La vigilia por la eliminación del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no se suspende por la lluvia, según informaron los organizadores, Padres CEA San Francisco, a través de sus redes sociales.

Una publicación compartida de Padres CEA San Francisco (@padresceasf_)

La actividad, que convoca a prestadores, familias y vecinos de San Francisco, se realizará este martes 19 de agosto a las 20 en el Superdomo debido al clima desfavorable. Si las condiciones lo permiten, la marcha continuará luego hacia el centro de la ciudad. Los organizadores recomiendan llevar velas y mate; la vigilia tendrá una duración aproximada de dos horas.

Bajo el lema “Diputados, no apaguen la luz”, la convocatoria busca visibilizar el reclamo por la eliminación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), que será tratada por la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 20 de agosto.

Con carteles, llanto y un pedido unánime de justicia, familiares, vecinos y amigos de Zamir Gael Torres, el niño de 4 años asesinado el pasado 9 de julio en Frontera, marcharon este lunes por las calles de la ciudad para exigir avances en la causa y rechazar que el crimen quede impune.

La manifestación comenzó frente a la municipalidad, donde los asistentes se reunieron con pancartas con el rostro del pequeño y mensajes como “Justicia por Zamir” o “Con los niños, no”. Desde allí, se dirigieron primero hacia la comisaría Nº 6 y luego hasta la Escuela 1001.

Visiblemente afectada, Rocío Funes, la madre de Zamir, habló con LA VOZ DE SAN JUSTO y negó con firmeza cualquier relación de su familia con redes narco: “Mi hijo era un niño inocente, no estaba en una guerra narco. No se merecía morir así. A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia. Nadie me lo va a devolver, pero no voy a parar. Las amenazas me hacen más fuerte”, afirmó. Además, contó que el mes pasado habían disparado contra su casa y que radicó la denuncia ante las autoridades. A su lado, familiares de la joven acotaban que el homicidio de Zamir “se podría haber evitado” si la Justicia y policías “hubieran actuado a tiempo”.

También apuntó a las versiones que intentan vincular a su pareja, Braian “Peladito” Martínez, con bandas delictivas. Familiares aclararon que el menor iba en el asiento trasero del auto en el momento del ataque, desmintiendo así versiones que indican que estuviera en brazos del conductor, su padrastro. “A mi hijo lo mataron de un disparo por la espalda. El primer tiro lo recibió él; a mí me pasaron por el costado”, aseguró Rocío.

La mamá de Zamir deslizó que el ataque podría estar vinculado no a Braian, sino a un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, hermano de su pareja, ocurrido en abril también en Frontera en un aparente ajuste de cuentas. "Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó Rocío Funes.

Durante la movilización, los manifestantes también expresaron su malestar por la escasa presencia policial. Solo un móvil acompañó la marcha, pese a que se trataba de un reclamo pacífico que incluía mujeres, niños y adultos mayores. Tampoco se hicieron presentes autoridades municipales, sí algunos concejales de la oposición. Sin embargo, se conoció que desde el Ejecutivo municipal citaron a la familia de Zamir para expresarle su apoyo y analizar avances en la investigación.  

En todo momento, los gritos de “¡Justicia por Zamir!” se mezclaron con el silencio de una comunidad que aún no puede salir del estupor que generó este crimen.

El ataque ocurrió el miércoles 9 de julio, cerca de las 18 en la intersección de calles 86 y 7, cuando un grupo armado descendió de un Fiat Cronos y abrió fuego contra un Ford Fiesta conducido por Braian Martínez. Aunque primero dispararon desde atrás. En el auto iban también su pareja, Rocío, y el pequeño Zamir. 

Braian recibió al menos seis disparos y Zamir, cuatro. Fue su madre quien, en un intento desesperado, intentó socorrerlo, pero el niño ya había fallecido.

La causa es investigada por la Fiscalía Nº 5 de Rafaela y hasta el momento solo hay un detenido, un joven de 23 años capturado el viernes pasado en barrio Sarmiento de San Francisco. Los otros tres presuntos implicados permanecen prófugos.

Rocío Funes, en medio del dolor, pidió también colaboración a las familias de los implicados: “A las madres de los asesinos, les pido que los entreguen. Que los entreguen por Zamir. Ellos no son sicarios, son cobardes”

El caso sigue abierto y conmueve a toda la región, que volvió a movilizarse no solo para pedir justicia, sino para reivindicar la inocencia de un niño cuya vida fue truncada por una violencia sin freno.

En el video, un fragmento de la entrevista a la madre de la víctima: 

La familia de Lian Gael Flores, el niño desaparecido hace cuatro meses en la zona de Ballesteros Sud, en Córdoba, participó de una nueva marcha en la puerta de Tribunales donde reclamaron la aparición del pequeño y que no pase “lo mismo que Loan”.

Este miércoles los papás de Lian se acercaron hasta los Tribunales provinciales de Villa María para pedir que la investigación no quede estancada y que se avance en la búsqueda del pequeño, quien fue visto por última vez el sábado 22 de febrero de este año y por el que se ofrece una recompensa de $20 millones para quien pueda aportar datos.

"Queremos saber dónde está mi hijo, que aparezca. No nos dan respuesta, pasaron cuatro meses, estamos desesperados", expresó Elías Flores, papá del niño.

Ante los medios locales, el hombre manifestó que no entiende como es que Lian desapareció en un campo en el que viven 25 personas: “Ingresaron dos vehículos y la Justicia no puede sacar un solo dato. Nos llama la atención".

Al ser consultado sobre si hubo algún novedad en la investigación, Elías respondió: "Hasta ahorita nada, nos dicen que trabajan en varias líneas de investigación".

En medio de su enojo por cómo está la causa, el hombre destacó que la primera vez que vio a Virginia Carmona, la fiscal federal de Bell Ville, la mujer le dijo que si no decía la verdad lo iban a someter a un detector de mentiras.

Frente a esta expresión, ahora el papá de Lian exige que se utilice ese mecanismo para todos los que dieron testimonio en la causa.

"No queremos que pase lo mismo que Loan", remarcó sobre el chico desaparecido en Corrientes hace más de un año y concluyó: "No nos vamos a callar, no nos vamos a rendir".

El último pedido que realizó la defensa de los papás del niño, a cargo del abogado Daría Baggini, es que incorporarán a "dos expertos en inteligencia artificial para profundizar el análisis del caso", aunque por ahora no hay avances significativos.

La protesta, encabezada por el Suoem, reclama mejoras salariales y responsabiliza al gobierno de Damián Bernarte por el déficit financiero.

“Los trabajadores no vamos a pagar el costo de una mala administración”, advierten desde el gremio.

🪧 Entre los carteles que se leen durante la movilización, se destacan frases como: “Queremos una municipalidad ordenada” y “No al ajuste con los trabajadores”.

Mientras tanto, continúa el estado de asamblea que restringe la atención en dependencias del municipio y los servicios.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

Hace algunas semanas, este medio dio a conocer la crítica situación que atraviesa el Centro de Día de Apadim, en virtud de los recortes económicos que obstaculizan la normal prestación de servicios destinados a las personas discapacitadas. Esa nota tuvo amplia repercusión en diversos ámbitos, ya que visibilizó una problemática sistemáticamente desatendida por los poderes públicos. 

Lo que se planteó en aquella nota periodística es un claro ejemplo de la profunda brecha que separa el discurso de la realidad concreta en materia de protección a la discapacidad. La preocupación no es solo de una institución, sino que atraviesa a todo el conjunto de actores involucrados en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad: prestadores de servicios, transportistas, terapeutas, docentes, familias, entre otros.

Durante la semana pasada, se sucedieron paros y movilizaciones por parte de trabajadores del sector, quienes reclamaron la urgente actualización de los aranceles por prestaciones y el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma. Estas deficiencias operativas y presupuestarias comprometen gravemente la calidad de vida de miles de personas que dependen de estos servicios para ejercer derechos básicos y llevar una vida digna.

Es verdad que, durante gestiones anteriores, la distancia entre el relato oficial y la realidad se profundizó hasta niveles dramáticos. Mientras se publicitaban políticas de inclusión y asistencia, se administraban de forma irresponsable recursos públicos que eran entregados sin los controles necesarios. Este manejo imprudente, rayano con la corrupción, derivó en abusos que, en algunos casos, alcanzaron niveles grotescos, y que justificaban una auditoría rigurosa.

Sin embargo, el necesario ordenamiento de ese escenario marcado por el despilfarro no puede traducirse en la parálisis del sistema. En este punto, resulta inquietante la pasividad y el silencio de los distintos niveles del Estado que tienen vinculación con esta problemática, incluso cuando sectores de la oposición -los mismos que fueron responsables del descontrol anterior- impulsan ahora una ley de emergencia para el sector de la discapacidad.

En este contexto, las protestas de la semana pasada están plenamente justificadas. La angustia frente a la demora crónica en los pagos y la congelación de los valores de las prestaciones es real y tangible. Las familias viven con desesperación la imposibilidad de garantizar condiciones de vida dignas para sus seres queridos.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas difundió las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.  Son un conjunto de recomendaciones a los Estados para garantizar los derechos de los discapacitados y favorecer su integración en las distintas sociedades. Tanto los excesos demagógicos del pasado reciente como la actual parálisis administrativa constituyen dos caras de una misma moneda: ambas situaciones vacían de contenido esas directrices internacionales y las múltiples leyes nacionales que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

La vulneración de sus derechos, así como de quienes trabajan en su atención es un hecho social de gravedad. Atenta contra el tejido comunitario, erosiona el sentido de justicia y debilita los principios de convivencia. Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social.  El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal: una verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad.

Los prestadores de servicios de discapacidad y familias volvieron a movilizarse por el centro de San Francisco para visibilizar un reclamo que se replica en todo el país. La protesta se enmarca dentro del paro nacional de 48 horas, y se suma al pedido por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados.

La movilización tuvo como eje la exigencia de una actualización de aranceles para los prestadores, el cobro en tiempo y forma de los servicios, y el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos por la ley.

Silvana Gatti, mamá de Martín —un niño con parálisis cerebral— participó de la manifestación y explicó los motivos a LA VOZ DE SAN JUSTO: “Mi hijo depende en todo de la ayuda de los profesionales médicos, de los terapeutas, del acompañamiento en el colegio, y últimamente se fue haciendo un recorte en el presupuesto destinado a discapacidad”.

Además, señaló que hay un fuerte retraso en los pagos a los prestadores, lo que pone en riesgo los tratamientos y la calidad de vida de las personas con discapacidad: “Hay chicos y personas grandes que necesitan mucho el apoyo porque es calidad de vida para ellos. Las rehabilitaciones, la asistencia a los médicos, el equipamiento... todo eso se está viendo afectado”.

Gatti remarcó que los costos de los insumos y del equipamiento necesario —como sillas de ruedas y férulas— son imposibles de afrontar sin el respaldo de las obras sociales y el Estado. Sin embargo, indicó que “hay muchos casos en los que las obras sociales no cubren lo que deberían, o los pagos se atrasan”, y que, a pesar de existir una ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, muchas veces no se cumple.

“Hace más de un año que la Superintendencia es la que regula los montos, pero no está regulando, no está aumentando, todo está aumentando menos eso. A los profesionales les está siendo muy difícil seguir haciendo su trabajo”, sostuvo.

La entrevistada subrayó que “es indispensable que haya una adaptación de los servicios, que haya control para las obras sociales y que se cumpla la ley”, porque lo que está en juego no es menor: “Tantos chicos como grandes necesitan asegurar una buena calidad de vida, y en muchos casos, significa que es de vida o muerte la necesidad”

Una publicación compartida por La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

Eliana Contreras, licenciada en psicopedagogía, y Macarena Granado, licenciada en psicología, también participaron de la movilización como parte del colectivo de profesionales de la salud que trabaja con personas con discapacidad. Ambas coincidieron en que el reclamo tiene fundamentos urgentes: “En primer lugar, no recibimos aumento de las prestaciones desde septiembre del año pasado. Es decir, en el 2025, 0% de aumento. Estamos cobrando muy poco. Una sesión la cobramos 12.000 pesos”, detallaron.

Contreras explicó a este diario que los gastos que deben afrontar como trabajadoras independientes son múltiples: “Matrícula, seguro de mala praxis, alquiler de consultorios, compra de materiales, más todo lo que uno se va capacitando también. Y con lo que cobramos realmente no se llega. No se llega tampoco a vivir, no se llega a fin de mes. Es muy, muy poco”.

Granado agregó que muchas veces la vocación se interpreta como resignación: “Elegimos profesiones que tienen que ver con la empatía, con el cuidado y el servicio. Y muchas veces eso se confunde y parece que nosotros no podemos exigir lo mismo que cualquier otro trabajador. Nosotras somos profesionales de la salud y trabajamos con discapacidad. Y también merecemos cobrar lo que cualquier otro trabajador requiere por su trabajo”.

Las profesionales remarcaron que la situación es insostenible y que, a pesar del compromiso con sus pacientes, debieron sumarse al paro: “Trabajamos con familias, es muy exhausto el trabajo. Es profundo y a nosotras no nos gusta dejar de trabajar, pero consideramos que no había otra opción para hacernos escuchar”.

También advirtieron que la falta de respuestas por parte del Estado pone en peligro la continuidad de la atención: “Las personas mismas con discapacidad se pueden quedar sin los servicios. Corren ese riesgo más allá de los días de paro porque hay consultorios y lugares que tienen que cerrar porque no alcanzan a solventar los gastos”.

Como es habitual en las últimas semanas, este miércoles se llevó a cabo la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación en reclamo por una recomposición de sus haberes. Todo terminó con enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad que aplican el protocolo antipiquete.

A través de un operativo que se llevó a cabo por miembros de la Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los cruces con los manifestantes se dieron después de que intentaran marchar al rededor del Congreso de la Nación.

El reclamo se dio en la esquina de Rivadavia y Callao, enfrente del Parlamento, que estaba todo vallado para que la manifestación no llegue a esas inmediaciones. Cuando intentaban cortar la calle y dar la vuelta por el edificio, las fuerzas de seguridad avanzaron con los escudos para llevarlos a la zona de la Plaza del Congreso.

Debido al operativo que se llevó a cabo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, se cortó el tránsito sobre Rivadavia y todo el tráfico tuvo que ser desviado en la zona de avenida Callao, generando complicaciones en la zona.

Los manifestantes denunciaron que hubo heridos y afectados por el gas pimienta que aplicaron los efectivos de las fuerzas de seguridad. Uno de los que volvió a quedar registrado por las cámaras de televisión en el medio de los enfrentamientos fue el padre Paco Olveira, que fue aprehendido por los miembros de la fuerza en medio de los enfrentamientos y rápidamente liberado.

“Íbamos a estar en el anexo del Congreso, en la vereda, pero estaba todo vallado. Le tienen miedo a los curas, ya no mandamos al infierno”, señaló el cura, quien la semana pasada sufrió un corte en el medio de la manifestación.

Horas más tarde, el dirigente social Juan Grabois repudió el ataque que recibió el sacerdote y uno de los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos a través de sus redes sociales: “Después de otra represión contra los jubilados y quienes los defienden, trasladaron a @CaropresiNico del @mteargentina al Instituto Patria para hacerle las primeras curaciones”.

“Nico puso literalmente el cuerpo para defender a los jubilados, y específicamente al padre Paco, de la golpiza policial. Se comió los gases y los palos. Lo que corresponde a un dirigente popular. Nico no es el único, pero es de los mejores. En el Instituto Patria estaba la ex presidenta Cristina Kirchner, bajó de su oficina a solidarizarse y participó de las curaciones. Si no fuera parte de la tragedia nacional, sería cine”, añadió el dirigente.

Y completó: “El problema es que no es ficción. Es la realidad. Y esta gente nos está llevando a lugares de muy difícil retorno. A nosotros nos toca, cada cual desde su trinchera, dejarlo todo para defender lo que queda de justicia social hasta que se vayan los verdugos del pueblo. Nico está herido, pero fuera de peligro”.

Entre algunos de los reclamos, jubilados apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Esto es una vergüenza. Hasta que esto no se solucione, no voy a parar. Mi sangre va a correr, la tuya también”

“Se abusan de nosotros y sale a reprimir. Nos tiran gases. Nos tiraron al piso, me pisó uno. Nosotros venimos con un cartel, no venimos con armas. Me pisaron la mano”, señaló jubilado de 73 años que estaba en la marcha.

Minutos después de que comiencen los enfrentamientos, una columna de la Prefectura Naval avanzó para que termine el corte que estaba realizando un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de organizaciones en apoyo a los jubilados.

Según pudo saber Infobae, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a cuatro personas. Además, como parte del operativo, en las estaciones de trenes apresaron a otros 22 sospechosos.

La movilización de este miércoles cuenta, en definitiva, con la participación del núcleo que sostiene el reclamo desde hace varios años. Son los que buscan desde hace tiempo visibilizar el bajo monto de las jubilaciones mínimas, que actualmente se encuentra en $366.481,75.

En ese sentido, esta marcha es la continuación de otro miércoles de tensión. Hace ya casi un mes se produjeron gravísimos hechos de violencia a partir de la presencia de hinchadas de fútbol que se enfrentaron con miembros de la policía.

De aquella jornada resultó herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún hoy todavía permanece internado por recuperar su salud en el hospital Ramos Mejías de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien en esta oportunidad solo se observó la columna de jubilados y un pequeño grupo del sindicato de ATE que estaba reclamando en el PAMI, suelen recibir el respaldo de miembros organizaciones como el Polo Obrero y el MST.

El fotoperiodista Pablo Grillo continúa su proceso de recuperación después de resultar gravemente herido durante la represión en el Congreso, en el marco de la marcha en reclamo de los jubilados. Internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía desde hace diez días, Grillo dio pasos significativos en su proceso de mejoría.

En los últimos días, su padre, Fabián Grillo, compartió que, aunque Pablo estaba algo cansado debido a episodios de fiebre y procedimientos médicos, seguía receptivo y atento a su entorno. Incluso reaccionó positivamente a mensajes de apoyo enviados por figuras como Ricardo Bochini y Dalma Maradona.

Este sábado, una nueva muestra de avance sorprendió a sus familiares y allegados: Pablo escribió su nombre dos veces y la palabra "Abuelo" o "Abuela" en un papel de un recetario médico. Estas palabras fueron divulgadas por su hermano Emiliano y compartidas en redes sociales por Cora Gamarnik, docente e investigadora. 

Según Gamarnik, los médicos lo sentaron esa mañana y le preguntaron su nombre y si sabía por qué estaba allí, a lo que respondió escribiendo.

Este progreso genera esperanzas sobre una recuperación satisfactoria para el fotoperiodista, quien sigue luchando tras el grave incidente sufrido durante las manifestaciones del pasado 12 de marzo.

Con la distancia que da el paso del tiempo, aquella tapa de LA VOZ DE SAN JUSTO -la del “quedémonos en casa”- adquiere hoy un valor casi simbólico. Más allá de la consigna sanitaria, encerraba un llamado colectivo: cuidarnos entre todos frente a una amenaza común. La pandemia nos exigía, en lo inmediato, algo más profundo que lavarse las manos o usar barbijo: nos interpelaba como sociedad.

Cinco años después, con el agua turbia que pasó bajo el puente durante aquel período desgraciado de la extensa cuarentena, el recuerdo de lo vivido adquiere connotaciones diferentes según haya sido la experiencia personal o familiar. No obstante, siempre resulta útil volver sobre ese tiempo, porque allí se pudieron observar las conductas más nobles y, también, más miserables de la condición humana. Como en toda crisis. Como en toda guerra.

Aquellas reflexiones de los primeros días del confinamiento advertían sobre la llegada de “tiempos difíciles” dominados por “psicosis, temores, economía paralizada e incertidumbre”. Pero también encarnaban un desafío: “Dejar de lado las diferencias”. En ese sentido, en este diario se escribió: “La esperanza es que ceda la división casi interminable. Que un nuevo tiempo se abra cuando el virus deje de amenazar la salud y la vida de todos. Y que la grieta pase a ser, definitivamente, un mal recuerdo”. 

Transcurrido un lustro, esa esperanza sigue siendo eso: una expresión de deseo. Alcanzó con mirar lo que ocurrió en las últimas semanas en la Plaza del Congreso para entender que estamos lejos, quizás más lejos que nunca, de una plaza que una. Violencia, agresiones, insultos y escándalos dentro y fuera del recinto parlamentario revelan que la fractura social no solo persiste, sino que se profundiza. Son la manifestación de este tiempo. De otro tiempo difícil, aunque con características diferentes. 

“El mundo cambia a una velocidad inesperada, la historia galopa y no da descanso ni a los más desatentos y perezosos. La desorientación, e incluso un nivel inusual de miedo, son estados mentales muy extendidos: cada uno de nosotros puede percibirlos en las conversaciones cotidianas. No hace falta ser politólogo ni filósofo, basta un amigo en el bar para saber que se mira el presente con consternación y el futuro con aprensión”, escribió el columnista Michelle Serra en el diario italiano La Repubblica. 

Su columna, publicada bajo el título “Una plaza por Europa”, no fue una simple reflexión editorial: se convirtió en un fenómeno social. Serra convocó a manifestarse, sin banderas partidarias, por la unidad y la libertad de Europa. Y la gente respondió. En Roma, más de 50 mil personas colmaron la Piazza del Popolo. El movimiento se repitió en otras ciudades italianas y comenzó a contagiar a otros países del continente. 

Esa Europa, descripta por Serra como “el clásico jarrón de barro entre dos jarrones de hierro, lleno además de bombas atómicas”, parece encontrar en las plazas un punto de encuentro.  En cambio, las nuestras parecen haberse convertido en trincheras. 

Salvo por el desahogo colectivo y festivo que trajo el título mundial en Qatar, nuestras plazas no convocan a la unión, sino a la disputa. Son espacios atravesados por la división, los enojos, la agresión. En ellas se reflejan diferencias más que acuerdos; la grieta más que la identidad común.

Tal vez, como sugiere Serra, estas manifestaciones presenciales ya resulten arcaicas frente a la velocidad brutal con la que se viralizan las “reuniones algorítmicas” -esas que se dan en las redes, donde reinan la intolerancia y el desprecio por el otro-.

Por eso, pensar en una “plaza por la unidad” en la Argentina suena a utopía.

A pocas horas del inicio de la marcha de jubilados frente al Congreso, el Gobierno utilizó el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar un mensaje disuasivo a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República", según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

No es la primera vez que un gobierno utiliza este método para enviar mensajes a la ciudadanía. En 2023, la gestión de Alberto Fernández proyectó en las mismas pantallas una advertencia sobre el impacto de la eliminación de subsidios en las tarifas de transporte, en un intento de influir en el electorado de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad confirmó un despliegue de 900 policías en los alrededores del Congreso, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Se espera que la zona quede completamente vallada en un radio de 100 metros, restringiendo el acceso de vehículos y peatones.

Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.

La movilización, convocada por jubilados y acompañada por distintos sectores sindicales y políticos, exige un aumento de haberes ante el fuerte deterioro del poder adquisitivo. Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $280.000, cifra que los manifestantes consideran insuficiente.

Desde el oficialismo, en tanto, se advirtió sobre la posible infiltración de barras bravas y agitadores en la marcha, reforzando el argumento de la necesidad de un operativo de seguridad de gran magnitud.

La agrupación Jubilados y Pensionados en Lucha San Francisco Autoconvocados realizará mañana miércoles 19 de marzo, a las 10, una movilización frente a la sede del PAMI en Iturraspe 2350, en protesta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Quique Baigorria, integrante de la agrupación, explicó los motivos de la movilización: “Somos un grupo de jubilados y pensionados que nos organizamos para hacer los reclamos por los derechos adquiridos que nos quitaron. O sea, una de las principales, arrancamos nosotros con los remedios, que realmente hay mucha gente que no entiende que el porcentaje ese que nos daban del 100% en algunos medicamentos, hoy cuando nos disminuyeron el porcentaje, que vamos al 40 o 50%, es mucho.”

Baigorria destacó la preocupante situación económica que enfrentan los jubilados: “En diciembre del 2023, hasta la fecha, los medicamentos aumentaron una barbaridad. Y las jubilaciones y las pensiones que reciben no van acorde a eso. Hoy nosotros, los jubilados que cobran la mínima, son 270 y pico mil pesos.” También hizo referencia a los bonos: “Más un bono de 70 mil, que uno lo puede sacar en cualquier momento. Los dividimos en 30 días, nos corresponden 9 mil pesos por día. Hay jubilados que pagan alquiler, hay jubilados que viven en pensiones, hay jubilados que están viviendo con los hijos. Y hay jubilados que, al no poder conseguir nada de eso, se están haciendo los trámites para internarse en un geriátrico. Estando muy bien, físicamente y mentalmente. Claro, lo estamos destruyendo también.”

El integrante de la agrupación subrayó la situación desesperante de muchos jubilados: “Hoy en día tendríamos que decir, los jubilados nos resistimos a ser indigentes. Ya ni pobres vamos a ser, indigentes.”

A pesar de las dificultades, Baigorria hizo un llamado a la solidaridad: “Nosotros invitamos a la gente a sumarse y apoyarnos en un reclamo pacífico, solamente reclamamos eso porque creo que nos corresponde, creo que también el gobierno tendría que tener un poco más de sensibilidad debido a la situación.”

En relación a los disturbios ocurridos la semana pasada en la marcha de jubilados en el Congreso, Baigorria expresó su desacuerdo: “Creo que todo eso desdibuja el verdadero reclamo. Porque me parece que acá hay gente que no sé por qué participa. Una cosa es el apoyo y otra cosa es los disturbios... Nosotros convocamos siempre a una concentración pacífica.”

Por otro lado, Baigorria también expresó el malestar de la agrupación por la falta de respuestas: “No tenemos, inclusive, un jefe en la delegación PAMI en San Francisco. Siempre empleados, nada más. Y les pedimos que, por favor, que nosotros podemos ser los abuelos o los padres de ellos.”

Además, la agrupación brinda asesoramiento a jubilados, y aquellos interesados pueden contactarse a través de la línea (03564) 15 417004 o en sus redes sociales, Facebook e Instagram.

El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

La presentación fue radicada en el fuero federal y se fundamenta en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano serán los responsables de investigar los hechos denunciados por el Gobierno.

La denuncia presentada destaca que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes.

Según el escrito, la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.

Entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. La denuncia también detalla que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía.

Cabe recordar que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores.

Fuente: La Voz del Interior

¿Es posible afirmar, con un mínimo de seriedad, que un adulto mayor puede llevar una vida digna con 350 mil pesos al mes? ¿Cómo no diferenciar entre el legítimo e histórico reclamo de los jubilados y el accionar violento de barrabravas que se autoproclaman defensores de la clase pasiva? ¿Podemos reducir a meras anécdotas las vergonzosas escenas de diputados nacionales intercambiando golpes o lanzándose agua en pleno recinto?

Resulta desconcertante que hechos tan lamentables sean interpretados de maneras tan opuestas por dirigentes y militantes de distintas facciones políticas. En una democracia, ¿es razonable justificar la violencia, defender excesos represivos, liberar de inmediato a los responsables del caos, exigir la caída del gobierno o denunciar sin pruebas un intento de golpe de Estado, todo bajo el prisma de sesgos de confirmación?

Los graves sucesos del pasado miércoles en Buenos Aires dejaron abiertas estas y muchas otras preguntas. El vandalismo en las calles, el espectáculo bochornoso en la Cámara de Diputados y las reacciones contradictorias evidencian que la política argentina sigue siendo un espejo roto, reflejando en cada fragmento una imagen distorsionada del país.

Jonathan Swift, el célebre autor irlandés, escribió en el siglo XVIII un ensayo que parece describir nuestra época: El arte de la mentira política. En él, advertía que “la falsedad vuela, y la verdad viene cojeando tras ella”. En política, decía, no importa tanto la verdad o la mentira, sino la conveniencia de lo que se dice, cuándo y ante quién.

En realidad, Swift anticipó la era de la posverdad, donde los relatos prevalecen sobre los hechos y lo que se siente o cree pesa más que lo que realmente ocurre. Los incidentes en Buenos Aires lo confirman: para algunos, un intento de golpe callejero; para otros, una protesta legítima reprimida con brutalidad. La polarización de miradas y sesgos impide responder con objetividad a las preguntas iniciales. Hoy, la política no debate verdades: escenifica relatos.

El discurso cínico busca ocultar una realidad que lleva tiempo instalada, pero que el miércoles quedó al desnudo: una alarmante crisis de representatividad. No hubo partidos políticos, movimientos sociales ni gremios liderando la protesta. En las calles, los barrabravas, históricos grupos de choque del sindicalismo y la política, haciendo lo que mejor hacen: sembrar el caos. En el Congreso, representantes que prometieron combatir “la casta” actuando como esos “dueños” mafiosos de tribunas futboleras. Mientras tanto, las redes sociales polarizan, deforman, blindan convicciones y cancelan.

Lo ocurrido es una advertencia más. No hay real democracia sin Estado, sin Justicia, sin instituciones fuertes, sin ejercicio responsable de la libertad de expresión, sin representantes legítimos y sin ciudadanos capaces de distinguir entre hechos y relatos, que puedan dejar de lado, aunque sea por un instante, el filtro cómodo de las propias creencias.

Hannah Arendt escribió en 1971 que “el engaño, la mentira deliberada y el embuste como medios para obtener objetivos políticos nos han acompañado siempre desde los comienzos de la historia. La verdad nunca ha figurado entre las virtudes políticas”. Mientras cada sector blinda su argumentación, la acomoda a su relato y especula sobre la tajada que podrá sacar de estos hechos que hieren, como tantas veces, la verdad, si llega, lo hará tarde. Y rengueando.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que reunió a miles de manifestantes en Buenos Aires y distintas ciudades del país en repudio a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y a su política de derechos de género e inclusión.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la exmandataria destacó que las dos marchas más multitudinarias en rechazo a las políticas del gobierno libertario—la del sistema universitario y la del Orgullo Antifascista— no fueron ideológicas, sino que reflejaron aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina.

Cristina Kirchner remarcó que la marcha en defensa de las universidades públicas, realizada en abril, tuvo un carácter transversal porque el acceso a la educación superior es un sueño de movilidad social ascendente. En el caso de la reciente manifestación del colectivo LGBTIQ+, sostuvo que la convocatoria original se centró en las agresiones del presidente hacia la diversidad, pero terminó movilizando a sectores más amplios de la sociedad.

"La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad: de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", señaló.

LOS LÍMITESLas dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos “ideológicos” -con amenazas de clausura de derechos- no tuvieron que ver con la ideología, sino con ASPIRACIONES y EMOCIONES.La marcha… pic.twitter.com/Y4kKOoKY1o

Finalmente, la expresidenta sentenció: "El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".

La Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista se realizó el sábado y reunió a más de 80 mil personas en Buenos Aires, según los organizadores. Fue convocada tras el discurso de Milei en el Foro de Davos, donde el mandatario vinculó la diversidad sexual con la pedofilia y criticó al feminismo.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, legisladores del peronismo y figuras del espectáculo como Lali Espósito, quien ha sido blanco de críticas por parte del oficialismo.

Además de la multitudinaria manifestación en Argentina, ciudades como Roma, Berlín, Londres, París y Madrid fueron escenario de concentraciones de argentinos en apoyo a la marcha.

Ayer se realizó en la ciudad una masiva manifestación que reunió a docentes, estudiantes y graduados en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha, que se replicó en diversas localidades del país, se convirtió en un fuerte mensaje de la sociedad en defensa de la educación pública, libre y gratuita.

Cristian Canalis, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Francisco y tribuno de cuenta del municipio, expresó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO su apoyo a la protesta y manifestó que las personas dieron un mensaje firme con respecto al tema: “Sin educación no hay futuro. Es un reclamo mayoritario de la sociedad en su conjunto. El mensaje encontró un denominador común que es defender la educación pública, libre y gratuita, una de las banderas que defendimos y defendemos durante toda nuestra historia”. Para Canalis, la convocatoria de este 2 de octubre fue un claro indicador del descontento social ante las decisiones del gobierno nacional.

El radical destacó que la marcha logró reunir a diferentes sectores políticos bajo una misma bandera: “Ayer todos abrazamos la misma causa. La educación es parte de la solución, no del problema”, subrayó, al tiempo que enfatizó la necesidad de que los legisladores respondan al reclamo ciudadano y trabajen en defensa de la educación.

En relación a las consecuencias de la marcha, Canalis se mostró optimista. “Este es un paso muy importante y el mensaje debe llegar. La ciudadanía le dijo al Presidente que no, que la educación no se negocia”, sostuvo, y señaló que el desfinanciamiento de la educación pública lleva a un empobrecimiento del país.

Canalis también puso de relieve la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema educativo. “No puede ser que el 85% de nuestros docentes y no docentes estén por debajo de la línea de pobreza. Eso es una vergüenza”, enfatizó, reiterando que la educación de calidad es esencial para el desarrollo nacional.

Canalis concluyó haciendo un llamado a la unidad de los argentinos: “Debemos estar más unidos que nunca para ponerle un freno a Milei y decirle que con la educación no se juega”.

La política argentina está plagada de frases grandilocuentes, exageraciones y lenguaje bélico. No hay término medio. Las hipérboles se repiten. Los diputados que mantienen un veto son “héroes”. Los otros “degenerados fiscales e irresponsables”. Los “conversos” son “traidores”. 

La lucha por los vetos dominó la semana. 

El gobierno respiró aliviado un día y al siguiente se agarró la cabeza. Mantuvo el veto sobre la ley de movilidad jubilatoria y lo celebró como un triunfo. Intentó lo mismo con el índice de inflación, aunque el festejo se amesetó, al igual que el porcentaje difundido por el Indec. Recibió otras dos bofetadas. Por primera vez se rechazó un DNU en las dos cámaras: no hubo inteligencia ni para disponer ni para defender los fondos reservados para la Side. Y la cuestión de los recursos para las universidades abre la puerta a otra disputa marcada por vetos y “contravetos”. 

Además del caos en los aeropuertos, se presagian nuevas movilizaciones por el tema universitario, quizás mucho más numerosas que las que generaron disturbios por el tratamiento de la cuestión jubilatoria. De paso, las autoridades deberían vetar los intentos de desinformar sobre algunos episodios y prohibir el envío de videos falsos a los medios. Así también, el veto debería abarcar los ataques que recibe la prensa en nombre de la libertad. Vaya paradoja.

No obstante, la ajetreada agenda parlamentaria le permitió al gobierno nacional gozar de la aprobación de la ley que establece la boleta única electoral, un logro que traerá mayor transparencia. La oposición kirchnerista sufrió un revés importante. Es posible que se acaben prácticas incompatibles con la seriedad de los procesos electorales. No podía seguir admitiéndose que los votantes tuviesen que navegar entre cientos de boletas sábana, para no encontrar la que tenían intención de depositar en la urna porque los “vivos” se las habían robado. 

Mientras Cristina repitió ayer una de sus clases magistrales, el presidente Milei concurrirá mañana al Congreso para presentar la ley de presupuesto para el próximo año. Ambos se sienten a sus anchas hablando de lo que “les gusta”. Una culpando de los males a la “economía bimonetaria, estúpido”. El otro prendiendo velas en el altar del superávit fiscal y ¿guardándose alguna sorpresa?. No son de aceptar consejos ni reprimendas, pero deberían reparar en que “todo lo exagerado es insignificante”, según sentenció el político francés Charles Maurice de Talleyrand hace más de dos siglos. 

Así, mientras un Beto se alivia de que poco se habla de sus tribulaciones judiciales, oficialismo y oposición andan de veto en veto.

José Peña, padre de Loan, llegó a Buenos Aires junto a Mariano, uno de sus hijos, y convocó a una marcha para este jueves en el Obelisco porteño, con el objetivo de pedir la aparición del menor de 5 años. La convocatoria es para las 14 en ese emblemático lugar del microcentro de la capital de nuestro país.

Peña también dijo que le gustaría que lo reciba el presidente Javier Milei para “pedirle una ayudita, para que nos apoye en la búsqueda de Loan”, quien está desaparecido desde el 13 de junio.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer miércoles por la noche que hoy "a partir de las 11:00" recibirá "al papá y a la familia de Loan en el Ministerio de Seguridad", sede de la calle México 12 en Capital Federal.

José Peña seguirá pidiendo que su hijo aparezca y para ello le dará visibilidad al reclamo por intermedio de esta convocatoria. En tanto, la familia realiza una colecta para reunir fondos para contribuir en la búsqueda.

"No es nada político lo que estamos buscando. Vayan con su cartel, su bandera, con la consigna 'Devuélvanlo'. Para todos Loan tiene que ser la persona más importante del país en este momento", expresó el abogado de la familia, Roberto Méndez.

Unidad Piquetera (UP) marchará a Plaza de Mayo mañana contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizará a partir de las 16 y se dará en el marco del aniversario del estallido social de diciembre de 2001. 

“Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida”, indicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en diálogo con Radio Colonia durante la previa de la marcha. 

“Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar. Seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores”, ahondó.

A su vez, el dirigente piquetero sostuvo que los canales de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, están cerrados. “Nunca pude hablar con De la Torre y le pedimos una reunión específicamente y urgente frente a esta situación”, explicó Belliboni.

Las organizaciones sociales confirmaron este martes que se movilizarán a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y las advertencias de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que le quitará los planes sociales a las personas que asistan a las marchas y corten las calles. 

Por su parte, el dirigente ferroviario y referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Rubén "Pollo" Sobrero, manifestó en conferencia de prensa que la de mañana es una marcha “crucial” para la sociedad.  

“Mañana es una marcha crucial para todos aquellos que nos están mirando, porque lo que se define en Argentina es, si cuando vos quieras salir a discutir por un aumento salarial o por una paritaria, vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar”, consideró Sobrero. 

En la misma línea, el dirigente sindical aseguró que las “amenazas” que está llevando adelante el Gobierno tienen como objetivo “hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste”.  

Por su parte, durante la previa del 20D, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo anti piquete diseñado por la cartera de Seguridad. 

La presentación judicial recayó ante la jueza María Servini, que por incompetente giró la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

El MST cuestionó que el protocolo viola ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional y reclamó una medida cautelar que suspenda su aplicación. 

Según señalaron, con las medidas que anunció Seguridad se lesiona la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho de protesta y peticionar a las autoridades.