El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años se tratará el viernes próximo en el Senado.

Luego de haber recibido media sanción en Diputados, con 149 votos afirmativos, el debate se trasladará a la Cámara Alta, donde el oficialismo ya logró el dictamen de comisión, lo que habilitó llevar a cabo su tratamiento de manera inmediata.

Desde La Libertad Avanza (LLA), el fundamento para la modificación de la ley vigente (22.278) es que dentro de los países de la región Argentina está por fuera de los estándares con los que se legisla en el resto de los países de Latinoamérica.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Por otra parte, el oficialismo argumenta que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

Esta decisión también estuvo acompañada por los resultados que hubo durante el debate en comisiones, donde especialistas en desarrollo cognitivo y neurología aseguraron que, si bien un menor puede comprender lo que hace a los 13, los 14 años ofrecen un marco más rígido para determinar la responsabilidad penal y la capacidad de comprender la criminalidad del acto.

El proyecto oficialista propone, para delitos menores, penas de hasta 3 años, mientras que, para hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.

Asimismo, y de acuerdo con cada situación particular, la iniciativa posibilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor en la sociedad.

Por último, también quedó implícita una posible reparación económica o mediación por parte del menor que haya cometido un delito, con el consentimiento de la víctima.

El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y plantea la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o bien permanecer en una unidad separada dentro de un penal.

Según el oficialismo, estos centros estarán enfocados en la educación y en la salud de los niños y jóvenes: para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, y mediante la incorporación de un capítulo presupuestario específico, se destinarán más de $23.700 millones para la realización de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado para la supervisión de los menores detenidos.

Luego de la negociación que llevó a cabo con bloques dialoguistas, el oficialismo se enfocará en la construcción de institutos especializados y en la contratación de personal interdisciplinario, para evitar el alojamiento de los niños y adolescentes en cárceles convencionales destinadas a los adultos.

Desde lo conceptual, es una ley que combina una mirada punitivista con un enfoque de resocialización, con penas graduales, castigos alternativos y medidas complementarias para la reinserción ciudadana. 

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas, según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias.

Finalmente, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes._

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil.

El Gobierno apuró la marcha y en un giro inesperado de los acontecimientos decidió anticipar para el jueves 12 de febrero el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la Ley Penal Juvenil, que incluye la polémica propuesta para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ofició de vocero del acuerdo luego de participar del cónclave de jefes de bloque en el Salón de Honor, donde el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, les informó sobre la decisión de dictaminar el miércoles 11 y votar el proyecto al día siguiente.

En esa reunión, también se acordó retomar las bases del dictamen emitido el 6 de mayo del año pasado, que ya perdió estado parlamentario, para no volver la negociación a foja cero.

El asesinato a sangre fría en Santa Fe de Jeremías Monzón a manos de menores de edad generó un sismo en la opinión pública y un golpe de efecto social que estimuló al Gobierno a apretar el acelerador en esta discusión.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia y la recolección de votos en el Senado, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

Ese criterio fue dejado de lado: en la discusión con los otros bloques el oficialismo no tenía los números suficientes para imponer la versión más dura del Régimen Penal Juvenil, y en caso de avanzar unilateralmente por ese desfiladero podía desbarrancar, por lo que prefirió cortar por lo sano y retrotraerse al estado de debate plasmado en el dictamen de mayoría alcanzado antes del recambio parlamentario. 

“Con este proyecto los números están", coincidieron las distintas fuentes del oficialismo y de la oposición dialoguista consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

El único cambio respecto de aquel dictamen del año pasado tiene que ver con que se dejará librado el financiamiento a la reglamentación que establezca la Jefatura de Gabinete, sino que se dejará fijado que los fondos surjan de los convenios firmados por Nación con las provincias para su efectiva implementación del Régimen Penal Juvenil.

“Esto va a permitir firmar convenios entre las provincias con el Estado Nacional para su aplicación”, explicó Ritondo.

En cuanto al itinerario de la semana que viene, el primer paso se dará el martes de la semana que viene, cuando se deberán conformar las dos comisiones cuya integración están pendientes, y que formarán parte del plenario de comisiones para el tratamiento de la ley.

Se trata de las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes, cuyas autoridades aún no están confirmadas y seguían las negociaciones para cubrir dichos cargos. 

Al día siguiente, el miércoles 11, el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista buscarán dictaminar, para llevar la iniciativa al recinto el jueves 12.

El proyecto consensuado establece que no se le podrá imponer al menor de edad una pena de reclusión perpetua y que la pena máxima de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa que consideran “punitivista” y “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.

Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez ya se desmarcaron en su momento de la posición mayoritaria del bloque cuando pusieron su firma al dictamen de mayoría del año pasado.