El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se realizó este miércoles el narcotest exigido por la normativa vigente para funcionarios públicos y confirmó que el resultado fue negativo.

El estudio forma parte de la ley que establece la obligatoriedad de presentar un certificado toxicológico dentro de los 60 días desde la reglamentación.

El propio mandatario dio a conocer el resultado a través de sus redes sociales, donde destacó el alcance de la medida. “Me realicé el narcotest, el examen toxicológico que impulsamos desde nuestra gestión como requisito obligatorio para todos los funcionarios”, expresó.

Me realicé el #narcotest, el examen toxicológico que impulsamos desde nuestra gestión como requisito obligatorio para todos los funcionarios de la administración pública.Se trata de un análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas… pic.twitter.com/EEbrpwRVMj

Además, remarcó la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos: “Quienes ejercemos responsabilidades de gobierno no podemos mantener ningún tipo de vínculo con estas sustancias”. En ese sentido, agregó: “Tenemos el deber ético e institucional de garantizar, con hechos, que no existe relación alguna con el consumo de drogas ilegales”.

El análisis realizado permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en el organismo mediante un estudio de laboratorio. Desde el Gobierno provincial confirmaron que el resultado del test fue negativo.

Llaryora también aprovechó la ocasión para reforzar su postura en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Este es un compromiso indeclinable: combatir con firmeza a quienes envenenan a nuestra sociedad”, sostuvo. Y concluyó con un mensaje político: “Córdoba es un territorio hostil para el narcotráfico, y lo demuestra día a día”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció hoy la implementación de controles antidoping para los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, y se sometió al primer test que dio negativo, ante la presencia de los medios de comunicación.

Las pruebas son de rápida acción, arrojan los resultados de inmediato, y miden los niveles de sustancias como la cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas en sangre. Su implementación, que será periódica y sorpresiva, se enmarca en el plan de fiscalización que implementó el Ministerio de Seguridad provincial.

Los test alcanzarán a policías, penitenciarios y autoridades políticas para cumplimentar con la resolución firmada por el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, quien también se sometió a la prueba junto a otras 30 personas.

Se trata de una medida ideada por el gobernador, en el año 2017, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

“Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, planteó Pullaro al respecto.

En la misma línea, aclaró: “Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”.

Asimismo, destacó: “Actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

El estudio de los resultados estará a cargo de laboratorios externos y los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos que llegarán a manos del propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, detalló Cococcioni.

“Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”, aseveró el funcionario.

Desde la gobernación santafesina, aclararon que la iniciativa apunta a "detectar y erradicar el consumo de estupefacientes" en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio, y se implementará con obligatoriedad en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario.

“Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro, y concluyó: "Es una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, se realizó el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. Todos los exámenes son en cumplimiento de la ordenanza Nº 2070/2024 “Presentación obligatoria del certificado negativo de presencia de drogas ilegales para el ejercicio de la función pública”, aprobada por el Concejo Deliberante de aquella ciudad en el marco de la ley provincial 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de Córdoba, que establece el marco jurídico para la instrumentación de “un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”. 

Benedetti, cumpliendo con lo exigido por esta norma, solicitó a toda la planta política de Arroyito que se realice este análisis ante la autoridad sanitaria pública, auditada y certificada, tal como lo establece la ordenanza, garantizando la legalidad del proceso y los resultados.

La Ley indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como narcotest.

La totalidad de los funcionarios que forman parte de la actual gestión y del bloque de concejales oficialistas realizaron este análisis en el Hospital Municipal “Dr. Carlos J. Rodriguez “ cubriendo cada uno el costo correspondiente.

“Esta acción forma parte del compromiso que debe tener la clase política en la lucha real y concreta contra el narcotráfico y las adicciones”, dijo el intendente.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió a un narcotest en el hospital San Roque y se hizo el análisis de laboratorio correspondiente al nuevo modelo que implementará la provincia contra la inseguridad y el narcotráfico.

El estudio permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina y se lleva adelante en cumplimiento de la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

El test, que puede realizarse en instituciones tanto públicas como privadas, es “obligatorio” para aquellas personas que desempeñen funciones públicas: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y quienes, por disposición legal o reglamentaria, “ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”.  

Según la Ley, los funcionarios públicos deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite “la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, conocido como Narcotest.

En caso de incumplimiento del Artículo Nº 66, que exige dicho certificado, se aplicará el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.

El resultado se comunicará a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.