El ministro de Defensa, Luis Petri, informó, en el día de ayer, que autorizó a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener, de forma transitoria, “civiles” que hayan cometido “delitos de flagrancia”. “Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó desde sus redes sociales.

En la misma línea, manifestó que la ley autoriza a las FFAA “a reforzar el control de fronteras”  y que la posibilidad de detención en flagrancias “está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”.

Sin embargo, los abogados y ex ministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999 – 2001) y Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003) y el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, cuestionaron a Petri por considerar “ilegal” la iniciativa que tomó el titular de la cartera, debido a que la función de las FFAA debería limitarse a resguardar a la Nación de ataques o conflictos con el exterior.

En referencia a esta iniciativa, López Murphy manifestó en el diario Clarín que la ley de Seguridad Interior “impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones” y recordó que la información emitida por el ministro de Defensa, por el momento, “no se ha hecho pública”: “Una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución”, señaló.

“Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, remarcó López Murphy.

Para asentar su posición, el actual diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF) aseguró que esta medida es “absolutamente innecesaria”; destacó que nuestro país es uno de los que posee “mayor cantidad de personal de seguridad en relación con la población” y que se debería “destinar a cada fuerza a su misión específica”, para lo que se necesita “organización, equipamiento y adiestramiento” del personal.

Por su parte, Jaunarena planteó que la iniciativa por parte de Petri es “contraria a lo estipulado por las Leyes de Defensa y Seguridad Interior” y declaró, al igual que López Murphy, que una resolución ministerial “no es suficiente” para modificar una ley, “por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”.

“Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FFAA y de Seguridad”, concluyó.

Por su parte, Sabsay sostuvo en Radio Rivadavia AM 630, que las Fuerzas Armadas “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”, como informó el ministro de Defensa.

"Me extraña porque Petri es una persona muy apegada a la ley. Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta", remarcó el constitucionalista.

Según Sabsay, y en línea con lo expresado públicamente por López Murphy y por Jaunarena , “las leyes secretas” no deben existir en un periodo democrático, porque tienen que ser “conocidas por todos".

Por el momento, el ministro de defensa no hizo ninguna declaración más al respecto, solo sostuvo y reafirmó su postura ante esta nueva propuesta para el accionar de las FFAA.

“Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus Fuerzas Armadas para el control y vigilancia de sus fronteras. EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”, sentenció ayer el ministro desde sus redes sociales.

La Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó recientemente los pliegos para los nuevos cargos en el Ministerio Público de la Defensa. Se trata de dos profesionales que asumirán roles clave dentro de esta institución: Guadalupe García Petrini como defensora adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y el sanfrancisqueño Néstor Alejandro Gómez como defensor adjunto.

Guadalupe García Petrini es abogada especializada en Derecho Penal y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Córdoba, donde imparte clases sobre esta disciplina. Además, es miembro de la Comisión Académica Evaluadora de Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de Abogacía en la Universidad Empresarial Siglo XXI. A lo largo de su carrera, ha ocupado importantes cargos como secretaria de Primera Instancia de la Oficina de Coordinación de las Unidades de la Defensa de la Provincia del Poder Judicial y coordinadora de las Unidades de la Defensa Pública en contextos de encierro.

Por su parte, Néstor Alejandro Gómez es un abogado con una destacada trayectoria profesional. Titular del estudio Néstor H. Gómez, con 95 años de antigüedad, ha acumulado una vasta cartera de clientes tanto en el ámbito privado como público. Además, fue docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la Lotería de Córdoba.