El niño de un año y nueve meses, identificado como Mateo, que se encontraba internado en un hospital de Mendoza murió este viernes tras haber ingresado con lesiones cerebrales hace dos semanas. Por el momento, su padrastro es el principal sospechoso, que según medios locales será imputado en las próximas horas.

El menor -cuya identidad no trascendió- presentaba traumatismos compatibles con el denominado “síndrome del zamarreo” y estaba internado en terapia intensiva con inminente riesgo de vida desde el 10 de abril, publicaron en el diario Los Andes.

Se trata de una forma grave de maltrato infantil que se produce al sacudir de manera violenta y reiterada a un bebé o niño pequeño, y que puede provocar daño neurológico severo, hemorragias retinianas e incluso la muerte.

El niño habría ingresado al nosocomio con un paro cardiorrespiratorio y luego los médicos constataron que tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, reportó el medio MDZ.

El diario Los Andes confirmó que el hospital pediátrico Dr. Humberto Notti, donde el menor está internado, presentó una denuncia ante la Justicia provincial ante la posibilidad de estar frente a un caso de violencia infantil. En paralelo, el portal informó que el padre del menor —separado de la madre— y otros familiares radicaron una segunda denuncia contra la mujer, a quien acusan por presunto maltrato.

De acuerdo con esas versiones, el niño vivía con su madre y la pareja de ella, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane Gómez. En ese marco, la Justicia dictó la semana pasada una orden de restricción de acercamiento contra ambos. Una hipótesis es que el maltrato habría tenido lugar en una vivienda de Luján de Cuyo.

Según el medio local Los Andes, en las próximas el hombre será imputado por homicidio simple calificado por alevosía. Actualmente está acusado por el intento de homicidio en grado de tentativa.

Como consecuencia de la actuación judicial, intervino además el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) junto con el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizan un seguimiento de la situación. El niño ya había estado internado en el mismo centro de salud meses atrás.

No por antiguo y repetido, el dicho pierde vigencia: hay imágenes que golpean más fuerte que mil palabras. En especial, las difundidas hace poco, que exhiben a una niñera maltratando con violencia a un bebé de siete meses. El episodio, registrado por una cámara de seguridad en el domicilio familiar, expone una situación de maltrato infantil inadmisible, sino que interpela con crudeza a toda la sociedad. 

El hecho, que derivó en la imputación penal de la mujer involucrada y su posterior detención, no es un simple caso policial. Se transforma en un llamado urgente a revisar los mecanismos mediante los cuales se habilita servicios, se publicita y se legitima la contratación de personas para una de las tareas más sensibles: el cuidado de los niños.

Una madre actuó como corresponde. Acudió a una supuesta empresa “seria”, revisó referencias, antecedentes y credenciales de potenciales cuidadoras. Pero no bastó. La escena que presenció, y que luego puso a disposición de la Justicia, revela la violencia ejercida sobre el menor y también las fallas de un sistema de tercerización del cuidado que funciona, en muchos casos, sin controles eficaces ni regulaciones acordes con la importancia del servicio que presta.

La necesidad de contratar niñeras ha crecido al ritmo de las nuevas formas de organización familiar y laboral. La tecnología permitió la creación de “agencias” que, por medio de atractivas “apps” en varios casos, ofrecen su servicio para satisfacer aquella necesidad. Sin embargo, estas nuevas modalidades no han sido acompañado por normas que garanticen condiciones mínimas de idoneidad, estabilidad y supervisión profesional en quienes asumen la responsabilidad de cuidar a los niños.

El doloroso suceso dejó al descubierto que resulta imprescindible avanzar en regulaciones que permitan a los padres tener garantías. Y ello solo se consigue con controles estrictos y sanciones con el mayor rigor en caso de incumplimientos. Porque, si bien la Justicia accionó contra la maltratadora, los intermediarios están haciendo grandes esfuerzos para quitarse de encima su responsabilidad por el daño cometido. 

Imposible es no empatizar con el relato dramático de la madre del bebé golpeado. Su experiencia, dolorosa e injusta, no puede quedar en el olvido ni en el mero repudio social: debe dar lugar a cambios en el marco normativo referido al cuidado infantil. No es posible continuar delegando el cuidado de lo más valioso en estructuras sin garantías ni controles suficientes. El resguardo de la infancia debe ser una prioridad en todo momento, sostenida con recursos, regulación efectiva y un compromiso ético que esté a la altura del daño irreparable que pueden ocasionar la negligencia, la violencia o el abuso.

La vida y la salud de un hijo es el preciado bien que debe resguardarse a toda costa. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada. Y ningún vacío legal debería servir de excusa.

En septiembre se celebra un nuevo aniversario de la sanción de la Ley N° 23.849, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento fundamental creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este marco normativo fortaleció el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. En este contexto, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Agustina Collino, licenciada en Psicología; Nicolás Casas, abogado y especialista en Derecho de Familia; y Virginia Panero, abogada, quienes abordaron el papel crucial de los adultos en el ejercicio efectivo de estos derechos.

Los profesionales han llevado a cabo conversatorios en San Francisco y la región sobre la “Ley Lucio”, en el marco de la Comisión de Perspectiva de Género de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”. La Ley Lucio, que debe su nombre a Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021, enfatiza el deber de los funcionarios públicos de comunicar y tramitar denuncias de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los entrevistados destacaron la importancia de capacitar a los agentes de los tres poderes del Gobierno provincial y a la sociedad en general en temas de derechos de infancias. “La capacitación busca cuidar el respeto por los niños, tal como indica la Convención de Derechos del Niño”, afirmó Casas. En este sentido, añadió que “el objetivo principal de la Ley Lucio es la capacitación federal en clave de derechos de la infancia” en todos los ámbitos.

La Ley Lucio, sancionada en abril de 2023, fue finalmente reglamentada en julio y, en ese mismo mes pero de 2024, Córdoba adhirió a la normativa. Esta ley refuerza el deber de comunicar vulneraciones y se basa en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Casas mencionó que con la capacitación “la idea es formar a quienes deben abordar temas de niñez, pero también a otros actores que pueden intervenir”. Por su parte, Panero resaltó que “la escuela es una institución clave en la formación de docentes que pueden identificar casos de maltrato”.

Los conversatorios tuvieron una buena recepción. “En nuestra ciudad y Las Varillas, la respuesta fue muy positiva. Ambas iniciativas fueron declaradas de interés municipal”, indicó Casas. Estos encuentros abordan diversas áreas como legales, educación, salud y prevención, entre otros, y requieren un enfoque interdisciplinario.

“Es fundamental que todos los actores trabajen en conjunto. Cuando se identifica un caso de maltrato, surgen muchas preguntas: ¿qué hacer? ¿dónde denunciar?”, planteó Casas. En este sentido, destacó la importancia de la Unidad Judicial y de la Uder, la unidad regional de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), donde se pueden hacer denuncias. En San Francisco también funciona el Consejo de Niñez y Adolescencia y hay una subsede de la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Garibaldi y Suipacha).

Collino añadió que en estos conversatorios se buscan explicar indicadores de maltrato infantil. “Los docentes deben aprender a identificar cambios en el comportamiento de los niños, como aislarse o ausentarse con frecuencia”, dijo. Resaltó que “los indicadores pueden ser físicos o emocionales, y siempre es crucial recordar que será rol de la justicia determinar si hay maltrato”.

“Es importante no estigmatizar a la familia por lo que está sucediendo. Debemos observar múltiples indicadores antes de actuar”, agregó. Casas subrayó que el silencio nunca es una opción ante casos de maltrato: “Si vemos algo, hay que comunicarlo. Callarse no soluciona nada”.

“La premisa que nosotros dimos en las dos charlas es ‘silencio, nunca’. Hay que hablar. Si uno percibe, se entera, ve un caso de maltrato infantil o posible caso de maltrato infantil, hay que comunicarlo. Y más siendo docentes –siguió Casas-. Hay que partir de esa base.  Estamos en presencia o podemos estar en presencia de un chico o de una chica que está siendo vulnerado en sus derechos. Entonces hay que comunicarlo. Callarse no soluciona nada”.

En tanto, surgen preocupaciones sobre la falta de garantías para que los docentes se sientan cómodos al proceder con denuncias. “La colaboración entre organismos es clave. Debemos garantizar un entorno seguro para que los docentes actúen”, indicó Panero.

Collino advirtió sobre los riesgos de no comunicar: “La violencia puede escalar. Si no se actúa, la situación puede volverse mucho más grave”. Esta perspectiva se alinea con la noción de responsabilidad social que enfatizaron durante los conversatorios. “Todos tenemos el deber de comunicar situaciones de vulnerabilidad”, afirmó Casas.

La implementación efectiva de las leyes de protección de la infancia es fundamental, y los expertos consideran que esto requiere un compromiso social amplio. “La educación sobre derechos de la niñez debe ser una prioridad”, planteó Panero. Casas añadió que “aunque contamos con buenas leyes, la verdadera tarea es llevarlas a la práctica”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil se define como “cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Los profesionales también reflexionaron sobre los casos de violencia extrema como el de Lucio, donde claramente fallaron múltiples instancias. “Algo falló en el compromiso de la comunidad, la escuela y la justicia”, sostuvo Panero.

“Hoy, justamente, que hay mucha discusión sobre el Estado presente o Estado no presente, en temas de niñez, el Estado debe estar presente siempre”, dijo Panero.

Los conversatorios han evidenciado un gran interés de la comunidad en comprender el maltrato infantil y cómo actuar. “La gente quiere saber qué es el maltrato y cómo visibilizarlo”, afirmó Panero, resaltando la importancia de generar conciencia en torno a este tema.

“La capacitación y el compromiso social son esenciales para prevenir y actuar ante situaciones de riesgo”, concluyó Collino.

Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) se informó que durante 2023, el 38% de las presentaciones recibidas en la oficina involucró a niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia doméstica. El porcentaje marca un crecimiento respecto a 2022, cuando los NNyA representaron el 34% de los afectados, en una tendencia creciente que se observa desde 2018, cuando el 32% de los afectados pertenecían a esta franja etaria. 

El 59% sufre violencia diaria o semanalmente. En el 80% de los casos, las personas denunciadas son sus progenitores (68% padres y 32% madres), 96% fueron víctimas de maltrato psicológico o emocional, 34% de maltrato físico y 9% fueron víctimas de violencia sexual.