Un “supermiércoles” de protestas se registrará con la marcha de los jubilados al Congreso y el paro y movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan, que se manifestarán además en contra de los vetos del presidente Javier Milei.

Los jubilados volverán a marchar en las inmediaciones del Congreso, en una protesta a la que se sumará el rechazo al veto de Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.

Como es tradición en cada miércoles, distintas organizaciones de jubilados y agrupaciones políticas confluirán desde las 16 en la Plaza del Congreso, por lo que se prevé un nuevo operativo de seguridad en la zona.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan concretarán este miércoles un paro en reclamo de la sanción “urgente” de la emergencia pediátrica y un aumento salarial “inmediato”, además de una movilización a la sede de la obra social Unión Personal en contra de los copagos extra para los afiliados.

Así lo resolvieron los trabajadores en una asamblea, en la que se definió el reclamo de la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

El paro será de 24 horas y se efectivizará desde las 7, en una jornada que incluirá una movilización a las 10.30 a la sede central de Unión Personal, en Tucumán 949, en rechazo al cobro generalizado de copagos en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

“Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado” afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

El dirigente señaló que Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”, añadió, según se informó en un comunicado.

El miércoles último, la Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se le daba media sanción al proyecto de aumento presupuestario de las universidades, otra de las iniciativas que es rechazada por el Gobierno.

Este miércoles se cumple una semana del crimen que estremeció a Frontera y a toda la región: el asesinato de Zamir Gael Torres, un niño de solo 4 años, víctima colateral de un ataque a tiros dirigido a su padrastro, Braian “Peladito” Martínez. El hecho ocurrió el pasado miércoles 9 de julio por la tarde, cuando al menos cuatro personas emboscaron el vehículo en el que se trasladaba la familia, disparando más de 15 veces. A casi siete días del horror, la investigación avanza pero la comunidad sigue reclamando justicia.

Actualmente, hay dos detenidos, V.E., de 23 años, y N.T.M, de 20, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos. La policía continúa con los allanamientos en distintos puntos del departamento Castellanos y también en San Francisco, pero por el momento no ha logrado dar con el paradero de los presuntos autores restantes. En paralelo, la conmoción social crece: vecinos motorizan marchas y manifestaciones para pedir justicia por Zamir.

Durante la marcha del lunes, familiares de la víctima volvieron a rechazar que se trate de un “ajuste de cuentas narco”. “Zamir no murió en una guerra de bandas. Fue un asesinato cobarde. Queremos que paguen los que fueron”, expresaron desde el entorno del niño. Las pancartas decían “Zamir tenía 4 años”, “Justicia por un inocente” y “Con los niños, no”.

Por otro lado, la familia del primer detenido, V.E.,  por el brutal ataque reclamó su inocencia públicamente. “Es inocente. No tuvo nada que ver, tenemos cómo probarlo. Es un perejil”, declararon.  

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La fiscalía continúa recolectando pruebas, mientras el silencio y el miedo dominan las calles de Frontera. Según los investigadores, el ataque habría sido premeditado y tenía como blanco a Martínez, quien conducía el auto junto a su pareja y su hijastro. “A mi hijo lo mataron de un disparo por la espalda. El primer tiro lo recibió él”, dijo Rocío Funes, la mamá de Zamir. Y deslizó que el ataque podría estar vinculado a un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, hermano de Braian, ocurrido en mayo también en Frontera en un aparente ajuste de cuentas. "Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó Rocío, quien además denunció amenazas previas.

A casi una semana del crimen, el dolor se mezcla con la bronca y la impotencia. “Zamir no vuelve, pero queremos que su muerte no quede impune”, dijo una vecina que participó de la manifestación. En el barrio Puzzi, donde ocurrió el ataque, la gente aún no sale de la conmoción. Las secuelas del horror todavía se sienten en cada cuadra.

La investigación continúa, pero la comunidad de Frontera exige respuestas. Mientras la justicia busca a los prófugos, la sociedad no quiere que la muerte de Zamir sea una más en una larga lista de víctimas de la violencia.