A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y varios funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene pensado insistir en un futuro cercano con esta iniciativa.

El tema es la principal crítica por parte de los grupos de manifestantes que, aunque el articulado se haya borrado, se concentró en las afueras del Congreso para protestar en contra del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Aunque se trata de una medida tiene todo el respaldo del presidente Javier Milei, como así también del Gabinete, y se alinea ideológicamente con la agenda libertaria, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió que se tratara.

De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor del articulo que fue descartado, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue la que terminó acordando con la oposición en el recinto eliminar este apartado de Propiedad Privada, para evitar así que todo el texto se cayera.

El funcionario, a quien se le vienen negando varias reformas propuestas, cómo un nuevo pedido de facultades delegadas, se habría enterado por las redes sociales de este otro traspié.

La senadora del oficialismo tomó la decisión de sacar la ley de tierras de la mesa de discusión mediante un diálogo que tuvo entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su Vice, Ignacio Devitt (hombre de confianza de la secretaria general, Karina Milei).

”Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”, confirmó a este medio un integrante de la mesa política.

Hace algunos días, la legisladora se había reunido con Sturzenegger para tratar de atenuar la norma, que originalmente planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de hectáreas ganaderas por parte de extranjeros.

Tras ese encuentro, se planteó mantener un techo, pero elevarlo del 15% actual a un 25, pero el tema siguió generando controversia y no frenó la movilización de organismos sociales y partidos de la oposición que, aun después de haberse borrado todo el artículo, se realizó este jueves, cuando se trató Propiedad Privada.

Según pudo saber este medio, el Poder Ejecutivo no va a mandar más adelante la iniciativa en un proyecto aparte y optó por desestimar, al menos por ahora, cualquier idea de cambiar la norma.

Puntualmente, la administración libertaria quería derogar la ley de tierras que fue aprobada en el 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En el entorno de Sturzenegger recuerdan que antes de ese momento no había ningún tipo de límite a la compra de hectáreas por parte de los extranjeros.

Asimismo, en ese Ministerio señalan que la posibilidad de acceder a un terreno para su explotación está garantizado por la Constitución, tanto para locales como personas de otros países.

“La ley la hizo el kirchnerismo y nosotros, para solicitar que se derogue, nos basamos en la realidad de la Argentina, la Constitución, en Alberdi y en 150 años de historia”, lamentaron fuentes de esta cartera.

Ante está situación, Sturzenegger y su equipo ya están concentrados en continuar defendiendo ahora “Hojarasca”, el conjunto de desregulaciones que ya está listo en el Congreso para su tratamiento.

Asimismo, elaboraron otro paquete de reformas que fue terminado en julio, tiene un total de 349 artículos y se centra en el mercado inmobiliario, aunque abarca también una decena de sectores de la economía.

El texto, que es en el que se intentó incluir las facultades delegadas, plantea como objetivo de “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.

Tal como se adelantó oportunamente, el proyecto la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.

Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

De todas formas, el Gobierno intentará primero sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse a finales de agosto en la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación retomó este jueves el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, luego de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La sesión comenzó a las 14.15, tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para continuar las negociaciones y reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La decisión de excluir el apartado sobre tierras rurales fue clave para destrabar el tratamiento legislativo. El capítulo había generado fuertes resistencias tanto en sectores de la oposición como entre algunos aliados del oficialismo, lo que ponía en riesgo la continuidad del debate.

Inicialmente, la propuesta contemplaba modificaciones a la legislación vigente sobre la titularidad de tierras rurales por parte de ciudadanos y capitales extranjeros. Sin embargo, ante la falta de consenso, el oficialismo optó por eliminar ese punto y concentrar la discusión en el resto del proyecto.

La jornada comenzó con varios planteos reglamentarios y cruces entre los bloques parlamentarios.

Uno de los primeros temas abordados fue la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó participar de manera remota debido a un embarazo avanzado. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió que el planteo fuera remitido a comisión, propuesta que finalmente fue aceptada por el cuerpo.

Por otra parte, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch respondió a una impugnación impulsada desde el bloque peronista, que cuestionó su participación en el debate al considerar que podría existir un conflicto de intereses por su actividad vinculada al sector agropecuario e inmobiliario.

El legislador rechazó las acusaciones y sostuvo que su trayectoria profesional es pública y no constituye un impedimento para intervenir en la discusión parlamentaria.

En el inicio de la sesión también hubo lugar para un mensaje político. Los senadores del bloque peronista exhibieron en sus bancas pines con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", en referencia a la bandera mostrada por los jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El gesto llamó la atención dentro del recinto y se produjo en medio de una jornada legislativa marcada por las diferencias políticas en torno a uno de los proyectos más importantes para el Gobierno.

Mientras el debate avanza en la Cámara alta, en las inmediaciones del Congreso se desarrollan distintas manifestaciones convocadas por organizaciones sociales y sectores que cuestionan la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Con la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios para aprobar una ley que considera estratégica dentro de su agenda legislativa.

De todos modos, previo al debate del dictamen sobre "inviolabilidad de la propiedad privada", el pleno resolvió los pedidos de los senadores del peronismo Anabel Fernández Sagasti, y del radical Flavio Fama, para participar de la sesión en forma virtual, que fue avalado por la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

Fernández Sagasti había pedido participar en forma virtual debido a que no puede viajar desde Mendoza a Buenos Aires por estar cursando la semana 32 de su embarazo, y fue autorizada por Villarruel, aunque lo dejó supeditado a la decisión del pleno del cuerpo, el cual votó que la senadora no pueda votar de forma virtual.

Posteriormente, el senador radical Fama sumó otro pedido debido a que fue operado de la rodilla y no puede trasladarse y también fue autorizado por Villarruel, pero siempre que tenga el aval del cuerpo.

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

En el caso de los deudores morosos tendrán más plazos ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva; declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

El proyecto modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentran bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en contra de la Ley de Propiedad Privada antes del inicio el debate en el Senado que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

Varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), entre otras, se concentran sobre Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización por parte de los gremios y las organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la iniciativa.

Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

El Gobierno decidió retirar de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La modificación busca facilitar el tratamiento del proyecto durante la sesión prevista para este jueves en el Senado.

La decisión se tomó después de una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich con representantes de los bloques aliados. El oficialismo encontraba dificultades para reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Durante la mañana de este miércoles, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, ambos cercanos a la Casa Rosada, habían anticipado que no acompañarían el capítulo cuestionado.

El texto prohibía la adquisición de tierras rurales directamente por parte de Estados extranjeros. Sin embargo, contemplaba que pudieran comprarlas personas jurídicas, uniones transitorias de empresas y otras asociaciones con participación estatal extranjera directa o indirecta.

Para concretar esas operaciones, la iniciativa exigía la autorización de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Ese punto generó objeciones entre legisladores y gobernadores aliados, por lo que finalmente fue eliminado del proyecto.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, brindó unaconferencia de prensa sobre los cambios en el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno, que será debatido este jueves en una sesión en el Senado. La administración libertaria busca que la iniciativa obtenga media sanción, después de que el debate se postergara en varias oportunidades.

En su exposición, Bullrich remarcó la autonomía de la Argentina en medio de las críticas de la oposición al proyecto. "No nos van a correr con la soberanía. Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. La soberanía es la capacidad y fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley. Perdimos soberanía en Rosario y ahora la recuperamos porque ahí regía la ley narco", afirmó.

En tal sentido, confirmó que el Gobierno busca elevar el tope a la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera: "En esta gestión, defendimos en todos y cada uno de los pasos la soberanía de nuestro país, la Patria y nuestro territorio. Pusimos un límite del 25% a la compra de tierras por extranjeros. Eso es porque Brasil tiene un 25%, en acuerdo y por pedido de nuestros aliados de una oposición constructiva".

"Es un límite que nos parece razonable porque Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años. Por primera vez, vinimos a dejar en claro qué es una expropiación. Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título y la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio", diferenció en esta línea.

En tanto, Bullrich también remarcó el rol de las provincias. "Acá los extranjeros vinieron a producir y trabajar. Queremos sacar estas cosas de que se van a quedar con el agua ni con los recursos naturales. Pusimos bien claro el refuerzo de que los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas deciden. Cuando un campo es encerrado por otros campos por ejemplo por herencia, es obligatorio abrir un camino", recalcó.

En este marco, se refirió al alcance del proyecto: "Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta necesitarán el aval conjunto de la Provincia y la Nación. En la Nación, el funcionario tiene que ser secretario de Estado".

El paso de los días jugó a favor de la oposición, que comenzó a elaborar una estrategia para visibilizar los efectos de la extranjerización de la tierra, al tiempo que comenzaron a organizarse movilizaciones al Congreso para el día de su tratamiento. De hecho, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas y sindicales marcharán el jueves para rechazar la iniciativa.

Por lo pronto, la última sesión en el Senado en la que se puso sobre la mesa el proyecto de Inviolabilidad Privada se produjo el 16 de julio. En aquel entonces, Bullrich solicitó un cuarto intermedio hasta este jueves, por lo que fue la cuarta vez que la iniciativa no fue discutida en el recinto.

La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez  en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 héctareas.

Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.

En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich esta molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los  últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.

Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chutense Edith Terenzi.

Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta Agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el  quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.

La Libertad Avanza consiguó quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.

En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut,  Movere Santa Cruz, y  de Independencia, y Provincias Unidas.

No solo los dialoguistas y los peronistas querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: "Andá a chuparle las medias a Karina", espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.