Un proyecto impulsado por la empresa DF Entertainment para demoler todo el interior del estadio Luna Park y construir un nuevo edificio más alto y de mayor capacidad generó una fuerte controversia, ya que viola tanto la normativa nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires que protege al histórico inmueble.

Según supo Noticias Argentinas, el Arzobispado de Buenos Aires y la congregación salesiana —copropietarios del Luna Park desde 2013— adjudicaron la concesión del estadio por 20 años (más otros 20 de prórroga) a DF Entertainment, cuyo accionista mayoritario es la firma estadounidense Live Nation Entertainment. La decisión se tomó en función de un canon más alto ofrecido por esa empresa, que propuso un estadio de mayor aforo (de 8.400 a 13.000 espectadores), a cambio de demoler 16.421 m² y construir 34.234 m² nuevos.

Sin embargo, según cuenta Diego Cabot en La Nación, el Luna Park tiene doble protección patrimonial: fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y cuenta con nivel de Protección Estructural en el Código Urbanístico porteño. Estas normativas prohíben la demolición, ampliación de volumen, alteración de fachadas y elementos estructurales como techo, tribunas y piso.

La Comisión Nacional de Monumentos, que depende del Gobierno nacional, aprobó el proyecto en tiempo récord, en una reunión virtual del 6 de enero pasado, sin estudios técnicos ni discusión sobre el tipo de intervención. Uno de los que votó a favor fue Juan Vacas, subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad e integrante de la comisión, cercano al jefe de Gobierno Jorge Macri.

El proyecto incluye una cornisa de 20 metros y un nuevo techo que elevaría la estructura a 35 metros de altura, el doble de la actual, y está siendo analizado ahora por el Gobierno porteño. Además, el Vaticano aún no otorgó el aval definitivo, aunque documentos a los que accedió la prensa confirman que el contrato con DF Entertainment fue firmado el 16 de octubre de 2024.

En una polémica decisión tomada en tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el proyecto de demolición del emblemático Luna Park impulsado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein.

La resolución, firmada el 6 de enero, generó un fuerte revuelo debido a que el estadio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y ubicado en un Área de Protección Histórica, tiene prohibida su demolición, así como cualquier modificación en su volumen original. Sin embargo, el proyecto prevé la ampliación de su capacidad en un 53%, pasando de 8.400 a 13.000 espectadores.

El plan arquitectónico es promovido por DF Entertainment, empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del estadio por 40 años. Como parte del acuerdo, el empresario se comprometió a pagar un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión, además de un canon anual del mismo monto.

La decisión de la Comisión, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, fue impulsada por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El proceso de aprobación, que tardó solo dos meses, se dio en medio del receso vacacional, lo que generó sospechas. Trámites similares suelen demorar meses o incluso años. Ahora, la decisión final está en manos del Gobierno de la Ciudad y del papa Francisco, quien debe dar su visto bueno según el contrato de concesión.

Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la iniciativa y solicitaron acceso al expediente y al acta de aprobación sin obtener respuesta. Argumentan que la modernización del estadio es posible sin violar las normas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico.

El gobierno porteño, que inicialmente había rechazado la viabilidad del proyecto, enfrenta ahora cuestionamientos debido a la participación de su funcionario Juan Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión.

El Luna Park, icónico recinto de la cultura y el deporte argentino, está en el centro de un escándalo que promete más capítulos a medida que avanza el proceso de aprobación.

La última palabra la tendrán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Su Santidad el Papa Francisco ya que el mítico estadio pertenece a la Iglesia Católica.