El 56,4% de los hogares argentinos recurrió al crédito en los últimos seis meses para pagar comida, servicios, alquileres y tarjetas, mientras que la mayoría no logra que sus ingresos le alcancen para cubrir las necesidades de todo el mes, según reveló un informe de la consultora Zentrix.

El reporte Monitor de Opinión Pública (MOP), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que casi 6 de cada 10 hogares argentinos tomó deuda para gastos cotidianos en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarla.

Al puntualizar en las razones para acudir al financiamiento, explicó que “lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes”.

Los principales usos de los préstamos están concentrados en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, lo que indica que “el financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes”.

En este sentido, la consultora advirtió que “el fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia”.

Asimismo, consideró que “los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”.

El informe también pone la lupa sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. Un 65,8% de la población considera que los datos de inflación publicados por el INDEC no reflejan la realidad de sus gastos diarios.

Al respecto, precisó que “no se trata solo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, haciendo referencia a la desconfianza que genera el efecto de la inflación en el salario.

Sobre dicho aspecto, sostuvo que “si el salario pierde capacidad de compra y más de la mitad de la población no llega al 20 del mes, la credibilidad del dato se erosiona, no sólo por lo que mide, sino por lo que deja de corregir en la práctica cotidiana”.

A esto se suman discusiones que exceden el dato puntual y afectan la confianza en el organismo: la sospecha de injerencia política sobre las estadísticas públicas y la percepción de que las canastas o ponderaciones no representan con precisión el consumo real de los hogares.

En este contexto, el deterioro económico comenzó a pasar factura a la imagen del Gobierno Nacional. En marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3%, lo que representa un salto de 8,3 puntos respecto de la medición anterior. Por el contrario, la aprobación cayó al 38,5%.

El informe sugiere que la "tolerancia social" se está reduciendo a medida que el ajuste deja de ser una proyección macroeconómica y pasa a sentirse directamente en el bolsillo. La convergencia entre la mala situación personal y la evaluación del país ha consolidado un escenario de valoraciones críticas predominante.

Por el lado de la oposición, la imagen de Axel Kicillof muestra una leve estabilización tras meses de caída, aunque sigue en terreno negativo: 33,8% de imagen positiva frente a un 57,2% de negativa. Si bien detuvo su inercia descendente, el gobernador de Buenos Aires permanece estancado en un "techo" cercano al 30% que limita su expansión política.

La morosidad en los créditos a familias alcanzó un nuevo récord en julio, escalando al 5,7%, la cifra más alta desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrar la serie en enero de 2010. Este incremento, que representa el noveno mes consecutivo de crecimiento en la irregularidad, se dio en un mes marcado por la volatilidad de las tasas de interés y un freno en los créditos al sector privado.

Según el informe sobre bancos publicado este viernes por el BCRA, la morosidad en préstamos a familias pasó del 5,1% en junio al 5,7% en julio. Julia Strada, diputada nacional de Fuerza Patria y referente del Centro CEPA, en un análisis en redes sociales, destacó que la irregularidad en los créditos al sector privado muestra una tendencia ascendente ininterrumpida desde hace siete meses, "alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de COVID-19".

Las líneas crediticias que más contribuyen a este récord de morosidad son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, con incrementos que, en algunos casos, duplican los valores de diciembre de 2024:

En el caso de los préstamos prendarios, también hubo un deterioro, aunque más leve, pasando del 3,7% al 3,9%. Los créditos hipotecarios, sin embargo, escaparon a esta tendencia, manteniendo una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).

Julia Strada complementó los datos del BCRA con un análisis más amplio de la tendencia:

Este panorama revela un deterioro generalizado en la capacidad de pago de los deudores, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad financiera y el acceso al crédito en el país.

La decisión del Ministerio de Justicia de introducir cambios en los trámites para la venta de autos, generó repercusiones en el sector. Como es sabido, ya no es necesario presentar el libre deuda de patentes y multas para transferir un vehículo usado. Otra medida implementada es la eliminación de la cédula azul.

Guillermo Portilla, presidente de la Cámara de Vendedores del Automotor de San Francisco, compartió su perspectiva sobre las recientes modificaciones en una entrevista con AM1050 Radio San Francisco. 

Portilla analizó la información provista por el Ministerio de Justicia y su implementación en la práctica. Según el referente del sector, aunque el Ministerio anunció cambios significativos, aún se está trabajando en la reglamentación detallada y no se implementaron cambios inmediatos en los registros automotores del país.

Desde el punto de vista de la Cámara y desde una mirada personal de su titular, estos cambios podrían generar complicaciones tanto para los vendedores como para los compradores. “Se complicará la existencia de deudas, llámese de patente o multas", señaló Portilla.

También criticó el sistema actual de manejo de deudas. Actualmente, el proceso es confuso. En su opinión, el sistema privado que se encarga de cobrar multas y patentes en colaboración con diversas municipalidades, no funciona de manera óptima: “Estás en la ventanilla de registro, no te entregan la documentación porque realmente existe una deuda y si no la quieres pagar, te disponen otra ventanilla donde debes hacer una negativa de pago. Entonces, es la implementación del cobro lo que está mal. La deuda no es del auto, es del titular en ese momento del vehículo, entonces el municipio que le corresponda acreer esa deuda, que se ocupe de cobrar al titular, el vehículo no tiene nada que ver".

En cuanto a la eliminación de la cédula azul, Portilla consideró que "debe existir una transparencia de quien está manejando el vehículo pueda demostrarlo". Según el dirigente, esta medida podría generar problemas en situaciones donde no se cuenta con acceso a internet o en controles policiales.

"Te toca un lugar a donde no hay internet o no tenés el teléfono o el sistema y tenés un problema. También dependerá de las policías camineras o de tránsito que te toquen en cualquier punto del país, no todos tienen la misma información o el mismo procedimiento", explicó.

A pesar de las críticas, Portilla reconoció algunos aspectos positivos en la reducción de trámites. Sin embargo, enfatizó que la transparencia y la seguridad jurídica son esenciales para el éxito de cualquier cambio en la regulación. Destacó que, aunque la eliminación de la cédula azul y la reducción de la burocracia podrían facilitar el proceso, es fundamental que se mantenga una forma clara y efectiva de validar la situación financiera del vehículo.

“Si todos los trámites salen más económicos, bienvenido sea. Sería más fácil porque el cliente tiene que destinar menos dinero y se iría más contento porque le sale más barato. Me parece bien que sea de ese modo, pero es una cuestión de formas de implementarlo”, finalizó Portilla.

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