.

Sin embargo, ese crecimiento también dejó al descubierto una realidad incómoda. “Hay muchos espacios, teatros y salas que son accesibles para que una persona con silla de ruedas vaya a escuchar en concierto, pero no para que el artista se suba al escenario”, advierte Quaglia. La frase sintetiza una de las principales deudas de la inclusión: la diferencia entre poder estar y poder participar activamente.

En Sonando, el arte es una herramienta de transformación. “Fundamentalmente nosotros observamos la alegría. Un disfrute constante”, señala Adriana. Pero ese impacto va más allá de lo emocional. “Hay mayor autonomía y mayor validez de sí mismo”, agrega. En ese proceso, el foco deja de estar en las limitaciones para centrarse en las posibilidades. “Se destaca a la persona con lo que sí puede hacer... acá sí puede hacer música”, afirma. Porque “la verdadera inclusión no es solamente trabajar con personas con discapacidad, sino que las personas habiten todos los espacios”.

El rol de las familias es otro de los pilares del proyecto. “Esto es un espacio familiar”, dice Quaglia. Las familias no solo acompañan, sino que también participan activamente en la construcción cotidiana del espacio. Son parte del entramado que sostiene y potencia cada propuesta.

Pero en un contexto de crisis y debate, el sostenimiento no puede depender únicamente de la voluntad colectiva. “Si el Estado no acompaña, todo se cae”, advierte. Y remarca la responsabilidad estatal en la garantía de derechos: “Tiene que cumplir con los derechos que también reclama”.

Ante esas falencias, “las asociaciones civiles se constituyen como espacios de resistencia, un espacio de resguardo y de resistencia”, sostiene la entrevistada. En un momento donde incluso los derechos conquistados están en riesgo, para ella la tarea es clara: “Estamos tratando de no perder derechos, ni siquiera de ganar más derechos”.

"Hay que apuntar a la accesibilidad de los espacios formales”, insiste. Porque el problema no se limita a la existencia de propuestas, sino a las barreras que impiden acceder a ellas. “Si alguien quiere estudiar música de forma formal, se encuentra con un montón de barreras, desde lo actitudinal hasta lo institucional”, explica.

En ese entramado, los prejuicios siguen teniendo peso. “Todos tenemos prejuicios, queramos o no”, reconoce. Y propone una reflexión concreta: mirar los espacios cotidianos y preguntarse por las ausencias. “Si en un lugar nunca hay personas con discapacidad, algo está pasando”, afirma.

A pesar de las dificultades, Sonando sigue proyectando. Entre sus objetivos se encuentra la construcción de instrumentos adaptados para personas con parálisis cerebral, utilizando tecnología asistiva (TA) y recursos accesibles. También avanzan en la organización del festival “Más Música”, que este año se extenderá durante tres días y buscará reunir a docentes y talleristas para pensar prácticas inclusivas.

Adriana también imagina nuevos horizontes para la asociación. “Me gustaría llevar el proyecto de Sonando a San Francisco. Me parece que es una ciudad pujante, que tiene un montón. Es muy rica, es muy abierta culturalmente”, consideró, en referencia a su lugar de origen.

“Hay muchos espacios, teatros y salas que son accesibles para que una persona con silla de ruedas vaya a escuchar en concierto, pero no para que el artista se suba al escenario”

La música, en ese recorrido, ocupa un lugar central, aunque lejos de una mirada romántica o simplificada. Ante la pregunta por su significado personal, Adriana se sincera: “Es una forma de transitar la vida muy gratificante, pese a contextos bastante difíciles”.

Sin embargo, el desafío no es solo técnico ni organizativo. También es cultural. “Estamos podridos de los que se quieren sacar la foto”, dice Quaglia, en referencia a acciones aisladas que no generan cambios estructurales. “Hacen un evento y al día siguiente volvemos a no poder acceder a un espacio porque no tiene rampa”, agrega.

“Me parece que la cuestión de comunicación y los colectivos es lo que nos salva. Nadie se salva solo; generar vínculos es lo principal”, sostiene.

El sostenimiento económico es otro de los desafíos que atraviesan. “Nuestra asociación se sostiene de varias formas, con asociados que pagan una cuota mensual, con algunos talleres que son pagos, con los que contratamos profes y músicos, porque solemos tocar con otras orquestas y grupos, y también gestionamos subsidios, pero que son temporales”, contó Quaglia.

En ese sentido, mencionó algunas de las estrategias que desarrollan para sostener y ampliar el alcance del proyecto. “Tenemos un proyecto que se llama Sonando en los Barrios, que va a barrios más carenciados, entonces para eso pedimos subsidios. Pedimos subsidios para transporte y demás. Es complicado, pero hay que estar en movimiento”, siguió.

En ese contraste entre discurso y realidad, Sonando se posiciona como una experiencia concreta que demuestra que la inclusión es posible, pero requiere compromiso sostenido. “La música sola no genera nada, sino la persona que la está haciendo, la que la escucha”, reflexiona.

En tiempos donde se discuten leyes y presupuestos, el trabajo de estas organizaciones pone en primer plano una pregunta más profunda: qué tipo de sociedad se está construyendo. “Que la inclusión sea real, y que no sea solamente algo del discurso”, plantea Quaglia.

Y deja una invitación abierta, que es también un desafío: “Si te incomoda, está bien, pero hacé algo con esa incomodidad”. Porque, en definitiva, de eso se trata: de transformar esa incomodidad en acción, para que algún día no haya que hablar de inclusión, sino simplemente de igualdad.

“Que no haya que incluir a nadie, porque ya estemos todos adentro”, concluyó.

Perfil 

Adriana Quaglia es profesora y licenciada en música con orientación en composición por la Universidad Nacional del Litoral, donde obtuvo la medalla al mejor promedio. Cuenta con una Maestría en Educación Inclusiva para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Exclusión Social y actualmente es doctoranda en Educación en la Diversidad en la Universidad Nacional de Cuyo.

Su formación se completa con su labor como terapeuta no verbal en el enfoque Benenzon e instructora de yoga para niños y niñas, además de especializaciones en discapacidad realizadas en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Estados Unidos.

A su vez, integra el equipo de educación inclusiva en el nivel secundario de los ministerios de Educación y Cultura de Santa Fe y brinda capacitaciones en el ámbito de la educación especial en niveles terciarios y universitarios.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

Los prestadores de discapacidad de San Francisco anunciaron una movilización para este miércoles 22 a las 20 en el Jardín Botánico, en reclamo por la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada pero aún sin aplicación efectiva.

En un comunicado, los profesionales explicaron que esta semana llevan adelante un paro total de actividades, aclarando que “no es una medida en contra de las familias, sino todo lo contrario: lo hacemos para defender la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad”.

Además  señalaron que la falta de implementación de la ley impide que se apliquen medidas necesarias para garantizar un sistema sostenible. “Trabajamos en condiciones muy difíciles: cobramos con demoras de tres o cuatro meses, los aranceles están muy por debajo de la realidad económica y no existe previsibilidad para sostener los tratamientos”.

Los prestadores recordaron que la ley abarca no solo el derecho a las prestaciones, sino también aspectos clave como educación inclusiva, accesibilidad, inclusión laboral y protección social y económica de las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, remarcaron que sin la aplicación efectiva de la ley, todos esos derechos quedan en pausa, afectando directamente a los niños, jóvenes y adultos que dependen de una atención de calidad y con continuidad.

Martín Llaryora expresó su satisfacción luego de que el Senado de la Nación rechazara el veto de Javier Milei y confirmara la ley de emergencia en discapacidad. La norma, que había sido aprobada previamente en Diputados, quedó ratificada con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, lo que garantiza su vigencia hasta diciembre de 2026.

“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, afirmó el mandatario cordobés a través de un mensaje en redes sociales.

Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en #Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial.Esto es un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente,…

En ese sentido, Llaryora definió lo ocurrido como “un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente, especialmente a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”. También remarcó que “nuestro país no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”.

El gobernador destacó que desde la Provincia seguirán adelante con medidas concretas. “Seguiremos fortaleciendo programas específicos y articulando acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil, que día a día impulsan proyectos y sostienen el acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias”, aseguró.

Finalmente, valoró el esfuerzo de las instituciones que trabajan en el área: “No bajan los brazos, defienden derechos y encarnan ejemplos de lucha y vida. Nuestro compromiso con ellas y con cada persona con discapacidad es inquebrantable”.

La votación en la Cámara alta estuvo atravesada por un clima político tenso, marcado por el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei y la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.

La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El Congreso Nacional no insiste con la sanción de una ley vetada por el Gobierno desde hace 22 años, pero en los próximos días el Parlamento desafiará al presidente Javier Milei ya que el Sendo dejará firme la emergencia en materia de discapacidad.

 La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo del 2003 en el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1 de enero del 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de una grave crisis social y economía.

 De acuerdo a la Constitución Nacional un Presidente puede vetar en forma total o parcial una ley y el Congreso para insistir con una iniciativa debe reunir en cada cámara los dos tercios de los votos.

 Duhalde vetó en forma total la ley 25715 sobre reducción de los aranceles para la importación del azúcar que esa medida fue rechazada por el Congreso Nacional y promulgada en los primeros días de abril del 2003, según detalla la Dirección de Información Parlamentaria.

 Desde esa fecha el Congreso no había desafiado a un Presidente como lo hará ahora cuando el Senado, en un plazo de 15 días, deje firme la ley de emergencia en materia de discapacidad, que actualiza los valores en las prestaciones y las pensiones que es rechazada por el Gobierno Nacional.

 La Cámara de Diputados aprobó por 172 votos la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada porque el Gobierno sostiene que rompe el equilibrio fiscal y en un plazo de quince días hará lo propio el Senado Nacional ya que tiene los dos tercios para tomar esa decisión.

 De acuerdo a la oficina de Presupuesto Nacional la ley votada en el Congreso puede tener un impacto  entre 0,25% y 0,45% del PIB, aunque señalo que podría ser mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar.

 Otra ley que se encamina a ser confirmada por el Congreso Nacional si el Gobierno decide como ya lo anunciado vetar es la que declara la emergencia de del hospital Garrahan, ya que fue aprobada con mas de dos tercios tanto en diputados como en el Senado.

 Desde que asumió el presidente Javier Milei veto seis leyes, dos veces el aumento jubilatorio, el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional, la emergencia en materia de discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahia Blanca.

 Hasta ahora pudo blindar las dos leyes vinculadas al aumento de haberes a los jubilados ya que en el 2024 y el último miércoles consiguió el tercio necesario para ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.

 En los últimos 42 años, el Congreso Nacional ha insistido en 41 oportunidades vetos totales o parciales, y el presidente que mas derrotas tuvo hasta ahora es Duhalde, ya que la mitad de sus medidas fueron rechazadas por el parlamento.

 Duhalde en años y medio de mandato vetó en forma total 13 leyes de las cuales 7 fueron promulgadas luego de la insistencia votada por el Congreso Nacional.

 De todas maneras, el presidente de la Nación que mas vetos totales realizó fue Carlos Menem que estuvo 10 años de mandato ya que lo hizo en 95 oportunidades y solo 18 de esa leyes fueron confirmadas por el Congreso Nacional.

 El primer presidente de la restauración democrática en 1983 Raul Alfonsin vetó en forma total 37 leyes en sus cinco años y medio de mandato, mientras que Nestor Kirchner lo hizo en cuatro años en 13 oportunidades.

 El único presidente que no vetó en forma total ningún proyecto fue Alberto Fernández, mientras que Cristina Fernández de Kirchner en sus ocho años de gestión vetó en forma total 3 leyes, entre ellas la ley jubilatoria para que los haberes representen el 82 por ciento móvil.

 Otro presidente que no tuvo mayoría tampoco en el Congreso fue Mauricio Macri que realizó cinco vetos totales pero el Congreso no rechazó ninguno de ellos.

  Entre las leyes rechazadas por Macri figuran la emergencia tarifaria, y la emergencia ocupacional.

El pasado miércoles la Cámara de Diputados concretó el rechazo del veto a Ley de Emergencia en Discapacidad dispuesto por el presidente Javier Milei. Ahora, para que la medida del ejecutivo nacional quede sin efecto, y la ley comience a regir hasta 2027, deberá suceder lo mismo, pero en la Cámara de Senadores. Es decir, se necesitan otros dos tercios de votos en contra para que la emergencia entre en vigencia.

Aylén Di Giovanni y Roberta Montenegro son dos madres que integran el grupo de padres CEA San Francisco, un colectivo que aúna a familiares de niños con discapacidad vinculada a alguna condición del espectro autista, y que este miércoles tuvieron una buena noticia en Diputados. La noticia que esperaban tener.

El hijo de Aylén tiene 6 años, tiene autismo y trascurre su educación en la escuela Río Negro. Además de sus vínculos familiares, precisa de fonoaudióloga, psicopedagoga, terapista ocupacional, psicomotricista, maestra integradora, y además una psicóloga que trabaja con la familia.

El hijo de Roberta, de 5 años, asiste a la Sala de 5 del jardín de la escuela J.B. Iturraspe y es asistido por una fonoaudióloga, psicomotricista, una acompañante terapéutica y la psicóloga para la familia.

El autismo tiene grados de complejidad y eso hace variar la cantidad de terapeutas necesario para trabajar las estimulaciones necesarias para que sea posible el objetivo y deseo, de la inclusión. La persona con discapacidad, cualquiera sea y dentro de todo el universo de cuadros posibles, requiere generalmente de estos equipos de trabajo para que su vida tenga la dignidad que cualquier persona merece.

Todos esos equipos están integrados por profesionales, específicos, que no dejan de ser trabajadores y que como cualquiera, sea senador o psicomotricista, merece un salario por su trabajo.

Ahora bien, esos profesionales, prestadores de servicios, están sujetos a un régimen de pagos que a veces tarda en llagar cuatro o cinco meses una vez emitida la orden a la obra social. Eso, produce no solo un estado de precarización, sino que sobre todo, y en muchos casos la necesidad de estos profesionales de cortar tratamientos que llevan años, vínculos que llevan años, logros y avances hacia la inclusión deseada que son posibles gracias a ese vínculo que lleva años y que solo quedan en el olvido por módulos, horas de trabajo, que se pagan mal en tiempo y monto.

También las familias encuentran complicaciones a la hora de las autorizaciones de esos módulos, de esas horas de terapias. Dice Aylén: “Yo tengo obra social, y por lo menos menos nunca renegamos. Pero, autorizan una sesión por semana. Mi hijo va dos veces por semana de la fonoaudióloga. Y de las otras va una. Y no autorizan más. Entonces en mi caso, por ejemplo, sí me veo muy afectada. Si no aumenta el tipo de prestaciones, porque aparte los terapeutas cobran 90 o 190 días, que es un montón. O las terapeutas cobran un plus, que obviamente no le están haciendo. O directamente deciden cortar las terapias por un tiempo hasta que se regularice. O sea, es toda una cuestión burocrática bastante jodida.

Porque si nosotros tuviéramos que pagar, estaríamos pagando arriba de más de un millón de pesos de terapia. Y obviamente no nos alcanzaría. Y si se tienen que cortar esas terapias son vínculos que se pierden. Porque uno viene trabajando durante mucho tiempo con los mismos terapeutas, buscando el mismo objetivo. Ya conocen al chico. O sea, cambiar toda la rutina es muy difícil y más para una persona que necesita eso en su vida”.

Y Roberta agrega: “Los terapeutas tienen mucha vocación. Porque no cualquiera trabaja con personas con discapacidad. Hay padres que para que vayan todos los días pagan de su bolsillo una parte. No es que recibimos todo de arriba. Hay muchas cosas que se pagan para poder compensar la dilación en los pagos. Por eso también es re injusto todo lo que se generó alrededor de la ley y el veto. Porque es como que de repente las personas con discapacidad son todas truchas, viven del Estado, no hay auditorías. No hay controles. Nosotros pasamos todos los años auditorías. Si cambiamos algo, auditoría, con las demoras que eso conlleva. Entonces es como que se arma también toda una historieta alrededor que hace que la opinión pública vaya en contra de las personas con discapacidad y los familiares.

Yo creo que ninguno de nosotros que está en situación de discapacidad, quisiera estar en esta situación. No sacamos ningún provecho. Habrá gente que sí, seguramente. Pero si el negocio está, no está con las personas con discapacidad y sus familias. Estará alrededor”.

Este punto, es uno de los temas centrales de Ley de Emergencia que fue vetada, es decir la regularización de pagos y actualización de aranceles. Porque no se trata solo de un aumento de las prestaciones por una cuestión inflacionaria, no es un número, sino que habla como todo lo que hay detrás de esta emergencia, de la calidad de vida, la dignidad cotidiana y la inclusión de personas con discapacidad, algo que, sin los profesionales, las familias no podrían lograr.

“Me parece que es algo que ni siquiera tendríamos que discutir”, es lo poriemro que me dice Aylén cuando le pregunto por todo el conflicto entre Ian moche y su familia y el presidente Javier Milei “Está la vista que una persona adulta no tendría por qué hacer esas cosas. Y menos una persona que representa una nación. Me parece que es una burla total hacia la inteligencia de las personas”, agrega con una mezcla de enojo y hartazgo.

“No hay mucho más que decir sobre eso. Vos podés estar de acuerdo o no con el presidente. Pero esto no tiene nada que ver con que sea partidario. Simplemente es una cuestión de lógica y sentido común. No podés hacer una cosa así. Nosotros ya venimos viendo muchas actitudes y muchas cosas. Como cuando pasó lo del veto. Que sin ir más lejos se reía diciendo que lo iba a vetar. Y me parece que estamos hablando de la vida de las personas.

Más allá de eso, todos aportamos, pagamos nuestros impuestos. Colaboramos con la sociedad. Me parece que no va faltar el respeto así”.

“A veces hay cosas que no tienen nada que ver con una cuestión netamente partidaria. Es, como decía Aylén, de sentido común. Argentina es como una gran casa. Con todos sus hijos. Y yo creo que, en ninguna casa, ninguno de nosotros dejaría tirado a un hijo con discapacidad. Es el presidente. Es una persona que tiene que llevarnos a todos a buen puerto. No se pueden sostener los números del superávit a costa de vidas o de dignidad humana. O de simplemente pasarle por arriba los derechos de los demás”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Senado de la Nación el 10 de junio. El 4 de agosto, el presidente Milei la vetó. Y este último miércoles, luego de un mes de marchas, vigilias, declaraciones desafortunadas, historias de miles de personas con discapacidad haciéndose virales, la Cámara de Diputados decidió rechazar el veto.

“Y bueno, uno siente alivio, es como que entraron en razón, porque me parece que era demasiada crueldad mantener el veto. Ahora falta la otra mitad, que no sabemos qué va a pasar”, asegura Di Giovanni.

“Hay cosas que tienen que ver con cuestiones sociales que tienen que cambiar de base, que es esto de la inclusión, de aceptar la diferencia, la diversidad, cosas que antes no se cuestionaban y que ahora parece que no importan, esto de respetar a los mayores, de respetar a las personas con discapacidad, de protegerlas, esto como que cambió también un poco en la cabeza de la gente. Y después a nivel políticas públicas, obviamente que nosotros no queremos que existe el asistencialismo, nos encantaría que las personas con discapacidad tengan trabajos dignos, tengan trabajos registrados, tengan buenos sueldos. Sabemos que muchas veces no acceden a eso porque no acceden a la educación, porque la mayoría de las familias que tienen personas con discapacidad tienen problemas económicos, porque la discapacidad tiene como una demanda que a veces solamente uno de los padres puede trabajar o los requerimientos económicos que tienen son distintos. Las personas con discapacidad al tener quizás más necesidades de apoyo hacen que en algunos lugares no los contraten porque necesitarían cambiar ciertas cosas o necesitarían más personal. Creo que nadie se fija en las virtudes y en el potencial de las personas con discapacidad, solamente se fijan en la parte negativa o que creen que es negativa. Y después también esto de asegurarle a una persona que se sabe que va a ser difícil que consiga trabajo, asegurar un ingreso y que ese ingreso no se mueva y no se toque, que es lo que se está luchando también con el tema de las pensiones. Lo que nosotros pedimos a nivel país y esperamos que el Senado mantenga firme es la Ley de Emergencia que no solamente se trata de actualizar los aranceles de los prestadores sino las pensiones por discapacidad y garantizar el cupo laboral. Nos falta un pasito, todavía no podemos cantar el 100% de qué es. Pero sí estamos contentos por lo que pasó”, profundiza Montenegro.

Aylén y Roberta vuelven a coincidir en el final de la charla. Entienden que nada de esto hubiese sido posible sin la organización de las familias de personas con discapacidad en todo el país. A pesar del cansancio, de la falta de tiempo, de los reveses y las burlas, miles de argentinos se reunieron en la vigilia del martes pasado prendiendo velas en muchas ciudades del país pidiéndole a los diputados que no avalen el veto.

Hay aspecto de la condición humana que la economía puede explicar, pero nunca puede terminar de dimensionar.

Si la calidad de vida y la inclusión real de las personas con discapacidad en nuestro país significa un porcentaje importante en el PBI, deberíamos resignificar el significado de importante. Porque ocurre que los números que desataron la emergencia dimensionan que la personas con discapacidad no son importantes.

Hay un número que resulta vital en toda esta discusión, y es los dos tercios que debe conseguir el Senado para volver a darle vida a una ley que sancionó en los primeros días de junio. Porque después de la explosión del escándalo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, estamos a dos tercios de ser un poco más humanos.

El presidente Javier Milei criticó con dureza a la oposición que logró el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” el Congreso de la Nación, durante su exposición en el Council de las Américas, que se celebra en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta.

“Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses”, inició con dureza el mandatario que llegó escoltado por su vocero presidencial, Manuel Adorni.

En la misma línea, remarcó: “Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.

“Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado”, cargó contra el bloque de Unión por la Patria, y sumó: “Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos. Les quiere hacer leer a la gente que los resultados llegan por arte de magia”.

Asimismo, el jefe de Estado, que se mostró medido y sin insultos en el primer tramo de su discurso, argumentó: “Saben que sin acceso al financiamiento externo por culpa de sus constantes desajuste fiscales y maltratos a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás”.

“Por eso decimos que los kirchneristas, en el Congreso, no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, por qué no decirlo, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente”, insistió, y sumó: “Es sencillo, ellos buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar y más aún la suya va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos. A ver si se entiende de una vez, al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión”.

Para el mandatario, el peronismo busca “romper la ilusión de la gente” porque de concretarse, “pierden para siempre”, y los acusó de tener como único plan “sabotear el futuro”. “Esto es lo que ha quedado demostrado en los últimos tres meses en el Congreso y ya ni siquiera buscan esconderlo”, insistió.

"Hay muchos que hacen como crítica diciendo: en el primer año o en el durante el 2024 hubo gestión política y ahora no hay gestión política. La realidad es que ahí hay, básicamente, dos grandes errores en esa forma de hacer el planteo: primero, no entender qué son y cómo son los kirchneristas", expresó.

Por su parte, Milei aclaró: "Uno podría decir que durante el 2024 la agenda legislativa fluyó y durante el 2025 está empastada, atascada. Es muy simple, el motivo por el cual se aprobaban las cosas es porque creían que iban a salir mal; es decir, lo habilitaron porque estaban convencidos que íbamos a terminar de incendiar las ideas para que ellos pudieran perpetuarse en el poder".

Por último, destacó a lo que calificó como "los 83 héroe" que "defendieron" el equilibrio fiscal contra "los degenerados fiscales", en referencia a los diputados aliados y oficialistas que reafirmaron el veto contra el aumento jubilatorio, al tiempo que subrayó que las ideas de la libertad funcionan, y que la oposición apoyó al oficialismo en primera instancia dado que "creían que todo se iba a aprender fuego".

Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su apoyo a la decisión parlamentaria y destacó el valor de la medida para un sector “muy importante y vulnerable de la Argentina”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Llaryora agradeció a los legisladores que respaldaron la norma: “Agradezco a los diputados del Congreso de la Nación por haber votado a favor de la Ley de Emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina. Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente”.

Agradezco a los diputados del Congreso de la Nación por haber votado a favor de la Ley de Emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina. Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente.…

El mandatario provincial remarcó además que su gestión continuará acompañando a las familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad: “Seguiremos trabajando para apoyar y potenciar el trabajo de las organizaciones y familias que les toca vivir esta realidad. Es importante visibilizar el trabajo, la historia y el compromiso de cada uno de ellos, que son ejemplos de vida y lucha”, afirmó.

La sanción definitiva de la ley significó un duro revés político para la Casa Rosada, que había objetado la medida por su impacto fiscal. Sin embargo, con 172 votos afirmativos la oposición consiguió restituir la norma, que establece la actualización de aranceles de prestaciones según la inflación y una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

De esta manera, el gobernador cordobés volvió a marcar una posición diferenciada respecto de la Casa Rosada, sumando su voz al amplio respaldo que encontró la ley en el Congreso.

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno de Javier Milei: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con una mayoría especial holgada, la oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones. De este modo, la norma recobró vigencia pese a la decisión del Poder Ejecutivo.

La ley en cuestión actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Había sido aprobada previamente con amplio consenso político, aunque la Casa Rosada la objetó al considerar que implicaba un alto costo fiscal.

En un intento de desactivar la ofensiva opositora, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció horas antes del debate, a través de redes sociales, que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. 

Y agregó: “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.

La jugada, interpretada como una maniobra para fracturar la mayoría opositora, no logró su cometido. El amplio respaldo parlamentario terminó marcando un nuevo revés legislativo para el oficialismo, que enfrenta crecientes dificultades para sostener sus vetos en el Congreso.

Luego de este revés, queda en el debate parlamentario el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este martes la creación de un fondo complementario para garantizar alimentos en instituciones y ONGs que reciben a personas con discapacidad en doble jornada. La medida permitirá cubrir el servicio de almuerzo y desayuno/merienda, en el marco de los fortalecimientos económicos 2025 entregados por la Provincia.

“A los 3 mil millones que vamos a destinar este año vamos a sumarle un fondo extra para que esas instituciones que dan doble jornada puedan darle de comer a los chicos”, sostuvo Llaryora durante el acto realizado junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero.

El mandatario defendió la iniciativa en el actual contexto nacional. Según señaló, la discusión sobre las prestaciones “es más un tema claramente ideológico que económico”. Además, reiteró su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei: “Cuando a uno le toca hacer que las cuentas cierren, tiene que tener criterio, racionalidad y valor, pero con corazón y sensatez”.

El Fondo Provincial de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad se gestiona a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Para 2025, además de la línea “Fortalecer”, destinada a proyectos institucionales y municipales, se incorporó la línea “Acceder”, enfocada en mejorar la accesibilidad en los hogares y la vida cotidiana, con especial atención en la tecnología.

Los proyectos deben ser presentados mediante un formulario único, que será evaluado por un comité en el que participan también la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.

Las instituciones interesadas deben tener personería jurídica vigente (inscripción en IPJ).

Para más información o solicitar el formulario, se puede llamar al (0351) 3028929 o escribir al correo info.direcciondiscapacidad@gmail.com

Desde su creación, el Fondo benefició a 23.630 personas de 230 organizaciones, con una inversión de 2.396 millones de pesos. La ministra Montero indicó que “hoy vamos a fortalecer 82 instituciones por parte de la provincia de Córdoba, en un programa que se calcula que a fin de año va a poder llegar a 200 instituciones”.

“En Córdoba nosotros decimos sí a la ley de emergencia, no al veto presidencial, pero porque tenemos espalda como gobierno provincial, y tenemos una acción concreta en favor de la discapacidad”, agregó.

El anuncio fue recibido con satisfacción por las organizaciones presentes. Belén, de la Fundación Enlaces de Carlos Paz, agradeció el acompañamiento provincial porque “en estos tiempos de tanta incertidumbre es muy importante esta ayuda, no solo como apoyo financiero, sino como un voto de confianza”.

Rodrigo, de la Fundación Otium, destacó que “la Provincia está acompañando la discapacidad para que haya un cambio real”, mientras que Dania Martina, del Centro de Día Vida Feliz, expresó que el aporte “nos da la ilusión y el aliciente para seguir”.

Desde el Taller Laboral Camoatí de Laboulaye, Roxana Loza valoró que este tipo de asistencia “nos permite acceder a maquinaria que de otra manera no podríamos comprar”. Por su parte, Alejandra Carbajo, de las Fundaciones CEIN y Arkho, aseguró que siente que “hay respaldo, apoyo y empatía”. 

La vigilia por la eliminación del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no se suspende por la lluvia, según informaron los organizadores, Padres CEA San Francisco, a través de sus redes sociales.

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La actividad, que convoca a prestadores, familias y vecinos de San Francisco, se realizará este martes 19 de agosto a las 20 en el Superdomo debido al clima desfavorable. Si las condiciones lo permiten, la marcha continuará luego hacia el centro de la ciudad. Los organizadores recomiendan llevar velas y mate; la vigilia tendrá una duración aproximada de dos horas.

Bajo el lema “Diputados, no apaguen la luz”, la convocatoria busca visibilizar el reclamo por la eliminación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), que será tratada por la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 20 de agosto.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su respaldo a la Ley de Emergencia en Discapacidad y llamó a los diputados y diputadas a rechazar el veto presidencial.

“Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Por eso quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario provincial remarcó que la normativa no afecta la situación fiscal del país y, en cambio, sí es fundamental para muchos. “Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”, aseguró.

Con esta declaración, Llaryora se suma a la lista de gobernadores y dirigentes políticos que fijaron postura en torno al reclamo de organizaciones y personas con discapacidad.

Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan.Por eso quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto.Esta ley no pone en riesgo el… pic.twitter.com/efhL44c5xK