La política argentina está plagada de frases grandilocuentes, exageraciones y lenguaje bélico. No hay término medio. Las hipérboles se repiten. Los diputados que mantienen un veto son “héroes”. Los otros “degenerados fiscales e irresponsables”. Los “conversos” son “traidores”. 

La lucha por los vetos dominó la semana. 

El gobierno respiró aliviado un día y al siguiente se agarró la cabeza. Mantuvo el veto sobre la ley de movilidad jubilatoria y lo celebró como un triunfo. Intentó lo mismo con el índice de inflación, aunque el festejo se amesetó, al igual que el porcentaje difundido por el Indec. Recibió otras dos bofetadas. Por primera vez se rechazó un DNU en las dos cámaras: no hubo inteligencia ni para disponer ni para defender los fondos reservados para la Side. Y la cuestión de los recursos para las universidades abre la puerta a otra disputa marcada por vetos y “contravetos”. 

Además del caos en los aeropuertos, se presagian nuevas movilizaciones por el tema universitario, quizás mucho más numerosas que las que generaron disturbios por el tratamiento de la cuestión jubilatoria. De paso, las autoridades deberían vetar los intentos de desinformar sobre algunos episodios y prohibir el envío de videos falsos a los medios. Así también, el veto debería abarcar los ataques que recibe la prensa en nombre de la libertad. Vaya paradoja.

No obstante, la ajetreada agenda parlamentaria le permitió al gobierno nacional gozar de la aprobación de la ley que establece la boleta única electoral, un logro que traerá mayor transparencia. La oposición kirchnerista sufrió un revés importante. Es posible que se acaben prácticas incompatibles con la seriedad de los procesos electorales. No podía seguir admitiéndose que los votantes tuviesen que navegar entre cientos de boletas sábana, para no encontrar la que tenían intención de depositar en la urna porque los “vivos” se las habían robado. 

Mientras Cristina repitió ayer una de sus clases magistrales, el presidente Milei concurrirá mañana al Congreso para presentar la ley de presupuesto para el próximo año. Ambos se sienten a sus anchas hablando de lo que “les gusta”. Una culpando de los males a la “economía bimonetaria, estúpido”. El otro prendiendo velas en el altar del superávit fiscal y ¿guardándose alguna sorpresa?. No son de aceptar consejos ni reprimendas, pero deberían reparar en que “todo lo exagerado es insignificante”, según sentenció el político francés Charles Maurice de Talleyrand hace más de dos siglos. 

Así, mientras un Beto se alivia de que poco se habla de sus tribulaciones judiciales, oficialismo y oposición andan de veto en veto.

El presidente Javier Milei destacó la ratificación del veto a la ley de reforma jubilatoria por parte de la Cámara de Diputados, al celebrar que "87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales".

"Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", expresó Milei desde sus redes sociales. 

RECHAZO AL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir.Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos…

En un posteo titulado "Rechazo al aumento del gasto público", el mandatario señaló que "evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que, por primera vez, elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable".

"El déficit cero es innegociable. ¡Viva la libertad, carajo!", insistió Milei.

La Cámara de Diputados sancionó este jueves el veto de Milei a la ley de reforma jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional. 

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió avalar el veto presidencial pese a que la insistencia de la ley cosechó más votos a favor que en contra: fueron 153 apoyos, 87 rechazos y 8 abstenciones.

Sucede que para poder revertir el veto, la oposición necesitaba una mayoría de las dos terceras partes de los votos: al haber votado 248 diputados, se requerían 166 voluntades. 

Quedaron a 13 votos, a cierta distancia del objetivo de los dos tercios. Ni los cinco votos a favor del Frente de Izquierda, que en la sesión de junio pasado habían optado por la abstención, alcanzaron para acariciar la meta.

El bando a favor de la mejora jubilatoria perdió siete votos respecto del resultado de la sesión de junio. La sangría se debe al giro copernicano de cinco diputados radicales y el cambio del voto de los legisladores de Innovación Federal, que en junio habían apoyado la reforma jubilatoria y esta vez se abstuvieron. 

En cambio, quienes se atrincheraron en contra de la reforma previsional crecieron en 15 votos para llegar a los 87. En esta votación, el oficialismo requería 83 votos para superar el tercio y blindar el veto.

Le sobraron cuatro diputados nacionales. Por eso fue clave que se se haya dado vuelta un grupo de cinco diputados de la UCR que en la víspera se había reunido con Milei en la Casa Rosada.

Los legisladores radicales que este miércoles decidieron desmarcarse de la conducción del bloque y votar a favor del veto fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada. 

Una serie de incidentes se registraron e en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial. 

Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La ley de reforma jubilatoria que había sido vetada por el mandatario establecía un aumento del 8,1 por ciento para compensar la pérdida sufrida por por la inflación de enero y un nuevo piso de haberes mínimos, además de un aumento adicional en marzo de cada año tomando en cuenta la variación salarial.

El voto de los cordobeses: a favor de revertir el veto: De Loredo, Carrizo, Brouwer de Koning (UCR) Gutiérrez, Agost Carreño, García Aresca, Brügge, De la Sota y Torres (Encuentro Federal) Carro y Gabriela Estévez (UP). 

 Ignacio García Aresca, principal representante de Martín Llaryora en el Congreso, votó contra del veto presidencial impulsado por Milei. "Este veto presidencial para nosotros no es bueno”, declaró Aresca en una entrevista televisiva antes de la votación en recinto. Esta postura refleja la firmeza de los diputados cordobeses respecto al veto que ha frenado el aumento a los haberes jubilatorios.

En la misma entrevista, García Aresca también pidió un reconocimiento para la Caja Jubilatoria de Córdoba y otras provincias. “Creo que en el trabajo y el acompañamiento a los jubilados también tenemos que ver las cajas jubilatorias provinciales. No es un subsidio, es el aporte que hacen los cordobeses, viene al Anses y después se distribuye en todo el país”, subrayó.

El diputado sanfrancisqueño destacó que, en los diez meses de gobierno actual, no se ha realizado ninguna presentación a la Caja Jubilatoria. “Estamos pidiendo que haga un reconocimiento”, agregó García Aresca, subrayando la necesidad de valorar el aporte local en el contexto nacional.

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron hoy reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La protesta se realizaba frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

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Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones de las últimas semanas. 

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, había apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También, a modo de prevención, se encontraban apostados oficiales de la Policía de la Ciudad.

La aprobación en el Senado de la Nación del proyecto que establece una nueva fórmula para la movilidad de los haberes jubilatorios es la nueva saga de enredos en los que se ha sumido la dirigencia política argentina. Como si no tuviéramos sobresaltos los ciudadanos de este país, cada día despertamos sacudidos por nuevas polémicas, revelaciones escandalosas y discusiones sobre asuntos que deberían haberse saldado hace años. El tema del sistema previsional es uno de ellos. 

Tras la sanción de la ley en el Congreso, gobernantes y opositores se lanzan dardos cruzados, las internas rugen en algunas alianzas, los cuestionamientos son airados, los silencios también aturden y nadie, absolutamente nadie, asume su responsabilidad de haber sido partícipe en la forja de una realidad dramática para millones de argentinos que apenas sobreviven pese a haber aportado durante toda su vida laboral para gozar de un retiro más o menos digno. 

La de tirar la piedra y acusar al adversario es una actitud tan antigua como ajada. Pero vuelve con fuerza en este tiempo de desmesuras verbales y violencias que se pretenden encubrir. Lo cierto es que la irresponsabilidad de quienes gobernaron en anteriores períodos es tan evidente como el dogmatismo de los que hoy ocupan los espacios de poder.

La irresponsabilidad de quienes gobernaron antes es tan evidente como el dogmatismo de los que hoy ocupan los espacios de poder. Quienes hoy se duelen por los jubilados deberían reflexionar sobre sus propias acciones, en lugar de solo criticar el ajuste actual. 

Legisladores de la oposición que hoy se duelen por los jubilados deberían reflexionar sobre sus propias acciones cuando estuvieron en el poder, en lugar de solo criticar el ajuste actual. Otros líderes también tendrían que pensar seriamente en no utilizar el tema de las jubilaciones para resolver disputas internas. Asimismo, sería importante que quienes gobiernan hoy muestren empatía hacia la difícil situación que enfrentan millones de personas “beneficiarias” de un sistema previsional que ha sido gravemente afectado por el uso de sus fondos con fines políticos, la implementación de moratorias populistas y la gestión incompetente de militantes sin idoneidad ni la preparación necesaria. 

En este escenario complejo, el aquelarre político ha tomado una nueva confusa dirección. Son pocas voces aportan claridad sobre los posibles beneficios de mantener el sistema actual o modificarlo según la nueva ley aprobada por el Congreso. En medio de la destemplanza, no hay respuestas concretas a la pregunta acerca de si este nuevo esquema de movilidad será la solución definitiva para solucionar el drama de las jubilaciones en el país. 

Mientras la dirigencia se enfrasca en otro debate estéril de la política más retorcida, con final todavía incierto, entre amenazas del veto presidencial y de su factible rechazo posterior en el Parlamento, los jubilados asisten, incómodos, marginados y sin voz a esta discusión que impacta en sus vidas. Como convidados de piedra, los millones de jubilados que cobran la mínima podrían invitar a sentarse a su mesa a estos Tenorios de la política, con la esperanza de que, por fin, tomen nota de sus penurias.

Más de 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad.

Ante ese escenario, gran parte de los abuelos debe recibir ayuda de los hijos u otros familiares.

En medio de la pelea entre el Gobierno y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la situación de los jubilados en la Argentina es crítica. 

Fue uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año.

Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. 

Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza. 

A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales, lo que agrava aún más su situación.

Semino dijo que la situación económica de los jubilados se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos de ellos. 

Semino dijo que entre el 80% y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud.

Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles la suba del 4,18% en los haberes mínimos y máximos de julio para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de mayo, al entrar en vigencia la nueva movilidad jubilatoria.

El organismo previsional estableció mediante la Resolución 320/2024, publicada en el Boletín Oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de julio de 2024, será de $215.580,82″. Mientras que el máximo, a partir del quinto mes del año, será de $1.450.654,81.

Al igual que viene sucediendo en los últimos meses, el Gobierno confirmó que otorgará un bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. De esta manera, la jubilación mínima en junio será de $285.580. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $72.607,58 y $2.359.712,22, respectivamente, a partir del período devengado julio de 2024.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $98.618,39. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $172.464,66. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $242.464,66.

La actualización de los haberes del séptimo mes del año significa la puesta en marcha del nuevo esquema previsional dispuesto por el Gobierno, que estipula el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo, por lo que en julio se toma de referencia el índice de mayo.

Al respecto, el texto oficial recordó que por medio del DNU 274/24 se estableció que “los haberes se actualizarán mensualmente, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)” y fijó que “la primera actualización, en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del mismo, se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos de movilidad jubilatoria que ya tienen dictamen en la comisión de Previsión Social.

La citación es para el miércoles próximo a las 16 hs, y la idea es abordar las distintas iniciativas que proponen alternativas superadoras a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del DNU 274/24, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.

A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.

Por presiones de sectores de la oposición dialoguista, que incluyó una sesión fallida pedida por Hacemos Coalición Federal y amenazas de emplazamiento, el oficialismo aceptó constituir la comisión de Previsión Social y le cedió la presidencia a la radical Gabriela Brouwer de Koning.

La cordobesa estableció una hoja de ruta que terminó en varios dictámenes, pero Espert se negó a convocar a Presupuesto para hacer plenarios conjuntos, por lo que el tratamiento quedó a mitad de camino (los proyectos necesitan el dictamen de ambas comisiones para llegar al recinto).

Ya cumplimentado el objetivo primordial que perseguía el Gobierno, se dio luz verde para que la comisión de Presupuesto pudiera sesionar otros temas, y por eso Espert recién este viernes hizo oficial la convocatoria para debatir la actualización jubilatoria.

En Previsión Social se avalaron tres dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández) pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.

La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. 

Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.

El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual  Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.

La Libertad Avanza y el PRO no firmaron ninguno de estos dictámenes y se aferran a los dispuesto en el decreto 274/24.