La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Ley de Glaciares reactivó el debate en todo el país. Más allá de las discusiones políticas, la iniciativa también generó preocupación en distintos sectores de la sociedad. En San Francisco, una de esas voces es la de Beatriz Casalis, quien manifestó su inquietud a partir de una reflexión publicada en redes sociales.

“¿Sabrán los legisladores cordobeses que el río Dulce, principal tributario de la laguna Mar Chiquita, se nutre de los glaciares cordilleranos?”, planteó en su publicación, abriendo interrogantes sobre las posibles consecuencias de la normativa.“Especialista no soy, pero soy ciudadana y consciente de las cosas que ocurren y me aflige mucho la aprobación de una ley que retrocede en la protección del ambiente”, señaló Casalis en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

Casalis explicó que, aunque Córdoba no es una provincia cordillerana ni minera, podría verse afectada indirectamente. “Uno ve los mapas de dónde están los glaciares, pero hay algo muy importante: de los glaciares derivan ríos, y algunos son fundamentales para distintas regiones del país”, indicó.

En ese sentido, remarcó: “El río Dulce, que es el principal afluente de la laguna Mar Chiquita, se nutre de glaciares. Entonces estamos hablando de una zona clave para nuestra región”.

La vecina puso especial énfasis en el valor ambiental del ecosistema. “Es una zona fundamental para el mundo por el intercambio de aves migratorias, por la fauna, por la presencia de flamencos. Privar o contaminar esas aguas sería realmente muy perjudicial para nuestra provincia, para nuestro departamento y para nuestra zona”, advirtió.También expresó dudas sobre uno de los ejes de la reforma: el mayor poder otorgado a las provincias para definir el uso de los territorios. “Es cierto que las provincias deben ocuparse del suelo y del ambiente, pero el Estado nacional no puede desentenderse. Es quien regula en función de los intereses generales”, sostuvo Casalis.

En esa línea, planteó interrogantes sobre los controles en áreas donde podría avanzar la actividad extractiva. “Por la ambición de generar recursos, entregar concesiones y demás, ¿quién controla que no se contaminen los ríos? ¿Qué va a pasar con la fauna y con las personas que viven en esos lugares?”, se preguntó.

Casalis incluso mencionó experiencias personales para dimensionar su preocupación: “Tuve la oportunidad de viajar por la Puna y ver cómo son esos territorios, muy frágiles. Allí hay poblaciones que dependen de esos recursos. No podemos dejar de pensar en ellos”.

Si bien reconoció no ser especialista, insistió en la importancia de la participación ciudadana. “A lo mejor no es una opinión científica, pero es lo que pienso como ciudadana”, afirmó.La reforma, aprobada por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, introduce cambios en las áreas protegidas, habilita nuevas condiciones para la actividad minera en zonas periglaciares y otorga mayor protagonismo a las provincias, además de establecer evaluaciones de impacto ambiental.

En Córdoba, la votación reflejó posturas divididas entre los diputados nacionales, en línea con un debate que también se replica en la sociedad. El proyecto fue acompañado por legisladores cordobeses como Gabriel Bornoroni, junto a Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce, Laura Rodríguez Machado y Alejandra Torres. En cambio, votaron en contra Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, además de Natalia de la Sota y Gabriela Estévez. Por su parte, Ignacio García Aresca estuvo ausente al momento de la votación.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine el alcance de la protección sobre glaciares y zonas periglaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

En ese marco, los diputados por Córdoba evidenciaron posturas divididas frente a la iniciativa.

Por el lado de los votos afirmativos, acompañaron el proyecto legisladores vinculados al oficialismo libertario, entre ellos Gabriel Bornoroni, Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado. A ellos se sumó también Alejandra Torres, integrante del bloque Provincias Unidas.

En contraposición, rechazaron la reforma los diputados cordobeses de ese mismo espacio Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que Ignacio García Aresca no participó de la votación por ausencia. También votaron en contra Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Previo a la sesión, Schiaretti ya había anticipado su postura crítica frente al tratamiento del proyecto. “Considerando que es un tema complejo que en todo el mundo requiere de análisis y consensos, sostenemos que la modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar esos consensos y obtener una buena ley”, expresó.

En la misma línea, cuestionó la celeridad del debate parlamentario: “No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”.

Asimismo, remarcó la importancia estratégica del tema: “Hay que señalar, además, que el cuidado de los glaciares es estratégico: es una cuestión de unidad nacional. Por lo tanto, el inventario de los glaciares y periglaciares es responsabilidad irrenunciable de la Nación, con el aporte necesario de las provincias”.

El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. 

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. 

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

Ley de Glaciares: La Libertad Avanza y aliados convirtieron en ley la reforma de forma contundente

En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria Lorena Pokoik fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdes planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.

Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.

Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.

Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.

El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.

Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.

“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.

El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.

“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.

“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y "a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.

El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.

“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.

En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato".

"Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.

El diputado Néstor Pitrola aseguró que desde el Frente de Izquierda van a "defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.

Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de "la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior".

No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que "habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.

"Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno", indicó.

"Hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuviera una función hídrica no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo", razonó.

Señaló que “en esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar" ya que son "decisiones sobre su propio territorio”.

A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto recordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.

“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.

“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.

El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.

“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.

Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.

Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.

Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria, Máximo Kirchner aclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.

“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.

“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.

A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.

“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, finalizó.

Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.

El diputado nacional Juan Schiaretti volvió a manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y cuestionó con dureza el ritmo con el que el oficialismo busca avanzar en el Congreso. “No se puede acompañar la reforma actual de la Ley de Glaciares”, afirmó, al tiempo que advirtió que el tratamiento “no puede hacerse de manera exprés”.

Su extensa publicación en X se produce en un contexto de fuerte tensión política: tras la última jornada de exposiciones en el plenario de comisiones —con participación de funcionarios nacionales y representantes de provincias mineras— el oficialismo logró dictamen de mayoría y apuesta a convertir el proyecto en ley en la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados.

El despacho reunió 37 firmas sobre un total de 66 legisladores y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y representantes provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones.

En su posicionamiento, Schiaretti insistió en la importancia de los glaciares como reserva de agua dulce. “El 36% del territorio argentino depende de ellos para el acceso al agua potable”, subrayó, y remarcó que incluso provincias como Córdoba dependen indirectamente de estos sistemas para garantizar el recurso en el tiempo.

NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES. Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener…

“Cuidar el agua es cuidar la vida”, sostuvo, y alertó que cualquier error en la legislación puede generar daños irreversibles, en un contexto donde el cambio climático acelera el retroceso de los glaciares.

El exgobernador cordobés puso el foco en la falta de debate profundo y consenso. Cuestionó que, pese a que más de 100 mil personas se inscribieron para participar de audiencias públicas, solo un número reducido pudo exponer.

“Es un tema complejo que requiere tiempo y acuerdos. No se puede modificar una ley así a las apuradas”, planteó.

Mientras tanto, organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición convocaron a una movilización para este miércoles a las 17, desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso, en rechazo al proyecto.

“No a la flexibilización ambiental. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos”, señalaron desde espacios como La Cámpora, uno de los impulsores de la protesta.

Schiaretti también defendió el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), organismo encargado del inventario nacional de glaciares, al que consideró clave para garantizar criterios técnicos y científicos.

Advirtió que la reforma en debate debilitaría su rol, relegándolo a una función meramente informativa, y cuestionó cualquier intento de desfinanciarlo.

Además, planteó que si bien las provincias deben tener protagonismo, no pueden tomar decisiones aisladas sobre un recurso que trasciende fronteras administrativas. “Una cuenca no respeta límites políticos”, explicó, y alertó sobre posibles conflictos e inseguridad jurídica.

“Hay que reformar para mejor, no a cualquier costo ni de manera exprés”, concluyó, en un mensaje que busca poner en pausa una discusión que el oficialismo intenta acelerar en el Congreso.

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) se llevará a cabo el próximo jueves, donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.

En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.

Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.

Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.

Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones" y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que "cumplan una función hídrica efectiva y estratégica" y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.

Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.

Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían "bajo presión" dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.

Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.

El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.

Si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.

La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.

Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar "certezas técnicas" para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó, semanas atrás, un "contraproyecto" que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.

En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.__IP__

Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, que dependen de estas cuencas hídricas, ante el avance del cambio climático.

El Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto de reforma de Protección de Glaciares, en medio del período de sesiones extraordinarias que rige hasta el 30 de diciembre.

Así lo anunció la Oficina del Presidente desde las redes sociales. 

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La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

Según el comunicado oficial, a más de 15 años de su sanción, "la mal llamada 'Ley de Glaciares' demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.

El documento oficial define esta iniciativa como “una verdadera reforma de federalismo ambiental” que da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

La reforma responde al rumbo trazado por el presidente Javier Milei desde el primer día: “Terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”.

Además, da cumplimiento al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que solicitaron avanzar hacia un modelo federal responsable y sostenible en el tiempo.

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía.__IP__

El Gobierno nacional está convencido de que esta reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.

La iniciativa busca ordenar una normativa que, según el Ejecutivo, generó durante más de una década incertidumbre jurídica y trabó el aprovechamiento de recursos naturales en las provincias cordilleranas.