Un caso de mala praxis concluyó con una indemnización para una mujer que en 2016 fue a parir y en la cesárea le dejaron una gasa, lo que provocó que deba someterse a varias cirugías y que, a 10 años del caso, todavía tenga secuelas. En esta oportunidad fueron hallados culpables la médica, el sanatorio y la empresa prepaga.

El caso sucedió en diciembre de 2016 cuando la mujer dio a luz a su bebé a través de una cesárea programada en un sanatorio privado. Dos días después recibió el alta y se fue a su casa sin complicaciones. Sin embargo, todo cambió tiempo después cuando se dirigió a una guardia hospitalaria por vómitos, cefalea, hipotensión, dolor y distensión abdominal.

Allí, según se expone la denuncia, la damnificada solicitó una tomografía, pero las autoridades de dicho hospital se negaron y la enviaron de vuelta a su domicilio, supo la Agencia Noticias Argentinas. 

Dos meses después de la cesárea los dolores persistían, motivo por el cual se dirigió a otro hospital y en aquel lugar, a través de una tomografía, lograron determinar que tenía una gasa de 30 por 30 centímetros en el abdomen.

Dicho cuerpo extraño fue dejado durante la cesárea y producto del descubrimiento debieron operarla en dos oportunidades de urgencia. Luego, tras su recuperación, la mujer decidió denunciar el acto de mala praxis.

El perito médico designado de oficio dio por probado que le dejaron una gasa en la cesárea realizada. Además, explicó que aun cuando en el protocolo constara un conteo de gasas “correcto”, eso no descarta la posibilidad de que haya quedado material dentro del campo quirúrgico.

Desde el punto de vista físico, el experto determinó que la mujer presenta secuelas y estimó una incapacidad parcial y permanente del 45%, detallaron desde el portal Justicia de Primera.

El magistrado valoró esa pericia como prueba central y recordó que, en materia de responsabilidad médica, “aún la culpa leve puede generar obligación de resarcir cuando se trata de intervenciones que comprometen la salud y la vida del paciente”.

Luego de evaluar los documentos presentados, el Tribunal hizo lugar a la presentación de la damnificada y ordenó indemnizarla por los daños sufridos. La mujer había reclamado más de siete millones de pesos en concepto de incapacidad sobreviniente y ahora el juez determinó que será ese monto, más intereses y costas.

La Justicia ordenó hoy la detención del médico Aníbal Lotocki por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida en 2021 durante una cirugía.

Según detalla el fallo judicial, la medida fue dictada porque temen que el mediático profesional entorpezca la investigación.

La medida fue solicitada luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara su procesamiento en dicha causa.

"Entendemos que el beneficio concedido debe ser revocado, pues evidentemente novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis y en consecuencia se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso", detalla el fallo al que accedió Noticias Argentinas.

Una mujer de 61 años que tenía cáncer en el riñón izquierdo, pero le extirparon el derecho, denunció por mala praxis a dos médicos y un sanatorio privado de la ciudad chubutense de Puerto Madryn. La sentencia se conocerá en los próximos días.

Según informó Diario Jornada, el juicio civil por daños y perjuicios se inició en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 14, contra el médico urólogo Jorge Bresser, su médico colaborador, Martín Piana y el centro médico en el que se realizó la intervención.

En tanto, se supo que la paciente, de nombre Aída Suhurt, acudió a un control de rutina con su médico de cabecera (Bresser) quien le ordenó una ecografía abdominal y, tras los resultados del mismo, el doctor le comentó sobre la presencia de cálculos en la vesícula y un quiste en el riñón izquierdo.

Ante esta situación, se decidió realizarle una tomografía computada helicoidal de abdomen con contraste oral y endovenoso donde se identificó que había un tumor y, por recomendación de su médico, la mujer se sometió a la cirugía de extirpación del tumor el 27 de abril del 2017.

La intervención se trataba de una nefrectomía total izquierda, pero luego de salir del quirófano la mujer se despertó en su habitación y notó que sentía molestias en la zona derecha de su abdomen, por lo cual le consultó al médico y, según la paciente, le respondió de forma evasiva al igual que el resto del equipo de salud interviniente.

La mujer insistió y finalmente le confesaron que le habían extraído el riñón derecho en lugar del izquierdo y, según el abogado defensor de la paciente, Nicolás Schick: "El Sanatorio de la Ciudad SRL es responsable por ser la Institución de asistencia médica donde sucedió la incorrecta extirpación, ya que tiene la obligación tácita de brindar seguridad por intermedio de los facultativos del cuerpo médico”.

“Sufrió la pérdida del órgano sano, ya que le extrajeron un riñón sin alteraciones que funcionaba correctamente, provocando la pérdida de armonía corporal y un riesgo gravísimo de salud. Lo hicieron a pesar de los estudios médicos precedentes, contra el consentimiento informado y contra la práctica quirúrgica programada”, detalló el letrado.

Asimismo, añadió: “No se intentó reimplantar el órgano inmediatamente cuando los médicos advirtieron el error al extraerlo. No se pueden intervenir ambos en un mismo abordaje quirúrgico, todo revela vicios, deficiencias, errores, imprudencias, inobservancias y negligencias no solo en el error de diagnóstico; sino también en la falta de información adecuada y suficiente a la señora Suhurt”.

Como consecuencia de la mala praxis, la mujer tuvo que iniciar un tratamiento psicológico para poder afrontar su nueva vida con el órgano dañado dentro de su cuerpo y no pudo volver a su rutina anterior cuando estaba sana, hacía yoga tres veces por semana y trabajaba en la panadería familiar junto a su esposo y su hijo.

El caso fue elevado a juicio oral ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 14 y, al ser citado a declarar, el urólogo presentó un escrito a través de su abogado, donde admitió que se extirpó el órgano sano porque también presentaba un tumor que no había aparecido en ninguno de los estudios realizados previamente por la paciente.

Si bien es cierto que se practicó una nefrectomía total del riñón derecho, no es menos cierto que aquella se encuentra plenamente justificada en base al estado de necesidad que tuvo que actuar el médico en virtud de lo aquí manifestado”, detalla el documento.