El Gobierno de la provincia de Córdoba anunció que impulsará una ley destinada a prohibir la actividad de los llamados “naranjitas” ilegales y limpiavidrios en todo el territorio. La medida fue presentada tras una reunión encabezada por el gobernador Martín Llaryora junto a funcionarios provinciales y municipales.

“Vamos a impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios”, afirmó el mandatario, al explicar el alcance de la iniciativa.

Según lo informado, el proyecto buscará ordenar la actividad delegando en los municipios la decisión de autorizar o no a estos trabajadores informales. En los casos permitidos, deberán existir registros, identificación y controles; donde no, la actividad quedará directamente prohibida.

El anuncio se da en un contexto en el que la problemática lleva años instalada en las calles, con denuncias reiteradas de vecinos por situaciones de presión, cobros indebidos y falta de control efectivo.

En ese marco, se conoció que en lo que va de 2026 ya fueron detenidos 156 “naranjitas” en la ciudad de Córdoba, en procedimientos vinculados a delitos o infracciones, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno y la intervención de las fuerzas de seguridad.

El proyecto también contempla programas de reinserción laboral para quienes actualmente desarrollan estas tareas, con acompañamiento provincial.

Si bien el objetivo oficial apunta a ordenar el uso del espacio público, el anuncio reabre el debate sobre la demora en abordar una problemática que creció durante años sin una regulación clara ni una intervención sostenida del Estado.

¿Qué pasa en San Francisco? 

En nuestra ciudad existe una ordenanza municipal (N° 4389) que prohíbe esta actividad, la cual rige desde el año 1997.  “En San Francisco está prohibida la actividad de cuida coches”, recordaron desde el municipio.   

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, en el marco de una sesión especial en la que también se trató la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social.

En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.

La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.

Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El Gobierno informó que entre las reformas que enviará para tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

El Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso, algunos se tratarán en extraordinarias y otras iniciativas serán tratadas en el período legislativo 2026. Todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el caso de la Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria estará incluida en sesiones extraordinarias. El objetivo central es procurar un “equilibrio fiscal innegociable”, dijo el funcionario al presentar el documento.

Esta normativa prohíbe déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito gastos y partidas presupuestarias, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno.

 Diputados de la oposición analizaban concretar una sesión el próximo miércoles para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades, con lo que el Congreso se encamina a  dejar firme otras dos leyes en un abierto desafío al Gobierno.

La sesión será solicitada entre hoy y mañana por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, de acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas.

Será la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que el peronismo obtuvo el 46 por ciento de los votos.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan, que se sancionó con una amplia mayoría.

Los opositores señalan que cuentan con los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

La decisión del Gobierno de vetar las leyes de Garrahan y de universidades despertó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques parlamentarios.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), afirmó que “vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera”

“El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley”, agregó.

Por su parte, la legisladora peronista Blanca Osuna señaló que “los vetos son dañinos frente a la responsabilidad que el Presidente tiene ante los derechos de Educación y Salud de argentinos/as”.

“Vamos a frenar a Milei, una y cada vez que elija incumplir las necesidades de la Argentina. Vamos por los rechazos a esos vetos perversos”, agregó.

Desde el radicalismo, el presidente de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que se impulsará el rechazo al veto a las dos leyes y le transmitió a Milei que “fue elegido para gobernar para todos” y que “sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentino”.

Señaló que la “declaración de emergencia al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad tiene un impacto fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de julio a diciembre de este año de $65.573 millones”.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que “gobernar un país no se trata de un número en el Excel, sino de garantizar la atención pediátrica y la formación de quienes salvan vidas todos los días”, al rechazar el veto al hospital Garrahan.

“La realidad es que quienes más sufren son los chicos y las familias que dependen del Garrahan. Así como lo hicimos con la emergencia en discapacidad, vamos a dar las peleas que sean necesarias. Porque la salud de nuestros niños no se ajusta, se defiende”, advirtió.

El Senado ya ratificó la semana pasada la ley de emergencia en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

La vigilia por la eliminación del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no se suspende por la lluvia, según informaron los organizadores, Padres CEA San Francisco, a través de sus redes sociales.

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La actividad, que convoca a prestadores, familias y vecinos de San Francisco, se realizará este martes 19 de agosto a las 20 en el Superdomo debido al clima desfavorable. Si las condiciones lo permiten, la marcha continuará luego hacia el centro de la ciudad. Los organizadores recomiendan llevar velas y mate; la vigilia tendrá una duración aproximada de dos horas.

Bajo el lema “Diputados, no apaguen la luz”, la convocatoria busca visibilizar el reclamo por la eliminación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), que será tratada por la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 20 de agosto.

Un día después de que el Suoem cortara durante la mañana del martes la avenida General Paz, una de las principales arterias del centro cordobés, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, lanzó duras críticas a la Justicia y reiteró su pedido de una ley que regule las manifestaciones en la vía pública.

El episodio que motivó su reacción fue el reciente fallo de la Cámara de Acusación que, en abril, sobreseyó a seis dirigentes del Polo Obrero acusados de interrumpir el tránsito durante una protesta en ese mismo cruce céntrico en abril de 2023. El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, consideró entonces que se trató de una “restricción tolerable” al tránsito y subrayó la ausencia de una legislación clara sobre los límites de la acción policial en manifestaciones.

Para Quinteros, esta decisión judicial dejó a las fuerzas de seguridad en una posición de debilidad operativa. “La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó el ministro en declaraciones a Cadena 3.

En ese marco, el funcionario pidió con énfasis una legislación que establezca un marco legal para las protestas. “Creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, señaló.

El conflicto se reavivó con la protesta del gremio municipal Suoem, que el martes pasado bloqueó el cruce de las avenidas Colón y General Paz, en rechazo a políticas del intendente Daniel Passerini. Esta manifestación volvió a poner en discusión el alcance del protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno provincial.

Quinteros expresó su preocupación por la falta de herramientas legales claras para fiscales y policías. “Imagine a aquel policía que intervino en esa acción (la del Polo Obrero), y al fiscal que decidió la imputación: ¿en qué posición quedan cuando tienen que volver a actuar en situaciones similares?”, planteó. Y sumó: “La pregunta que me hago, y que nos hacemos todos, es qué consideramos ‘tolerable’. Lo del martes, ¿fue tolerable o no? ¿Por una hora? ¿Por algunos minutos?”

En sus declaraciones, el ministro insistió en que la Policía no actúa por cuenta propia: “Ante una marcha, la Policía da aviso al fiscal de turno y es él quien determina qué hacer. Pero no podemos seguir con un protocolo del aire. Tenemos que debatir en serio una ley antipiquete”.

Quinteros también describió la seguridad como “una mesa de tres patas”, que requiere coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Hoy ese marco no existe. Queda todo a la discrecionalidad. Cuando el fiscal le dice al policía: ‘Déjenlos marchar’, ¿qué hace el policía? ¿Los detiene?”, cuestionó.

Pese al panorama que describió, el ministro aseguró que las fuerzas de seguridad intervendrán cuando lo consideren necesario. “Ante una situación flagrante, nuestra Policía va a actuar. Dentro del marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que estas protestas, que no lo digo yo, tienen como objetivo hacer un ‘quilombazo’, molesten la vida a cientos de miles de personas”, dijo.

Y lanzó una advertencia final: “Si no hay leyes claras y no hay respaldo judicial, los que van a terminar imputados van a ser los policías. Y no sé si habrá una Cámara que los sobresea”.

Mientras tanto, en San Francisco, el conflicto con el Suoem también sigue escalando. El sindicato mantiene asambleas de dos horas por turno y rechaza las medidas anunciadas por el intendente Damián Bernarte, que incluyen la fusión de secretarías, la reducción del 30% de los cargos políticos y el congelamiento de los sueldos de funcionarios por al menos 120 días.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, justificó Bernarte al anunciar el paquete de ajustes.

La respuesta gremial fue inmediata. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del Suoem, Víctor Lescano, fue categórico: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano también cuestionó duramente la gestión local: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.

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El Gobierno Nacional busca acelerar el tratamiento y su posterior sanción de la baja en la edad de imputabilidad a raíz del asesinato de Kim Gómez en La Plata, en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años. 

Al momento, según la ley, uno de los detenidos por el crimen, es inimputable por lo que no podrá condenado por el homicidio de la niña que fue arrastrada por cuadras, luego de que intentara huir del auto robado.

La primera en hacer eco del reclamo fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a través de sus redes sociales planteó: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más”.

“No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”, argumentó.

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Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que se trata de un tema en agenda, y planteó que el crimen en La Plata “es una aberración”. “Independientemente de su minoría de edad o de no haber cumplido la mayoría de edad, no pueden seguir conviviendo en sociedad y matando gente”, sostuvo.

El Poder Ejecutivo Nacional, tras el trabajo de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), envío el pasado 15 de julio al Congreso un proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

En Casa Rosada aseguran que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes", lo que genera “una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

En su redacción se determina que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque la escala penal podría ser más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. 

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

El oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".

Por su parte, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

El Senado convirtió ayer en ley proyecto Anti Mafia que propone el abordaje integral del crimen organizado. La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativos, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación. 

Fue acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y espacios federales. A este lote se sumaron los votos de los kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). 

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.  

Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.  

También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.  

Se dispuso que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, "las actuaciones pasarán a la Justicia Federal".  

La reforma incluye que, cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".  

En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que "exista una razón fundada".  

En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.  

Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.  

A lo largo del dictamen de mayoría se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal.  

También los investigadores con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.  

Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.  

Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.   

La miembro informante del proyecto fue la senadora Carolina Losada (Santa Fe), una de las alentadoras del proyecto: "Estamos dando una batalla muy dura en contra del narcotráfico y esta ley va a ser fundamental para esa lucha porque va sobre cada eslabón de la cadena y eso es importante porque todos son igualmente responsables".

El bloque kirchnerista se desmarcó, parcialmente, a través de la voz del senador Oscar Parrilli (Neuquén): "Creo que tenemos que corregir el avasallamiento al federalismo y a las autonomías provinciales. Representamos a la provincias y este proyecto sobre crimen organizado se mete sobre la autoridad jurisdiccional de cada gobernador". 

Tras su intervención, casi la totalidad de los integrantes del interbloque peronista dejaron el recinto. No obstante, uno de sus integrantes, el santafesino Marcelo Lewandowski argumentó su acompañamiento favorable a la iniciativa. 

"Voy a acompañar esta ley para otorgar una herramienta más para combatir el delito. Tenemos la necesidad de pacificar los barrios, pero también tiene que haber igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo", dijo el ex candidato a la Gobernación de Santa Fe. 

El Gobierno Nacional envió hoy al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo 20. 

La información fue suministrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien detalló que se buscan eliminar unas 70 leyes entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero.

"La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país", agregó.  

En un comunicado, señaló que se apunta a eliminar aquellas normas que "generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros". En ese sentido, el funcionario especificó a través de la red social X, que se derogan las leyes que "limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad".  

Entre ellas, mencionó una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que "impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país".

También informó que se busca eliminar la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que "el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario".  

El ministro también señaló que se busca anular la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba "a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión". 

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, "hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática". 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

La cuestión de la minoridad es un tema de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. A través de su extensa trayectoria en el Poder Judicial, la ex jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil, Esther Martínez, desarrolló una visión particular sobre los desafíos que enfrenta la Justicia en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, así como sobre las herramientas legales y sociales necesarias para garantizar sus derechos y bienestar.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, la ex magistrada –que se desempeñó en los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en San Francisco- analizó la situación actual de la minoridad, el proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad y remarcó la importancia que tuvo la Ley 9053 en Córdoba,  como un paso importante en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero fue superada por la Ley 9944/2011, que representa el marco legal hoy vigente.

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 13 años presentada por el gobierno de Javier Milei que busca combatir la inseguridad, generó un intenso debate a nivel nacional e internacional. Al respecto, la ex jueza Martínez consideró que ante la situación que se vive con la minoridad en riesgo “no queda otra que bajar la edad de imputabilidad” y remarcó que es importante que el “proyecto esté bien hecho”.

Martínez se refirió a la Ley 9053 y afirmó que, con esa normativa, ya derogada, “llegamos a un momento de excelencia en la provincia de Córdoba en materia de menores”.

“La minoridad debe tener una política de Estado. Sería bueno que a nivel nacional se estudie este procedimiento que plantea la 9053 y que invitaran a las provincias a que adhieran. Considero que a nivel provincial se debe volver a la Ley 9053 de protección judicial del niño y el adolescente, derogando la Ley 9944 de protección de niños, niñas y adolescentes. Los niños son el interés superior por el que tenemos que velar porque son los ciudadanos del futuro”, afirmó Martínez.

-Actualmente la propuesta de bajar la edad de imputabilidad causa polémica. ¿Cree que se debe bajar la edad?

No queda otra que bajar la edad de imputabilidad como sociedad. Sabemos que un chico de 10 años está armado y muchos delinquen. A un chico de 12 o 13 años no se le va a aplicar el régimen de prisión, si no que se tratará de re sociabilizar, aplicando límites que sean aprendizaje. Es importante que el proyecto esté bien hecho. Desde la teoría está mal visto decir que se baje la edad por eso creo que los políticos harían un gran favor si nos llamaran para escucharnos un poco a quienes tuvimos la experiencia de estar en el terreno con la minoridad. Mi deseo del corazón también sería que ningún niño pueda ser imputable si tiene tan corta edad como 12 o 13 años, pero hay que tener los pies en la tierra y esta es la realidad que supimos conseguir para el pueblo argentino, una minoridad abandonada a su suerte. Se destrozó el sistema que había, podemos encontrar personas que vivieron en la Casa del Niño que era parte de un sistema que formaba gente útil para la sociedad. Empezaron a creer que las residencias no servían y no es tan así, porque cuando un niño no tiene una familia dónde estará contenido. También se destrozó con comenzar a aprobar a los chicos en el colegio, a no controlar las faltas. Debilitamos la escuela, debilitamos organismos de contención, la droga invadió la comunidad. Dejamos la escuela que era ente primario de captación del caso riesgo, porque se daban cuenta si había abandono, maltrato o violencia familiar. Hubo una gran pérdida de valores y respeto por la autoridad y los chicos quedaron flotando en lo peor que tiene la sociedad.

-¿Cómo ve actualmente a la política de minoridad en el país?

Creo que la política de prevención de la niñez y la adolescencia ha retrocedido en lugar de avanzar en este último tiempo. No importa el nombre que le pongamos, pero si hay que darle real importancia que la minoridad o la niñez y juventud debe tener. Cuando comencé a trabajar en 1980, existía en Córdoba el Consejo del Menor, dependiente del Ministerio de Bienestar Social provincial, y todas las medidas que se tomaban desde los juzgados de menores eran con el Consejo, era una oficina enorme que decidía qué menores podían ser dados en adopción y quienes podía adoptar. El problema que tome la decisión el Consejo del Menor era que pertenecía al Poder Ejecutivo y ¿qué garantías no tenemos cuando la minoridad está en manos del Poder Ejecutivo o gran parte de eso?. No tenemos garantía que las personas sean apartidarias, tampoco nos garantizan si estamos en una lista de adopción que nos toque realmente el turno y que no le va a tocar a un amigo. Lamentablemente el Poder Ejecutivo no es por concurso, se llega más por amiguismo. Entonces no podemos dejar a algo tan vulnerable como es la minoridad en manos de los amigos del poder de turno, porque esa es la gente que ingresa a trabajar aunque tenga un título y esté capacitada. Hubo casos puntuales en Córdoba y muy conocidos por la opinión pública en que la falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Consejo del Menor llevó a que hubiera niños dados en guarda que luego fueron víctima de violencia, la entrevista estuvo mal hecha, se eligió mal el hogar de guarda o adopción, hubo mala comunicación y malas decisiones.

-¿Por qué considera que la Ley 9053 fue y es un ejemplo para llevar adelante?

Con la llegada de la democracia se trabajó en una ley provincial para proponer un procedimiento y se dictó la Ley 9053 con la que llegamos a un momento de excelencia en la provincia de Córdoba en materia de menores. La normativa incorpora a los Juzgados de Menores equipos técnicos que con psicólogos psiquiatras y asistentes sociales. De esta manera la evaluación de cada caso se podía hacer de manera interdisciplinaria y dentro del mismo edificio con celeridad y con cercanía física de quienes intervienen en la decisión del caso, en el mismo poder del Estado sin tener que conectarse con unidades del Poder Ejecutivo. Se le debe dar la ocasión a un padre o una madre que recupere a su hijo y si no lo hace, hay que pensar en el interés superior del menor y darle a ese menor un estatus jurídico, porque el daño que le hacemos no dándole un lugar dentro de una familia es inconmensurable. 

-¿Qué ventajas tenía esta ley?

Creo que el error está en dejar en manos, no solo del Ejecutivo sino de personas preparadas en su mayoría en psicología y asistencia social, que están muy bien preparadas, pero para lo de ellos y gente nueva que no tiene la experiencia suficiente y la experiencia es muy importante porque enseña mucho. En los juzgados de las ciudades grandes por la gran cantidad de trabajo no se resolvía pronto la situación de un menor, si bien se lo estaba estudiando. Con esta ley, a más tardar en un año el juez tenía un plazo para resolver la situación del menor. Si era dudosa la situación de los padres se prorrogaba el plazo de resolución, pero como máximo era de un año y medio. El juez no podía prorrogar por su cuenta, sino que debía pedir permiso a la Cámara Civil de su ciudad. Este sistema comenzó a funcionar muy bien, como un mecanismo bien aceitado. En ese año y medio se le estaba haciendo el menor daño posible al chico y que volviera a tener un estatus de familia, porque qué pienso yo si el niño tiene un estatus de familia, se siente alguien en un grupo familiar estamos ayudando en gran parte a fundar la salud mental de ese menor para cuando sea un adulto claro. El presidente de aquel momento lo que podría haber hecho era invitar a todas las provincias argentinas a imitar la ley de Córdoba en procedimiento de minoridad. Córdoba fue siempre una pionera, revolucionaria en minoridad, una provincia muy Jesuita. La gente que escribió la ley fue a trabajar como voluntaria a los hogares de menores, que vivió el terreno. Para mí, que todo el país tuviera esa legislación hubiera sido fundamental. Creo que hoy, si hubiera seguido esa ley, la gente que quiere adoptar tendría más pronto las respuestas, porque se estaría siguiendo un procedimiento. No podemos esperar que un niño se acomode en su familia seis años, porque mientras tanto se acomodó su infancia, su vida y su psiquismo.

-¿Qué cambió con la nueva normativa, la Ley 9944?

Cuando llegó la presidencia de Cristina Kirchner a nivel nacional se estableció que la minoridad en riesgo es un tema del Poder Ejecutivo, entonces establecieron que el Ejecutivo vuelva a decidir sobre la minoridad. Además, invitó a todas las provincias a que todas adhieran a esta disposición y no solo por voluntad, sino que distribuyó importantes partidas de dinero. De esta manera la minoridad pasó en gran parte al Poder Ejecutivo y la Justicia solo iba a dar el visto bueno. No estoy en contra de los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ni de la Unidad de Desarrollo Regional (Uder), que tienen pequeños equipos en los pueblos, sino que creo que ellos hacen una parte, pero quien tiene que resolver y haber hecho previamente la prevención es el juez. No puede intentar hacer la prevención otra gente, otro poder del Estado con otros criterios porque abrazan banderas políticas, no tienen una formación apartidaria incluso en estos temas de minoridad. Entonces no llevemos partidismo a aquello que es para toda la población porque la directiva será defectuosa.

La Ley 9053 ya ha sido derogada. Fue un hito en su momento, pero actualmente la normativa vigente que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba es la Ley 9944/2011.

Si bien ya no está en vigencia, es importante conocer los lineamientos generales de la Ley 9053 para comprender la evolución de la legislación sobre la infancia y la adolescencia en Córdoba.

Esta ley, promulgada en 2002, tenía como objetivo principal actualizar y modernizar el marco legal vigente hasta ese momento, brindando una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Algunos de sus puntos clave eran:

La Ley 9053 fue derogada ante la evolución de la sociedad y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes también cambian. La Ley 9944/2011, que la reemplazó, incorporó nuevos enfoques y herramientas para garantizar un cumplimiento más efectivo de los derechos de los menores, adaptándose a los estándares internacionales y a las realidades actuales.

La Ley vigente en la actualidad es la 9944/2011. Esta ley profundiza y amplía los principios establecidos en la Ley 9053, ofreciendo una protección más integral y actualizada a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba. Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica, Legislatura de la Provincia de Córdoba.