En el marco de una investigación por amenazas dirigidas a un establecimiento educativo, personal de la Sección Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba realizó un allanamiento en la mañana de este sábado en San Francisco, con resultado positivo. Como consecuencia del procedimiento, se logró identificar a la presunta responsable, tratándose de una menor de edad, y se procedió al secuestro de elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de 4° Turno, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Este episodio se suma a otros casos recientes que encendieron la preocupación en el ámbito educativo local. Días atrás, tres alumnos fueron identificados como los responsables de pintadas con mensajes amenazantes en el baño de una escuela secundaria. Según se informó, los propios estudiantes reconocieron su participación y señalaron que se trató de una “broma” vinculada a un reto viral en redes sociales.

Los mensajes habían sido detectados tras la finalización de la jornada escolar, donde generaron alarma entre alumnos, docentes y familias. A partir de la advertencia de otros estudiantes, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Policía de Córdoba, bajo directivas de la Justicia.

De acuerdo a lo establecido en el Código Penal Argentino, este tipo de hechos podría encuadrarse como “amenaza agravada por anonimato”.

Un intento de robo tuvo lugar en la noche del viernes en San Francisco, donde un menor de 13 años fue interceptado por dos adolescentes que intentaron sustraerle su bicicleta mientras circulaba por la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de bulevar Sáenz Peña y Venezuela. Según informaron fuentes policiales, el episodio fue advertido por el padre del niño, un hombre de 35 años, quien dio aviso a efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP).

De acuerdo al relato, el menor fue abordado por dos jóvenes que vestían ropa oscura, quienes intentaron quitarle el rodado, aunque no lograron concretar el robo.

Tras la denuncia, se montó un operativo cerrojo en el sector que permitió localizar a los sospechosos en las inmediaciones. Ambos fueron reconocidos por la víctima como los autores del hecho.

Los detenidos tienen 16 y 15 años, respectivamente, y fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de una causa por tentativa de robo.

El procedimiento se enmarca en intervenciones habituales de la Policía ante este tipo de hechos, donde se busca dar respuesta inmediata y avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) entrevistó al propietario del Supermercado 555 en San Francisco quien denunció que momentos antes dos personas habían sustraído dinero de la caja registradora.

Durante la entrevista, el damnificado observó y reconoció a los autores deambulando por las inmediaciones del local. Ante esto, la policía procedió a la aprehensión de dos menores de edad, siguiendo las directivas de la Fiscalía de Turno.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron atados de cigarrillos y dinero en efectivo, elementos vinculados al hecho denunciado.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N.º 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en 14 años, dos menos que el límite vigente hasta ahora. La oficialización se realizó a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, aunque la normativa comenzará a regir recién dentro de 180 días.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo respaldo legislativo para el oficialismo.

 Entre los principales cambios, la ley introduce un sistema de penas graduadas, que contempla tanto la edad del adolescente como el contexto en el que se cometió el delito. En ese marco, se prevé la aplicación de distintas medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.

 El régimen incluye programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y programas de formación ciudadana. También contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia a servicios de salud acordes a la edad de los jóvenes.

 Entre las sanciones previstas figuran la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en algunos casos, el monitoreo electrónico y la prestación de servicios comunitarios.

 En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en institutos especializados para adolescentes. La ley también establece que los menores no podrán permanecer detenidos junto a personas adultas.

 Además, prohíbe la aplicación de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años.

 El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate parlamentario se modificó el límite a 14 años tras negociaciones con bloques opositores dialoguistas, entre ellos el PRO y la UCR, que consideraron ese umbral como un punto de equilibrio más cercano a los estándares de la región.

Son numerosos los temas trascendentes para la vida de los argentinos que este año cobrarán resonancia pública porque se tratarán en el Congreso de la Nación con el objetivo de generar o reformar la legislación vigente. Por caso, la reforma laboral ya se halla en plena discusión. Y también varias otras iniciativas que, no siempre, cuentan con la atención preferente de la opinión pública.

En este contexto, una de ellas sí es seguida con atención. Se trata de la anunciada reforma del régimen penal juvenil que propugna rebajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos graves. A tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región y en varias democracias de otros continentes, se pretende reducir a 13 o 14 años la edad en la que un joven puede ser juzgado. Por cierto, de inmediato, las dos bibliotecas que en este tema son evidentes se hicieron presentes con fuerza.

Por un lado, quienes impulsan la reforma apelan a la incontrastable evidencia de que existe una participación creciente de menores en delitos graves, y que el marco legal vigente no refleja esa realidad. La baja de la edad de imputabilidad permitiría que el sistema penal tenga herramientas frente a hechos de extrema gravedad. Aclaran además que no se pretende, en general, equiparar a los menores con los adultos, sino establecer un régimen especial, con penas y procesos adecuados a la edad, pero que evite la impunidad total ante delitos graves. Ello, porque la inimputabilidad absoluta favorecería el uso instrumental de menores por parte de adultos y también porque el Estado debe dar respuesta a las víctimas y garantizar la justicia, incluso cuando el perpetrador es menor de edad.

En la vereda contraria se paran los que sostienen que no hay experiencias sólidas que demuestran que bajar la edad de imputabilidad reduzca los niveles de criminalidad juvenil. Y, fundamentalmente, advierten que la medida impactaría mayormente en jóvenes de sectores vulnerables, reforzando circuitos de exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito. Además, se plantea que el foco debería estar en educación, contención, salud mental y políticas de prevención de la drogadicción y combate contra el narcotráfico, antes que en una respuesta penal más temprana. En este contexto, no es menor que parte de estos argumentos hayan sido esgrimidos por altos prelados de la Iglesia Católica.

Así es que la agenda pública del país tendrá a esta problemática en el centro de la escena durante las próximas semanas. Es auspicioso que así suceda. Especialmente porque durante los largos años de gobiernos kirchneristas, la sola mención de la baja de la edad de imputabilidad era rápidamente clausurada, asociada de manera automática a discursos “punitivistas” o “de derecha”, sin habilitar una discusión seria y plural. No permitir que se discuta el asunto era la regla.

Por eso, que el Congreso, los medios y la sociedad en su conjunto asuman la conversación pública sobre este tema es un avance notorio. En verdad, todos los sondeos indican que la opinión mayoritaria está a favor de bajar la edad de imputabilidad. No obstante, debe ser la discusión democrática la que, en definitiva, termine saldando la cuestión de un problema que no puede continuar sin modificaciones. Quizás este último punto sea coincidente entre las posiciones antagónicas. Es esta circunstancia la que resalta, con gran nitidez, el valor del debate de un asunto muy sensible.

Las opiniones sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina están divididas entre quienes exigen medidas punitivas urgentes ante la inseguridad y quienes abogan por un enfoque de protección integral de menores. Las discusiones se centran en la necesidad de una Ley Penal Juvenil efectiva.

“¿De verdad creemos que más castigo a chicos cada vez más chicos nos va a hacer vivir más tranquilos?”, plantean los abogados Virginia Panero (MP. 5-977) y Nicolás Casas (MP. 5-702).

Cada vez que ocurre un hecho violento protagonizado por un menor, la reacción es casi automática: bajar la edad de imputabilidad. “La propuesta reaparece como si fuera una novedad, pero en realidad es la misma respuesta de siempre, un proyecto que se reflota a lo largo de los años –sostienen-.  El debate, así planteado, empieza mal. Hay numerosos proyectos en discusión que proponen bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 12, 13 o 14 años. El que hoy tiene más fuerza en sesiones extraordinarias la fija en los 13, sin embargo, se discute más el castigo que las causas”.

Actualmente, “la ley establece que son punibles los adolescentes de entre 16 y 18 años, con un régimen diferenciado que permite, a partir de los 16, la aplicación de penas privativas de la libertad, es decir, el sistema penal juvenil ya existe y ya interviene”, recordó Panero.

“En la provincia de Córdoba solo el 1% de los menores de 18 años tuvo algún tipo de contacto con el sistema penal –graficó Casas-. Y si miramos más de cerca, apenas el 0,01% corresponde a chicos de entre 13 y 15 años, la franja etaria sobre la que hoy se discute bajar la edad de imputabilidad, ¿De verdad creemos que el problema de la inseguridad se explica ahí?”, trazó.

“Los datos muestran, además, que cerca del 90% de los delitos cometidos por menores de edad son hurtos o tentativas de hurto. Muchas de esas tentativas se explican por el consumo problemático de estupefacientes, chicos tan atravesados por la adicción que ni siquiera logran consumar el hecho –agregó-. El problema central no es la edad, sino la droga, la exclusión y el abandono”.

“Los adolescentes alojados en el Complejo Esperanza, por ejemplo, son en su enorme mayoría varones con derechos básicos insatisfechos, con consumo problemático de drogas, familias atravesadas por múltiples vulneraciones y, en muchos casos, con padres privados de la libertad. No llegaron ahí por azar, llegaron porque el Estado estuvo ausente durante años”, acotó Panero.

Sin embargo, los abogados cuestionaron que “el debate público no se concentra en cómo evitar que los chicos lleguen al delito, sino en cómo castigarlos antes. Se corre el foco del problema real y se lo traslada al sistema penal, como si el derecho penal pudiera reparar lo que el Estado no supo cuidar a tiempo, pero la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”.

Sostienen que “responder siempre con una ley penal, sin trabajar seriamente sobre los factores que empujan a los adolescentes al delito, conduce al mismo resultado: más exclusión, más violencia y más víctimas. Bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no reduce el delito. Solo amplía un sistema penal que llega tarde y que ya demostró, una y otra vez, su ineficacia. Aun así, la ‘solución’ que se propone una y otra vez es adelantar cada vez más la entrada al sistema penal. El castigo temprano funciona más como un gesto simbólico frente a la falta de respuestas estructurales que como una verdadera herramienta de seguridad. El Estado sabe que endurecer penas no funciona, pero también sabe que suma políticamente”.

“Desde la ley Blumberg hasta hoy, el sistema penal se endureció de manera sistemática. Las penas aumentaron, las cárceles se llenaron ¿Qué se logró?: más reincidencia, más violencia y un sistema colapsado que no resocializa a nadie. Volver a aplicar políticas que ya fracasaron y proponerlas como solución es, en el mejor de los casos, engañar a la sociedad. Peor aún, se pretende retroceder hacia un régimen penal juvenil heredado de la última dictadura militar, pensado desde la lógica del castigo y no desde la protección integral de derechos”, opinó Panero.

Para los profesionales, “retroceder en materia de infancia no es avanzar en seguridad. La prevención del delito no se construye con castigo, sino con políticas públicas serias: atención a la pobreza, a la deserción escolar, abordajes integrales del consumo problemático de drogas, acompañamiento familiar y presencia estatal sostenida en los barrios. Eso es lo difícil. No suma votos, pero es lo que realmente funciona”.

“La paradoja final aparece cuando el propio proyecto menciona la intervención de organismos de niñez, incluso de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro del régimen penal juvenil. Se los nombra cuando el adolescente ya está imputado, pero poco y nada se dice sobre su fortalecimiento en la etapa preventiva. Más aún: a nivel nacional, la Defensoría sigue con cargos vacantes desde hace meses, sin que ello genere la urgencia política que sí despierta la discusión sobre imputabilidad. Se la invoca en el castigo, pero se la desatiende en la protección”, insistió Casas.

“El debate de fondo debería ser otro –aseguran-. Se discute con intensidad cómo sancionar penalmente a adolescentes, pero no se discute con la misma fuerza cómo fortalecer, en Nación y en las provincias, el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Organismos que trabajan con recursos mínimos, equipos desbordados y escaso reconocimiento institucional, haciendo lo que pueden cuando deberían ser una prioridad absoluta si realmente se quiere reducir la delincuencia juvenil a futuro”.

“Ningún régimen penal, por más severo que sea, va a compensar la ausencia de políticas públicas tempranas. Y ningún adolescente debería pagar con cárcel lo que el Estado no hizo a tiempo. Si el Estado llega primero con derechos, quizás no tenga que llegar después con castigos”, concluyeron.

Con la baja de la edad de imputabilidad nuevamente en la agenda legislativa, La Libertad Avanza decidió reimpulsar en el Congreso un debate que había quedado inconcluso en 2025 por falta de consensos políticos. La iniciativa, enviada oportunamente por el gobierno de Javier Milei, había logrado dictamen de comisiones en mayo del año pasado, pero nunca llegó al recinto y caducó el 30 de noviembre con la renovación parlamentaria.

La decisión de incorporar la reforma del Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero fue tomada esta semana en una reunión de la denominada “mesa política” del Gobierno. El tema recobró impulso tras el crimen del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe y cuenta con el respaldo de la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque durante el tratamiento en comisiones el oficialismo aceptó modificar el texto y fijar el nuevo umbral en 14, ante la resistencia de bloques dialoguistas y de sectores como la Iglesia. Esa versión fue la que obtuvo dictamen el 6 de mayo, en un plenario encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.

“La baja de edad de imputabilidad es una ley que la ciudadanía pide a gritos. Vamos a trabajar en obtener los consensos necesarios”, afirmó Rodríguez Machado, quien volvió a quedar al frente del plenario de comisiones. La legisladora señaló que el objetivo es avanzar “cuanto antes” hacia una media sanción, aunque reconoció que el debate debe reiniciarse desde cero.

Actualmente, ya están conformadas las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, mientras resta definir las autoridades de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia. Una vez completado ese paso, se establecerá un cronograma para emitir un nuevo dictamen.

En 2025, el proyecto había cosechado apoyos del PRO, la UCR e Innovación Federal, además de adhesiones con disidencias de otros bloques, mientras que Unión por la Patria y algunos diputados firmaron dictámenes alternativos para mantener la edad en 16 años, en línea con recomendaciones de organismos como Unicef.

 Uno de los puntos que generó mayores objeciones fue el costo fiscal de la iniciativa. El texto prevé que los menores sean alojados en institutos especializados y cuenten con supervisión específica, lo que implicaría mayores erogaciones para las provincias. Ese aspecto, que había quedado sin resolución clara, vuelve a ser uno de los principales desafíos del debate que el oficialismo busca reactivar en el inicio del año legislativo.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora presentó el proyecto del Campus Papa Francisco, un establecimiento que se levantará en el predio del actual Complejo Esperanza, en Bouwer, destinado a alojar a adolescentes con medidas privativas de la libertad. La obra, con una inversión provincial de 18.672.675.012 pesos y un plazo de ejecución de un año, abarcará 6.500 metros cuadrados cubiertos en un terreno de 28.000 metros.

El complejo contará con cinco unidades habitacionales con capacidad para 25 jóvenes cada una, permitiendo un abordaje en grupos reducidos y en línea con los paradigmas modernos de atención integral. Además, dispondrá de espacios verdes, áreas deportivas, salas de residencia, salud, apoyo administrativo y sectores para actividades socioeducativas y de capacitación en oficios.

“Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darle una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera”, expresó Llaryora. El mandatario defendió la decisión de avanzar en un proyecto de este alcance “en un momento donde prima el individualismo”, y remarcó: “Nuestro objetivo es que los números cierren con la gente adentro, especialmente con los que menos voz tienen”.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, sostuvo que el Campus es “una gran inversión acompañada de múltiples acciones para lograr una verdadera política de Estado” y destacó que “llamar Papa Francisco a este conjunto de unidades es un acto de memoria y compromiso”. Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, señaló que se trata de una obra “que no se realiza con frecuencia; hacía 30 años que no se encaraba un proyecto de estas características”.

El complejo estará bajo la órbita de los ministerios de Desarrollo Humano y de Infraestructura y Servicios Públicos, y sumará mejoras en accesibilidad gracias a la pavimentación del Camino a 60 Cuadras, recientemente anunciada.

Llaryora subrayó también el rol de los trabajadores que se desempeñan en la contención de jóvenes: “Es una tarea que requiere un corazón especial, la voluntad de no rendirse y de entender que su trabajo recupera vidas y salva vidas”.

El delincuente de 14 años, uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez en la ciudad de La Plata, seguirá alojado en un instituto de menores tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas se rechazó el planteo presentado por la defensa del imputado, cuyas iniciales son M.N.R., y de este modo seguirá en un instituto de menores hasta por lo menos un periodo de dos años, según se estableció.

A pesar de ser considerado coautor del “Homicidio en ocasión de robo”, el involucrado en el asesinato de la niña de 7 años es inimputable por ser menor de edad.

El pasado 2 de julio, la fiscal Carmen Ibarra, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción de Menores de La Plata, solicitó que el ladrón de 17 años vaya a juicio oral por estar acusado del robo del auto y el crimen.

En audiencias anteriores, la jueza María José Lescano sostuvo que ambos son responsables del robo del automóvil y del crimen de Kim.

El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, los dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron a Florencia, madre de la pequeña, y a Kim cuando estaban dentro del automóvil.

Los sujetos, quienes minutos antes de que se perpetrara el ataque ya estaban merodeando la zona, la sacaron del vehículo a la mujer y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas que sufrió.

Este sábado por la tarde, personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía detuvo a un menor de 16 años en barrio Parque, en San Francisco, y recuperó una motocicleta robada.

El adolescente se desplazaba en una Honda Wave que fue reconocida por los efectivos como el rodado sustraído el pasado 10 de junio en Devoto. La damnificada había sido una joven de 18 años, quien denunció el robo al salir del colegio, al notar que su moto —que había dejado sin medidas de seguridad— ya no estaba en el lugar.

Tras su detención, el menor fue trasladado al Complejo Esperanza, donde quedó alojado por disposición del Juzgado de Menores que interviene en la causa.

Mientras la investigación por el crimen de Guillermo Chiarotto Gattino continúa en manos de la fiscal Silvana Quaglia, el menor, también de 15 años, acusado de haber cometido el homicidio permanece alojado en el Complejo Esperanza. El adolescente se entregó voluntariamente, acompañado por su abogado defensor, luego de que fuera identificado como el presunto autor de la puñalada mortal.

El hecho ocurrió el jueves 26 de junio por la tarde en una vivienda ubicada en pasaje Río Primero al 800, en barrio Roque Sáenz Peña. De acuerdo a la información judicial, Guillermo y otro joven habrían acudido al lugar para reclamar una bicicleta, lo que derivó en una discusión con otros dos adolescentes. En ese contexto, uno de ellos habría tomado un cuchillo y apuñalado a Guillermo en el tórax. La herida le provocó una hemorragia interna que, pese a los intentos médicos, causó su muerte en el Hospital Iturraspe.

Tras el hecho, se realizaron allanamientos sin éxito durante la noche del jueves. Sin embargo, en la mañana del viernes, el acusado se presentó ante la Justicia. Desde el entorno judicial destacaron que “la familia colaboró desde un primer momento” y que fue uno de sus allegados quien alertó a la Policía tras lo ocurrido. El joven quedó a disposición del Juzgado Penal Juvenil, que evaluará los pasos procesales a seguir.

En paralelo, la familia de Guillermo expresó su intención de constituirse como querellante en la causa y reclamó justicia. “Pedimos justicia, que no quede en la nada”, manifestaron públicamente tras el sepelio en el cementerio local.

La conmoción por el crimen derivó también en un episodio de tensión en el barrio: un grupo de entre 30 y 40 jóvenes se acercó a la vivienda del presunto agresor con piedras y objetos contundentes, aunque la intervención de efectivos del CAP, Infantería, ETER, SEOM y Policía de Córdoba logró evitar enfrentamientos. La situación obligó a reforzar la seguridad en la zona y a custodiar tanto la casa señalada como el Cementerio Municipal.

La causa continúa en etapa investigativa, marcada por el dolor de una familia que busca respuestas y por una comunidad aún conmocionada por la violencia entre adolescentes.

Mientras el presunto autor del crimen permanece alojado en el Complejo Esperanza, la investigación judicial avanza bajo la conducción de la fiscal Silvana Quaglia, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos. El adolescente de 15 años se entregó este viernes de manera voluntaria, acompañado por su abogado, luego de haber sido señalado como el autor de la puñalada que terminó con la vida de Guillermo Chiarotto Gattino, también de 15 años.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda de pasaje Río Primero al 800, en barrio Roque Sáenz Peña (conocido como “las 800 viviendas”). Según indicaron fuentes judiciales, Guillermo y otro joven habrían ido al lugar para reclamar una bicicleta. Allí se encontraban otros dos adolescentes, todos conocidos entre sí. En medio de una discusión, uno de ellos tomó un cuchillo de cocina tipo Tramontina y le asestó una puñalada en el tórax. La herida le provocó una hemorragia interna que derivó en su muerte, pese a los esfuerzos médicos tras su traslado al Hospital Iturraspe.

En la noche del jueves se realizaron allanamientos en busca del agresor, sin resultados positivos. Sin embargo, en las primeras horas del viernes, el joven acusado se presentó ante la Justicia. “La familia colaboró desde un primer momento”, indicaron desde el entorno judicial, destacando además que fueron los propios allegados quienes dieron aviso a la Policía luego del hecho.

El menor quedó a disposición del Juzgado Penal Juvenil, que definirá las medidas procesales a seguir. La gravedad del hecho, el vínculo entre los involucrados y la corta edad de todos los participantes generan preocupación y debate en la comunidad.

El viernes, familiares, amigos y compañeros despidieron a Guillermo en la sala velatoria de Rosso Hnos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. La familia dejó trascender que se constituirá como querellante en la causa y exigió una condena ejemplar. “Pedimos justicia, que no quede en la nada”, expresaron.

La conmoción por la muerte de Guillermo derivó en un episodio de tensión que pudo haber terminado en enfrentamientos. Horas después del sepelio, cerca de las 17, entre 30 y 40 jóvenes –en su mayoría menores de edad– se dirigieron a la casa del presunto autor con piedras y objetos contundentes, según informaron fuentes policiales.

Gracias al rápido accionar de efectivos del CAP, Infantería, ETER, SEOM y la Policía de Córdoba, se logró disuadir al grupo y evitar disturbios. El operativo involucró a más de 30 uniformados y 15 móviles, que además cubrieron el área del Cementerio Municipal para garantizar la seguridad durante el entierro.

La situación generó preocupación en el barrio Roque Sáenz Peña y obligó a reforzar la seguridad en la zona, donde todavía reina la conmoción.

Nuestra comunidad ha vuelto a ser, en estos días, escenario de un hecho que sacude los cimientos del entramado social: el asesinato de un joven de 15 años, supuestamente a manos de otro adolescente. El caso, de por sí estremecedor, pone en evidencia la dimensión del problema que enfrentamos: la violencia juvenil, la agresión que llega al crimen, no es una excepción sino una señal de alerta desatendida.

No se trata de caer en generalizaciones ni en discursos que criminalicen a la adolescencia. Por el contrario, el hecho debe interpretarse como un síntoma de una compleja red de variables que vienen erosionando, desde hace tiempo, los vínculos sociales, las instancias de contención y los canales de orientación que históricamente han contribuido a la formación de las nuevas generaciones.

Dejando de lado la pretensión de dictar cátedra acerca de las razones que determinan las conductas sociales en un marco de complejidad creciente, el aporte sociológico permite iluminar reflexiones imprescindibles para tomar nota del problema. Son numerosos los estudios que advierten sobre el avance de procesos de desintegración comunitaria que afectan especialmente a las nuevas generaciones. Uno de los padres de la sociología, Emile Durkheim, hablaba ya en el siglo XIX del concepto de anomia para describir el estado de desregulación social, de pérdida de normas y referencias colectivas que produce desorientación y conductas destructivas. En contextos donde las instituciones básicas y el Estado no logran cumplir adecuadamente su función, los jóvenes quedan a la deriva, expuestos a influencias nocivas y sin proyectos vitales claros.

Por ello, el hecho que hoy conmueve a San Francisco no puede leerse únicamente como un caso individual. Debe ser abordado, además, como una expresión de una problemática estructural: el debilitamiento de las redes de cuidado, el aumento del consumo problemático de sustancias, la pérdida de referentes adultos significativos, el empobrecimiento material y simbólico de la infancia y la adolescencia. San Francisco no es ajena a estos procesos. De hecho, episodios anteriores -como el ocurrido frente al cañón de Rigar’s, que marcó la memoria urbana hace décadas- muestran que la violencia juvenil no es un fenómeno nuevo, aunque sí más visible hoy. 

El trágico episodio no puede ser abordado con liviandad, pero tampoco debería conducirnos a respuestas apresuradas o reduccionistas que impidan comprender su complejidad. Como señala Marc Augé en Los nuevos miedos, “el mundo contemporáneo nos enfrenta a una verdadera madeja de miedo. Esa madeja es la que tenemos que tratar de desenredar a fin de poder analizar las causas, las consecuencias y las posibles continuaciones del malestar generalizado que parece haberse apoderado de las sociedades humanas y amenazar su equilibrio”. 

Empatía y solidaridad, dolor y consternación son sentimientos que afloran en estos casos. Pero no pueden ser razones para desviar la mirada. Por el contrario, se impone la necesidad de examinar los factores que confluyen en hechos como éste. Porque la muerte absurda de un adolescente profundiza la incertidumbre colectiva: crece el temor de que se esté clausurando la puerta a los sueños. 

Hace instantes, se entregó ante la Justicia el menor de edad acusado de asesinar a Guillermo Chiarotto Gattino, el adolescente también de 15 años que murió tras ser apuñalado el jueves por la tarde en barrio Roque Sáenz Peña, en la zona conocida como “las 800 viviendas”.

El hecho se produjo en el interior de una vivienda de pasaje Río Primero al 800, donde Guillermo habría llegado junto a otro joven para reclamar por una bicicleta. En el lugar se encontraban dos adolescentes más, todos conocidos entre sí. Según la investigación, en medio de una discusión, uno de los menores tomó un cuchillo de cocina y lo hirió en el tórax.

La herida provocó una hemorragia interna que derivó en su muerte poco después de ser trasladado al Hospital Iturraspe.

Durante la noche del jueves se realizaron allanamientos en las viviendas vinculadas al presunto agresor, que en ese momento no fue hallado. Sin embargo, durante este viernes se presentó de manera voluntaria ante la Justicia, acompañado por su abogado defensor.

“La familia colaboró desde un primer momento”, señalaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, destacando también que los propios allegados del agresor auxiliaron a la víctima y dieron aviso a la Policía sobre el hecho. 

La causa está en manos de la fiscal Silvana Quaglia, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos. El menor permanecerá a disposición del Juzgado Penal Juvenil, que será el encargado de definir las próximas medidas procesales.

Mientras tanto, la comunidad de San Francisco sigue conmovida por la tragedia. Guillermo fue despedido este viernes por familiares, amigos y compañeros en la sala velatoria de Rosso Hnos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local.

“Dos familias atravesadas por una misma tragedia”, resumieron allegados del joven en un breve contacto con este medio. El dolor de la pérdida y el silencio de las preguntas sin respuesta se entrelazan en un hecho que ya interpela a toda la ciudad. ¿Cómo llegamos hasta acá?

El crimen de Guillermo Chiarotto Gattino, el adolescente de 15 años asesinado el jueves en barrio Roque Sáenz Peña, conmociona a la comunidad de San Francisco. “Dos familias atravesadas por una misma tragedia”, expresaron en un breve contacto con LA VOZ DE SAN JUSTO allegados del joven, que este viernes será inhumado en el cementerio local.

Los restos de Guillermo son velados en la sala de la empresa Rosso Hnos., mientras familiares, amigos y compañeros se acercan para despedirlo en medio de la conmoción.

El presunto autor del homicidio ya fue identificado. Se trata de otro menor de edad, conocido por la víctima, cuya detención sería inminente.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda de pasaje Río Primero al 800, del sector conocido como “las 800 viviendas”. Guillermo habría llegado junto a un amigo para reclamar por una bicicleta. En el lugar se encontraban otros dos adolescentes, todos del mismo entorno. En medio de una discusión, uno de ellos tomó un cuchillo de cocina tipo Tramontina y lo apuñaló en el tórax.

La herida provocó una hemorragia interna que resultó fatal. Guillermo fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, pero falleció poco después.

Durante la noche se realizaron allanamientos en el domicilio del sospechoso y en la casa de un amigo suyo, pero sin resultados positivos. Según testigos, familiares del agresor asistieron a la víctima. “La familia colaboró en todo momento”, indicaron fuentes judiciales.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo la conducción de la fiscal Silvana Quaglia.

Dos hombres mayores de edad, oriundos de la provincia de Santa Fe, fueron detenidos en las últimas horas en San Francisco luego de ser señalados como sospechosos de intentar subir a tres niñas a una camioneta. El hecho fue caratulado como tentativa de sustracción de menores y se encuentra bajo investigación.

La aprehensión se llevó a cabo en inmediaciones de la estación de servicio del ACA, sobre avenida Rosario de Santa Fe, tras un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y el Centro de Monitoreo Urbano, que permitió seguir el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos.

La causa quedó a cargo del fiscal Emilio Drazile, quien ordenó la detención de los implicados y el secuestro del rodado. En esta etapa, se trabaja en la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

El hecho fue denunciado por familiares de tres niñas de entre 8 y 9 años, quienes aseguraron que los hombres habrían intentado llevárselas por la fuerza. Sin embargo, se aclaró que no se trata de un secuestro, sino de una tentativa, de acuerdo a los elementos disponibles hasta el momento.

La investigación continúa abierta, y los detenidos permanecen bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.

La Unidad Judicial San Francisco activó este miércoles por la mañana una solicitud de paradero para localizar a dos menores de edad, Morena Jazmín Rodríguez y Melina Rodríguez, cuya ubicación se desconoce desde hace algunas horas. La denuncia fue presentada de manera presencial por Marcelo Gustavo Rodríguez, padre de ambas.Según indicó el denunciante, las niñas podrían encontrarse tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en alguna localidad de la Provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre su destino ni las circunstancias de la desaparición.Desde la Unidad Judicial se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información útil que permita dar con su paradero. Las personas que puedan brindar datos deben comunicarse de inmediato a los teléfonos 3564-443272 o 3564-570111, o bien escribir al correo electrónico ujudicial01-sf@justiciacordoba.gob.ar.La investigación está en curso y se mantienen activados los protocolos correspondientes ante casos de menores desaparecidos. 

A partir del 2 de junio, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) comenzará a gestionar en sus oficinas la autorización para que menores de 18 años puedan viajar al exterior. 

Este organismo, que es el único autorizado para emitir el DNI y el Pasaporte, permitirá a los padres hacer el trámite del Pasaporte Ordinario y la autorización de viaje del menor en un solo procedimiento, o bien solicitar la autorización por separado.

La medida fue oficializada recientemente en el Boletín Oficial mediante la Disposición 373/2025, firmada por el director del RENAPER, Pablo Luis Santos. Con esta autorización, el menor podrá viajar solo a cualquier destino internacional.

Para obtener el permiso, es necesario que ambos padres sean argentinos o extranjeros con residencia legal en el país, y que el menor también sea argentino, con DNI y pasaporte vigentes. 

En casos donde el menor tenga solo un progenitor responsable, como hijos extramatrimoniales o fallecimiento de uno de los padres, bastará con la autorización del progenitor que tenga la responsabilidad parental, según el Código Civil y Comercial.

Además, si uno de los padres es menor de edad, deberá acudir acompañado por uno de sus propios padres, conforme a regulaciones migratorias vigentes.

La autorización podrá ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los padres y tendrá validez hasta que el menor cumpla 18 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.

Esta disposición busca facilitar y acelerar los trámites, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera. Permitirá que el proceso sea más eficiente al concentrar en un solo trámite la emisión del pasaporte y la autorización, o bien permitir gestionarlos por separado, ayudando a optimizar los controles migratorios y la seguridad de los menores.

Los padres deben presentarse personalmente en las oficinas del RENAPER para realizar la verificación biométrica. La presencia del menor no será necesaria salvo que también se tramite su pasaporte.

Finalmente, la autorización se registra digitalmente y se envía automáticamente a la Dirección Nacional de Migraciones para su uso en los controles fronterizos. 

Los padres recibirán una constancia digital con la información del trámite realizado.

Franco Daniel Palacios, el adolescente de 17 años cuyo paradero había sido solicitado el lunes 19 de mayo, fue encontrado este martes por la tarde en San Francisco.

Según informó la Policía, a las 19.30 horas se presentó en la Unidad Judicial de San Francisco, acompañado por dos mujeres de 45 y 34 años madres del menor. Manifestaron que el menor había permanecido los últimos días en el domicilio de una mujer.

Con su aparición, el pedido de paradero quedó sin efecto.

Un accidente de tránsito se registró el sábado por la noche en la intersección de Independencia y Río Negro, en barrio Independencia de San Francisco.

El hecho ocurrió a las 23.40, cuando una motocicleta Honda Biz 105cc, conducida por una mujer de 29 años, chocó contra un automóvil Volkswagen Gol, manejado por un hombre de 46 años. La conductora llevaba como acompañantes a dos menores, quienes resultaron con escoriaciones y lesiones leves.

Un servicio de emergencias trasladó a los niños al hospital Iturraspe para su atención. Mientras tanto, la policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.