La dueña de la casa donde vive Silvia País, la madre de Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que recibió un pago adelantado por u$s12.000 en efectivo en concepto del primer año de alquiler de la propiedad ubicada el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui.  

El testimonio fue tomado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la causa por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa el ex jefe de Gabinete, junto a su esposa, Betina Angeletti.

La propietaria sostuvo que ella no participó de las negociaciones debido a que toda la gestión se realizó por medio de una inmobiliaria. De acuerdo a lo declarado, quien firmó presencialmente el contrato de locación y entregó los billetes en efectivo fue Juan País, hermano de Silvia y tío de Adorni, quien también vive en la casa alquilada.

Si bien, el contrato establece una mensualidad de u$s1.100, lo que llamó la atención fue el desembolso total de la cifra, sobre todo, al ser en efectivo. Se entiende que el pago anual anticipado se llevó acabo para evitar registros de transacciones bancarias.

Este testimonio añade información que compromete aún más al ex funcionario libertario y a su entorno familiar, debido a que pone en evidencia la falta de consistencia patrimonial respecto al sueldo percibido y los gastos generados durante su gestión.

Por su parte, el juez federal Ariel Lijo sostiene la medida cautelar en la que dispuso la prohibición de la salida del país de Adorni sin previa autorización judicial. 

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, la causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación aparece como un relanzamiento político del gobierno libertario. Luego de las denuncias judiciales por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y de tres meses de parálisis el gobierno parece buscar el camino para retomar la iniciativa y encontrar algo de normalidad política en su gestión.

Con la salida de Manuel Adorni, Milei se convirtió en el presidente con más jefes de Gabinete en un solo mandato desde 1994: cuatro en apenas dos años y medio (Posse, Francos, Adorni y ahora Santilli). La duración promedio  en el cargo es la más baja entre todos los períodos presidenciales desde 1994, por debajo incluso de la de Fernando de la Rúa.

Mientras la Justicia avanza sobre las denuncias vinculadas con el patrimonio de Manuel Adorni, las limitaciones de la figura constitucional de la Jefatura de Gabinete volvieron a quedar expuestas. En este sentido, es válido preguntarse si esas limitaciones no eran ya evidentes después de más de tres décadas de vigencia.

Fruto del Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, la incorporación de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la reforma constitucional de 1994 tenía como propósito declarado atenuar el presidencialismo y establecer un nexo institucional más intenso entre el Ejecutivo y el Congreso. La experiencia demuestra que aquella promesa no se materializó. Por el contrario, lejos de morigerar el poder presidencial, reforzó las prácticas conocidas hasta quedar empantanada en tareas de coordinación administrativa y sin el peso político que los constitucionalistas pretendieron otorgarle.

Un repaso cronológico permite advertir que ningún jefe de Gabinete construyó una legitimidad institucional equivalente a la de un primer ministro. Eduardo Bauzá, el primero en ocupar el cargo, era un hombre de máxima confianza de Carlos Menem. Esto señala que, desde el comienzo, la Jefatura operó como una extensión del círculo presidencial. Alberto Fernández adquirió mayor gravitación política durante los primeros años del kirchnerismo, pero su permanencia también dependió de esa confianza y concluyó tras el conflicto por las retenciones móviles de 2008. Marcos Peña concentró poder de coordinación durante el macrismo, sin que ello lo convirtiera en un funcionario responsable ante el Congreso. Juan Manzur fue designado en 2021, después de la derrota oficialista en las elecciones legislativas, como parte de una reconfiguración política del gobierno de Alberto Fernández. En la administración de Milei, finalmente, la rápida rotación de jefes de Gabinete volvió a confirmar que el nombramiento y la continuidad en el cargo dependen, ante todo, de la confianza presidencial.

Es posible que la metáfora solo sea interpretada por los mayores, pero ciertamente la Jefatura de Gabinete fue “traída con fórceps”. Su incorporación formó parte de la transacción política que hizo posible la reelección de Carlos Menem tras el Pacto de Olivos. A cambio, Raúl Alfonsín logró incluir instituciones destinadas a moderar el poder presidencial e introdujo innovaciones institucionales valiosas. Sin embargo, el texto surgido de la Convención Constituyente no consiguió, al menos hasta ahora, limitar de manera efectiva la concentración de poder en la presidencia.

La idea era incorporar elementos propios de sistemas democráticos semiparlamentarios. Los artículos 100 y 101 de la Constitución reformada en 1994 establecieron sus atribuciones y determinaron que el Legislativo puede remover de su función al jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, lo que podría ser una válvula de escape frente a las crisis recurrentes que se producen en el país.

Sin embargo, la Jefatura nació de un canje político y encontró contrapesos que aumentan el poder del presidente en el mismo texto constitucional (decretos de necesidad y urgencia, delegaciones legislativas ante emergencias y regulaciones de veto y promulgación parcial de las leyes, entre otros). Es decir, el intento de limitar el presidencialismo fue compensado con herramientas que lo reforzaron. Además, el jefe de Gabinete tiene “responsabilidad política ante el Congreso”, pero es nombrado y removido libremente por el presidente. No requiere aprobación parlamentaria para asumir.

Un informe del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, titulado “La devaluada figura del jefe de Gabinete de Ministros”, señala que el cargo combina amplias atribuciones y responsabilidad política ante el Congreso. Sin embargo, esa responsabilidad nunca se tradujo en una autonomía efectiva. En la práctica, quedó más cerca de una delegación de tareas burocráticas del presidente que del desempeño de un “súper ministro” con capacidad de equilibrar el poder del Ejecutivo.

El mismo informe advierte que la obligación constitucional de concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno no se cumplió con la regularidad prevista. El caso de Juan Manzur resulta ilustrativo: durante su gestión como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández transcurrió casi un año sin que asistiera a la Cámara de Diputados. A más de tres décadas de creada la institución, se sucedieron numerosos titulares en el cargo, pero sus exposiciones ante el Parlamento no lograron consolidar un control político efectivo. Con frecuencia, los informes quedaron reducidos a documentos extensos y burocráticos.

Al mismo tiempo, la responsabilidad ante el Congreso fue reemplazada por una dependencia exclusiva del presidente. Es verdad que, en las últimas semanas, el voto de censura pudo haberse concretado, pero a lo largo del tiempo, quienes ejercieron el cargo lo dejaron por decisión presidencial, por crisis internas o por reconfiguraciones políticas, no por pérdida de confianza parlamentaria. Ningún jefe de Gabinete fue removido por el Congreso.

El caso Adorni confirmó la subordinación política de una institución atravesada desde su origen por la ambigüedad. En la práctica, nunca logró consolidarse como una instancia responsable ante el Parlamento, sino que funcionó como un engranaje subordinado a la voluntad y a las necesidades del poder presidencial. De esta manera, la Jefatura de Gabinete es una promesa incumplida. El semiparlamentarismo quedó reducido a una ficción.

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado nacional, pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial que pesa en su contra.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.

La salida de Adorni del directorio se suma a su alejamiento de la función pública y había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al frente de la Jefatura de Gabinete.

Tras días cargados de convulsión, este martes a partir de las 17.30 comenzará la era Diego Santilli como jefe de Gabinete. A esa hora el presidente Javier Milei le tomará juramento y marcará el final definitivo de Manuel Adorni al frente del ministerio coordinador acechado por el Congreso y, fundamentalmente, por las causas judiciales que indagan su presunto enriquecimiento ilícito.

“El Colorado” aparece en la gestión con una carta de presentación para nada menor y que muchos en el ecosistema libertario envidian: el respaldo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. Sabe que es una oportunidad histórica para desarrollar una buena gestión y convertirse en un atractivo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

No lo dice ni lo dirá en los próximos meses. Pero el hombre del PRO cuenta con un anhelo particular: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy, eso queda en un segundo plano. Por eso el dirigente menciona que lo fundamental pasa por la gestión, por el Gobierno. Ya lo expresó en su primer posteo en X en su flamante puesto: la prioridad es el proyecto colectivo.

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a Argentina del pozo en el que la dejaron”, declaró de manera hábil.

En cuanto a sus desafíos en el corto plazo, hay varios de relevancia. En principio, debe acelerar el trabajo de una jefatura de Gabinete paralizada por Adorni, que en los últimos tres meses solo se ocupó de tejer estrategias de defensa de su principal referente. Y con críticas de carácter interno, de varios ministerios, por falta de resolución de temas propios del trabajo diario. En la transición, que será entre las 14 y las 15 de este martes entre el funcionario entrante y saliente, probablemente sea un tema de conversación.

Hay interrogantes acerca de qué sucederá con el núcleo adornista que se instaló en el ministerio de coordinación. Para fuentes de Casa Rosada, Santilli instalará su impronta desde el vamos. Por ende, anticipan que terminará con el ciclo de Aimé "Meme" Vázquez, a cargo de la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores; Federico Sicilia, secretario de coordinación legal y administrativa, con pasado en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta; e Ian Lionel Vignale, secretario ejecutivo, ex funcionario del Instituto de la Juventud durante el macrismo (allí también trabajó "Meme").

En este último caso, el funcionario mantiene desde julio de 2025 dos cargos públicos: es director de Correo Argentino, como Vázquez, y cuenta con puesto en el directorio de APESAU.

En el oficialismo, aseguran que “El Colo” apostará a la eficiencia total y terminará con “prácticas de la casta” como las que tuvo Adorni, con designaciones sin control. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le puso número: aseguró que designó a 249 personas desde que reemplazó a Guillermo Francos.

“Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, apuntó el dirigente Rodolfo Aguiar, cabeza del sindicato.

En este marco, Aguiar también cargó contra Karina Milei: “La Secretaria General de Gobierno no se puede hacer la distraída, conoce bien cada una de las incorporaciones que en la administración pública ordenó el ex jefe de Gabinete”. 

Tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno nacional ultima los detalles para el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, un movimiento clave con el que se buscará un relanzamiento de la gestión libertaria y que incluiría el regreso del Ministerio del Interior bajo la órbita de la Jefatura de Ministros.

Según voceros gubernamentales, el anuncio de su designación podría darse este domingo, mientras que la jura y asunción quedarían para los primeros días de la semana próxima.

Fuentes oficiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el arribo de Santilli a la Jefatura de Gabinete reconfigurará el organigrama estatal, ya que la cartera de Interior volvería a estar bajo su ala, manteniendo así injerencia en la oficina política que ocupa actualmente.

Si bien se espera el nombramiento de un nuevo ministro para esa área, "El Colo" funcionará como su jefe político directo, replicando el esquema que hasta 2025 mantuvieron Guillermo Francos y el entonces titular del Interior, Lisandro Catalán.

Santilli había desembarcado en el Ministerio del Interior a finales de octubre de 2025 para aportar diálogo y apertura, semanas después de darle una victoria a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Desde su llegada a Interior, se alzó en este tiempo con la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, el denominado "triángulo de hierro". De confirmarse su nuevo rol, se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, asumiendo una misión similar de articulación política tras el desgaste de Adorni.

En tanto, el presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de respaldo de su entorno.

Entre ellos se destacó el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien respaldó públicamente a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia, haciendo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ex funcionario junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos y sospechas de supuesto enriquecimiento ilícito.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, definiéndolo como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó en su cuenta de X que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio", una publicación meno simpática que la de Karina, pero que también fue replicada por el Presidente desde Olivos.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentran reunidos en la Quinta de Olivos en un encuentro decisivo que define la continuidad del ministro coordinador, jaqueado por fuertes presiones internas que apuntan a sellar su desplazamiento definitivo.

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre en la residencia oficial, que se inició poco antes de las 9 tras el arribo del jefe de Estado de su gira por España, aparece como la instancia definitiva para resolver el conflicto político que paraliza la gestión gubernamental.

Mientras en la generalidad de la Casa Rosada aseguran que el funcionario asiste a la cita con la determinación de presentar la renuncia, en su entorno inmediato conservan la expectativa de que pueda sobrevivir el fin de semana en el cargo y supeditan el desenlace de la crisis a la negociación directa entre ambos, bajo la premisa de que “depende de Milei y de una charla con él”.

El escenario de recambio ministerial ya está estructurado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes trabajan contrarreloj en un nuevo organigrama institucional que contempla la salida inmediata de Adorni.

La propuesta que la presidenta de La Libertad Avanza le presenta al jefe de Estado incluye el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete y la designación de Ignacio Devitt en el área de Interior, bajo un esquema que busca reformar la estructura ministerial para que la cartera política quede absorbida como una vicejefatura del ministro coordinador.

La alternativa de Santilli cobra fuerza en las últimas horas debido a su perfil de equilibrio entre las distintas terminales de Balcarce 50 y su capacidad para destrabar la interlocución operativa con los gobernadores, los bloques aliados y el Congreso de la Nación.

El costo de sostener al jefe de Gabinete se vuelve insostenible para el oficialismo luego de que la tensión legislativa hiciera caer la última sesión en el Senado, postergando el tratamiento de reformas clave como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

En el plano parlamentario, el diagnóstico de las espadas libertarias respecto a la vulnerabilidad del funcionario frente a los pedidos de interpelación de la oposición resulta categórico: “No podemos abrir el recinto. Este tipo se tiene que ir”.

A esta parálisis política se añade el creciente malestar interno por las últimas revelaciones sobre los movimientos patrimoniales del ministro y sus declaraciones juradas, lo que termina por licuar su credibilidad como vocero e interlocutor, a pesar de que el propio Milei manifestara en el exterior que si la Justicia lo considera culpable lo “eyecta de una patada”.

Por maniobras del oficialismo se cayó la sesión en Diputados por la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición dura no consiguió el quórum de 129 votos necesarios para abrir el debate.

Previamente, el Gobierno había acordado con los bloques aliados, el PRO y la UCR, que no bajaran al recinto. Además de convocar para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el objetivo de demorar el debate de una eventual interpelación al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La maniobra, diseñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó de desactivar la sesión impulsada por la oposición.

La sesión había sido pedida por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, Esteban Paulón, del Partido Socialista, Marcela Pagano, de Coherencia, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

El temario incluía seis proyectos de resolución con pedidos de citación al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Además de pedidos para que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial declarada.

Tres de las iniciativas también impulsan una moción de censura (desplazamiento) del jefe de Gabinete para promover su reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal, Ariel Lijo, y del fiscal federal, Gerardo Pollicita.

La Cámara de Diputados sesionará mañana desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria para sesionar, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El diputado por Córdoba y ex gobernador Juan Schiaretti dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La reacción se da luego de la declaración jurada de bienes que Adorni presentó y defendió en una entrevista televisiva.

"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros.  El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional", escribió Schiaretti en X. 

Para el dirigente cordobés, Adorni "le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación". "El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", finalizó.

Schiaretti se suma a la presión del PRO, la UCR y otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei contra Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

Según el comunicado de Adorni en su cuenta de X , a partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá…

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

De acuerdo a la explicación del jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.

Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada al sostener que "es más que un error".

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", fustigó la senadora en declaraciones a las que acción la agencia Noticias Argentias.

En la misma línea, amplió: "Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".

Las palabras de la legisladora tuvieron lugar luego de que el funcionario presentara el detalle de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

No es la primera vez que Bullrich marca un contrapunto con la Casa Rosada, en particular con el tema que involucra al ministro coordinador. Lo hizo hace algunas semanas, cuando pidió que anticipara la declaración jurada y lo repitió el pasado jueves en la sesión en la Cámara de Diputados en la que se abstuvo de votar el pliego de María Veronica Michelli. 

Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el tono a las declaraciones de la senadora. "Todo pasa. Tira pero no termina de romper", aseguró un integrante de la mesa política que se volverá a reunir esta tarde en Casa Rosada.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, expresó fuertes reparos a las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre las modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y correcciones tributarias presentadas ante organismos de control.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente cordobés aseguró que, tras varios meses de espera, la respuesta pública del funcionario nacional resultó insuficiente y dejó más dudas que certezas.

“Esperamos tanto tiempo para una explicación tan floja de credibilidad. La verdad es que merecíamos una explicación un poco más seria”, sostuvo Juez al referirse a la entrevista televisiva en la que Adorni intentó justificar los cambios patrimoniales que quedaron bajo la lupa en las últimas semanas.

El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una serie de declaraciones juradas rectificativas que modificaron aspectos relevantes de su patrimonio. Entre los puntos más discutidos figuran la aparición de dólares hallados en un departamento heredado en La Plata y una inversión temprana en bitcoin que, según explicó, le habría generado una ganancia cercana a los 300 mil dólares.

Sin embargo, para Juez esas aclaraciones no alcanzaron. “Después de 70 días, esperaba otra respuesta. Hay muchas explicaciones que por momentos son muy carentes de sustento jurídico”, afirmó.

Pese a las críticas, el senador ratificó su respaldo político al presidente Javier Milei y aclaró que sus cuestionamientos no implican un alejamiento del oficialismo.

“Yo banco a este Gobierno. No soy de La Libertad Avanza, pero quiero que le vaya bien porque no quiero que vuelva lo mismo de siempre”, señaló. Y agregó: “No soy un fanático. Para mí, lo que está mal está mal y lo que está bien está bien, lo haga quien lo haga”.

Juez consideró que episodios de este tipo terminan afectando la imagen de toda la administración nacional y sostuvo que los funcionarios deben estar sometidos a estándares más exigentes de transparencia.

“No basta con serlo, también hay que parecerlo. Hay que levantar la vara porque el reclamo de la sociedad llega muy rápido y se devora la credibilidad”, remarcó.

Consultado sobre el impacto político del caso, sostuvo que la situación no sólo compromete al funcionario involucrado sino también al Gobierno en su conjunto. “A mí me afecta enormemente, y soy un cuatro de copa. Imagínese al Presidente”, expresó.

El legislador también vinculó la discusión con lo que considera uno de los principales desafíos del país. “La verdadera batalla cultural en Argentina es la pelea contra la corrupción. Ahí no hay margen. La corrupción es corrupción”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la dirigencia política debe ofrecer explicaciones claras cuando surgen cuestionamientos sobre su conducta. “Si elegiste la política, tenés que dar explicaciones, aun cuando sean incómodas, molestas o fastidiosas”, sostuvo.

Juez evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni y aclaró que no le corresponde juzgar responsabilidades personales. No obstante, reiteró que las explicaciones brindadas hasta el momento no lograron convencerlo.

“Yo sigo siendo un aliado del Gobierno, pero cuando las explicaciones no me alcanzan tengo la necesidad de decirlo. Suscribo al pie de la letra las críticas que se hicieron sobre este tema”, concluyó.

Después de la reaparición pública de Manuel Adorni con una entrevista en la que reveló haber ganado 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Según anunció el ministro coordinador en el canal LN+, anoche rectificó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, y presentó su declaración del 2025. Lo mismo habría hecho con el anexo reservado en el que su cónyuge también está obligada a informar sus bienes.

Además, habría corregido las presentaciones impositivas que hizo ante el fisco desde 2020.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana, con carácter urgente, una solicitud para que el juez Ariel Lijo ordene la obtención de las declaraciones juradas. El trámite no demoraría y los papeles estarán en lo inmediato en poder de la Justicia.

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Anoche, Manuel Adorni reveló que empezó a incursionar en el mundo del Bitcoin en 2013, y que al año siguiente ya invirtió más fuerte. Puso 200.000 dólares que tenía en ahorros “después de trabajar 25 años” y terminó con 500.000 dólares en criptomonedas que mantuvo fuera del sistema formal en todo momento, siempre según su versión.

Estas afirmaciones darán lugar a una nueva línea de investigación, adelantaron a este medio fuentes del caso.

Los investigadores quieren evaluar la capacidad de ahorro e inversión de Adorni y su esposa, además de buscar la trazabilidad de ese medio millón de dólares, para verificar si lo que contó tiene asidero alguno. Pero de momento mantienen las sospechas que tenían antes de escuchar sus explicaciones públicas: “Hay períodos donde los números no cierran”.

El jefe de Gabinete agregó otro dato relevante. Aseguró que Bettina Angeletti ocupó durante 15 años cargos gerenciales en una empresa privada, lo que le generó ingresos en relación de dependencia. Desmintió que solamente fuera monotributista de la categoría más baja hasta hace algunos años, cuando se lanzó con su propia consultora.

Además, en su declaración jurada actualizada, Adorni habría sumado a su patrimonio unos 57.000 dólares que obtuvo de la venta de una propiedad en La Plata que heredó de su padre fallecido.

También habría declarado un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, que formaba parte de la misma sucesión. Ese terreno fue vendido y le habría generado al funcionario un ingreso cercano a los 22.000 dólares.

Todo esto se contradice con lo que el jefe de Gabinete había afirmado en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, durante su primer informe de gestión.

“En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, le había dicho a los legisladores en una encendida sesión, ya con las investigaciones judiciales en marcha.

Luego, en conferencia de prensa, Adorni reiteró: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Ahora admitió tener una fortuna en negro. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, se excusó el funcionario, quien a su vez defendió su inocencia: “No soy un chorro”.

Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe contable de la DAFI, estará en condiciones de pedir un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones a la Justicia.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares, que en su mayoría vencen antes de noviembre.

Desde 2022 hasta hoy cambió de auto, hizo una veintena de viajes por la Argentina y el mundo, se hospedó en hoteles del más alto nivel y all inclusive, y compró un semipiso en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, la cual remodeló por 245.000 dólares, según declaró bajo juramento el contratista que hizo la obra. Todo esto sin haber vendido los departamentos que ya tenía en La Plata y Parque Chacabuco.

El juez Ariel Lijo también investiga a Adorni y Angeletti en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente puso la lupa sobre los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, que presta servicios a tres empresas: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas esas compañías son contratistas del Estado, por lo que se sospecha que podría haber algún tipo de retorno en los pagos que efectuaron a Angeletti.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles la presentación de declaración jurada, rechazó las acusaciones de "chorro" y dijo que cometió el "error de haber ahorrado en negro" junto con su esposa.

El titular de ministros admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero "en negro" en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

Adorni explicó que la presentación "vence el 31 de julio próximo" y que la entregó este miércoles, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: "Voy a pagar hasta el último peso de impuestos", aseguró.

El funcionario finalmente hizo la presentación tras varios meses de cuestionamientos internos y de la oposición, además de quedar bajo la lupa en la Justicia. Un viaje a Estados Unidos en el estuvo su esposa, Bettina Angeletti, cuyos pasajes y estadías se habrían pagado con fondos públicos, fue el inicio de una seguidilla de noticias que dieron que hablar sobre su patrimonio.

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", indicó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, Adorni remarcó: "Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada".

"Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)", señaló.

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", reveló el funcionario.

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio lo "condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales" y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

"El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente", subrayó Adorni, y agregó: "El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día".

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió "para estar tranquilo" con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito, cuya compra también está en la mira.

"Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal", añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito "están protegidos por ley y son datos privados".

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: "Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias".

En la declaración anterior, entregada en marzo de 2025, el funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014 del cual posee el 50 por ciento de titularidad, valuado en 777.000 pesos, y otro comprado en 2016 consignado con una valuación de 3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de 42.500 dólares en efectivo, monto que ya había sido consignado en presentaciones anteriores.

Además, declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. Según el formulario, ambos montos no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por 40,3 millones de pesos.

El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.__IP__

Un dato relevante: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

La Justicia ya cuenta con una copia completa del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos que más comprometió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según publicó Infobae a partir de fuentes judiciales, la extracción forense de la información se completó en las últimas horas y el material quedó almacenado en un disco rígido que ya comenzó a ser analizado por los investigadores.

El contenido del teléfono será revisado tanto por la fiscalía de Gerardo Pollicita como por el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se realizó la extracción. En el procedimiento participó un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Tabar entregó voluntariamente su iPhone 15 a la Justicia cuando declaró como testigo el pasado 5 de mayo. Lo hizo para que las autoridades pudieran corroborar lo que había relatado bajo juramento: los 245.000 dólares que, según dijo, le cobró a Adorni por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, y los chats y llamadas que mantuvo con el funcionario días antes de presentarse en Comodoro Py.

De acuerdo con la declaración del contratista, Adorni se habría comunicado con él antes de la testimonial para pedirle que lo “ayudara” con su exposición ante la Justicia. Tabar aseguró que no accedió a ese pedido.

Desde el entorno del jefe de Gabinete habían cuestionado la veracidad de los dichos del testigo. Sin embargo, Pollicita y el juez Ariel Lijo ya tienen incorporados al expediente comprobantes y facturas vinculados con los trabajos de obra realizados por Tabar. Hasta el momento, los investigadores consideran que su declaración cuenta con respaldo documental.

Mientras desde el Gobierno deslizan que Adorni podría presentar esta semana su declaración jurada correspondiente al período 2025, en los tribunales federales de Comodoro Py avanzan los preparativos para pedirle explicaciones sobre su patrimonio.

Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de Gabinete pueda aclarar los números de sus bienes e ingresos. En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, un organismo de la Procuración conocido como DAFI, prepara un informe contable para determinar si Adorni gastó más de lo que declaró haber ganado.

Ese análisis también deberá precisar la magnitud de un eventual enriquecimiento ilícito, en caso de que se verifiquen irregularidades. Fuentes del caso estimaron que la inspección de los movimientos financieros podría estar terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio.

Si la respuesta de Adorni al requerimiento patrimonial no logra despejar la hipótesis delictiva planteada por el fiscal, el siguiente paso de la Justicia podría ser citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

En paralelo, Lijo espera otro informe considerado clave: el análisis de comunicaciones que realiza la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, conocida como DAJuDeCO, en el expediente por presuntas negociaciones incompatibles y dádivas.

Esa causa investiga la relación entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio, quien condujo programas en la TV Pública y, durante la gestión libertaria, obtuvo seis contratos con medios públicos a través de la productora ImHouse, que administra junto a su socio Horacio Silva.

Las llamadas realizadas por Grandio y Silva a distintos actores involucrados en la trama serán cruzadas con la cronología de la investigación. La principal sospecha apunta a determinar si Adorni tuvo alguna influencia irregular en esas contrataciones para beneficiar a su amigo.

Con esa medida de prueba, el juez podría quedar en condiciones de avanzar sobre sus sospechas y evaluar un eventual llamado a indagatoria de Adorni y de otros presuntos involucrados.

En el expediente también aparece el viaje que Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos realizaron a Punta del Este, Uruguay, durante el feriado de Carnaval junto a Grandio. Los pasajes en avión privado fueron pagados por Grandio e ImHouse y, entre ida y vuelta, costaron 7.830 dólares.

Adorni dijo públicamente que abonó su parte del viaje, aunque hasta ahora no apareció ningún comprobante que lo demuestre.

El presidente Javier Milei llegará el próximo el miércoles a Córdoba para observar los ejercicios conjuntos que realizan las Fuerzas Armadas con tropas de operaciones especiales de Estados Unidos.

En la Casa Rosada aseguran que se trata de una visita operativa a la etapa de ejecución de Daga Atlántica, el adiestramiento binacional autorizado por el DNU 264/2026.

El Presidente iría junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También se espera la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y de otras autoridades estadounidenses vinculadas al despliegue militar, según informó el canal Todo Noticias (TN).

La visita del Presidente se dará en una contexto político sensible en Córdoba, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, que generó fuerte sacudón político en las gestiones del intendente Daniel Passerini, y el gobernador Martín Llaryora.

En el Gobierno sostienen que el ejercicio pasó de la fase de planeamiento a una etapa de ejecución en terreno. En la Casa Rosada aseguran que durante la actividad se utilizarán vehículos blindados Stryker, que forman parte de las capacidades militares que la Argentina viene negociando con Estados Unidos en el marco de la modernización de las Fuerzas Armadas.

Daga Atlántica fue autorizado para realizarse entre el 21 de abril y el 12 de junio en territorio argentino. El decreto habilitó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.

Según el anexo oficial, el ejercicio involucra operaciones especiales y adiestramiento conjunto combinado. Del lado argentino participan unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Del lado estadounidense, el documento prevé hasta 50 efectivos, aeronaves de transporte, equipos tácticos, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, visión nocturna y equipamiento de combate.

En la Casa Rosada reconocen que hubo cambios en la preparación del ejercicio. Fuentes oficiales sostienen que el Pentágono redujo parte del presupuesto y la cantidad de personal que iba a enviar por la situación en Medio Oriente. En el Ejecutivo aseguran que esos ajustes no modifican el sentido de la actividad, que presentan como parte del entrenamiento bilateral y de la mejora de la interoperabilidad.

La visita se inscribe en una agenda más amplia de acercamiento militar con Washington. En los últimos meses, el Gobierno autorizó el ejercicio Daga Atlántica, participó del PASSEX con el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, firmó cartas de intención con Estados Unidos en materia logística y tecnológica, y avanzó en programas para incorporar capacidades de patrullaje marítimo, drones y sistemas antidrones.

El decreto que habilitó Daga Atlántica también autorizó el PASSEX, realizado entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina. En esa actividad participaron medios de la Armada Argentina y unidades estadounidenses, en un esquema de adiestramiento naval orientado a comunicaciones, evoluciones tácticas, defensa aérea y operaciones combinadas.

El viaje también coincidirá con la previa de la presentación de la declaración jurada de Adorni. En el Gobierno esperaban que el jefe de Gabinete la presentara esta semana, pero en su entorno ahora deslizan que podría dilatarse para la próxima.

La Casa Rosada busca que esa documentación permita despejar dudas sobre su situación patrimonial y cerrar un frente de desgaste interno.

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales sobre los protagonistas de la interna libertaria, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y "hermano" del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei. 

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que "le mienten" al Presidente.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

El juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.