El fabricante cordobés de maquinaria agrícola Metalfor parece haber entrado en un callejón sin salida.

En medio de una delicada situación financiera, la Justicia ordenó embargar las cuentas de la empresa; también la de su presidente, Eduardo Alberto Borri, y de otros dos garantes: José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel.

La medida forma parte de una demanda ejecutiva iniciada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, para cobrar un saldo de U$S 98.895,77.

A esa cifra se agregan otros U$S 10.000 estimados provisoriamente para intereses y costas, por lo que el reclamo judicial podría superar los U$S 108.000.

El expediente se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 24. Los tres empresarios embargados se habían constituido como fiadores solidarios y principales pagadores de las obligaciones asumidas por la compañía.

Según informó el medio iProfesional, los oficios de embargo fueron librados el 21 de agosto. En el caso de Borri, la orden fue enviada al Banco Galicia; para Dassie, al Banco Macro; y para Miguel, al Banco Supervielle. También se emitió el oficio correspondiente contra la propia empresa.

La decisión judicial establece que el embargo debe hacerse efectivo sobre una cuenta bancaria o billetera virtual de cada uno de los demandados.

Si los fondos encontrados no resultan suficientes para cubrir el monto exigido, la entidad acreedora podrá solicitar nuevas medidas sobre otras cuentas.

El conflicto se originó en un préstamo de U$S 2 millones que el Banco Ciudad le otorgó a Metalfor en octubre de 2024.

El crédito debía ser devuelto en 12 cuotas mensuales, con un último vencimiento previsto para octubre de 2025.

De acuerdo con la presentación judicial, después de esos pagos quedó pendiente un saldo de U$S 98.895,77.

Ante la falta de cancelación, la entidad bancaria avanzó con la demanda y pidió medidas contra la compañía y contra quienes habían garantizado personalmente la operación.

El nuevo frente judicial aparece cuando la histórica fabricante atraviesa un fuerte deterioro operativo y financiero.

En el primer semestre de 2026, Metalfor registró una pérdida de $ 26.484 millones, después de haber obtenido una ganancia de $ 11.870 millones durante el mismo período del año anterior.

La facturación también sufrió un fuerte retroceso: pasó de $ 95.779 millones a $ 48.045 millones en un año. El resultado operativo, que había sido positivo en $ 20.196 millones, se convirtió en una pérdida de $ 9.726 millones. A eso se sumó un resultado financiero negativo de $ 18.360 millones.

La caída de la actividad quedó reflejada en la producción. Durante los primeros seis meses del año, la compañía fabricó 95 unidades, frente a las 208 del mismo período de 2025. En pulverizadoras autopropulsadas, uno de sus principales productos, pasó de producir 67 equipos a solamente 21.

Las ventas siguieron el mismo camino. La empresa comercializó 167 máquinas, contra las 258 registradas un año antes. En equipos automotrices nacionales, la cifra cayó de 115 a 53 unidades, mientras que las ventas de equipos de arrastre descendieron de 27 a nueve.

A la menor actividad se sumaron las restricciones para acceder al crédito y las dificultades con los proveedores. La propia compañía reconoció que la falta de recursos comenzó a complicar la compra de materiales, el pago de salarios y, como consecuencia, el ritmo de fabricación y entrega de maquinaria.

Al 30 de junio, la empresa acumulaba un pasivo total de $ 194.408 millones. De ese monto, $ 108.421 millones correspondían a obligaciones de corto plazo y los restantes $ 85.987 millones, a compromisos de largo plazo.

Los registros mencionados también daban cuenta de 729 cheques rechazados por más de $ 6.419 millones y de una deuda bancaria cercana a los $ 52.700 millones.

Como respuesta a la crisis, Metalfor inició un Procedimiento Preventivo de Crisis para negociar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y planteó una reducción cercana al 70% de una dotación de alrededor de 600 trabajadores. Esa propuesta implicaba la posible salida de hasta 420 empleados.

El procedimiento no concluyó con medidas aprobadas, aunque la empresa avanzó igualmente con un achicamiento de su estructura. En julio despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, inició un esquema de retiros voluntarios y mantuvo atrasos en el pago de salarios.

La compañía también anticipó una reducción de dotaciones, turnos y sectores, además de una concentración de la producción en los modelos de mayor rotación y rentabilidad. Entre las alternativas para obtener liquidez aparece, además, la venta de inventarios y de maquinaria usada.

Por el momento, no existe una presentación judicial de Metalfor para ingresar en concurso preventivo de acreedores. Sin embargo, el avance de las ejecuciones, la caída de la actividad y las dificultades para sostener la cadena de pagos reducen cada vez más su margen para resolver la crisis mediante un ajuste interno.

El Ministerio de Trabajo de Córdoba dio por cerrado el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de Metalfor sin que la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzaran un acuerdo sobre el futuro de la compañía y de sus trabajadores.

La instancia de negociación, que se había iniciado a partir de la crisis financiera, productiva y comercial que atraviesa la fabricante de maquinaria agrícola con base en Marcos Juárez, concluyó el 7 de agosto.

Según el gremio, durante el proceso la empresa planteó una reducción de hasta el 70% de su actual dotación, sobre un total de 400 trabajadores.

La propuesta fue rechazada por la UOM, que cuestionó el alcance del ajuste y planteó la necesidad de preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

El cierre del procedimiento abre ahora una nueva etapa para la compañía, que deberá definir cómo continúa su proceso de reestructuración en un escenario marcado por la caída de la actividad, dificultades financieras y una fuerte reducción en las ventas de maquinaria agrícola.

La finalización del PPC fue confirmada por Carlos García, abogado patrocinante de la UOM, en declaraciones a Cadena Sudeste.

"El Ministerio de Trabajo de Córdoba ha cerrado este proceso por falta de acuerdo entre las entidades gremiales y la empresa", señaló el abogado a La Voz.

García explicó que el sindicato venía siguiendo la situación de Metalfor desde 2025, a partir de las dificultades que la compañía comenzó a mostrar para cumplir con el pago de los salarios.

"Nosotros venimos desde el 2025 monitoreando esta situación por dificultades e incumplimientos de los salarios, con una mora que progresivamente se fue espaciando. Pero cuando arrancó el 2026, advertimos que las dificultades en los pagos eran cada vez mayores", relató.

En ese contexto, el gremio entendió que era necesario recurrir al Procedimiento Preventivo de Crisis, una herramienta que habilita una instancia formal de negociación entre la empresa, los trabajadores y la autoridad laboral.

Una vez abierto el procedimiento, Metalfor presentó ante las autoridades laborales su diagnóstico y un plan para intentar atravesar la crisis.

Según el gremio, la propuesta empresarial contemplaba una fuerte reducción de la estructura laboral.

"La empresa comunicó su situación y en el plan que propuso en su intento de salvataje, ofreció la reducción del 60% de la planta de personal", afirmó el representante legal de la UOM.

La intención era conservar aproximadamente el 40% de los trabajadores y operar con una estructura significativamente más pequeña.

El esquema incluía, además, modificaciones en las condiciones de trabajo. "Buscando rescatar un 30%, y con esa plantilla, mediante una modalidad de jornada reducida, turnos rotativos y trabajo fuera de convenio, poder estabilizar su situación financiera y, a partir de ahí, en el término de tres años, poder salir", explicó.

Sobre un total de 400 trabajadores, la idea de la empresa era dejar 175 operativos.

La propuesta no logró el respaldo del sindicato y finalmente la negociación terminó sin un entendimiento.

En su resolución, el Ministerio de Trabajo no habilita a la empresa llevar a cabo despidos de fuerza mayor, que implicarían que los trabajadores cobren el 50% de la indemnización.

La situación productiva también refleja el momento que atraviesa la compañía.

Según García, la planta de Noetinger se encuentra paralizada, mientras que la de Marcos Juárez está "semiparalizada", con actividad concentrada en la terminación de algunos pedidos de maquinaria.

La situación se suma a una serie de decisiones que ya habían impactado sobre el empleo. Un mes antes del cierre del PPC, Metalfor había desvinculado a 35 trabajadores de su planta de Noetinger.

La empresa posee además una planta en Ponta Grossa, Brasil, y durante años tuvo una posición destacada en el mercado argentino de pulverizadoras autopropulsadas.

La situación laboral es sólo una de las dimensiones de la crisis que enfrenta Metalfor. Los datos del Banco Central muestran una elevada exposición financiera.

Hasta julio, la compañía registraba deudas con el sector financiero por más de $ 52 mil millones. La mayor parte se encontraba en situación considerada normal, aunque los compromisos clasificados entre las situaciones 2 y 4 –que implican distintos niveles de seguimiento y riesgo– superaban los $ 22 mil millones.

A esto se suma la existencia de 558 cheques rechazados por un monto total de $ 5.348 millones. Según los registros citados, hasta el mes pasado se había abonado casi el 11% de ese monto.

En septiembre del año pasado, Metalfor había comunicado además que había alcanzado un acuerdo con la United States International Development Finance Corporation (DFC) para acceder a un financiamiento de hasta US$ 50 millones.

Pero la situación financiera se combinó con una marcada caída en las ventas de maquinaria agrícola, que impactó directamente sobre el nivel de actividad de sus fábricas.

Durante el primer trimestre del año, la compañía comercializó apenas 56 unidades, frente a las 116 vendidas durante igual período de 2025.

Con el cierre del Procedimiento Preventivo de Crisis sin acuerdo, la principal incógnita pasa ahora por los próximos pasos que adoptará Metalfor y por el impacto que tendrá su reestructuración sobre los trabajadores.

Para la UOM, la discusión seguirá centrada en preservar puestos de trabajo y evitar que el ajuste planteado por la compañía derive en una reducción de la plantilla de la magnitud propuesta durante la negociación.

No obstante, en las últimas horas se habrían producido cinco nuevos despidos.

La industria argentina de la maquinaria agrícola enfrenta un escenario de fuerte incertidumbre, reflejado en las dificultades que atraviesan dos de las principales empresas del sector. En los últimas días, Metalfor inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, mientras que Pauny en Las Varillas alcanzó un acuerdo con sus trabajadores para desdoblar el pago de la quincena y del medio aguinaldo.

El caso de Metalfor expone el impacto de la situación financiera sobre la actividad industrial. La empresa, con sede en Marcos Juárez y una dotación de 600 trabajadores, recurrió al mecanismo legal que permite negociar medidas para afrontar una crisis económica, en un contexto marcado por atrasos en el pago de salarios y otras obligaciones.

De acuerdo con la información difundida, la negociación involucra de manera directa a unos 160 operarios de las líneas de producción. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que el objetivo central es preservar los puestos de trabajo y evitar que la situación derive en despidos o suspensiones.

La empresa, además, atraviesa un complejo escenario financiero. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mantiene deudas con 23 entidades bancarias por alrededor de 52.000 millones de pesos y registra 558 cheques rechazados por 5.348 millones de pesos, de los cuales abonó el 11%. A ello se suma una caída en el nivel de actividad: actualmente opera al 50% de su capacidad instalada entre sus plantas de Marcos Juárez, Noetinger y el estado brasileño de Paraná.

El panorama de dificultades también quedó reflejado en Pauny. Luego de varias horas de negociación, la asamblea de trabajadores aprobó una nueva propuesta de la empresa para el pago de la quincena y del aguinaldo, tras rechazar una oferta inicial que contemplaba un cronograma conjunto en cuatro cuotas.

El acuerdo, impulsado tras una alternativa presentada por los delegados de la UOM para priorizar al personal jornalizado, establece que ese sector cobrará el 80% de la quincena el 3 de julio, el 20% restante el 8 de julio y el aguinaldo completo el 14 de julio. En tanto, el personal mensualizado recibirá un adelanto el 3 de julio, percibirá el sueldo completo el 8 y cobrará el aguinaldo el 17 de julio.

Tras una audiencia realizada el lunes 1 de julio, la Secretaría de Trabajo de Córdoba formalizó la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de la fábrica de maquinaria agrícola Metalfo.

La herramienta prevista en la ley nacional de empleo busca ordenar la negociación entre la empresa y los trabajadores frente a una situación económica crítica.

La medida fue acordada durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo provincial de la que participaron la empresa y el sindicato (la Unión Obrera Metalúrgica) y alcanza –según el sindicato– a unos 160 trabajadores de las plantas que la compañía posee en Marcos Juárez y Noetinger.

Desde la UOM de Bell Ville, que representa a los empleados, aseguraron que el principal objetivo es preservar las fuentes laborales y evitar que el deterioro financiero de la empresa derive en despidos masivos o suspensiones fuera de los mecanismos previstos por la legislación.

El secretario general del gremio, Francisco Argüello, explicó que durante el procedimiento se estableció un "status quo", por el cual Metalfor no podrá adoptar medidas unilaterales que impliquen cesantías o suspensiones mientras dure la negociación.

"La prioridad es que la empresa siga funcionando y que no haya heridos en el camino", resumió el dirigente sindical en diálogo con La Voz.

Como primer paso del procedimiento, la Secretaría de Trabajo otorgó a la empresa un plazo de 48 horas para presentar un plan de acción que detalle cómo pretende afrontar la crisis y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Una vez entregada esa propuesta, el sindicato dispondrá de 48 horas para analizar su contenido y formular observaciones.

El Procedimiento Preventivo de Crisis tiene una vigencia inicial de 10 días, aunque puede prorrogarse por otro período similar o extenderse el tiempo que la autoridad laboral considere necesario hasta alcanzar una solución.

Desde la UOM admitieron que el inicio de la feria judicial y administrativa podría ralentizar algunos plazos, aunque aseguraron que el Ministerio de Trabajo les garantizó el seguimiento permanente del expediente.

Como parte de las medidas solicitadas, el gremio pidió la designación de un veedor de la Secretaría de Trabajo que participe cuando la empresa comunique oficialmente su plan a los trabajadores.

La intención es que exista un representante del Estado que garantice transparencia durante ese proceso y certifique que la información transmitida se ajuste a lo acordado en las audiencias y a lo establecido por la legislación vigente.

Según Argüello, la presencia del funcionario permitirá reducir la incertidumbre entre los empleados y sus familias y facilitar una negociación "dentro de un marco civilizado".

La situación de la fábrica de maquinaria agrícola, una de las principales dentro del mercado nacional de pulverizadoras y fertilizadoras, también comenzó a reflejarse en el incumplimiento de las obligaciones salariales.

De acuerdo con el sindicato, la empresa continúa pagando los haberes de los trabajadores jornalizados, aunque con demoras respecto de las fechas previstas.

Ese retraso constituye hoy la principal preocupación del gremio, aunque hasta el momento no existen reclamos vinculados con el pago del medio aguinaldo.

La evolución de ese aspecto dependerá, en buena medida, de la capacidad financiera que logre demostrar la empresa durante el desarrollo del procedimiento.

El contexto económico que atraviesa Metalfor excede el conflicto laboral.

Datos del Banco Central muestran que la empresa mantiene deudas con el sistema financiero por más de 52.000 millones de pesos.

Si bien una parte importante de esas obligaciones permanece en Situación 1 –considerada normal dentro del sistema financiero–, más de 22.000 millones de pesos corresponden a créditos clasificados entre las categorías 2 y 4, que implican desde seguimiento especial hasta un alto riesgo de insolvencia.

A ese escenario se suma la existencia de 558 cheques rechazados por un monto superior a 5.348 millones de pesos, de los cuales apenas alrededor del 11% fue cancelado.

Paralelamente, la empresa enfrenta un pedido de quiebra que tramita por la vía judicial y que avanza de manera independiente del Procedimiento Preventivo de Crisis abierto por la autoridad laboral.

Metalfor es un jugador de peso en el mercado nacional de pulverizadoras y fertilizadoras. Durante el año pasado encabezó el ranking de ventas a nivel nacional. En los primeros cinco meses del año, el patentamiento de estos equipos cayó casi 10% respecto a igual período de 2025.

Dentro de esa demanda, la santafesina Caimán, con planta en Las Parejas, lideró el mercado con 23,5% de los equipos registrados; Pla, con fábrica en Las Rosas (Santa Fe) con 20,7%, y tercera Metalfor, con 18,7% del mercado.

Para la UOM, la situación actual de Metalfor representa un caso inédito dentro de la historia de la empresa, aunque reconoce que la industria metalmecánica regional ya atravesó otros procesos similares en los últimos años como consecuencia de la caída de la actividad y de las dificultades financieras.

La Voz intentó comunicarse con la empresa, pero hasta el momento no hubo respuesta.