Mientras sigue por un camino la causa penal de Márquez y Asociados que ya tiene varios detenidos con distintas responsabilidades, el otro sendero paralelo siguen avanzando los remates y licitaciones de distintos bienes de la empresa vinculados con la quiebra.

A los vehículos particulares que utilizaba la firma y otros vinculados con el trabajo en las obras, se suman ahora 21 lotes de materiales de la construcción, algunos por valores millonarios.

Entre otros se destacan lotes de electricidad, revestimientos, aberturas, carpintería y techo, obra gruesa, cloacas, por valores superiores en algunos casos a los 200 millones de pesos.

El detalle, en este edicto publicado este fin de semana en la edición papel de La Voz del Interior:

La Sindicatura y/o persona autorizada a tal fin atenderá consultas relacionadas con el llamado a licitación en calle 25 de mayo 125, Piso 9- Córdoba capital. Los teléfonos son 3513459648; 3516558128; 3515511293

Mientras se sigue el proceso judicial en el ámbito penal por la supuesta estafa de la firma Márquez y Asociados en Córdoba y que tiene a miles de perjudicados que vieron frustrado su sueño de la casa propia, en la contraparte civil se sigue avanzando en el remate de los bienes de la empresa.

A las subastas públicas que se han realizado y otras que están aún vigentes sobre vehículos de obra, particulares y hasta muebles de oficina se le suman desde este lunes cuatro lotes más.

Se trata de un vehículo de alta gama, otra camioneta y hasta dos ambulancias que pertenecía a una empresa paralela, Márquez Salud.

Estos son los detalles que se publicaron en el sitio oficial de la Justicia de Córdoba:

Condiciones: base $ 24.700.000,00 posturas mínimas: $ 300.000

El Poder Judicial de Córdoba incorporó al portal “Grandes Concursos y Quiebras” la información relevante sobre la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados, declarada en estado de insolvencia por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación.

A partir de ahora, acreedores, proveedores, clientes y trabajadores podrán consultar en este link las resoluciones judiciales y las actuaciones más importantes del expediente. El tribunal publicará de manera periódica los avances del proceso para garantizar transparencia y acceso público a la información.

La página oficial del caso cuenta con una sección de “Preguntas frecuentes”, que busca orientar a quienes se vean afectados o tengan interés en el proceso, según lo informado por el Poder Judicial.

Allí se explican, en lenguaje claro, temas como: qué implica una quiebra y cuáles son sus efectos legales, cómo funciona el proceso de verificación de créditos, qué sucede con los contratos, los trabajadores y los clientes de la sociedad, y de qué manera se tramitan las demandas iniciadas contra la empresa.

Esta herramienta está dirigida a acreedores, inversores, contratistas y proveedores, y tiene como fin facilitar la comprensión de los pasos que deben seguir dentro del proceso judicial.

El juez Sergio Gabriel Ruiz, a cargo del expediente, calificó la quiebra como “compleja” y dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad. Además, prohibió los pagos directos hacia la deudora y ordenó que todos los desembolsos se canalicen únicamente a través de la cuenta bancaria judicial habilitada.

La sindicatura está compuesta por dos estudios contables de la ciudad de Córdoba:

El juez Sergio Gabriel Ruiz, titular del Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba, declaró la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos SA, una de las empresas de Márquez & Asociados Constructora Desarrollista. El magistrado catalogó este proceso como una “quiebra pedida compleja” debido al “importante número de causas civiles ya iniciadas” y a los “miles de denuncias” que ya se concentran en el fuero penal.

Como consecuencia de esta resolución, se ordenó la inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de sus activos. Además, se dispuso la inhabilitación de la sociedad deudora y de los integrantes de su directorio: Juan Pablo Márquez y Ariel Hernán Márquez.

En cuanto a los damnificados y acreedores, el juez Ruiz habilitó un mecanismo digital para la verificación de acreencias, estableciendo el 11 de noviembre de 2025 como fecha límite para la presentación de los pedidos ante la sindicatura.

La causa por presuntas estafas vinculadas a la firma Márquez y Asociados sumó otro implicado con la detención de Matías Nieva, hermano del contador Ramiro Nieva, quien ya se encontraba detenido en el marco del expediente.

La medida fue dispuesta este martes por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en el contexto de una megacausa que acumula miles de denuncias por proyectos habitacionales que nunca fueron ejecutados.

Matías Nieva fue detenido bajo los cargos de asociación ilícita y estafa reiterada, los mismos que pesan sobre su hermano y otros imputados en esta megacausa.

Según informó a Cadena 3 el abogado Carlos Nayi, representante de parte de los denunciantes, la Fiscalía de Delitos Complejos continúa recopilando una gran cantidad de elementos de prueba que fortalecen la investigación.

La causa Márquez y Asociados causó gran impacto en la provincia por la magnitud del fraude, que afectó a miles de personas que invirtieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios prometidos pero nunca ejecutados. 

El fiscal Gavier y su equipo siguen profundizando en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la asociación ilícita y las responsabilidades de cada implicado.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista (actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos SA), con sede en barrio Villa Warcalde. La decisión se adoptó ante un pedido efectuado por un profesional que tenía créditos impagos a su favor, en concepto de honorarios.

El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como “quiebra pedida compleja”, en virtud del importante número de causas civiles ya iniciadas o a iniciarse en contra de la firma como así también en atención a la multiplicidad de denuncias efectuadas en sede penal (varios miles).

Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025. 

Tales pedidos deberán canalizarse de manera digital, conforme a las disposiciones del Protocolo de actuación profesional de sindicatura concursal en el contexto del expediente electrónico judicial (AR n.° 1714). El martes 13 de mayo se llevará a cabo el sorteo de la sindicatura. Oportunamente, se comunicará la dirección del síndico, sus datos de contacto y horarios de atención.

Entre otras medidas, el juez Sergio Ruiz prohibió a los terceros efectuar pagos directamente a la empresa, puesto que serán ineficaces de pleno derecho. Todo pago deberá realizarse mediante depósito a la cuenta judicial n.° 922/7728109 (CBU 0200922751000007728196), abierta en el Banco de Córdoba, sucursal Tribunales.

También ordenó la inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de los bienes inscriptos a su nombre y dispuso que la declaración de quiebra sea anotada en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público.

Además, ordenó registrar de la inhabilitación de la sociedad deudora como así también de los integrantes titulares del directorio de la sociedad fallida: Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente).

La sentencia intima a los terceros que posean bienes de la firma para que, en el término de 24 horas, los entreguen a la sindicatura. También ordena la venta de los bienes de la fallida, aunque se difiere el nombramiento del enajenador para el momento en que la sindicatura efectivice su incautación y opine sobre la mejor forma de realización del activo.

El magistrado estableció que la sindicatura podrá presentar el informe individual de créditos el 25 de junio de 2026 y que la sentencia de verificación de los créditos será dictada el 18 de diciembre de 2026. En tanto, la fecha de la presentación del Informe General de la sindicatura se fijó para el 24 de febrero del año 2027.

En función de la envergadura de la causa, la multiplicidad de personas afectadas y la incidencia social de la problemática, el juez Ruiz consideró “imprescindible” la participación en el proceso del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.