Las principales autoridades de varias de las provincias cuya geografía está marcada por la cercanía a la Cordillera de los Andes han renovado sus reclamos para que la minería se desarrolle en sus territorios. Para ello, algunos gobernadores demandan que se modifique o se reglamente la denominada Ley de Glaciares para que se puedan atraer inversiones y consolidar la actividad minera.

Por ejemplo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue contundente al respecto luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, expresó, subrayando la necesidad de descentralizar el control ambiental para fomentar el desarrollo económico regional.

Asimismo, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, explicó la postura del sector empresarial. Comentó: “No queremos modificar la ley, sino reglamentarla. La provincia necesita herramientas claras para avanzar en el desarrollo minero sin vulnerar la protección ambiental”.

Precisamente, el dilema que se plantea entre la necesidad de que la minería se desarrolle y la preservación del ambiente todavía no ha encontrado el equilibrio necesario. La ley, promulgada hace 15 años, resguarda los glaciares y todo lo que los rodea, prohibiendo la actividad extractiva o la explotación petrolera en esas zonas. El problema es que el concepto “periglaciar” no estaría definido claridad en el texto de la ley. Así, se impide incluso la posibilidad de analizar nuevas zonas que puedan dedicarse a la minería porque figuran en el inventario de “periglaciares” que forma parte de la norma.

Una de las quejas principales es que el texto de la ley sancionada en 2010 tiene contenido más político e ideológico que definiciones científicas. Se afirma que hay artículos cuya ambigüedad es notoria, lo que genera incertidumbre e impide que las provincias puedan avanzar en el desarrollo de una industria que, para esos distritos, es estratégica.

El anuncio de que el gobierno nacional promovería modificaciones a la ley de Glaciares abre nuevamente la expectativa de consolidar oportunidades para las provincias andinas. Por cierto, el desarrollo productivo debe equilibrarse con la protección ambiental. En este punto, los textos que se promuevan deben ser claros y científicamente sólidos para que la ley contemple el desarrollo minero responsable, con los beneficios económicos y sociales que puede tener la actividad para la población de estos distritos y, al mismo tiempo, preserve las gigantescas reservas hídricas de nuestra cordillera.

La minería y la protección del ambiente no son incompatibles cuando se implementan prácticas sostenibles, tecnologías limpias y una gestión ambiental que mitigue los impactos negativos. Para ello, deben estar claras las reglas. Es de esperar que la modificación o la reglamentación de la Ley de Glaciares esclarezca definitivamente la cuestión.

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre, mediante el Decreto 563/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que “la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal”.

Asimismo, remarcó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

En este sentido, explicó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

Además, sostuvo que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.

En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.

El decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación”

Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”, por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

La actividad económica creció en agosto 0,4% en comparación con el mismo mes del año pasado y con relación a julio, quebrando cuatro meses de variaciones negativas, según un informe privado.

De todas maneras, en los primeros ochos meses del año aún acumula un retroceso de 0,9%.

La mejora en agosto estuvo impulsada por el sector minero que creció 5% con relación a agosto del año pasado. En los primeros ocho meses el avance es de 6,9%.

Los datos corresponden al Indice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora de Orlando Ferreres.

“Mirando a los sectores, el impulso proveniente de las actividades extractivas, junto con una desaceleración en la caída del agro, y especialmente la menor incidencia de la agricultura durante esta parte del año, son los principales motivos de la cifra positiva que surge de nuestra estimación”, indicó el trabajo.

No obstante, la consultora advirtió que “más allá de este rebote, hacia adelante anticipamos una contracción de la economía, afectada por la falta de divisas, una situación macroeconómica extremadamente frágil, y una incertidumbre extendida tanto en el ámbito económico como en el político”.

En el desglose por sectores se destacó la actividad minera que registró la mayor expansión sectorial. En detalle, la producción de petróleo crudo mostró un crecimiento en agosto de 6,4% anual, mientras que la producción neta de gas creció 2,0%, luego de tres meses de registros negativos.

En tanto, el informe sostuvo que “agricultura y ganadería anotó en agosto una contracción de 5,8% anual”, al tiempo que precisó que  a la caída de 18,5% del sector agrícola se agregó un pobre resultado del sector ganadero, para el que estimamos una baja de 0,5%, luego de quince meses de cifras positivas”.

A su vez agregó que “en términos acumulados el sector muestra una caída de 26,0% al comparar con los ocho primeros meses de 2022.

Respecto de la industria manufacturera indicó que “continúa deprimida anotando una caída de 3,9% anual en agosto, la cuarta consecutiva”.

Con relación al sector energético indicó que en agosto se observó una caída de 2,0% anual, sumando cinco meses consecutivos de registros negativos, acumulando para los ocho meses en análisis una merma de 1,5%.

Fuente: NA