La Justicia federal determinó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera efectiva con la ley de financiamiento universitario. La resolución obliga a la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.

El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas universidades del país.

La decisión judicial se fundamenta en que la Ley 27.795 fue confirmada por dos tercios de los votos en el Congreso de la Nación, luego de haber sido observada totalmente por el Poder Ejecutivo.

El fallo ratifica que el Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley aprobada por el Parlamento mediante el uso de normativas anteriores. El tribunal analizó si la Ley de Administración Financiera podía utilizarse como sustento para frenar la aplicación de la nueva norma.

Para los magistrados, la respuesta a este interrogante es negativa, ya que no existen diferencias de jerarquía entre las distintas leyes que emanan del Poder Legislativo, informó TN.

“La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso”, sentenciaron los camaristas en el fallo.

Los jueces recordaron que el Congreso es el órgano soberano para definir el destino de los fondos públicos a través de leyes específicas como la de Financiamiento Universitario.

El tribunal subrayó que el Poder Ejecutivo, al promulgar la norma, intentó suspender sus efectos prácticos basándose en una interpretación jerárquica que la Justicia ahora descarta.

Con este escenario, el Gobierno queda obligado a readecuar las partidas presupuestarias para dar cumplimiento a los artículos que exigen la recomposición de ingresos en el sector.

Se espera que esta resolución judicial marque un precedente directo sobre la ejecución de fondos educativos durante el presente ciclo lectivo.

Este lunes 30 comienza la tercera semana del paro nacional universitario, con el objetivo de visibilizar el reclamo para la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, aprobada en el Congreso el año pasado, que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cese de actividades impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu Histórica y la Conadu tiene, además, el propósito de lograr la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación.

En esta misma línea, y durante los primeros días de marzo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial, destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

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Hasta el martes 31, diversas facultades permanecerán cerradas debido a la adhesión a la jornada de lucha: la Universidad Nacional de Luján (UNLu), entre otras, realizará una semana de paro docente y no-docente desde el 30 de marzo al 4 de abril “en defensa de la universidad pública y por salarios dignos”.

Asimismo, personal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP) votó medidas de fuerza que se desarrollarán durante toda esta semana.

Por otra parte, se prevén concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y posibles marchas, dentro del marco del plan de lucha por el financiamiento educativo, sin embargo aún no hay horario, lugar ni fecha confirmados.

El decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, Alberto Toloza, advirtió que el sistema universitario público se encamina hacia la judicialización del reclamo por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. 

El directivo cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de no ejecutar una norma sancionada y promulgada por el propio presidente Javier Milei, y señaló que la comunidad universitaria vive un clima de 'calma tensa' mientras espera una respuesta institucional.

Un sistema que cumplió todas las instancias institucionales

Toloza explicó que la situación que atraviesan las universidades públicas del país es el resultado de un proceso que agotó todas las instancias institucionales. Recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que implica que se encuentra plenamente vigente. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió suspender su aplicación mediante un decreto posterior, lo que –según el decano– constituye una contradicción directa con los principios republicanos y constitucionales.

“El sistema universitario ya cumplió todos los pasos institucionales. Lo que sigue es pedirle al Poder Judicial que haga cumplir la ley”, enfatizó el decano, tras confirmar que los rectores de las 30 facultades regionales de la UTN avanzan en la presentación de un amparo colectivo para exigir la vigencia efectiva de la norma.

Un reclamo que trasciende lo presupuestario

El decano sostuvo que el reclamo de las universidades ya no se limita al aspecto financiero, sino que se trata de una cuestión de respeto institucional. “Pedir que se cumpla una ley no debería ser una medida de fuerza”, señaló, y remarcó que la discusión sobre si el financiamiento es alto o bajo quedó atrás: “Lo que estamos diciendo es que hay una ley sancionada por el Congreso, promulgada por el presidente, y que por lo tanto debe estar en vigencia”. Según Toloza, la dilación en la aplicación de la norma constituye una señal de alarma para toda la sociedad: “Habla de una institucionalidad debilitada y de un juego de poder que no corresponde en una república”.

Impacto en las universidades y en la comunidad docente

El decano explicó que el panorama dentro de las universidades es desigual. En la UTN San Francisco, la situación económica aún no generó renuncias ni licencias de profesores, aunque sí hay consultas. En cambio, en las facultades de Buenos Aires y otras capitales provinciales ya se registraron decenas de renuncias de docentes jóvenes, especialmente jefes de trabajos prácticos y ayudantes.

“La vocación docente todavía pesa más que el análisis financiero, pero la situación empieza a ser insostenible”, reconoció Toloza. A esto se suma la paralización de proyectos de infraestructura, como el edificio de cuatro pisos que estaba proyectado frente a la calle Las Margaritas, y las dificultades para sostener los gastos de funcionamiento y mantenimiento.

Una calma tensa antes de las elecciones

En cuanto al clima dentro de la comunidad universitaria, Toloza describió un estado de 'calma tensa'. Explicó que, aunque las actividades académicas continúan y las medidas de paro no superan el 50% de acatamiento, el desgaste y la incertidumbre se hacen evidentes. “El año pasado había cierta comprensión hacia las medidas del gobierno, pero hoy esa paciencia se agotó. Lo que se percibe ya no es una revisión administrativa, sino un ajuste real sobre el sistema universitario”, señaló.

Para el decano, algunas decisiones del Ejecutivo parecen responder a una estrategia de dilatar tiempos más que a resolver problemas de fondo. “Hay una mayor asimilación de que esto tiene más color de ajuste que de corrección institucional”, expresó, aludiendo a las promesas de transparencia y auditoría que el Gobierno había utilizado como argumento durante 2024.

Judicialización: la única vía posible

La decisión del Consejo Superior de la UTN de avalar a los rectores en la presentación judicial marca un nuevo capítulo en la disputa. El planteo, según detalló Toloza, tomará la forma de una solicitud de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de que se ordene la aplicación inmediata de la ley. “Ya no hay otra respuesta posible: los pasos institucionales se cumplieron y ahora corresponde que otro poder del Estado haga cumplir lo que el Congreso sancionó”, afirmó.

En esa línea, consideró que el conflicto trasciende el ámbito educativo: “Esto no es solo un reclamo universitario. Es una cuestión de respeto por la división de poderes y por la palabra institucional del Estado”. A su juicio, el sistema universitario “está dando una lección de civismo y de defensa del Estado de derecho”, aún en medio de las dificultades presupuestarias.

Declaración del Consejo Superior de la UTN

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional expresó su profunda preocupación por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, resaltando que la misma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. En su Declaración N.º 3/2025, el cuerpo reafirma su defensa del sistema universitario público, gratuito y federal, y respalda las gestiones de los rectores para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

La declaración expresa su pleno respaldo a la ley y denuncia que, aunque fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, su ejecución fue suspendida mediante decreto, lo que agrava la ya crítica emergencia presupuestaria de las universidades públicas. Señala que la norma contemplaba actualizaciones de partidas y recomposición salarial para 2025, pero que al mantenerse un presupuesto prorrogado sin contemplar la inflación, se genera un desfinanciamiento estimado en más de un billón de pesos para dicho ejercicio.

Además, el Consejo manifiesta su preocupación particular por la situación de la Universidad Tecnológica Nacional, que enfrenta costos muy altos en equipamiento, infraestructura y mantenimiento propios de las carreras de ingeniería y tecnología, y advierte el impacto de la demora en la ejecución de la ley sobre la retención de docentes y nodocentes altamente calificados. En consecuencia, acuerda adherir al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (14 de octubre de 2025), y avala las gestiones del Rectorado para presentar acciones legales si fuese necesario, en defensa de la educación pública, gratuita y federal.

El Senado dio un duro revés al gobierno nacional al rechazar los vetos del presidente Javier Milei sobre dos leyes clave: la de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan.

La sesión, que se llevó a cabo durante la tarde, selló la suerte de ambas iniciativas. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por retomar el diálogo político y acercarse a sectores dialoguistas en las últimas semanas, no logró reunir los votos necesarios para frenar el avance de las leyes. Con el rechazo, la Casa Rosada deberá promulgar ambas normativas, consolidando una nueva derrota política para el gobierno en Balcarce 50.

El proyecto de financiamiento universitario garantiza recursos adicionales para las casas de estudio del país, mientras que la emergencia pediátrica busca asegurar fondos y medidas específicas para mejorar la atención en hospitales públicos, con especial atención al Hospital Garrahan, referente nacional en la materia.

El temario de la sesión incluyó también otros puntos, como la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y la aprobación de dos tratados internacionales. Además, se debatió la media sanción del Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, destinado a difundir de manera inmediata la información sobre desapariciones de menores.

El rechazo a los vetos marca un claro triunfo del Legislativo frente al Ejecutivo y refuerza la presión sobre el gobierno para responder a las demandas sociales y garantizar la continuidad de políticas estratégicas en educación y salud pediátrica.

El gobernador Martín Llaryora, expresó su agradecimiento al amplio respaldo de los diputados del Congreso de la Nación que votaron en contra del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y del Financiamiento Universitario. “El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestra patria”, señaló a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que en la tarde de este miércoles la Cámara de Diputados propinó un nuevo revés al presidente Javier Milei al insistir en la sanción de ambas leyes, que habían sido vetadas por el Poder Ejecutivo. En detalle, el veto al aumento de financiamiento universitario fue rechazado con 174 votos afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones, mientras que la declaración de Emergencia en Pediatría, impulsada por la crisis en el Hospital Garrahan, contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de #EmergenciaPediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al #FinanciamientoUniversitario. El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la…

Llaryora destacó que estas decisiones representan un paso fundamental para proteger pilares clave del país: la salud y la educación públicas. “Vamos a seguir trabajando con decisión para defender estos derechos fundamentales que impulsan el progreso de nuestra patria”, concluyó.

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional se sumó el martes al apagón nacional realizado a las 20, en rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.

La medida, que tuvo alcance en las principales ciudades del país, consistió en un gesto simbólico que buscó visibilizar la preocupación de la comunidad educativa y sanitaria, y funcionó como antesala de la movilización convocada para este miércoles.

En San Francisco, la manifestación se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de septiembre a las 18, con concentración en la sede de la UTN local. Desde allí partirá la marcha bajo la consigna “No al veto”, en línea con la convocatoria lanzada a nivel nacional por universidades, gremios docentes y centros de estudiantes.

En su momento, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el vicerrector de la UTN San Francisco, Javier Saldarini y describió el panorama actual como “un momento complicado” para todo el sistema universitario.

“La situación atraviesa a todas las universidades nacionales. No se trata solo del presupuesto de funcionamiento —luz, agua, mantenimiento— sino también de las paritarias docentes y no docentes, congeladas hace tiempo, con pérdida de poder adquisitivo. Eso complica proyectar crecimiento y, en particular, la incorporación de recursos humanos y nuevas obras edilicias”, indicó.

Aun así, remarcó que la Facultad Regional San Francisco supo sostener su desarrollo en distintos escenarios de crisis. “En los ’90, en la crisis de 2001, en 2017. Siempre hubo un equipo comprometido. Será un tiempo complejo, pero con la fuerza de nuestra comunidad lo enfrentaremos”, afirmó.

A menos de 48 horas de la firma del veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Presidente Javier Milei, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) –a través de su rector, Rubén Soro– expresó su profunda preocupación por el impacto que la medida tendrá sobre la educación pública.

En un comunicado difundido este viernes y replicado por la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Soro advirtió que el Decreto 647/2025 “desfinancia a la universidad pública” y destacó que la educación superior es “un pilar de desarrollo, inclusión y justicia social”. Además, instó a los legisladores nacionales a rechazar el veto presidencial y sostener la ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria.

“El presente y el futuro del país dependen de la universidad pública, orgullo nacional que no puede quedar sometido a decisiones coyunturales”, señaló el rector, quien anticipó que la comunidad universitaria estará en las calles y plazas de todo el país acompañando el reclamo.

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La postura de la UTN San Francisco se suma al repudio expresado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que calificó la decisión de Milei como “un golpe institucional y social de extrema gravedad”. En su pronunciamiento, la entidad subrayó que el veto “lesiona la división de poderes, atenta contra la autonomía universitaria y desconoce el derecho humano a la educación superior”.

En paralelo, gremios docentes y no docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas en todas las facultades, mientras que desde la Universidad de Buenos Aires uno de los sindicatos que agrupa a los profesores convocó a la primera movilización en rechazo a la medida.

Desde distintos sectores coinciden en que desfinanciar la universidad pública significa retroceder en conquistas históricas y limitar derechos que garantizan igualdad de oportunidades, movilidad social y desarrollo científico-tecnológico.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

Según el oficialismo, la aplicación de la ley generaría un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, sin identificar fuentes de financiamiento específicas ni partidas a reasignar.

El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos especifique las fuentes de recursos concretas, actuales y suficientes.

Finalmente, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario. Se trata de otro de los proyectos que el Gobierno nacional rechaza.

Antes, la Cámara alta volteó definitivamente cuatro decretos delegados y un DNU

El “plan motosierra” del presidente Javier Milei recibió un puntazo este jueves en el Senado, donde la oposición tumbó definitivamente cinco decretos de desregulación del Estado ideados por el ministro Federico Sturzenegger. Fue por abrumadoras mayorías donde confluyeron Unión por la Patria, la UCR, bloques federales y, en algunos casos, también el PRO.

Se voltearon los decretos delegados de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del Inta y el Inti (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos organismos culturales (345/25); y el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga.

Las reformas, que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados, quedaron de esta forma sin efecto, aunque algunas ya están frenadas por la Justicia a través de medidas cautelares, como el cierre de Vialidad y la reforma del Inta.

Los decretos de Vialidad e Inta/Inti fueron los más vapuleados: recibieron 60 votos en contra y solo 10 a favor. El de organismos de Cultura obtuvo 57 votos en contra y 13 a favor; el del Banco de Datos Genéticos, 58 en contra y 12 a favor; y el de la Marina Mercante, 55 en contra y 13 a favor, con tres abstenciones.

El Gobierno perdió apoyo de sus socios del PRO en algunas votaciones, y de la UCR en todas. “Ha sido una falta de inteligencia llevar este proceso adelante”, reconoció el líder del bloque radical, Eduardo Vischi. Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) votaron todo en contra del Gobierno. También tomó distancia del oficialismo el aliado salteño Juan Carlos Romero, que se abstuvo en todos los casos.

La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fueron los únicos que defendieron todos los decretos. “Vinimos a mantener las funciones (de los organismos) y sacar a toda la militancia kirchnerista del Estado Nacional”, argumentó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.

Salvo el DNU, los decretos restantes fueron dictados en el marco de las facultades que el propio Congreso le delegó a Milei en la Ley Bases para “eficientizar” el Estado. Pero a más de un año de vigencia de esa ley, los senadores no oficialistas coincidieron en que el presidente cruzó límites: lo acusaron de desconocer el trabajo y el prestigio de los organismos ajustados, y hasta de buscar hacer negociados.

“Al Poder Ejecutivo le cuesta entender que si no hay políticas públicas, si no hay gestión, nunca va a funcionar ningún organismo. Es una visión absolutamente sesgada de una realidad que no se conoce”, lamentó la cordobesa Vigo, que advirtió que el Gobierno aplica un ajuste “indiscriminado” donde “todo da lo mismo”.

El decreto de Vialidad fue uno de los más cuestionados. “Para algunas provincias, es como si nos cortaran las piernas”, describió Vigo. En sintonía, la chubutense Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, denunció que “al Gobierno nacional se le terminó el país en Bahía Blanca” porque posterga las rutas nacionales de la Patagonia, que “no son rentables”.

Hasta el aliado oficialista Romero criticó la medida de Milei, aunque en la votación se abstuvo. “La política usó Vialidad como centro operativo de la corrupción y no por esto vamos a castigar el organismo”, dijo en alusión al caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

Otro de los decretos más rechazados fue que el desarticuló el Inta, el Inti, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Silvina García Larraburu (Unión por la Patria-Río Negro), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, detalló el tenor de los cambios en el Inta. “Se termina con la conducción federal y plural del instituto y se ponen en riesgo más de 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 300 agencias de extensión, 6 centros de investigación y 22 institutos”, enumeró.

También señaló que “se van a enajenar 27 mil hectáreas”; que “el Inta será un ente centralizado”; y que “hay más de 1.500 trabajadores pasados a disponibilidad”. En ese marco, la senadora reveló que recibió cientos de llamados, mensajes y notas de empleados que reclaman dar marcha atrás con la medida.

Sobre las modificaciones en el Banco de Datos Genéticos habló el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, que es hijo de padres asesinados y desaparecidos en la última dictadura. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia, le están quitando competencia a un organismo donde trabajan solo 37 personas”, blanqueó.

Por eso, De Pedro le dio al decreto un trasfondo político y lo vinculó con un intento de “volver a una Argentina de la impunidad y frenar las herramientas que la democracia diseñó en 40 años para terminar con esa etapa horrible”.

También quedó sin efecto el decreto que reestructuró el Instituto Nacional del Teatro; los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares); y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.

“Parte de estos decretos se llevan puesta una construcción histórica, que es perfectible, porque ninguna de las instituciones mencionadas es perfecta, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre la base de lo ya hecho y no destruir”, fundamentó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Por último, se rechazó el DNU que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante. “Este DNU no fue escrito por Milei ni por Sturzenegger, sino que fue hecho a pedido de una multinacional francesa, Dreyfus, que tiene gran incidencia sobre todas las barcazas en la flota paraguaya, y que viene por el monopolio de la Marina Mercante”, denunció sin tapujos Jaime Linares (Unión por la Patria-Chubut).

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) protagoniza una jornada de paro universitario con un alto nivel de adhesión. Según informó el decano, la medida cuenta con un 86% de participación entre los docentes y un 94% entre el personal administrativo, no docente y de servicios generales, en el marco de la protesta nacional impulsada por gremios universitarios.

El decano Alberto Toloza explicó que este paro no surge de manera aislada, sino que es la continuidad de un proceso de reclamo que comenzó el año pasado con paros y marchas. “En ese momento, para algunos fue un poco repentino sumarse a las medidas de fuerza, pero hoy la comunidad universitaria siente mucho más el impacto de lo que consideramos un casi congelamiento salarial”, señaló.

De acuerdo con sus palabras, el retraso salarial acumulado “no baja del 30% desde noviembre de 2023, según distintos estudios”, y en los últimos meses los incrementos “no han superado el 1% mensual”, lo que refleja que el poder adquisitivo “no acompaña” y se deteriora mes a mes.

El reclamo, sin embargo, no es exclusivamente salarial. El decano destacó la necesidad urgente de más financiamiento para proyectos de investigación, la actualización de equipamiento, la ampliación de infraestructura y la reactivación de programas suspendidos. “Llevamos un año y medio de parate en muchas áreas. Esto ya se empieza a sentir y se va a notar más a medida que pase el tiempo”, advirtió.

Sobre el panorama general, indicó que la situación es diversa según la universidad: “Algunas iniciaron el paro con 24 horas, otras con 48, y en ciertos casos la medida es por toda la semana. Todo indica que este reclamo se va a mantener e incluso acentuarse si no hay respuestas”.

La jornada busca visibilizar la combinación de pérdida salarial, falta de inversión y freno en proyectos que afectan directamente la calidad académica, científica y profesional de la universidad pública argentina.Panorama nacional

El paro universitario se extiende entre el 11 y el 15 de agosto en gran parte de las universidades públicas del país, en reclamo de mejoras salariales, recomposición presupuestaria, financiamiento para ciencia y tecnología, y apertura de paritarias. La protesta se desarrolla con distintas modalidades: algunas instituciones optaron por medidas de 24 o 48 horas, mientras que otras decidieron interrumpir las actividades durante toda la semana.

En la Universidad Nacional de San Juan, la adhesión fue especialmente alta, con un 95% de participación en los colegios preuniversitarios y porcentajes que oscilan entre el 40% y 60% en otras unidades académicas. En la Universidad Nacional de Córdoba, tanto docentes como no docentes mantienen un paro total durante la semana, en continuidad con el plan de lucha nacional.

La Universidad Nacional de Rosario atraviesa una huelga docente que se prolongará hasta el viernes, mientras que en la UTN Rosario el sindicato Fagdut impulsa una medida de 48 horas respaldada por el 60,2% de los profesores. En la Universidad de Buenos Aires, el paro comenzó este lunes y continuará con diversas acciones de visibilización y protesta.

El mensaje de los gremios es contundente. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) sostiene que “con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible”, en alusión al fuerte desfasaje salarial frente a la inflación. En paralelo, el Congreso Nacional comenzó a debatir medidas para atender la crisis: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo a la inflación acumulada, con 158 votos a favor y 75 en contra. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado, aunque existe el riesgo de un eventual veto presidencial.

“Desde nuestro espacio sostenemos que la defensa de la educación pública es una bandera innegociable”, expresó el diputado nacional Ignacio García Aresca (Encuentro Federal) tras la tensa sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que terminó en escándalo y empujones entre legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP).

En ese marco, los bloques opositores, junto a aliados de LLA y parte del radicalismo, lograron aprobar los emplazamientos a comisiones para que se dictaminen la próxima semana los proyectos de financiamiento para universidades y la declaración de emergencia del hospital Garrahan.

García Aresca celebró el avance parlamentario pero lanzó una chicana directa a Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical: “@rodrigodeloredo, otra vez dice una cosa y hace otra”, escribió en redes. La crítica apuntó a la postura ambigua de algunos legisladores radicales, que rechazaron el tratamiento sobre tablas pero luego apoyaron los emplazamientos.

La sesión se tensó desde el inicio y terminó levantándose tras un enfrentamiento físico. Aresca remarcó que “no tener ley de financiamiento universitario es desconocer el valor que las universidades aportan en cada comunidad”. La oposición logró 168 votos para avanzar con el tema, mientras el oficialismo perdió el control del debate.

Esta semana se llevó a cabo en Córdoba un encuentro clave para el presente y el futuro del sistema universitario argentino. Rectores de universidades públicas cordobesas, decanos, gremios docentes, no docentes, estudiantes y legisladores nacionales participaron de una mesa de diálogo centrada en el respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de sumar consensos que permitan su pronto tratamiento legislativo.

Entre los presentes, el decano de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, ingeniero Alberto Toloza, destacó la relevancia del espacio: “Fue un encuentro altamente positivo, porque avanzamos en una propuesta común y logramos transmitir a los legisladores cordobeses la urgencia de que el proyecto ingrese cuanto antes a la agenda parlamentaria”, expresó.

Toloza subrayó que se trata de una iniciativa elaborada de forma consensuada por los distintos actores que conforman el sistema universitario nacional. En sus palabras, “es una respuesta política concreta a una situación que no solo afecta a las universidades, sino a toda la sociedad”. Recordó que muchas de las Facultades Regionales de la UTN, como la de San Francisco, están íntimamente ligadas al desarrollo productivo del interior del país, por lo que la incertidumbre presupuestaria impacta también en las comunidades aledañas.

Actualmente, el sistema universitario se encuentra funcionando bajo un presupuesto reconducido durante dos años consecutivos, con ajustes que no alcanzaron a cubrir los índices de inflación. Esta situación se traduce en la pérdida de poder adquisitivo del personal, dificultades para sostener proyectos de investigación y una marcada fragilización de las estructuras de formación superior.

En este contexto, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional resolvió esta semana acompañar institucionalmente el proyecto de ley en debate, considerándolo una herramienta legítima y necesaria. Además, declaró el estado de Emergencia Salarial para docentes y nodocentes, reclamando la convocatoria a paritarias libres que garanticen una recomposición real y sostenida.

Toloza explicó que no se trata solamente de una cuestión de sueldos: “La situación afecta también el financiamiento de obras sociales, los proyectos de ciencia y tecnología, las actividades de Extensión Universitaria y las obras de infraestructura. Hay universidades con hospitales bajo su órbita que ven seriamente comprometida su operatividad, y también docentes que abandonan el sistema en busca de otras oportunidades, lo que implica una pérdida de capital humano estratégico”, detalló.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti, valoró la reunión como un hito importante para Córdoba y el país:

“La presentación del proyecto y el diálogo con legisladores permite generar previsibilidad. No tener presupuesto deja todo librado a la voluntad del Ejecutivo, y eso es inaceptable. Incluso un presupuesto mediocre es mejor que no tener ninguno”, afirmó. También recordó que las universidades no tienen presupuesto aprobado ni en 2024 ni en 2025, lo que profundiza la inestabilidad institucional.

La jornada, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba, contó con la participación de representantes de las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, junto a la rectora de la Universidad Provincial, decanos de la UTN, gremios, estudiantes y representantes de la Federación de Egresados Universitarios (FEPU). Se sumaron también diez diputados nacionales por Córdoba y un delegado de la senadora Alejandra Vigo.

Más allá de los posicionamientos, el objetivo común fue claro: lograr que el proyecto de ley tenga tratamiento parlamentario lo antes posible y que, de ser aprobado y vetado por el Ejecutivo, los legisladores se comprometan a insistir para su sanción definitiva.

En palabras de Toloza: “Invertir en la industria del conocimiento y en el sistema universitario es apostar por el desarrollo estratégico del país. No es solo por nuestros graduados, sino por todo lo que el sistema devuelve a la sociedad”.

El reclamo por financiamiento universitario no se limita a una consigna sectorial. Es, cada vez más, un llamado colectivo por garantizar el derecho a una educación pública de calidad y por sostener uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional.

El decano de UTN San Francisco, ingeniero Alberto Toloza, participó este lunes de un encuentro realizado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) junto a autoridades de instituciones públicas de educación superior de la provincia y legisladores nacionales. Durante la reunión, se planteó la necesidad de avanzar con urgencia en una Ley de Financiamiento Universitario que brinde mayor previsibilidad y garantías al sistema.

La actividad tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de la UNC y se enmarcó en el proceso de discusión de un proyecto legislativo impulsado de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Esta propuesta fue presentada ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tras el plenario del CIN realizado en abril en San Luis.

El proyecto establece un piso básico de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, contempla la recomposición salarial y define su fuente de financiamiento sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal.

Durante el encuentro, se evidenció un consenso entre representantes universitarios, legisladores y gremios en torno a la compleja situación que atraviesa el sistema universitario argentino. En ese sentido, se destacó la urgencia de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento, acceso, permanencia y egreso, especialmente para los sectores más postergados.

Además del decano Toloza, participaron el rector de la UNC, Jhon Boretto; la vicerrectora Mariela Marchisio; el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera; la rectora y el vicerrector de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo y Daniel Artaza; y el decano de la Facultad Regional Córdoba de UTN, Héctor Macaño.

Entre los legisladores presentes estuvieron Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Encuentro Federal); Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR); Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria); y una representante de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal).

También manifestaron su adhesión mediante notas los legisladores Héctor Baldassi (PRO); Alejandra Torres (Encuentro Federal); Rodrigo de Loredo (UCR); Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); y Luis Picat (Liga del Interior–ELI), expresando su compromiso de acompañar el debate legislativo.

En tanto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y María Cecilia Ibáñez (MID) comunicaron que no pudieron asistir al encuentro.

Desde diciembre de 2023, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30%, lo que ha generado una disminución del 23% en los salarios reales docentes. Estos datos, publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), son reflejo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, que incluyeron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. A lo largo de 2024, el sector estudiantil y docente se opuso fuertemente a estas medidas, organizando movilizaciones masivas con el respaldo de sindicatos.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, reunió a más de 800 mil personas, con un apoyo del 51% de los encuestados, según el relevamiento nacional de Equipo Mide. A pesar de la masiva participación, el Gobierno Nacional minimizó el reclamo, tildándolo de “construido sobre una mentira”, y el presidente Milei expresó que las agrupaciones involucradas solo demostraban “el miedo” que le tienen a su figura.

Una de las principales controversias fue la decisión del Gobierno de promover auditorías a las universidades públicas, lo que fue rechazado por las autoridades académicas, que defendieron la transparencia de sus gestiones. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudio, se destacó que las auditorías son realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, en el marco de la autonomía universitaria. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, aclaró que todas las auditorías son públicas y accesibles a través de la página web de la universidad.

A pesar de no haberse encontrado irregularidades en las auditorías, el Gobierno continuó cuestionando la gestión universitaria, sugiriendo que las universidades estaban inflando el número de estudiantes para recibir más fondos. Rectores como Oscar Arellano de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) desmintieron esta acusación, explicando que el sistema de inscripción es anual y debe ser renovado por los estudiantes, lo que hace imposible "inventar" alumnos.

Fue un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira (…) En el fondo, muestran el miedo que me tiene” Javier Milei

El conflicto escaló con la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, que convocó a más de un millón de personas en Buenos Aires, y a 400.000 en otras ciudades del país. Los manifestantes no solo rechazaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sino que exigieron una mejora en los salarios docentes. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, pidió al Gobierno la promulgación de la ley para salvar al sistema educativo público.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema” Piera Fernández de Piccoli (FUA)

Sin embargo, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente ratificado por la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó el quórum necesario para rechazarlo. En respuesta, el Consejo Superior de la UBA solicitó una nueva Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que las necesidades del sistema ascienden a 7,2 billones de pesos para 2025, mientras que el proyecto del Gobierno solo contempla 3,95 billones.

Este contexto refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo Nacional y el ámbito universitario, mientras los actores del sistema educativo continúan exigiendo una mayor inversión en la educación pública para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio en todo el país.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Ignacio García Aresca, diputado nacional por Córdoba más cercano al gobernador Martín Llaryora, reafirmó su rechazo al veto del Ejecutivo nacional a la ley que restituía los recursos recortados a las universidades este año. “Es fundamental que las universidades cuenten con los recursos necesarios para seguir funcionando y formando a nuestros jóvenes”, subrayó.

García Aresca, que integra el bloque de Encuentro Federal, expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei. “No estamos de acuerdo con las partidas destinadas a cada área, ni con la proyección de la tasa de inflación para 2025. Esto es una hoja de ruta que nos debe guiar”, manifestó.

Cuando se le preguntó sobre la voluntad del Gobierno para que el Presupuesto sea aprobado, el diputado fue claro: “No es bueno que Argentina no tenga Presupuesto. Es fundamental para establecer un lineamiento claro de Gobierno. Los inversores lo exigen para entender nuestras políticas”. Recordó las dificultades del año pasado, cuando la falta de un presupuesto llevó a la emisión de un DNU que condicionó la gobernabilidad. “Este año sí o sí tuvieron el tiempo para tener un presupuesto”, sostuvo.

García Aresca también criticó la falta de garantías en el proyecto para saldar las deudas con las provincias. “El artículo 59 menciona un crédito de $254.421 millones, que consideramos totalmente insuficiente para las trece provincias que tienen deudas con el Estado nacional”, lamentó. Detalló que “la Nación debe actualmente $514.000 millones a la Caja de Córdoba. Desde diciembre, la deuda es de $174.000 millones, surgiendo durante el gobierno de Milei. Cada mes deberíamos recibir $18.000 millones que no llegan. Esto es inaceptable, ya que todos nuestros activos se aportan a Anses, pero no se retorna lo que corresponde”.

Durante la charla, el ex intendente de San Francisco también cuestionó la asignación de recursos en el presupuesto propuesto por el Gobierno, que, según él, no contempla financiamiento para áreas esenciales como educación y obra pública. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda “escuchamos a los ministros, pero no al ministro de Economía, (Luis) Caputo”, reclamó. García Aresca resaltó que “el presupuesto contempla $545.000 millones, que solo alcanza para cubrir una parte del déficit de la caja jubilatoria de Córdoba”.

Además, advirtió sobre la falta de recursos que afecta a las universidades: “El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) reclama $7,2 billones, pero el Gobierno solo asignó $3,8 billones. Esto afecta a los estudiantes y a la calidad educativa”.

Con respecto a la discusión sobre de dónde se pueden obtener los fondos, García Aresca afirmó: “Nosotros no le estamos pidiendo nada que no pueda llevarse a cabo. Dentro del dictamen que vamos a presentar en el bloque, vamos a decirle de dónde se va a sacar el dinero”. 

El diputado destacó la importancia de no tener déficit, pero enfatizó que no se debe lograr a expensas de las universidades ni de las cajas jubilatorias. “No a costa de las asignaciones que ya están y que no vuelven a las provincias”, reiteró, como la asignación de fondos al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, el subsidio al transporte. García Aresca propuso que si el Gobierno no puede garantizar el retorno de las asignaciones, deberían eliminarse para reducir el costo del combustible: “Si no vuelve, que la saquen, y quede más barato el precio del gasoil, del combustible y de la nafta a los vecinos de todo Córdoba”. 

García Aresca compartió su perspectiva sobre la situación de las universidades en Argentina y la necesidad de un diálogo constructivo en medio de las tensiones políticas. “No estamos en contra de las auditorías, de la transparencia. Y si hay alguien que comete algún error, que también lo pague, pero que no se manche al sistema universitario por una situación”, afirmó. Destacó que la falta de designación de auditores por parte del Congreso es un tema que el Gobierno debe abordar con urgencia: “A los tres que faltan en la Auditoría General de la Nación los tiene que designar el Congreso junto al Ejecutivo; pero el Gobierno no se ha enfocado en resolver ese tema”.

El presupuesto presentado por el Gobierno asigna $3,8 billones a las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita $7,2 billones. “Hay que encontrar un equilibrio y eso se consigue sentándose en una mesa a dialogar. Pero el Gobierno no entiende eso. Para ellos es, sí o no. Y quien más pierde no es ni el Gobierno, ni los decanos, son los chicos que están estudiando”, lamentó el diputado.

García Aresca exaltó que la educación es fundamental para el crecimiento de las comunidades. “Las ciudades necesitan mano de obra calificada y muchas veces no vienen de otro lado a vivir al interior. Entonces, cuando hay universidades que le dan la posibilidad de que se queden en su lugar, generás un círculo virtuoso entre lo que estudiás y lo que producís”, indicó.

Mencionó el papel de Córdoba en la expansión educativa: “Córdoba está abriendo cada vez más universidades, como la Universidad Provincial. En San Francisco, por ejemplo, el Cusf (Centro Universitario) se transformó en el Cres (Centro Regional de Educación Superior). Esto ha permitido que muchas familias, que no tenían antecedentes de estudios, ahora tengan la posibilidad de acceder a la educación”.

“No hay crecimiento de una comunidad si no es con educación”, sentenció. 

En medio de un clima político polarizado, García Aresca recalcó la importancia del diálogo. “Hoy estamos en una polarización donde se plantea que, o estás con Milei o no estás. Nosotros no pensamos así. Queremos que les vaya bien a los argentinos y eso se logra sentándose a dialogar”, instó. Además, expresó su apertura a colaborar con el Gobierno: “Si el Gobierno nacional quiere encontrar un acuerdo, estamos abiertos a ello. Queremos que Milei cumpla su mandato, pero también que haya disensos y espacios de negociación. Al presidente Javier Milei le pido diálogo”. 

Sobre el liderazgo de Juan Schiaretti, García Aresca no ocultó su admiración por el ex gobernador: “Lo mejor que nos hubiera pasado es tener un presidente como Schiaretti. Ha demostrado cómo crecer en medio de crisis”. A su vez, dejó entrever sus propias aspiraciones políticas: “Cumpliré mi mandato en el Congreso y luego estaré donde el proyecto me necesite”.

El diputado también subrayó la importancia del sector privado en el crecimiento económico. “Sin el sector privado es difícil que el sector público avance. Necesitamos un equilibrio entre lo público y lo privado, como ya se ha visto en ejemplos exitosos como YPF”, agregó.

García Aresca advirtió sobre la polarización actual en la política argentina: “Cuando empezás a pensar en lo político sobre la gente, estás polarizando. O estás de un lado o estás del otro”. En este sentido, insistió en que su bloque no se identifica ni con el kirchnerismo ni con Milei. “Nosotros lo único que pensamos es que le vaya bien a los argentinos. Y se logra sentándose en una mesa de diálogo para encontrar soluciones”, afirmó.

El diputado se mostró crítico sobre la falta de diálogo en la actualidad: “Hoy no hay diálogo. En cambio, en Córdoba escuchamos a la gente, las entidades, las instituciones, el campo... Muchos proyectos salieron con el apoyo del sector privado. El de Córdoba es un modelo a seguir”.

Al finalizar la entrevista, Aresca reflexionó sobre su futuro político de cara a las elecciones legislativas de 2025 y su compromiso con su provincia: “San Francisco tiene un gran intendente, Damián Bernarte. Tener un gobernador como Martín Llaryora y un diputado nacional de San Francisco es un proyecto importante. Cuando termine mi mandato en el Congreso, estaré en el lugar que el proyecto me necesite”.

Con un enfoque claro en la educación y la necesidad de diálogo, García Aresca se presenta como una voz significativa en la política cordobesa y nacional, defendiendo un modelo de consenso y desarrollo para la Argentina.

Dejó en claro que su prioridad es garantizar el financiamiento adecuado para las universidades y las provincias, asegurando que “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país”. Su postura refleja la necesidad de un diálogo constructivo en un contexto político complicado, donde la gobernabilidad y el bienestar de la sociedad deben prevalecer. 

En el marco del paro nacional docente de 48 horas que comenzó este lunes, se realizó una clase pública en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de San Francisco. Esta protesta es parte de las acciones llevadas a cabo en universidades públicas de todo el país en rechazo al desfinanciamiento gubernamental y en apoyo a un aumento del presupuesto universitario.

La clase, organizada por una comisión de la materia Álgebra y Geometría Analítica de primer año del Departamento de Materias Básicas, se llevó a cabo en el frente del ingreso principal de la institución. Los docentes y estudiantes buscaron visibilizar el reclamo por un incremento en el presupuesto universitario y por una partida específica destinada a recomponer los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.

Desde los gremios que agrupan a estos trabajadores, se convocó al paro de 48 horas para este lunes 21 y martes 22 de octubre, que incluye la realización de clases públicas. Las acciones de protesta se extenderán a lo largo de la semana y continuarán en las próximas semanas, tanto en la Facultad Regional San Francisco como en el resto de las universidades nacionales del país.

Además, se anticipan marchas regionales federales que culminarán en un Encuentro Federal Universitario en noviembre, donde se buscará fortalecer la lucha por el presupuesto universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Universidad Nacional de Córdoba se sumó al paro universitario previsto este jueves en todo el país anunciado por el Frente Sindical de Universidades tras el ratificamiento de Diputados al veto del presidente Javier Milei a la Ley del Financiamiento Universitario. 

Con la manifestación central en el Congreso, en Córdoba la movilización inició en Hipólito Yrigoyen 174 y culminó en el Patio Olmos, donde se leía un documento.

Los sindicatos que nuclean a las universidades nacionales convocaron a un paro total para este jueves. Será para "consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto".

"Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad", se titula el comunicado que hicieron circularon desde el Frente Sindical de Universidades.

Javier Blanco, titular de ADIUC, confirmó a Cadena 3 que este jueves no habrá clases en la universidad. "En todas las universidades del país hay un paro total de actividades. Acabamos de recibir un comunicado del Frente Sindical y tuvimos una reunión relámpago con la Junta Ejecutiva, donde avalamos esta convocatoria", expresó.

Blanco destacó la preocupación por la situación económica de los docentes: "El 70% de los docentes no llega a fin de mes, tienen un salario por debajo de la canasta básica. Esto pone a la universidad en un riesgo terminal". 

Además, subrayó la importancia de la votación en el Congreso, donde 160 diputados intentaron revocar el veto, lo que considera "encomiable".

En la zona de la marcha en Córdoba hubo un corte de media calzada y la circulación no se vio gravemente afectada. 

La Cámara de Diputados confirmó este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, tras una votación que evidenció la falta de apoyo suficiente por parte de la oposición. Con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa, que había sido aprobada previamente por el Congreso, no logró los dos tercios necesarios para ser mantenida.

El Gobierno de Javier Milei logró así mantener su veto, en una sesión marcada por intensos cruces entre los legisladores. La oposición, compuesta por Unión por la Patria, la izquierda, una parte de la UCR y la Coalición Cívica, no consiguió reunir los votos necesarios para insistir en la normativa que contemplaba fondos destinados a las universidades.

El respaldo al veto presidencial provino principalmente del PRO, sectores dialoguistas y La Libertad Avanza. La intervención de Mauricio Macri fue fundamental para consolidar la posición del PRO, que enfrentaba tensiones internas significativas.

En este contexto, el debate sobre la financiación de las casas de estudio queda nuevamente en suspenso, generando preocupación entre los sectores académicos y estudiantiles que habían promovido la ley. La decisión del Gobierno se alinea con su agenda de reformas, pero ha generado críticas por la falta de apoyo a las instituciones educativas.

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