El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, volvió a insistir con la necesidad de avanzar en una modificación de la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Lo hizo tras conocerse la detención de un menor de edad en Villa Carlos Paz, uno de los involucrados en el asesinato de Sebastián Villarreal, ocurrido en febrero de 2024 en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.

El adolescente había sido trasladado a Villa Carlos Paz bajo la tutela de una familia amiga, luego de ser declarado inimputable por tener 14 años al momento del crimen. Esta semana volvió a ser detenido por conducir un vehículo robado. “Lleva 30 detenciones y ya mató a Sebastián Villarreal”, expresó Quinteros con indignación. “¿Qué más hace falta para que haya una medida efectiva contra un adolescente?”, se preguntó.

A casi un año y medio del crimen que conmocionó a la provincia, el funcionario del gabinete de Martín Llaryora sostuvo que la violencia protagonizada por menores es una realidad creciente y que el Estado debe brindar respuestas urgentes. En ese sentido, ratificó su apoyo al proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad, el cual ya cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, pero aún no fue tratado en el recinto.

El ministro remarcó su coincidencia con la postura de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien también impulsa una reforma en este sentido. Mientras tanto, explicó que el accionar policial seguirá siendo el mismo: los menores detenidos por delitos seguirán siendo liberados según lo establece la ley actual.

Desde la familia de Sebastián Villarreal volvieron a reclamar justicia y pidieron respuestas integrales. “Necesitamos que piensen en la vida de estos niños y jóvenes, y que el cambio no sea simplemente encerrarlos”, expresó la hermana de la víctima, recordando que el menor fue declarado inimputable tras disparar y quitarle la vida a su hermano en un intento de robo.

Legislatura de Córdoba aprobó el Procedimiento Penal Juvenil, un marco normativo que garantiza el debido proceso y prioriza la reintegración social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

La iniciativa, actualiza la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales y brinda respuestas eficaces y diferenciadas a esta problemática.

Este nuevo procedimiento diferencia el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles, asegurando un abordaje ajustado a principios de protección integral y justicia especializada.

El despacho aprobado asegura la correcta aplicación de la ley. En este sentido, el proyecto se estructura en cinco ejes centrales que marcan un avance en el sistema de justicia penal juvenil en Córdoba: