La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar hoy a favor de los fondos especulativos a los que benefició con un inédito fallo que obliga a la República Argentina a pagarles USD 16.100 millones, por el error cometido por Cristina Kirchner cuando en el 2012 decidió expropiar la petrolera YPF, sin cumplir lo que fijaba el estatuto de la compañía.

Ahora, Preska pretende que el gobierno argentino presente en el marco del juicio un listado completo de todos los activos del país en el exterior, incluso los estratégicos de defensa.

La controvertida magistrada ya había dispuesto que la Argentina le informe cuáles son sus bienes en el extranjero. 

Pero la defensa argentina se negó, argumentando que tenía que hacer una lista específica. 

El gobierno argentino solicitó diferenciar bienes "comerciales" de aquellos estratégicos, como los que se utilizan en Defensa.

La Argentina solicitó limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”. 

Por eso, le pidió a Preska que reconsidere el caso, para delimitar la información que debía entregar. 

Pero, lejos de dar lugar a ese pedido, Preska le ordenó ahora a la Argentina que haga exactamente lo contrario: informar todos sus activos, tengan el origen que sea.

Preska dijo que, luego de recibir esa información, ella decidirá cuáles son los activos potencialmente "embargables" y cuáles podrían estar exentos de cumplir con obligaciones comerciales.

La Argentina había ganado una apelación en el Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan, que le permitió no entregar ahora el 51% de las acciones de YPF, otra de las sorprendentes órdenes de Preska. 

Pero la magistrada reaccionó rápido y, unos días después, ratificó que la Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que los fondos buitres Burford y Eton Park mantienen contra la República.

En el marco de esta causa, la Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes: 

Las presentaciones orales se harán en los próximos meses. Una de las más relevantes está prevista para después de las elecciones legislativas de octubre.

Texto completo del comunicado de la Procuracion General del Tesoro

“La Procuración del Tesoro informa que la jueza Loretta Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el caso YPF, que solicitaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”. 

“Esta decisión se suma a la decisión emitida la semana pasada, que también desestimó la solicitud de reconsideración referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios”, indicó.

En ambas presentaciones, la República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina, respaldando sus mociones con abundante jurisprudencia relevante.

La Procuración del Tesoro considera que tales resoluciones son equivocadas y, en consecuencia, se encuentra evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio.

El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery.

La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles.

La Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido al país de entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.

Así lo reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.

A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.

El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.

El gobierno de Javier Milei le solicitó hoy a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reconsiderar su orden de que la República Argentina entregue chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, en el marco del juicio iniciado por fondos especulativos contra la forma en que se expropió la petrolera YPF en 2012, durante la administración de Cristina Kirchner.

Preska ya había aceptado un pedido de esos fondos, liderados por el influyente Burford Capital, para que se entregara esa información, sobre la cual el gobierno argentino aclara no tener control alguno, y explicado que tampoco corresponde que la tenga, de acuerdo con la Constitución Nacional de la República Argentina.

Por eso, ahora el Gobierno le pidió a la magistrada reconsiderar su decisión, al argumentar que el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados porque, obviamente, no le pertenecen.

La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes”.

“La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen”, informó Sebastián Maril, el especialista que viene siguiendo de cerca los juicios de los fondos buitres contra la Argentina.

“En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República”, señala el escrito de la República Argentina dirigido a Preska.

Y sostiene que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”.

Por el contrario, explica que “la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, que realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.

La expropiación del 51% de las acciones de YPF por parte del gobierno argentino se concretó el 16 de abril de 2012.

Ese día, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas acciones, pertenecientes a la petrolera española Repsol.

El Gobierno argentino le solicitó hoy a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reconsiderar su orden de que la República entregue chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

Preska ya había aceptado un pedido de los demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, en el marco del cual pretende que el país le entregue a los fondos especulativos que iniciaron la demanda, entre ellos el siempre influyente Burford Capital, la suma de Argentina le pidió a la jueza Preska reconsiderar su pedido de entregar los mails de Luis Caputo y Sergio Massa.

Ahora, la Argentina le pidió a la magistrada reconsiderar su decisión, al argumentar que el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados, porque, obviamente, no les pertenecen.

El nuevo pedido de información confidencial incluye al exministro y excandidato presidencial Massa y al actual ministro de Economía Caputo, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.

La Procuración del Tesoro había señalado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.

La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.

🛑Juez Preska ordena a la Rep. Argentina entregar el contenido de los WhatsApps de funcionarios y exfuncionarios como el Ministro Luis Caputo y el y el ex Ministro Sergio Massa, entre otros. La orden también incluye servicios de correo electrónico. Esto en el contexto de…

Según supo Noticias Argentinas, la orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.

En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF "causaría un daño irreparable a la República" y "podría desatar un conflicto diplomático significativo" con Estados Unidos.

El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska "vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.

Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino. Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.

La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera.

Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Esta mañana, Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.

Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación.

La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska convocó este jueves a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo YPF a una reunión urgente en su corte.

En este caso, la magistrada busca destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, de que el Estado argentino e YPF "son lo mismo", lo que se conoce como "alter ego".

Los fondos que lograron un dictamen favorable en el juicio por la expropiación de YPF sostienen entonces que la República Argentina debe afrontar el pago de los USD 16.100 millones dispuestos en el polémico fallo de Preska.

Más temprano, el Gobierno argentino había presentado una apelación contra la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación realizada en 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de "stay", una solicitud que había realizado días atrás el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanzaba la revisión del caso. 

El documento fue registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, y fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a Argentina.

La demanda principal relacionada con este caso se refiere a la expropiación de YPF, llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, tras ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, un estudio que adquirió los derechos a litigar del caso por parte de empresas que afirmaron haber sido perjudicadas por la decisión.

Ese fallo condenatorio fue apelado y, al mismo tiempo, la causa continuó tramitándose en el tribunal de Preska. En este contexto, Burford realizó una serie de requerimientos con el objetivo final de negociar con Argentina, entre ellos quedarse con las acciones de la petrolera.

El lunes 14 termina el plazo impuesto por la magistrada para que la Argentina depositara en custodia en un banco de Nueva York el 51% de las acciones de YPF a fin de ejecutar la sentencia en favor de los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación.

El Gobierno se mostró convencido de que existen "buitres domésticos" operando contra Argentina por diversos motivos políticos y económicos. Se afirmó: "Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos".

Las declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof y exfuncionarios fueron mencionados como parte del análisis sobre quienes podrían estar moviendo intereses insidiosos para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que podría verse afectada. 

Además, como parte de su estrategia general, el Estado solicitó ayuda al Gobierno de Estados Unidos para que opine en el caso, como ya había ocurrido el año anterior durante la presidencia de Joe Biden.

Otro pilar fundamental de la defensa consistió en asegurar que no se negociaría nada. Desde Casa Rosada afirmaron: "No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales". Se mencionó también que había mucha especulación sobre una posible negociación debido al interés económico involucrado.