"Estoy escandalizada e indignada". "El fallo es una negación de la democracia y una decisión política que me impide presentarme y ser elegida en las elecciones". "Millones de personas han sido silenciadas. Detrás de mí hay ciudadanos que han votado por el movimiento que represento y que ahora se verán privados de su candidata". "Es una violación al Estado de derecho". "Los jueces han implementado prácticas que creíamos reservadas a regímenes autoritarios". "La Justicia ha asumido muy claramente la ejecución de mi inelegibilidad, lo que en realidad significa que se me impide participar en elecciones. Esto responde a una instrucción, a una orden". "Es un ataque violento a la democracia. Es al pueblo al que se le impide tener esperanzas".

Las declaraciones suenan familiares. Pero no, no pertenecen a Cristina Fernández de Kirchner. Aunque, con algunos ajustes, podrían haber salido de su boca. La línea argumental es la misma: la Justicia es enemiga, la condena es política, los jueces responden a un mandato superior y el verdadero castigado no es el acusado, sino el pueblo.

En este caso, quien denuncia la conspiración es la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen. Un tribunal de su país la encontró culpable de haber desempeñado un “papel central” en un esquema de desvío de casi 5 millones de dólares del Parlamento Europeo para financiar su agrupación política, entonces llamada Frente Nacional. El fallo establece que Le Pen deberá cumplir cuatro años de prisión (dos de ellos en suspenso y dos bajo un brazalete electrónico). Además, con efecto inmediato, la Justicia francesa dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. 

Paréntesis. De aplicarse este criterio judicial en nuestro país, decenas de dirigentes afrontarían problemas judiciales por haber nombrado “asesores” que solo tienen la misión de asegurar políticamente el territorio. El sincericidio del senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta es un botón de muestra de lo que sucede en los cuerpos legislativos: reconoció que al menos 13 de sus asesores trabajan en su campaña política y no en temas relacionados con la agenda del Congreso. Por cierto, esto no habla muy bien de la Justicia argentina.

Volvamos a Le Pen. Su discurso victimista refuerza una idea peligrosa: que la popularidad garantiza impunidad. Que solo el pueblo o la historia puede juzgar a los líderes, y que cualquier control institucional es una conspiración para sacarlos del juego. Tras ser condenada, abonó teorías conspirativas y asumió que no está mal financiar la política partidaria desviando fondos públicos. En verdad, cruzando la calle ideológica, se construye con argumentaciones de similar tenor el discurso del “lawfare”, utilizado por el kirchnerismo autopercibido como integrante de los movimientos de la izquierda latinoamericana, sus pares de la región y agrupaciones europeas del mismo signo. 

Así y todo, es difícil imaginar a Cristina Kirchner solidarizándose con Le Pen. Sin embargo, la expresidenta insiste con frecuencia con el argumento de que la Justicia la persigue por sus decisiones progresistas, por su pertenencia al campo nacional y popular. Se asume víctima de la tiranía de los jueces que siguen órdenes del poder encarnado por las ideologías de derecha que ella afirma combatir. 

Pero ahora surgió un problema. Habitando en las antípodas ideológicas, Marine Le Pen arruinó ese relato: afirma lo mismo. 

La Justicia de Francia decidió este viernes juzgar en 2024 a la líder ultraderechista Marine Le Pen, su partido Agrupación Nacional (RN) y otras 26 personas más por supuestamente malversar fondos públicos europeos entre 2004 y 2016.Los magistrados sospechan que RN puso en marcha de "forma concertada y deliberada" un "sistema de malversación" de los 21.000 euros (22.500 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.De acuerdo con la investigación, los asistentes habrían trabajado en realidad parcial o completamente para el partido, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero, informó la Fiscalía y replicó la agencia de noticias francesa AFP.El Parlamento Europeo evaluó el daño en 6,8 millones de euros (7,3 millones de dólares) entre 2009 y 2017."Esta decisión por desgracia no nos sorprende", declaró Rodolphe Bosselut, abogado de Marine Le Pen, que siempre negó haber cometido cualquier infracción, en un comunicado.La Justicia celebrará el 27 de marzo una primera vista para organizar el juicio, que se concretará en octubre y noviembre de 2024, agregó la Fiscalía de París.Junto a la líder ultraderechista, también estarán en el banquillo de acusados su padre Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional (rebautizado RN); el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot; y el vocero del partido, Julien Odoul, entre otros.En total, habrá 11 acusados que fueron eurodiputados, 12 que trabajaron como asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido de extrema derecha, además de la propia formación como personal moral.El juicio se celebrará meses después de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que el partido de Le Pen figura en cabeza de los sondeos electorales en Francia.