El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 843/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida establece una nueva prórroga a la normativa original (Resolución 1725/2025), que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 180 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego otro mes el plazo inicial que fijaba solo un mes.

Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

Las entidades de salud tienen ahora un mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El gobierno de Javier Milei emitió el Decreto 955/2024 para modificar la normativa sobre la libre elección de obra social de los pequeños contribuyentes, en una medida destinada a ofrecer mayores opciones y transparencia. Una nueva medida que impulsa la continuidad del plan “deep motosierra”. 

Con esta nueva disposición, el decreto crea un "Registro de Agentes del Seguro de Salud" en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se inscribirán las entidades de salud habilitadas para cubrir a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

El Decreto dispone que los afiliados podrán ejercer su opción de obra social cada doce meses y tendrán acceso progresivo a coberturas adicionales como las brindadas por el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE). La norma también determina que los cambios se harán efectivos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, garantizando así la estabilidad en la cobertura médica del grupo familiar del contribuyente.

El registro, que abarca todas las categorías de contribuyentes, busca fortalecer la transparencia y la gestión en el acceso a la cobertura médico-asistencial. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

El Decreto 955/2024 establece modificaciones clave en los Decretos N° 504/1998 y N° 1/2010 para el régimen de obras sociales destinado a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Esta medida redefine la política de libre elección de obra social y establece un registro específico para agentes de salud que ofrecen cobertura a este grupo. Entre los principales cambios:

Registro de Agentes de Salud: Se crea un "Registro de Agentes del Seguro de Salud" para entidades que presten servicios a los pequeños contribuyentes. Este registro, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), facilita el acceso a opciones más transparentes y eficaces para los contribuyentes.

Libre elección de obra social: El Decreto N° 504/1998, modificado ahora por el Decreto 955/2024, establece que la elección de la obra social por parte de los contribuyentes será efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud. Se establece un periodo mínimo de permanencia de 12 meses en la obra social seleccionada antes de que el afiliado pueda optar por un cambio.

Acceso progresivo a la cobertura: Se especifican los plazos para el acceso a los beneficios del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) según el tiempo de adhesión al RS. Al cumplir seis meses de permanencia, los beneficiarios acceden a prestaciones adicionales a través del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), entre otros beneficios.

Transparencia y previsibilidad: Se busca optimizar la administración del sistema y garantizar el acceso equitativo y eficiente para los pequeños contribuyentes al sistema de salud. Asimismo, el decreto asegura que los derechos y obligaciones de los afiliados previos no se verán alterados.

El Gobierno dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros, que actualmente eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 1926/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

El documento oficial argumentó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”,  según precisó el Ejecutivo.

En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”.  

La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sitema Nacional de Protección de Trasplantados.

Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

La decisión supone una nueva desregulación del sector sanitario, que con el comienzo de la administración de Javier Milei había tenido la liberación de los precios en las cuotas de la medicina prepaga y que tras los aumentos desmedidos, requirió de una cautelar para limitar el alcance de las subas. Sin embargo, la misma quedó sin efecto tras el acuerdo con las empresas sobre un plan de reintegro, por lo que se volvió a permitir ajustes sin restricciones.

Al respecto, en los considerandos de la resolución se recordó que por el DNU 70/2023 “se propició liberar las restricciones a los valores de las cuotas de los planes de salud del subsistema de medicina prepaga para aumentar la competitividad del Subsistema de Salud” y aclaró que la liberación en el precio de los copagos también responde al citado decreto.

Luis Caputo contó en sus redes sociales como será la fórmula para las obras sociales "El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento", escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje de Caputo fue en respuesta a una usuaria de esa misma red social, que escribió: "llegaron las facturas y no es lo acordado". 

El Gobierno mantiene una disputa con los prepagas desde mediados de abril, cuando dispuso poner límites a los aumentos que aplicaron esas empresas desde diciembre último. Es que esas compañías habían ajustado los valores de sus cuotas muy por encima de la inflación: entre diciembre y marzo la suba de precios fue de 70% y las cuotas de las prepagas subieron más de 150%.

Además, el Poder Ejecutivo presentó un recurso judicial en el que advirtió que "el accionar de las prepagas es un comportamiento que evidencia un abuso en contra de los argentinos de bien".

"Valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70% ciento del índice de inflación durante los últimos cuatro meses", añadió.

El Gobierno publicó este miércoles el decreto en el Boletín Oficial para desregular las obras sociales. Con esta decisión, las autoridades nacionales demuestran su convicción con dar el golpe contra los gremios.

La medida, publicada en el Decreto 171/2024, alcanza a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a más de 5 millones de personas que están en el sistema general.

La misma fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud Mario Antonio Russo.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca que los beneficiarios puedan elegir y dar curso a la libre competencia entre las obras sociales y prepagas.

“El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°, señala el texto. 

En el decreto, que comenzará a regir “el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, se establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se hará cargo del proceso de cambio.

A su vez, la norma aclara que la persona podrá ejercer su derecho en el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca. Se hará efectivo el primer día del mes siguiente. 

“El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma Entidad de Medicina Prepaga”, explican.

Otro de los puntos a resaltar que se indican en el decreto es que los beneficiarios podrán elegir una vez al año su obra social, en el momento que lo desee, desde que haya comenzado su relación laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) filial San Francisco, este viernes, realizó una conferencia de prensa en la que repudió el pago de coseguros para aquellos trabajadores que cuentan con obras sociales sindicales, exigieron respuestas y anticiparon que recurrirán a la AFIP porque los pagos extra no están contemplados en recibos o facturas. 

Tras el comunicado del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, en el cual se ha decidido el cobro de un bono extraordinario sin reintegro, la CGT cuestionó que los honorarios de los afiliados sean más bajos que lo que establece el arancel ético y además que se demoren entre 60 y 180 días en el pago.

En este sentido, manifestaron que todas las obras sociales tienen un contrato vigente, que en el último tiempo ha sido incumplido por los profesionales de la salud ya que no permiten una nueva negociación.

La CGT hizo énfasis en que la mayoría de las obras sociales están abonando los honorarios y facturación en un plazo de 30 a 45 días, término que había sido aceptado por los profesionales.

Ante esta situación, la agrupación sindical planteó que más allá del contexto inflacionario que aducen los profesionales de la salud, los trabajadores también lo están padeciendo. “No están pensando que el copago tiene que salir del bolsillo de los trabajadores afiliados que también viven esta realidad, pero sobre todas las cosas que viven de un único ingreso, su salario”, argumentaron.

“Este plus no deja de ser un cobro adicional, arbitrario, extorsivo y deshonesto que se les realiza a los pacientes y además es en negro ya que no se emite recibo o factura que respalde el monto abonado”, expresaron.

Ante esta irregularidad, como medida de fuerza, advirtieron que recurrirán a la AFIP por los pagos extra de $2.500 a $3.000 pesos que se les exigen a los afiliados. 

Desde el Consejo de Médicos sostienen la información que circula sobre el pago de coseguros es infundada, porque no tienen atribución alguna por estatuto para tomar una decisión semejante. Sin embargo, la CGT remarcó que estos pagos se están haciendo masivos en todas las especialidades. 

“Parece que existe una comunicación cruzada. Nosotros damos la cara, firmamos el comunicado firmado y llamamos de alguna manera al Consorcio de trabajadores de la Salud y al Consejo de Médicos para que de alguna manera puedan expresarse y decir cuál es situación real”, manifestó María Paula Cabrera del Sindicato de la Madera y cosecretaria general de CGT. 

De no obtener respuesta, la semana que viene harán oficial este reclamo en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Por último, la cosecretaria general de la CGT, precisó que no niegan que los trabajadores de la salud están en una situación crítica, pero hay un tejido de responsabilidad que está afectando a los trabajadores y a sus familias. “Cada una de las obras sociales están abiertas a la negociación. Las formas de pago se pueden hablar, pero no hacerlo de esta forma”, concluyeron. 

La conferencia de prensa contó con la presencia de Alberto Carvallo, de Administración Provincial de Obra Social (Apos); Guadalupe Moyano, Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte (Smata); Mariela Vailliard, Sindicato del Seguro; María Paula Cabrera; Sindicato de la Madera y cosecretaria general de CGT; Claudio Rivolta, Sindicato de Panaderos y cosecretario CGT; Rostagno Mauricio, Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Rodríguez Cesar, Gráficos; Utrera Walter, Sindicato de Telecomunicaciones. 

Por Mauricio Argenti | LVSJ

Desde el viernes, las clínicas y sanatorios privados en la ciudad de Córdoba comenzaron a cobrar un copago por algunos servicios, por lo que los pacientes deben abonar un monto extra al momento de ser atendidos, según la práctica. Esta medida podría ser imitada por los establecimientos sanitarios de nuestra ciudad en los próximos días si la situación no se modifica.

El motivo que llevó a tomar esta decisión tiene que ver con la demora de los pagos de las obras sociales y las prepagas.

Pese a que hasta el momento las clínicas y sanatorios de San Francisco se mantienen al margen del cobro de coseguros, algunos profesionales médicos ya comenzaron a percibir este adicional justificado en la demora de los pagos de las obras sociales y prepagas.

Lo mismo ocurre en los consultorios odontológicos donde los profesionales imitaron esta conducta como una manera de encontrar una salida ante la angustiante situación por la que atraviesan debido a la combinación entre la devaluación de nuestra moneda y el alto índice de inflación que torna totalmente deficitaria la prestación de los servicios de salud.

El presidente de la Federación Médica de Córdoba y vicepresidente de la Confederación Médica Argentina, Daniel Martelli, explicó que “en San Francisco hemos decidido empezar distinto. Por el momento le cursamos una nota a todas las obras sociales y prepagas pidiendo aumento y en caso de que esto no ocurra en un plazo no mayor de 10 a 15 días se va a empezar a cobrar un coseguro o, en su defecto, se cortarán los servicios”.

Si bien hasta el momento la postura de la Federación apunta a no aplicar esta medida, Martelli reconoció que “es muy difícil mantener a todos los médicos en una misma postura. Hay muchos que ya comenzaron a cobrar” coseguros, mientras que aseguró que “las clínicas y sanatorios en San Francisco hoy no están cobrando, por el momento, pero no sé por cuánto tiempo va a durar esto”.

Reconoció además que esta crisis por la que atraviesa el sistema de salud se da en un “escenario muy dinámico que cambia día a día” y en ese contexto aseguró que “ya comenzaron las presiones” de las mismas prepagas y del Apross.

Luego recordó que el desfinanciamiento al sistema de salud “viene desde hace mucho tiempo” para lo cual “se viene hablando, pero ninguno toma una medida para solucionarlo. Ahora que ‘clavaron el taco’ empezaron a decir que van a dar de baja los prestadores y diferentes cosas, pero no se da ninguna solución. Son todos aprietes”.

“En este momento estamos en etapa de negociación” con las obras sociales que, en caso de no surtir efecto, “si no tenemos respuesta no nos va a quedar otra salida que adherir” a lo que ya se está poniendo en práctica en Córdoba, a través de lo dispuesto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa).

En este caso, el paciente tendrá que pagar un monto definido por las clínicas para asegurar su atención, a partir de una serie de abonos "razonables". Cada centro de salud tendrá la posibilidad de aplicar o no el copago.

Se estima que la atención por guardia rondaría los $3.500, la realización de una tomografía computada requeriría el abono de $7.000 y el cobro de un extra de $8.000 por día para internaciones.

“Necesitamos una respuesta inmediata. En este momento algunos médicos ya comenzaron a cobrar coseguro y otros están esperando para ver qué respuesta tenemos en esta gestión. No obstante, si no hay respuesta en diez o quince días ya pasaremos a otra fase”.

Luego agregó que “la situación es absolutamente extrema, ya no da para más” porque “estamos atravesando por una crisis importante en todo el sector” donde el gobierno congeló por 90 días los incrementos en las prepagas lo que “quiere decir que las prepagas no nos van a aumentar los aranceles al personal de salud”.

A esto se suma “el gran aumento de costos” de insumos médicos registrado en el último tiempo que en algunos casos “se triplicó de un mes para el otro” dentro de “un combo compuesto por la devaluación y el aumento en el precio de los medicamentos e insumos” sumado a que “no hay perspectiva de aumento de aranceles y a esto tenemos que agregar el costo laboral, el bono de 60.000 pesos, otro de 15.000 pesos correspondiente al gremio de Sanidad que tenemos que pagar en septiembre”.

Por otra parte, el Círculo Odontológico de San Francisco confirmó a LA VOZ DE SAN JUSTO que sus afiliados han tomado la decisión de comenzar a cobrar coseguros diferenciados de acuerdo a las prestaciones que deban realizar.

El motivo de la medida coincide con los médicos ante lo que consideran una “intransigencia” de parte de las obras sociales por incrementar el monto de las prestaciones.

Si bien en este caso el monto del copago lo define cada profesional, se estima que el mismo podría variar entre los 1.000 pesos como mínimo para la atención de una simple consulta y podría elevarse hasta los 10.000 en el caso de tener que atender una práctica más compleja como una extracción de una muela de juicio o una endodoncia en un molar.

El presidente del Círculo Odontológico de San Francisco, Alejandro Gay, confirmó que comenzaron a cobrar copagos a los afiliados a las obras sociales ante el incesante incremento en el precio de los insumos médicos necesarios para el desarrollo de la actividad.

“Estamos atravesando por una situación muy difícil donde nuestros insumos aumentan día a día y las obras sociales no te brindan el aumento que necesitamos para comprar esos insumos y alguien tiene que pagar ese costo”, explicó.

En este caso dijo que “ya mismo” los odontólogos empezarán a solicitar un arancel a los pacientes para solventar la diferencia de costos entre lo que perciben de las obras sociales y el monto que les representa comprar los insumos para realizar su tarea.

“Hemos enviado una propuesta a las obras sociales. Aquellas que paguen por debajo de esa propuesta, la idea es que el odontólogo cobre la diferencia para llegar a esa suma que se necesita”, dijo Gay.

A diferencia de lo que están implementando otros colegios profesionales, en el caso de los odontólogos explicó que “no podemos establecer un monto fijo” de coseguro a cargo del afiliado “porque hay consultas que tienen un costo muy diferente que otras” por lo cual comentó que “mientras más cerca esté la obra social de llegar a nuestra propuesta, menos debería cobrar el odontólogo”.

“El paciente que concurra a un consultorio odontológico tiene que saber que algo va a tener que pagar al momento de recibir atención”, comentó, como una metodología que “ya comenzó a implementarse” en el ámbito de su jurisdicción.

Gay recordó que “hace rato que venimos negociando los convenios” con las obras sociales y en este caso reconoció que reciben “aumentos mensuales” aunque aclaró que el aumento que otorgan las obras sociales es acorde a lo que autoriza la Superintendencia de Seguros de Salud. “El incremento ronda entre un 5 y un 8 % mensual cuando nosotros tenemos que enfrentar un aumento del 30 % en el precio de los insumos”.

Por último, el entrevistado señaló que, atento a la situación por la que atraviesan los odontólogos “desde el Círculo Odontológico no vamos a poder garantizar el no cobro del copago a los pacientes porque no podemos financiar algo que escapa a nosotros por completo”.